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La funcionaria señaló que pese a la contracción económica por la emergencia sanitaria, se ha trabajado en favor de productores del campo en diversas áreas.

En comparecencia frente a diputados de la LIV Legislatura del Congreso de Morelos, Katia Herrera Quevedo, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), destacó que continúa con la instrucción del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, de impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado fortaleciendo la productividad y competitividad del sector. 

En este contexto, se firmó el acuerdo específico de contribución, entre la Sedagro y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el programa denominado Recuperación Post-Covid-19 de Comunidades y Empresas Agropecuarias en Morelos. 

Para el inicio de este proyecto, se realizó un diagnóstico de 12 grupos productivos: cinco de aguacate, cinco para el establecimiento de huertos familiares y dos para farmacias vivas, con un total de 600 beneficiarios directos, pertenecientes a cinco municipios. 

Además, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se puso en marcha el programa Precios de Garantía Alimentarios Básicos, asegurando la comercialización de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano 2020, con el que se apoyó a los productores agrícolas en la compra de hasta cinco toneladas por hectárea y hasta 20 toneladas por productor. 

También, se llevó a cabo el programa Apoyo con paquetes para la producción orgánica a productores en el estado de Morelos, que impulsa la productividad de los cultivos de agave, aguacate, cítricos, higo y nopal; en beneficio de 666 productores con una superficie de mil 332 hectáreas de 11 municipios. 

La Sedagro ha trabajado también en beneficio de 37 mil 865 productores y sus familias, por medio de la rehabilitación de 435 kilómetros de caminos de saca; 225 mil 31 metros cúbicos de desazolve en presas, ríos y jagüeyes; 58 excavaciones de ollas para la captación de agua pluvial; 166 hectáreas de desmonte y desempiedre de parcelas.

A mediados del 2020, y para fortalecer las unidades de producción de frutales, ornamentales, apícolas y acuícolas, se otorgaron créditos por un monto de seis millones 639 mil pesos en beneficio de 578 productores (179 mujeres y 399 hombres) pertenecientes a 53 ejidos de 22 municipios. 

Y para la producción de granos básicos, se destinó una inversión de 18 millones 382 mil pesos para el ciclo agrícola primavera-verano 2020, con créditos que capitalizaron las unidades de producción de maíz, avena y sorgo en beneficio de mil 294 productores (406 mujeres y 888 hombres) de 127 ejidos de 31 municipios del estado. 

Katia Herrera informó que en el ejercicio fiscal 2020 se contrató un Seguro Catastrófico para proteger a 16 mil productores, y una superficie de 48 mil 166 hectáreas de maíz, sorgo y avena forrajera contra fenómenos meteorológicos, como: sequias, heladas, granizo, lluvias, inundaciones y vientos, entre otros.

 Ante diputados de Morelos, precisó sobre el trabajo realizado en el diseño del Sistema Zapata de Financiamiento al Campo (Sizcampo), un proyecto que cuenta en su primera etapa con la creación de manuales de operación que se han puesto a consideración de los titulares de las secretarías, la Consejería Jurídica y legisladores estatales vinculados con el sector rural; entrará en operaciones una vez aprobado. 

En coordinación con el Gobierno federal, se destinaron recursos para diversas campañas como: Plagas reglamentadas de cítricos; Campaña nacional contra moscas de la fruta; Manejo fitosanitario en apoyo a la producción de arroz, maíz, caña de azúcar, nopal, agave, higo; Programa de inocuidad agrícola y el Programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria; favoreciendo a 21 mil 511 productores y de los 36 municipios de Morelos. 

Sobre el trabajo en comunidad, la titular de Sedagro precisó la coordinación con los municipios, al impulsar los 36 consejos municipales de desarrollo rural sustentable (Comunders), para lo cual se efectuaron 50 reuniones informativas y de asesoría sobre la operación del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios (FAEDE). 

Al finalizar la exposición de acciones realizadas en favor del sector agropecuario, los diputados presentes Ariadna Barrera Vázquez, José Luis Galindo Cortés y Andrés Duque Tinoco, reconocieron los resultados, empeño y cercanía que ha dado Katia Herrera en menos de un año al frente de la Sedagro, a productores de toda la entidad; exhortaron a continuar trabajando en conjunto por quienes llevan los productos del campo a la mesa. 

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Agropecuario reconoció que 2020 fue un año de retos importantes por su naturaleza atípica con la presencia del COVID-19, que dejó una gran expertis, lo cual lleva a la Sedagro a continuar trabajando en fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generando empleos y logrando el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.

