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Es necesario desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia, plantea el magistrado.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia ((TJ), Carlos Iván Arenas Ángeles propuso reactivar paulatinamente las labores en la institución para desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia.

Señaló que la contingencia sanitaria por el covid-19, evidenció la escasa modernización y digitalización del Poder Judicial de Morelos, que ante situaciones excepcionales como la actual debería estar preparado para realizar juicios en línea y desahogar los procesos en curso con el uso de tecnologías de la información.

Expresó que la experiencia de la cuarentena debe ser analizada y considerada para reflexionar sobre la urgencia de revitalizar la administración de justicia y dar a los operadores nuevas herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar su trabajo con eficiencia.

“Hoy más que nunca se pone en evidencia la falta de modernización del Tribunal Superior de Justicia, porque una formula eficaz en estos momentos serían los juicios en línea y la firma electrónica. Estamos llamados a reflexionar respecto a la urgente necesidad de implementar las herramientas tecnológicas en beneficio de la justicia”, dijo.

A unos días de fenecer el acuerdo por el cual el TSJ declaró la suspensión de labores hasta el 5 de mayo y ante la posibilidad de que el plazo se amplíe hasta el día 31 de ese mes -como lo ha determinado el gobierno de Morelos y otras instancias- consideró que el tribunal debe reanudar poco a poco sus actividades.

Lo anterior, con el fin de atender los juicios y procedimientos prioritarios o urgentes en materia penal, como el ejercicio de la acción penal con detenido; el ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que resuelva sobre la situación jurídica; solicitudes de orden de cateo; la calificación de detenciones; las vinculaciones a proceso; la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; los procedimientos abreviados; la apelación contra autos de plazo constitucional que afecte la libertad; la ejecución penal, entre otras medidas urgentes.

También consideró necesario atender urgentemente los temas relacionados con la materia familiar, como son las resoluciones sobre la guardia y la custodia, y  las medidas provisionales en donde esté en riesgo los menores y los incapaces.

Dijo que la reactivación progresiva de la actividad jurisdiccional podría iniciarse con el personal mínimo indispensable y con todas las medidas sanitarias de protección.

Mediante una carta al presidente de la república, trabajadores de confianza revelan nombres de personas allegadas a la presidenta del TSJ que tienen plaza.

Inicia controversia constitucional por el presupuesto que recibió en 2020.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la asignación de recursos presupuestada en el Ley de Egresos estatal para este 2020 y acusó que los Poderes Ejecutivo y Legislativo modificaron el anteproyecto que presentó con base en la autonomía financiera que le otorga la Constitución local.

Al promover la controversia constitucional 42/2020, la representación del Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales  25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En los argumentos jurídicos plasmados en la controversia constitucional, insistió en que el presupuesto asignado “evidencia el vicio constitucional de subordinar al Poder Judicial a través de la reducción de los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden”.

Dice que el exgobernador debe ser castigado por las múltiples irregularidades cometidas.

El empresario y fundador en Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Iragorri Montoya, aseveró que la fiscalía  estatal protege al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien no ha sido castigado por las múltiples irregularidades cometidas en su gestión.

Sostuvo que hasta la fecha el exmandatario no ha respondido ante las anomalías cometidas en su administración, por la protección de quienes ahora están a cargo de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Iragorri Montoya señaló a la fiscalía:  “debe su posición a Graco Ramírez, está defendiendo sus intereses, ocultando las pruebas que existen que son más que suficientes para meterlo a la cárcel”.

 De igual manera el también excandidato a la gubernatura sostuvo que hay omisión por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción: “Juan Salazar Núñez, que es otra emanación de las políticas sucias, corruptas, de Graco Ramírez. Lamentablemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia está en las mismas circunstancias”.

Raúl Iragorri expresó este viernes su apoyo al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Expresó que la inactividad por parte de quienes hoy encabezan la FGE y el TSJ ha causado desconfianza en la población.

“La idea es ayudar en la medida de lo posible para que el licenciado Arenas llegue a ser presidente del Tribunal y esto nos permita rescatar la credibilidad del pueblo en la justicia del Estado de Morelos”, añadió.

Dan luz verde a reforma para crear Ley de Bienestar Social.

A partir de este miércoles, los diputados locales podrán sesionar de manera virtual para desahogar los temas pendientes.
El Pleno del Congreso del estado aprobó el acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, a fin de que los legisladores puedan sesionar sin estar presentes en el salón de Plenos.
El acuerdo establece que el objetivo de sesionar de manera virtual es para desahogar el rezago legislativo que se ha acumulado desde el año pasado.
Entre los temas pendientes a tratar en los próximos días se encuentra la ratificación del nombramiento por 20 años del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Noberto Calderón Ocampo, en cumplimiento a una resolución de la justicia federal.
Además de dicha ejecutoria, se suman otras resoluciones en cumplimiento de los amparos promovidos por ex funcionarios que fueron beneficiados con  una "pensión dorada" por la LIII Legislatura.
En el acuerdo se aclaró que las sesiones virtuales se llevarán a cabo para prevenir contagios entre los trabajadores y los diputados locales.

