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Necesarias, reformas legislativas para modernizar la impartición de justicia: Jasso Díaz.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, advirtió que el Poder Judicial enfrenta obstáculos legales para avanzar en la digitalización de la administración de justicia y afirmó que insistirá ante los diputados locales y federales para que se concreten las reformas legislativas necesarias.  

A través de un comunicado, expuso que durante el 2020 insistió ante la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República y el Congreso de Morelos sobre la necesidad de realizar modificaciones normativas que permitieran modernizar la impartición de la justicia mediante procedimientos y juicios en línea.

“El acceso a la digitalización de la justicia en Morelos, a la cual han hecho mención diversas organizaciones y asociaciones de abogados, no cuenta con fundamento legal, por la falta de reformas a los Códigos Procesal Familiar y   Procesal Civil del Estado de Morelos, las cuales están imposibilitadas a nivel local por la reforma federal al Artículo 73 Fracción XXX  de la Constitución y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicó

Detalló que también el pasado 22  mayo, durante su participación en la Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), propuso a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la urgente necesidad de hacer esta reforma a nivel federal que permita acceder a la justicia digital en Morelos.

En una segunda reunión sobre este tema, prosiguió, el 18 de agosto de 2020, durante el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana” organizado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se hizo referencia a la instauración de la oralidad y el juicio en línea en materia civil y familiar y que los trámites en línea de los procedimientos jurisdiccionales tuviesen un respaldo jurídico.

Recordó que el pasado mes de junio presentó al Congreso local una propuesta para reformar los artículos del Código Procesal Familiar y del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, con el propósito de salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados.

Afirmó que son atendidas las peticiones e inquietudes del gremio de los abogados, ya que “el Poder Judicial y los magistrados que lo integramos no estamos en pausa ante la pandemia, continuamos trabajando para obtener las reformas locales y federales indispensables a favor de los justiciables”.

Se mantendrá la suspensión de las actividades jurisdiccionales: Jasso Díaz.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reiteró que la suspensión de las actividades jurisdiccionales se mantendrá hasta que las autoridades sanitarias modifiquen el color del semáforo epidemiológico por la pandemia del covid-19.

Ante la presión de las organizaciones de litigantes, que exigen tomar acciones inmediatas para reactivar la administración de justicia a través de medios digitales, y la afirmación del Foro Morelense de Abogados de que el TSJ pretende ampliar el periodo de suspensión de labores hasta el 1 de marzo, a través de un comunicado, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz afirmó que es incorrecta la información difundida por algunos postulantes e insistió que el retorno a la “nueva normalidad” esta supedita a las indicaciones de las autoridades del sector salud

“Si bien es cierto (que) la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha suspendido plazos y términos hasta finales de febrero, el Poder Judicial del Estado de Morelos está supeditado a la indicación que dé la Secretaría de Salud del Estado de Morelos.

“Es decir, estamos en el semáforo que indiquen las autoridades sanitarias del estado para que nosotros podamos reabrir, lo que parcialmente tenemos cerrado respecto a función jurisdiccional”, expresó Jasso Díaz en el comunicado.

Recalcó que, de manera parcial, continúan las actividades al interior de todos los juzgados en materia familiar, guardia y custodia, alimentos y violencia intrafamiliar. También se continúa la recepción de demandas de todas las materias por citas y se atienden todos los casos urgentes en materia penal, como órdenes de aprehensión y cateos.

Litigantes exigen que se digitalicen los procedimientos, al igual que ya se hizo en otras entidades; protestan por parálisis de tribunales.

Cuestionan que magistrados cobren íntegro su salario sin trabajar.

El Foro Morelense de Abogados se sumó a las presiones para que los tribunales locales avancen en la digitalización de la administración de justicia y exigió que el funcionamiento de los juzgados sea considerada como actividad esencial.

Pedro Martínez Bello, presidente del foro, lamentó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) planee extender la suspensión de labores hasta el 1 de marzo, ante la proyección de que Morelos se mantendría por un mes más en color rojo por el alto riesgo de contagio de covid-19.

“Sin embargo, esta parálisis jurisdiccional impide el acceso a la justicia, los ciudadanos y los litigantes advertimos que el Tribunal Superior de Justicia y su titular, Rubén Jasso, no están comprometidos con la sociedad morelense. No les interesa reanudar las actividades jurisdiccionales, al no promover acciones digitales que desde hace tiempo son ya una necesidad”, dijo.

Como líder del Foro Morelense de Abogados, propuso la creación de un tribunal virtual que cuente con la infraestructura y recalcó que “la justicia no puede ser detenida, debe considerarse una actividad esencial”.

Además, pidió la digitalización de las demandas para que puedan ser consultadas vía electrónica por los ciudadanos y los abogados, y duplicar la recepción del número de expedientes.

Subrayó que “los tribunales brindan un servicio esencial y, por ello, su funcionamiento no puede depender del desplazamiento físico de funcionarios y usuarios. En suma, el Poder Judicial debe modernizar la administración de justicia”.

Martínez Bello señaló que el TSJ del estado de Puebla ya cuenta con normatividad interna que regula el funcionamiento de los “tribunales electrónicos”, lo que permite el desarrollo de audiencia virtuales y que los litigantes puedan promover demandas vía electrónica.

Expresó su preocupación por la parálisis judicial, porque no hay certidumbre de cuánto tiempo más se prologará la pandemia y existe el riesgo de que los ciudadanos opten por tomar la justicia por su propia mano ante la pobre respuesta institucional.

