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El Poder Judicial del estado reinicia actividades jurisdiccionales.

La vocera del Colegio de Postulantes del Estado de Morelos, Norma Delgado Díaz, lamentó que Morelos esté en el último lugar del ranking nacional como el sistema de justicia más rezagado en modernización y digitalización de sus servicios.

Dijo que está parcialmente conforme con las condiciones en las que hoy el Poder Judicial del Estado de Morelos reinicia actividades jurisdiccionales, pues la admisión y desahogo de asuntos será muy lenta.

Indicó que otras entidades, donde también litigan muchos abogados morelenses, cuentan con servicios digitales que durante la pandemia han permitido dar continuidad a los asuntos judiciales, pero lamentablemente Morelos está rezagado en la modernización y aplicación de las tecnologías de la información para hacer frente  a  los retos de la “nueva normalidad”.

Dijo que el Poder Judicial local reaccionó lento y tarde a los nuevos retos, aunque también reconoció que la falta de reformas legislativas y la asignación de recursos para la modernización del sistema de administración de justicia es uno de los factores que mantiene a Morelos en el último lugar en el ranking nacional por el rezago en la digitalización de servicios.

Instó al Congreso local para que a la brevedad posible realice las adecuaciones legislativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y reasigne recursos, para que se pueda avanzar en la modernización de los trámites y servicios que ofrecen los diversos tribunales, ya que Morelos no puede seguir más en el rezago.

Por lo pronto, el Tribunal Superior de Justicia reiniciará hoy actividades a puertas cerradas únicamente con el 30 por ciento de su personal, mientras que el resto de los trabajadores laborarán desde sus casas, y la reanudación de plazos y términos procesales será a partir del 17 de agosto.

Durante los próximos 15 días se llevará a cabo la organización de las publicaciones y notificaciones de todos los acuerdos y sentencias que se emitieron durante el tiempo que duró la suspensión de labores para evitar aglomeraciones, y se determinará la metodología y logística para el ingreso seguro de los abogados litigantes y público en general a esta nueva normalidad.

También se realizará la organización, capacitación, captura documental y puesta en marcha del Sistema Electrónico de Autoconsulta De Expedientes (SEAE), para consulta de los acuerdos y resoluciones que se dicten en los procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales, únicamente con fines informativos.

También se habilitarán las listas de acuerdos digitales con código de respuesta rápida (QR) en las secretarías y actuarías de los órganos jurisdiccionales, en sustitución de las listas físicas para consulta del público en general.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial a través de un comunicado.

Abogados independientes se manifestaron este viernes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la reactivación de labores, al sostener que no puede seguir la parálisis en el Poder Judicial. Atribuyeron la inactividad a las diferencias políticas entre magistrados.  

Los litigantes de distintas regiones del estado señalaron que la información más reciente indica que se van a reanudar actividades parcialmente en los juzgados, pero a puerta cerrada. 

Esto quiere decir, expusieron, que únicamente se van a recibir demandas y promociones, pero no van a acordar, no van a tener atención al público ni trabajar, al menos durante las dos primeras semanas de agosto. 

Lo anterior, a pesar de que ya van cuatro meses de pandemia y no obstante que, en otros estados, los tribunales ya están funcionando, muchos por vía digital.  

Los abogados insistieron en que no puede seguir parada la impartición de justicia, pues ya hay daños graves como aquellos casos en los que está detenido todo proceso judicial y los padres en separación no pueden ver a sus hijos, o en otros casos hay familias que no reciben pensión alimenticia porque si no se cumple con los depósitos no hay quien los obligue, entre muchos asuntos que son delicados.  

Los profesionales del Derecho manifestaron que desde hace más de un mes presentaron a la presidencia del TSJ un pliego petitorio en el que solicitaron que se reactivaran las labores de forma híbrida: a puerta cerrada para que hagan acuerdos y resoluciones y otra parte abiertas para la atención a la ciudadanía con las medidas sanitarias correspondientes.  

“Sabemos que aquí en Morelos de fondo hay un asunto político de divisiones entre los …  pero ya basta que se vulneren derecho por intereses fugaces y de grupos”, aseveraron los inconformes.  

Los tribunales de Morelos también ofrecerán servicio a partir del lunes.

“La actual Legislatura tiene una oportunidad histórica para sentar las bases de un Poder Judicial digno de los morelenses, y para ello debe escoger muy buenos perfiles de magistrados”.

“El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) llegó a sus máximos niveles de corrupción, tocó fondo, durante la administración de María del Carmen Verónica Cuevas López; tenemos ahora una oportunidad histórica para recomponerlo”. Así lo dice Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ de Morelos.

El 14 de julio circuló en redes sociales y en los portales de noticias la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) por la cual se declaró nulo el Decreto 1613 del gobierno del Estado de Morelos que extendió de 14 años a 20 el periodo en el cual los magistrados podrían permanecer en el cargo (antes de ello, los magistrados duraban seis años, al concluir eran sometidos a revisión por los diputados y podrían ser ratificados por un segundo periodo de ocho años). La consecuencia inmediata de esta resolución contenida en el expediente 20/2017, es que los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Verónica Cuevas López y José Valentín García; Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz deberán dejar sus lugares para que sean ocupados por magistrados nuevos, elegidos por el Congreso del Estado.

PAGO DE FAVORES

Esta extensión en el encargo, para Carlos Iván Arenas, fue un capricho del poder, resultado del pago de favores del entonces gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu al grupo de María del Carmen Verónica Cuevas López. La utilidad práctica era blindar a Graco Ramírez de un probable juicio político o denuncias penales en su contra y atacar al actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que esta extensión del poder ocurrió en el momento en que éste era alcalde de Cuernavaca sujeto a juicio político y fuerte aspirante a la gubernatura del estado. Desde luego, hubo complicidad con los diputados que integraban la LIII legislatura.

Vale la pena transcribir el fragmento del Decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, declarado nulo por la Corte:

“Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan protesta constitucional y solo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta Constitución y las Leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.” “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA.- Los Magistrados que se encuentren en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al hacerse la declaratoria a la que se refiere la disposición transitoria primera, por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes.”

Al día de hoy y de acuerdo con el director General de Análisis Estratégico de la Gubernatura, Gerardo Becerra Chávez Hita, hay tres denuncias formales en contra de Graco Ramírez. Otras más se interpusieron por los diputados actuales en contra de las ex legisladoras Beatriz Vícera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.

EL TRIBUNAL TOCÓ FONDO

Según Arenas Ángeles, durante esa época al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas hizo y deshizo a su antojo.

