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Un juez de distrito le concede la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos.

Un juez de distrito concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras promover un juicio de amparo contra el decreto legislativo que eliminó la ampliación del periodo de los magistrados 14 a 20 años y dio por concluida su gestión. Mediante un breve comunicado emitido anoche, Carmen Cuevas López informó que el Juez Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1222/2019, le otorgó la suspensión provisional para mantener su investidura y la representación del Poder Judicial, así como desestimó las acciones de sus adversarios. “Este día 11 de Septiembre, el Juez Federal otorgó suspensión provisional a Cuevas López. Esta resolución favorece y ratifica la supremacía constitucional, los valores de independencia judicial y a la estabilidad del estado. La autoridad judicial federal, da certeza legal y jurídica para que la  magistrada Cuevas López,  continúe como Presidenta hasta Mayo de 2020. 

“Los hechos acontecidos el día de hoy y organizados por un grupo minoritario de magistrados, queda sin efecto alguno. La Ley Orgánica establece que la única facultada para convocar a sesiones del pleno es la titular del máximo órgano jurisdiccional del estado de Morelos. Con la determinación del órgano jurisdiccional federal, se ofrece a la entidad claridad y certeza sobre la conducción del Poder Judicial del estado”, estableció el comunicado oficial.

Recalcó que la determinación de la justicia federal privilegió la autonomía e independencia del Poder  Judicial, y evitó la intromisión de otros poderes del estado en la vida jurídica del TSJ.

Según el acuerdo, al que La Unión de Morelos tuvo acceso, la suspensión concedida a Cuevas López fue en los siguientes términos. 

“Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto reclamado en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López; ello, hasta en tanto reciban la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente.

“En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado”.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, esta resolución podría tener varias interpretaciones, pero será vital que lo que el juez federal resuelva en la audiencia incidental sobre si concede o no la suspensión definitiva, luego de que las autoridades responsables rindan sus informes. 

Hasta el cierre de edición, los magistrados disidentes no habían fijado postura sobre la decisión judicial federal.

Previo a conocerse la resolución del juzgado de distrito, por la mañana Andrés Hipólito Prieto asumió temporalmente la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, en medio de una tensa calma y una presunta amenaza de bomba que obligó el desalojo del personal de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Hipólito Prieto, con base en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2 del Reglamento Interno que le otorgan la calidad de decano y primer magistrado, asumió la representación provisional del TSJ y convocó a una fallida Sesión Solemne de Pleno  para nombrar a quien ocuparía la presidencia hasta mayo de 2020, ante el cese de Cuevas López. 

Pese al desalojo del edificio, los nueve magistrados del bloque disidente acudieron al Salón de Plenos para atender la convocatoria a Sesión Solemne y, por encima de las opiniones de algunos magistrados sobre que el nombramiento del presidente provisional del tribunal debía concretarse con los magistrados presentes, Hipólito Prieto consideró necesario apegarse a la ley, que exige la participación de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Pleno, que equivale a 11 magistrados, para alcanzar el quórum necesario para la elección. 

Por tal razón, realizó una segunda convocatoria para Sesión Solemne para este jueves a las 14:00 horas, en espera que otros magistrados que forman parte del grupo liderado por Cuevas López se sumara al Pleno y que este mismo día se conociera si se concedió o no la suspensión provisional a la magistrada presidenta contra el decretó que dio por terminada su función judicial. 

Cuestionado sobre las últimas declaraciones de Cuevas López, quien puso en duda la legalidad del decreto legislativo y afirmó que seguía vigente su nombramiento como magistrada y presidenta del TSJ, señaló que “se le terminó el cargo, ya cesaron lo efectos, lo quiera o no lo quiera entender, solamente la autoridad judicial le puede decir lo contrario”. 

Recalcó que sólo en el supuesto de que se le conceda la suspensión provisional podría continuar en el cargo, pero mientras no se conozca la determinación de la justicia federal “lo que no se quiera aquí es que haya ingobernabilidad, una institución no puede quedar sin representante ni un solo momento, por esos  estoy saliendo yo a convocar a mis compañeros para que no sé este vacío de poder precisamente, pero si ella está provocando todo esto con esta serie de boicots (en referencia a la presunta amenaza de bomba e insistencia de varios magistrados), aguas, porque puede cometer serias responsabilidades”. 