“¿Qué han hecho durante casi un año de parálisis jurisdiccional? ¿Qué han implementado? No basta con un portal de citas. Los ejemplos están muy claros, en el estado de Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, la justicia sigue avanzando porque han entendido desde hace mucho tiempo que se tiene que modernizar.

“El llamado es para que el presidente del TSJ retome las actividades jurisdiccionales y ya no se prorrogue más la inactividad procesal, como lo tiene previsto hasta el 1 de marzo. Esto implicaría que en el 2021 ya sumarían tres meses de inactividad”, afirmó.  

Recriminó que mientras los funcionarios y personal del Poder Judicial cobran sus salarios completa y puntualmente sin realizar trabajo ni home office, los litigantes y los justiciables ven truncado el derecho constitucional de acceso a la justicia.

La convocatoria será publicada en febrero; no se politizará el proceso, dice diputada.

El proceso legislativo para la designación de seis magistrados del Poder Judicial podría prolongarse hasta después de los comicios del 6 de junio, adelantó la diputada panista Dalila Morales Sandoval.
Aunque Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, afirmó que el Pleno del Congreso del estado podría designar en febrero a los nuevos magistrados, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que se trata de un tema que no debe agilizarse sin antes analizar bien los perfiles de los posibles aspirantes con las distintas organizaciones de abogados.

"Tiene que ser una convocatoria abierta, una convocatoria que permita a todos ellos (los abogados) participar, hay perfiles muy interesantes de quienes se han pronunciado y que tendríamos que revisar y generar condiciones para que lleguen las y los mejores a estar al frente de este órgano tan importante del Estado de Morelos", señaló.

En este sentido, indicó que la convocatoria para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) sí se emitiría en febrero próximo. Sin embargo, insistió que el procedimiento se prolongaría hasta el mes de junio, para evitar que pueda incluso politizarse.

"Tendríamos mucho que cuidar los tiempos. Es un tema también que permite claridad en el proceso y la participación de los interesados. Es un tema que no quisiera se hiciera a prisa, que genere incertidumbre y sobre todo que pueda crear expectativas que no sean las mejores", manifestó.

Recordó que en diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente, notificó al Congreso del estado de la resolución que emitió en julio del 2020 para invalidar el decreto por el que los actuales magistrados podrían permanecer hasta 20 años en el cargo y que obligó a que seis de ellos dejarán su representación el año pasado.
Con base en ello, agregó, el Congreso del estado podrá emitir una convocatoria en febrero próximo - cuando inicie el último periodo ordinario de la LIV Legislatura- para designar a los nuevos magistrados.

Salas y Pleno pueden operar únicamente con 16 magistrados, plantean.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles consideró que las salas y el Pleno pueden operar únicamente con 16 magistrados, ante la pretensión del Congreso de lanzar la convocatoria para la designación de cuatro nuevos juzgadores de segunda instancia, sin que existan condiciones financieras.  

Tras las declaraciones de la diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) Ariadna Barrera Vázquez sobre la posibilidad de que en febrero el Congreso lance la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados, opinó que los diputados primero deberían consultar al Poder Judicial sobre las condiciones en que opera, si es necesaria o no la designación inmediata, y analizar si existe disponibilidad presupuestal adicional para cubrir los emolumentos de los juzgadores.

Desde su punto de vista, no es necesario y mucho menos urgente que el Congreso nombre a magistrados para cubrir las cuatro vacantes que dejaron Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Valentín González García, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ilegal la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años. Además, está pendiente que el tribunal constitucional resuelva sobre la ratificación de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

“En primer lugar, la Constitución del estado no exige un número determinado de magistrados que deberán integrar al pleno del TSJ y, en segundo lugar, el Poder Judicial no ha recibido el presupuesto que le corresponde de acuerdo a como lo establece la Constitución, lo que ha traído como consecuencia de que hoy no se cuente con los recursos económicos suficientes para operar con diecinueve magistrados.

“Incluso el Tribunal Superior de Justicia bien podría trabajar con tres salas en lugar de cuatro en el primer circuito y, los magistrados que integran hoy la sala auxiliar pueden ser ubicados en los espacios que dejaron los magistrados salientes.

“De ahí que solo se requeriría un magistrado o de una magistrada más, y no de cuatro como se pretende por el Poder Legislativo”, explicó.

Insistió en que las condiciones económicas y financieras del estado no justifican hoy un Pleno integrado por diecinueve magistrados y recalcó que el TSJ podría operar muy bien únicamente con 16 magistrados, incluido el magistrado presidente.

Actualmente, de las 19 magistraturas que integran las salas y el Pleno TSJ, únicamente están en funciones 14, cuatro están vacantes y una más está en litigio.

Dirigentes de dos organizaciones señalan que es necesario que se digitalice y se ponga en marcha la administración de justicia.

La ampliación de la suspensión de labores en el Poder Judicial del Estado de Morelos agravó la preocupación entre los litigantes organizados e independientes, debido a que no sólo algunos despachos tuvieron que cerrar sus puertas y prescindir de personal, sino por el rezago acumulado a casi un año del que inicio de pandemia del covid-19 y por la indiferencia de los congresos federal y local, que han dado prioridad a temas políticos y electorales en lugar dar realizar reformas legislativas que permitan apresurar la digitalización de la administración de justicia. 

Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, externó su preocupación porque al estar en semáforo rojo, los tribunales están fuera de servicio y solo hay personal de guardia para atender asuntos de emergencia.