El Congreso del estado aprobó la reforma constitucional para la creación de la ley de Bienestar social.
Bajo estrictas medidas sanitarias para prevenir algún contagio, los legisladores locales reanudaron la sesión ordinaria del 12 febrero pasado, a fin de desahogar la minuta enviada por el Congreso de la Unión.
El Congreso de Morelos se sumó a 11 estados más que en esta semana aprobaron la reforma constitucional, con lo que se garantizará la correcta aplicación y distribución de los programas sociales que creó el gobierno federal en apoyo a los grupos más vulnerables y en combate a la pobreza.
La reforma federal establece la creación de una ley general de bienestar, para garantizar a toda la población seguridad social, becas para los jóvenes que no estudian ni trabajan, pensión a los adultos mayores y apoyos a personas discapacitadas, entre otros temas.
Morelos, al igual que otros estados del país, deberá aportar una partida presupuestal para la entrega de los apoyos de bienestar, de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional y cuyas reglas de operación deberán establecerse en la nueva ley.
La minuta fue aprobada por unanimidad, ya que fue el punto por el que los legisladores accedieron a sesionar, a pesar de la contingencia por el coronavirus.

Aportan nuevas documentales a denuncia inicial.

Anteponen TSJ y TJA controversias constitucionales contra el decreto que fija en 30 por ciento el porcentaje de las multas cobradas que irá al Poder Ejecutivo.

Los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA) promovieron controversias constitucionales contra las nuevas disposiciones fiscales que facultan a la Secretaría de Hacienda estatal a cobrar una “comisión” por gastos de ejecución de sanciones económicas impuestas a las personas físicas o morales por incumplimiento de órdenes judiciales o sentencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las controversias constitucionales 41/2020 y 43/2020 promovidas por los titulares del TSJ y TJA, María del Carmen Verónica Cuevas López y Manuel García Quintanar. Sin embargo, a ambos les negó la suspensión contra la aplicación de la norma impugnada.

Los tribunales inconformes reclamaron la invalidez del decreto 659, publicado el 20 de enero del 2020 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que  se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos y de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

En particular, los tribunales manifestaron su inconformidad con la falta de motivación y fundamentación de la reforma al artículo 170 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, en la que se estableció el cobro de una “comisión” a los tribunales por la ejecución de multas.

“Las autoridades administrativas o jurisdiccionales que soliciten el auxilio de las autoridades fiscales para hacer efectivo el cobro de sanciones económicas o multas que no sean de carácter fiscal, deberán establecer relaciones de colaboración, mediante la suscripción de los convenios respectivos, en los que se establecerán los lineamientos para el ejercicio del procedimiento económico coactivo; y, en su caso, los porcentajes que correspondan a la autoridad fiscal por la administración, control, ejercicio y cobro coactivo de las mismas, no será menor al 30 por ciento del importe de cada multa o sanción”, dice la norma impugnada.

Los tribunales inconformes alegaron que el legislador morelense no estableció parámetros, disposiciones, reglamentación o lineamientos específicos para el cobro de la “comisión”, cuyo monto se fijó de manera unilateral.

Además de que ni el Código Fiscal de la Federación contempla gastos de ejecución, auxilio, administración, control, ejercicio y cobro de las multas o sanciones impuestas por las autoridades jurisdiccionales.

Otro argumento previsto en ambas demandas constitucionales fue que hubo invasión de competencias y vulneró la autonomía de integración presupuestal de ambos tribunales.

Buscan garantizar el pago de pensiones alimenticias.

Los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mantendrán guardias durante el periodo que dure la contingencia por el coronavirus (Covid-19), con el propósito de garantizar el pago de las pensiones alimenticias a menores.

El TSJ informó que, con el fin de velar por el interés superior de los infantes y adolescentes, se establecieron guardias con personal “mínimo indispensable” en los 25 juzgados familiares ubicados en los distritos judiciales con sede en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Jiutepec y Yautepec.

Detalló que el personal laborará  de lunes a viernes para garantizar el pago de las pensiones alimentarias, conforme al acuerdo del 17 de marzo  emitido por el Pleno del TSJ como parte de las acciones preventivas para prevenir la propagación  del covid-19, que  el pasado 11 de marzo fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como parte de las medidas preventivas a favor de los trabajadores de guardia y los justiciables que asisten a los tribunales familiares, en las instalaciones judiciales se implementaron filtros en todas las entradas, con acciones como el lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial y la medición de la temperatura corporal, pues en caso de que una persona tenga una fiebre superior a los 38 grados no se le permitirá el ingreso.

Al igual que otras instituciones, en el Poder Judicial declaró inhábil el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, con posibilidad de modificación con base en las determinaciones de las autoridades federales y estatales del sector salud.