A partir de este miércoles surte efecto el  decreto por el que se redujo de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial, lo que obligaría a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María del Carmen Verónica Cuevas López, a dejar el cargo, ya que desde el 4 de julio pasado cumplió el tiempo máximo que marca la Constitución Política del Estado.
En el periódico oficial "Tierra y Libertad", en su número 5743, fue publicado el decreto que se originó de un punto de acuerdo que aprobó el Pleno del Congreso del Estado, el pasado 24 de junio, a fin de eliminar el privilegio que otorgó la LIII Legislatura a los actuales magistrados para durar (por única ocasión) 20 años.
De acuerdo con el diputado petista José Luis Galindo Cortez, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se desistió de las observaciones que hizo al citado punto de acuerdo y determinó publicarlo en el periódico oficial para su entrada en vigor de forma inmediata.
Con dicha disposición "se dejó sin efectos el decreto Número Dos Mil  Seiscientos Diez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018.- Por el que se  expiden los Nombramientos a los Magistrados a que se  refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto Número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de  dos mil diecisiete".
De esa forma, la primera posible afectada con tal disposición sería la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, ya que el pasado 4 de julio cumplió 14 años en el cargo, por lo que ya no podría estar al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El decreto que entró en vigor hoy dejó sin efectos un acuerdo del 2017 que otorgó el nombramiento por 20 años a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
"Por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”, señala la norma transitoria abrograda.

La presidenta del TSJ cumplió catorce años en julio y debe dejar el puesto.

Ella menosprecia la publicación en el periódico oficial y afirma que no puede ser destituida.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró hoy en vigor el decreto que expide el punto de acuerdo por el cual el Congreso de Morelos redujo el periodo de los magistrados de 20 a 14 años, con lo que, en teoría, habría culminado la gestión de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien ya alista las acciones legales para permanecer en el cargo y combatir la acción legislativa.

El decreto 427 expedido por la LIV Legislatura dejó sin efectos el decreto 2610 emitido por la legislatura anterior, que modificó los periodos de designación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa, quienes originalmente habían sido nombrados por un periodo de seis años y posteriormente ratificados por otro de ocho años para sumar 14, pero la LIII decidió extender su cargo por seis años más hasta sumar un total de 20 años.

Mediante este nuevo decreto, la actual legislatura pretendió regresar al periodo original para el cual fueron designados los juzgadores y la primera en culminar su gestión sería Carmen Cuevas López, quien en julio de 2011 fue ratificada para un segundo periodo, el cual concluyó el 4 de julio pasado.

Los siguientes magistrados que culminarían su periodo de 14 años el próximo 17 de mayo de 2020 son Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega y Valentín González García.

Cuevas López fue la primera en fijar postura como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos y como afectada por el nuevo decreto, al desestimar la validez jurídica del punto de acuerdo y anunciar la promoción de acciones legales para combatir el acto legislativo.

“Estoy analizando cuáles son las acciones que voy a hacer y, sin duda, ustedes se estarán enterando en breve. Pero de ningún manera este acuerdo parlamentario puede proceder en el sentido en que se está manejando, que me están destituyendo, porque en ningún momento me están destituyendo.

“Como justiciables nosotros tenemos garantías constitucionales no solamente a nivel constitucional federal sino internacional, en donde no podemos ser arbitrariamente quitados de nuestros nombramientos, porque es un nombramiento que tiene una reforma constitucional en la cual está legalmente establecido, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley para el proceso legislativo. En este caso, el acuerdo parlamentario, hasta donde tengo conocimiento, no tiene ningún efecto, ningún alcance jurídico”, sostuvo.

Señaló que el Congreso cometió varios errores que restan validez al decreto, pues no sólo en sesión extraordinaria los diputados no trataron el tema sino que no se cumplió el proceso legislativo.

Dijo estar tranquila y que emprenderá su defensa jurídica para que sean los tribunales quienes diriman el tema, pero lamentó que el Congreso no respete la permanencia judicial e insistió que ningún acuerdo o decreto está por encima de la Constitución.  

Además de los magistrados del TSJ, también serían afectados los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Martin Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes cumplirían 14 años en el cargo en mayo de 2020.

Magistrados también crean juzgado especializado en juicios orales mercantiles.

Por decisión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quedaron extintos los distritos judiciales en materia penal y fue creado el juzgado especializado en oralidad mercantil, que absorberá todos los asuntos, sin que haya tope de cuantía.

En entrevista, el magistrado del TSJ Rubén Jasso Díaz informó que fue aprobada la desaparición de los sietes distritos judiciales penales y la instauración únicamente de las sedes en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, en tanto que en segunda instancia quedará como único distrito, lo que permitirá distribuir las cargas de trabajo de manera igualitaria, sobre todo porque algunas salas como la de Cuautla tenían el doble de asuntos.

“Los jueces no tendrán mayor movimiento, y en segunda instancia igual somos un solo distrito, y el motivo de esto son las cargas de trabajo. Entendemos, que en la ciudad de Cuautla todos los (magistrados) que hemos estado ahí, que la carga de trabajo en materia oral penal ha aumentado, entonces la intención es que todos tengamos las mismas cargas de trabajo y los magistrados tendrán que transportarse a las sedes para desahogar sus asuntos”, explicó.