A su comparecencia no llegó García Chávez, el legislador que encabeza la comisión de Puntos Constitucionales.

Las comparecencias de los secretarios de despacho en el Congreso del estado carecen de sentido, afirmó el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, ante el desinterés de los diputados para cumplir con dicha obligación constitucional.

Este viernes, el encargado de la política interna se presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para comparecer con motivo de la glosa del segundo informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Sin embargo, sólo acudió el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, pero no estuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el diputado Javier García Chávez para encabezar dicho encuentro.

"Nosotros cumplimos con este ejercicio de rendición de cuentas, acudimos tal y como nos fue citado y si no hay interés para intercambiar los puntos de vista y tener más información del desempeño de la secretaría de Gobierno, pues nosotros cumplimos", manifestó el encargado de la política interna.

Al respecto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, admitió que ha habido desinterés de la mayoría de sus homólogos para cumplir con la responsabilidad constitucional que tienen como legisladores para presentarse a las comparecencias.

Sostuvo que es necesario que cada legislador asuma su responsabilidad o de lo contrario, "y si no les gusta el formato que propongan otro, pero tenemos que cumplir", añadió.
Ante la inasistencia de los legisladores, las comparecencias han durado cerca de 30 minutos, a pesar que se trata de ampliar la información que entregó el gobernador con motivo de su segundo año de gobierno.

Fueron al Congreso a exigir subsidios agrícolas.

Integrantes de Antorcha Campesina amenazaron con bloquear calles y carreteras, ante la falta de respuesta de varios secretarios a su pliego de demandas. Este viernes se manifestaron ante la sede del Poder Legislativo.  

Los antorchistas acudieron al Congreso con pancartas con el fin de llamar la atención de la secretaria de Desarrollo Agropecuario Katia Isabel Herrera Quevedo, quien compareció ante los diputados.  

De igual manera intentaron ser tomados en cuenta por el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, quien estuvo en la sede legislativa durante la mañana.  

Diego Navarro Pérez, vocero de la organización, señaló que de nueva cuenta buscaron la vía de la manifestación pacífica para demandar la liberación de recursos públicos para grupos vulnerables, especialmente pequeños productores agrícolas que requieren fertilizante y otros insumos, aseguró.  

Aseveró que ante los oídos sordos de algunos secretarios, Antorcha Campesina analiza tomar otras medidas más radicales, como el cierre de calles y carreteras, pues no hay resultado a las peticiones formales de audiencia.  

Expuso que la pandemia ha provocado más pobreza de la que ya existía en el estado y los grupos marginados son ignorados por las autoridades, que están más concentradas en el proceso electoral.  

Durante el 2020, la Secretaría de Gobierno, encabezada por Pablo Ojeda, trabajó con el único propósito de generar cada día mejores condiciones para las niñas, niños, adolescentes, mujeres y víctimas, siempre con respeto a todos los actores políticos, grupos sociales, poderes y órdenes de gobierno. 

Durante su comparecencia ante el Congreso local correspondiente a la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, Pablo Ojeda manifestó que no cabe en la Secretaría, ninguna actitud distinta del diálogo y tolerancia.  

“Sigo con el compromiso como Gobierno de asegurar que las y los morelenses tengan oportunidades para el acceso a una vida digna con paz, seguridad, unidad y armonía. Seguiremos trabajando para que así sea”, acotó el encargado de la política interna.

En ese contexto, el secretario de Gobierno dio cuenta de las acciones de cumplimiento al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), donde se invirtieron cinco millones de pesos para desarrollar un modelo de comunicación estatal a fin de capacitar al personal en la transformación de roles y estereotipos.

Resultado de las gestiones que la Secretaría de Gobierno tuvo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Morelos fue el segundo estado de mayor receptor de recursos federales para combatir este tema.

Asimismo, se creó el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2020-2024 (PEPASE), que comprende una visión integral en materia de género y derechos humanos de mujeres y niñas. 

Durante el 2020, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado recibió más de 10.6 millones de pesos, con esto se logró localizar a 107 personas, 56 mujeres y 51 hombres, además se ha podido colaborar con las comisiones de otras entidades federativas para la búsqueda de 71 personas.   

En materia de protección de niñas, niños y adolescentes, se implementó la Comisión para la Primera Infancia, con la intención de garantizar el pleno desarrollo en infantes de cero a cinco años buscando acortar las brechas de desigualdad que menoscaban el desarrollo de las y los infantes.