En el caso de los trabajadores del TSJ, además de no permitirles la entrada, se le exhorta para que acudan inmediatamente a su  clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se realicen las revisiones médicas correspondientes.

El contador público y abogado Roberto Coranguez Esquivel libra una batalla jurídica muy desigual, ya que tiene en su contra al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Nuñez y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,  María del Carmen (Verónica) Cuevas López; y una animadversión personal del magistrado Manuel García Quintanar por haberle dicho que era un ignorante del Derecho.

El TSJ Morelos establece rol de guardias en salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

El Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia de Morelos  (TSJ) suspenderán las actividades jurisdiccionales a partir de hoy, como parte de las medidas preventivas para evitar brotes de Coronavirus (Covid-19).

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que se suspenden las funciones jurisdiccionales en todo el país a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta domingo 19 de abril de 2020.

La suspensión decretada implica que no correrán plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes.

Detalló que estarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en los grupos identificados como “vulnerables” al coronavirus como personas adultas mayores de 60 años, con diabetes o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodeficiencias, así como mujeres embarazadas o en lactancia.

El horario laboral presencial de los juzgados de distrito y colegiados será de 9:00 am a 3:00 pm y, en la medida de lo posible, deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias.

Por la tarde, el Pleno del TSJ sesionó para tomar medidas preventivas y también optó por decretar la suspensión de labores a partir de este miércoles, y estableció un rol de guardias de las distintas salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

Exigen al Congreso y al Ejecutivo más presupuesto para obtener aumento salarial.

Trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizaron un paro de labores y una marcha para pedir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que etiqueten presupuesto adicional para que puedan tener al menos un diez por ciento de incremento salarial, después de dos años de “castigo”.

Encabezados por la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, Leticia Castro Balcázar, los trabajadores realizaron un breve bloqueo sobre la calle Francisco Leyva del centro de la ciudad, frente a la sede del  Tribunal Superior de Justicia, para después iniciar una marcha con destino al Congreso del estado, ubicado a unas cinco cuadras del Palacio de Justicia.

La líder sindical expresó que la representación de los trabajadores sindicalizados estableció el diálogo con los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos para presentar su pliego de demandas y aumento salarial, pero la respuesta tajante fue que no hay presupuesto para atender las pretensiones de los trabajadores.

“No hay diálogo y los pocos que ha habido, pues aunque la Junta de Administración esté en la mejor disposición nos dice que el presupuesto ha disminuido y no hay para la base trabajadora aumento salarial. Con independencia de eso, no hay una etiqueta (de presupuesto) como tal y eso creo que es responsabilidad del patrón”, dijo.

Señaló que la movilización no es un reclamo, “lo que nosotros estamos pidiendo es el apoyo de los tres poderes para que hagan una consideración y se nos pueda dar esa partida presupuestal para un aumento salarial, ya que estamos castigados desde hace dos años”.

Consideró que hay discriminación hacia los trabajadores del Poder Judicial, porque mientras los burócratas del gobierno estatal y el Congreso local sí han recibido aumento a sus salarios y mejoras en sus prestaciones,  los empleados del Tribunal Superior de Justicia son olvidados en los presupuestos anuales.

A la marcha se sumaron trabajadores sindicalizados de las sedes judiciales de Jojutla y Cuautla; luego partieron con rumbo al Congreso, donde realizaron otro  bloqueo  breve en la calle Guillermo Gándara y sobre la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel. Posteriormente, el contingente  marchó hacia el centro de la ciudad, y estableció  por varios minutos un bloqueó la calle de Galeana, a la altura del Palacio de Gobierno.

De acuerdo con los miembros de la dirigencia sindical, se tienen programados nuevos paros laborales y movilizaciones para el próximo 17 de marzo y 13 de abril.  Además, se prevé invitar a los trabajadores de confianza a que se sumen a este esfuerzo por conseguir un partida presupuestal adicional para el Poder Judicial y lograr este año un aumento salarial digno.

Al medio día, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que expresó su respeto al derecho a la manifestación pacífica de los trabajadores sindicalizados y, pese al paro laboral, informó que  los empleados de confianza otorgaron el servicio a los justiciables en todas las áreas.

Recalcó que la petición de “un incremento del 10 por ciento al salario de los 400 trabajadores que integran dicha organización sindical por el momento es inviable”, en virtud de que para el ejercicio fiscal 2020 el Congreso local sólo etiquetó 549 millones de pesos para el Poder Judicial, de los cuales  25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 70 millones para el pago de decretos pensionarios.

Acusó que el Congreso no cumplió con la reforma constitucional que otorgó autonomía financiera al Poder Judicial y que previó que anualmente su presupuesto sería equivalente al 4.7% del presupuesto estatal.

“La Constitución Política del Estado de Morelos garantiza la autonomía financiera del Poder judicial, ya que de acuerdo al artículo 32 párrafo 2º  y del artículo 40 fracción V, de la misma, establece que al Poder Judicial se debe asignar lo equivalente al 4.7 por ciento del gasto programable; cerca de 850 millones de pesos”, señaló.