Informó que esta decisión entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos y los asuntos serán turnados conforme al orden consecutivo de las salas.

También informó que se creó el juzgado especializado en juicios mercantiles orales y la sede será Cuernavaca, pero su titular podrá desplazarse a otras sedes a desahogar los asuntos de su jurisdicción.

Dijo que por el momento  sólo existirá un juez especializado para absorber todos los asuntos  mercantiles sin importar la cuantía y, conforme la carga de trabajo, en su momento se analizará la conveniencia de abrir otro juzgado.

El juez especializado será designado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y se espera que en breve comience a funcionar el nuevo juzgado.

Disensos en Pleno no afectan la operatividad de la institución: Flores León.

Elda Flores León, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, confirmó que no hay fecha para la próxima sesión de Pleno, aunque  afirmó que los disensos entre magistrados no afectan la operatividad de la institución.

Resaltó que la Constitución y la ley establecen cuales son las obligaciones y funciones de los impartidores de justicia, por lo que está en el ámbito personal cumplir profesionalmente con las tareas que le fueron conferidas.

“El hecho de que los magistrados no se aparezcan a las sesiones de Pleno, en donde somos legalmente convocados, nosotros tenemos la obligación constitucional de llevar a cabo nuestro cargo con profesionalismo. A nosotros se nos cita a las sesiones de Pleno de manera legal y, bueno, si ellos no comparecen y justifican su incomparecencia, esa es la causa por lo que no podemos sesionar”, dijo.

Aclaró que aun cuando que el Pleno no ha sesionado en las últimas dos convocatorias por falta de quórum, las salas, los juzgados y las áreas administrativas continúan con su labores de manera habitual, y sólo fueron postergados los temas jurisdiccionales y administrativos enlistados para ser tratados en el órgano colegiado integrado por todos los magistrados del TSJ, pues todavía no hay fecha para una nueva convocatoria.

Grupo disidente de magistrados está obligado a generar equilibrio en Pleno de Tribunal Superior, opina Pedro Martínez Bello.

El presidente de la organización denominada Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, responsabilizó de la fractura del Poder Judicial a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, por sus malas decisiones y su afán de mantener el total control económico y operativo de la administración de justicia.

Luego de que se agravó la división entre en el grupo disidente y el que encabeza Cuevas López, el abogado sostuvo que la magistrada presidenta ni siquiera ha sido capaz de obtener consensos y las determinaciones en el Pleno han sido prácticamente forzadas.

Señaló que Cuevas López está empeñada en tener el control absoluto del TSJ y hasta ha relegado a sus homólogos que han sido críticos de su gestión, lo que ya tiene repercusiones internas y externas para la institución.

“La titular está mal, es una titular que no ha podido tener un pleno, ya no digamos que por unanimidad se saquen los temas, pero sí considero que la división ha sido en gran medida por las malas decisiones de la presidente del TSJ.

“Nosotros esperábamos que desde hace muchos este grupo disidente pudiera generar un balance, un fiel de la balanza en los temas, porque resulta que una vez que salió el gobernador Graco Ramírez, se modificó toda la legislación para que la presidente del tribunal tenga un poder absoluto y no debe ser así, el Pleno es la máxima autoridad de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, no la presidente del tribunal, quien se erige como una autoridad de facto en el momento que desapareció el Consejo de la Judicatura”, señaló.

Expresó que la prueba más evidente del ejercicio unilateral de la administración de justicia es la resistencia de Cuevas López  durante casi 15 meses a integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pues a través de la Comisión Transitoria tuvo en ese lapso el control absoluto de los nombramientos del personal y de los jueces, así como de las finanzas de la institución, sin rendir cuentas a nadie.  

Insistió que, ante la gestión unilateral de la magistrada presidenta, el grupo disidente está obligado a ser el fiel de la balanza y hacer el esfuerzo necesario para acotar los abusos cometidos por Cuevas López.

Magistrados disidentes exigen información sobre temas que se discutirán en los plenos.

Por falta de quórum, nuevamente fue suspendida la sesión de Pleno programada para este lunes, luego de que un grupo de nueve magistrados condicionó su asistencia a que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convoque a las sesiones con antelación y les entregue información de manera oportuna de los asuntos que se verán en Pleno para que puedan opinar, debatir y votar.

Acompañado por ocho de sus homólogos, el magistrado Andrés Hipólito Prieto rechazó que incumplan sus funciones y sostuvo que, por el contrario, hacen ejercicio pleno de su derecho a la información para impartir eficazmente la justicia.  

