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La secretaria encargada del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos debía declinar  competencia en favor de cualquiera de sus homólogos en el amparo 1222/2019, de su índice a los Juzgado Quinto o  Séptimo de Distrito, por existir un precedente por conocimiento previo, respecto del acto reclamado por la quejosa Maria del Carmen Cuevas López, quien tramitó ante los mencionados órganos jurisdiccionales de distrito en el estado, afirmó el abogado Jorge Luis López Flores, quien sostuvo que no debía pronunciarse sobre la admisión de la demanda y la suspensión solicitada por la magistrada.

El profesionistas señaló que cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo o conoció de un juicio diverso, tramitado por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano y anexara la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, y la remitirá, así como en su caso, del auto dictado como primera actuación, de lo antes señalado.

El abogado estimó que la secretaria del Juez Octavo de Distrito debió considerar seguir estas reglas ante la información de que existían diversos juicios radicados en el decimoctavo circuito, pues ello constituye un hecho notorio, en los que Cuevas López, recurrió a la justicia federal, para impugnar el decreto que le afecta, porlo que la funcionaria judicial pudo haber considerado esta posibilidad, cuando lo habitual es que si esta autoridad se iba a declarar incompetente, como en todos los casos sucede, no debió decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión solicitada por la quejosa, ante el supuesto jurídico de carecer de competencia y remitir con sus anexos, al juez o tribunal competente, como lo dispone la ley reglamentaria de la materia, aspecto que no se dio y que en cambio procedió a conceder a Cuevas López la suspensión del acto reclamado.

Jorge Luis López Flores aseguró que dicha inconsistencia quedo de manifiesto cuando el 24 de octubre la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinó  que el Juez Séptimo Distrito en el Estado, quien debe conocer y continuar con la tramitación del juicio promovido por María del Carmen  Cuevas López, violó el  trámite del amparo al conceder la suspensión, lo que le permitió a la solicitante continuar ejerciendo sus funciones de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de forma ilegal.

Un grupo de magistrados, jueces y secretarios del estudio participaron en la primera sesión de capacitación de la Clínica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, promovida por el Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, (IMM)

Un total de 77 operadores de justicia se sumaron a la sesión impartida la semana que conlcuye, cuyo propósito fue capacitar y orientar sobre los concepto normativos existentes y los procesos de construcción de identidad que puedan generar una decisión judicial permeada por la discriminación, generando consecuencias negativas para el derecho a la igualdad y a las mujeres en particular.
Mirna Cordero Perulero, responsable de la Coordinación del Programa Federal de Fortalecimiento para la Institucionalización de la Perspectiva de Género, el objetivo es que los impartidores y operadores de justicia elaboren sus sentencias con esta perspectiva, en todos aquellos casos en los que está presente la violencia de género.

“Estas acciones para el fortalecimiento a la transversalidad, de carácter nacional, nos permiten, a través de las diferentes dependencias, cumplir también con los compromisos internacionales. Las y los servidores públicos son fundamentales en su participación para estar abonando a este compromiso que tenemos como Estado Mexicano”, señaló.
Destacó que “no es común la impartición de estos cursos en los estados para identificar estos casos sobre la perspectiva de género, ya que los objetivos particulares constituyen la piedra angular de esta capacitación como compartir información sobre la aplicación del enfoque en Derechos Humanos”.

De las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez, se han judicializado al menos diez.

El Ejecutivo estatal promoverá un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, que consideró que la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, no debía ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

El Consejero Jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó al respecto que ya prepara dicho recurso legal en calidad de ofendidos.

Se utilizará el juicio de garantías y en su caso la revisión, anticipó, al sostener que la última palabra la tendrán los tribunales federales.

Dijo que junto con la Fiscalía Anticorrupción se analizan los argumentos de los dos magistrados (pues uno votó en contra) que aprobaron el dictamen.

A decir de Sotelo Salgado, no está bien sustentada la multicitada resolución: “nos parece incongruente e ilógica, que a dos ex funcionarios los hayan dejado vinculados a proceso y a dos los hayan dejado fuera, con no vinculación cuando son los mismos hechos.  

“Se trata de justificar que fue un comité de obra el que autorizó, pero quien preside esa instancia es la secretaria de Obras, por lo tanto, aseguró, no puede desvincularse la titular de la dependencia.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como a José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director general de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Pero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a los dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

 Sotelo Salgado expuso este jueves que el Poder Ejecutivo tiene la competencia plena para recurrir como ofendido en el asunto. Apuntó que por ley tienen quince días para presentar el citado recurso.

El consejero jurídico comentó que de las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, se han judicializado al menos diez. De estas se han recurrido a la siguiente instancia de cuatro a cinco por diversos motivos.

Mencionó que en algunos asuntos no se les reconoce legitimación como gobierno del estado: “eso se nos hace un poco complicado porque hay delitos (en) que efectivamente se afecta a la sociedad, pero quien resiente la afectación económica es el Ejecutivo del estado; en otras porque no se vincula a proceso, en otros más porque no se obsequian órdenes de aprehensión.