Recordó que instó a los integrantes de los Congresos local y federal a establecer una mesa de trabajo y propuso, a nombre de los barristas, una serie de modificaciones al marco normativo que rige la administración de justicia, con el propósito de avanzar en la justicia digital, pero no hay respuestas concretas pese los llamados urgentes de los abogados a los legisladores.

“Considero que tanto el Congreso del Estado y los diputados federales, en lugar de andar pensando en campañas, tendrían que pensar en mecanismos para actualizar, reformar (tanto) los códigos procesales civiles como familiares. Es una grave afectación la paralización de la justicia en la entidad”, expresó al señalar que el gremio está muy preocupado porque muchos abogados han tenido que dejar momentáneamente el litigio para dedicarse al comercio o al transporte de pasajeros o paquetería. 

“Muchos abogados están cerrando despachos, no pueden pagar la renta del despacho, no avanzan sus trámites, han tenido que buscar alternativas diferentes como (las) ventas de productos o poner sus autos en servicio de transporte digital, mientras los servidores públicos siguen cobrando sin buscar alternativas de funcionalidad para la apertura de la justicia digital”, recalcó.

Subrayó que persiste la violación grave al derecho de acceso a la justicia de cientos de justiciables, que ven afectado su patrimonio e integridad física y emocional, ante la falta de certeza y seguridad jurídica.

Estimó que solo en el área metropolitana de Cuernavaca por lo menos 800 demandas esperan trámite y atribuyó el crecimiento del rezago en la atención de los asuntos a que, en realidad, los funcionarios y trabajadores judiciales de los tribunales no están realizando trabajo en casa o home office.

URGE EMPUJAR REFORMAS

Norma Delgado Díaz, presidente del Colegio de Postulantes de Morelos, dijo que son comprensibles las medidas implementadas por el Poder Judicial local, ante el alto número de contagios y decesos por covid-19, que también alcanzó a los litigantes y sus familias.

Refrendó su disposición a colaborar con el Tribunal Superior de Justicia, pero también consideró que debe haber unión e interés tanto de las organizaciones de abogados como de las autoridades de todos los niveles para solucionar la parálisis en la administración de justicia, que afecta económicamente al gremio y trunca el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.

Expresó que la organización que representa tuvo acercamientos con el diputado Alejandro Mojica Toledo y el senador Ángel García Yáñez y presentó propuestas para que el tema de reforma al marco normativo, encaminado a que la digitalización de la justicia avance en el Congreso de la Unión, y también para que el Congreso local haga lo propio conforme a su competencia.

Afirmó que debe ser prioritario para los congresos federal y local el tema de la administración de justicia, ante las fuertes afectaciones y la necesidad de que el Poder Judicial responda a los retos de la “nueva normalidad”.

Recordó que Morelos tiene un rezago de al menos 15 años en la modernización de la procuración y administración de justicia. Es decir, es de los estados más atrasados, al ubicarse en el penúltimo lugar del ranking nacional.

Insistió en que para acelerar las reformas al marco normativo es necesario que todos las organizaciones y los representantes populares, responsables de legislar, colaboren e impulsen este tema, en virtud de que la pandemia podría –según algunos pronósticos- prolongarse por un año más.

La diputa piensa que febrero será suficiente para lanzar la convocatoria y votar por quienes ocuparán las vacantes en el Poder Judicial.

El Congreso del estado podría emitir la primera semana de febrero la convocatoria para nombrar a seis magistrados del Poder Judicial.

A seis meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara una reforma constitucional que garantizaba la permanencia de los magistrados del Poder Judicial por un período de 20 años -lo que obligó a la remoción de seis de ellos- la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez, informó que se convocará a sesión de dicho órgano legislativo para generar los acuerdos necesarios y emitir una convocatoria conforme a la ley.
La coordinadora de los diputados del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que existen las condiciones legales para que el Congreso del estado publique la convocatoria para el registro de los aspirantes al cargo de magistrado del Poder Judicial.

Incluso refirió que les daría tiempo como Congreso local emitir la convocatoria, desarrollar el proceso legislativo para la revisión de los perfiles y nombrar ante el Pleno a los magistrados en el mismo mes de febrero.
De acuerdo con las declaraciones de algunos diputados, el Poder Legislativo tendría que resolver sus pendientes en el mes de febrero, pues en marzo una mayoría de ellos podría contender por otro puesto de elección popular.

Magistrados del TSJ determinan continuar la suspensión de labores.

El cierre de los juzgados y de casi todas las actividades en el Poder Judicial se extendió hasta el 31 de enero, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias.

Así lo dio a conocer ayer el Tribunal Superior de Justicia a través de un comunicado en que ofrece detalles de la medida.

“Luego de que las autoridades del Sector Salud  determinaron ampliar hasta el 31 de enero la permanencia del estado de Morelos en color rojo respecto al semáforo de riesgo sanitario por la Pandemia ocasionada por el virus Covid-19, SE PRORROGARÁ LA SUSPENSIÓN DE LABORES JURISDICCIONALES EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS HASTA DICHA FECHA, esto en términos de lo resuelto por el PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA en el acuerdo de la sesión ordinaria del  23 de diciembre de 2020.

Lo anterior forma parte del acuerdo aprobado por unanimidad de los 14 magistrados en la sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que a la letra dice: “se prorrogará la suspensión de labores hasta que la autoridad sanitaria determine el cambio de color de semáforo”.   