Estos seis años hubo exceso y un abuso del derecho y del cargo, algo que no debe ocurrir en la casa de quienes imparten justicia. Ocurrieron casos de nepotismo, de corrupción y de excesos en la función del ejercicio público.

El entrevistado relata que cuando a petición de la magistrada María del Carmen se extinguió el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control de la decisión interna del propio Poder Judicial, no hubo quien ejerciera un control a ella y a su grupo.

Otro caso fue el del actual presidente del Tribunal, Rubén Jasso Díaz. Ejerció el cargo cerca de ocho años como magistrado consejero, cuando la propia Constitución establece que debe durar seis años.

Así, en el momento en que termina el periodo la magistrada presidenta nombra como contralor interno a un afín a su grupo, Rodolfo Barrio Morales, esposo de la magistrada Elda Flores León, pero como ésta representaba a los magistrado en el Consejo de Administración del Tribunal ocurre un conflicto de intereses porque el contralor interno es el encargado de vigilar la actuación del tribunal.

María del Carmen Verónica Cuevas también permitió que su hermano fuera nombrado asesor.

Según el entrevistado, como en cualquier organismo o institución, en el Tribunal ha habido divisiones. La diversidad de opinión a veces llega a separar los grupos, hay quienes no entienden que forman parte de un órgano colegiado y que tus opiniones pueden ser diferentes a las de su compañero, pero en el TSJ estas diferencias rompieron los límites:

“Yo lo señalé, no podemos jactarnos de decir que hay una carrera judicial, cuando los nombramientos de los jueces los haces de manera contraria a lo que establece la Constitución. En todo el periodo de administración de la magistrada Cuevas, no hubo una elección o designación de jueces a través de un examen de concurso de oposición, como lo marca la Constitución. Son designaciones de manera directa y eso afecta a la autonomía y a la independencia del juez, porque su jefe será la presidenta o el magistrado que lo propuso, no tendrá una libertad; en cualquier momento que le pida un favor o algo pues va a acceder. Hay 11 jueces que están siendo investigados por sus presuntos nexos con la delincuencia, uno está ya siendo procesado.

Arenas Ángeles dijo que este periodo de extrema corrupción debe de quedar como un ejemplo que sacuda y se cimbre la estructura del Poder Judicial, y ojalá y pueda caber este resultado en la reflexión para cambiar la actitud de quienes están todavía en el Tribunal, y para quienes llegan que sepan que hay un límite, que sepan que lo importante es cumplir y hacer valer la Constitución. Están en esa parte donde ya tocó fondo la institución, no puede caer más. A partir de estos nombramientos tiene que haber una nueva forma de gobernar dentro del Poder Judicial.

“El poder empobrece el alma, y estos excesos son el resultado de la ambición del poder. Nos hemos apartado muchos de los magistrados de los valores y de los principios éticos, que son un elemento esencial para la función que nosotros desempeñamos, nos hemos apartado de esas virtudes que como juzgadores debemos aplicar. Ésta es una invitación a la reflexión. No es lo mismo que concluya tu cargo, a que te cesen. Ellos están siendo cesados”, explicó.

LA CONVOCATORIA

En el transcurso del mes de agosto el Congreso deberá lanzar la convocatoria, que debe ser abierta, para la elección de los nuevos magistrados. En términos de lo que establece el último capítulo la Ley Orgánica del Congreso y de lo que ordena la Constitución, existe una disposición de paridad de género.

Según el entrevistado, la convocatoria, además, debe ser transparente; los medios de comunicación, actores políticos, los magistrados, jueces, la sociedad, la comunidad jurídica, el sector empresarial, deben ser garantes, en el sentido de vigilar que se elija a los mejores perfiles.

QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER LAS NUEVAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS

“El juez tiene que ser un buen ser humano, una buena persona, y si sabe de derecho, mejor”, aseguró Carlos Iván Arenas Ángeles.

Y explicó que tiene que ser una sangre buena, una sangre sana, porque el cuerpo ha tenido un proceso de cáncer, está enfermo y necesita una transfusión de una sangre no sólo que sea afín al cuerpo, sino que tenga todos los nutrientes, con todas las proteínas, con todo lo que requiera para dar un nuevo cuerpo, vigoroso, impetuoso, que fluya bien por la cabeza, en sus órganos, para que se pueda actuar de manera diferente.

EL FORO DE ABOGADOS PODRÍA APORTAR BUENOS PERFILES

Carlos Iván Arenas afirmó que el foro estatal de abogados es una agrupación que puede aportar mucho a la institución, ahí se pueden encontrar muy buenos perfiles. El litigante es el que sufre, es el que se tiene que estar peleando con el actuario, con el secretario, con el juez, dicen que a veces no te peleas con tu contraparte, sino con el juez. Entonces, creo que esa sensibilidad que pueda tener el litigante puede aportar mucho en las funciones de un magistrado o un juez.

Pero también puede haber académicos que toda su vida se han entregado a enseñar y hay jueces que tienen toda su experiencia y que merecen un espacio para poder llegar a esos escaños, para poder darle un reconocimiento a la carrera judicial.

Insistió en que para el cargo de magistrado hace falta algo más que tener un buen currículo: “de nada sirve que tengamos a un juez con toda la experticia, y todo el conocimiento del derecho, sí es una mala persona”.

LLAMADO AL CONGRESO

El llamado a los legisladores, de acuerdo con el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, es a que al momento de decidir elijan a los mejores, que revisen el cumplimiento de los requisitos que exige la ley, que evalúen no sólo el conocimiento, sino el perfil de la calidad humana de los nuevos magistrados. Los diputados tienen en sus manos el futuro de la justicia en Morelos, concluyó.

RUBÉN JASSO

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, aseveró que mientras se emite la convocatoria, que es facultad del Poder Legislativo, el Tribunal no perderá continuidad en sus labores, seguirá funcionando y no habrá rezago. En algún momento llegaron a faltar seis magistrados, pero las ausencias se cubren con los que integran el Pleno.

“La próxima semana se convocará a sesión de Pleno y se puntualizarán algunos aspectos de la resolución de la Corte, además, se analizará la posibilidad de reapertura de los tribunales, dependiendo del color del semáforo epidemiológico”, anunció.

LAS OTRAS VOCES: EL FORO MORELENSE DE ABOGADOS

Pedro Martínez Bello, abogado litigante y presidente del Foro Morelense de Abogados coincidió en que la LIV Legislatura el Congreso del Estado tiene en sus manos esta oportunidad histórica de darle un giro no sólo al TSJ sino a todo el Poder Judicial, siempre que quienes se elijan sean los mejores perfiles, es decir, no solamente que cumplan con los requisitos de ley, sino que tengan las capacidades y conocimientos para abonar a una mejor administración de la justicia, que hoy por hoy debe ser modernizada.