Junto al Congreso del Estado, se reformó el Código Penal para garantizar la no prescripción de delitos de violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes. De igual forma, se creó el Código Púrpura-911/ 089, línea directa de atención para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

En materia de derechos humanos, se otorgaron 34 asesorías jurídicas, se capacitaron 701 personas de manera virtual y presencial. Para generar un clima de respeto, se capacitaron también 79 personas, en su mayoría servidores públicos, en materia de diversidad sexual. 

Con voluntad de diálogo, se construyeron los acuerdos necesarios para la construcción de la rampa de frenado Atlatlahucan, un proyecto que llevaba casi siete años detenido por la falta de consenso con los ejidatarios; por otra parte se logró la finalización de la obra de la central de ciclo combinado en Huexca, que iniciará operaciones en LOS próximos días y garantizará la suficiencia eléctrica del estado.

Uriel Carmona rindió su sexto informe semestral ante el Congreso.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, rindió su sexto informe de trabajo ante el Congreso del estado y aprovechó la tribuna para defenderse de las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y por no haber aplicado el examen de control de confianza cuando asumió el cargo.

Tras haber informado bajo protesta de decir verdad del trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos seis meses, Carmona Gándara aprovechó las preguntas de los legisladores para asegurar que no ha cometido ningún delito.

"Los ataques en mi contra son evidencias de que estamos siendo autónomos", aseguró Carmona Gándara. Sin embargo, sostuvo que en la FGE "no somos adversarios del Poder Ejecutivo, del Congreso ni del Poder Judicial".

El funcionario estatal también argumentó que la Fiscalía "no es instrumento de la política" y se deslindó de cualquier interés político, de grupo o económico.
Por otro lado, admitió que Huitzilac se ha convertido en un "foco rojo" en el estado en materia de seguridad, por lo que dijo que es urgente que exista una coordinación con el gobierno del estado para que, a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se refuerce la vigilancia en la zona.

Lo anterior, luego de que el diputado José Casas González lamentara ante tribuna el ataque registrado en contra de sus familiares en el poblado de Santa María, este jueves.
Al respecto, Carmona Gándara aseguró que la FGE ya cuenta con una línea de investigación, tras el testimonio de una de las personas que fue atacada.
En cuanto a las cifras, Carmona Gándara informó ante los legisladores que, de agosto de 2020 a enero de 2021, se iniciaron un total de 21 mil 929 carpetas de investigación, de las cuales el 56.3 por ciento corresponden a la zona metropolitana.

En materia de secuestro, refirió que se detuvo a 221 personas a través de 30 órdenes de aprehensión contra 56 imputados. También se liberó a 22 personas víctima de secuestro mediante operativo y 42 víctimas más mediante negociación.

En materia de feminicidios, dijo que se iniciaron 34 carpetas de investigación; 14 de los casos fueron calificados como feminicidios y 20 como homicidio en contra de mujeres.

Hay riesgo de que no se realice la elección de las autoridades para el período 2022-2024.

Integrantes del Concejo Mayor y del Concejo Municipal de Hueyapan pidieron la intervención urgente del gobierno del estado,  del Congreso local y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para resolver el conflicto social en el municipio indígena, ante el riesgo de que no se desarrolle la elección de las próximas autoridades para el período 2022-2024.

Las autoridades municipales acudieron este lunes a Cuernavaca y denunciaron que los alcaldes de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez; de Zacualpan de Amilpas, Adrián Cázarez González, y de Yecapixtla, Francisco Erik Sánchez Zavala, han patrocinado a grupos de choque para desestabilizar a Hueyapan.

También acusaron a políticos como el exdiputado Javier Montes Rosales y su hermano David de estar detrás de los diez exconcejales que buscan imponer al próximo Concejo Municipal.
Afirmaron que por eso no existen condiciones para convocar a la asamblea municipal en la que se definiría al próximo Concejo, que tendrá que gobernar durante el período 2021-2024.

Solicitaron la intervención del gobierno del estado, del Poder Legislativo y del Impepac para impulsar las acciones necesarias y que se garantice la paz en el municipio indígena.
De la misma forma, insistieron en pedir al Poder Legislativo que ordene una auditoría al municipio durante el ejercicio fiscal 2019 y el primer semestre del 2020, ante un presunto desvío de recursos por cerca de 40 millones de pesos.

Con respecto a las personas detenidas por los hechos violentos registrados la semana pasada, los pobladores manifestaron que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine si fueron responsables de la comisión de un delito.