Recalcó que insistentemente el grupo solicitó a la magistrada presidenta convocar a sesiones de Pleno en un tiempo prudente y que acompañe la convocatoria con la información completa de los asuntos a tratar, pero no hay respuesta de ella y actúa de manera unilateral y en la opacidad.

Calificó la administración de Cuevas López como “carente de un liderazgo honesto, legal, transparente, todo lo quiere tratar con los cuates, con los amigos y en la opacidad, y no está dispuesta ella a tolerar el diferendo, el disenso y quiere siempre imponer su voluntad, y creo que en un órgano colegiado y garante de la justicia no se puede ser así”.

Afirmó que su petición “no busca la confrontación, sino precisamente procurar las condiciones bajo las cuales ejercer nuestras atribuciones y, con ello, dejar atrás las viejas prácticas en las que se citan a los magistrados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal Pleno, ministrándoles escaso o nula información  de los temas a resolver, que ponen en riesgo precisamente que se atienda el interés general de la población a la que servimos”.

Los magistrados señalaron que no atenderán las convocatorias hasta que se les entregue de manera oportuna la información de los asuntos enlistados en la orden del día.

A pregunta expresa de si solicitará el retiro de la orden del día la aprobación del acta de la polémica sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial con colaboradores cercanos de Cuevas López y en la que todavía se dirime legalmente si hubo o no quórum para sesionar, señaló que precisamente es parte de la información que se solicitó, ya que hasta ahora desconocen el contenido de ese documento.

El órgano nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esas eran atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Un tribunal colegiado confirmó que la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esod eran atribuciones la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

La justicia federal determinó la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión Transitoria que durante 15 meses ejerció funciones, ante la resistencia de la magistrada presidenta, María del Carmen Cuevas López, por instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Al resolver el amparo en revisión 259/2019, promovido por un secretario de Sala sancionado con una amonestación, confirmó el amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito y desestimó todos los argumentos presentados por Carmen Cuevas López,  quien insistió infructuosamente en defender las determinaciones emitidas por la comisión que también integraron los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la resolución del tribunal colegiado, la adecuación por parte del Congreso local a la Ley Orgánica del Poder Judicial no era condición para la entrada en vigor de la norma constitucional que creó a la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, porque no se dispuso así transitoriamente, ni tampoco era necesaria la intervención del Legislativo para que el Tribunal Superior de Justicia materializara esa junta, lo que pudo y debió hacer desde el 5 de abril del 2018, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que creó dicha junta.  

“De esta forma, también contrario a lo que argumenta la recurrente, el plazo de noventa días para que el Congreso local adecue la ley orgánica en relación a la reforma constitucional que creó la Junta de Administración y Vigilancia no constituye la vacatio legis de dicha reforma.

“Por el término vacatio legis, se conoce al periodo en el cual una norma legalmente publicada adquiere vigencia. Así, si una ley es publicada el día “x” y transitoriamente dispone que entrará en vigor a los diez días siguientes, esos diez días son el periodo de vacante legal o vacatio legis, en que no puede tener aplicación, al no ser aún obligatoria por su falta de vigencia.

“No obstante, en el caso del decreto 2611 que creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, de acuerdo con su transitorio segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vacatio legis sólo fue de un día, mas no puede entenderse como vacatio legis el tiempo que se reservó el Poder Legislativo para adecuar la ley orgánica, porque no fue establecido así transitoriamente.

 “Esto es, no se condicionó la entrada en vigor de la reforma constitucional a la adecuación de la ley orgánica por parte del legislativo, sino que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Así con independencia de la premura que alega la recurrente para la integración de la junta de administración y vigilancia al día siguiente de la publicación del decreto 2611, lo cierto es que a partir de esa fecha pudo integrase ésta con base en la norma constitucional, hecho que no constituye un absurdo legal como lo califica la recurrente; absurdo, fue que no se haya hecho así, y la recurrente siga actuando ilegalmente en el ejercicio de atribuciones que ya no le competen, como la sanción de servidores públicos judiciales”, estableció contundente la resolución federal.

El tribunal colegiado enfatizó que la sentencia confirmada no  juzgó sobre la legitimidad de sus integrantes, ni sobre la existencia  de la Comisión Transitoria, sólo sobre su competencia constitucional, dado que, por virtud de la legislación vigente, ya es otro órgano el que ejerce las facultades que otrora depositó en ésta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El 27 de febrero de 2018 el Pleno del TSJ integró la Comisión Transitoria, pero un mes después, el 5 de abril, entró en vigor la reforma constitucional que creó y ordenó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Pese a la insistencia de algunos magistrados del TSJ como Carlos Iván Arenas Ángeles, sobre la ilegalidad de dicha comisión y la necesidad urgente de cumplir con el mandato constitucional de instaurar la Junta, Carmen Cuevas y sus magistrados aliados decidieron ignorarlos para mantener el control total del TSJ durante 15 meses.

