La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, entre otras cosas, facultan al titular de la institución para nombrar al fiscal anticorrupción.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se admitió el recurso de control constitucional 65/2018, por el cual se impugnaron los artículos 32, párrafo primero 100 y 101 de la Ley Orgánica de la FGE publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5611, de fecha 11 de julio de 2018, a través del decreto 3248.

El organismo argumentó la ilegalidad de la reforma realizada por los diputados a dichos artículos, que facultan al fiscal general para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade  competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, en la SCJN ya se dirimen cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas con anterioridad por el organismo en contra de las reformas del Congreso local que otorgaron facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

Previo a la admisión del recurso, el fiscal general se apresuró a ratificar como fiscal anticorrupción por un periodo más de siete años a Juan Salazar Núñez, quien ejercía el cargo desde hace tres años y su detractores criticaron su desempeño y eficiencia.

La comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo, consideró conveniente que haya un proceso de evaluación del desempeño de los comisionados y que los diputados los llamen a clarificar cualquier duda que surja al respecto.

Luego de que en la motivación de la iniciativa de reforma al artículo constitucional 23-A (para incrementar de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE) salieron a relucir acusaciones contra los comisionados por una supuesta denuncia, la contratación de familiares y salarios onerosos, Arteaga Dirzo recordó que la iniciativa de reforma data de 2016 y, desde entonces, los miembros de la legislatura no pidieron explicaciones para aclarar estos temas.

Sobre el tema de la carpeta de investigación SCOV/5237/2015, aclaró que ésta no fue contra el IMIPE, sino que -por el contrario- en ese entonces, cuando era presidenta de la institución y, con apoyo de los dos comisionados, promovió la denuncia contra quien resultara responsable porque detectó que el entonces responsable del área de administración no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y, por ello, se requirió a la Fiscalía deslindar responsabilidades.

Sobre la contratación del entonces coordinador del área de Socialización, Héctor Martín Ramírez Hernández, y de Julio Jorge Méndez Álvarez como director del Sistema Estatal de Estadísticas, rechazó tener parentesco directo con ellos y afirmó que, si bien ya no laboran para el instituto, ella se excusó del asunto en su momento y el nombramiento estuvo a cargo del cuerpo colegiado.

En torno a los salarios onerosos, Arteaga Dirzo justificó que los emolumentos de los comisionados morelenses son inferiores a los que reciben en promedio sus homólogos de otras entidades, y expresó que su salario quincenal es de aproximadamente 38 mil pesos.

Precisó que -cada año- el IMIPE presenta un informa a la legislatura de las actividades realizadas por el órgano de transparencia, y lamentó que -en su momento- no haya sido llamada para clarificar estas situaciones.

Expresó que su postura personal está en la disposición para que la legislatura saliente o la entrante los llame a rendir cuentas y aclarar cualquier circunstancia.

“Sí es importante el tema de que nos estén haciendo revisiones. Yo creo -en lo personal- que yo estoy en toda la disposición para que -de querer evaluarnos- se evalúe el trabajo que hemos venido desempeñando como institución.

“Recordemos que somos un colegiado, y yo creo que valdría la pena que -tanto en lo individual, como institucional- esta legislatura que se va o la que viene, nos evalúe. En mi caso, claro (que) sí estoy dispuesta a que se me evalúe”, afirmó, y señaló que, en su caso, su trabajo ha sido consistente y durante el periodo en que fue presidenta, al IMIPE le tocó un periodo que calificó de difícil, por la transición hacia el nuevo modelo de transparencia.

Ahora la abstención de las alcaldías no será contemplada ya como voto a favor; cualquier reforma deberá contar con el voto a favor de dos tercios de los cabildos; en el colmo del cinismo, los diputados señalan que la opción de la afirmativa ficta propició excesos  

Con la eliminación de la afirmativa ficta, ahora todas las reformas a la Constitución deberán aprobarse por la dos terceras partes de los ayuntamientos, que estarán obligados  a pronunciarse a favor o en contra. Además, con la entrada en vigor de la declaratoria que da autonomía al Instituto de la Mujer de Morelos, podrá iniciarse el proceso de designación de la nueva persona titular.

De acuerdo con la reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, que por cierto fue aprobada con la afirmativa ficta de 17 ayuntamientos (que ignoraron u omitieron pronunciarse a favor o en contra de la modificación constitucional), más dos votos a favor de los ayuntamientos de Emiliano Zapata y Jiutepec, fue modificado el artículo 147 constitucional.

En la motivación de la iniciativa de reforma, que fue impulsada por el grupo parlamentario del PRD, el legislador estableció que “la afirmativa ficta fue la peor cláusula que se le pudo haber incluido a la Constitución local, ya que ha provocado un completo desentendimiento por parte de los ayuntamientos en las reformas constitucionales”.

Sin embargo, se reconoce que gracias a la afirmativa ficta los diputados pudieron realizar “excesivas reformas”, que su a vez han provocado “una falta de cohesión y que exista una permanencia institucional”.

De esta manera, la propia legislatura reconoció que “en los últimos años, nuestra Constitución local se ha reformado de manera excesiva con cientos de reformas que presenta cada legislatura, misma que en algunas ocasiones, no hace más que no se lleguen a concretar o dar los resultados que se buscaban los legisladores con una anterior reforma”.

“El reformismo sin sentido  y por variaciones políticas debe parar. Debemos dejar que las instituciones se desarrollen con un sentido de duración y permanencia, lo anterior para que puedan lograr los objetivos de los cuales son encomendadas”, advirtió la justificación de la reforma, que también tiene como objetivo dificultar que las modificaciones realizadas por la legislatura que culmina sean revertidas.

Actualmente Morelos tiene 33 ayuntamientos, lo que significa que para aprobarse una reforma constitucional, además del apoyo de las dos terceras partes de los diputados, se necesitarán al menos los votos de 22 cabildos. A partir de enero, con la creación de tres municipios indígenas, la entidad tendrá 36 ayuntamientos, por lo que el número de votos subirá a 24.

De igual forma, con la entrada en vigor de la reforma constitucional que dota de autonomía al Instituto de la Mujer de la Mujer, se estableció que con ello el Congreso está en la posibilidad de expedir la convocatoria para nombrar a la persona titular del organismo público, y dar un plazo máximo de cinco días para que se inscriban los aspirantes a ocupar el cargo y arranque el proceso de designación.

Para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, el juzgador debe analizar si en el acto u omisión concurren una o varias situaciones.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actualizó los criterios que deben ser considerados para determinar la violencia política de género.

Al emitir la jurisprudencia 21/2018, titulada “Violencia política de género. Elementos que la actualizan en el debate político”, la máxima autoridad electoral del país realizó una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 6, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Como resultado, se estableció que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren una o varias situaciones.

Es decir, se debe analizar si el hecho sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público; si es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, o medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; si es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; si tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, o si se basa en elementos de género como: se dirige a una mujer por ser mujer; tiene un impacto diferenciado en las mujeres; o afecta desproporcionadamente a las mujeres.

En ese sentido, consideró el TEPJF que las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género.

Resalta “desempeño y trayectoria” del cuestionado fiscal anticorrupción.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, defendió su decisión de designar como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, al asegurar que evaluó su desempeño y trayectoria.

A través de un comunicado, la propia FGE exhibió que “parte” de los resultados logrados en tres años por Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son una sola condena penal contra un ex tesorero municipal y cinco vinculaciones a proceso de un oficial del registro civil, dos ex alcaldes, de Cuautla y Temixco, y el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por presuntos delitos contra la fe pública, peculado y enriquecimiento ilícito.

Además de estos “logros”, consideró la trayectoria como servidor público del ratificado, quien en 2017 fue condecorado por los actuales diputados con la presea “Antonio Díaz Soto y Gama”, además de su experiencia de más de 13 años como catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Ante la autonomía con la que cuenta la Fiscalía General del Estado, se trabaja para garantizar una procuración de justicia que no obedezca a intereses políticos ni de grupo, por lo que no existe sujeción alguna a voluntades de ninguno de los poderes del estado, ya que la aplicación de la ley no puede estar a voluntad de ninguna persona, sea el cargo o nivel que ostente, por lo que el actuar de la Fiscalía General estará limitado solo por la observancia y aplicación de la ley”, aseguró la FGE.

“Por todo lo anterior y haciendo uso de las atribuciones que la propia ley confiere dentro de la autonomía otorgada -concluyó el comunicado- es que se evaluó el desempeño y trayectoria del hoy Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos”.

Especialistas realizarán pruebas científicas para determinar con certeza la causa del deceso.

Un juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar la exhumación de los cuerpos de unos gemelos recién nacidos que fallecieron presuntamente a causa del contagio de una bacteria en el Hospital General José G. Parres de Cuernavaca.

El abogado de los padres afectados, Francisco Javier Hernández Salcedo, informó que el juez Ramón Villanueva Uribe ordenó la exhumación de los cuerpos de los bebés para que peritos y especialistas tomen muestras biológicas que permitan realizar una serie de pruebas científicas para determinar con certeza la causa de muerte, pues existe sospecha de que la defunción fue causada por el contagio de una bacteria en la unidad de neonatos, y no por nacimiento prematuro.

Afirmó que la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN) supuestamente está diseñada para atender y proteger a los bebés con sistema inmune comprometido y, por protocolo, cuando se detecta un caso de infección, el neonato es aislado para evitar contagios, se realiza un antibiograma y se aplica el tratamiento médico adecuado.

En este caso, dijo, existen sospechas de que no se aplicó el protocolo de atención y que los médicos pudieron ser los responsables de que los gemelos se contagiaran con la bacteria Klebsiella pneumoniae (que generalmente se infecta por contacto físico y produce infecciones como neumonía o sepsis), que causó la muerte otros bebés, u otros microorganismos.

Detalló que las estadísticas indican que la tasa de mortandad por nacimiento prematuro es de 3.4%, mientras que la tasa de mortalidad por sepsis neonatal es de 34%, lo que pone en perspectiva que es más probable el fallecimiento de un neonato por sepsis cuando no se siguen los protocolos y no se atiende adecuadamente a los recién nacidos.

La Secretaría de Salud hace unos días confirmó el deceso de nueve recién nacidos, cuatro a causa de una bacteria y cinco por enfermedades congénitas. Padres afectados acusan presunta negligencia médica y piden deslinde de responsabilidades. La exhumación de los cuerpos de los gemelos podría realizarse este mismo viernes o a la brevedad posible. 

Organizaciones sociales rechazan la designación, a la que consideran inmoral e ilegal.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ratificó como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, lo que provocó una serie de reacciones negativas de organizaciones sociales que calificaron como inmoral e ilegal la designación.

A través de un comunicado, la FGE dio a conocer que la tarde de ayer, nuevamente Salazar Núñez tomó protesta como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que ocupa desde el 28 de agosto de 2015 y en el cual permanecerá siete años más.

La designación de Juan Salazar fue realizada con base en las reformas realizadas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la FGE, que facultaron al fiscal general para nombrar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados al 50% de su último salario, sin detrimento de que puedan tramitar pensiones paralelas como trabajadores al servicio del Estado.

Según el escueto comunicado, el fiscal general pidió a Salazar Núñez “reforzar el trabajo en materia de combate a la corrupción, bajo un estricto trabajo donde se haga prevalecer, con total transparencia y probidad”.

Sin embargo, la ratificación del fiscal anticorrupción fue descalificada por organizaciones civiles por considerar que el nombramiento fue inmoral e ilegal, ya que el desempeño de Salazar Núñez no sólo fue durante tres años deficiente, sino que pertenece al gobierno saliente, del cual fue parte al fungir como consejero jurídico del gobierno del estado al momento de su primera designación, en 2015.

Por lo pronto, el pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, para impugnar las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que facultan al fiscal general –y no al Congreso- para designar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados. En los próximos días, la SCJN determinará sobe su admisión o no.

El presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y uno de los impulsores de la acción de inconstitucionalidad, Alejandro Smith Vázquez, afirmó que será la SCJN quien deberá dirimir sobre la legalidad o no del nombramiento de Salazar Núñez.

Sin embargo, consideró el nombramiento como ilegal porque está fuera de la norma y los lineamientos que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción, “cuyos preceptos no pueden ser saltados o transgredidos”.

Incluso, sostuvo que la ratificación del fiscal anticorrupción por siete años más hace mucho daño, ya que genera gran desconfianza.

“Su designación ni siquiera es sana porque debe estar al frente una persona intachable, y durante su gestión Salazar Núñez se mantuvo ciego en muchos casos de corrupción y usó a la fiscalía como órgano persecutor, como fue el caso del exrector Alejandro Vera”, dijo.

Roberto Salinas Ramírez, representante de Morelos Rinde Cuentas, afirmó que la decisión de Uriel Carmona “es algo terrible, algo que daña a Morelos y que lo único que hace es garantizar la impunidad y dar protección a funcionarios del gobierno saliente”.

Recordó que Salazar Núñez fue miembro del gabinete estatal, y tanto su primera designación, como la segunda, estuvieron viciadas de origen y hay un evidente conflicto de intereses.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, rechazó la designación y, al igual que la Fecap y Morelos Rinde Cuentas, consideró cuestionable tanto la designación como el desempeño de Salazar Núñez, y sostuvo que será necesario que la próxima legislatura -que entrará en funciones el 1 de septiembre- revise el tema y, si es posible, revoque el nombramiento.

Y recalcó: “Nosotros pediremos a la próxima legislatura que revise el tema, porque ese cargo debe ser ocupado por una persona que responda a los intereses de los justiciables y no a los intereses de quien los colocó en el puesto, y nos parece que lo que se pretende es garantizar impunidad a los funcionarios salientes”.

El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.

El Foro Morelense de Abogados presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el que se abstiene de investigar presuntos actos ilegales perpetrados por los legisladores al aprobar sendos decretos de jubilación de secretarios de despacho y familiares de funcionarios de primer nivel, así como violentar la Constitución.

Ayer, Martínez Bello acudió a los juzgados a presentar la queja, que tiene como objetivo buscar que un juez revoque el acuerdo y ordene a la Fiscalía Anticorrupción dar entrada a la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados en contra de 29 de los 30 legisladores locales el pasado 18 de julio.

Detalló que ese día, después de iniciar la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado envió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, la que “en un tiempo récord, pasando solamente cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción emite un acuerdo, en donde se abstiene de investigar y decide que no hay ningún delito de parte de los diputados”.

“Esto es una acción ilegal que nosotros estamos combatiendo. Acabamos de presentar una queja ante el juez de control para que sea, mediante audiencia, que el juez de control, quien obligue al fiscal anticorrupción a investigar tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política, relacionado con el 131 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es decir, no es de que quieran, tienen que entrarle a la investigación”.

Indicó que hay un sesgo evidente para defender a los diputados, que están a unos días de dejar de serlo, e hizo un llamado enérgico al gobierno estatal, al Tribunal Superior de Justicia y a los legisladores para que saquen las manos y dejen que el juez de control emita un fallo para que se obligue a que haya una investigación de hechos ilegales y de corrupción.

La ONG Morelos Rinde Cuentas dice que hay riesgo de que el Comité de Participación Ciudadana quede integrado por “burócratas”

“… de los 16 finalistas, el 90% son ex funcionarios públicos que ocuparon sus cargos por influencia política o partidista”.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas pidió a la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) considerar la posibilidad de anular el proceso de designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ante las presiones externas hacia la comisión y la posibilidad de que el comité quede integrado por burócratas.

Luego de la resolución judicial que permite a la comisión de selección continuar con el proceso de designación, el vocero de la organización Roberto Salinas Ramírez señaló que hay fuertes presiones hacia la comisión de selección para apresurar el proceso y nombrar convenientemente al Comité de Participación Ciudadana del SEA, el cual será columna vertebral en el combate a la corrupción.

“Desde la sociedad civil hacemos un llamado a la comisión de selección para que no se deje presionar por los poderes Ejecutivo y Legislativo para designar al Comité de Participación Ciudadana”.

“Ellos tendrán que designar en los próximos días o semanas a las cinco personas que integrarán el comité que dirigirá el sistema estatal anticorrupción y por ello son tan importantes estos nombramientos. Pero nos parece que estas presiones que está recibiendo, no ayudarán a una adecuada designación”, dijo.

Consideró que el proceso de oposición realizado por la comisión de selección se apegó a los lineamientos nacionales y se realizó adecuadamente, pero los criterios de depuración de aspirantes fueron muy rigurosos, al grado que de los 16 finalistas el 90% son ex funcionarios públicos que ocuparon sus cargos por influencia política o partidista, y la mayor parte de los ciudadanos sin experiencia en la administración pública pero con conocimientos para realizar la labor fueron descartados.

Por ello, plantea dos posibilidades: la primera, flexibilizar los criterios de selección para que pueda ampliarse el número de candidatos ciudadanos a ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del SEA; o, en su caso, considerar la posibilidad de anular el proceso e iniciar uno nuevo que permita a que dicho comité sea verdaderamente garante de los intereses ciudadanos.

Respaldado por empresarios y académicos que forman parte de Morelos Rinde Cuentas, Salinas Ramírez exhortó también al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara a postergar la designación del relevo de Juan Salazar Núñez, quien culmina el 28 de agosto su periodo como fiscal especializado en combate a la corrupción

Consideró lamentable que en reciente reforma, el Congreso haya delegado al titular de la FGE la facultad de designar al fiscal anticorrupción y consideró que el tema debe ser resuelto por la siguiente legislatura que tomará protesta el próximo 1 de noviembre.

“No pasa nada si no realiza el nombramiento, si espera a la siguiente legislatura para que se analice la forma y creemos que pudiera haber cambios en la forma en cómo se designa al fiscal anticorrupción, de manera que sea transparente y con participación ciudadana”, resaltó.

Como ordenó la Suprema Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva, señala la institución.

Hay otro grupo de trabajadores en retiro que también espera el pago de la prestación.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que comenzará a realizar los primeros pagos de pensiones a varios trabajadores jubilados a quienes no se les había otorgado el beneficio económico por falta de presupuesto.