Y es que, de acuerdo con el cálculo del Poder Judicial, para cumplir con la reforma constitucional y la autonomía financiera faltan 301 millones de pesos.

Foro Morelense de Abogados acusa a la magistrada presidenta del TSJ por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, inició una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento. En respuesta, Cuevas López desestimó la querella y se dijo víctima de violencia de género.

Indicó que existen indicios de que la representante del Poder Judicial habría incurrido en una conducta ilícita, lo cual resulta muy grave porque es la represente de un poder de Estado y la representante la institución responsable de velar por el respeto a la legalidad.   

“Acabamos de presentar una denuncia en contra de la magistrada presidente, María del Carmen Verónica Cuevas López, por los delitos que nosotros consideramos se pueden identificar, como es la falsificación de documento y el uso indebido del mismo documento, conforme se establece en los numerales que contempla el Código Penal Federal en sus artículos 243, 244 , 246.

“Recordemos que ella cuenta con dos actas de nacimiento, una de fecha de 1962 y otra de 1963, como consecuencia, ella también obtuvo, también tramitó dos CURP (Cédula Única de Registro de Población) y en el momento de hacer una búsqueda digital en internet, nos damos cuenta de que uno de los CURP corresponde a una persona diferente, a un tal Rodrigo Medrano.

“Entonces esta situación tiene que ser ventilada en las instancias jurídicas adecuadas como lo es el Ministerio Público Federal, para que le requiera a la presidente del tribunal y explique lo ocurrido con este tema. Lo delicado es que la titular del Poder Judicial se vea envuelta en situaciones de comisión de hechos delictivos y eso me parece que debe ser investigado”, explicó.

Subrayó que ante la presunción de que durante muchos años Cuevas López utilizó dos identidades y una de ellas corresponde a otra persona, el caso debe ser dirimido y aclarado ante el Ministerio Público Federal.

Consideró prudente que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso exhorten a la magistrada aclarar el tema y a separarse del cargo mientras transcurre la investigación.

Respecto a la posibilidad de que Cuevas López inicie acciones legales por considerar que hay un daño a su imagen, Martínez Bello sostuvo que sería acertada la decisión de usar la vía legal e insistió que con ello se podría dirimir en las instancias investigadoras y jurisdiccionales el caso.

A través de un comunicado y un video difundido por el TSJ, su titular, Carmen Cuevas López desestimó la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados e insistió en que, si hubiese algún error en sus documentos de registro de nacimiento, sería responsabilidad y competencia del registro civil.

Reiteró que los ataques en su contra provienen de “la perversidad que existe por parte de algunos actores políticos, que en medio de una serie de crisis sociales y económicas por la que atraviesa actualmente el estado de Morelos, así como de temas relacionados con la violencia hacia las mujeres, algunos prefieran darle importancia a este tipo de temáticas.

Además,  dijo ser víctima de violencia de género: “Que lamentable que en festejo del Día Internacional de la Mujer yo esté siendo violentada de mis derechos y que se estén dedicando a desprestigiarme, una y otra vez, al hablar de cuestiones que sólo me atañen a mí y no de las problemáticas sociales que realmente es de interés de todos los ciudadanos morelenses y que lacera a nuestras familias” 

Indicó que el tema de sus documentos de registro es “netamente personal”  y confió en que la autoridad federal desechará la denuncia.

Si la CURP se sacó bien o mal o en un momento determinado o hubo un error es por parte del Registro Civil.

Calificó de perversa la información difundida, que lo único que busca es denostar su imagen.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López rechazó categóricamente que ella o algún trabajador de la institución judicial que preside, hayan cambiado el registro de uno de sus nombres, así como la fecha de su nacimiento, pues no existe el menor beneficio personal o laboral que esta situación pudiera haberle generado.  

“Sería ilógico que me aumentara un nombre, tengo mis documentos desde que estudiaba la primaria. Si la CURP se sacó bien o mal o en un momento determinado hubo un error es por parte del Registro Civil, no existe ningún dolo de mi parte, como para aspirar a un cargo por tratar de quitarme un año de edad”, aseveró

Cuevas López aclaró que esta situación es un asunto netamente personal y no tiene ningún perjuicio en detrimento de la institución que preside, por lo cual calificó de perversa la información difundida que lo único que busca es denostar su imagen.

“Tengo más de 28 años laborando dentro del Poder Judicial y una de las características que se me ha reconocido siempre es ser una mujer honesta. A mí me gusta hacer las cosas de manera correcta. Que lamentable es que quienes están detrás de todo esto se enfoquen en mi para poder hacer esta guerra sucia. Hay otros temas más importantes en el estado en los que debemos avocarnos”, aseveró la titular del poder Judicial en Morelos.