Estuvo de acuerdo en la afirmación del magistrado Carlos Iván Arenas en el sentido de que en el foro estatal de abogados hay buenos perfiles para ocupar las magistraturas faltantes del Tribunal:

“En el Foro, que está integrado por litigantes, docentes, líderes de organizaciones de abogados e independientes, tenemos los mejores perfiles, sin duda. Además de que nos dedicamos al litigio a a la academia, hemos tenido experiencia en la administración pública y en la carrera judicial; asimismo, nos estamos actualizando constantemente porque el derecho es cambiante y las necesidades de nuestros clientes así lo exigen. Tenemos en nuestras manos, el patrimonio o la libertad de nuestros clientes y tenemos que conocer para que podamos hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. Conocemos, además, cómo funciona el sistema judicial desde que se emite una resolución haya que se notifica o ejecuta; sabemos los problemas prácticos, en resumen, conocemos a fondo la problemática y tenemos propuestas para solucionarla”.

Un ejemplo de esto, relató, es la digitalización de los juicios. Desde hace más de dos años el Foro Morelense ha insistido en que se debe trabajar a distancia en muchas de las partes de un proceso, ya que esto ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo y permitiría a los actuarios, secretario, jueces y magistrados tener más tiempo para estudiar y resolver de una manera más efectiva. Y desde luego que los justiciables se beneficiarían.

En la situación actual de suspensión de labores por más de tres meses, por las medidas de seguridad que se deben aplicar para evitar contagios por covid-19, no sólo ha resultado perjudicada la sociedad que reclama un derecho y espera que los jueces y tribunales le resuelvan, sino los litigantes, que estamos atados de manos porque las actuaciones son presenciales. Si desde hace tiempo se hubiera comenzado con la digitalización, como ocurre en la Ciudad de México y Nuevo León, Morelos sería un ejemplo en el mundo, pero ocurre todo lo contrario, somos el estado que tiene más atraso en este tema.

LA LEGISLATURA

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, por su parte, aseveró que en la selección y elección de los nuevos magistrados serán objetivos y muy congruentes con la decisión que lleguen a tomar.

“Los diputados no hemos platicado este asunto. Vemos que tenemos que llegar a diálogos, a debates y consensos, son demasiados nombramientos, y el tiempo nos va a apremiar. Tendremos que legislar sobre la paridad y tendremos que vigilar que se cumpla”, expuso.

Por su parte, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que se debe proceder con mucha cautela en la designación. Los aspirantes deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley, deben tener la capacidad para ocupar el puesto y no debe haber duda sobre su actuar:

“Seguros estamos de que vamos a tomar estas decisiones no por un interés o tinte político, sino se va a elegir a las mujeres u hombres que tengan la capacidad para desempeñar un cargo de esta naturaleza. Y estamos abiertos a escuchar al gremio de los académicos, a los que han hecho carrera judicial y con los propios litigantes”. Como Legislativo, Sotelo Martínez, argumentó que son un Poder y respetan a los demás poderes, no deben tener injerencia en los demás. La autonomía de cada una no debe ser vulnerada.

“Hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial, pero confiamos en que ellos tienen la capacidad de reorganizarse, de desarrollar las estrategias necesarias para dar lo mejor de sí. Nosotros, respetuosos de la autonomía de cada uno de los poderes, habremos de cuidar ese proceso de selección y que sean las mejores mujeres y los mejores hombres quienes puedan estar al frente de estos cargos”, puntualizó.

“Hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial, pero confiamos en que ellos tienen la capacidad de reorganizarse, de desarrollar las estrategias necesarias para dar lo mejor de sí”.

ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ

DIPUTADO LOCAL

Escultura de Themis, en la sede del TSJ.

“Vemos que tenemos que llegar a diálogos, a debates y consensos…”

ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ

DIPUTADA LOCAL

Graco Ramírez, en ceremonia solemne en el Congreso del estado en 2016.

Graco Ramírez y Verónica Cuevas, el 17 de abril de 2018.

Revocaron la suspensión que la mantuvo unos días más como magistrada del TSJ.

María del Carmen Cuevas López quedó fuera del Poder Judicial, luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito del Decimoctavo Circuito revocó la suspensión que la mantuvo solo por unos días más en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En acatamiento a la sentencia del 13 de julio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la ampliación del periodo de los magistrados a 20 años, el juzgado federal dejó sin efecto la suspensión definitiva concedida, en el juicio de amparo 1311/2019 en septiembre de 2019, a Cuevas López para mantenerse en el cargo mientras se resolvía de fondo la legalidad o no de la extensión del periodo de los nombramientos de los magistrados.

Cuevas López fue designada magistrada del TSJ en el año 2005 y el 5 de julio de 2019 concluyó su periodo original de designación de 14 años. Sin embargo, se mantuvo en el cargo gracias al artículo tercero transitorio que la LIII Legislatura incluyó en la reforma constitucional, que modificó la estructura del Poder Judicial, para efecto de alargar, “por única ocasión”, el periodo de los magistrados en funciones.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos impugnó ante la SCJN la ampliación del periodo de los magistrados, a través de una acción de inconstitucionalidad y la LIV Legislatura emitió un acuerdo para dejar sin efectos el artículo transitorio.  A su vez, el Poder Judicial impugnó ante la SCJN el acuerdo legislativo. Hace unos días, el Pleno de la Corte resolvió ambos asuntos y decretó la invalidez de la extensión del periodo.

De inmediato, la sentencia de la SCJN fue notificada a los tres Poderes del Estado y posteriormente se informó a los jueces de distrito que, en términos de la Ley de Amparo, a la brevedad deben dejarse sin efectos las suspensiones otorgadas a los magistrados.

La primera en quedar oficialmente fuera del Poder Judicial fue Carmen Cuevas López, y así sucederá en los próximos días con cinco magistrados más del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, que en mayo pasado concluyeron su periodo de 14 años y cuyas suspensiones concedidas en sus juicios de amparo serán revocadas.   

En el momento procesal oportuno, los jueces de distrito también deberán sobreseer los 14 juicios de amparo promovidos por igual número de magistrados, que defendían la ampliación de sus periodos.

Vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa deben ser asignadas a mujeres, plantea.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró que el Congreso local debe privilegiar la paridad de género en el lanzamiento de las convocatorias para la designación de ocho magistrados y magistradas en los Tribunales Superior de Justicia (TSJ) y Justicia Administrativa (TJA).

Refirió que particularmente, las vacantes en el TJA, deben ser asignadas a mujeres, ya que en los últimos 14 años este tribunal ha sido integrado y dirigido exclusivamente por varones.