Algunos jubilados han sido convocados por la Dirección de Administración del TSJ para anunciarles que ya está listo el presupuesto para comenzar a hacer los pagos retroactivos, a partir de las fechas estipuladas en sus decretos de retiro.
“Nos citaron porque ya fue publicado nuestro decreto y nos informaron que se nos pagará lo que se adeuda, porque el decreto nos concede el derecho para que esto se haga de manera oficial e inmediata”, indicó Leticia Pineda, una de las trabajadoras jubiladas.
Octavio Rosales Gutiérrez, director general administrativo del Poder Judicial, dijo que pese a los procesos jurídicos iniciados para conseguir presupuesto adicional para el rubro de pensiones, el TSJ mantuvo el pago del seguro social para que los trabajadores afectados pudieran contar con servicio médico.

Indicó que como ordenó la Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva.

Sin embargo, hay un número importante de trabajadores en retiro que también esperan que se les pague su pensión.

Logró una resolución favorable de un juzgado de distrito; el Congreso podría interponer recursos contra esa decisión.

El abogado Guillermo Arroyo Cruz pidió al Congreso de Morelos tomarle de inmediato protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que un juzgado de distrito le concedió el amparo para efecto de que entre en funciones.

Luego de impugnar la decisión del Congreso de revocar su designación como magistrado del TJA y obtener la protección de la justicia federal, señaló que los diputados deberían tomarle protesta para ocupar el lugar que dejó vacante el magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

Afirmó que la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito fue contundente, al resolver que los diputados violentaron sus derechos humanos, al negarle la garantía de audiencia antes de revocar su designación y por no aplicar la ley, ya que la única vía para anular su nombramiento era través de un juicio político, lo cual era imposible al no poder entrar en funciones.

“Es un acto de justicia, la legislatura actual podría ya en este momento tomarme protesta incluso a través de un periodo extraordinario de sesiones, con un único punto del día o, en su defecto, la diputación permanente podría hacerlo”, dijo.

La sentencia fue notificada el 6 de agosto al Poder Legislativo, quien tiene 10 días hábiles para impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado. Pero para Arroyo Cruz recurrir la resolución del juzgado de distrito, sería solamente “recursos dilatorios” para que la próxima legislatura atienda el asunto.

En agosto de  2015 Orlando Aguilar Lozano, ahora magistrado en retiro, promovió sendos amparos, cuando la anterior legislatura designó para ocupar su lugar como magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que un juez federal concedió una suspensión  a favor de Aguilar Lozano, quien alegó que aún no concluía su periodo de ocho años y que era discriminado por razones de edad al haber cumplido 65 años, límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Aguilar Lozano no sólo se mantuvo en el cargo al promover un nuevo juicio de garantías, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo, y emitió una nueva convocatoria para sustituirlo, pero no prosperó.

En abril de 2018 Aguilar Lozano llegó un acuerdo con el Congreso, para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura, mientras que Arroyo Cruz recurrió de nuevo a la justicia federal, que hace unos días le otorgó el amparo para tomar protesta.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado, en tanto culmina el pleito jurídico y se define quien debe ocupar la magistratura que dejó vacante Orlando Aguilar. 

Exigen que no se deje impune el multihomicidio cometido en noviembre de 2016.

Familiares de cuatro estudiantes asesinados exigieron al Poder Judicial que no deje impune el crimen, ante la posibilidad de que los presuntos homicidas puedan ser liberados y absueltos.

Luego de que hace unos días uno de los implicados en el multihomicidio fue excarcelado porque el juez reclasificó el delito -a sólo encubrimiento-, las familias expresaron su descontento por la liberación.

En espera de ser recibidos por el gobernador, los padres de Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes asesinados tras acudir a una fiesta el 1 de noviembre de 2016, en el poblado de Ticumán, del municipio de Tlaltizapán, exigieron a la Fiscalía General del Estado y –especialmente- al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no permitan que el crimen quede impune.

Manuel Carmona Zúñiga, tío de Alejandro -quien el día del homicidio festejaba su cumpleaños 17-, señaló que las familias decidieron exponer públicamente el caso para “exigirle a los jueces, a la fiscalía, que no dejen de hacer su trabajo, que hemos tolerado durante un año y siete meses la espera, pero –lamentablemente- hace un par de semanas dejaron en libertad a uno de los que presuntamente son responsables de este artero crimen”.

“Hay todavía detenidos, confiamos que el proceso lleve su cauce, de que el proceso se lleve a feliz término. No es sed de venganza, solamente es justicia; queremos que se queden en la prisión para que no le hagan daño a ningún joven más, para que no lastimen a ninguna familia morelense más. No podemos tolerar que este estado lleno de sangre y dolor se vaya con la libertad, como si no hubiera pasado nada”.

Recalcó que las familias se mantendrán prudentes, fuertes y no cesarán en su exigencia de justicia, pero “hoy le decimos a la fiscalía, al juez, a los jueces, que vamos a ser más observadores y que estaremos invitando a pedir justicia”.

Adelantó que fue apelada la liberación de Iván “N”,  uno de los implicados en el homicidio de los cuatro estudiantes,  quien obtuvo su libertad el pasado 20 de julio, luego de que un juez revocó la vinculación a proceso por homicidio calificado y reclasificó el delito a encubrimiento por favorecimiento, en cumplimiento de una sentencia de amparo.

“Pareciera que les están abriendo la puerta para que se vayan con total impunidad, no lo vemos a permitir, estaremos muy pendientes, más de lo que hemos estado”, advirtió, y señaló que estarán pendientes de que los otros seis detenidos y en prisión preventiva, acusados como responsables del multihomicidio, sean sentenciados y paguen por el crimen de los adolescentes.

El 1 de noviembre de 2016, Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, festejaban el cumpleaños de uno de ellos y acudieron a una fiesta de Día de Muertos en la comunidad de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, pero no regresaron a casa.

Sus cuerpos fueron localizados un día después en el paraje conocido como “El Caracol”, en el municipio de Yautepec. De acuerdo con la FGE, las víctimas habrían tenido una riña con sus verdugos. Además de Iván “N”, existen otros detenidos que enfrentan procesos penales por el delito de homicidio calificado.

Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

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También el Partido Encuentro Social promovió recursos de inconformidad por la asignación de diputaciones plurinominales.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) sesionará este viernes para resolver las impugnaciones promovidas esencialmente por varones inconformes con la distribución de las diputaciones plurinominales, que favoreció que la mayoría de los integrantes del Congreso fuesen mujeres.

El pasado 1 de julio, además de la gubernatura y los 33 ayuntamientos, se disputaron 12 diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación proporcional. Como resultado de la elección y la distribución de escaños plurinominales, la LIV Legislatura estará integrada por 14 diputadas y seis diputados.

Esto dio pie a impugnaciones promovidas –principalmente- por algunos candidatos que ocupaban los segundos lugares en las listas de diputados plurinominales de los partidos o coaliciones, quienes argumentaron que en cumplimiento del principio de paridad de género, debían ser ellos, y no sus compañeras que encabezaban las fórmulas, quienes ocuparan los escaños legislativos.

La elaboración del proyecto de resolución está a cargo del magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Este 10 de agosto vence el plazo para que el TEEM resuelva las impugnaciones relativas a la integración de la próxima legislatura y, por lo pronto, la sentencia se mantiene en reserva.

Entre los quejosos destacan Carlos Rebolledo Pérez, del PRI, y Gustavo Lezama Rodríguez, del PAN, quienes ocupaban el segundo lugar en las fórmulas de diputados de representación proporcional de sus partidos, y alegan que con base en los precedentes sobre paridad de género, tocaría a ellos y no a sus compañeras Rosalina Mazarí Espín y Dalila Morales Sandoval ocupar las diputaciones plurinominales.

También el Partido Encuentro Social promovió recursos de inconformidad por la asignación de diputaciones plurinominales que realizó el Consejo Estatal Electoral.

No han sido liberados recursos emergentes para familias con gastos prioritarios y funerarios, denuncian.

Organizaciones y deudos protestaron en las instalaciones de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Morelos (CEAV) para denunciar que no han sido liberados los recursos emergentes para apoyar a las familias con los gastos urgentes y funerarios, y para exigir la emisión de la convocatoria para conformar la Comisión Estatal de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Lamentaron que las víctimas estén sometidas a trámites burocráticos, pues la CEAV no sólo no procura el flujo de los recursos para que las familias puedan hacer frente a sus necesidades urgentes, como su sobrevivencia y el pago de gastos funerarios -en los casos en que un ser querido es privado de la vida-, sino que restringe horarios y días para que los afectados puedan realizar trámites para acceder a fondos de ayuda y reparación del daño.

Amalia Hernández Hernández -quien sufrió el secuestro, asesinato e inhumación ilegal de su sobrino Oliver Wenceslao Navarrete en una fosa común de la fiscalía-, señaló que es inaceptable que Nadxieelli Carranco Lechuga, titular de la CEAV,  desde hace tres años argumente que el gobierno de Morelos no ha liberado los recursos para apoyos emergentes a las víctimas, y que no exista un fondo emergente -por lo menos- para que las familias dolientes que no tienen recursos puedan lidiar con los gastos funerarios .

“La comisión ejecutiva no ha cumplido con su obligación de proporcionar a las personas, a los deudos de algún hecho delictivo en el que pierde la vida algún familiar, de proporcionarles ayuda con los gastos fúnebres.  No les han dado absolutamente nada”, dijo.

También los manifestantes lamentaron la indiferencia de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado para emitir la convocatoria para integrar la Comisión Estatal de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, lo cual debió realizarse desde el mes del mes de abril y a estas fechas estar operando.

Amalia Hernández hizo un llamado para integrar esta comisión, pues en víspera de la culminación de la actual administración, señaló que no es tiempo, sino voluntad, la que hace falta para atender temas tan urgentes y delicados.

Por tal razón, lanzó un enérgico llamado al secretario de Gobierno, Ángel Colín, para que se atienda la dispersión de los fondos de apoyo a víctimas y la pronta conformación de la comisión.

El Congreso del estado invade competencias y se excedió en las reformas que facultan al titular de la FGE para designar al fiscal anticorrupción y para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, plantean.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) alista la acción de inconstitucionalidad que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar, a petición de organizaciones de la sociedad civil, las recientes reformas del Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El organismo informó que la secretaría ejecutiva afina el documento, con aportaciones de más de 30 organizaciones, que será presentado para reclamar la invalidez de distintos artículos de la ley orgánica de la fiscalía por considerarlos inconstitucionales.

La semana pasada, grupos de la sociedad civil solicitaron al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, presentar una acción de inconstitucionalidad para impugnar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101 relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La CDHEM informó que a más tardar el viernes, presentará ante la SCJN lo que sería la quinta acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión, con base en las facultades que le otorga la Constitución federal a los organismos de derechos humanos para impugnar actos de los Poderes del estado.

Entre los actos impugnados previamente por el organismo por medio de la acción de inconstitucionalidad, destacan las reformas del Congreso local que otorgaron la facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

La SCJN dio trámite a la controversia constitucional por la aprobación de jubilaciones de cinco trabajadores más por parte del Congreso estatal.

El Ayuntamiento capitalino impugnó otro bloque de decretos pensionarios de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), aprobados por el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 121/2018 promovida por la comuna de Cuernavaca, en contra de los decretos de jubilación de Irineo Benítez Ramírez, Raymundo Rafael Bruno, Hugo Rojas Iturbide, Joel Monroy Mejía y Edgar Rodríguez Jaime.

En recurso promovido ante el máximo tribunal del país, el Ayuntamiento demandó la invalidez de los decretos de jubilación publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 6 de junio, así como también impugnó la validez de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Al igual que en la controversia constitucional 99/2018, el Ayuntamiento consideró que el Poder Legislativo se excedió y violentó el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, al aprobar sendos decretos de jubilación y transgredió el artículo 115 constitucional que establece las facultades del municipio para manejar su patrimonio.

La promoción de impugnaciones contra los decretos ha generado en el último mes diversas protestas de los trabajadores afectados, quienes han exigido el pago de pensión por jubilación, con diversos bloqueos a la circulación vehicular sobre avenida Morelos de Cuernavaca, donde se encuentra la sede del SAPAC. 

El sistema acusatorio adversarial, que acumula un rezago por falta de capacitación, profesionalización y mejora salarial a sus operadores, debe ser revisado por la próxima administración estatal y legislatura, plantea el presidente del Colegio Morelense de Abogados

El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas, consideró que la próxima administración estatal y la siguiente legislatura deben revisar el sistema de justicia acusatorio adversarial, que ha acumulado un importante rezago por falta de capacitación, profesionalización y mejora salarial a los operadores del sistema.

A dos meses de cumplirse una década de la implementación del sistema oral de justicia en Morelos, el profesionista dijo que se priorizó la inversión en infraestructura, pero se olvidó lo más importante: procurar recursos humanos calificados.

“No se le invirtió al sistema de justicia penal, no se creó, como lo propusimos, la licenciatura en servicios periciales y asuntos policiales, donde los policías fueran gente que conociera de armas, que supiera de defensa personal, que supiera derecho y una serie de elementos que ayuden a la investigación.

“Servicios periciales es importante, porque la técnica científica ayuda a resolver muchos de los asuntos y no se logró llegar a este punto”, dijo.

Afirmó que a diez años de la implementación de los juicios orales, es momento de revisar los yerros que han hecho fracasar al nuevo sistema de justicia y hacer una reflexión profunda y certera para alcanzar el objetivo: lograr la plena procuración y administración de justicia.

“Es tiempo que revisemos. Yo advertía en ese tiempo al gobierno de Marco Adame (2006-2012) que había que impulsar en la Facultad de Derecho algunas materias que pudieran, precisamente, promover el interés de las nuevas generaciones en el nuevo sistema y que los alumnos, a la mitad de la carrera, pudieran especializarse y garantizarles un espacio de la fiscalía o el Poder Judicial”, dijo, en referencia a la necesidad de incorporar gradualmente a las nuevas generaciones como capital humano de las instituciones responsables de la justicia.

De acuerdo con su diagnóstico, hay más de 500 mil carpetas de investigación rezagadas y sin judicializar, y más de 10 mil órdenes de aprehensión sin cumplir, lo cual obedece a que se dio preferencia a la construcción y renta de edificios, antes que a la profesionalización, mejoras salariales y la cobertura de insumos a quienes hacen labores científicas para el esclarecimiento de los delitos.

“Los edificios están ahí, pero esos no hacen el trabajo, los que hacen el trabajo son los especialistas, los científicos. No olvidemos que ahora, en términos del artículo 21 de la Constitución, los policías investigan los delitos y ¿cómo lo vamos a hacer con policías que no saben leer, que no saben escribir? ¿cómo hacemos que la escena del crimen esté intacta hasta que llegue la fiscalía, los peritos, etcétera?

“Hay un rezago infinito. Yo no creo que con un cursito de tres horas con cuatro minutos las cosas se puedan solucionar. Se hace mucho bla, bla, bla, pero pocas acciones para que mejoremos. Lo que propongo es revisar para mejorar”, afirmó.

Sostuvo que los profesionistas que operan el sistema de justicia son los que necesitan de los recursos necesarios para cumplir su labor científica e insistió en que debe haber mejoras para quienes son responsables de prevenir, perseguir y sancionar los delitos, “porque no es posible que un diputado tenga un salario integrado de casi 200 mil pesos, mientras que alguien que es más útil, como es un investigador y persecutor del delito, gane entre cinco y ocho mil pesos”.

Juárez Rivas, quien también es fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que con esta calidad también exigirá a la nueva legislatura, de mayoría morenista, y a la próxima administración estatal, que revisen el sistema de administración y procuración de justicia a través de mesas de trabajo con especialistas, para hacer un evaluación seria de lo que se necesita para mejorar.

Es prioridad el interés superior de los menores, señala la juez civil.

Para Edilberta Salgado Nájera, juez civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos en la guardia y custodia de los hijos, y es prioridad el interés superior de los menores.

Señaló que de acuerdo al principio de equidad de género que establece el artículo 189 del Código Procesal Familiar, y el artículo  4º de la Constitución Política de México, “el hombre y la mujer son iguales ante la ley”.

Sostuvo que si bien, “la ley establece que la guardia y custodia de los menores de siete años deben estar al cuidado de la madre, con excepción de que corran algún peligro, actualmente se considera tanto a los hombres como a las mujeres, porque ambos pueden ser aptos”.
Indicó que el juez tiene la obligación de ponderar el interés superior del menor, es decir, que la resolución que se tome al dar la patria y custodia, debe ser después de evaluar las pruebas presentadas por ambas partes, y siempre proteger a los menores.

Es por ello, dijo, que varios jueces del TSJ han dado la guardia y custodia a los padres (hombres), quienes se hacen cargo del cuidado de sus hijos, comentó la juez.
“En el juzgado tenemos un asunto, en él se decretó la guardia y custodia a un padre de dos niños menores de cinco años, ya que en este caso, el estudio psicológico determinó que corrían peligro con la mamá. A veces es complicado porque los menores quieren estar con quien les manifiesta más su cariño”.
Expresó que es importante que quienes se encarguen del cuidado de los hijos, demuestren que los menores se desarrollarán en un ambiente afectivo, psicológico, emocional, porque al final repercute en la formación adulta que tenga cada individuo. “Por ello, podemos decir que los hombres pueden ser responsables y también aptos para estar a cargo de sus hijos”.

Hay plazo de dos días hábiles para que cesen las funciones de la edilesa suplente.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dio un nuevo plazo al Cabildo de Tetela del Volcán para la restitución en el cargo como presidenta municipal de Ana Bertha Haro Sánchez, con la advertencia de que aplicará nuevas medidas de apremio.

La alcaldesa informó al TEEM que el Cabildo se niega a reincorporarla a sus funciones, pese a que así lo ordenó el tribunal el pasado 25 de julio, en la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEM/JCD/350/2018-1.