Durante su participación en el Congreso Nacional de Mujeres Construyendo la 4T, la diputada Ariadna Barrera participó en la mesa de trabajo “Mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones”.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, asistió al Congreso Nacional de Mujeres Construyendo la 4T, en el cuál participó en la mesa de trabajo “Mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones”. 

Durante su participación, la diputada resaltó la importancia de garantizar el derecho de las mujeres a decidir, en primer lugar sobre ellas mismas, decidiendo su educación, sobre su vida personal y salud, carrera profesional, etc. 

Así mismo compartió su experiencia personal, destacando su papel de madre y profesionista, así como su participación en la vida pública de su estado. Barrera Vázquez, reconoció el carácter resiliente de las mujeres mexicanas, y su capacidad para reinventarse y sobreponerse a las adversidades. 

La diputada Ariadna Barrera, muchas mujeres se han visto beneficiadas ya que gracias a diversos mecanismos y acciones afirmativas que garantizan la participación política de las mujeres, han podido ocupar cargos en la función y el servicio público; sin embargo reconoció que aún existen retos que enfrentar en cuanto a las posiciones de toma de decisiones.

Finalmente, la legisladora reflexionó sobre el tema de la violencia política contra la mujer, misma que aún se vive en los diferentes niveles de gobierno; invitó a las mujeres a seguir rompiendo paradigmas y participar en la vida política de nuestro país.

En sus términos actuales, el catálogo es confuso para la ciudadanía y no contempla a los tres municipios indígenas de reciente creación, señala la legisladora Erika García Zaragoza.

La diputada Erika García Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presento iniciativa que propone reformar el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, con el propósito de hacer accesible su consulta para la ciudadanía y armonizarlo con relación a los tres municipios indígenas de reciente creación.

La legisladora, quien es Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó este miércoles en sesión ordinaria de pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que señala que el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, ha sido objeto de tres reformas desde su creación en 2012.

Sin embargo, tales reformas fueron llevadas a cabo sin una congruencia lógica con el texto inicial creado por el legislador, anexando únicamente un cuadro adicional de las comunidades que se agregaban, sin tomar en cuenta el orden alfabético y la coherencia con el cuadro inicial, resultando así, un Catálogo un tanto confuso y desordenado.

Además, no contempla aún a los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla, “los cuales desde el momento de su creación cuentan con el reconocimiento pleno de estar conformados en su totalidad, por comunidades indígenas”, indicó.

La diputada Erika García explicó que ante la falta de armonización legislativa, los municipios citados se encuentran aún en el Catálogo contemplados dentro de los municipios de los cuales se escindieron, existiendo entonces, una incompatibilidad  entre su contenido y la actual composición política de  nuestro estado.

“Consecuentemente esta propuesta busca por un lado dar claridad a la ciudadanía en el momento de consultar el Catálogo, al tiempo que armoniza su contenido con los cambios derivados de la creación de tres nuevos municipios, es decir, resulta por demás evidente que tales municipios creados son entidades públicas de pleno derecho, y por consiguiente se desprende que este Órgano Legislativo tiene la obligación de armonizar las diversas leyes que conforman nuestro marco jurídico”, apuntó.

Tras precisar que su iniciativa no prevé la inclusión de más comunidades, sino solo ordenar las ya existentes, expuso que no debe pasar desapercibido que en su mayoría las personas que consultan este Catálogo pertenecen  a un sector vulnerable de nuestra sociedad, y lo hacen precisamente con el objetivo de identificar si su comunidad se encuentra contemplada como indígena.

Ante ello, “es importante recalcar una vez más, la importancia de que este instrumento jurídico sea de fácil comprensión  y maneje una lógica en su estructura que le permita a cualquier ciudadano  una fácil consulta”.

La propuesta de la diputada Erika García Zaragoza fue remitida para su análisis y dictamen a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas del Congreso del Estado.

El Congreso del estado no ha sido notificado de ningún recurso de impugnación promovido en contra de los procedimientos iniciados en febrero pasado para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), aseguró la diputada panista Dalila Morales Sandoval.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la próxima semana analizarían el formato que se aplicará para las comparecencias y entonces se conocería si existe un juicio de amparo promovido por algún ciudadano.

Lo anterior, luego de la declaración que hizo el martes pasado el abogado Miguel Ángel Rosete Flores, quien aseguró que impugna las dos convocatorias emitidas por el Congreso del estado para los nombramientos de los magistrados.
"Es un tema que se tendrá que analizar en la Junta Política y también con el área jurídica para específicamente (conocer) cuál es la situación, cual es el reclamo que se está generando el abogado, si es que existe tal juicio, y proceder en lo que sea procedente en el tema de la legalidad", declaró.