Destacó entre los asuntos que fueron recurridos el de una exfuncionaria que supuestamente estaba enferma y que no podía venir a Morelos, por ello se le otorgó un amparo para efecto de que se practicaran las diligencias en otro estado y se mandó a Tijuana, pero resulta que esa persona se presentó el pasado miércoles en el palacio de gobierno en Cuernavaca.

El funcionario estatal añadió que las denuncias formuladas van caminando, avanzan en primera instancia, se dan las vinculaciones a proceso, pero en la segunda instancia son revocadas esas determinaciones en contra de ex funcionarios, lo que despierta la sospecha de algunas irregularidades: “eso es lo que va preocupando y que hace pensar ciertas cosas, de cierta protección, pero la Consejería Jurídica va a hacer su trabajo interponiendo los recursos legales que estén a su alcance”. 

Ante las reacciones por el fallo a favor de la ex funcionaria, por medio de un comunicado, el TSJ expresó que la resolución de la sala no significa una exoneración de la ex secretaria, ya que “el proceso sigue vigente para continuar con la investigación, pues la fiscalía cuenta con recursos jurídicos, en virtud de estar en una etapa iniciar”. 

Sostuvo que “se analizaron el audio y video de la audiencia respectiva (celebrada el 6 de mayo pasado), se determinó con base a los datos aportados, no vincular a proceso a la ex secretaria, esta resolución no definitiva, queda la facultad de órgano investigador para la continuación de la investigación correspondiente, aclarando, por lo tanto, que no fue exonerada”. 

Y puntualizó: “La responsabilidad para defender el Estado de Derecho es de todas las instituciones; las resoluciones deben ser discutidas en los tribunales legales correspondientes y así evitar informar de forma errónea a la sociedad”.

La resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia a favor de la exsecretaria Patricia Izquierdo genera malestar; la fiscalía anticorrupción analiza qué hacer ante el movimiento adverso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) analiza la ruta jurídica que seguirá ante la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, que  revocó el auto de vinculación a proceso dictado en mayo pasado a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, quien había sido imputada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. El TSJ, a través de un comunicado, se defendió de las críticas y rechazó que resolución signifique una exoneración de la ex funcionaria. 

La resolución, que fue aprobada por los magistrados  Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis -con el voto en contra del magistrado Carlos Iván Arena Ángeles, quien consideró que si había elementos para mantener la vinculación a proceso- fue resentida no sólo por los representantes del Poder Ejecutivo sino por la propia fiscalía anticorrupción, que consideró que sí existían elementos suficientes para mantener bajo proceso penal a la ex funcionaria. 

A través de un comunicado, la fiscalía informó que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, analiza “la estrategia a seguir tras la decisión de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de revocar la vinculación a proceso en contra de la ex secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, imputada por presuntamente adjudicar de manera directa una obra por más de 75 millones de pesos a una empresa fantasma”, que operaba bajo la razón social Ago Operaciones S.A. de C.V.

Fuentes de la FECC consultadas indicaron que no se descarta ninguna posibilidad jurídica, es decir, desde impugnar la resolución aprobada por mayoría por la Segunda Sala del TSJ ante la justicia federal hasta considerar una acción legal contra los magistrados que votaron por la no vinculación de la ex secretaria de obras, pero todas las opciones están bajo análisis. 

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del TSJ, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017. 

Sin embargo, la sala determinó confirmar el auto de vinculación a proceso a los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, ya que se corroboró que la empresa no estaba legalmente constituida y los imputados habrían omitido revisar y verificar  la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.  

La ex secretaria de Obras aún enfrenta dos procesos penales más, debido a que la fiscalía anticorrupción le imputó el delito de ejercicio indebido de la función pública. En el primer caso, se le acusó del pago 34 millones de pesos para la construcción de una planta recicladora en Jiutepec cuya obra quedó inconclusa. En el segundo caso, se le acusó de haber pagado 13 millones 800 mil pesos a una empresa para la construcción de una planta recicladora, la cual tampoco fue concluida y su edificación quedó sólo al 40%. 

El gobernador lamenta fallo que exonera a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo; dice que continuará luchando para que no queden impunes los actos de corrupción de la administración pasada.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo lamentó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a favor de la ex secretaria de Obras Públicas Patricia Izquierdo Medina, denunciada por la actual administración. Consideró que hay “corruptelas” en el Poder Judicial y aseguró que continuará luchando para que no queden impunes los actos de corrupción de la administración pasada.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, la Segunda Sala del TSJ revocó el auto de vinculación a proceso a la exsecretaria Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Entrevistado al respecto, el mandatario estatal declaró este miércoles que hay "muchas irregularidades" en la impartición de justicia en Morelos.