Al analizar el caso, el órgano jurisdiccional advirtió que el Cabildo fue omiso en dar cumplimiento a la sentencia, por lo que emitió un nuevo acuerdo plenario y dio al Ayuntamiento un plazo de dos días hábiles para que cesen las funciones de la alcaldesa suplente, Amalia Hernández Alonso, y retome su cargo Haro Alonso como presidente municipal propietaria.

De lo contario, apercibió al Cabildo con aplicar una amonestación pública y dar vista al Congreso para que se tomen las acciones legales correspondientes y, en caso de reincidencia, la aplicación de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir su sentencia.

Haro Sánchez presentó su licencia definitiva al cargo de presidenta municipal para contender como candidata a diputada federal por el Distrito V por la alianza “Todos por México”, pero al perder la elección, solicitó al Cabildo su reincorporación al cargo.

La presidente municipal suplente y el Cabildo rechazaron la petición y Ana Bertha Haro impugnó la negativa ante el TEEM. 

No ha sido reclamado el cuerpo del ciudadano colombiano al que mataron pobladores de la región oriente.

Capella defiende labor de policías.

El Fiscal General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, informó  que no ha sido reclamado el cuerpo del ciudadano colombiano linchado en el municipio de Tetela del Volcán, y se integra la investigación para fincar responsabilidades contra quienes participaron en el homicidio.

Expresó que la FGE contactó a la representación diplomática colombiana para corroborar la identidad de la víctima y dar las facilidades para la entrega del cuerpo.

“No ha sido repatriado. Estamos ahorita teniendo por corroborado que sí se trata de una persona de nacionalidad colombiana. Tenemos ya el contacto con las autoridades consulares de Colombia y estaríamos ya, en breve, entregando a familiares, si es que comparecen y acreditan el parentesco o, incluso, a las autoridades consulares, el cadáver de esta persona”.

Expresó que -por el momento- no hay información concreta que vincule a la víctima a la delincuencia, y “tampoco se trata de criminalizar a los extranjeros que se encuentran en territorio nacional de cualquier nacionalidad. No los vamos a prejuzgar porque sean colombianos, o sean venezolanos, o sean cubanos, o sean norteamericanos”.

Precisó que la fiscalía integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, “y esto no se quede en un tema de fuenteovejuna” e impune.

Incluso, la fiscalía cuenta ya con imágenes tomadas desde cámaras de videovigilancia del C-5 del linchamiento perpetrado en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, y está en el proceso de identificación de quienes golpearon y ahorcaron al ciudadano colombiano.

Cuestionado sobre la actuación de los elementos policiacos, el comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, defendió el trabajo de los agentes, pero también señaló que será asuntos internos quien revise si actuaron debidamente.

“Estamos revisando los videos. Cuando hay una turba de esa naturaleza, los elementos hacen un esfuerzo importante por cumplir con la ley. Ellos fueron agredidos físicamente, no tuvieron más opciones. Es un protocolo –evidentemente- de actuación natural. Estamos revisando, con las declaraciones de ellos, la actuación a través de asuntos internos y lo importante es que ellos establecieron permanentemente un diálogo. Fueron ellos los que lograron un acuerdo para que la Fiscalía de la zona oriente se encargara de tener a esta persona”, dijo.

Afirmó que, previo al linchamiento, se había llegado a acuerdos que finalmente los pobladores no cumplieron, y “nosotros tratamos de evitar que se generara un mayor daño por un enfrentamiento físico entre autoridades federales, estatales o municipales con estas personas”.

También anuncian captura de presuntos colaboradores de “El Carrete”.

La Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado anunciaron la detención de una célula criminal presuntamente implicada en la privación de la libertad y homicidio del líder de la organización campesina Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad (TUCC), Romualdo Ixpango Merino, quien apoyó abiertamente la creación de “autodefensas” en la región oriente para hacer frente a la delincuencia organizada.   

En rueda de prensa, el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, detalló que en dos acciones distintas realizadas este martes en los municipios de Ayala y Cuautla, fueron detenidas diez personas, entre ellas dos menores de edad, en posesión de droga, armas y chalecos tácticos.

Estos sujetos -según el jefe policíaco- son parte de una célula delictiva de la organización criminal liderada por un capo identificado como “El Ray”, y dedicada, además de la venta de droga, a extorsionar, amenazar, cobrar “derecho de piso” y a la usura.

Aseguró que las primeras investigaciones indican que los detenidos están directamente implicados en el secuestro, desaparición y homicidio del líder campesino, y la hipótesis del móvil del crimen es que el grupo de “El Ray” supuso que la creación de grupos civiles de autodefensas, apoyada por Ixpango Merino, pretendía ser apoyo para alguna organización delictiva rival.

“De acuerdo a la información recabada por las áreas de inteligencia, se presume que dichos sujetos atentaron contra el líder campesino, luego de las declaraciones en las que manifestara que en los municipios de Ayala y Cuautla se levantarían en armas para defenderse del crimen organizado”.

“Debido a que este grupo delincuencial se encontraba establecido o pretendiendo generar arraigo importante en el municipio de Cuautla, Ayala, Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, Atlatlahuacan y Tetela del Volcán y, al ser una posible amenaza para este grupo delictivo y, por la presunción -seguramente errónea- de estas manifestaciones estuvieran pretendiendo apoyar a otro grupo delictivo que pudiera operar en aquella zona y éstas pudieron ser las razones por la cuales atentaron contra su vida”, explicó.

Agregó que los detenidos también estarían implicados en los homicidios de cuatro hombres más y un elemento policiaco, perpetrados en el mes de julio.

Por lo pronto, dijo, se intensificó la colaboración con las fuerzas federales para dar prioridad a la persecución y aprehensión de “El Ray”, quien, debido a la detención de varios de sus colaboradores, había migrado a otra entidad, pero después de la elección del 1 de julio regresó a operar en Morelos.

Los diez detenidos fueron puestos a disposición de la representación social para que se determine su situación jurídica.

Detienen a colaboradores de “El Carrete”

En otro tema, la CES informó que cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Griselda “N”, de 32 años de edad, alias “Azul” o “Señora”, por el delito de homicidio de dos hombres perpetrado en diciembre de 2016, en el municipio de Zacatepec.

Según la CES, la mujer era la encargada de organizar la distribución y venta de drogas en el estado de Morelos y de coordinar las ejecuciones de integrantes de grupos antagónicos.

También fue detenido Pedro “N”, alias “El Pica”, por delitos contra la salud en el Centro de la cabecera municipal de Puente de Ixtla, de quien se presume tiene un vínculo cercano con Santiago Mazari.

La CDHEM dice que estudiará el documento para ver si procede.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (Fecap) solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas realizadas por los diputados a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, por considerarlas un exceso y agravio a la sociedad.

Ante representantes de más de 30 organizaciones civiles, el presidente de la Fecap, Alejandro Smith Vázquez, entregó al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, el proyecto de acción de inconstitucionalidad para combatir las reformas que otorgan al fiscal general la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias y designar al fiscal anticorrupción.

“Nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad, primero, porque violenta los principios de la seguridad pública establecidos en el artículo 21 constitucional; y, en segundo lugar, porque en el caso del fiscal anticorrupción, obedece a un sistema nacional que tiene lineamientos específicos que se violentan”.

“Es decir, existe un consejo ciudadano anticorrupción que tendrá que delinear y determinar las directrices que tenga que seguir este sistema nacional y local anticorrupción. Y sobre esas bases nosotros planteamos y, lo que asimismo considere la Comisión Derechos Humanos del estado, que existen aspectos de inconstitucionalidad”, explicó.

En el proyecto, cuyo documento fue entregado al ombudsman estatal para su consideración y análisis, se solicitó que a través de la acción de inconstitucionalidad, la CDHEM impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101, relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

“La ley se excede en muchos sentidos porque las pensiones es un tema de competencia del Congreso, y porque el otorgamiento no plantea más requisitos que ser nombrado como titular de alguna de las fiscalías especiales, lo cual es notoriamente violatorio de la división de poderes”, recalcó Smith Vázquez.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales.

Al respecto, el titular de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, señaló que analizará el documento, y sostuvo que si hay las condiciones legales para que prospere, el organismo no tendrá inconveniente en atender el tema y llevarlo ante la SCJN, como ya lo hizo con cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas a petición de la sociedad civil organizada y que están en desahogo ante el máximo tribunal del país.  

Abogado exhorta a los Ayuntamientos a votar en contra de las medidas aprobadas por el Congreso.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, aseguró que hasta ahora, dos cabildos han rechazado las recientes reformas constitucionales aprobadas por los diputados.

Luego del exhorto verbal y escrito realizado por la organización de abogados, detalló que las comunas de Yautepec y Axochiapan se pronunciaron en contra de las reformas por coincidir en que son lesivas para la sociedad y el erario.

Confió en que otros ayuntamientos también rechazarán las reformas e instó a los cabildos para que se pongan de lado de la sociedad y contesten en sentido negativo a estas modificaciones constitucionales que laceran a la ciudadanía morelense.

“Les hemos solicitado de una manera respetuosa, pero enérgica, que analicen los alcances de la reforma y, en su momento, la rechacen en sus términos. Es lo que hemos pedido, que contesten en sentido negativo esta solicitud de la reforma que han hecho los diputados”, dijo.

Algunas de las reformas rechazadas son la creación de dos nuevas plazas de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe); la eliminación de la positiva ficta y la imposición a los ayuntamientos para aprobar reformas mediante mayoría calificada, así como el otorgamiento de la autonomía al Instituto de la Mujer, el cual enfrenta una auditoría por presuntos malos manejos del presupuesto por parte de la extitular, Teresa Domínguez. 

La representación legal del alcalde electo sostiene que la SEIDO no acredita con pruebas el delito que le imputa.

A más tardar en un mes podría definirse si continúa o no en prisión el alcalde electo de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, preso en un penal federal en el estado de Durango y sujeto a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.

Este miércoles se desahogó la audiencia de vista en el Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, con lo cual se cerró la instrucción y el magistrado procederá a elaborar el proyecto de resolución del recurso de apelación promovido contra el auto de formal prisión dictado a Miranda Gallegos.

De acuerdo con la defensa legal del exdiputado y actual edil electo de Amacuzac, en un plazo de 10 días hábiles, el magistrado federal determinará si confirma o revoca el auto de formal prisión.

La representación legal del alcalde electo sostiene que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República no acredita con pruebas el delito que le imputa, y confía en que los argumentos de la defensa serán valorados debidamente, en espera de que sea revocado el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Segundo de Distrito y Miranda Gallegos sea excarcelado.

El pasado 6 de mayo, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal realizaron un operativo simultáneo en Tecamac, Estado de México, y en Amacuzac, Morelos, que derivó en la detención de Miranda Gallegos y Sergio Sánchez Landa, alias “El Telúrico”, quienes son identificados como presuntos colaboradores cercanos de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, y líder del cártel de “Los Rojos”, con fuerte presencia en Guerrero y Morelos.

Miranda Gallegos, según la PGR, intentó sin éxito ocultarse de la autoridad federal al hacerse pasar como operador de una línea de transporte en el Estado de México.  

Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

Aunque reconoce que existe poca confianza de la sociedad hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llamó a los ciudadanos a no hacer justicia por propia mano, aunque reconoció que existe poca confianza de la sociedad hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.

A través de un comunicado, la FGE Informó que alrededor de las 16:00 horas realizó el levantamiento del cuerpo de Ricardo Alonso “N”, presuntamente de origen colombiano, y ligado a una banda de extorsionadores, quien fue linchado por pobladores de Tetela del Volcán en el zócalo de la localidad.

Informó que la FGE tiene abiertas investigaciones sobre la operación de un grupo de delincuentes de origen colombiano en la región oriente de la entidad y les ha dado seguimiento. Sin embargo, en su propio comunicado reconoce que los ciudadanos se han quejado de la poca efectividad en las instituciones para combatir y sancionar la criminalidad.

“No obstante lo anterior, habitantes de la zona manifestaron el descontento social y la baja credibilidad en las instituciones, ya que expusieron que en muchas ocasiones los delincuentes no son sancionados adecuadamente o bien en los juzgados son dejados en libertad sin importar el riesgo que representan para la sociedad.

“Es precisamente en un estado de derecho en donde no se puede hacer justicia por propia mano, lo que vulnera de manera sensible a la propia sociedad, son las instituciones las que deben conocer los hechos para actuar en consecuencia para castigar los ilícitos que afecten a la ciudadanía, es por ello que debe fortalecerse la cultura de la denuncia y no ejercer acciones que lejos de garantizar la seguridad la violentan”, afirmó.

Sostuvo que debe prevalecer el estado de derecho y advirtió que se investigarán los hechos y deslindarán responsabilidades en contra de “todas aquellas personas que generen incertidumbre y desestabilización social, a través de hechos delictivos y de violencia que afecten a las familias morelenses”.

Conforme al video de los hechos, la juez consideró que no fue defensa propia la acción que terminó en homicidio.

Mientras el empleado Juan Manuel “N”, de la cadena Go Mart, permanecerá en prisión preventiva acusado del homicidio de uno de los presuntos delincuentes que intentaron robar la tienda, un presunto asaltante detenido quedó en libertad. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el empleado no actuó en legítima defensa, según las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, al menos tres sujetos pretendieron perpetrar un asalto a la tienda Go Mart ubicada en el kilómetro 95 del Paso Exprés, a la altura del poblado de Acapantzingo.

Juan Manuel “N”, empleado de la tienda, con apenas 22 años de edad, en su intento por frustrar el delito, con una navaja lesionó en el cuello a uno de los presuntos delincuentes. El asaltante -debido a la herida- perdió la vida en el lugar. Uno de los delincuentes logró darse a la fuga y uno más pudo ser detenido, sin embargo, tanto el trabajador como el asaltante fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Este lunes, a petición de la fiscalía, la juez de control y juicio oral Nancy Aguilar Tovar decretó legal la detención del empleado de la cadena de tiendas, acusado de homicidio calificado del presunto asaltante.

La juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva, ya que se le imputa a Juan Manuel un delito tipificado como grave. En tanto, el presunto asaltante identificado como Marco Antonio “N” fue dejado en libertad y sujeto a medidas cautelares alternas, como la obligación de acudir a firmar ante la UMECA cada semana, mientras concluye su proceso penal.

Por la tarde, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que explicó que el agente del Ministerio Público pudo acreditar ante la jueza que Juan Manuel “N” no actuó en legítima defensa, sino con plena alevosía y ventaja, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad del minisúper captaron como ocurrieron los hechos.

“En dichas imágenes analizadas y proporcionadas por la propia cadena comercial, se observa el ingreso de dos hombres, quienes presuntamente cometerían un asalto; se observa al hoy occiso llevar entre las manos varios paquetes y se acerca al área de mostrador, sin detectar en ningún momento que portara alguna arma, ni amenaza en contra de los dependientes del lugar”.

“Es en ese momento cuando José Manuel ingresa a la tienda, aprisionándolo por la espalda con el brazo izquierdo por el cuello, mientras que en la mano derecha portaba una navaja con la que sin mediar resistencia por parte del hoy occiso y aun teniendo las manos ocupadas por los productos que cargaba, le ocasiona una lesión profunda a la altura del cuello”.

“Es de destacar que el empleado del mini súper tenía totalmente inmovilizado al hoy occiso, quien no opuso resistencia en ningún momento, pudiendo solicitar apoyo de las autoridades para entregarlo. Sin embargo en las imágenes se muestra de manera clara que decide realizarle un corte a la altura del cuello, incluso, aventando al hombre fuera del establecimiento, donde finalmente perdió la vida”, detalló el comunicado oficial.

Describió que con la misma arma punzocortante, José Manuel amenazó al otro presunto delincuente, de nombre Manuel Antonio, quien finalmente se sometió por voluntad propia ante las amenazas, mientras arribaba la Policía al lugar.

De acuerdo al análisis y a las pruebas que el Ministerio Público de homicidios tiene hasta el momento, recalcó la FGE, “se establece que las acciones realizadas por el hoy imputado no corresponden a una legítima defensa, ya que ha quedado comprobado que el trabajador no se encontraba en situación de peligro, amenazado o violentado en su seguridad. Sin embargo por decisión propia y teniendo control de la situación, decide utilizar el arma blanca que portaba para realizar un corte profundo a nivel de la garganta en contra de quien tenía sometido”.

Familiares y vecinos del empleado acusado de homicidio calificado han sostenido la versión de la defensa propia y han pedido su pronta liberación. Por lo pronto, el 1 de agosto se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso para definir si Juan Manuel es sujeto o no a proceso penal.

El TEE impuso a la coalición “Juntos Haremos Historia” una multa por reincidir y vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral.

Un grupo de diputadas y regidoras electas de distintos partidos políticos se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), ante las inquietudes que se han generado por las diversas impugnaciones promovidas por varones por la distribución de los cargos de representación proporcional con base en el criterio de paridad de género.

A la sede del tribunal acudió –primero- un grupo de diputadas electas de los diferentes institutos políticos, quienes pidieron a los magistrados escuchar sus inquietudes y dialogar sobre los criterios, disposiciones normativas y jurisprudencias aplicables a los principios de la equidad de género.
El  magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, evitó adelantar juicios sobre las impugnaciones en vías de resolución, pero pidió a las funcionarias electas tener confianza  en que las resoluciones que emita el órgano jurisdiccional estarán sustentadas en los principios  de certeza, legalidad, objetividad, transparencia, publicidad y probidad.

Los magistrados también recibieron a un grupo de regidoras electas de los municipios de Cuautla, Tlaquiltenango y Coatlán del Río, para escuchar sus inquietudes en relación a los criterios normativos aplicables al tema de paridad de género.

Posteriormente, en sesión, el Pleno del TEEM, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del procedimiento especial sancionador impuso a la coalición “Juntos Haremos Historia” una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización, por reincidir y vulnerar el principio de equidad en la contienda.