• Como consecuencia de la ampliación de la suspensión antes descrita, NO CORRERÁN PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES DURANTE ESE PERIODO.
• Continuarán habilitándose los días y horas que resulten necesarios con el objeto de que los Magistrados que se encuentren de guardia, resuelvan los recursos de apelación que se presenten contra la negativa de una orden de cateo dictada por un juez de control
• Siguen quedando exceptuados de la suspensión el personal que se quedará de guardia en los órganos jurisdiccionales para la atención de plazos constitucionales y asuntos urgentes en materia penal, así como el pago de pensiones alimenticias, la atención de asuntos urgentes en materia de violencia familiar, y demás acuerdos urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Título Segundo, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.
• EL Portal de Citas continuará en operaciones para que los justiciables o sus representantes legales puedan continuar presentando demandas en materia: Familiar, Mercantil, Civil o Penal.
• Estas medidas contribuirán significativamente para evitar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2, con el propósito de tutelar los derechos a la salud y a la vida tanto de los justiciables como de los servidores públicos de este órgano impartidor de justicia.
• Los Magistrados que integran el Pleno del TSJ analizan alternativas legales, en caso de continuar el semáforo epidemiológico en color rojo para el estado de Morelos, para establecer acciones a favor de los justiciables y continuar consolidando la administración de justicia como una actividad esencial en Morelos”, concluye el comunicado oficial.

Con el cumplimiento del compromiso se evitan protestas por parte de sindicalizados.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anunció que este viernes pagará la segunda parte del aguinaldo del personal, como parte de los compromisos con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, explicó que el gobierno del estado otorgó una ampliación presupuestal y, sumados a los ahorros logrados en la institución, se consiguió reunir el monto necesario para cumplir con el pago de la prestación.

“Se hará el pago de su segunda parte del aguinaldo a todos los integrantes de este Poder Judicial este 15 de enero. Después de haber hecho más gestiones con el Poder Ejecutivo se otorgó una ampliación más, con lo cual, los ahorros y el ajuste presupuestal que se tuvo en el Poder Judicial, pudimos pagar o tener el dinero para poder pagar los aguinaldos”, dijo.

Para pagar el aguinaldo a más de mil 500 trabajadores, el TSJ necesitó de 120 millones de pesos, que en parte le fueron suministrados a través de una ampliación presupuestal por parte del Poder Ejecutivo.

Con el pago de la prestación a los trabajadores judiciales se evitaron protestas y movilizaciones de parte del sindicato, que amagaba con acciones fuertes en caso de que no se realizarán los pagos en tiempo y forma.

La digitalización d ellos procesos para impartir justicia solo pueden implementarse si el Congreso realiza las reformas necesarias, señaló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, al sostener su primera reunión virtual de este año con integrantes de la facción de la Barra de Abogados del Estado de Morelos que encabeza Miguel Ángel Rosete.

El magistrado recordó a los litigantes que a pesar de que los integrantes del Pleno determinaron prorrogar hasta el 17 de enero la suspensión de labores jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Morelos y de que no correrán plazos y términos procesales durante ese periodo, continúan las actividades en diversas áreas del TSJ “para garantizar la administración de justicia como una actividad esencial en tiempos de pandemia”.

Jasso Díaz afirmó que dicha determinación está armonizada con la decisión que tomaron las autoridades sanitarias del estado de ampliar hasta el 17 de enero la permanencia para el estado de Morelos en color rojo respecto al semáforo de riesgo sanitario por la pandemia ocasionada por el covid-19, por lo que debe acatarse lo establecido en el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual fue avalado por la propia autoridad sanitaria.

Durante este encuentro virtual en el que participó Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las dos facciones de la Barra de Abogados de Morelos, Jasso Díaz refirió que personal de guardia labora en los órganos jurisdiccionales para la atención de los plazos constitucionales y de los asuntos urgentes en materia penal, así como el pago de pensiones alimenticias, la atención de asuntos urgentes en materia de violencia familiar, y demás acuerdos urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Título Segundo, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.

También dijo que el  Portal de Citas continuará en operaciones para que los justiciables o sus representantes legales puedan continuar presentando demandas en  materia familiar, mercantil, civil o penal.

Precisó que las demandas en materia de violencia de género o familiares no requieren de cita, por lo que los interesados sólo tienen que presentarse a las oficialías de partes correspondientes.

Jasso Díaz habló a los abogados de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos “a través de medios electrónicos, como una alternativa oportuna, eficaz, de rápido acceso y muy seguro en tiempos de pandemia”.

Dijo que desde el 15 de junio, los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos aprobaron por unanimidad de votos los Acuerdos Generales para brindar esta opción para la solución de conflictos

“Ante la insistencia de los representantes legales por llevar a cabo audiencias virtuales o telemática en materia familiar y civil, Jasso Díaz recordó que existe un impedimento legal para llevarlas a cabo, por lo que insistió una vez más que desde el Congreso local deben reformarse diversos artículos del Código Procesal Familiar y al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, bajo dos premisas prioritarias: salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados, siendo esta última considerada por las autoridades del Sector Salud como una “actividad esencial” en medio de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) que prevalece actualmente y mantiene a Morelos en semáforo rojo”, se señala en el comunicado difundido por el TSJ.