"Hay mucha corruptela ahí entre jueces y lo voy a decir textual como es, como la presidenta magistrada, la verdad que es lamentable. Uno hace un esfuerzo para que personajes que le hicieron daño al estado caigan. Va a pasar, va a seguir pasando, nosotros vamos a meter las demandas y ellos van a tratar de salir a como dé lugar. Yo lo dije, hay jueces que están muy involucrados con gente mala y que los están sacando; esperemos que se pongan a trabajar, que hagan las cosas bien, es gente que le hizo daño a Morelos, es gente que desvió recursos y así va a pasar. Ahora no sé a quién vayan a soltar otra vez o lo dejen fuera, pero creo que es injusto lo que están haciendo estos personajes, ojalá lo recapaciten”, aseveró.

Blanco Bravo apuntó que hay desconfianza en la actuación de las autoridades judiciales porque "hay muchas injusticias".

El gobernador sostuvo que no cesará y continuarán con la lucha para que se haga justicia respecto a los actos de corrupción que cometieron ex funcionarios de la administración pasada.

Confió en que las denuncias, formuladas ante la Federación por su gobierno en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu procedan y tengan efectos contundentes. Anticipó que expondrá lo que está sucediendo ante las autoridades federales.

Añadió: “aquí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente del exgobernador metida ahí, con magistrados, con las fiscalías, con jueces, hay una mafia muy fuerte que está manejando el exgobernador junto con el hijastro para que no caigan (los) exsecretarios, porque si caen los exsecretarios, le van a echar la culpa al hijastro y al exgobernador. Entonces no es posible lo que está pasando, y que sepa la ciudadanía lo que está pasando… que hay algunos magistrados y algunos jueces involucrados con el señor Ramírez, pero no voy a parar hasta verlo tras las rejas”.

Insistió en que buscará que el ex titular del Ejecutivo en Morelos devuelva los recursos que habría extraído, al referir que Ramírez Garrido tiene varias propiedades costosas.  

En cuanto al conflicto registrado en Cuernavaca por los cortes de energía eléctrica en diversos pozos de agua, Cuauhtémoc Blanco anotó que es responsabilidad del alcalde capitalino resolver el problema y no debe culpar al gobierno estatal. Recordó que, en su momento, cuando él fue alcalde de la ciudad, tuvo que buscar alternativas de pago con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El gobernador fue entrevistado al término de la ceremonia de conmemoración del Día del Médico, en la que reconoció la noble labor de los profesionales y reiteró su compromiso con el sector para atender el desabasto y reconstruir el desorden que en materia de salud heredó del gobierno anterior.

Blanco Bravo entregó reconocimientos a doce médicos “por su vocación de servicio, humanismo y compromiso con la salud de la población de Morelos”.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será sede del Congreso Internacional sobre Derecho Familiar, que se realizará a mediado del mes de noviembre, con la participación de países de América Latina y Europa. 

Ponentes de lugares como Francia, España, Perú, Argentina, Ecuador y Costa Rica abordarán temas relacionados con la restitución internacional de menores, nuevas modalidades de la guarda y custodia, alienación parental y adopción homoparental. 

El magistrado y director de la Escuela Judicial del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, detalló que el congreso se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre, luego de que durante la edición anterior, que se celebró en Colombia, Morelos se postuló para ser sede este 2019.

 “De entre más de 10 países solicitantes, la Academia Euroamericana de Derecho de Familia favoreció con su confianza al TSJ de nuestra entidad” señaló Falcón Vega. 

 Nain Isaac Monge Segura, juez del Poder Judicial de Costa Rica y vicepresidente de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia con sede en Argentina, aseguró que estas actividades que se llevarán a cabo en Morelos constituyen un ejercicio en el que los saberes que se compartirán forman parte de la experiencia consolidada de nuestro país y en especial de Morelos.

“La Academia Euroamericana pensó en Morelos por el nivel de debate, los temas son mundiales y México los discute para beneficio de la comunidad jurídico internacional. Morelos es un escenario óptimo, pues tiene la plataforma tanto estructural como académica”, dijo el juez costarricense. 

Las inscripciones están abiertas para estudiantes, postulantes, servidores públicos y sociedad en general, a través de la plataforma digital del TSJ.

El secretario de Hacienda detalla la solicitud de modificación presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal.

Con la finalidad de atender el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, compareció ante las integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, donde ofreció detalles respecto a la solicitud de modificación presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal.
En este acercamiento, que se dio en un ambiente de cordialidad, el funcionario expuso la necesidad de redireccionar recursos por 26 millones de pesos de las secretarías de Turismo y Cultura; Desarrollo Económico y del Trabajo; Desarrollo Social y Administración, para cumplir con dicho compromiso, el cual se ha venido postergando desde 2016. 
“Es aquí donde el análisis que hicimos directamente del área presupuestal y los avances perentorios al mes de agosto, se determinó que de estas dependencias pudiéramos hacer la reasignación para llegar a estos 26 millones de pesos”, señaló.
Lo anterior, anteponiendo que la Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con el Fideicomiso de Turismo Morelos (FITUR), y Desarrollo Económico y del Trabajo con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).
Asimismo, refirió que dichas dependencias han logrado bajar recursos a través de programas del Gobierno de México, en beneficio de diversos sectores de la sociedad.
Villarreal Gasca dio respuesta a preguntas formuladas por algunas diputadas a fin de lograr la aprobación respectiva a la solicitud de modificación presupuestal, ya que indicó que el Gobierno del Estado tiene el firme compromiso de cumplir con los pagos de pensiones y jubilaciones al personal del Poder Judicial.