Recientes acciones de los diputados locales acrecientan desconfianza ciudadana hacia las instituciones, considera la presidenta del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad  

La presidenta del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, Cristina Rumbo Bonfil, afirmó que la designación de un nuevo fiscal anticorrupción debe contar con legitimidad legal y moral, de lo contrario, crecerá la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Afirmó que la esencia original de la creación de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción era dar certeza a los ciudadanos de que habría quién vigilara y sancionara a quienes incurran en actos de corrupción.

Consideró que especialmente en el caso Morelos, han acontecido una serie de circunstancias que han sembrado la incertidumbre sobre cómo culminará la actual gestión del gobierno estatal y cómo iniciará la siguiente en el mes de octubre, pero -sobre todo- qué pasará con el Sistema Estatal Anticorrupción y el nombramiento del nuevo fiscal.

Y es que el 24 de agosto concluye el nombramiento de Juan Salazar Núñez, otrora Consejero Jurídico del gobierno de Morelos, como fiscal estatal anticorrupción, quien -a su vez- solicitará su jubilación y el acceso a los beneficios incluidos en las reformas exprés realizadas hace unas semanas por los diputados a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

En las reformas, los diputados concedieron una pensión vitalicia al 50% de su último salario al fiscal general, al fiscal antisecuestros y al fiscal anticorrupción, sin detrimento de su derecho adquirido de solicitar paralelamente otra pensión por sus años laborados al servicio del Estado.

Además, se otorgó al titular de la Fiscalía General del Estado la facultad de designar al nuevo fiscal estatal anticorrupción, cuando los criterios del Sistema Nacional Anticorrupción establecieron que la responsabilidad es de los Congresos locales. 

“Desafortunadamente hemos visto una serie de casos, de momentos que ha tenido el actual Congreso estatal, los diputados, que han dejado cierta zozobra respeto al actual trabajo que se realiza e, incluso, sobre estas modificaciones exprés que se han estado haciendo, lo único que reiteran es esta falta de confianza de la ciudadanía.

“Y ojo, si hay algo que no empate con el Sistema Nacional Anticorrupción en el sistema local en Morelos, yo creo que tendrá que ser resaltado no solamente desde Morelos sino a nivel nacional, en algún momento habrá quien llame la atención porque tiene que estar homogenizado”, señaló.

Afirmó no puede calificar el trabajo del todavía fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez , pero las circunstancias políticas  en que se dio su designación y las que se han generado para nombrar a su sucesor  “está viciando el procedimiento, creo que estamos ante una figura que no está siendo legitimada por todas las situaciones políticas que hay a su alrededor, aun cuando pudo ser una buena designación, la forma que se ha hecho y este “fast track” en el cual se han tomado las decisiones y las ratificaciones, han impedido que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civiles no vemos como un figura confiable”.

Ante los cuestionamientos morales y legales en torno a la figura del fiscal anticorrupción, consideró que la próxima designación debe contar con la legitimidad en todos los aspectos, para dar certeza a los ciudadanos de que habrá alguien que de manera honesta y sin conflictos de interés vigilará las acciones de gobierno y actuará contra quienes incurran en actos indebidos.

También consideró que sería apresurada la designación de un nuevo fiscal en el ocaso de la actual legislatura y administración estatal, sobre la cual pesa de por sí una incertidumbre de cómo culminará y cómo iniciará la siguiente. 

Así lo resolvió la Primera Sala de la Corte en el caso de una mujer que demandó a un hombre el reconocimiento de paternidad; él se rehusó a que la prueba le fuera practicada, durante el juicio.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional presumir la paternidad de las personas que se rehúsen a que se les practique una prueba de ADN en un juicio de paternidad.

En el caso, una mujer demandó a una persona el reconocimiento de paternidad, al pensar que era su padre. Durante el juicio se pidió que se le hiciera una prueba de ADN al demandado, sin embargo, éste se negó a que la prueba le fuera practicada.

Por esa razón, el juez estimó que debía presumirse que el demandado sí era el padre biológico de la actora y, por tanto, decretó la paternidad. Dicha decisión fue confirmada en apelación.

Inconforme, el condenado promovió un amparo, en el que dijo que el hecho de que se presumiera la paternidad violaba su derecho a la intimidad, ya que lo obligaba a practicarse una prueba genética, dándose a conocer información privada contenida en su ADN.

Al resolver el amparo directo en revisión 2944/2017, se planteó que en el caso se presenta la colisión de dos derechos: el derecho a la identidad y el derecho a la intimidad. Las personas tienen derecho a conocer su origen biológico, ya que esto tiene una enorme trascendencia en la imagen que las personas generan de sí mismas, y también tiene importantes consecuencias jurídicas y psicológicas.

Por otra parte, la toma de una muestra genética implica recabar información que pertenece al ámbito privado del ser humano, en tanto que puede poner en evidencia condiciones genéticas relacionadas con aspectos patológicos hereditarios o algunas tendencias o proclividad a determinadas conductas.

En consecuencia, la Primera Sala estimó que en el caso era necesario ponderar esos derechos para evaluar si la afectación al derecho a la intimidad era proporcional. En este sentido, se estimó que la prueba de ADN tiene un alto impacto en la protección del derecho a la identidad, ya que permite averiguar, con absoluta certeza, quiénes son los padres biológicos.

En cambio, la afectación a la privacidad es moderada, porque al desahogar la prueba genética no se obtiene toda la información del ADN, sino sólo la necesaria para verificar la paternidad; además, no se puede obligar a las personas a que se sometan a la prueba, sino que solamente se presume la paternidad si se rehúsan a que se les practique la prueba.

De esta manera, en la sentencia se concluyó que una prueba de ADN en el contexto particular de un juicio de paternidad no supone una intromisión desmedida, arbitraria, ni irracional para la privacidad de un individuo. En contraste, su exclusión puede resultar devastadora para una persona.

El sistema contempla el ordenamiento de los centros penitenciarios, destaca el capacitador.

El estado de Morelos se prepara para ser el referente del nuevo sistema de ejecución penal, ya que tiene las condiciones para constituirse como una entidad modelo a nivel nacional, como ocurrió con la instrumentación del Sistema de Justicia Penal oral, indicó Miguel Sarre Iguíniz, capacitador de Justicia de Ejecución Penal.

Afirmó que la que formación de los jueces morelenses en el sistema acusatorio los pone como líderes para instrumentar adecuadamente el nuevo sistema de ejecución penal, pues han adquirido experiencia y porque se generó una sinergia entre las instancias que intervienen, es decir, entre la dirección de las cárceles locales y el centro de reinserción social de Atlacholoaya, el juez de Ejecución, la defensa, el Ministerio Público y la sociedad civil.

Dijo que lo más importante del sistema de ejecución penal es que los centros funcionen con legalidad, donde se cumplan las penas con cabalidad, con respeto a los derechos humanos, con un plan de actividades para los detenidos, sin privilegios y sin abusos por parte de las autoridades o los mismos internos.

Miguel Sarre destacó la función de los juzgadores en la implementación del sistema, ya que “el papel del juez es decidir, en este sentido, las garantías de legalidad para los internos y, por otro lado, ver a la autoridad administrativa como auxiliar. El Poder Judicial le dará intervención a las autoridades penitenciarias, a la defensa, al MP, a los visitantes y a las organizaciones civiles para que funcionen como reloj de acuerdo a sus responsabilidades”.

En este ordenamiento de los centros penitenciarios, resaltó, las decisiones del Poder Judicial van a obligar al Ejecutivo a organizar las prisiones, pero las decisiones del Tribunal Superior de Justicia no serán de manera oficiosa, se darán con las intervenciones de todos los actores, como es el caso de los defensores y los agentes del Ministerio Público.

“Se tiene que poner orden y parar la violencia en los centros penitenciarios, donde los internos fuertes dominan a los débiles y la función del Poder Judicial es limitar esa dominación a través de decisiones judiciales”, agregó.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) multó al presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón Barreto Ramos, por incumplir con las cláusulas del convenio firmado con la síndica municipal Hortensia Muñoz Pérez, quien -desde el inicio de la gestión- denunció trabas al ejercicio de sus funciones.

En cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Pleno del TEEM impuso al edil una multa de mil unidades de medida y actualización, equivalente a 80 mil 600 pesos, la cual deberá de pagar de su peculio y no del erario municipal.

Además, vinculó a los integrantes del Cabildo para dar cumplimiento al convenio firmado por el alcalde y la síndica el 8 de diciembre de 2016, y los apercibió para advertir que de reiterar el incumplimiento, los regidores se harán acreedores también a una multa.

De acuerdo con la sentencia, el presidente municipal incumplió con el compromiso de convocar a la síndica municipal a las sesiones de Cabildo; con la entrega de vales de gasolina, viáticos y gastos de representación para que Muñoz Pérez desempeñara su cargo; poner a disposición de la síndica un asesor jurídico, aumentar el sueldo de su chofer de dos mil 500 a tres mil pesos y homologar el salario de la secretaria de sindicatura a tres mil pesos.

Además de que a la síndica se le adeudan 95 mil pesos por concepto de emolumentos correspondientes a los meses de marzo, abril y primera quincena de mayo de 2018.

Investigan origen de video de supuestos miembros de una organización delictiva.

El comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, exhortó al equipo de transición del gobernador electo a reunirse con los miembros del Grupo de Coordinación Morelos “para conocer la realidad delincuencial de la entidad y no contribuir al debilitamiento de las instituciones de seguridad”.

En rueda de prensa, informó que se investigará el origen del video que circuló en redes sociales en el que supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, con rostro cubierto y empuñando armas, aseguran tener presencia en Morelos y amenazan a funcionarios públicos e integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad.

“Se está analizando la veracidad de la información para tomar las medidas pertinentes. De entrada, lo que podemos afirmar dadas las circunstancias y el análisis previo que se ha hecho por las áreas de inteligencia de ese video, es que el mismo no fue realizado en territorio morelense y tiene mucha similitud con algunos que han circulado en otras regiones del país”.

“La intención de algunos grupos de mandar un mensaje de desorden social, es precisamente el caldo cultivo que grupos delictivos especialmente de Jalisco, de Michoacán y de Tamaulipas buscan para generar espacios de control fuera de sus entidades”, dijo.

Aseguró que en los últimos años el trabajo de la Policía se ha visto fortalecido, tras lograr la detención de centenares de personas ligadas al crimen organizado; la extinción del grupo Guerreros Unidos, que operaba en la zona metropolitana y oriente de Morelos; la disminución hasta en un 90% del cártel de “Los Rojos”, liderado por el capo Santiago Mazari Hernández; y el combate a grupos que operaban en la región oriente como “La Familia Michoacana”.

Sostuvo que pese a la contención y extinción de grupos criminales, excolaboradores de estas organizaciones delictivas que lograron evadir la justicia o grupos provenientes de otros estados, han pretendido ocupar los espacios vacíos con la creación de nuevas redes criminales con alianza con delincuentes locales.

Consideró que los mensajes durante las campañas electorales respecto a eliminar el Mando Único y cambiar la estrategia de seguridad, generó desequilibrio al interior de las instituciones policiacas, pues algunos elementos empezaron a “futurear”, a relajar la disciplina y a distraerse de sus actividades, lo cual quiso ser aprovechado por grupos criminales de otras regiones del país para establecerse en Morelos.

Sostuvo que ni para los funcionarios que salen ni para los que entran, conviene el debilitamiento de las instituciones, especialmente las responsables de la seguridad pública, por lo que llamó al equipo de transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo a reunirse con los miembros del Grupo de Coordinación Morelos para conocer las estrategias implementadas y cómo se ha hecho frente a la criminalidad.

“Hago un muy respetuoso y atento exhorto para que los responsables del equipo de transición del partido ganador en las elecciones del pasado 1 de julio, se acerque a través del Grupo de Coordinación Morelos, que coordina como protocolo nacional el Cisen, para que vaya conociendo la realidad delincuencial, los retos, las amenazas, los avances en la materia y las asignaturas que están pendientes”.

“Estoy plenamente convencido que del resultado de estas reuniones objetivas que se puedan desarrollar en las próximas semanas con las autoridades federales, la Fiscalía del Estado y Comisión Estatal de Seguridad Pública, en mucho cambiará la narrativa privada y pública que en estos meses han venido desarrollando”.

“Ni para quienes vienen en este gobierno entrante a asumir responsabilidades importantes, ni quienes vamos de salida, es conveniente la debilidad institucional. Los verdaderos enemigos de la sociedad y como consecuencia nuestros, son los miembros de los grupos criminales que envenenan a la sociedad, secuestran, extorsionan, roban, laceran la dignidad de los ciudadanos. Ellos deben ser el verdadero objetivo común”, recalcó.

Aseguró que la CES seguirá trabajando coordinadamente con la fiscalía estatal, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Ejército y la Marina; y aseguró que no se permitirá que nadie actúe por encima de la ley, en alusión a los grupos comunitarios de vigilancia o llamados “autodefensas”, que se han conformado en comunidades del oriente del estado. 

Dan plazo de tres días a suplente y regidores para que cumplan sentencia del TEEM.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos ordenó al Cabildo del municipio de Tetela del Volcán reincorporar a sus funciones a Ana Bertha Haro Sánchez, a quien se le impidió retomar su cargo como alcaldesa, tras perder la elección federal.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEM/JDC/350/2018-1, el Pleno del TEEM resolvió ordenar su reincorporación al cargo en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia.

Haro Sánchez presentó su licencia definitiva al cargo de presidente municipal para contender como candidata a diputada federal por el Distrito V por la alianza “Todos por México”, pero al perder la elección, solicitó al Cabildo su reincorporación al cargo.

La alcaldesa suplente Amalia Hernández Alonso y el resto de los integrantes del cuerpo edilicio rechazaron la solicitud, por considerar que Haro Sánchez había declinado al cargo de manera definitiva.  

Por unanimidad, el Pleno del TEEM votó a favor de la reincorporación como alcaldesa de Ana Bertha Haro, en virtud de que “recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció dentro del expediente SUP/JDC/139/2018 y acumulados, respecto de la normativa prevista en el artículo 171, último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, determinando que contraviene el derecho político a ser votado consagrado en el artículo 35 fracción II de la Constitución federal.

“Criterio que fortalece el ya tomado por este tribunal, en el sentido de que las licencias definitivas solicitadas por quien ostenta un cargo de elección popular a que fue electo, a fin de participar como candidato en un proceso electoral, no significa que tenga efectos de renuncia, dado que no existe la intención o la manifestación de voluntaria de renunciar ni tampoco la causa grave o justificada que pudiera derivar en la separación definitiva por la renuncia del cargo".

Por tal razón, a más tardar la próxima semana la alcaldesa deberá ser reincorporada a sus funciones. 

El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.

El presidente de la Barra de Abogados ofreció apoyo a los grupos de ciudadanos organizados contra la inseguridad.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, llamó a no romper el Estado de derecho y ofreció apoyo a los grupos de ciudadanos organizados contra la inseguridad, pero siempre y cuando actúen al amparo de la ley. Además, exigió al gobierno estatal redoblar esfuerzos, lo que incluye retirar escoltas a altos funcionarios y que los elementos regresen a realizar su trabajo en las comunidades asoladas por la delincuencia.

Lamentó las protestas de este lunes, principalmente en la zona oriente de la entidad, donde comerciantes, productores agrícolas, transportistas y pobladores de municipios como Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Ocuituco y Yecapixtla se manifestaron contra la escasa acción de las instituciones para frenar la criminalidad y a los delincuentes que les exigen pago de “piso”.

Consideró legítima la inconformidad de los pobladores, pero también innecesario llegar al grado de estrangular la economía y el turismo de la zona, al bloquear vías de comunicación y establecer retenes ilegales.

Pidió respeto al Estado de derecho y no tomar la justicia por su propia mano, pero también exhortó al gobierno de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad a redoblar esfuerzos en la recta final de esta administración, pues recordó la promesa que desde campaña realizó Graco Ramírez de devolver la seguridad a la entidad.

Sostuvo que la reciente visita a Morelos de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, “vino a alborotar” a los grupos organizados de ciudadanos, “que de ninguna manera pueden erigirse como autodefensas porque eso está fuera de la ley”.

Afirmó que lo ocurrido este lunes obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, lo que incluye disminuir el número de escoltas asignados a funcionarios del gobierno estatal, y que esos elementos regresen a patrullar las comunidades que son asoladas por el crimen y que lanzan un grito de alerta.

Indicó que el gobernador Graco Ramírez y el titular de la CES, Alberto Capella, están obligados a dar resultados y evitar que en la recta final de esta gestión se genere un conflicto mayor, producto de la impunidad y la incompetencia del Estado para garantizar el derecho a la seguridad pública.

Por lo pronto, señaló que la Barra de Abogados está dispuesta a apoyar con asesoramiento jurídico, capacitación y talleres de prevención del delito a los grupos organizados de ciudadanos, pero, siempre, con la condición de mantener el respeto absoluto a la ley.

Permanecen en prisión preventiva

La titular del Instituto de la Defensoría Pública, Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, ofreció continuar con la representación legal de los diez policías estatales acusados del presunto atentado contra el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, una vez que culmine su encargo al frente de la dependencia, al término de la actual administración.

A 70 días de que concluya la gestión de Graco Ramírez, la abogada detalló que requirió a la justicia federal un informe sobre qué falta para que pueda reanudarse la audiencia intermedia del proceso penal que se le sigue a diez elementos detenidos hace cinco años por los presuntos delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Y es que, después de que en tres ocasiones la justicia federal negó el amparo a los imputados contra el auto de vinculación a proceso, sólo faltaba que los deudos de dos de los escoltas del ex fiscal, fallecidos en el enfrentamiento ocurrido el 7 de febrero de 2013, fueran notificados sobre el fallo judicial y, con ello, reactivar el proceso penal del fuero común.

Aguirre Gómez expresó que debido al periodo vacacional en los juzgados y las notificaciones pendientes, difícilmente el caso podrá reactivarse y llegar a la etapa de juicio oral antes de concluir esta administración.  