La instauración de la Junta de Administración ocurrió hasta el pasado 3 de junio, en medio de una polémica entre magistrados del Pleno del TSJ sobre su hubo quórum o no para integrar dicho órgano.

Incluso, en los tribunales federales están en cursos diversas demandas de amparo de funcionarios judiciales que impugnaron actos y sanciones impuestas por la Comisión Transitoria.

Ayer no pudieron sesionar por el boicot de nueve integrantes del Pleno; se niegan a aprobar polémica acta.

Por diferencias entre magistrados y la falta de quórum, fueron canceladas las dos sesiones de Pleno convocadas por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, en la que se pretendía aprobar el acta de la sesión de la polémica integración de la Junta de Administración, Vigilancia y disciplina, aprobar el proyecto de redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil, entre otros temas.

A las 14:00 y 14:30 horas fueron convocadas las sesiones ordinaria y extraordinaria, para desahogar diversos temas, pero un grupo de nueve magistrados no asistió debido a que presentaron un escrito para modificar el orden del día y solicitar que se les dotara de toda la información y los antecedentes de los asuntos a tratar en ambas sesiones.

Los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz argumentaron en el escrito presentado para la modificación del orden del día, que era improcedente la inclusión del punto relativo a la aprobación del acta de la sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, en medio de la polémica de si hubo o no quórum para llevar a cabo la instauración del órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura.

Y es que para el bloque de magistrados disidentes, la sesión fue válida mientras hubo la asistencia de dos terceras partes de los integrantes del Pleno, pero durante la elección de los integrantes de la Junta ya no existía el quórum que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, razón por la cual rechazaron validar dicha acta.

Los magistrados también se quejaron de que no les fue suministrada información previa para poder emitir su voto en los asuntos enlistados, como los nombramientos interinos o provisionales de personal adscrito a cada una de las salas del TSJ, con el fin de constatar que dicho nombramientos son jurídicamente procedentes e impedir que hubiese designaciones, remociones, bajas o modificaciones a las condiciones laborales injustificadas.

También solicitaron la entrega de información de varios asuntos en los que el Tribunal de Justicia Administrativa rechazó competencia y envío para su resolución al TSJ, y en otros temas de índole jurisdiccional y que impactan en la administración de justicia.

El magistrado Manuel Díaz Carbajal lamentó la inasistencia de sus homólogos a las sesiones convocadas, pues consideró que es justo en el Pleno donde se proponen y someten a votación las observaciones y las modificaciones a la orden del día.

“A consideración de los magistrados que comparecemos hay una inasistencia injustificada a la sesión, porque insisto, cualquier observación al orden del día tiene que ser formulada en la sesión de Pleno y ahí se acuerda por parte del Pleno si se modifica, si se suprime, si se incluye algún punto del orden del día y, pues estamos frente a una inasistencia injustificada.

Dijo que la ausencia de sus homólogos y la cancelación de ambas sesiones impactan en la administración de justicia, pues no se pudo avanzar en temas relevantes, como la redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil.

En caso contrario, magistrada presidenta del TSJ hace llamado a señalar excesos de funcionarios judiciales.

El Tribunal firmó un convenio de colaboración con diez municipios de la zona para abordar derechos humanos, tratados y protocolos durante las detenciones.

Cuautla.- A fin de garantizar la impartición de justicia y evitar que exista impunidad a la hora de hacer alguna detención por parte de los elementos policiacos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ) llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con diez municipios de la región oriente.

Al respecto, María del Carmen Verónica Cuevas López, presidenta del TSJ, señaló que lo anterior tiene el objetivo de implementar capacitaciones a los policías acerca de la manera en la que deben actuar en el momento de realizar alguna detención.

De la misma manera, reconoció que el suscribir este convenio de colaboración con los municipios de la región oriente es un hecho histórico, ya que esto permitirá que con las capacitaciones previstas a los elementos policiacos se evite la impunidad, además de que haya una mejor impartición de justicia, pues dijo que ya se ha detectado en dónde se encuentran los errores, por lo que es de vital importancia el poner en marcha las capacitaciones en mención.

“Como Poder Judicial, nuestra misión es que verdaderamente haya justicia de calidad, por lo que a través de la escuela judicial hemos implementado este convenio de colaboración para estarnos capacitando constantemente y en este caso, los policías van a ser una parte importante para esta capacitación”, señaló.