Al referirse a los autores intelectuales de este ataque en contra de su persona, fue tajante al advertir que “Esto habla de una persona que no tiene principios, ni valores, contrario a ello, lo que me ha caracterizado a lo largo de mi carrera y de mi trayectoria es tener precisamente  principios y valores y no ser una persona corrupta; creo que muchos no podrían levantar la mano y decirlo de esa forma”.

Finalmente dijo que una vez que se conozca quien será su sucesor al frente del TSJ, durante la Sesión del Pleno del próximo mes de mayo, ella entregará cuentas claras y transparentes  que demuestren que su actuar ha sido de manera correcta al frente del Poder Judicial en Morelos.

En su derecho de réplica, María del Carmen Verónica Cuevas rechaza que haya alterado documentos para modificar su nombre y año de nacimiento.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, rechazó que haya alterado documentos para modificar su nombre y año de nacimiento.

En relación con la información difundida sobre la alteración de su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, y la modificación de su nombre (para agregar el nombre de Verónica) sin previo un juicio, señaló que son ataques infundados para desprestigiar su imagen de mujer honesta y aseguró que, si hubiese un error, sería atribuible al registro civil.

“Sería como ilógico el hecho de que yo me aumentara un nombre, yo tengo mis documentos desde la primaria y toda mi documentación con el nombre (Verónica). Si la CURP se sacó bien o mal, o que si en algún momento determinado hubo un error, es por parte del registro civil, lo cual no existe ningún dolo de mi parte (…) 

“Yo no veo ningún menoscabo, ningún perjuicio en detrimento en perjuicio de la institución, me parece una forma muy perversa de denostar mi imagen, tengo más de 28 años dentro del Poder Judicial y una de las características que se me ha reconocido es que soy una mujer honesta, porque a mí me gustan hacer las cosas de manera correcta”, dijo. 

Afirmó que hay una “guerra sucia” en su contra y se reservó su derecho a ejercitar acciones legales por los ataques a su imagen.

“Que lamentable es que quienes están atrás de todo esto se enfoquen en mí para poder hacer esa guerra sucia, creo que hay más temas que nos deben de avocar. Me parece muy extraño que este tema les llame tanto la atención como otros tantos temas que son de relevancia e importancia para el estado.

“Entonces lamento mucho que las cosas se manejen así y sobre todo que se denosten a las instituciones y las personas, en todo caso también me queda la acción que ejercitar en contra del daño moral que ejercen en mi persona”, estimó.

Insistió en que de ser necesario hará los trámites administrativos ante el Registro Civil para aclarar la situación y demostrar que no hubo tal alteración de nombre y fecha de nacimiento. 

De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, en el acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, con fecha 27 de junio de 1962, se inscribió el registro de María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

Pero la polémica surgió cuando un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma e-CURP la clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López con fecha de nacimiento  19 de enero de 1963, lo que supuso que habría modificado el año de nacimiento de 1962 a 1963 y agregado el nombre de Verónica.

Prevé Legislativo citar a comparecer a la magistrada presidenta del TSJ para que aclare supuesta falsificación de documentos.

El Congreso del estado inició una investigación en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, por presuntamente usar un acta de nacimiento apócrifa.
Este martes, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado inició la investigación en contra de la magistrada por el presunto uso indebido del ejercicio público, según lo informó el diputado José Casas González.
El legislador que preside dicha comisión explicó que con base en dicho proceso se determinará si procede un juicio político en contra de Cuevas López.
"Estamos previendo citar a comparecer a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para que aclare la situación que a todas luces lastima a los morelenses. Habremos de ver las constancias que nos emita el Registro Civil y en caso de que se compruebe que la magistrada tuvo doble acreditación de nacimiento entonces tendríamos graves problemas en el Tribunal Superior de Justicia", manifestó.
De acuerdo con el legislador, el Congreso del estado tiene las facultades legales para investigar a la magistrada y para citarla a comparecer, por lo que en los próximos días se deberá concluir si se inicia un juicio político en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López.
Según información que se hizo pública en las últimas horas, la magistrada presidenta habría usado desde 1999 un acta de nacimiento y CURP falsas, con el fin de quitarse un año de edad y haberse agregado el nombre de Verónica.

La presidenta del TSJ Morelos falsificó su fecha de nacimiento y modificó su nombre, lo que se puede confirmar en acta de nacimiento  asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca.

María del Carmen Cuevas se ha conducido desde 1999 con un documento que no corresponde a su fecha real de nacimiento.

Investigaciones revelan la existencia de documentación falsa relativa a la identidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López.

La magistrada falsificó su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, así como modificó su nombre de forma unilateral, lo cual se puede confirmar con el acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, con fecha 27 de junio de 1962, en la que se inscribió el registro de nacimiento de María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

Lo anterior, toda vez que el día 20 de mayo de 1999, un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma eCURP la clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1963, es decir, modificó el año de nacimiento de 1962 a 1963 y se agregó el nombre de Verónica.