Dijo que al culminar su cargo y, en caso no permanecer como parte del Instituto de la Defensoría Pública, tiene un compromiso moral con los policías y sus familias de dar continuidad al caso de manera completamente gratuita.

“La familia podría optar, en caso de desearlo, que se siguiera con la defensa por parte de su servidora de manera totalmente gratuita, independientemente de que ya no sea parte de la defensoría, porque es un compromiso personal y ético que he asumido con ellos.

“Y bueno, conocemos el asunto prácticamente desde el momento de su detención, con todo lo legal que ha venido arrastrándose. Era algo que ya se había platicado tanto con los detenidos como con sus familiares, de que en caso, no obstante del término de la administración, pudo haber sido antes o, en cualquier momento te pueden quitar como titular de la dependencia, yo tengo el compromiso de continuar de manera gratuita”, dijo.

Aseguró que, independientemente de que los imputados y sus familiares acepten o no su apoyo jurídico al concluir su gestión, la defensoría estatal tendrá un juego de copias con notas y tarjetas informativas para que cualquier defensor público pueda dar continuidad al expediente.  

Además, recalcó, falta que, a más de cinco años de los hechos, la FGE cuente con los elementos de prueba para sostener la acusación contra los policías, quienes permanecen en prisión preventiva.

Los diez policías estatales enfrentan los cargos de tentativa de homicidio en agravio del ex fiscal estatal, y homicidio calificado de  los tres escoltas que perdieron la vida en el enfrentamiento ocurrido la noche del 7 de febrero de 2013 en la calle 10 de abril de la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Mientras la fiscalía sostiene la hipótesis del atentado, la representación legal de los elementos policiacos defiende su inocencia e insiste en que el incidente se derivó una confusión debido a las órdenes que los agentes recibieron del C-4 (Centro de Control y Comunicaciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal), desde donde se les pidió frenar el convoy de camionetas sospechosas y revisar la identidad de los tripulantes, quienes rechazaron detenerse y entonces sobrevino el enfrentamiento.

La designación de fiscal anticorrupción se revisa cuidadosamente, por la elevada responsabilidad del cargo, afirma el fiscal general Uriel Carmona

En los próximos días, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, deberá definir el proceso de designación del nuevo fiscal anticorrupción, ante la inminente jubilación de Juan Salazar Núñez, cuyo nombramiento fenece el próximo 24 de agosto.

“Es algo que él me ha externado, que tiene la antigüedad suficiente para retirarse del cargo, entonces es posible que se separe, entonces entraremos al tema del fiscal anticorrupción, que es algo que debe revisarse con mucho cuidado, porque debe tratarse de una persona que tenga el perfil y que tenga las credenciales y el prestigio suficiente para garantizarle a la ciudadanía un ejercicio objetivo, que no se preste a temas políticos y que las carpetas que estén a su cargo se resuelvan estrictamente conforme a derecho”, afirmó el fiscal estatal.

Sostuvo que será un reto designar al sucesor, porque el cargo exige no tener vínculos ni compromisos de ninguna índole para sancionar conforme a la ley a cualquier servidor público que incurra en actos de corrupción.

Reconoció que la dificultad radicará en encontrar el perfil adecuado,  pues “hay mucha gente que ha estado en administraciones pasadas y políticamente podría generar críticas, por eso no será fácil encontrar alguien que tenga el perfil y, sobre todo, la credibilidad para ocupar el cargo.

Ante la reforma legislativa que faculta al fiscal general nombrar al fiscal anticorrupción, consideró muy delicada la responsabilidad de la designación, porque una vez consumada sólo podría ser revertida por el Congreso y, por ello, la selección debe ser muy escrupulosa, para cubrir las expectativas de lo que debe de ser un verdadero fiscal anticorrupción.

El 24 de agosto vence el nombramiento de Salazar Núñez, quien al parecer optará por la jubilación, ya que en la reciente reforma legislativa a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, los diputados otorgaron a los fiscales general, anticorrupción y antisecuestro la prerrogativa de recibir de manera vitalicia el 50% de su último salario, más guardias de seguridad por el tiempo que se hayan desempeñado el cargo.

Lo anterior, sin detrimento del derecho a reclamar los derechos pensionarios adquiridos, lo que significa que podrán tramitar paralelamente una jubilación conforme a los años prestados al servicio del estado.

Uriel Carmona consideró como urgente el tema del fiscal anticorrupción, porque todos los días se reciben denuncias no sólo de  temas o personajes políticos, sino contra todo tipo de servidores públicos, desde los operativos hasta los de alta dirección.

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

El reglamento es un instrumento que norma los requisitos y los procedimientos para hacer efectivos los beneficios previstos, así como establece específicamente las bases para la coordinación de las acciones, políticas y programas públicos orientados al mejoramiento y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Los interesados en acceder a los beneficios deben reunir una serie de requisitos, como acreditar la discapacidad permanente y condición económica, y presentar su solicitud ante la Secretaría Desarrollo Social, cuya dependencia tendrá un plazo de 60 días hábiles para determinar si el solicitante puede o no ser beneficiario.

Bajo la premisa de que los artículos 1 y 4 de la Constitución prohíben la discriminación y establecen el derecho de toda persona a la alimentación suficiente y el Estado está obligado a garantizarla, en marzo de 2016 entró en vigor la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y en Pobreza Extrema, con la cual los beneficiarios podrán obtener un apoyo, que consiste en una despensa integrada por productos de la canasta básica con un valor equivalente a 200 pesos.

De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso, en Morelos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -en el año 2000- registró 29 mil 545 personas con alguna discapacidad, y en los últimos 15 años el número se  multiplicó, situación que implicó que igual número de hogares y familias resultaran afectados económicamente por ese hecho.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) -por ley- está obligada a destinar el 2.5% de su presupuesto total autorizado para los gastos de operación, supervisión y seguimiento del programa de apoyo a las personas con discapacidad y en pobreza extrema.

Están pendientes de resolución las cinco impugnaciones promovidas por el Panal contra los cómputos de los cinco distritos federales correspondientes a Morelos.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las impugnaciones de militantes del Partido Encuentro Social (PES) contra la entrega de constancias de mayoría a Alejandro Mojica Toledo y Radamés Salazar Solorio, diputado federal y senador electos por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En acumulados, la sala resolvió los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Raúl Alfredo Acosta Serret Román y David Nyx Ríos Arellano, y Adán Portugal Portugal y Sergio Enrique Chávez Balderas, quienes reclamaron para sí ambos escaños.

Por unanimidad, el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México desechó las demandas debido a que los actos se han consumado de manera irreparable, pues alegaban que los escaños ganados por Alejandro Mojica y Radamés Salazar le correspondían al PES y no a Morena.

“Si bien los actores impugnan la entrega de la constancia de mayoría y validez por parte de la autoridad responsable, lo cierto es que se advierte que el acto impugnado destacado es el método de selección de candidaturas.

“Lo anterior es así, si se considera que los motivos de inconformidad se concretan al señalar que, de conformidad con el convenio de coalición, le correspondía al Partido Encuentro Social (PES) el registro de estas candidaturas, por lo que a su consideración es ilegal que se hubiera hecho la entrega de esas constancias a candidaturas que son de extracción de Morena y no de su partido, razón por la cual solicitan se revoquen las mismas y les sean entregadas a ellos.

“La pretensión de los actores no puede ser alcanzada, ya que la jornada electoral se realizó el 1 de julio y la Sala Regional se encuentra impedida para analizar el registro de fórmulas de candidatos que ya fueron votadas en la jornada electoral, por lo que la pretensión de los actores se volvió irreparable”, estableció la sentencia.

Están pendientes de resolverse las cinco impugnaciones promovidas por el Partido Nueva Alianza contra los cómputos de los cinco distritos federales correspondientes a Morelos.

Nacida en 1976, la exfuncionaria supuestamente acreditó 24 años y cuatro meses de servicio en la burocracia, básicamente en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la pensión por jubilación de la Secretaria de Administración del Congreso local, Martha Patricia Bandera Flores, y se publicó el nombramiento de su relevo.

De acuerdo con el decreto pensionario, la ahora exfuncionaria legislativa acreditó 24 años, cuatro meses y días de servicio ininterrumpido en la administración pública local, al desempeñar varios cargos en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Según datos tomados de su Clave Única de Registro de Población (CURP) que están disponibles en la página de la Secretaría de Educación Pública, bajo el rubro “Personal con licencia”, la ahora jubilada nació el 22 de enero de 1976, por lo que tiene 42 años de edad, lo que significa que comenzó su carrera en la burocracia a los 18 años.

El último salario de Bandera Flores fue de 68 mil 555 pesos con 36 centavos y la pensión fue fijada al 80% del tope de 600 salarios mínimos, es decir, en 42 mil 412 pesos, incrementándose la cuantía de acuerdo con el incremento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

Al entrar en vigor el decreto pensionario, se publicó simultáneamente el acuerdo legislativo por el cual se designó como sustituta de Bandera Flores a Aleyda Castro Díaz, quien tiene experiencia como auditora de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hasta hace unas horas era la responsable de la dirección de Contabilidad del Congreso.

Esta es una de varias jubilaciones aprobadas por el Congreso en el ocaso de la LIII Legislatura, severamente criticada por conceder pensiones doradas a secretarios de despacho y familiares de funcionarios de alto nivel del gobierno de Morelos.

Dicho mecanismo tuvo su origen en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2003.

La Fiscalía General de Justicia adoptó la implementación del Protocolo Alba para la búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas o extraviadas.

Con base en la normatividad de la Fiscalía General para el Estado de Morelos, que otorga autonomía y la atribución para crear lineamientos, el titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara, expidió el acuerdo 04/2018, mediante el cual estableció la adopción de la Guía para la Aplicación del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en Caso de Extravío de Mujeres y Niñas (Protocolo Alba).

Dicho protocolo tuvo su origen en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2003, cuando se incrementó alarmantemente la desaparición y el homicidio de mujeres.

Ante la presión, especialmente de la comunidad internacional, se realizó el primer esfuerzo de coordinación para la realización de las fuerzas de seguridad y procuración de justicia ante la no localización de mujeres y niñas menores de 11 años de edad, previamente reportadas como desaparecidas o extraviadas bajo circunstancias consideradas de alto peligro, además de las acciones de prevención para disminuir los factores de riesgo.

Al paso del tiempo, evolucionó en el Mecanismo Operativo de Coordinación Inmediata para la Aplicación del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas (Protocolo Alba), que incorporó las mejores prácticas y fue replicado con diversas variantes en las entidades federativas.

La Guía para la Aplicación del Protocolo surgió como propuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con el fin de coordinar esfuerzos y acciones entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y familias de las mujeres y niñas no localizadas o desaparecidas.

Según el acuerdo de la FGE, corresponderá a la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y/o Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevar a cabo la organización para la integración del Consejo Estatal del Protocolo Alba, en coordinación con el enlace estatal ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Para el efecto, se generará la coordinación efectiva y la ejecución de todas las acciones necesarias para su efectiva aplicación.

También corresponderá a la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y/o Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizar los Grupos Operativo y Preventivo Estatales, así como organizar y proponer la estructura organizacional del Protocolo Alba, con base en las características propias de la Fiscalía General del Estado y sus recursos económicos.

Los señala por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El Foro Morelense de Abogados denunció penalmente a 29 de los 30 diputados del Congreso de Morelos, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, consideró que la aprobación de las pensiones y las diversas reformas legislativas para crear un “súper fiscalía” y beneficiar a familiares de altos funcionarios, no sólo no están justificadas, sino que devastan las finanzas públicas.

Al acudir a la sede de la Fiscalía General del Estado para iniciar la denuncia penal contra todos los diputados, con excepción del legislador del Partido Humanista Jesús Escamilla que votó en contra, Martínez Bello afirmó que será esta querella prueba de fuego para el fiscal estatal, quien deberá mostrar si de verdad es autónomo e imparcial en la búsqueda de la justicia, o si su cargo es una falacia e imposición para garantizar impunidad a los gobernantes salientes.

Consideró que “esta denuncia debiera prosperar y será la prueba de fuego del fiscal Uriel Carmona Gándara, pues así sabremos que está puesto de manera exprofesa por los diputados, por el gobernador, para brindar impunidad, o verdaderamente pretende llevar a cabo un trabajo de investigación imparcial”.

“Estamos haciendo las cosas bien y encontraremos la ruta jurídica para que se finquen responsabilidades en contra de los diputados que han devorado la economía morelense”.

En la querella, el Foro Morelense de Abogados rebatió la legalidad de las jubilaciones de personas allegadas al gobierno estatal que no tienen ese derecho adquirido, “admitiendo cierta documentación que pudiera ser falsa, sin investigar previamente su veracidad, por ejemplo la de Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda; Beatriz Ramírez, secretaria de Educación; la esposa del diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; y candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD, Denia Flores. Además de Estefani Guzón André, responsable de relaciones públicas del gobierno de Graco Ramírez, cuando sólo contaba con escasos cuatro años en la administración pública”.

A ellas se agregan la jubilación de Anahí Bahena López, de apenas 37 años y esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín; de Karina Arteaga Domínguez, militante de Movimiento Ciudadano; el ex titular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán; Denia Flores, esposa del  diputado Francisco Navarrete Conde y ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Tepoztlán.

Martínez Bello también criticó la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales consideró no son necesarias.

En su querella también denunció como ilegal, la reforma que otorga al fiscal estatal la facultad de nombrar el fiscal anticorrupción, cuando ya existe el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción; así como la transferencia a la estructura de la fiscalía general de C-3, la procuraduría del menor, el centro de justicia para mujeres y los centros de asistencia social.

“En este afán de crear una súper fiscalía o darle beneficios a esta misma, está muy claro que lo que pretenden es generar beneficios para obtener impunidad al momento del salir; pero además lo hacen sin tener un proyecto que los justifique”, dijo.

Expresó que los diputados también aprobaron un incremento a más del doble el presupuesto de la fiscalía, al pasar de 330 a 710 millones de pesos, y favorecieron con un “salario vitalicio” al fiscal estatal, a la fiscal antisecuestro y al fiscal anticorrupción.

Otra de las irregularidades denunciadas, fue la creación de dos plazas de comisionado más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a iniciativa del diputado Mario Chávez, y cuya esposa resultó designada comisionada.

Instó a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a presentar sus querellas ante la fiscalía estatal contra los diputados y pidió a los miembros de la legislatura electa emprender acciones legales.

El gran pendiente de la presente administración es la captura de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, señala el comisionado de Seguridad.

El comisionado estatal de seguridad Alberto Capella Ibarra reconoció que ocurrió un “ligero” incrementó de la incidencia del delito de homicidio, causa que atribuyó al periodo electoral, y asumió que la captura del criminal más buscado del estado Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete” y líder del cártel de “Los Rojos”, será uno de los pendientes que dejará esta administración.

“Traemos un ligero incremento en el tema de homicidios, traemos probablemente unos 15 homicidios más que el año pasado a estas alturas. No es un incremento sustancial, en términos de lo que se da en otras regiones del país”.

“Hay que reconocer que en las épocas electorales y en las de transición gubernamental, es un fenómeno que se presenta en todas partes y nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante trabajando con la fiscalía para apoyar y evitar que se estén dando este tipo de conflictos entre grupos delictivos”, dijo en alusión a la rivalidades entre criminales y que ha generado violencia, principalmente en la zona sur de la entidad.

Reconoció que la captura del líder de “Los Rojos” sigue siendo un gran pendiente de esta administración, pero insistió en que durante este sexenio se logró mermar al grupo criminal hasta en un 95% en su estructura, al detener a un número significativo de integrantes de la organización criminal.

“El gobierno del estado con apoyo del gobierno federal logró desmantelar un grupo delictivo, que lamentablemente tuvo acompañamiento, en algunos casos, con funcionarios municipales que apoyaron esta organización, que fue un caso evidente y quienes de alguna manera lo apoyaron han estado siendo detenidos”, expresó en alusión al alcalde electo de Amacuzac detenido y privado de su libertad en un penal federal Alfonso Miranda Gallegos, también tío de “El Carrete”.

Por lo pronto, dijo que se prepara la información que se entregará a la próxima administración para que implemente las medidas de prevención y entienda como opera la actual estrategia de seguridad pública, y será responsabilidad de las nuevas autoridades determinar el modelo a seguir, aun cuando el presidente de la república electo Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció por el Mando Único.

Por otra parte, la defensa jurídica de Miranda Gallegos informó que fue postergada de nuevo la audiencia para la resolución del recurso de apelación, promovido contra el auto de vinculación a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada, y se espera que a la brevedad el tribunal unitario fije nueva fecha.

De acuerdo con la defensa, Miranda Gallegos niega los cargos que le atribuye la Procuraduría General de la República y confía obtener su libertad por no existir pruebas en su contra. 

El partido Nueva Alianza promovió cinco recursos de inconformidad.

Al menos nueve impugnaciones fueron promovidas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra los triunfos obtenidos por la coalición “Juntos Haremos Historia” en los cinco distritos electorales federales y una senaduría.

De acuerdo con los asuntos recibidos por el TEPJF, los ciudadanos identificados como Raúl Alfredo Acosta Serret Román y David Nyx Ríos Arellano promovieron dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar la entrega de las constancias de mayoría a Alejandro Mojica Toledo y Omar Barrera Hernán, como candidato federal electo propietario y suplente por el Distrito I federal, por la coalición Morena-PES-PT.

La fórmula ganó con 93 mil 935 votos, que equivale al 46.4% de la votación total, y con más de 53 mil votos de diferencia respecto a su más cercano competidor.

Además, los ciudadanos Adán Portugal Portugal y Sergio Enrique Chávez Balderas impugnaron la entrega de constancias de mayoría al senador electo y suplente Radamés Salazar Solorio y Sergio Pérez Flores, cuyo triunfo fue obtenido con el 51.1% de la votación.

El partido Nueva Alianza promovió cinco recursos de inconformidad para impugnar los resultados del cómputo distrital de la elección a diputado federal por el principio de mayoría relativa de los distritos 1, 2, 3, 4 y 5.