Exigen que el Congreso y el TSJ implementen la justicia digital; el perjuicio, para litigantes y justiciables, señala uno de los presidentes de la organización.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos protestó contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de ampliar la suspensión de labores en los juzgados, luego de que el pasado 23 de diciembre Morelos retornó a semáforo rojo, por alto riesgo de contagio de covid-19.

Miguel Ángel Rosete Flores, dirigente de una de las dos organizaciones de litigantes barristas, consideró que la administración de justicia enfrenta una fuerte crisis, debido a que las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de coronavirus agravaron el rezago en el trámite, desahogo y sentencia de cientos de casos en materia penal, civil, mercantil y familiar.

Advirtió que el personal judicial tampoco labora en la modalidad de home office y la inactividad en el Poder Judicial provoca daños irreparables a los justiciables, lo cual es razón para que los litigantes, diputados y la representación del TSJ converjan en una mesa de diálogo para resolver urgentemente la dilación en la administración de justicia.

“Como Barra de Abogados exigimos y urgimos al Congreso del Estado y al TSJ para establecer una mesa de trabajo con el fin de encontrar mecanismos para hacer realidad la justicia digital.

“Hacemos un llamado para dejar a un lado la parálisis legislativa y la inactividad del Poder Judicial, porque ni siquiera hay trabajo en casa, hay un retardo abismal en la emisión de acuerdos en perjuicio de los justiciables”, explicó.

Afirmó que los barristas no sólo están dispuestos a expresar su inconformidad por los canales institucionales, sino que tienen propuestas concretas para analizar y debatir en la mesa de trabajo, bajo la premisa de que la justicia es un derecho que debe ser tutelado aún bajo las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el mundo.   

Rosete Flores detalló que la Barra de Abogados tiene como propuestas impulsar la justicia digital; modificar los códigos procesales; homologar los trámites con respecto al Poder Judicial de la Federación y establecer las demandas, acuerdo y resoluciones en línea.

Insistió en que la parálisis de la justicia es una gran afectación no solo a los postulantes sino para los morelenses que hoy, en medio de la crisis sanitaria, no encuentra una vía jurídica pronta y expedita para la resolución de conflictos.

Cabe destacar que el pasado 4 de enero, el TSJ anunció que prevalecerá la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 17 de enero y que el retorno a las labores dependerá del color del semáforo epidemiológico y las disposiciones de las autoridades sanitarias.

Hasta el 17 de enero no hay actividades y no corren plazos y términos procesales.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) amplió la suspensión de labores jurisdiccionales hasta el 17 de enero, debido a que el estado de Morelos permanece en el color rojo del semáforo epidemiológico, por el alto riesgo de contagios de covid-19.

Por tal razón, no correrán los plazos y términos procesales durante ese periodo y continuarán habilitándose los días y horas que resulten necesarios, con el objeto de que los magistrados que se encuentren de guardia resuelvan los recursos de apelación que se presenten contra la negativa de una orden de cateo dictada por un juez de control.

La suspensión de labores no aplicará para el personal que se quedará de guardia en los órganos jurisdiccionales para la atención de plazos constitucionales y asuntos urgentes en materia penal, así como el pago de pensiones alimenticias, la atención de asuntos urgentes en materia de violencia familiar, y demás acuerdos urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Título Segundo, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.

El Portal de Citas continuará en operación para que los justiciables o sus representantes legales puedan continuar con la presentación de demandas en materia familiar, mercantil, civil o penal.

La suspensión de labores jurisdiccionales estará sujeta al color del semáforo epidemiológico y las disposiciones de las autoridades sanitarias.

Magistrados aprueban suspensión de actividades en el Poder Judicial.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió todas las actividades jurisdiccionales, hasta en tanto permanezca en rojo el semáforo epidemiológico por la pandemia del covid-19.

Poco después de que el gobierno de Morelos anunció el retorno al confinamiento y la suspensión de actividades, salvo las consideradas esenciales, debido a alta movilidad poblacional y el aumento de contagios de coronavirus, los magistrados integrantes del Pleno sesionaron vía remota.

Por unanimidad, determinaron suspender labores jurisdiccionales en el Poder Judicial del 24 de diciembre al 10 de enero, para reanudar labores día 11, dependiendo del color del semáforo de riesgo sanitario y las decisiones de las autoridades del sector salud.

En consecuencia, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales durante ese periodo; se habilitaron los días y horas que resulten necesarios con el objeto de que los magistrados que se encuentren de guardia, resuelvan los recursos de apelación que se presenten contra la negativa de una orden de cateo dictada por un juez de control; quedó exento de la suspensión el personal asignado a las guardias en los órganos jurisdiccionales para la atención de plazos constitucionales y asuntos urgentes en materia penal, así como el pago de pensiones alimenticias, la atención de asuntos urgentes en materia de violencia familiar, y demás acuerdos urgentes a que se refiere el libro tercero, título segundo, del código procesal familiar del estado de Morelos.

El Portal de Citas continuará en operaciones para que los justiciables o sus representantes legales puedan continuar presentando demandas en materia: familiar, mercantil, civil o penal.  

Plantean impugnación ante SCJN.

El Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) analizan la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el presupuesto que les fue asignado por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, el Poder Judicial tendrá un presupuesto para el próximo año de 474 millones, de los cuales 449 serán para el Tribunal Superior de Justicia y 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. En tanto, que el organismo de derechos humanos, mantendrá el mismo presupuesto de 15 millones 803 mil pesos.