Esta CURP tuvo que haber sido generada de manera indebida, manipulando el sistema, o con un acta apócrifa expedida en favor de la misma, pues en el Registro Civil sólo existe una única acta y no constan inscripciones marginales que hayan permitido las modificaciones referidas.

Todo esto surge justo antes de que Cuevas López fuera nombrada juez de primera instancia del noveno distrito judicial con sede en Jiutepec, Morelos, cargo que ocuparía hasta octubre de 2003; sospechoso es que la nueva CURP haya sido creada por un usuario del mismo lugar donde ella laboraba, desconociendo sus fines o intenciones de disminuirse un año de nacimiento y modificar su nombre sin que ninguna autoridad administrativa o judicial lo haya autorizado.

Es un hecho que María del Carmen Cuevas López se ha conducido desde 1999 con un documento que no corresponde a su fecha real de nacimiento y que ha utilizado este documento en al menos cinco instituciones, tal y como lo reflejan las vivencias de su CURP.

Instituciones tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores y Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otras.

Queda de manifiesto que la actual magistrada se conduce con documentos apócrifos o falsos, basta con consultar su ficha personal dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Integrantes de la Asociación de Jueces del Estado afirman que las resoluciones que emiten son tomadas de manera razonada, profesional y apegadas a derecho.

Jueces rompieron el silencio y exigieron respeto a su investidura, luego de que en las últimas dos semanas el desempeño jurisdiccional de once juzgadores fue puesto bajo sospecha por las autoridades estatales, ante la presunción de  actos de corrupción y de que permitieron la liberación de presuntos secuestradores.

A través de un video difundido por el área de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los integrantes de la Asociación de Jueces del Estado de Morelos expresaron su inconformidad por los cuestionamientos a su labor y sostuvieron que las resoluciones que emiten son tomadas de manera razonada, profesional y apegadas a derecho.

“Últimamente se nos ha denostado y por eso nos atrevemos, todos los que estamos aquí y somos jueces en el estado de Morelos, a pedir el respeto a nuestra investidura, estamos aplicando la justicia como debe de ser.

“Si por alguna razón alguien se aparatara de esos principios que tenemos de ética, de profesionalismo, también seremos responsables de ese actuar. Luego entonces, les pedimos que estén tranquilos y en paz, habiendo armonía, habiendo justicia, habrá paz social siempre”, afirmó Mireya Díaz Cerón, presidente de la asociación.

Secundó la postura la juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del TSJ, Nancy Aguilar Tovar, al recalcar que la respuesta a los señalamientos no tiene la intención de buscar la confrontación sino de enviar un mensaje a la sociedad para explicar que la función de un juez no es política sino jurídica y que sus resoluciones son con base en lo que las partes involucradas en un proceso penal exponen en las audiencias, la cuales son públicas y permiten vigilar el desempeño de los juzgadores, los fiscales, los defensores y los asesores jurídicos.

Además, las resoluciones de los jueces pueden ser impugnadas y revisadas por una segunda instancia y los tribunales federales.

Rechazó la generalización de los señalamientos de corrupción contra los jueces, reprochó que se ponga en tela de su juicio su investidura y aseguró que pese a ello hay disposición a revisar los puntos endebles del sistema de justicia.

“Es por todo ello, que ante los señalamientos de corrupción que se han hecho en contra de los jueces orales es que enérgicamente rechazamos los mismos.

“No nos oponemos a la investigación de los delitos, pues cualquier acto de corrupción somos los primeros  que pedimos que estos se investiguen y en su caso, se inicien los procesos penales de manera enérgica, es así que hoy les queremos decir que estamos dispuestos de manera conjunta para encontrar los puntos débiles de este sistema y así buscar que no se siga  generando impunidad

“Todos los aquí presentes  somos parte de este estado, nuestras familias y nuestros hijos aquí habitan. Lo que les duele a ustedes también nos duele a nosotros. Sólo exigimos respeto a nuestra investidura como jueces”, concluyó.

El pasado 18 de marzo, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que once jueces del sistema de justicia penal están bajo sospecha de haber dejado en libertad en el 2019 a 64 de probables responsables del delito de secuestro.

De igual forma, la Fiscalía Anticorrupción anunció que iniciará carpetas  de investigación en aquellos casos donde se adviertan probables casos de corrupción por parte de juzgadores.

En una escueta reacción, el Tribunal Superior de Justicia reaccionó a los señalamientos al exhortar “a las instituciones judiciales y a cualquier otro funcionario a presentar las denuncias correspondientes en caso de contar con pruebas contundentes en contra del proceder de algún trabajador” de la institución, pues durante el 2019 2019, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos inició 205 procedimientos por diversas quejas y denuncias ciudadanas, de los cuales se emitieron 739 resoluciones administrativas, las cuales van desde el apercibimiento, hasta la destitución del puesto.

