El municipio indígena promovió una controversia constitucional.

El municipio indígena de Xoxocotla promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para quejarse de que las autoridades estatales no le apoyan ni dotan de los recursos económicos para el funcionamiento del gobierno local.

De acuerdo con el recurso de control constitucional 94/2020, el municipio indígena reclamó de las autoridades estatales “la negativa y la omisión de realizar por sí u ordenar a las múltiples secretarías, dependencias y entidades paraestatales de la administración pública del estado de Morelos, la ejecución de acciones tendentes a proveer al municipio de Xoxocotla, Morelos, de los elementos administrativos necesarios para su operación, como municipio constitucional y legalmente eregido (sic), desde el 01 de octubre de 2018, en que protestó el cargo que actualmente ostenta”.

Explicó que el Poder Ejecutivo omitió presentar al Congreso las iniciativas de ley o decretos que acorten la brecha de marginación del municipio actor y que le permitan oportunamente la obtención de recursos.

Además de incumplir con el acuerdo parlamentario, por el que se aprobó el convenio de fijación y reconocimiento de límites territoriales entre las autoridades municipales de Puente de Ixtla y Xoxocotla, en cuyas disposiciones transitorias se vinculó al Poder Ejecutivo del Estado para realizar las gestiones necesarias para suministrar las participaciones y aportaciones federales y estatales al municipio indígena, con sus retroactivos al 01 de enero de 2019.

Alegó que la omisión de adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha de la administración pública y generar las condiciones legales, administrativas o jurídicas adecuadas para proveer de recursos presupuestales al municipio es un franco acto de discriminación.

“El tratamiento (es) diferenciado y discriminatorio realizado por sí, e instruido al resto de las Secretarías, Dependencias y entidades paraestatales que conforman al Poder Ejecutivo Estatal, en contra del municipio actor, respecto del resto de los municipios de la entidad, por su condición de municipio indígena, por su grado de marginación y por ser de reciente creación”, subrayó el municipio en la controversia constitucional en la que reclama, particularmente a la Secretaría de Hacienda estatal, la  entrega de más de 47 millones de pesos.