Además, dijo que las principales fallas que se han detectado en este tipo de acciones es el informe judicial homologado que presentan los elementos tras una detención. Por lo que hay situaciones que no se advierten para que las detenciones no sean ilegales.

Ante ello, a través de la capacitación que se les impartirá, se pretende cubrir estos espacios para no repetirlos, ya que al ser un sistema de justicia integral en el que participan varios actores, la parte fundamental son los policías.

Por su parte, el magistrado y director de la Escuela Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega, señaló que la firma del convenio en mención es importante, ya que se trabajará de manera conjunta con los ayuntamientos, lo que permitirá una mejor administración de justicia, señalando la importancia del trabajo en equipo.

Por ello, dijo que en esta primera etapa del proyecto se trabajará con diez municipios de la región oriente y se capacitará a las personas que se encuentran a cargo de la seguridad pública en los mismos.

Finalmente precisó que estas acciones se llevan a cabo, ya que en el sistema acusatorio adversarial se ha detectado que muchas de las fallas provienen de la mala actuación de los policías, por lo que a través de la Escuela Judicial se capacitará a los elementos policiales en materia de derechos humanos, tratados y protocolos para que realicen bien su función.

El TSJ y alcaldes firmaron un convenio de colaboración.

Un grupo de alcaldes y la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, firmaron un convenio de colaboración para la capacitación de policías municipales.

La capacitación estará a cargo de la Escuela Judicial del TSJ e instruirá a los elementos para que pueden realizar correctamente una detención, elaborar adecuadamente los informes policiales homologados, conocer los procedimientos del sistema penal acusatorio adversarial y los ejes básicos del derecho.

 “La capacitación ayudará a la profesionalización y actualización de los elementos municipales, a través de ellos podemos prevenir que una detención sea ilegal, además de que ellos diario exponen su vida y tenemos que darles herramientas para dar mayor seguridad e implementación de justicia", afirmó Paulina Villalba Cortez, sindica municipal de Yecapixtla,

En la firma de convenio participaron ediles de la zona oriente y los Altos de Morelos, así como la titular del TSJ y el director de la Escuela Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega.

CIDH solicita se consideren instrumentos jurídicos contemplados en convenios y tratados internacionales.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMorelos) pidió a los jueces privilegiar el principio pro persona y la  perspectiva de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, cuando emitan sus sentencias.

En calidad de amicus curiae (amigo de la corte), la organización civil dirigió un oficio a la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, para que se tomen en cuenta los instrumentos jurídicos contemplados en convenios y tratados internacionales para garantizar estos derechos.

“Las organizaciones independientes aportamos a través del amicus curiae, elementos para que se incluyan los máximos avances en materia de derechos humanos desde el principio pro persona vigente en tratados y convenciones que deben ser revisados y tomados en cuenta por las y los jueces en sus decisiones autónomas.

“Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento el caso de la agresión a los representantes comunales ocurridos en Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, para solicitarle se apliquen los protocolos para juzgar con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución y los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que aportamos los siguientes Elementos para la apelación del caso JO/40/2019 de Santa Catarina”, expresó.

Detalló el caso de la agresión que sufrió Catalino Santiago Salazar Provisor, presidente de Bienes Comunales de la comunidad de Santa Catarina del municipio de Tepoztlán, cuyo atacante, Darío Adrián Martínez, recibió sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión, por el delito de tentativa de homicidio.

“No obstante, la decisión dividida de los jueces, en la línea del voto particular emitido por el Juez presidente Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, en el sentido de no culpabilidad del indiciado, representa un agravio a las víctimas, ya que incurre en ciertos niveles de discriminación y no incorpora en sus juicios y razonamientos lo establecido sustancialmente en los respectivos protocolos emitidos por la SCJN para juzgar con una perspectiva de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, subrayó.

Destacó que el imputado fue absuelto de las lesiones graves provocadas a Mauricio Franco Sánchez, también integrante del comisariado, pese a que había pruebas y testimonios sobre cómo el domingo 2 de julio de 2018, Darío  llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que aseguró haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal y, tras recibir la negativa, disparó contra el presidente y el secretario de Bienes Comunales.

En consecuencia, exhortó a al titular del Poder Judicial para que los juzguen sin discriminación y con pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios para evitar la impunidad, como ocurre en el caso Santa Catarina.  

Con transferencia de 47 millones de pesos se dará cumplimiento al resto de las resoluciones, señala la representación del Poder Judicial estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos informó que fueron cumplidas más del 50 por ciento de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el pago de pensiones de trabajadores judiciales en retiro, y sólo resta la transferencia de 47 millones de pesos para dar cumplimiento al resto de las resoluciones.