Sin embargo, hay casos de juzgadores que han generado polémica y puesto en la mira al resto de sus homólogos. El más grave, es el de juez Roberto Becerra, quien fue suspendido de sus funciones en abril de 2019 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la sociedad, ya presuntamente habría beneficiado a cambio de dinero a uno de los acusados del secuestro y asesinato del joven Tonatiuh Tlalapango, en octubre de 2016.

Otro caso, que también ha sido criticado, es el del juez Daniel Rodríguez Apac, quien presuntamente en estado de ebriedad arrolló a Pedro Portilla Herrera, trabajador del IMSS que viajaba en su motocicleta sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017.

El juez sigue en funciones y tanto la defensa legal de la familia de la víctima como abogados han criticado un posible influyentismo, ya que éticamente el funcionario debía separarse del cargo para solucionar el conflicto legal y que el TSJ no fuese juez y parte en el asunto.

El TSJ deberá reinstalar a dos jueces y dejar sin efecto los nombramientos de otros dos.

Justicia federal decreta que hubo exceso y defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con el concurso de oposición para la designación de 13 jueces.

Otro revés jurídico asestó la justicia federal a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, quien tendrá que reinstalar a dos jueces y dejar sin efecto los nombramientos de otros dos, al decretarse que hubo un exceso y defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con el concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales, que data de 2011, que ordenó solo dar a conocer a siete amparistas los motivos de su descalificación y no designación como juzgadores.

El pasado 9 de enero, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos destituyó a los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado, y en su lugar designó a Gabriela Chang Marroquín y Agustín Villalobos Salgado, con el argumento de que los cambios eran en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

Sin embargo, el Juez Tercero de Distrito, quien amparó a los aspirantes a jueces Miguel Ángel Bahena Santana, Fabián Gómez Peralta, Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, decretó que hubo exceso y efecto en el cumplimiento de la sentencia y la dio por no acatada.

De acuerdo con los argumentos del juzgado de distrito, la concesión del amparo fue para dejar insubsistentes dos circulares emitidas en noviembre de 2011. “Única y exclusivamente por lo que respecta a los peticionarios de amparo, a fin de ceñirse al principio de relatividad de los fallos de amparo” y, en su lugar, “dé a conocer a los quejosos las causas o motivos, así como los fundamentos que tuvo para su descalificación y no designación como jueces”.

Sin embargo, la Junta de Administración optó por destituir a los dos jueces y, en su lugar, nombrar a Chang Marroquín y Villalobos Salgado (dos de los beneficiarios de la protección de la justicia federal); hizo extensivos los efectos del amparo a otras personas que no eran quejosas; e ignoró los lineamientos dados por el juzgado de distrito.

“En ese sentido, y con base en las constancias que remitió la autoridad responsable, este Juzgador determina que la ejecutoria de amparo no ha sido cabalmente cumplida, pues -si bien- la autoridad responsable deja sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, mediante Acta de sesión extraordinaria de 8 de enero de 2020, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, procede a emitir una serie de consideraciones y, tabla de evaluación, empero, no se desprende una debida valoración como se determinó en la ejecutoria de amparo, tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo.

“Además, sigue existiendo defecto en su cumplimiento, en atención que, por lo que hace al diverso quejoso Miguel Ángel Bahena Santana, en razón a que si bien refiere y alude hacer un estudio de sus exámenes donde asienta además una tabla de calificaciones de dicho quejoso, cierto también lo es, que hace mención y valuación de cuestiones que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende que no hizo un debido estudio y valoración de lo solicitado en la ejecutoria de amparo, y la forma de resolver en lo que hace a dicho quejoso; dejando de observar la ejecutoria de amparo.

“Siendo así y de la lectura de su determinación y conclusiones a criterio de quien resuelve, existe un exceso y defecto, es decir, está valorando exámenes respecto a personas que no recurrieron al amparo y lo cual excede en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, procede a realizar una tabla de calificaciones, y, a hacer una narrativa de sus calificaciones eliminando a los terceros perjudicados (Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado), cuando de la ejecutoria de amparo se señalan los lineamientos a seguir”, recalcó el juzgado de distrito.

En consecuencia, la Junta de Administración -en un plazo de tres días- deberá emitir una nueva resolución apegada estrictamente a los lineamientos del juzgado de distrito. De acuerdo con juzgadores y abogados consultados, esta determinación judicial implicaría la reinstalación de los jueces cesados y la remoción de quienes fueron nombrados en su lugar. Paralelamente, Romero Ulloa y Jaimes Salgado litigan a través del juicio de amparo su remoción del cargo.

Fallas jurídicas tienen a la institución en una crisis: Martínez Bello.

El Foro Morelense de Abogados exigió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, enfrentar moral y económicamente sus errores jurídicos, que tienen a la institución en medio de una crisis.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, lamentó que las malas decisiones y los abusos de poder tengan graves consecuencia para el TSJ, como lo es la reinstalación de funcionarios judiciales que fueron cesados y ahora deben ser reincorporados, ante la insistencia de Cuevas López de mantener en funcionamiento por más de un año a la Comisión Transitoria (del 5 de abril de 2018 al 3 de junio de 2019), por encima de su deber constitucional de instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos.