Conforme a los datos proporcionados por el TEPJF, la Sala Regional Ciudad de México recibió 104 impugnaciones, de las cuales 64 son inconformidades con los resultados de las elecciones de diputados federales, y 40 de la elección de senadores.

Hay cuatro denuncias por presunto homicidio culposo de recién nacidos en dicho nosocomio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el deceso de varios recién nacidos en el Hospital José G. Parres y no descarta ninguna hipótesis. Por lo pronto, realizó la exhumación y necropsia a los cuerpos de al menos cuatro bebés para identificar en cada caso la causa de muerte.

Luego de que la semana pasada un grupo de madres afectadas denunció públicamente que en el nosocomio ocurrieron presuntamente 10 decesos de bebés recién nacidos, surgieron varias suposiciones sobre las causas de los decesos, que van desde la negligencia médica y un contagio bacteriano, hasta posibles malformaciones congénitas.

Cuestionado sobre el tema, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara confirmó que fueron presentadas cuatro denuncias por presunto homicidio culposo (derivado de una negligencia médica), y se ordenó la exhumación de los cuerpos de los neonatos para practicarles la necropsia y determinar la causa de fallecimiento en cada caso.

“Hemos estado recibiendo denuncias ya concretas de estos hechos, incluso ya se han desahogado varias exhumaciones de los cuerpos de los bebés y ya estamos en la investigación, en el tema de las necropsias para ver qué fue lo que pasó y en ese aspecto vamos a llegar al fondo de cada asunto, porque las causas de la muerte no necesariamente tienen que ser las mismas, estamos advirtiendo que pueden ser diversas”, dijo.

Indicó que se tienen los resultados preliminares de las necropsias y, tentativamente, apuntan a que en al menos en uno de los cuatro casos en investigación la causa del deceso fue un problema de nacimiento.

“Los resultados preliminares de algunas de las necropsias no son coincidentes las causas de la muerte. Me han hecho estos reportes de manera verbal, no tengo todavía los reportes firmados por los médicos legistas porque los están elaborando. Pero tenemos en el caso de un bebé de Cuautla, que por respeto a la familia omito nombre y apellidos, que la causa de muerte fue un tema de una malformación congénita que no tiene nada que ver con estas bacterias o virus”, explicó.

Carmona Gándara afirmó existe la posibilidad de más denuncias y sostuvo que hasta que estén los informes oficiales de los médicos y se integren a las carpetas de investigación todos los documentos requeridos a las autoridades del hospital, se podrá tener datos concluyentes.

Precisó esta semana comparecerá a declarar ante el agente del Ministerio Público personal del hospital, incluyendo sus directivos, y se espera recibir a la brevedad los expedientes clínicos de cada caso.

Agregó que pese a la carga de trabajo de la fiscalía, este caso será prioridad y ha girado instrucciones para avanzar en las investigaciones, con el fin de esclarecer si ocurrió o no una negligencia médica, si los bebés murieron a causa de una bactería nosocomial, si hubo contaminación del área de neonatos por falta de higiene o la fuga de aguas negras, o si uno o varios bebés nacieron con malformaciones congénitas.  

Pidió cautela en la información que se disemina para evitar conclusiones adelantadas o infundadas, pues a partir de los resultados técnico-jurídicos y forenses se podrá tener certeza sobre lo ocurrido. 

Destaca titular mejoras en infraestructura y en condiciones laborales de abogados de oficio.

La titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, afirmó que entregará a la siguiente administración estatal una institución consolidada, con finanzas sanas y hasta ahorros que permitirán continuar con mejoras al personal.

Indicó que desde el inicio de la administración se planteó la realización de un proyecto integral que al paso del tiempo permitió mejorar la infraestructura del instituto, que logró tener nuevas instalaciones y mejorar las condiciones laborales de los abogados de oficio.

Además, destacó que la defensoría pública estatal se encuentra en los primeros cinco lugares del ranking nacional de las instituciones mejor capacitadas en atención temprana y ejecución penal.

Entre los logros, destacó las mejoras laborales de los abogados de oficio, al pasar de una percepción mensual de cuatro mil 800 pesos, a salarios que oscilan actualmente entre 11 mil y 17 mil pesos.

Remontó también el rezago del sistema penal tradicional, al pasar de poco más de 10 mil asuntos en el 2012, a menos de 500 en el 2018, que quedarán en sentencia de primera instancia y pendiente de desahogar las siguientes etapas de los procesos.

Con la especialización de abogados de oficio en el área de ejecución penal, señaló, se logró que 105 personas privadas de su libertad obtuvieran beneficios legales y su libertad anticipada.

Precisó que ejerció responsablemente el presupuesto de 19 millones 573 mil pesos que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2018, y estimó que dejará a la siguiente administración un superávit de alrededor de 800 mil pesos, derivado de los ahorros y una administración disciplinada que permitirá generar programas de apoyo al personal. 

Alegan que Rosalina Mazarí Espín y Dalila Morales Sandoval no deben estar en el próximo Congreso porque rompen la paridad de género.

Las disputas por regidurías acaparan los recursos presentados ante el tribunal electoral.

El Tribunal Estatal Electoral recibió poco más de 60 impugnaciones postelectorales, derivadas de la distribución de las regidurías para la integración de los Cabildos y las diputaciones plurinominales.

De acuerdo con el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, en la mayor parte de los juicios de protección de los derechos políticos electorales presentados, prevalece la disputa por la distribución de las regidurías en los 33 ayuntamientos, pero también han sido impugnadas varias elecciones municipales como en los casos de Jonacatepec, Ocuituco, Jiutepec, Cuautla y Tetela del Volcán.

También fue presentada una impugnación de la elección a gobernador presentado por el candidato independiente Fidel Demédicis Hidalgo y un recurso más contra los resultados de la elección a diputado del Distrito I.

Surgieron también dos inconformidades contra la distribución de las diputaciones plurinominales bajo el principio de paridad de género, promovidas por Carlos Rebolledo Pérez del PRI y Gustavo Lezama Rodríguez del PAN, quienes ocupaban el segundo lugar en las fórmulas de diputados de representación proporcional de sus partidos.

Ambos, por separado, presentaron sendos recursos por considerar que no hay paridad de género en la integración de la próxima legislatura, ya que 14 de los 20 escaños legislativos serán ocupados por mujeres.

Consideraron que, con base en los precedentes sobre paridad de género, tocaría a ellos, y no a sus compañeras Rosalina Mazarí Espín y Dalila Morales Sandoval, ocupar las diputaciones plurinominales.

De acuerdo con el calendario electoral, a más tardar el 10 de agosto el TEEM deberá resolver todas las impugnaciones relacionadas con la elección de diputados; el 5 de septiembre los recursos vinculados a los comicios para gobernador y el 15 de octubre las inconformidad relacionadas con la integración de los ayuntamientos. 

Las modificaciones legales suprimen los fideicomisos y presupuestos para la promoción turística y competitividad

A pesar de la inconformidad del sector empresarial, fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” las reformas exprés que suprimen los fideicomisos y presupuestos para la promoción turística y competitividad, para “reorientar” recursos a la Fiscalía General del Estado, el engrose de la nómina del Tribunal de Justicia Administrativa y enfrentar el aumento de los “gastos institucionales” del Poder Ejecutivo.

Este sábado entraron en vigor las reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y el Presupuesto de Egresos del Gobierno  estatal 2018, así como la abrogación de la Ley del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

Las reformas legislativas incluyen la eliminación  del Fideicomiso Turismo Morelos; el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo; Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; y el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, que impacta también a los fondos destinados a la reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El presupuesto de los fondos y fideicomisos extintos fue “reorientado” por los diputados para costear el aumento de los “gastos institucionales” del Poder Ejecutivo estatal, la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado, la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y los salarios de la recién nombrada titular del órgano de control interno, Adriana Ariza Cuéllar, esposa del diputado Edwin Brito.

De acuerdo con el decreto legislativo, el nombramiento de la contralora interna requirió la asignación de 500 mil pesos adicionales al TJA y seis millones de pesos más para sostener la nómina de dos nuevos magistrados, en vías de designación.  De esta manera, el presupuesto del TJA para el 2018 se incrementó de 35 millones a 41 millones 500 mil pesos.

Para concretar la recién otorgada autonomía financiera de la Fiscalía General del Estado, aumentó la asignación presupuestal 370 millones 330 mil pesos, a  784 millones 587 mil pesos.

Según los diputados, la duplicación del presupuesto 2018 para la FGE está justificada, debido  a que, en las reformas a la legislación de la fiscalía realizadas hace unos días, también se adicionó a su estructura la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, la administración de los centros de asistencia social, y el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos.

Los diputados, en la extinción de los fideicomisos y reorientación de fondos, consideraron necesario asignar presupuesto a la administración estatal, “dados los compromisos adquiridos para la operación ordinaria de las Secretarías, Dependencias y unidades responsables de gasto respectivas, se advirtió la necesidad de incrementar el fondo relativo a los gastos institucionales del citado Poder identificado bajo el rubro de “Institucionales” por la cantidad de $97´000,000.00 (Noventa y siete millones de pesos 00/100 M.N.). Para tal efecto, se proyecta realizar los ajustes pertinentes en la partida destinada al Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)”.

Ante el inminente procedimiento de entrega recepción, el Congreso creó el Fondo de Transición con recursos etiquetados hasta por 300 mil pesos.

En suma, resaltó el decreto, las propuestas de reforma al Presupuesto de Egresos 2018 representan un impacto económico de 509 millones 817 pesos.

Aun cuando representantes empresariales pidieron detener vigencia de las reformas y reconsiderar la permanencia de los fideicomisos destinados a la promoción turística y competitividad económica (cuyos fondos provenían de contribuciones del sector privado), tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo decidieron ignorar la petición.

Las cámaras empresariales analizan combatir por la vía del juicio de amparo tales reformas. 

Autoridades escolares llegan a condicionar la entrega de documentos, el mismo servicio educativo o, incluso, prohibir la participación en ceremonias de graduación a cambio de cuotas económicas o en especie, alerta la CDHEM.

Llaman a intervenir a los comités de participación ciudadana  para evitar abusos.

La Comisión de Derechos Humanos de Estado Morelos (CDHEM) llamó a los padres de familia a denunciar el condicionamiento de la entrega de documentos o del servicio educativo a cambio de cuotas económicas o en especie.

El organismo señaló que en el fin de ciclo escolar es frecuente que autoridades educativas del nivel básico recurran a prácticas que violentan los derechos humanos de la niñez, en especial, los relativos al derecho a la educación,  a través de la retención o condicionamiento de la entrega de documentos oficiales e, incluso, la prohibición de la participación en ceremonias de graduación,  ante la negativa o imposibilidad de los padres de familia de pagar las cuotas exigidas.

Expresó que los comités de participación ciudadana, integrados por padres y madres de familia, están obligados a trabajar para evitar que estas prácticas se repliquen, pese a que los acuerdos de aportaciones se generan desde los mismos comités en coordinación con autoridades escolares.

“Sin embargo, observamos que se encuentran ausentes en esta tarea, promoviendo que se violente el derecho a la educación gratuita y en condiciones de igualdad para la niñez”.  

El organismo detalló que recibió en el presente sexenio sólo 28 quejas por el cobro de cuotas escolares, que derivaron en violación al derecho a la educación, negativa o inadecuada prestación de los servicios públicos en materia de educación y violación a los derechos de la niñez.

En el primer semestre del 2018, la CDHEM no tiene ninguna queja relacionada con el tema, pero prevé que en el mes de agosto se presenten las primeras inconformidades, para lo cual la Dirección de Quejas está preparada para realizar las gestiones correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños.

Llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de malas prácticas que prevalecen en el sector educativo, y recordó que la CDHEM SE encuentra abierta las 24 horas todos los días del año para la presentación de quejas, ya sea vía electrónica, vía telefónica o de manera presencial.

Exigieron mejorar la infraestructura judicial, aplicar la ley a quienes hayan ejercido un mal gobierno, mejorar la seguridad pública y esclarecer homicidios de litigantes ocurridos en este sexenio.

Durante la conmemoración del “Día del Abogado”, organizaciones de litigantes exigieron mejorar la infraestructura judicial, aplicar la ley a quienes hayan ejercido un mal gobierno, mejorar la seguridad pública y esclarecer homicidios de litigantes ocurridos en este sexenio.

En el marco del festejo, rindió protesta la nueva mesa directiva de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, encabezada por Cristian Velasco Alcocer, quien expresó la disposición del gremio de coadyuvar con las instituciones para que se aplique ley de manera justa, igualitaria y sin margen para la impunidad.

También pidió mejorar la infraestructura judicial y mayor capacitación, pues es “la exigencia a nuestras autoridades judiciales, en lo que a la modernización de infraestructura se refiere, es una de las demandas más sentidas de la Barra de Abogados”.

En una ceremonia alterna, en la que estuvo como invitado el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió el próximo titular del Poder Ejecutivo cumplir con su promesa de campaña de someter a juicio a todos los malos servidores públicos.

Llamó a las autoridades electas a frenar la inseguridad y presentó un listado de actos que, desde su punto de vista, deben ser revisados y corregidos.

“Ya no queremos más muertes violentas de los abogados… pero tampoco queremos feminicidios, extorsiones, secuestros, desaparecidos. Se requiere un cambio urgente en el gabinete de seguridad pública”, dijo, y consideró que la agenda pública del gobierno estatal electo debe encaminarse también a revertir la reforma que permitió las magistraturas vitalicias y la enajenación de bienes del gobierno estatal sin permiso del Congreso.

Un juez federal ordena al Congreso suspender el nombramiento de dos plazas en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta que se resuelva el juicio de amparo solicitado por un litigante que también busca ser magistrado.

Un juez de distrito frustró la intención del Congreso local de concretar la designación, por la vía exprés, de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El abogado y aspirante a magistrado Jaime Castera Toscano promovió un juicio de amparo, que fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, por los vicios en la convocatoria emitida con premura por los diputados.

El litigante básicamente impugnó que la convocatoria estuviese vigente por unas horas y se exigiera a los aspirantes una serie de documentos y un ensayo jurídico-científico, imposibles de presentar en los términos de la convocatoria exprés.

Ante ello, el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, para efecto de que el Congreso continúe con el desahogo del proceso establecido en la convocatoria emitida y cerrada el 9 de julio, pero se abstenga de concluirlo y hacer las designaciones.

“Así con fundamento en los artículos 128, 131, 138 fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para estos efectos: Se continúe con el proceso de selección establecido en la convocatoria de 9 de julio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5610, por el cual se pretende elegir a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero se abstengan las autoridades responsables de concluir el procedimiento, esto es, no emitan la declaratoria correspondiente al nombramiento y designación de magistrados a que refiere dicha convocatoria”, estableció el juzgador federal.

Esta no es la primera vez que el Congreso, por malos procedimientos legislativos e insistencia de nombrar juzgadores allegados a los legisladores, enfrenta este tipo de obstáculos. Después de ceder la jubilación como magistrado a Orlando Aguilar Lozano (para dejar la vacante) y revocar el nombramiento de Guillermo Arroyo Cruz como su sucesor, éste último promovió sendos recursos de amparo que impidieron a los diputados concretar la designación. 

Después de seis años, finalmente fue emitida y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la declaratoria de reforma constitucional que otorga al Poder Judicial su autonomía financiera.

La iniciativa de reforma fue propuesta por ex gobernador panista Marco Adame Castillo y en el 2012 fue aprobada por la Quincuagésima Primera Legislatura, que tras conseguir la aprobación del Constituyente, congeló la declaratoria por razones políticas y con el argumento de que la fragilidad financiera del estado no permitiría cumplir con la reforma, que proyectaba otorgar al Poder Judicial el 4.7% del presupuesto estatal total programable.  

Después de un sexenio, en el ocaso de la Quincuagésima Segunda Legislatura, finalmente los diputados decidieron emitir la declaratoria para validar la reforma constitucional, que permitirá programar el porcentaje previsto para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Egresos del Gobierno de Morelos del 2019.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecerán las bases para la distribución interna entre los tribunales que conforman al Poder Judicial, respecto del presupuesto de egresos que anualmente reciba dicho poder representado por el Tribunal Superior de Justicia.

El decreto entrará en vigor a partir de este viernes, tras la difusión y publicación de la declaratoria en el órgano oficial de difusión del gobierno de Morelos. 

Magistrado electoral conmina a alcaldes del Panal a resolver los conflictos por la vía legal y no con el cierre de vialidades.

Tras la jornada electoral, surgieron los primeros visos de impugnación por la distribución de regidurías en los cuatro ayuntamientos ganados por el Partido Nueva Alianza (Panal), cuyos ediles electos acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para plantear su inconformidad.

Hasta la sede jurisdiccional llegaron los presidentes municipales electos -por el partido turquesa- de Totolapan, Omar Livera Chavarría; de Tlalnepantla, Rigoberto Espíndola González; de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, y de Zacatepec, Oliva Ramírez Lamadrid, así como diversos candidatos a regidor.

En una breve reunión con el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, los alcaldes expresaron su preocupación por una posible distribución inequitativa de las regidurías para la integración de los cabildos.

Hurtado Delgado explicó que será a través de los recursos de inconformidad que las instancias jurisdiccionales resolverán sus inquietudes, de acuerdo a cada caso específico y con el recurso de impugnación correspondiente, y no con la toma de carreteras ni con protestas es como se resolverán los reclamos.

Llamó a tener confianza en las instituciones y aseguró que el tribunal electoral local resolverá sus recursos con apego a la legalidad, transparencia y objetividad.

El magistrado pidió a los representantes populares electos que sean sus abogados quienes integren sus inconformidades de acuerdo al procedimiento electoral y a los medios de impugnación establecidos en la ley de la materia.

Hasta el momento, los consejos municipales y distritales no han remitido al TEEM ningún recurso de inconformidad, pero se espera que este fin de semana comiencen a llegar los primeros casos para su análisis y resolución, ya que por la ley vigente existen casos donde el ganador de la alcaldía no logra obtener regidores para su partido, o estos son pocos en comparación con los que harán oposición.