La legisladora aseguró que el Congreso del estado ha cuidado los procedimientos desde que se emitieron las convocatorias y con base en ello descartó que pudiera registrarse algún problema que obligue a detener los nombramientos en el TSJ y en el TJA.

El jueves, la Junta Política y de Gobierno dio a conocer los nombres de los 39 aspirantes a las dos magistraturas del TJA y 102 para las del TSJ, a una semana del cierre de registro.

Aduce diputado que se revisarán nuevamente los dictámenes aprobados hace un mes.

La aprobación de las leyes de ingresos municipales para el presente ejercicio fiscal se postergar una semana más, a fin de realizar una revisión a los dictámenes aprobados hace un mes y en los que se contemplaban diversos incrementos, informó el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez,.

De acuerdo con el legislador del Partido Encuentro Social (PES) algunas de sus homólogas, durante la pasada reunión de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, hicieron observaciones a los dictámenes que serán revisadas en las próximas horas, cuando sesione la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Aunque no señaló con claridad si las observaciones se hicieron en contra de los aumentos en el cobro de servicios e impuestos municipales para este año, el diputado señaló que sí tiene que ver con algunos ajustes en los conceptos de derechos.

Tanto las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) como del  Revolucionario Institucional (PRI) se habían opuesto a aumentos en los conceptos municipales.

Galindo Cortez señaló que se prevé que la próxima semana, finalmente, se presenten ante el Pleno del Congreso del estado los dictámenes de las leyes de ingresos municipales.

No obstante, se adelantó que no se aprobarían las 36 leyes, pues se dejaría fuera a la del ayuntamiento de Yautepec, que tendría que aplicar el cobro de derechos e impuestos bajo los mismos conceptos del ejercicio fiscal anterior.
Este jueves, los diputados locales fueron convocados por la Mesa Directiva a una sesión ordinaria, aunque hasta el momento se desconocen los temas que se abordarán.
El vicepresidente de la Mesa Directiva aseguró que la intención de la mayoría de los diputados es avanzar en el rezago legislativo.

Todavía está pendiente la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios.

Los diputados locales aprobaron la cuenta pública del Congreso del estado correspondiente al  2020, tras cuatro semanas de discusión entre las fuerzas políticas que mantenían paralizado el trabajo legislativo.
Este martes, finalmente, los integrantes de la LIV Legislatura desahogaron todos los puntos integrados en el orden del día de la primera sesión  de su último período ordinario, como los informes de las cuentas públicas del último trimestre y la anual del 2020.

Aunque no se hizo público de qué forma se ejercieron los recursos financieros del 2020, los diputados avalaron el acuerdo emanado del Comité de Vigilancia.
El  diputado José Casas González fue el único que hizo pública su postura y en tribuna manifestó que le daba un "voto de confianza" a los diputados que integran el citado comité.
La aprobación de la cuenta pública 2020, derivado del informe que emitió la Mesa Directiva que presidió el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez -previo a su renuncia en enero pasado- permitirá a los legisladores abrir una nueva sesión ordinaria en la que se prevé la aprobación de las leyes de ingresos municipales.

Aunque los diputados no han logrado acuerdos para nombrar a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, se ha informado de manera extraoficial que también podrían concretar acuerdos para designar a los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al auditor general del estado, nombramientos que están pendientes desde el 2019.

El ex director jurídico del Congreso se deslinda de supuestas omisiones en su desempeño.

A dos semanas de su renuncia como director jurídico del Congreso del estado, Gerardo Florentino Galindo Durán se deslindó de los señalamientos en su contra por supuestas omisiones en su responsabilidad que llevaron a que el Poder Legislativo perdiera decenas de juicios.

Este lunes el exfuncionario ofreció una rueda de prensa para desmentir las acusaciones que hicieron en su contra legisladores locales, por supuestamente haber permitido que el juicio de procedencia en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro se detuviera por una determinación judicial, así como de haber sido el responsable de que se perdieran los juicios de amparo promovidos por exservidores públicos de la administración de Graco Ramírez que hoy gozan de una "pensión dorada", entre otros casos.

Galindo Durán afirmó que los juicios de amparo que perdió el Congreso del estado y que dieron validez  a las pensiones onerosas eran "casos perdidos", a raíz de supuestas irregularidades en los procesos de abrogación cometidas por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social que entonces presidía la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

A la misma legisladora la acusó de hostigarlo, cuando aseguró que fue Rodríguez Ruiz la que lo colocó en la Dirección Jurídica y no su sobrino el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez.
No obstante, admitió que sí hubo dilación en la presentación de los informes que requirió el Juzgado Quinto para analizar el caso del diputado Marcos Zapotitla Becerro y que llevaron a que se le otorgara una suspensión definitiva para detener el juicio de procedencia en su contra.