El representante del Poder Judicial y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, no descartó la posibilidad de recurrir a la SCJN, ya que la administración de justicia enfrenta una complicada situación financiera y en el 2021 tendría que absorber la justicia laboral, conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde mayo de 2019.

Indicó que no solo no aumentó sino que el Congreso decidió restar a su presupuesto alrededor de 60 millones y no etiquetó recursos para instaurar los juzgados especializados en justicia laboral.

“Con el presupuesto que se aprobó haremos nuestra corrida financiera, pero creo que sí este año no tenemos para pagar aguinaldos, no tenemos para pagar sueldos, no tenemos para contratar gente”, dijo en alusión a los recursos humanos y materiales que se necesitarán para el rubro de justicia laboral.

Además, conforme a la autonomía financiera otorgada al Poder Judicial, legalmente su presupuesto debería ser equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable.

La CDHEM, a través de un comunicado, también expresó su inconformidad con el presupuesto asignado, ya que por varios años la institución no recibe aumento y se atenta contra su autonomía.

“Por tanto, estaremos valorando acudir a la SCJN a defender la autonomía financiera de la Comisión porque no debemos olvidar, que las y los morelenses serán los perjudicados, al no ver fortalecida la Comisión para hacer frente a la gravísima crisis de violación sistemática a DDHH, principalmente por las autoridades que tienen la tarea de garantizar los derechos sociales como la salud, trabajo, seguridad pública, vivienda, educación, entre otros”, afirmó.

Esperan hoy el pago de aguinaldo.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial  (SUTSPJEM) canceló las movilizaciones previstas para este miércoles, luego de recibir la promesa del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, de que hoy estará depositado el aguinaldo de los empleados sindicalizados.

Por la mañana, la dirigencia del SUTSPJEM comenzó con los preparativos de los actos de protesta ante la falta de pago de la prestación de fin de año, pero alrededor de las 15:00 horas fue convocada a una reunión por el titular del TSJ para desactivar los actos de inconformidad, que contemplaban desde una huelga de hambre y un plantón en la explanada del Palacio de Justicia hasta el cierre de vialidades.

A través de un comunicado emitido por la tarde, la líder sindical Leticia Castro Balcázar informó a sus agremiados que en la reunión se decidió dar un voto de confianza a Jasso Díaz, en espera de que cumpla el compromiso de que este mismo miércoles los trabajadores sindicalizados tengan depositado su aguinaldo.

“Siendo las 15:00 horas, los representantes del SUTSPJEM fuimos convocados a una reunión con el magistrado presidente e integrantes de la Junta de Administración, Vigilan y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dándose como respuesta a nuestra petición de pago de aguinaldo conforme a la ley, comprometiéndose al depósito de dicha prestación a más tardar el día de mañana 16 de diciembre de 2020, por lo que se dará el voto de confianza”, dijo al anunciar la cancelación de las movilizaciones.

Dan plazo al TSJ hasta el día 16 para cobrar el aguinaldo; el Poder Judicial aguarda liberación de recursos para cumplir con los pagos: Jasso Díaz.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM) postergó los actos de protesta previstos para este jueves y dio a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina seis días para cumplir con el pago del aguinaldo.

A través de un comunicado dirigido a sus agremiados, la líder sindical Leticia Castro Balcázar informó que la dirigencia se reunió con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y titular de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, para expresar su inconformidad porque no ha sido pagada la primera parte del aguinaldo y no hay una justificación para que la parte patronal incumpla con sus obligaciones, toda vez que en el presupuesto de la institución estaba contemplada el pago de esta prestación.

Detalló que el magistrado presidente explicó que espera que la Secretaría de Hacienda estatal realice la liberación de recursos para el pago del aguinaldo, por lo que el sindicato decidió prorrogar las acciones de protesta.

“Por lo que se informa y se comunica que los movimientos anunciados de huelga de hambre, paro de labores, plantón permanente y cierre de vialidad en la explanada de este recinto judicial en plena contingencia, referido en el comunicado del día de ayer 8 de diciembre del 2020, se llevarán a cabo a partir del 16 de diciembre del año en curso, siempre y cuando la institución judicial sea omisa en dar cumplimiento a la prestación del aguinaldo.

“Por lo que este SUTSPJEM da un ultimátum a los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para que cumplan en tiempo y forma la prestación de referencia en beneficio de la base trabajadora, siendo responsabilidad de esta Junta la omisión de dar debida administración de justicia para los gobernados.

“Cabe recordar que el magistrado presidente, así como lo integrantes de dicha Junta acordaron en forma clara y precisa que esta institución judicial no suspende labores en lo que resta del año”, recalcó el SUTSPJEM en su comunicado.

SUTSPJEM amaga con paro de labores y protestas.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM) advirtió que iniciará una huelga de hambre así como un paro de labores y protestas si en las próximas horas la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no paga el aguinaldo a los trabajadores. 

Luego de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y presidente de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, declaró públicamente que la institución carece de fondos para el pago de esta prestación y espera una ampliación presupuestal de 120 millones de pesos, la dirigencia sindical realizó una serie de peticiones a la Junta de Administración para asegurarse de que el personal recibiera su aguinaldo a tiempo.

A través de un comunicado, el SUTSPJEM informó que no hubo respuesta certera de la parte patronal y por ello fue necesario fijar una postura, ante la incertidumbre que priva en medio de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Y es que en el Poder Judicial tradicionalmente el aguinaldo se paga en dos ministraciones: una parte durante la primera semana de diciembre y, la segunda,  antes el periodo vacacional del fin de año. Sin embargo, hasta el momento los trabajadores no han recibido la primera parte.