José Aquino Herrera es familiar de la magistrada Carmen Aquino Celis.

José Aquino Herrera, sobrino de la magistrada Carmen Aquino Celis, fue designado como juez visitador, justo en medio de críticas a la administración de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, por mantener en puestos clave y como jueces a colaboradores afines.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia, Aquino Herrera se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada y expresidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, pero fue designado como juez visitador, cargo relevante debido a las funciones asignadas.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos, los jueces visitadores auxilian al Visitador General y realizan visitas e inspecciones a los juzgados, con el fin de verificar su bien funcionamiento y detectar probables irregularidades que deban ser del conocimiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para, en su caso, iniciar investigaciones y deslinde de responsabilidades a funcionarios judiciales.

La magistrada Aquino Celis, quien pertenece al grupo de la actual magistrada presidenta, también ha incorporado al TSJ a sus dos hijos y por lo menos a cuatro sobrinos más.

Destino de decreto legislativo que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados está pendiente de decisión judicial.

En el Poder Judicial del Estado de Morelos prevalece una tensa calma ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de conceder la suspensión dentro de la controversia constitucional 306/2019 para detener los efectos del decreto legislativo que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados.

Mientras que el grupo de magistrados disidentes decidió mantener un silencio prudente, el grupo que encabeza la magistrada presidente María del Carmen Cuevas López consideró la resolución de la SCJN como una victoria parcial que prolongará, por el momento, la estancia en el cargo al frente del Poder Judicial de la actual titular del TSJ.

En ambos bandos existe incertidumbre porque el asunto se mantiene subjudice tanto en el máximo tribunal del país como en los juzgados de distrito. Incluso, han trascendido los cabildeos en las oficinas de la Corte, especialmente para mantener la ampliación del periodo de los magistrados, pese a que el proyecto de resolución presentado el pasado 19 de septiembre por el ministro, Luis María Aguilar Morales, proponía validar la reducción del periodo.

Debido a que la votación del proyecto de resolución en el Pleno de la SCJN fue pospuesta y que se presentó la nueva controversia constitucional, los magistrados del Poder Judicial, así como los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se mantienen a la expectativa.

Aunque la operatividad de la administración de justicia no se vio afectada, permanecen en vilo la sesiones de Pleno del TSJ y la división entre los magistrados.

Inauguran Juzgado Único Especializado.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, inauguró el Juzgado Único Especializado en Oralidad Mercantil y oficializó la designación de Alejandro Hernández Arjona, como titular del recién creado órgano jurisdiccional, 

Durante el evento, tanto el juez como la titular del TSJ destacaron que aspiran a obtener la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y despresurizar la carga de trabajo, además de recurrir a formas alternas de solución de conflicto. 

Hernández Arjona, quien fue designado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina como titular del juzgado especializado, señaló que Morelos se suma al nuevo sistema de justicia, que permite agilizar y transparentar los procesos judiciales en la materia. 

El juzgado especializado tendrá como sede la ciudad de Cuernavaca, pero su titular podrá desplazarse a las sedes de Jojula y Cuautla para desahogar los asuntos de su jurisdicción.

Una controversia constitucional deja sin efecto el decreto que reducía a 14 años el periodo en el cargo de la presidenta del TSJ y sus homólogos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos y concedió la suspensión contra los efectos del decreto que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados. 

La semana pasada, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, Carmen Cuevas López, promovió el recurso de control constitucional 306/2019 y requirió la medida cautelar contra los efectos del decreto, la cual se suma a la suspensión que ella y a otros magistrados obtuvieron por la vía del juicio de amparo. 

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, para que no se ejecute el Decreto cuatrocientos veintisiete [427], publicado en el Periódico Oficial local el 10 de septiembre de 2019, por el que se deja sin efectos el diverso Decreto dos mil seiscientos diez [2610], y con ello no se suspendan los nombramientos a que se refiere la disposición transitoria tercera del Decreto mil seiscientos trece [1613], de quienes actualmente ostentan los cargos de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto; siempre y cuando no se haya ejecutado materialmente la separación del cargo de alguno de ellos. 

“La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, estableció el acuerdo emitido por la SCJN.

Al admitirse la controversia constitucional, se llamó como partes demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, por la aprobación y promulgación del decreto impugnado, y fueron emplazados para que en un plazo de 30 días respondan a la demanda y entreguen la documentación que les fue requerida por la SCJN. 