“En esta ocasión, como ustedes saben, están en el TSJ, están por reinstalar a más de una decena de jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que fueron removidos de su encargo.

“La comisión tenía como objetivo ser transitoria y no permanentemente, pero estuvo trabajando en la ilegalidad por más de un año, y durante ese tiempo, ahora la justicia federal está ordenando la reinstalación de los funcionarios judiciales con la restitución de salarios y prestaciones.

“Entonces, la exigencia del Foro Morelense de Abogados (es que) asuma de su peculio los salarios caídos para los jueces, secretarios de acuerdos y, por supuesto, los actuarios del TSJ que de manera ilegal fueron removidos de su encargo”, recalcó.

Advirtió que al solucionar un problema jurídico nacerá uno nuevo,  porque “¿qué va a pasar con los jueces que actualmente están fungiendo como tal? Hay más de una decena de jueces. Tampoco van a quedar ellos contentos en el momento en que se les remueva por instrucciones de la autoridad federal”.

Insistió en que el conflicto no tiene que ser absorbido por el erario o la administración pública, porque no fue  un error de los ciudadanos, sino de la misma magistrada presidenta, porque “son omisiones y son abusos permanentes que ha cometido la presidenta del tribunal, y como consecuencia, ella tiene que asumir su responsabilidad”.

Por otra parte, Javier Salgado, juez en retiro del TSJ, lamentó las decisiones equivocadas de Cuevas López, quien orilló a la crisis económica a más de una centena de trabajadores judiciales jubilados, cuyos decretos pensionarios fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el pretexto de conseguir recursos adicionales.

Dijo que a pesar de que la SCJN ordenó cumplir con las sentencias y pagar a los trabajadores en retiro, todavía hay quienes no reciben su pago completo.

“Aún se tienen adeudos con algunos de nosotros. No cabe duda que las decisiones tomadas al interior del tribunal, además de ser equivocadas, no han sido las correctas, por arbitrarias, violatorias de los derechos laborales, humanos y de seguridad social”, dijo.

Señaló que el calvario económico que pasaron los trabajadores jubilados y sus familias, como consecuencia del litigio iniciado por Cuevas López contra los decretos pensionarios, ni siquiera tuvo efecto sobre la asignación de presupuesto, ya que el Poder Judicial no obtuvo nada de incremento a su presupuesto, como pretendía, salvo los recursos para sufragar los adeudos que se originaron por la falta de pago a los trabajadores jubilados.

María Idalia Franco Zavaleta llama a detectar y subsanar fallas.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Idalia Franco Zavaleta, llamó a las instituciones operadoras del sistema estatal de justicia a realizar una autocrítica para detectar y subsanar fallas.

Luego de que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que existen 11 jueces penales bajo sospecha de haber facilitado “por error de criterio” la liberación de por lo menos 64 presuntos delincuentes, señaló que los órganos de vigilancia del Poder Judicial no han sido omisos en sancionar a aquellos jueces que han incurrido en conductas fuera de la ley.

Reconoció que algunos jueces que han sido sancionados han ganado amparos contra las sanciones impuestas por razones administrativas, pero eso no significa que puedan quedar impunes.  

“Hay resoluciones de visitaduría en que jueces han sido cesados. Quizá no ha sido abierta la postura del tribunal de comunicar cuáles son los que han manejado una resolución de este tipo. Hay muchos que están en amparo y que quizá han ido ganado por cuestiones de carácter administrativo, pero no de cuestión de fondo; pero sí ha habido resoluciones que el Poder Judicial ha manejado con relación a conductas inapropiadas de jueces, y ha habido sanciones quizá de suspensión temporal o una sanción mayor derivado de algunas conductas”, explicó.

Cuestionada sobre las sospechas expresadas por miembros de la Mesa de Coordinación para la Construcción, integrada por autoridades estatales y federales en materia de seguridad, consideró que debe hacerse un análisis preciso de cada uno de los casos de los juzgadores en la mira, y consideró necesario que las instituciones realicen un ejercicio de autocrítica para encontrar las fallas que existen a lo largo de la cadena de justicia.

“En una opinión personal, yo creo que habría que ver todo el contexto. Quien realiza una acusación de esa naturaleza, habría que ver qué antecedentes hay, habría que ver si las puestas a disposición fueron correctas. Habría que ver si CES actúo de manera correcta al momento que genera los informes de homologación. Habría que ver si el Ministerio Público hizo las acusaciones, porque -a veces- cuando vienen las acusaciones, nos vienen con un cierto parámetro. El sistema acusatorio es muy rigorista y tú no te puedes salir del rango”, expresó.

Insistió en que el sistema de justicia no es solo responsabilidad del TSJ,  es una situación operativa que involucra a todas las autoridades desde el momento de la detención de una persona hasta el dictado de una sentencia.