 “Esta representación sindical ha peticionado los recursos económicos para el pago de dicha prestación ante los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, estos últimos se han pronunciado constantemente con evasivas al tema del aguinaldo, siendo un perjuicio total y flagrante para la base trabajadora, ya que hasta el día de hoy 8 de diciembre de 2020, no se ha obtenido respuesta favorable a lo solicitado”.

Acusó a la administración de Jasso Díaz de irresponsable en el manejo de los recursos del TSJ, en virtud de que no hay explicación de por qué no hay fondos para pagar el aguinaldo de los trabajadores, cuando es un rubro que anualmente se contempla en el presupuesto de la institución.

“Asimismo y derivado de los anterior, dicho actos omisorios ocasionan un grave perjuicio a la colectividad sindical, ya que no tendremos el pago de nuestro aguinaldo a pesar de estar debidamente presupuestado y que la administración que ha tenido esta institución ha sido la más irresponsable en el manejo de los recursos en el que nos dejan sin el correspondiente pago de aguinaldo, dejando a un lado nuestra(s) prestaciones laborales, ya debidamente etiquetadas en el presupuesto de este año.

“Incluso, hemos sido discriminados y olvidados para dar incremento de los años 2019 y 2020, perjudicando así a toda la base trabajadora”, explicó la dirigencia sindical.

El SUTSPJEM lanzó un ultimátum a la Junta de Administración y le dio un plazo de 24 horas para que den respuesta y certeza al pago de aguinaldos, así como una respuesta a su petición de incremento salarial para el 2021.

Advirtió que de no obtener una respuesta positiva, los trabajadores sindicalizados comenzarán con una huelga de hambre, un plantón en la explanada del TSJ, un paro de labores en plena contingencia sanitaria y otras movilizaciones, que incluirán el cierre de vialidades.

También exhortó a los trabajadores de confianza y no sindicalizados a unirse al movimiento de protesta contra autoridades del TSJ y la Junta de Administración, para exigir el pago de aguinaldo y mejora salarial.  

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz pide que el juzgador sea suspendido de sus funciones.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz solicitó la suspensión provisional del juez de control, Daniel Rodríguez Apac, ante un evidente conflicto de interés con el Ministerio Público, al ser juzgador e imputado a la vez.

En la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el magistrado y representante del Poder Judicial ante la mesa de coordinación, Jorge Gamboa Olea, presentó ante sus homólogos la solicitud para efecto de que el Pleno diera vista a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para que inicie una investigación y proceda a la separación provisional del cargo del juzgador, quien el jueves pasado fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de homicidio culposo de un motociclista.

La petición planteada causó incomodidad entre algunos magistrados por considerar que se ponía en riesgo la presunción de inocencia y que el asunto no era competencia del Pleno; otros magistrados apoyaron que la solicitud planteada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz fuera turnada la Junta de Administración, como órgano responsable.

En su intervención, el magistrado Gamboa Olea expuso los argumentos de los miembros de la mesa de coordinación (integrada por autoridades del gobierno del Estado, CES, FGE, 24 Zona Militar, entre otras), ante el conflicto de intereses que presenta el juzgador, al ser literalmente juez y parte.  

Advirtió que la Fiscalía General del Estado presentará recusaciones en los casos en los que Apac Rodríguez esté implicado como juzgador.

“Aquí lo que se está planteando es que partir del día de hoy, en todos los asuntos en los que intervenga ese juez, se van a replantear las recusaciones porque él tiene un evidente conflicto de interés.

“Hoy empiezan a plantear en todas las fiscalías regionales las excusas para que él no conozca de esos asuntos ¿Por qué? Porque él evidentemente está siendo vinculado a proceso, lo que no había existido desde hace tres años con este asunto y que no tiene nada que ver con lo que planteó la segunda o tercera sala, porque ese era una excusa, y no es hoy por hoy una vinculación a proceso, él está en un periodo de investigación complementaria en donde tiene un evidente conflicto de interés con el agente del Ministerio Públicos de cualquiera de las fiscalías.

“La pregunta sería, ¿qué va a pasar cuando él tenga sometido a su consideración un hecho de tránsito, un homicidio culposo, un homicidio simple, con una fiscalía que es la misma que lo está acusando a él? es un evidente conflicto de interés. Yo no estoy hablando de que él sea responsable o no, eso lo decidirá un tribunal de enjuiciamiento, eso lo decidirá la autoridad que le corresponda este tema”, explicó.

Incluso, durante la sesión hubo un momento de tensión cuando el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, consideró que el tema debió ser conocido por los magistrados antes de la sesión de Pleno. En respuesta, el magistrado Gamboa recordó que desde el viernes lo buscó en al menos tres ocasiones para tratar este tema en específico pero no recibió respuesta del magistrado presidente. Luego, según Jasso, buscó a Gamboa en su ponencia sin encontrarlo.

Hasta la semana pasada, el magistrado presidente del TSJ sostenía que no había argumentos legales para separar al juez de sus funciones.

Ante la solicitud de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Jasso Díaz sostuvo que el asunto se habrá de analizar: “Creo que es un conjunto de lo que se tiene que analizar y no hacer cuestiones solo por estas determinaciones o estas peticiones. Yo lo he comentado, creo que no puede el Poder Judicial trabajar bajo presión, bajo cuestiones que se piden buscando alguna situación en contra de nosotros”.