En un primer momento, el exdirector afirmó que existe un encargado de atender los juicios de amparo y que es el subdirector Jurídico el que debe estar atento a ese trabajo y  no él como director.
Sin embargo, Florentino Galindo Durán corrigió posteriormente y aseveró que existen los acuses de recibo presentados ante el Juzgado que prueban que no se cometió ninguna omisión.
Finalmente, afirmó que está analizando proceder legalmente por el hostigamiento y la difamación de la que supuestamente ha sido víctima, ya que le ha afectado en su carrera como abogado, situación que lo llevó a ofrecer una rueda de prensa y ofrecer su versión acerca del desempeño que tuvo en el Congreso del estado.

El Congreso local defiende cifra asignada al Impepac.

Ante el juicio electoral que promovió el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo por la negativa a otorgar una ampliación presupuestal, diputados locales afirmaron que hicieron "lo que correspondía" en la aprobación del presupuesto 2021.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definirá si la pretensión del órgano electoral está bien fundamentada.

Sin embargo, admitió que de un análisis hecho por el Poder Ejecutivo se determinó asignar 75 millones de pesos como presupuesto extraordinario para el Impepac, cifra que los consejeros electorales rechazaron.
"Creíamos que sí era necesario un aumento del presupuesto, pero no por la cantidad solicitada. Ya será el Tribunal el que determine lo que sea necesario", manifestó.

Por su lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Ariadna Barrera Vázquez, sostuvo que como legisladores "hicimos lo que correspondía" , que los 179 millones 352 mil pesos asignados para el Impepac en este 2021 es el mismo monto que se ejerció en el 2018, cuando se llevaron a cabo elecciones para gobernador,  diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.

En este contexto, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el que resuelva si se cometió alguna falta por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, al no autorizar más recursos para el órgano electoral.

Dice que no justifica evitar atender los asuntos pendientes del Legislativo.

No hay parálisis legislativa en el Congreso del estado, aseguró la diputada panista Dalila Morales Sandoval, quien aseveró que sólo existe falta de disposición de algunos de sus homólogos para resolver los temas que interesan a la sociedad, con el fin de presionar para la designación de un presidente de la Mesa Directiva.

La legisladora manifestó que la falta de un presidente de la Mesa Directiva no debería ser pretexto para no desahogar los temas pendientes desde diciembre pasado, ya que la Ley Orgánica del Congreso del estado permite al vicepresidente, José Luis Galindo Cortez, asumir dicha responsabilidad.

Sostuvo que está a favor de que una mujer presida la Mesa Directiva, sin embargo, refirió que el diputado que quiera esa representación debe buscar los consensos para lograr los 14 votos que se requieren para el cargo.
"Hoy, no hay parálisis. Si no hay un presidente la misma reglamentación del Congreso permite que el vicepresidente pueda subir en funciones de presidente, y así podemos sacar adelante los temas pendientes desde diciembre. En esa misma situación vamos generando los consensos para una presidenta o presidente que logre los consensos", manifestó la diputada.

La postura de la diputada se dio a raíz del llamado que hizo un grupo de 10 diputados para nombrar a una legisladora como presidenta del Poder Legislativo, ante la supuesta intención del Partido Encuentro Social (PES) de permanecer al frente con el legislador José Luis Galindo Cortez.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró que mientras no se logren los acuerdos de mayoría, los trabajos del Congreso no pueden detenerse.
"La gente nos demanda en el tema de salud, seguridad, economía, los congresistas deberíamos estar enfocados en atender esos problemas", declaró.

Concluye plazo de registro de aspirantes.

El Congreso del estado concluyó con el registro de aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con una participación de aproximadamente 150 abogados.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) Ariadna Barrera informó que la próxima semana convocará a una reunión con las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias para revisar los expedientes y proceder a la etapa de comparecencias.

Sin embargo, admitió que la parálisis legislativa que existe en el Congreso del estado, derivado de un conflicto entre las fuerzas políticas, retrasará la designación de los seis magistrados en el Poder Judicial.
"Complica un poco esta parálisis. La Junta ha caminado y ha hecho su trabajo con las compañeras legisladoras, para quienes también es prioritario este proceso, ya se verá más tarde si se contará con la disposición para avanzar en esta designación", manifestó.