El pasado 10 de septiembre fue promulgado el decreto por el cual el Congreso revocó la ampliación del periodo de los magistrados a 20 años, que aprobó la legislatura anterior, y retornó al periodo original de 14 años. 

La primera afectada sería Carmen Cuevas López, cuyo periodo de 14 años concluyó el pasado 4 de julio, pero al obtener una suspensión por la vía del juicio de amparo se mantuvo como magistrada y presidente del TSJ. Algunos otros magistrados, que en algunos meses concluirían su periodo original, también recurrieron al amparo y han conseguido la suspensión contra los efectos del decreto cuestionado. 

En tanto, la SCJN mantiene en suspenso la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos  contra la ampliación de periodo de los magistrados, el aumento de la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años y la eliminación de la evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia. 

En el proyecto de resolución, anunciado en la sesión del Pleno de la SCJN del pasado 19 de septiembre, se propuso validar la reducción del periodo de los magistrados, pero debido a que algunos ministros solicitaron hacer algunos ajustes, el caso fue pospuesto indefinidamente.

Promovió una nueva controversia constitucional contra el decreto por el cual el Congreso expidió el acuerdo que anuló la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional contra el decreto por el cual el Congreso expidió el acuerdo que anuló la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La también presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial local inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 306/2019, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como del Secretario de Gobierno, por la aprobación y promulgación del decreto, que afecta de manera inmediata a Cuevas López, quien concluyó su periodo de 14 años el pasado 4 de julio pero se sostiene por una suspensión provisional que, a decir de sus opositores, no surte efecto porque en el momento en que fue concedida la medida cautelar ya se había consumado su cese.

Según el acuerdo expedido por la SCJN, se resolvió turnar la nueva controversia al ministro a cargo del proyecto de resolución de la acción de inconstitucional 20/2017, por tratarse de un asunto que tiene conexidad con este recursos de control constitucional que fue parcialmente debatido en la sesión del Pleno del pasado 19 de septiembre, y cuyo falló fue postergado debido a que el ministro ponente acordó con sus homólogos hacer algunos ajustes al proyecto de resolución, que originalmente planteó invalidar la ampliación del periodo de los magistrados.   

En breve, el ministro instructor deberá determinar si admite o no la nueva controversia, si se acumula o no con la acción de inconstitucionalidad.  

El proceso fue convocado en 2017 para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Un tribunal colegiado ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial destrabar el concurso de oposición que en 2017 convocó el extinto Consejo de la Judicatura para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión 171/2019, confirmó el amparo que concedió el juez Noveno de Distrito a uno de los aspirantes a juez y que ordenó a la hoy extinta Comisión Transitoria del Poder Judicial del Estado para que en el plazo de tres días publicara la lista de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa y dar continuidad al proceso hasta concluir con la designación.

El criterio de la justicia federal es que la autoridad responsable (primero el extinto Consejo de la Judicatura, luego la Comisión Transitoria y actualmente la Junta de Administración, que sustituyó a las anteriores) ha sido omisa en la continuación y terminación del concurso de oposición, que desde diciembre de 2017 quedó varado sin aparente justificación.

Pese a los reclamos tanto de los aspirantes como organizaciones de abogados por mantener congelado este proceso de designación, la magistrada presidente del TSJ, Verónica Cuevas López, en noviembre de 2018 designó de manera directa a un bloque de ocho jueces “interinos” menores y auxiliares, la mayoría familiares y colaboradores de funcionarios y magistrados afines a ella.

El Congreso señala que el juez federal tuvo una interpretación incorrecta.

El Congreso del estado promovió un recurso de queja en contra de la suspensión provisional que el Juzgado Octavo de Distrito le concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López para evitar que ésta se separe del cargo de magistrada, tras el decreto del 11 de septiembre que anuló el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.
Mediante el expediente número 1222/2019, el pasado 18 de septiembre, el Poder Legislativo presentó dicho recurso y señaló como agravios el hecho de que la apreciación del juez federal es incorrecta, pues al tratarse, el decreto, de una norma autoaplicativa, causó efectos a las 12:01 de la madrugada  del 11 de septiembre, mientras que la suspensión que se le concedió a la magistrada se emitió a las 9 de mañana del mismo día.
"...al ser el acto reclamado una norma autoaplicativa que no tiene un acto concreto de aplicación, no es viable conceder la suspensión para impedir los efectos y consecuencias de la norma, pues debe analizarse si se cumplen los requisitos del artículo 148 de la Ley de Amparo", señala la queja.
Además, otro de los agravios expuestos por el Congreso de Morelos es el hecho de que la ejecución del decreto no contraviene el orden público, por lo que el juicio de amparo de la magistrada se pudo atender de fondo sin otorgar la suspensión provisional.
"... Resulta improcedente conceder la suspensión provisional y en su momento la definitiva, ya que de obsequiarla se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues se estaría realizando un acto restitutorio, el cual únicamente es propio de la sentencia definitiva, no así de la medida suspensional, por lo tanto en la presente causa se actualiza dicha hipótesis ya que la permanencia como magistrada presidenta del TSJ de María del Carmen Verónica Cuevas López causa un perjuicio para la sociedad", se añade en el recurso.
El perjuicio social que señaló el Poder Legislativo se basa en que la magistrada Cuevas López rebasó, desde julio pasado, la temporalidad de los 14 años que marca la Constitución Política del Estado en el cargo.
Ante tales argumentos, el Congreso de Morelos solicitó al Tribunal Colegiado anular la suspensión provisional a favor de la magistrada y continuar con el juicio de amparo para su resolución de manera definitiva.