Arenas Ángeles, quien también fue magistrado y presidente del TJA, explicó que se requiere garantizar la designación de mujeres en las magistraturas, para lograr un equilibrio y dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 109 bis, párrafo quinto, de la Constitución local, con el fin de que el conjunto de reformas encaminadas a conseguir la tan ansiada equidad de género, sea efectivo y llevado a la práctica.

Sugirió replicar el modelo de convocatoria emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que asume eficazmente el compromiso con la paridad de género y prevé una selección exclusiva para juezas, basada en la figura jurídica denominada “acción afirmativa”, como medida de carácter temporal correctiva, compensatoria y/o de promoción, encaminada a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“Por tanto, el problema de la falta total de acceso al cargo de magistradas que hasta ahora prevalece en el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, puede tener como medida garante con perspectiva de género el presente procedimiento de designación, en el que la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos, en uso de la “acción afirmativa”, sea pionera en el garantismo de la paridad de género del Poder Judicial del Estado de Morelos, y en concreto, del que urge al Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, por ser un mandato constitucional”, recalcó. 

Recordó que también el Congreso local está obligado a cumplir con la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio 1290/2018-IV,  que otorgó la protección de la justicia federal a la parte actora, que alegó que la última convocatoria para la designación de dos nuevas magistraturas (lanzada en 2018) no cumplió con el principio de paridad de género.

Recalcó que también la designación de cuatro nuevos magistrados en el TSJ debe realizarse con paridad de género, conforme a lo previsto en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

En el TJA, estarán en juego cuatro de siete magistraturas, dos creadas en 2018 –las cuales quedaron acéfalas ante amparos promovidos contra la convocatoria lanzada por la anterior legislatura- y dos más, de magistrados que culminaron su periodo de 14 años el pasado mes de mayo y que, ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la extensión a 20 años el periodo de los juzgadores, dejan sus lugares vacantes.

En el caso del TSJ, también quedan vacantes cuatro magistraturas y, aunque la brecha de género es menor, también deberá considerarse la paridad de género en la asignación de magistraturas. Con la salida de Carmen Cuevas, Miguel Ángel Falcón, Valentín González y Rocía Bahena, el Pleno queda con seis mujeres y ocho hombres.

Señalan que tomarán carreteras si no abren el 3 de agosto.

Cuautla.- Integrantes de la Unión de Abogados Postulantes y Peritos Independientes de la región oriente del estado de Morelos dieron un ultimátum a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para abrir los juzgados, máximo el 3 de agosto; de lo contrario, tomarán acciones radicales como el bloqueo de carreteras y vialidades.

Aseguran que han sido tres meses de parálisis en el Poder Judicial que está afectando severamente a la sociedad que demanda la impartición de justicia, lo que ha provocado un grave rezago que será difícil de revertir y aunado a lo anterior, los magistrados se han tomado su periodo vacacional.

Señalan que mientras los demás sectores que se mantuvieron confinados por la contingencia sanitaria por el covid-19 han reanudado actividades, los magistrados anteponen sus intereses personales y se han ido de vacaciones.

“El Tribunal Unitario Agrario de Cuautla y Cuernavaca ya están laborando con sus medidas de seguridad, también la Junta de Conciliación y Arbitraje; los bancos, los comercios, los bares, tiendas de autoservicio ya están trabajando… Entonces, ¿por qué el Tribunal Superior de Justicia no va a laborar?”, reprocharon.

Aseguran que los intereses de los dos grupos de magistrados al interior del TSJ –quienes se disputan el control del Poder Judicial– siguen lastimando a la sociedad, violando su derecho a la impartición de justicia. Por lo que los llamaron a dejar de lado sus peleas y anteponer la vocación y la ética como abogados.

“Queremos manifestar nuestro malestar y enojo por la pugna que se está dando entre los magistrados, pero que por sus pugnas y pleitos que traen de no reconocimiento, una banda y otra están afectando a la ciudadanía… Conocemos a muchos de ellos; sabemos que algunos tienen conciencia de esto. Queremos decirles que por sus pugnas no pueden afectar a la ciudadanía y al gremio de litigantes; podrán pelearse ellos allá adentro, pero afectar a la sociedad es extremoso”, señaló Yesica Vargas, abogada postulante.

Reiteraron su advertencia de que de no hacer caso a su demanda de abrir los juzgados a más tardar el próximo 3 de agosto, tomarán carreteras y bloquearán calles en la ciudad de Cuernavaca. “Si tenemos que tomar carreteras de Cuernavaca y cerras calles, lo haremos para que nos hagan caso a nuestras peticiones”, aseguraron.

Su actuación invalidó el decreto que extendía a 20 años el plazo en el cargo de los magistrados.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) José Luis Galindo Cortés celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la norma transitoria por la que los actuales magistrados recibieron su nombramiento por 20 años y exhortó a los juristas que ya terminaron su periodo a que dejen el cargo de forma inmediata.
El legislador local, que promovió el acuerdo por el que en junio del año pasado el Congreso del estado suprimió el decreto que amplió la permanencia hasta 20 años de los magistrados y que se encuentra también en revisión de la Corte, sostuvo que "se hizo justicia" pues se podrá garantizar "pluralidad" en el Poder Judicial.
"Ganó Morelos. Habrá oportunidad para más personas, para gente joven y la impartición de justicia", añadió.
En este sentido, Galindo Cortés hizo un llamado a los magistrados del Poder Judicial cuyo periodo constitucional de 14 años ya  venció, para que dejen el cargo de forma inmediata y permitan que el Congreso inicie el proceso para designar a nuevos perfiles.
"Pronto tendrán que dejar el cargo quieran o no quieran. Me uno al llamado de que por ética personal tendrían que dejar el cargo inmediatamente", manifestó
Los magistrados que tendrán que dejar el cargo son: del Tribunal Superior de Justicia  (TSJ), María del Carmen Cuevas López, cuyo periodo culminó en julio de 2019;  Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Valentín González García, que venció en mayo pasado; así como Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que también terminó su responsabilidad en mayo.

María del Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz, Valentín González García, Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas culminaron ayer su estancia en el Poder Judicial por acuerdo de la Suprema Corte.

La Suprema Corte de Justicia anuló la reforma que amplió a 20 años el periodo de los magistrados, porque es “un beneficio injustificado”.

La expresidenta del TSJ, incondicional de Graco Ramírez, deberá dejar el cargo junto a cuatro de sus homólogos, lo que altera el equilibrio de poder en el Pleno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada en febrero de 2017, que amplió de 14 a 20 años el periodo de los cargos de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ), Justicia Administrativa (TJA) y Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), con lo que Carmen Cuevas López -expresidenta del TSJ- y otros cinco magistrados deberán dejar su cargo en cuanto la Corte determine las condiciones para eso.