El Congreso del estado abrió la convocatoria para nombrar a cuatro magistrados del TSJ y dos del TJA.
Previo al cierre de registro, cerca de 90 abogados se habían registrado para el TSJ y aproximadamente 40 para el TJA, de acuerdo con lo informado por la presidenta de la Junta Política y de Gobierno.

De conformidad con lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso de Morelos recibió este día el Segundo Informe de Gobierno del Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

El documento fue remitido por el mandatario a través de la secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, Monica Boggio Tomasaz Merino, y recibido a nombre del Congreso del Estado por el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado José Luis Galindo Cortez, quien se encuentra en funciones de presidente.

Al recibir el libro que contiene el Segundo Informe de Gobierno, el diputado Galindo Cortez destacó que de esa manera se cumple oficialmente con la obligación del mandatario estatal en cuanto a informar a los morelenses de las labores de su administración.

Además, anunció que de inmediato giró instrucciones para que el Informe de Gobierno se haga llegar a las 20 diputadas y diputados que integran la LIV Legislatura del Congreso del estado de Morelos.

El vicepresidente de la Mesa Directiva destacó que será en el marco de la Junta Política y de Gobierno, integrada por los coordinadores de todos los grupos y fracciones parlamentarias, donde se analice y determine si se solicita al Poder Ejecutivo la comparecencia de los titulares de las diversas dependencias, a fin de que amplíen lo referente al Informe.

“Como lo mandata la ley, recibimos el Segundo Informe de Gobierno del ciudadano gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el cual será turnado a todos y cada uno de los diputados y diputadas de este Congreso para su análisis y poder hacer la glosa del mismo y a su vez la Junta Política y de Gobierno que preside la diputada Ariadna Barrera Vásquez, determinar las fechas para las comparecencias de los secretarios de Despacho de este gobierno”, precisó.

El diputado Galindo Cortez anunció que todos los legisladores recibieron su copia del documento.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ante el Congreso del estado su segundo informe de gobierno.  El vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, adelantó que a más tardar en la primera semana de marzo iniciarán las comparecencias de los secretarios de despacho para la integración de la glosa del documento.

La secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino, en representación del titular del Ejecutivo, entregó el informe de los resultados del último año de la administración pública estatal.
El diputado pesedista José Luis Galindo Cortez explicó que este mismo viernes fue entregada a cada uno de los 20 legisladores una copia del informe de gobierno.

Aseguró que es prioritario que los 14 secretarios de despacho se presenten ante el Congreso del estado a rendir cuentas, para que se pueda integrar la glosa del informe.
Indicó que se reforzarán las medidas de seguridad sanitaria para evitar que dichos encuentros se convierten en un "foco de contagio" ante la pandemia de covid-19.
Adelantó que presentará ante la Junta Política y de Gobierno (JPyG) una propuesta sobre el protocolo a seguir durante el desarrollo de las comparecencias.

"Tendrá que presentarse sólo el secretario y dos asesores máximo, será la propuesta que un servidor hará para garantizar la seguridad sanitaria de los diputados y de los funcionarios", declaró.
Actualmente, el Congreso del estado mantiene restringido el acceso a la ciudadanía, pues Morelos se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de covid-19.  Sin embargo, las sesiones ordinarias de Pleno se han desarrollado de manera presencial y así se pretende ahora con las comparecencias de los integrantes del gabinete estatal.

Acatan sentencia de amparo favorable a Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez.

El Congreso del estado validó la reinstalación en el cargo de los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, cuyos espacios fueron creados por la anterior Legislatura.

Durante la sesión ordinaria de Pleno, este jueves, los diputados abrogaron el decreto por el que se dejó sin efectos los nombramientos de los dos comisionados en agosto del 2019, en cumplimiento a la sentencia de un juicio de amparo.
Los cuestionados comisionados deberán ser reinstalados en el cargo de forma inmediata.

Los nombramientos de Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez se concretaron en julio del 2018, semanas antes de que concluyera la LIII Legislatura. Fueron creados mediante una reforma a la Constitución Política del Estado para favorecer a Roberto Yáñez, padre del ex diputado Julio Yáñez, y a Marco Antonio Alvear, allegado al ex legislador Mario Chávez Ortega.
Hasta antes de la citada reforma, el IMIPE estaba integrado por tres comisionados.

Gerardo Florentino Galindo Durán es acusado de ser responsable de que el Congreso local perdiera decenas de juicios.