En su auxilio, fijó postura el magistrado Norberto Calderón Ocampo, quien señaló que, tras conocerse el auto de vinculación a proceso del juez Rodríguez Apac, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se avocó de oficio al caso y “en cuanto ocurrió el lamentable suceso de vinculación, inmediatamente el equipo de la propia presidencia del tribunal empezó a hacer el análisis correspondiente a efecto también de darle condiciones al presidente de atender la problemática que enfrenta particularmente un operador del sistema de justicia penal”.

Tras un largo debate, finalmente por mayoría, el Pleno determinó darse por enterado y hacer del conocimiento de la Junta de Administración de la solicitud de la mesa de coordinación, a quien a su vez se le solicitará que formalice la petición.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, el ciudadano Pedro Portilla se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a la víctima. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio al hombre, cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica. Kilómetros más adelante fue detenido por la Policía como presunto responsable del accidente de tránsito y de la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado y protección desde el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable del fatal accidente.  

El pasado 20 de octubre, la agente del Ministerio Público, Martina “N”, fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Rodríguez Apac, quien finalmente, después de tres años del accidente, fue imputado y el 3 de diciembre vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo.

Hilda Mendoza Capetillo fue adscrita a la Tercera Sala como encargada de despacho.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emitió un acuerdo para designar un encargado de la Tercera Sala, ante el cese de los efectos del amparo que mantenía en el cargo al magistrado, Jorge Alberto Estrada Cuevas.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo expedido por el Pleno del TJA por el que Hilda Mendoza Capetillo, secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala, fue designada para asumir temporalmente las funciones como encargada de despacho, con todas las facultades que le confiere el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hasta en tanto el Congreso realiza la designación de la magistratura.

Lo anterior, debido a que un tribunal colegiado revocó la sentencia de un juez de distrito, que había concedido el amparo a Estrada Cuevas contra el decreto legislativo 427, que dejó sin efectos el decreto 2610 expedido por la LII Legislatura para ampliar de 14 a 20 años el periodo de los magistrados.

A pesar de que en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la ampliación del periodo, la vigencia del amparo mantuvo por cinco meses más en el cargo de magistrado a Jorge Alberto Estrada, cuyo periodo de 14 años feneció en el mes de mayo

Al conocer la revocación de amparo ordenada por  el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el Pleno del TJA emitió el acuerdo PTJA/013/2020,por el que “se determina la conclusión del cargo y, en consecuencia, la separación definitiva que venía ostentando JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, como Magistrado adscrito a la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y por haber cumplido con el periodo señalado en el artículo tercero del Decreto Mil Setecientos Cincuenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4969, de fecha veinticinco de abril del dos mil doce, es que ha rebasado, en exceso el periodo del ejercicio del cargo señalado en el considerando IX, previsto en el párrafo sexto del artículo 109-bis de la Constitución local”.

Martín Jasso Díaz, titular de la Primera Sala del TJA,  se aferra al cargo y goza de un amparo que lo mantiene en la magistratura, pese a que su designación también concluyó desde el mes de mayo.

La revisión del amparo de Jasso Díaz también está radicada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, y se espera que en breve también emita la sentencia.

El requerimiento presupuestal para el 2021 es de mil 300 millones de pesos.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, solicitó al Congreso duplicar el presupuesto para el Poder Judicial, que el próximo año tendrá a su cargo la justicia laboral, y reconoció que hay discrepancias con el Poder Ejecutivo respecto a los rubros que forman parte del presupuesto estatal programable, para calcular el equivalente del 4.7% que le corresponde al Poder Judicial, en cumplimiento de la autonomía financiera.

Acompañado por integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder judicial del Estado de Morelos, sostuvo una reunión con la diputada presidente de la Junta Política y Gobierno y presidente de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, Ariadna Barrera Vázquez, para abordar el tema presupuestal del próximo año.

Reiteró su solicitud de presupuesto por un monto de mil 300 millones de pesos para garantizar la operatividad del Poder Judicial estatal, ya que no solo tiene que afrontar el reto de modernizar y digitalizar la administración de justicia, sino que en el 2021, conforme a la última reforma laboral, desaparecerá la Junta de Conciliación y Arbitraje y se creará el Tribunal Laboral, bajo la tutela del Poder Judicial, por lo que serán indispensables recursos económicos adicionales.

Insistió en la necesidad de concretar la autonomía financiera del Poder Judicial, equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable. Sin embargo, la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (que invalidó el presupuesto del 2020 y provocó el sobreseimiento de la controversia constitucional 42/2020) impidió que el tribunal constitucional debatiera y estableciera los parámetros para otorgar ese porcentaje presupuestal al Poder Judicial.

Indicó que existen diferencias entre los poderes Judicial y Ejecutivo respecto a qué rubros o partidas financieras forman parte del presupuesto estatal programable, por lo que prevalece la controversia respecto al monto de recursos que le corresponden a la administración de justicia.

“En términos generales el Ejecutivo está presentando el presupuesto de acuerdo con una autonomía, sin embargo, el gasto programable comprende otros rubros y para el Ejecutivo son diferentes”, dijo, al señalar que continuará con las gestiones para mejorar el presupuesto del Poder Judicial.

Agregó que la recta final del año no ha sido fácil y ha recibido el apoyo del Ejecutivo con algunas ampliaciones presupuestales, sin embargo, todavía están en vilo los recursos para el pago del aguinaldo de los trabajadores judiciales.