Con una votación de ocho votos, los ministros consideraron que fue un “un beneficio injustificado” e “indiscriminado” que el legislador concedió a los magistrados, razón por lo cual fue invalidada la disposición transitoria.

Con este resolutivo, seis magistrados tendrían que dejar sus cargos al haber concluido sus periodos de 14 años en julio de 2019 y en mayo de 2020.

El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, defendió su proyecto por considerar que las entidades federativas tienen libertad legislativa; que no existía ninguna afectación a la independencia judicial; y que no existía ningún impedimento para que el legislador estableciera un periodo amplio para los magistrados que, al momento de la expedición de la norma impugnada, se encontraban en funciones.

Sin embargo, otros ministros consideraron que debía invalidarse el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada mediante el decreto 1613, publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno de Morelos del 24 de febrero de 2017, porque no sólo no tenía justificación sino fue indebida la ampliación del periodo a 20 años, cuando la propia Constitución local establece que, por ningún motivo, el nombramiento de los magistrados debe exceder los 14 años.

El ministro Juan Luis González Alcántara, quien votó por la invalidez, afirmó que, “desde mi perspectiva, el artículo tercero transitorio amplía de forma indebida y por una única ocasión el periodo de los magistrados” y “con ello se altera uno de los mecanismo que garantiza la independencia judicial, esto es, la certeza en el plazo de duración del encargo de los magistrados, pues los nombramientos a los magistrados en funciones ya habían sido dados con un periodo claro y fijo”.

El ministro Javier Lyanez Potisek, enfatizó que la autonomía judicial consiste no solo en garantizar la estabilidad o la inamovilidad en el cargo, sino también “debe evitarse, es el caso, beneficios que pudiesen considerarse excesivos” y “me parece que en este caso no hay una justificación, no hay una razón de ser en cuanto al porque se está fijando un plazo de 14 años sin ratificación, y encima se dieran todos los que están nombrados y los recién nombrados, se van a un plazo 20 años.

 “Me parece que no hay una relación lógica de la reforma, del escalamiento que tiene que existir, con este que, yo si considero, aparece como un beneficio injustificado en favor de los miembros del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), el Pleno validó por unanimidad las reformas constitucionales que eliminaron  la evaluación y ratificación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TJ) Justicia Administrativa (TJA) y Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), así como el establecimiento de un periódo único de 14 años en la magistratura, ya que no vulnera el principio e independencia judicial, porque “cumple razonablemente con los parámetros constitucionales que rigen la magistratura judicial”.

En este apartado, se consideró que los cambios en la Constitución de Morelos sobre las condiciones de temporalidad en el cargo de los magistrados tuvieron como objetivo priorizar la especialización judicial y armonizar la forma en que se establece la duración de los magistrados locales con la de los ministros de la SCJN, mediante un periodo improrrogable.  

Posterior a este resolutivo y por estar concatenado, el Pleno comenzó el análisis de la controversia constitucional 306/2019, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra el decreto 427, promulgado el 10 de septiembre de 2019, por el cual la LIV Legislatura emitió el acuerdo para revertir la ampliación del periodo de 14 a 20 de los actuales magistrados que realizó LIII Legislatura.

Muy brevemente se debatió si el recurso debía declararse infundado o sobreseerse, así como analizar si existía alguna afectación a los magistrados. Y es que de acuerdo con el ministro Aguilar Morales, también ponente en este asunto, alegó que algunos magistrados podrían ser privados del cargo.

El magistrado presidente, Arturo Zaldívar, considero prudente verificar cuáles serían los efectos y si habría algún perjuicio o no a algún magistrado, por lo que el asunto será analizado este martes.

De acuerdo con juristas consultados, básicamente lo que tendrá que atender la SCJN es en qué circunstancias deberá darse la salida de los magistrados que concluyeron su periodo de 14 años por dos circunstancias.

La primera, porque los resolutivos del Pleno surtirán efectos hasta la notificación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, la segunda, porque existen amparos concedidos a los magistrados afectados por juzgados de distrito y que, en tribunales colegiados, tendrían que ser revertidos con base en lo resulto por la Corte.

En julio de 2019, culminó el periodo de 14 años de la otrora magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Cuevas López; y en mayo de este año terminaron sus periodos los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Valentín González García.

Del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), concluyeron su periodo los magistrados Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas.

CUEVAS LÓPEZ Y EL GRAQUISMO

En febrero de 2017 el Congreso local emitió la reforma que ampliaba en sus artículos transitorios a 20 los años que un magistrado podía permanecer en el cargo, lo que coincidió con un procedimiento impulsado por el entonces gobernador Graco Ramírez para destituir e inhabilitar al entonces alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El Poder Legislativo se encontraba bajo el control total de Ramírez Garrido y extrañamente el proceso de juicio político contra el ahora gobernador avanzó rápidamente y al pasar al Poder Judicial fue inmediatamente atendido.

Desde el Congreso en ese momento se admitió que la reforma que favorecía a los magistrados fue impulsada por Graco como pago por procesar y encontrar responsable a Blanco Bravo, cuyo equipo jurídico finalmente evitó el desenlace

Verónica Cuevas López durante su gestión se subordinó al entonces gobernador pero provocó un cisma entre los magistrados que hasta la fecha subsiste, aunque la decisión de ayer de la Corte modificará drásticamente el equilibrio de poder entre los magistrados.

Iván Arenas Ángeles y Juan Emilio Elizalde advierten a abogados que la decisión invadió la esfera del Poder Legislativo y cuestionan nombramiento del presidente del TSJ.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) advirtieron de la ilegalidad de la sesión de Pleno del 12 de julio y la aprobación del acuerdo para realizar notificaciones electrónicas en los procedimientos judiciales y administrativos, como un intento de paliar los efectos en la administración de justicia de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Juan Emilio Elizalde, por separado, alertaron a los abogados y justiciables de la ilegalidad de ambos actos y el riesgo de que se generen litigios debido a la falta de sustento legal para realizar electrónicamente las notificaciones.

Ambos coincidieron en que las sesiones de Pleno son ilegales porque son convocadas por Rubén Jasso Díaz, cuya designación como presidente del TSJ no reconocen al no haberse cumplido los requisitos legales para ser “electo”, ya que la sesión solemne del pasado 5 de mayo no contó con la asistencia y votación de las dos tercera partes de los magistrados (12).

Pero advirtieron que lo más grave es que, los magistrados que aprobaron el acuerdo para las notificaciones electrónicas no sólo violaron la ley sino que invadieron competencia del Poder Legislativo federal.

