Reiteran que acudirán a los tribunales si la elección incurre en favoritismos.

El gremio de abogados mantiene la presión sobre el Congreso de Morelos, a fin de que lance la convocatoria para concursar seis magistraturas vacantes en los tribunales Superior de Justicia (TSJ)  y de Justicia Administrativa (TJA) y que las designaciones sean transparentes y apegadas al marco constitucional.

Un grupo de litigantes acudió a la sede el Poder Legislativo a presentar un escrito, en la que fijaron su postura  y advirtieron en que no permitirán  el influyentismo ni el nepotismo en el nombramiento de los juzgadores de segunda instancia.

La abogada Jessica Vargas detalló que el grupo de litigantes independientes entregó al Congreso un documento en que exigió a los legisladores un proceso totalmente transparente e imparcial, en el que todos los aspirantes estén en igualdad de condiciones para competir por una magistratura.

Destacó que también solicitó que, en cuanto sea lanzada la convocatoria, ésta sea ampliamente difundida y se establezca un plazo de por los menos de 30 días, para que los abogados puedan recopilar y presentar su documentación para postularse y desarrollar un ensayo, en caso de que  éste se incluya como requisito.

Adicionalmente, sugirió que el examen escrito a los aspirantes no sea de respuestas abiertas, sino de opción múltiple, de tal manera que no haya duda sobre cuál es la respuesta correcta y se descarte cualquier interpretación ventajosa a favor de algún aspirante.

El grupo de abogados dejó claro que vigilará con lupa la actuación de los legisladores y no permitirá que esta vez las magistraturas sean asignadas a personas que no cuenten con los méritos, con honorabilidad probada, con la calidad académica y profesional que debe tener un impartidor de justicia.

“Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a nuestro escrito, a lo que contesten y obviamente a la convocatoria, porque ya estamos hartos de que estos puestos los ocupen compadres, amigos, familiares de los diputados. No queremos eso”, dijo

Indicó que las personas sobre quienes recaigan las magistraturas deben ser incorruptibles y contar con una trayectoria impecable.

Advirtió que, en caso de que el proceso de designación sea amañado y fuera de la ley, los abogados irán a los tribunales a impugnar los nombramientos.