Gerardo Florentino Galindo Durán, acusado de ser el responsable de que el Congreso local perdiera decenas de juicios,  renunció a su cargo de director jurídico del Poder Legislativo.
Galindo Durán presentó su renuncia con "carácter de irrevocable" el miércoles 10 de febrero, tras la petición que presentaron de manera formal los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que fuera dado de baja.

El lunes pasado, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, acusó al hoy ex director jurídico como el responsable de que el Congreso del estado fuera señalado como omiso por el Juzgado Quinto de Distrito por no responder en tiempo a los informes solicitados para resolver el juicio de amparo que promovió el diputado Marcos Zapotitla Becerro para impedir su desafuero.
De acuerdo con Casas González, dicha omisión provocó que su homólogo obtuviera la suspensión definitiva para evitar que la comisión a su cargo emitiera un dictamen con respecto al juicio de formación de causa, por lo que no podrá ser separado del cargo para que enfrente sin fuero la denuncia en su contra por el delito de violación.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz declaró la semana pasada que ex director jurídico es un caso de nepotismo en el Congreso local, pues a pesar de las graves responsabilidades en las que incurrió desde el 2019 a la fecha, permaneció en el cargo por ser familiar del vicepresidente de la Mesa Directiva.

Aseguró también que omitió responder al juez Quinto de Distrito sobre el juicio de amparo a favor de Zapotitla Becerro para proteger al cuestionado legislador.
Otros casos más recientes que perdió el Poder Legislativo fueron los juicios de amparo que promovieron los comisionados Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, para ser reinstalados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE),  a pesar de las irregularidades bajo las cuales recibieron sus nombramientos por la LIII Legislatura.

A lo anterior, se suman los más de 40 juicios de amparo que el Congreso del estado perdió en el proceso para anular las llamadas "pensiones doradas" que hoy se pagan por el gobierno del estado a favor de ex colaboradores del gobierno de Graco Ramírez y de los exdiputados de anterior legislatura.

El Congreso no podrá ponerla a concurso conforme a convocatoria emitida.

El Congreso del Estado no podrá designar una de las dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) conforme a la reciente convocatoria lanzada, ya que está en litigio ante la justicia federal.  

De acuerdo con la demanda de amparo 1102/2020, radicada en el Juzgado Sexto de Distrito, el ex magistrado del TJA Jorge Alberto Estrada Cuevas impugnó el acuerdo de Pleno del tribunal administrativo emitido el 26 de noviembre del 2020, que determinó su cese y baja como magistrado adscrito a la Tercera Sala, luego de que un tribunal colegiado -conforme a la sentencia del Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el periodo único de 14 años- revocó el amparo concedido inicialmente para su permanencia en el cargo por 20 años.

En su demanda de garantías, argumentó que fue magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el 14 de diciembre de 2011, fue designado magistrado propietario del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que Carlos Iván Arenas Ángeles presentó su licencia definitiva como magistrado propietario del TCA, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Alegó que, conforme a las reformas a diversos artículos de la Constitución local y, particularmente al artículo 109 Bis, se estableció que los magistrados integrantes del ahora TJA durarían en su cargo 14 años, contados a partir de su protesta constitucional.

Por lo tanto, refirió el quejoso, al haber rendido protesta como magistrado propietario el 14 de enero de 2011, su periodo constitucional de 14 años en el cargo concluye de manera definitiva hasta el 14 de diciembre de 2025.

El Juez Sexto de Distrito concedió la suspensión provisional para que no surtiera efecto el cese de funciones, solo si el acto no había sido consumado. En virtud de que el acuerdo de Pleno impugnado fue emitido el 26 de noviembre y la suspensión fue concedida hasta diciembre, la medida cautelar no tiene aplicación.

Sin embargo, el juez de distrito también concedió la suspensión temporal para que el Congreso no designe magistrado o magistrada, únicamente por lo que toca a la vacante de la Tercera Sala del TJA.

“En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: No se ejecuten o materialicen los efectos del acuerdo plenario número ********* de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en contra del quejoso, ************, en relación con las funciones que desempeña como Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y aspectos inherentes al cargo, y sin suspender el procedimiento que derive de la convocatoria que, en su caso, se haya expedido, para la designación de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sustitución del quejoso, se abstenga de determinar la persona que deba ocupar dicho cargo, es decir, prescinda de designar al Magistrado respectivo. Todo lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en este incidente.

“En la inteligencia de que la presente medida suspensional no surtirá efectos si los actos reclamados ya fueron ejecutados, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios”, estableció el acuerdo del juez de distrito.

Debido a la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, fue diferida la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, pero prevalece la medida cautelar provisional.