“En clara violación a la división de poderes, asumieron facultades legislativas, invadiendo la competencia del Poder Legislativo; ya que mediante un acuerdo establecieron un mecanismo de notificación no previsto en las Leyes Procesales Civiles. Y es que de un estudio simple se indica que un acuerdo no puede por orden de jerarquía estar por encima de un Código Procesal.

“El acuerdo en comento se encuentra fundado y motivado de manera ilegal e inconstitucional, porque si bien en sus considerandos primero y segundo menciona las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia con las que justifica su proceder, citando las fracciones IX y XXIV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, también es cierto que la facultad conferida es de carácter administrativo más no legislativo”, subrayó Arenas Ángeles.

Consideró que, desde su punto de vista como perito en derecho, dicho acuerdo “ocasionaría la clara posibilidad de recurrir las consecuencias generadas por las actuaciones que se deriven de las notificaciones realizadas”.

El magistrado Juan Emilio Elizalde consideró que es su deber legal, moral, ético y profesional advertir que el acuerdo –que obtuvo mayoría con el voto de calidad del magistrado presidente y cinco votos en contra- es “una flagrante trasgresión a las facultades constitucionales de que gozan cada uno de los tres poderes del Estado, al caso, al Poder Legislativo Federal”.

Y atizó: “Por ende, publicitar medidas a sabiendas de su origen fuera del marco legal, con mero fin mediático, no solo resulta un ardid soterrado, sino un deleznable engaño  a quienes, específicamente como abogados postulantes, exigen la reactivación procesal, en representación de quienes claman justicia, no  solo en esta lamentable circunstancia sanitaria que vive la humanidad, sino más aún, cuando campean condiciones normales, en las cuales, como evidencian inatendidas quejas y denuncias, servidores públicos desleales, a su profesión, al cargo y la investidura que ostentan, hacen alarde de abulia, dilación y rapante corrupción”, recalcó.

En tanto, Arenas Ángeles remató: “desafortunadamente el actuar del Pleno se estima que es ilegal e inconstitucional, quedando expedito el derecho procesal constitucional para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo lo puedan hacer valer en la vía de la controversia constitucional y los particulares a través del amparo”.

Ayer, dos grupos de litigantes se manifestaron para exigir que se reabran los juzgados, ya sea de forma digital o presencial.

Litigantes independientes e integrantes del Colectivo de Abogadas y Abogados Progresistas de Morelos se manifestaron este viernes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en demanda de la reanudación inmediata de actividades, ya sea por vía digital o con la aplicación de las medidas de higiene correspondientes, al sostener que la justicia no se puede paralizar.

Postulantes de diferentes municipios del estado se manifestaron este viernes en las instalaciones centrales del TSJ, para exigir una respuesta a su pliego, entregado el martes pasado al magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, quien no les había dado respuesta.

En ese documento se pronunciaron por la apertura inmediata de los tribunales luego de tres meses de suspensión de labores por la pandemia de coronavirus.

Además, sugirieron que se pongan las medidas sanitarias para que todo el personal de los juzgados trabaje a puerta abierta con atención al público para recibir demandas y que hagan sus proyectos y sentencias en espacios donde no haya aglomeración.

Dijeron que hay muchas familias, por ejemplo, en lo que respecta a juzgados familiares que están divididas, necesitan ver a sus hijos o bien quieren divorciarse y no pueden.

Aseguraron que sus clientes les llaman constantemente para saber cómo van sus juicios, pero está todo paralizado. “Las contestaciones del presidente son vacilantes, porque dicen que no han parado de trabajar, pero nosotros no vemos cómo o en qué, ya que los juzgados están cerrados”.

Sostuvieron que hay alrededor de diez mil abogados en el estado, la mayoría de los cuales ha tenido que despedir auxiliares y muchos despachos han cerrado, pero enfatizaron que la población no puede estar sin administración de la justicia.

Por su lado, integrantes del colectivo de Abogadas y Abogados Progresistas de Morelos se manifestaron este mismo viernes en el mismo sitio para reclamar la reapertura de las actividades judiciales, ya sea por vía digital o de forma presencial.

Aseveraron que en otras entidades, a pesar de la pandemia, ya se reactivaron juzgados de manera digital en un 30 al 40 por ciento y en Morelos "no pasamos de la página de citas por internet".

Además, consideraron que es viable iniciar la impartición de la justicia por medios digitales y con todas las medidas sanitarias correspondientes; a decir de los litigantes, el magistrado presidente del TSJ sólo da excusas.

También demandaron que se cancelen las vacaciones del personal de los referidos juzgados luego de que han estado tres meses en suspensión de labores.

También propusieron que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria se notifiquen las resoluciones judiciales a través del correo electrónico que se sirvan proporcionar las partes, como un medio de comunicación procesal eficiente, así como la práctica y desahogo de las diligencias y audiencias mediante el sistema de videoconferencias, previa autorización del Pleno de dicho tribunal.

La organización se pronunció por el establecimiento de puentes de comunicación, colaboración y cooperación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o la Secretaría de Educación del estado de Morelos que permita la cooperación con las universidades públicas (como la  Universidad Tecnológica Emiliano Zapata o la Universidad Politécnica del Estado de Morelos) para el desarrollo de la plataforma tecnológica que permita contar con un sistema integral de consulta de expedientes judiciales, en aras de agilizar y brindar publicidad de las resoluciones judiciales.

De la misma manera el grupo sugirió planear, programar y presupuestar con cargo al Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, las partidas presupuestales necesarias para hacer frente al pago de los compromisos que se adquieran en el desarrollo e implementación del citado sistema.

También consideraron factible publicar en el Boletín Judicial los acuerdos y resoluciones que se dicten en los juicios y diversos asuntos que se tramiten ante los órganos judiciales.

Pidieron en el pliego que el Poder Judicial proponga las reformas legislativas y proyectos con iniciativa de ley para incluir en las legislaciones procesales estatales el juicio en línea, tal como acontece con las leyes de amparo y federal de procedimiento contencioso administrativo.

 “Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la consciencia de dichos funcionarios encargados de impartir justicia a que, por ética, congruencia y solidaridad, suspendan su respectivo ‘periodo vacacional’ ya que no vemos condiciones para el goce y disfrute de ese tiempo de descanso ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria, en la inteligencia de que el acceso a la justicia ha sido suspendido en perjuicio del pueblo y de la sociedad,g añadieron los litigantes.  

Decenas de profesionales del Derecho protestaron ante la sede del Poder Judicial; exigen la reanudación de los procedimientos.

Profesionales del derecho agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales y la implementación de medidas para avanzar en los procesos judiciales, que quedaron paralizados por la pandemia del covid-19.

