Consejo Ciudadano de Seguridad pugna por evitar que los nombramientos obedezcan a intereses políticos.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Rafael Rueda Moncalian, llamó al Congreso a transparentar el proceso de designación de magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ)  y de Justicia Administrativa (TJA), a fin de evitar que los nombramientos se rijan por “acuerdos de cuota” entre partidos y a establecer como requisito que los aspirantes se sometan a exámenes de control de confianza.

A través de una misiva enviada a los integrantes del Poder Legislativo, resaltó la relevancia del próximo proceso para elegir a seis juzgadores, sobre todo en el contexto de inseguridad y fuertes cuestionamientos al sistema de administración de justicia.

“En el Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia hacemos un seguimiento de la problemática de seguridad pública, así como del sistema de justicia penal.

“Reconocemos la importancia del papel que juega la administración de justicia, en la solución de las condiciones de inseguridad que actualmente vivimos y que se relaciona con los altos índices de impunidad. Papel que con frecuencia ha levantado suspicacias fundadas ante la opinión pública.

“De ahí la importancia del nombramiento de los magistrados y que su elección se apegue a los principios de transparencia y máxima publicidad”, recalcó Rueda Moncalian en la misiva dirigida al presidente de la Mesa  Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y a cada uno de los legisladores.

Pidió a las y los diputados transparentar completamente el proceso de designación, que se hagan públicas las constancias y antecedentes profesionales de los aspirantes; que se tome en cuenta la opinión de los integrantes de las organizaciones representativas de abogados y jueces que conocen el desempeño profesional de los aspirantes; y que eviten los acuerdos de cuota, con base en el interés de los partidos políticos, en detrimento de los méritos legales, morales y académicos que debe poseer un juzgador.

Consideró imprescindible que el Poder Legislativo se apegue a los requisitos que la Constitución local señala en sus artículos 89 y 90, y que los nombramientos de magistrados recaigan “preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, honradez y probidad en la impartición de justicia, se distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, de conformidad con el servicio de carrera judicial”.

También creyó necesario una efectiva paridad de género en las designaciones y que, por primera vez, se les exija a los aspirantes a magistrados someterse a los exámenes de control de confianza y se conozcan sus declaraciones de bienes patrimoniales y conflictos de interés.

De acuerdo con el Congreso, tentativamente en el mes de septiembre, tras el inicio del nuevo periodo de sesiones, estará lista la convocatoria para someter a concurso las seis vacantes que quedaron en el TSJ y el TJA, luego de que el pasado 13 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la extensión, de 14 a 20 años, del periodo de los magistrados.