El proyecto de la Suprema Corte propone invalidar decreto que aumentó a veinte años el periodo de los actuales magistrados de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaría las reformas por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, aumentó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso y eliminó la ratificación.

Luis María Aguilar, como ministro ponente de acción de inconstitucionalidad 20/2017, propuso al Pleno la invalidez del decreto 1613, publicado el 24 de febrero de 2017, en lo relativo a la derogación del párrafo segundo de la fracción XXXVII del artículo 40; reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto, sexto, décimo y la derogación de los párrafos tercero, octavo y noveno; así como reforma al artículo 109 bis, párrafos sexto, octavo y derogación del párrafo séptimo, y reforma al artículo 109 ter, párrafos tercero, quinto y derogación del párrafo cuarto, todos de la Constitución política local, así como del artículo tercero transitorio del decreto.

La invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos fueron las propuestas discutidas este jueves en el Pleno de la SCJN, en virtud de que el pasado 10 de septiembre fue promulgado el decreto por el que el Congreso expidió el acuerdo que revirtió la extensión de los periodos.

Algunos ministros, como Eduardo Medina Mora y Mario Pardo Rebolledo, consideraron procedente sobreseer las disposiciones respecto a la ampliación de los nombramientos de los magistrados, en virtud de que han cesado sus efectos por la vigencia del nuevo decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 10 de septiembre, aunque –advirtió Medina Mora- “puede que haya problemas respecto de esos nombramientos, pero, en todo caso esos habría que ver si los afectados lo combaten en amparo”.

En contraste, el ministro presidente, Arturo Zaldívar expresó su disenso, porque consideró que, pese al nuevo acto legislativo, permanece vigente el artículo tercero transitorio del decreto de reforma del decreto 1613, porque no fue derogado, y “adelanto que no estoy a favor del sobreseimiento del tercero transitorio, me parece que claramente sigue surtiendo sus efectos y que un acto concreto, decreto que lo deja sin efectos, con una, pues, muy poco disimulada intención de lograr precisamente que no se analice la constitucionalidad de esta reforma, no puede llevarnos precisamente a ese sobreseimiento”.

El lunes continuará el análisis del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad, al cual el ministro ponente incluirá algunas observaciones de sus homólogos.

En el proyecto de esta acción de inconstitucionalidad también se propone invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación de la ratificación. En caso de invalidarse, tendría un impacto inmediato en la estructura del Poder Judicial.

Por ejemplo, en caso que el periodo de los magistrados se reduzca nuevamente a 14 años, quedaría inmediatamente vacante la magistratura de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Cuevas López, y en mayo quedarían vacantes las magistraturas que actualmente ocupan Roció Bahena y Miguel Ángel Falcón, quienes han promovido sendos juicios de amparo.

De igual forma, concluiría el periodo de los magistrados Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).  Por edad, tendrían que retirarse del cargo los magistrados del TSJ, Valentín González García y Ángel Garduño.

En caso de regresar la ratificación al culminar su primer periodo de seis años, tendrían que ser sujetos a evaluación los magistrados del TSJ, Manuel Díaz Carbajal, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Elda Flores León, para aspirar a un segundo y último periodo de ocho años.

La acción de inconstitucionalidad que estudia la SCJN fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a petición de organizaciones civiles y particularmente de organizaciones de abogados, por calificar la reforma realizada por la LIII Legislatura al Poder Judicial como “indebida, inmoral e ilegal” porque no sólo no garantizaría una administración de justicia imparcial e independiente, sino que arbitrariamente eternizaría las magistraturas sin evaluar el desempeño de quienes las ocupan y sin escrutinio público.

DIFERIDA AUDIENCIA DE CUEVAS LÓPEZ

El Juzgado Octavo de Distrito difirió la audiencia incidental en que se pretendía resolver si mantenía o no de manera definitiva la polémica suspensión concedida a la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, por la cual permanece en el cargo, pese a que los magistrados del bloque disidente insisten en que la medida cautelar no surte ese efectos porque su cese fue consumado con la vigencia del nuevo decreto legislativo del 10 de septiembre.