Los litigantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto porque -a diferencia de los burócratas judiciales, que gozan de un salario seguro- los abogados y los justiciables se quedaron sin ingresos y en espera de que sus casos se reactiven algún día, cuando el Poder Judicial retorne a sus actividades en la “nueva normalidad”.

“La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, establecieron.

 Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que se sumó a esta protesta, lamentó que, después de tres meses de suspensión de actividades en los juzgados, las autoridades del Poder Judicial hayan decidido retornar a sus labores hasta el mes de agosto.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún  acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Resaltó que muchos despachos cerraron sus puertas o despidieron personal ante la insolvencia económica, producto del confinamiento y la suspensión de labores gubernamentales como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19, así como muchos litigantes  tuvieron que dejar temporalmente el ejercicio de la profesión para dedicarse a otras actividades, como el comercio.

A través de un comunicado, se informó que el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, se reunió con un grupo de abogados, para explicar cuáles son las acciones que se realizan para la reapertura de los juzgados, entre ellas la nueva logística para ingresar a las sedes judiciales y las medidas de desinfección de las instalaciones y  de protección para los trabajadores.

Del retorno a las actividades jurisdiccionales, luego de que Morelos pasó en el semáforo epidemiológico a color naranja, el titular del Poder Judicial en Morelos dijo que levantar la suspensión de labores en el TSJ depende de diversas circunstancias externas y lo que determinen las autoridades de la Secretaría de Salud.

Denuncian severo rezago en la impartición de justicia por cierre de juzgados.

Cuautla.- Abogados litigantes de la región oriente del estado de Morelos manifestaron su inconformidad por el grave rezago que registra el Poder Judicial, luego de cerrar los juzgados a causa de la pandemia por covid-19, lo que ha perjudicado a los ciudadanos que quedaron en estado de indefensión.

Así lo señaló Jesica Vargas, en representación de sus compañeros, quienes este martes realizarán una manifestación en la explanada del edificio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con la que exigirán la reapertura inmediata de todos los juzgados de la entidad para dejar de perjudicar a la ciudadanía que sigue privada de su derecho a la impartición de justicia.

“Estamos siendo afectados por la falta de impartición de justicia y la apertura de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia; nos han estado postergando la apertura y obviamente la sociedad se ve afectada porque no tiene acceso a la impartición de justicia”, señaló.

Asimismo, recordó que desde el pasado 17 de marzo, cuando el TSJ tomó la determinación de cerrar los juzgados, se han acumulado los expedientes al no haber actividades más que para recibir denuncias, lo que no resuelve nada, afirmó.

Criticó que a los magistrados se les haya hecho más fácil suspender las actividades que adoptar las medidas sanitarias correspondientes para prevenir contagios de covid-19.

“No hay trabajo por parte del Poder Judicial; la situación es que se les hizo más fácil suspender labores que tomar las medidas sanitarias correspondientes para poder continuar impartiendo justicia, que es más importante. Ésa es la situación y es lo que se está apelando”, finalizó.

Abogados les reprochan por mantener paralizada la impartición de justicia; Foro de Abogados los reta a no cobrar mientras no haya actividades jurisdiccionales.

El dirigente de la organización llamada Foro Morelense de Abogados criticó la falta de empatía de los magistrados y jueces con los justiciables, al prolongar la inactividad en el Poder Judicial por la contingencia sanitaria, y los retó a renunciar a sus salarios hasta que retornen a sus actividades jurisdiccionales.

Pedro Martínez Bello consideró que el “Portal de Citas” para la recepción de demandas en materia civil, familiar y mercantil es una medida simuladora, porque en nada atiende ni resuelve la exigencia de justicia de la sociedad.

“Al Foro Morelense no nos hacen tontos con una propuesta paliativa en donde abren un portal para recibir demandas, pero de qué sirve si únicamente se tienen archivadas, es decir, a partir de ahí (de la recepción) no hay notificaciones, no hay ninguna diligencia”, dijo.

Expresó que la parálisis que atraviesa el Poder Judicial es consecuencia de desestimar las propuestas de los litigantes, pues recordó que años atrás el Foro Morelense de Abogados propuso la digitalización de los servicios en la administración de justicia y, si entonces se hubiese atendido la petición, hoy no se enfrentaría el estancamiento de los procesos judiciales.

Martínez Bello criticó que a pesar de los efectos económicos y sociales provocados por el confinamiento, el Pleno del TSJ haya ampliado la suspensión de labores y aprobado un periodo vacacional que se prolongará hasta el 3 de agosto.

Por ello, retó a los magistrados y jueces a renunciar a sus salarios hasta que retornen a sus actividades jurisdiccionales, porque hasta ahora solo han mostrado falta de empatía con el gremio de los abogados y con los justiciables.

“El Foro Morelense de Abogados lanza el reto a los magistrados y jueces para que renuncien a su salario, tal cual lo estamos haciendo los litigantes y, entonces, les aseguro que van a encontrar la manera para que para que regresen y retomen las actividades jurisdiccionales.

“Que, además, tiene que verse como una actividad esencial, porque se trata del derecho que rige a las sociedades, de lo contrario, nos encontraremos ante las vindictas privatas como lo dicta el derecho italiano, la venganza privada, venganza en mano propia.

“El tema es que los jueces y magistrados no empatizan, porque no es lo mismo el confinamiento con un salario quincena con quincena, a un confinamiento en el que todos los días tienes que buscar el sustento. El reto es entonces que renuncie(n) a su salario”, recalcó.

Afirmó que luego del periodo vacacional, que defendieron los magistrados como “un derecho laboral”, vendrán días inhábiles, días festivos y hasta navidad, y así culminará el año con largos periodos de inactividad en el Poder Judicial y con una larga de fila de asuntos en espera de justicia.

Insistió que las medidas tomadas hasta ahora en el Poder Judicial de Morelos son meramente paliativas y lamentó que los impartidores de justicia se posen en su zona de confort porque, a diferencia de los litigantes y los justiciables que tienen que salir a ganarse el sustento, ellos cuentan un salario seguro y no les importa lo que ocurre con la sociedad.

En sesión electrónica, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) amplió la suspensión de actividades y aprobó el periodo vacacional de magistrados y trabajadores, por considerar que, pese a las condiciones excepcionales generadas por la pandemia del covid-19, es un derecho laboral.

En la sesión participaron únicamente 10 de los 18 magistrados del TSJ, quienes en votación unánime aprobaron ampliar la suspensión de labores jurisdiccionales del 1 al 12 de julio, para luego continuar con el periodo vacacional del 13 al 31 de julio.