A través de un comunicado, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, anunció que el Poder Ejecutivo transfirió  hasta el momento 57 millones de pesos para cumplir con el pago de pensiones de 67 de los 114 trabajadores cuyos decretos jubilatorios fueron validados por la SCJN en 116 sentencias.

Precisó que el Poder Ejecutivo debe transferir al Poder Judicial poco más de 47 millones de pesos para cumplir a cabalidad el acuerdo emitido por la SCJN el pasado 25 de febrero, en el que se fijaron lineamientos a los tres Poderes del estado para cumplir con sus resoluciones y apercibió que, en caso de incumplimiento, las autoridades responsables enfrentarían cargos por desacato judicial y hasta la destitución.

“Hemos instruido al director general de administración, Octavio Rosales para que conforme van llegando los recursos económicos al Poder Judicial, se realicen de forma inmediata los trámites administrativos necesarios para poder pagarles a nuestros ex trabajadores. Hasta hoy, hemos recibido recursos para pagar diferencias y en su caso pensiones atrasadas a 67 de 114 jubilados. Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo financiero que hemos hecho al interior del Tribunal, el 100% de los jubilados están en nómina a partir de este mes de julio”, aseguró Cuevas López.

Agregó que sólo en algunos casos lo único pendiente por pagar son las actualizaciones a su pensión, porque la propia ley obliga a actualizarlas conforme se incrementa el salario mínimo año con año.

Dice que es improcedente el punto de acuerdo que impulsó el diputado petista José Luis Galindo Cortez.

El argumento oficial es la falta de recursos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adeuda pagos al menos a tres magistrados en retiro y alega que no cuenta con presupuesto para el pago de las pensiones.

Los magistrados Samuel Sotelo Salgado, actual consejero Jurídico del gobierno del estado, Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar y Wilfrido López Luna, desde junio de 2016 promovieron un juicio de amparo, al no recibir el pago completo de sus pensiones.

Pese a obtener la protección de la justicia federal, recientemente el tribunal informó al Juzgado Primero de Distrito, en el que fue radicado el juicio de amparo 460/2016,  que “se han realizado diversos pagos a los quejosos por concepto de pensión y aguinaldo del periodo comprendido de abril de dos mil quince a mayo de dos mil dieciséis.

“Además, hace del conocimiento que no cuenta con recursos económicos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo” con respecto a los adeudos pendientes. Hasta el momento se desconoce el monto de los adeudos a los magistrados en retiro, pero el TSJ ha insistido en que el Congreso debe etiquetar recursos suficientes para hacer frente a todos los decretos pensionarios que aprueba.

Cabe destacar que está en curso el cumplimiento de 116 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores judiciales jubilados, lo cual tiene en aprietos jurídicos a los tres Poderes del Estado, quienes están obligados a etiquetar y transferir recursos por un monto total de 105 millones pesos para el pago de las pensiones, pues en caso contrario, sus titulares podrían ser destituidos y enjuiciados por desacato judicial.  

La presidenta del TSJ ha impugnado todas las pensiones aprobadas anteriormente, por lo que esperan que haga lo mismo con su familiar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de pensión por viudez a favor de  Ana María de Jesús López Enríquez, madre de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López. Sin embargo, trabajadores judiciales en activo y en retiro cuestionaron si éste decreto será impugnado por el Poder Judicial, como el resto de los decretos de los trabajadores que en los últimos años tramitaron su pensión por jubilación.

El decreto fue aprobado por el Congreso en la sesión del 1 de mayo y fue hasta este miércoles que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se otorgó a la beneficiaria una pensión al 100%  de la última de que hubiere gozado Juan Manuel Cuevas Jiménez, padre de la titular del TSJ, quien se jubiló como oficial mayor del TSJ  y falleció el pasado mes de febrero.

Trabajadores activos y en retiro, así como algunos funcionarios del TSJ, coincidieron que, si bien la pensión es un derecho que tiene la madre de Cuevas López, la interrogante es si la magistrada hará uso de su influencia o si impugnará el decreto pensionario para exigir al Congreso presupuesto para su pago, como lo hizo con decenas de trabajadores que durante su gestión tramitaron su retiro y hasta ahora no han recibido sus pensiones por las controversias constitucionales que promovió.

Los trabajadores solicitaron el anonimato por posibles represalias por tratarse de un tema que toca la esfera familiar de Cuevas López, y recordaron que por los menos tres trabajadores del TSJ jubilados fallecieron sin poder gozar de los frutos de su trabajo y sufriendo penurias económicas porque no recibían su pensión, ya que la magistrada presidente impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus decreto de retiro, para exigir al Congreso una partido para el pago de jubilaciones.  

Hay elementos para enjuiciar a María del Carmen Cuevas López, insiste Leonel Díaz Rogel.