La Suprema Corte amenaza con aplicarles los artículos 105 y 107 de la Constitución por incumplir al menos seis sentencias de amparo relacionadas con la jubilación de trabajadores del Poder Judicial, para cuyo pago debe dotar de presupuesto; la ley señala que se debe notificar la conducta al ministerio público federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amenaza a los diputados locales con aplicarles la destitución por incumplimiento de las sentencias asociadas a los decretos de jubilación y disposición de presupuesto para el pago de las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Según los acuerdos publicados en estrados, pese a que se le ha dado tiempo al Congreso de Morelos para dar cumplimiento a diversas controversias constitucionales, vinculadas al tema de las pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, ha incurrido en constante inobservancia en lo ordenado por el máximo tribunal del país.

“Visto el estado procesal del expediente, atento a que ha transcurrido el plazo que le fue otorgado al Poder Legislativo de Morelos, mediante proveído de 31 de mayo de 2018, y en razón de que con el escrito y anexos presentados por el delegado de la referida autoridad el 13 de junio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, no se da cumplimiento al fallo dictado en este asunto”.

“Debe decirse que la sentencia fue notificada al Poder Legislativo del Estado de Morelos el 22 de enero de 2018, de conformidad con la constancia que obra en autos, además, mediante proveídos de 15 de enero, 20 de febrero y 31 de mayo de 2018, se le requirió a efecto de que informara sobre el cumplimiento a la ejecutoria, sin que éste se haya acreditado”.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y túrnese el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, puntualizó la SCJN.

El artículo 105 establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito.

“Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En los listados recientes de la SCJN aparecen al menos seis acuerdos idénticos, en los que se advierte la contumacia de los diputados locales, quienes están obligados a etiquetar recursos para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores en retiro del TSJ.

Cabe destacar que los diputados pretenden hacer nuevas designaciones de funcionarios de alto nivel, que incluyen dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que implicaría disparar el presupuesto de este órgano de 35 millones a casi 60 millones de pesos, sin contar que al magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano no ha recibido el pago de su jubilación porque los legisladores, en su prisa por vaciar y ocupar la vacante magistratura, por causa incierta no etiquetaron presupuesto para el pago.

Algunos trabajadores en retiro del TSJ cuestionaron que los diputados estén más concentrados en hacer designaciones que les beneficien, que atender el urgente tema de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial. 

Hay apelación contra auto de formal prisión.

La defensa legal de Alfonso Miranda Gallegos, alcalde electo de Amacuzac preso en un penal federal, acusado de delincuencia organizada, espera que la próxima semana un tribunal unitario resuelva la apelación contra el auto de formal prisión dictado por un juez federal y pueda obtener su libertad.

Cristian Fragoso Velázquez, abogado de Miranda Gallegos, dijo que por licencia del magistrado del Segundo Tribunal Unitario, se canceló la audiencia prevista para este martes y se reprogramó para el 17 de julio, para desahogar el recurso de apelación promovido contra el auto de formal prisión (cuyo expediente se tramita con el anterior sistema de justicia penal), que le fue dictado por el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito.

Confió en que la resolución será a favor de Miranda Gallegos, ya que en el expediente penal no existen elementos suficientes para mantenerlo en prisión, ni que lo vinculen a actividades ilícitas, como supuestamente sostiene la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Dentro del expediente no hay una sola llamada, no hay una sola fotografía, tampoco hay un solo testigo que refiera que en algún momento él se haya reunido o haya pertenecido de manera directa a este grupo delincuencial”, dijo en alusión al cártel de “Los Rojos”, liderado por Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda.

Explicó que pidió al tribunal unitario un análisis exhaustivo del expediente e identificar posibles “tintes políticos” relacionados con su aprehensión y traslado a una prisión federal, ya que en el expediente de la SEIDO no hay elementos de prueba que lo vinculen a un acto criminal.

Dijo que Miranda Gallegos se encuentra confiado en que pronto recuperará su libertad y agradeció el apoyo de los ciudadanos para obtener nuevamente el triunfo como alcalde electo de Amacuzac, pese al “linchamiento mediático”.

Agregó que la audiencia para desahogar la apelación se realizará el próximo martes y, posteriormente, en un plazo de 10 días hábiles el Segundo Tribunal Unitaria emitirá su fallo. Si es a favor, Miranda Gallegos obtendría su libertad a la brevedad. En caso contrario, la defensa recurriría al juicio de amparo indirecto.

El abogado destacó que aun cuando su representado siga en prisión en la víspera del 1 de enero de 2019, fecha en que toman protesta los alcaldes, entraría en funciones el suplente hasta que Miranda Gallegos agote los medios de defensa y no sea condenado.

Previo a la rueda de prensa ofrecida por el letrado, un grupo de seguidores de Miranda Gallegos realizó una marcha en el centro de Cuernavaca para exigir su libertad.

El pasado 6 de mayo, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal realizaron un operativo simultáneo en Tecámac, Estado de México, y Amacuzac, Morelos, que derivó en la detención de Miranda Gallegos y Sergio Sánchez Landa, alias “El Telúrico”, quienes son identificados como presuntos colaboradores cercanos de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, y líder del cártel de “Los Rojos”, con fuerte presencia en Guerrero y Morelos.

Miranda Gallegos, según la PGR, intentó sin éxito ocultarse de la autoridad federal, al hacerse pasar como operador de una línea de transporte en el Estado de México.  

Un juez de Control y Juicio Oral vinculó a proceso al responsable de intentar privar de la vida al presidente y al secretario de Bienes Comunales de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, tras negarse a entregar una constancia de posesión de un predio en el área natural protegida de “El Texcal”.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, señaló que el imputado, Darío “N”, deberá enfrentar el cargo de homicidio en grado de tentativa en agravio de Catalino “N” y Mauricio “N”, quienes resultaron heridos de bala luego de que la tarde del 1 de julio, el hombre enfureció por la negativa del documento.

Indicó que también la comisión –de manera conjunta con la comunidad de Santa Catarina– entregó un oficio al gobierno del estado para pedir que se combata la impunidad y no se permita que los invasores y fraccionadores de tierras comunales o áreas protegidas destruyan el patrimonio ambiental de los morelenses.

De igual forma, reiteró la petición para que se apliquen medidas cautelares para que ningún otro miembro del poblado indígena o representantes de bienes comunales sea víctima de un nuevo ilícito y se preserve su integridad física.

Reformas al Poder Judicial y la procuración de justicia “eternizaron” en los cargos a magistrados y permitieron la designación de un fiscal estatal por nueve años.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, adelantó que solicitará a la nueva legislatura que analice y, en su caso, revoque las reformas que permitieron la designación por casi una década del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, y ampliaron el periodo de los magistrados del Poder Judicial hasta por 20 años.

“Nosotros como abogados estaríamos pidiéndole y exigiéndole al gobernador electo, a los gobiernos electos e inclusive al nuevo Congreso, que asuman un papel de compromiso social, no solamente para con los abogados sino para con los morelenses”.

“Porque sí es importante que aquellas situaciones que le afectan a la ciudadanía, puedan de alguna manera ser reparadas”, señaló.

El representante del Foro Morelense de Abogados afirmó que pedirá al nuevo gobierno y la próxima legislatura que al entrar en funciones, realicen las acciones legales y administrativas para anular los decretos y reformas que se realizaron en perjuicio del interés general, y con base en acuerdos políticos y partidistas.

Esto incluye, dijo, las reformas al Poder Judicial y la procuración de justicia, que “eternizaron” en los cargos a magistrados de los tribunales y permitieron la designación de un fiscal estatal por nueve años.

“Una vez que ellos hayan hecho un análisis, ellos como legislatura se den cuenta que una reforma en la que se autoriza 20 años (de ampliación de periodo de los magistrados), eternizar en el cargo cualquier funcionario, no es normal. Eso es atípico, no se ve en ningún país-estado del mundo una situación como la que vivimos en Morelos”, señaló.

La propuesta sumará la revisión del nombramiento del fiscal estatal anticorrupción, quien fue colaborador del gobernador saliente, porque “fue un error grave” que tiene que repararse, y también debe quedar claro que quienes estén al frente de la procuración y administración de justicia, deben ser hombres y mujeres con trayectoria y calidad de trabajo probada, y no designados de manera caprichosa por sesgos partidistas o políticos.  

También demandan acciones para la protección de las reservas ecológicas.

Comuneros de Santa Catarina exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) actuar contra el hombre que la tarde del domingo intentó asesinar al presidente y al secretario de bienes comunales, y pidieron que se ordenen medidas cautelares para evitar que miembros de la comunidad sean víctimas de un nuevo atentado. También solicitaron al gobierno de Morelos emprender acciones para la protección de las reservas ecológicas.

A través de un comunicado suscrito por el Comisariado Auxiliar de los Bienes Comunales del poblado indígena de Santa Catarina del municipio de Tepoztlán y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, se informó que la comunidad está conmocionada por el ataque a balazos que sufrieron Catalino Santiago Salazar y Mauricio Franco Sánchez,  presidente y secretario de los bienes comunales, quienes permanecen hospitalizados.

De acuerdo con la narración de los hechos, el domingo 2 de julio una persona identificada como Darío “N”, llegó a las oficinas de la representación de bienes comunales de Santa Catarina a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno, que aseguró haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal.

Los representantes del comisariado negaron el documento, por tratarse de un predio dentro de la reserva ecológica. Entonces, el sujeto sacó una pistola que llevaba oculta en un morral y disparó contra el presidente y el secretario de bienes comunales.

Darío “N” intentó huir, pero fue detenido y sometido por los comuneros, para después entregarlo a la Policía para que fuese puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Los heridos fueron trasladados al Hospital José G. Parres en Cuernavaca, donde recibieron atención médica e inició la carpeta de investigación HG01/512/2018.

“Estos hechos ocurren luego de que se ha estado denunciando la invasión de tierras comunales ubicadas en el área de la reserva ecológica de El Texcal, por parte de los representantes de bienes comunales, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas pertinentes por parte de las autoridades, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de quienes defienden la tierra comunal ante invasores y vende tierras”, advirtieron los comuneros y la organización civil.

Expresaron que no pueden permanecer sin exigir la defensa de la tierra comunal frente a las invasiones y la destrucción ecológica de una gran cantidad de hectáreas en las colindancias con El Texcal, en el polígono que se ubica entre Milpillas, Tetenco y Acolala, por lo que exigieron nuevamente al gobierno de Morelos, tomar todas las medidas para su protección y defensa, antes de que sean arrasadas todas las tierras comunales.

En consecuencia, solicitaron al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, integrar adecuadamente la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido por Darío “N”, para que no quede impune el acto criminal.

También pidieron que a través de las instancias correspondientes, se apliquen medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo que llevan a cabo los representantes de bienes comunales.

De igual forma, solicitaron que la entidad, en coordinación con el gobierno federal, lleve a cabo las acciones jurídicas y legales para la defensa de las tierras comunales de Santa Catarina, en el área colindante con la zona de reserva ecológica de El Texcal, el parque nacional El Tepozteco y el Corredor Ecológico Ajusco-Chichinautzin.

El abogado fue cesado el martes como fiscal de la región oriente.

El abogado Miguel Ángel Rosete Flores regresará al litigio y al activismo social, luego de que intempestivamente -la tarde del martes- le fue solicitada su renuncia al cargo de fiscal de la región oriente. En un escueto comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) argumentó que el cese, obedeció a que no compartía sus políticas de trabajo.

La mañana del martes, Rosete Flores acudió a la citación con el fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, quien sólo le informó que, con base en sus facultades legales, lo removía del cargo y le preguntó si tenía alguna oposición. El abogado respondió que no y concluyó el breve encuentro.

En entrevista, confesó que esperaba que el fiscal general le diera alguna razón sobre la decisión, pero no hubo de por medio ninguna explicación y él, de manera institucional y respetuosa, aceptó renunciar a la fiscalía regional.

Afirmó que deja el cargo con la satisfacción de haber servido a la sociedad, aportado a la resolución de conflictos en la región y dado el apoyo a las víctimas; pues durante su gestión abatió los sesgos en la procuración de justicia, la insensibilidad y revictimización, así como trabajó en la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos en la institución.

Agradeció el apoyo de los diversos sectores de la sociedad que confiaron y apoyaron en su desempeño, también afirmó que regresará a sus labores de litigio y activismo social en apoyo de las víctimas del delito.

“Me voy con la frente en alto, orgulloso, con la conciencia tranquila y satisfecho con mi desempeño como servidor público, y seguro de que no cometí ninguna irregularidad o acto fuera de la ley. Por el contrario, me dediqué con empeño y disposición a ayudar a la sociedad”, dijo el también ex presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

En un breve comunicado, la FGE argumentó que “de acuerdo a las atribuciones del titular, este miércoles se oficializó la salida del Lic. Miguel Ángel Rosete Flores, quien hasta este martes fungía como Fiscal Regional de la Zona Oriente”.

“Durante la mañana de este miércoles, el Fiscal General del Estado reconoció el ímpetu del ex funcionario y su labor desarrollada desde el pasado 2 de abril en que fue nombrado Fiscal Regional, sin embargo, al no compartir las políticas de trabajo establecidas, para el proyecto de transformación de la Fiscalía, el abogado tomó la decisión de dar por concluida su participación en la Institución”, señaló en el documento.

Se espera que en breve sea nombrado el nuevo fiscal regional. 

La Corte anula destitución de tres alcaldes acusados de incumplir laudos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las órdenes de destitución contra los presidentes municipales de Cuernavaca, Jojutla y Temoac, e invalidó sólo para estos tres casos concretos, la aplicación de la Fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, que faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) castigar, hasta con la deposición, a quienes incumplan sus laudos.   

Al resolver las controversias constitucionales 121/2017, 173/2016 y 67/2016, el pleno de la SCJN declaró la invalidez de la norma impugnada, porque cuando fue expedida no cumplió con el requisito del refrendo del secretario del ramo, adicionalmente al secretario de Gobierno, que exigía la legislación del estado de Morelos.

De acuerdo con las sentencias, la norma impugnada fue expedida en agosto de 2000 y en el análisis del proceso legislativo se estimó que no cumplió con el requisito de validez exigido por los artículos 76 de la Constitución local y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.

En ese entonces, la ley  establecía que los decretos que expidiera o promulgara el Ejecutivo para que fueran obligatorios, requerían del refrendo del secretario general de gobierno, del procurador general de justicia y ─en su caso─ del secretario o secretarios a cuya dependencia competía el asunto, “no obstante ello, el impugnado no aparece refrendado por el secretario encargado del ramo, que entonces lo era el Secretario de Desarrollo Económico, además del refrendo del Secretario de Gobierno”.

En consecuencia, se declaró la invalidez de la Fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, pero únicamente aplicable para los casos concretos de los alcaldes de Cuernavaca, Cuauhtémoc Bravo; Edith Cornejo Barreto del municipio de Temoac; y Alfonso de Jesús Martínez Sotelo de Jojutla, así como revocó las tres órdenes de destitución emitidas por el TECA en su contra.

Las sentencias del pleno de la SCJN tuvieron como antecedentes las resoluciones emitidas también por sus salas, quienes han resuelto al menos 20 controversias constitucionales promovidas por ayuntamientos en contra de las destituciones de ediles e, incluso, de cabildos completos.

El criterio adoptado en salas, es que la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil no contraviene el artículo 115 de la Constitución federal, pues si bien faculta al TECA sancionar hasta con la destitución a los funcionarios que incumplan sus resoluciones, no establece que incluya a los miembros de los cabildos, quienes pueden ser destituidos únicamente por el Congreso (por ser representantes de elección popular) bajo los procedimientos previstos en la ley.

En estos casos ha declarado la validez de la norma impugnada y revocado las órdenes de deposición del TECA, razón por la cual varios ediles y regidores se han mantenido en su cargo, ante la imposibilidad o la negativa de pagar los laudos.

Responsabilizó a las autoridades electorales por no cancelar la candidatura.

El comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella Ibarra, advirtió que las autoridades electorales se encuentran en aprietos por no haber escuchado opiniones ni cancelado a tiempo el registro como candidato de Alfonso Miranda Gallegos, virtual edil del municipio de Amacuzac, y quien se encuentra preso en el penal federal de Durango bajo proceso por delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio de un líder ganadero.

Consideró que el triunfo electoral de Miranda Gallegos es una clara muestra de la descomposición social en la zona, y cómo “gente perversa” controla parte de ese territorio. Incluso, dudó que el resultado de la elección municipal sea producto del voto democrático, porque “yo no creo, por la información que tenemos, que exista una gran libertad por parte de los ciudadanos para poder manejar su voto”.

Responsabilizó a las autoridades electorales de la incertidumbre social y política que se vive en el municipio y en la zona por la elección de Alfonso Miranda Gallegos, por no cancelar en su momento la candidatura que ostentaba bajo la siglas de la alianza “Juntos Haremos Historia”, ante su detención y las evidencias que existen de su implicación en delitos graves.

“Yo di mi opinión; yo creo que había elementos suficientes para cancelar el registro. Ahora están metidos en un brete interesante, pues a ver cómo lo resuelven, pero había elementos suficientes”.

“El delito que se le está imputando no es un delito a nivel local, es un tema importante de delincuencia organizada, de secuestro y homicidio con nombre y apellido. Pero finalmente va a ser un tanto dramático y muy sorpresivo que llegue al primero de enero a tomar protesta con todas las consecuencias que implica”, dijo.

Confió en la solidez de las investigaciones realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) para que la autoridad judicial emita su sentencia y que Miranda Gallegos no vuelva a ocupar el cargo de presidente municipal, el cual utilizó para mantener influencia política y criminal en la zona.