Solo en caso de existir condiciones y de que así lo permitan las autoridades sanitarias, el TSJ regresaría a laborar dentro de la “nueva normalidad” el 3 de agosto.

Durante el desarrollo de la sesión, que fue transmitida vía Facebook, los magistrados defendieron su derecho a tomar su periodo vacacional, al igual que el resto del personal y señalaron que, en caso de no respetar este periodo de descanso, podría haber demandas laborales de los trabajadores.

En los comentarios de la transmisión las opiniones  fueron encontradas, hubo quienes apoyaron el acuerdo y quienes lo criticaron, porque consideraron que la pandemia amplió el rezago que de por si arrastraba la administración de justicia en Morelos, y lamentaron que los magistrados no tomaran previsiones diferentes, como sí lo hizo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que canceló el periodo de receso y el vacacional de verano para sacar adelante los asuntos acumulados desde el inicio de la contingencia sanitaria.

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, dijo comprender la desesperación que viven los abogados (que exigen la aplicación de medidas alternas para que avance la administración de justicia) y confió en que pronto se pueda reactivar la actividad jurisdiccional.

En consecuencia, no correrán los términos y plazos procesales y se habilitan los días y horas que resulten necesarios, con el objeto de que los magistrados que se encuentren de guardia resuelvan los recursos de apelación que se presenten contra la negativa de una orden de cateo dictada por un juez de control.

Además, se generan las guardias para la continuidad de los trabajos en materia familiar y penal en términos del acuerdo emitido por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El Colegio de Abogados del Estado de Morelos urgió al Congreso local a aprobar las reformas a los códigos procesal familiar y procesal civil, para agilizar los asuntos que quedaron varados por la contingencia sanitaria por el covid-19.

Enrique Paredes Sotelo, presidente de la organización de litigantes, señaló que hay preocupación porque no existe certeza de cuándo concluirá la contingencia sanitaria y hay muchos asuntos judicializados que requieren continuar su curso.

Dijo que “urge que la justicia despierte”, porque actualmente el marco normativo no prevé las notificaciones electrónicas, con excepción en materia penal, y esto representa un obstáculo para el avance la administración de justicia en tiempos de pandemia.

Secundó la propuesta de iniciativa de reforma presentada por el Poder Judicial al Congreso local para establecer como herramienta procesal la notificación electrónica en las materias familiar y civil, por lo que instó a los legisladores a darle celeridad a este asunto para su aprobación y promulgación

“Se debe analizar, se debe de discutir y se debe de aprobar a la brevedad posible. Son tiempos de pandemia y no sabemos si esta pandemia puede terminar la próxima semana o se va a extender”, dijo en alusión a que en algunas entidades y la Ciudad de México se amplió la contingencia sanitaria hasta el mes de agosto, ante el aumento de casos positivos de covid-19.

A finales de mayo el TSJ amplió hasta el 30 de junio la suspensión de actividades no esenciales, pero hace un par de días el magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, señaló que la reactivación de las actividades habituales en los juzgados dependerá del semáforo epidemiológico en que se encuentre Morelos y lo que determinen las autoridades sanitarias.

Por el momento, opera el portal de cita del TSJ para que los litigantes puedan presentar sus demandas civiles, familiares y mercantiles, así como las guardias para atender asuntos urgentes en materia penal, las áreas de mediación y convivencias familiares, que se realizan mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

La SCJN avala la reforma que solo les destina un haber de retiro al acabar su periodo; los juzgadores morelenses querían su pensión al cien por ciento de su último salario y, además, que fuera heredable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que anuló la pensión vitalicia y fijó un tope al haber de retiro para los magistrados.

Al resolver la controversia constitucional 33/2015, en sesión vía remota, el Pleno validó la reforma y adición de los artículos 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES y 26 SEXIES de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que estableció que los magistrados que culminen su periodo podrán recibir como haber de retiro un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la magistratura”.

Por mayoría de ocho votos fue aprobado el proyecto presentado por el ministro ponente, Javier Laynez Potisek, en el que se declararon infundados los agravios expuestos por la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, que aspiraba a que los magistrados tuviesen un haber de retiro “periódico, vitalicio y heredable”.

De acuerdo con el proyecto, el Congreso local no incurrió en omisiones en el proceso legislativo de reforma y adición a la ley orgánica, ni tampoco incurrió en invasión de competencia ni violación a la autonomía e independencia judicial al haber desestimado el legislador la propuesta de iniciativa presentada por el Poder Judicial, que pretendía que los magistrados que concluyeran su periodo obtuvieran una pensión vitalicia al 100 por ciento.

Incluso, se resaltó que, si bien el Poder Judicial -cuya representación recae en el Tribunal Superior de Justicia- tiene facultad para presentar iniciativas de ley al Congreso, esto no significa que el legislador tenga que constreñirse a sus propuestas.

Por lo tanto, quedó firme la reforma realizada por la Quincuagésima Tercera Legislatura, por la que se fijó un tope al haber de retiro que recibirán los magistrados al concluir el periodo para el que fueron designados por el Congreso.  

Con base en la información pública del TSJ, un magistrado gana mensualmente 97 mil pesos, lo que significa que al día de hoy, en caso de retiro recibiría como haber un millón 261 mil pesos en el supuesto de que la SCJN valide la ampliación a 20 años del periodo de los magistrados.

En el supuesto de que invalide la ampliación y ratifique el periodo máximo de 14 años en el cargo, el haber de retiro sería de aproximadamente de 970 mil pesos.

También estaba previsto que el Pleno resolviese la acción de inconstitucionalidad  24/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para reclamar la invalidez del decreto 1804, que reformó el decreto 191 que crea el organismo descentralizado Comisión Estatal de Reservas Territoriales, sin embargo, el asunto fue retirado de la sesión.

Las áreas del TSJ consideradas esenciales se mantienen en servicio: Jasso Díaz.

El representante del Poder Judicial del Estado de Morelos, Rubén Jasso Díaz, afirmó que la reactivación de las actividades en los juzgados dependerá del color que ocupe Morelos en el semáforo epidemiológico.

Explicó que las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia consideradas como esenciales se mantienen en servicio y bajo estrictas medidas sanitarias para la protección de los trabajadores y los justiciables.

Señaló que hasta que las autoridades sanitarias y el semáforo epidemiológico lo permitan, el TSJ podrá retornar a la “nueva normalidad”.

Precisó que hasta ahora sólo se tienen registrados dos casos positivos de covid-19, de una magistrada y un trabajador administrativo.

Detalló que él y los colaboradores cercana a la magistrada Elda León Flores, quien se encuentra en cuarentena, fueron sometidos a las exámenes médicos y las pruebas de coronavirus resultaron negativas.