El abogado Leonel Díaz Rogel promovió un juicio de amparo por el desechamiento del Congreso de su solicitud de juicio político contra la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López.

El litigante insistió en que aportó al Poder Legislativo elementos suficientes y fehacientes para acreditar la responsabilidad de la representante del Poder Judicial por violaciones a la Constitución Política del Estado, usurpación de atribuciones, violación grave a las garantías y derechos fundamentales de magistrados, y el abandono o desatención injustificada de sus funciones.

Recalcó que un ejemplo de las irregularidades cometidas por Cuevas López fue mantener ilegalmente en funciones a la Comisión Transitoria (integrada por ella y dos magistrados más) y la resistencia a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura y que por disposición constitucional debió entrar en funciones desde el 5 de abril del año 2018, pero fue hasta el día 3 de junio que se instauró en condiciones legales cuestionables.  

Recordó que su solicitud de juicio político estuvo soportada por 57 pruebas y 28 anexos que acreditaban la responsabilidad política de la magistrada presidente, pero el Congreso decidió desecharla sin fundamentación ni motivación.

Por tal razón, promovió el juicio de amparo 949/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, para impugnar el desechamiento dictado por los diputados integrantes de la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos.

Participó activamente en la sesión para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, pero es posible que careciera de las facultades legales.

Magistrado disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitaron a la magistrada presidente Carmen Cuevas López convocar a una sesión urgente de Pleno para aclarar bajo qué condiciones jurídicas la magistrada, Leticia Taboada Salgado, emitió el pasado 3 de junio su voto para instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial,  ya que en esa fecha aparentemente no surtía efecto la sentencia de amparo en la que se le reconocía su calidad de magistrada de número.

Nueve magistrados, por escrito, solicitaron convocar en un plazo de 48 horas la sesión de Pleno urgente, “con el propósito de atender tema relativo al requerimiento realizado al Congreso del Estado de Morelos por la autoridad federal, en términos del acuerdo emitido el día 5 de julio del año en curso, en el juicio de amparo número 556/2018.

“Reservándonos el derecho para acudir a las instancias competentes y ejercer las acciones jurídicas conducentes en defensa del Tribunal Superior de Justicia”.

La solicitud surgió debido a que, aparentemente, Taboada Salgado habría ejercido derecho a voz y voto como magistrada de número con el argumento de que tenía una sentencia de amparo a su favor, pero en la fecha en que se convocó la sesión para instaurar e integrar la Junta de Administración (órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura) la resolución aún no surtía efecto o no había ejecución de la misma, porque hasta ese momento el Congreso local no le había expedido su nuevo nombramiento en términos de la sentencia de la autoridad judicial federal.

De acuerdo con fuentes del TSJ consultadas, en caso de corroborarse esta sospecha podría configurarse una violación a la Constitución y hasta dar lugar a un proceso administrativo, por haber ejercido un voto sin tener facultades constitucionales para ello.

Exigen ministros que se paguen completas las pensiones, conforme al calendario previamente ordenado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó la presión al Poder Ejecutivo de Morelos para que transfiera al Poder Judicial el total de los recursos para cubrir las pensiones de los trabajadores judiciales jubilados cuyos casos fueron resueltos en controversia constitucional.

El máximo tribunal del país emitió un acuerdo en el que advirtió que la orden, dentro del cumplimiento de sentencia de 116 controversias constitucionales (que dividió en 11 bloques) fue el pago del total de la pensiones conforme a los bloques indicados en el acuerdo del 25 de febrero pasado y no en “mensualidades”.

La SCJN requirió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “indique en qué medida, proporción  y, respecto a qué bloque abona al pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial las transferencias realizadas, en la inteligencia de que este Alto Tribunal no ordenó el pago en mensualidades del monto total de los bloques del anexo del Acuerdo General Plenario de referencia, sino el pago total del valor pecuniario asignado a cada bloque por el Poder Judicial de Morelos, o bien manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos”.

En consecuencia, “se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en lo sucesivo, cubra el monto total asignado a las pensiones a las cuales refiere el anexo del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, so pena de incurrir en desacato a los lineamientos aprobados por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El requerimiento es para que el gobierno de Morelos transfiera inmediatamente la totalidad los recursos correspondientes a los tres primeros bloques, que equivale al cumplimiento de 30 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

Actualmente, las autoridades estatales han dado cumplimiento parcial a 50 sentencias y están 66 más enlistadas para su cumplimiento. En total, el Poder Ejecutivo deberá de transferir al Poder Judicial 105 millones de pesos para evitar que la SCJN le aplique sanciones, que incluye hasta la destitución de las autoridades responsables.