Hasta ayer se desconocían las razones del diferimiento y la nueva fecha para su realización, sin embargo, todos los magistrados y los representantes de los tres Poderes del estado están a la expectativa de lo que resuelva la SCJN, por el posible impacto a la estructura judicial.

Juez rechaza petición de iniciar un incidente por presunta violación a suspensión  provisional por parte de la disidencia del TSJ.

El Juez Octavo de Distrito rechazó la petición de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, de iniciar un incidente por presunta violación a una suspensión  provisional, en contra del grupo de magistrados que la desconocen como representante del Poder Judicial.

La semana pasada, nueve magistrados consideraron que la suspensión provisional otorgada por el juzgado de distrito no surtía efectos a favor de Cuevas López porque era un hecho consumado la terminación de su periodo, tras la publicación del decreto por el que se expidió el punto de acuerdo legislativo para reducir de 20 a 14 años el periodo de los juzgadores de segunda instancias.  

Por ello, el magistrado decano, Andrés Hipólito Prieto convocó a sesionar cuando menos en dos ocasiones para elegir a quien cubriría el periodo restante de Cuevas López al frente de la presidencia.

Sin embargo, sobrevino el choque de interpretaciones y la magistrada afirmó que la suspensión que le fue concedida era para conservar su investidura y la representación del Poder Judicial, por lo que procedió a denunciar ante el juez federal que sus homólogos y opositores violaban la suspensión al pretender suplirla en la presidencia.

El argumento esencial del  juzgado  federal es que no son autoridad responsable los magistrados del TSJ y por tanto no había lugar a tener por denunciada la repetición del acto reclamado ni dar vista al agente del Ministerio Público Federal.

Por lo pronto, los tres Poderes del estado y los sectores vinculados a la administración de justicia se mantienen a la expectativa sobre la audiencia que se realizará este 19 de septiembre, en la que se definirá si se mantiene o no la suspensión definitiva a Carmen Cuevas.

Crisis en Poder Judicial afecta a plantilla laboral; hay presuntas represalias contra trabajadores, señala grupo disidente.

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se declararon “en pie de lucha por la defensa del estado de derecho”, reiteraron que desconocen a Carmen Cuevas López como magistrada presidenta y denunciaron que ella arremetió contra los trabajadores al aplicar una sería de “castigos” que van desde el cambio de adscripción a  zonas lejanas hasta el despido.

Los nueve magistrados que forman parte del grupo disidente fijaron una postura en grupo en torno a lo que ocurre en la operatividad de la administración de justicia y que afectó ya directamente a la base trabajadora, pero también confirmaron su desconocimiento a Cuevas López y llamaron al resto de sus homólogos a sumarse para impedir que se continúen las acciones ilegales de Cuevas López.

“No reconocemos a la Ciudadana María del Carmen Verónica Cuervas López como Magistrada y menos aún como Presidenta del Tribunal, porque el plazo de catorce años a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Local, ya concluyó.

“Insistiremos en que los demás Magistrados colaboren a fin de que el Tribunal cuente con Presidente o Presidenta; y cese la administración del erario público y los demás actos que al margen de la legalidad viene realizando la ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose indebidamente como Magistrada y Presidenta de este Tribunal. 

“Entre todos los Magistrados y de cara a la sociedad, se abra un debate respetuoso y sincero, a fin de que se corrijan y terminen diez problemas fundamentales, cuya desatención ya resulta insostenible”, instó el grupo de magistrados disidentes.

En el documento dirigido a la opinión pública y firmado por los magistrados Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Nadia Luz Lara Chávez, Bertha Rendón Montealegre, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González y Rocío Bahena Ortiz, se reveló una serie de problemas que apuntalaron la crisis que vive el TSJ.

De acuerdo con los magistrados, son atribuibles a la gestión de Carmen Cuevas una serie de represalias emprendidas contra los trabajadores, que van desde la reducción del salario, el cambio abrupto del lugar del trabajo a sitios lejanos, el cobro por la capacitación que reciben del tribunal, la ausencia de nombramientos definitivos pese a la antigüedad y otras formas de castigo e intimidación ilegal hacia los trabajadores del Poder Judicial que, en caso extremos, han terminado con el despido.

También señalaron que desde la asunción de la magistrada presidenta, ésta permanente se niega a cubrir la pensión de los trabajadores, arriesgando su sobrevivencia y la de sus familias.

Además, recalcaron que existen “amenazas al personal obligándolos a incurrir en conductas ilegales, so pena del despido” y realizó “la designación directa de jueces y otros funcionarios, y amenaza con privarlos de sus derechos, a fin de que actúen sumisamente”.

A esto se suma el uso del erario judicial “para remodelar lujosamente oficinas y atender asuntos personales, cuando existen prioridades urgentes, como la creación de otros juzgados, debido a la enorme saturación de trabajo”.

Los magistrados coincidieron que existe una fuerte resistencia para lograr la modernización de la normatividad que rige al Poder Judicial, para terminar con las viejas y nefastas conductas de autoritarismo.

María del Carmen Cuevas López insiste en que suspensión provisional la mantiene con la investidura y la representación del Poder Judicial.

Minutos después de fijar postura la disidencia, Carmen Cuevas y un grupo de magistrado que la apoyaron, salió en su defensa, refutó los dichos de sus opositores e insistió en que la suspensión provisional la mantiene con la investidura y la representación del Poder Judicial.

Acusó a los magistrados de difundir información falsa, lo que hará del conocimiento de  la autoridad federal, “porque es mentira que yo estoy usurpando funciones”.

“Todo lo que se está diciendo es contrario a la ley,  nosotros estamos apegados a la norma como siempre lo hemos hechos, lo hacemos de manera legal. No queremos confrontación, no queremos arbitrariedades, no queremos llegar en ningún sentido hacer un show del Poder Judicial, y el Poder Judicial ha actuado y seguirá actuando conforme a la ley”.

Señaló que será la autoridad federal quien dirimirá el tema e insistió que los magistrados disidentes hacen una interpretación errónea de la suspensión que le fue otorgada y que su efecto fue para que ella se mantenga al frente del PJ.

Consideró que la presencia de la notaria Patricia Mariscal en el TSJ fue “un acto de provocación” e insistió en que documentará todo para darle parte a la autoridad federal respecto a que un grupo de sus homólogos violenta la medida cautelar.

Por la tarde, el magistrado decano y primero, Andrés Hipólito Prieto, dio por cancelada la segunda convocatoria para sesión solemne de Pleno para la elección del representante del PJ y acusó un boicot a Cuevas López, al impedirles el ingreso al Salón de Plenos.

Dijo que ante esta crisis que atraviesa el tribunal, se hará una tercera convocatoria para sesionar, en espera que en esta ocasión no haya obstáculos.

Magistrados opositores afirman que la suspensión provisional que le fue concedida no surte efectos para que siga como presidenta del TSJ.

También la acusan de boicotear los intentos para sesionar y elegir a presidente provisional del Poder Judicial de Morelos.

Mientras Carmen Cuevas López se aferró como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados opositores desconocieron su investidura, por considerar que la suspensión provisional concedida por la justicia federal no surte efectos para que siga en el cargo, además de que la acusaron de boicotear los intentos de un grupo de magistrados para sesionar y elegir al presidente provisional, y promovieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este jueves, una comisión de magistrados disidentes fijó su postura respecto a la suspensión concedida a Cuevas López por el Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, y afirmaron que los efectos no son para sostenerla en el cargo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto afirmaron que la suspensión no la protegió para seguir como magistrada y mucho menos como presidente del tribunal, pues sólo fue para efecto de que las cosas se mantuvieran como estaban  a partir de la hora y día que promovió el amparo.

Como peritos en derecho, destacaron que cuando se concedió la medida cautelar ya estaba consumado su cese como representante del Poder Judicial y había concluido su periodo, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo por el que el Congreso revirtió la disposición tercera transitoria del decreto 2610, por la que la legislatura anterior –sin reforma constitucional- amplió  a 20 el periodo de los magistrados de los tribunales locales, y emitió uno nuevo para retornar al periodo original de 14 años, como consta en sus decretos de designación de los juzgadores de segunda instancia.

Resaltaron que le fue negada la suspensión contra el nuevo decreto, por el cual se da por culminada su gestión desde el 4 de julio pasado e, insistieron, que la suspensión concedida fue únicamente para que las cosas permanecieran en el estado en que se encuentran y eso significa que al momento de la concesión de la medida cautelar Carmen Cuevas ya estaba fuera del Poder Judicial.

Hicieron un llamado a sus homólogos del grupo de Cuevas López a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el Poder Judicial, cuya representación se encuentra acéfala

“Hoy ya  no es magistrada y mucho menos presidente. La exhortamos para que no anteponga sus intereses personales y no afecte el interés público y social. Que prevalezca la legalidad para que se restablezca el Estado de Derecho en bien de la justicia”, afirmó Arenas Ángeles.

Posteriormente, arribó a la sede del TSJ la notaria número 5 de la demarcación de Cuernavaca, Patricia Mariscal Vega, quien dio fe de que Carmen Cuevas y su personal estaban despachando en la oficina de Presidencia.

Posteriormente, Hipólito Prieto acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar una denuncia penal contra Carmen Cuevas, por la probable comisión de un delito al ejercer funciones que ya no le corresponden y usurpar una investidura.

“Ejercer actos o materializar actos en que se ostente como servidora pública, incurre en una conducta delictiva que será denunciada ante el agente del Ministerio Público y, si la representación considera que es un delito flagrante, incluso deberá de proceder contra la persona que se está como servidor de la magnitud de un presentante de un poder, o disponer de recursos materiales, humanos, incluso económicos, son graves”, secundó el magistrado Gambo Olea.