“Esperemos que la solidez de las investigaciones que existen en puerta permitan mantener a este sujeto presuntamente relacionado con actividades ilícitas y que le ha hecho mucho daño a aquella zona del estado y al estado mismo, tras las rejas, y pueda evitar que pueda cumplir con su periodo”, expresó, y recordó la cercanía del exdiputado preso con el líder Santiago Mazari Hernández del cártel de “Los Rojos”.

También hizo un llamado a terminar con las disputas políticas, ya que justamente en los periodos de transición, las instituciones suelen debilitarse y los criminales aprovechan esta debilidad para ganar territorio.

Señaló que hasta el 30 de septiembre, fecha en la que culmina la actual administración y fenece su nombramiento como titular de la CES, mantendrá reforzada la vigilancia en la zona sur y espera entregar al siguiente gobierno una Policía muy profesional y la mejor que ha tenido Morelos, con algunos defectos, como la falta de un marco normativo que permita a la comisión un control administrativo.

Se pronunció por mantener el modelo Mando Único, como ya lo considera el virtual presidente de la república electo, Andrés Manuel López Obrador, porque sería un error regresar el control de las Policías a los municipios y un ejemplo claro es Amacuzac, cuyo futuro edil tiene nexos con el crimen organizado.

Tras la ceremonia luctuosa realizada para despedir al policía asesinado en Amacuzac, horas previas a la jornada electoral, expresó sus condolencias a los deudos y aseguró que se les brindará toda la ayuda, así como se les otorgarán todos los apoyos que por ley les corresponden.

Respecto a su futuro, Capella Ibarra adelantó que ya tiene propuestas de cuatro entidades para estar al frente de la seguridad pública estatal, pero por lo pronto, dedicará los próximos tres meses a mantener la lucha contra la inseguridad y el crimen. 

La SCJN no destituirá a los ediles de Cuernavaca, Jojutla y Temoac.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no destituirá a los alcaldes de Cuernavaca, Jojutla y Temoac, pero analizará la posible invalidez del apartado de la Ley del Servicio Civil estatal que faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para ordenar la destitución de servidores públicos por incumplimiento de sus resoluciones.

Al iniciar el estudio de la controversia constitucional 124/2017,  promovida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, se advirtió de la necesidad de realizar la suplencia de la queja en este caso, ya que en una controversia similar promovida por el Ayuntamiento de Temoac y enlistada también para su resolución, se planteó la invalidez de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil por vicio legislativo, porque la norma no fue refrendada por la Secretaría de Gobierno por medio de la publicación en el órgano oficial de difusión del gobierno de Morelos.

Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la SCJN avaló realizar la suplencia de la queja para analizar el posible vicio legislativo de la norma impugnada y determinó continuar este martes con el análisis de la controversia planteada por el Ayuntamiento de Cuernavaca, en contra del acuerdo dictado por el TECA el 4 de julio de 2016, en sesión extraordinaria de Pleno, por el que se ordenó destituir al presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo de Cuernavaca y ahora virtual gobernador por la coalición “Juntos Haremos Historia".

Sin embargo, durante la sesión se adelantó que en los proyectos de resolución de las controversias constitucionales planteadas por los ayuntamientos de Cuernavaca, Temoac y Jojutla, se propone revocar las ordenes de destitución del TECA y analizar la posible invalidez de la Fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece que las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán (…) con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje”.

El órgano celebra la elevada participación ciudadana en la elección.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, afirmó que los resultados preliminares de los comicios para la elección de gobernador, diputados y alcaldes, indican que, por las grandes diferencias entre los punteros y sus más cercanos competidores, el número de impugnaciones será inferior al pronóstico previo a la elección.

Afirmó que los resultados divulgados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), modificó las condiciones proyectadas, respecto una alta judicialización.

Indicó que las grandes diferencias de votos entre los primeros y segundos lugares en las contiendas a diversos cargos de representación popular, hacen suponer que en estos casos no habría impugnaciones, sin embargo, los actores políticos tienen a salvo su derecho de presentar los recursos que consideren convenientes ante los tribunales electorales.

El pronóstico inicial era que, tras la jornada electoral, el número de impugnaciones podría alcanzar más de 600 recursos, pero los resultados preliminares indican que quizá el número de juicios postelectorales podría rondar quizá entre 300 o 400.  

Por lo pronto, Hurtado Delgado celebró la gran participación ciudadana, hasta ahora, estimada en un 68% del padrón electoral, e insistió que el TEEM pondrá todo su empeño para hacer respetar la voluntad manifestada por los morelenses en las urnas. 

En lo general, las autoridades estatales reportaron una jornada electoral sin incidentes mayores

Para las autoridades estatales, la jornada electoral transcurrió en tranquilidad, con algunos incidentes aislados no relacionados directamente a los comicios y con casi 70 denuncias por presuntos delitos electorales.

El primer incidente ocurrió por la mañana en la colonia El Pochotal, en el municipio de Jiutepec, donde una persona fue remitida al agente del Ministerio Público. Inicialmente, corrió el rumor de que el arresto obedeció a una denuncia por presunto delito electoral, sin embargo, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aclaró que la movilización policiaca y la detención fue producto de una denuncia por robo de un celular, en la que la víctima señaló al presunto delincuente, quien opuso resistencia y fue sometido para ser puesto a disposición de la autoridad ministerial.

El segundo incidente ocurrió en Calzada de Guadalupe, en la colonia Lomas del Carril del municipio de Temixco, donde unos sujetos a bordo de una motocicleta efectuaron disparos con arma de fuego, pero la CES descartó que las detonaciones hayan sido en contra de las casillas electorales 0625 y 0626, ubicadas en las inmediaciones de este lugar.

Este incidente obligó a la CES a reforzar la seguridad en el perímetro de estas casillas para que los ciudadanos pudieran ejercer su voto con tranquilidad.

Aunque el saldo general fue de una jornada electoral tranquila, al cierre de las casillas -a las 18:00 horas- la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos registró 67 denuncias de ciudadanos y partidos políticos, principalmente por la presunta coacción y compra de votos.

De acuerdo con la fiscalía, hasta el viernes se tenían 39 denuncias que, sumadas a la presentadas este domingo, son un total de 106 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos electorales.

La fiscalía enfatizó que cada uno de los casos será investigado con imparcialidad y judicializado en caso de comprobarse las conductas ilícitas denunciadas.

“La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales estará integrando las carpetas de investigación correspondientes, a fin de atender todas y cada una de las denuncias presentadas ante esta representación social, llegando hasta el final del procedimiento, judicializando aquellas que correspondan.

“Es importante señalar que los trabajos realizados para atender cada una de las mencionadas denuncias serán atendidos con total imparcialidad, sin distinción de persona, institución, candidato o partido político”, destacó.

La convocatoria a los morelenses este domingo es a salir a votar.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales hicieron un llamado para que la jornada electoral transcurra en paz y en completa civilidad.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales hicieron un llamado para que la jornada electoral transcurra en paz y en completa civilidad, así como pronosticaron que estos comicios serán complejos, con una cantidad importante de denuncias, quejas y juicios de impugnación durante y después de la jornada electoral, por presuntas irregularidades.

De acuerdo con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), hasta horas antes de la jornada electoral, los partidos políticos habían promovido 108 procedimientos especiales sancionadores y 23 procedimientos ordinarios sancionadores, por presunta violación a la legislación electoral en la materia por propaganda y supuestos actos anticipados de campaña.

También se presentaron ante la autoridad electoral administrativa dos quejas de candidatas por violencia política en su contra por parte de sus adversarios, sin embargo, sus identidades fueron reservadas hasta la resolución de sus recursos.

También, previo a la jornada electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos informó que recibió 39 denuncias presentadas principalmente por candidatos y partidos políticos por presuntas irregularidades que pudieran ser constitutivas de un ilícito.

La Fiscalía especializada, a decir del área de Comunicación Social de la FGE, no dará mayor detalles de las denuncias hasta después de la jornada electoral, “con la finalidad de no crear la imagen de desestabilidad, confusión entre la gente o, en un momento dado, que algún partido o candidato utilice cualquier información al respecto como índice o factor que capitalice a su favor”.

En tanto, el Tribunal Estatal Electoral de Morelos llegó al día de la elección con poco más de 380 juicios tramitados, pero la estimación del magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, es que en el periodo postelectoral llegarán por lo menos 600 recursos de impugnación nuevos.  

Por lo pronto, las autoridades electorales llamaron a los ciudadanos a salir a votar este domingo y no hacer caso de rumores o noticias falsas que pretendan obstaculizar el ejercicio del derecho de votar y ser votado.

“Es una petición que hacemos a la ciudadanía: que acuda a las urnas. La única manera de legitimar este proceso electoral es con la participación ciudadana. En efecto, hay una serie de rumores, pero finalmente la única forma de evitar cualquier situación adversa en este proceso electoral y que algunos actores políticos empañen el mismo, es con el voto de la ciudadanía”, afirmó Javier Arias, consejero electoral del Impepac.

La consejera electoral Isabel Guadarrama Bustamante recordó que el lugar donde se ubiquen las urnas deberá estar limpio de propaganda política en un perímetro de 50 metros. En caso contrario, tanto los funcionarios de casilla como los representantes de los partidos (los únicos que podrán portar logotipos pequeños en su playeras) podrán denunciar y solicitar el retiro de dicha propaganda, que incluye micro perforados en vehículos particulares.

También exhortó a los ciudadanos y partidos políticos a generar un ambiente de paz durante la jornada electoral.  

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que este proceso electoral será complejo y pondrá a prueba la joven democracia mexicana.

Afirmó que el órgano jurisdiccional trabajará de cara a la ciudadanía para dar certeza y transparentar el proceso de calificación de la elección de este 1 de julio y, para ello, se elaborará un proyecto que permita a los ciudadanos conocer este proceso y las actividades que lleva a cabo el TEPJF para emitir la declaración de validez de la elección de presidente electo de manera totalmente transparente.

“Nuestro compromiso es impartir justicia que dé certeza a la democracia y demostrar que en México el voto se respeta. Probaremos la solidez de las instituciones electorales y la vigencia de la democracia como sistema de gobierno de nuestro país”, sostuvo Otálora Malassis, al participar en el foro informativo para visitantes extranjeros.

Indicó que desde hace más de 25 años, todas y todos los mexicanos han trabajado en el perfeccionamiento y consolidación de las instituciones electorales, con el objetivo superior de defender los derechos políticos de la ciudadanía y afianzar a la democracia como la mejor forma de gobierno para el país, logrando establecer instituciones autónomas que no participan en la lucha por el poder político y, por lo tanto, pueden fungir como árbitros y vigilantes en los comicios.

“Así que, a diferencia del pasado, ahora existen en México instituciones sólidas e independientes del gobierno para dar certeza sobre la voluntad expresada por la ciudadanía a través del voto. Y no obstante esta solidez institucional, las elecciones de este año serán altamente complejas y pondrán a prueba nuestra joven democracia”, afirmó.

Ante visitantes extranjeros provenientes de 60 países, destacó la presencia de observadores internacionales, ya que cuentan con la más alta preparación, pues proceden de instituciones relevantes como autoridades electorales, organismos especializados en democracia, parlamentos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y también del orden diplomático.

“Su opinión experta e imparcial será fundamental para contar al mundo, a partir del 2 de julio, la experiencia que vivirá nuestro país el próximo domingo. Estoy convencida de que lo que sucede en México es importante para la democracia a nivel mundial, porque señalará los aciertos y las mejores prácticas que hay que replicar, así como también los focos amarillos y rojos donde habrá que poner mayor atención”, puntualizó Otálora Malassis.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que el proceso electoral del próximo 1 de julio será el más observado de la historia democrática de México, con una participación de cerca de 30 mil observadores electorales nacionales, 907 visitantes extranjeros de 60 países, y cerca de tres millones de representantes de partidos políticos que vigilarán el trabajo de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla.

Para la elección de tres mil 460 cargos a nivel federal y local, Córdova Vianello señaló que en todo el país se instalarán cerca de 156 mil casillas operadas por 1.4 millones de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla.

Las instituciones electorales están preparadas para hacer respetar la voluntad de los ciudadanos: Hurtado Delgado.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) hizo un llamado a la población a votar este próximo 1 de julio y a confiar en los órganos electorales para calificar el proceso electoral.

A través de un mensaje difundido por medio de redes sociales, el magistrado presidente del TEEM Francisco Hurtado Delgado expresó que el personal del tribunal, se alista para recibir las impugnaciones que resulten tras la jornada electoral.

Llamó a los morelenses a salir este domingo a ejercer su derecho al voto sin temor alguno y con la confianza de que las instituciones electorales están preparadas para hacer respetar la voluntad de los ciudadanos.

“La y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, secretarios de acuerdos y proyectistas, abogados y abogadas, estamos preparados para garantizar una justicia abierta. Nuestra misión es brindar a la sociedad morelense y a los actores políticos, transparencia y legalidad en nuestras resoluciones.

“Te invitamos para que este primero de julio salgas a votar sin ningún temor, recuerda que el voto es libre y secreto. El futuro y la democracia de nuestro país están en nuestras manos”, afirmó.

También la Academia Nacional de Derecho Electoral y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, emitieron un comunicado para informar sobre la elaboración del “Manual de la Jornada Electoral” para que la población sepa cómo se llevarán a cabo los comicios en cada una de las entidades.  

Este manual o guía, que puede ser consultado en la página web www.aterm.mx, contiene ocho capítulos y explica temas sobre cómo deberá llevarse a cabo la votación, el conteo de votos, la integración del expediente y paquete electoral, publicación de resultados, la clausura de casilla, entre otros temas que son del interés ciudadano.

Sólo buscan desestabilizar a la sociedad, señala la dependencia.

La Fiscalía General del Estado condenó la difusión de una nota falsa sobre el supuesto hallazgo de cadáveres de mujeres en el municipio de Tepoztlán y llamó a la población no replicar informaciones que sólo buscan generar miedo e incertidumbre.

A través de un blog identificado como “Noticias Viral 24” se difundió una nota falsa, sobre la supuesta localización 15 cuerpos de mujeres que habían sido raptadas en días anteriores, acompañada de una foto del levantamiento de un cadáver en el estado de Oaxaca con imágenes sobrepuestas.

“La Fiscalía General del Estado condena enérgicamente esta información que es totalmente falsa y que de manera irresponsable y con el único interés de dañar al Estado de Morelos y crear miedo e incertidumbre entre la población, gente imprudente la ha intentado posicionar”, subrayó la dependencia en un comunicado.

La fiscalía exhortó a la población a no difundir ningún tipo de información que no sea avalada por una autoridad, ya que este tipo de cadenas informativas que dan fuerza a las llamadas “Fake News” (noticias falsas) sólo buscan desestabilizar a la sociedad.

“La participación social es fundamental para la construcción proactiva del estado y el país y la información es fundamental, pero el compartir este tipo de notas que sólo alientan una psicosis social, no abona ni en el ánimo ni en el desarrollo de la entidad”, recalcó.

Insistió en el llamado a la población a no viralizar a través de las redes sociales notas apócrifas y que no estén respaldas por fuentes y datos verídicos.

La SCJN rechazó la impugnación al nombramiento de la responsable del órgano interno de control del TJA.

El tribunal considera que se nombramiento viola su autonomía.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra la designación del Congreso de la titular del órgano interno de control.

De acuerdo con los estrados electrónicos del máximo tribunal del país, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda 110/2018 promovida por el órgano jurisdiccional, que pretendía revertir el nombramiento de Patricia Ariza Cuéllar, designada como responsable del órgano interno de control.

En su escrito de demanda, el TJA impugnó el decreto legislativo 2849 del 5 de abril pasado, por el cual el Poder Legislativo realizó el nombramiento, violentando la autonomía e independencia del tribunal.

El órgano jurisdiccional alegó que el Congreso incurrió en una imposición e invasión de competencia, además de violentar los principios que rigen al Poder Judicial. Sin embargo, la SCJC resolvió desechar la demanda, por considerar que el tribunal carece de legitimidad procesal activa para promover el recurso de control constitucional en contra de la decisión del Poder Legislativo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al gobierno de Morelos entregar de inmediato 20 millones de pesos al Instituto Electoral de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), y responder de manera integral la petición del órgano administrativo de una nueva ampliación presupuestal para la ejecución total de los comicios del próximo 1 de julio.

Al resolver el juicio electoral SUP-JE-30/2018, interpuesto por el Impepac, el pleno de la Sala Superior consideró que existe omisión del gobierno estatal de entregar al instituto local la totalidad de los recursos avalados por el Congreso local, mediante las ampliaciones presupuestales otorgadas.

De acuerdo con la sentencia, el gobierno de Morelos únicamente entregó al instituto los recursos correspondientes a los pagos de las dos primeras autorizaciones de ampliación, mientras que de la tercera transfirió solamente la mitad de la cantidad asignada y, por lo tanto, adeuda al Impepac la cantidad de 20 millones de pesos, la cual deberá ser entregada en un plazo de 72 horas.

La Sala Superior recalcó que las necesidades presupuestales del instituto derivan de la realización de las tareas de organización electoral, y la falta de recursos suficientes pone en riesgo la actividad sustantiva de la autoridad, como la distribución de la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla para el día de la jornada electoral, o el transporte y logística de la entrega de los paquetes electorales a las dos mil 421 casillas que –aduce- se instalarán, así como para los recorridos de supervisión, atención de incidencias y los cómputos distritales y municipales.

Adicionalmente, la Sala Superior señaló que la autoridad no ha dado respuesta integral a la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Impepac, por el monto de 81 millones 217 mil 361 pesos con 24 centavos y, por ello, ordenó dar una respuesta fundada y motivada, a la brevedad posible, teniendo en consideración lo previsto en la Ley de Presupuesto y en el presupuesto.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con lo ordenado, la Sala Superior impondrá una medida de apremio y adoptará las acciones que en derecho correspondan y, que resulten eficaces, a fin de lograr la ejecución de la sentencia.

También en la sentencia se vinculó al Congreso para dar cumplimiento al requerimiento de recursos del Impepac.

El Congreso nunca lo dejó tomar posesión del cargo

El Congreso deberá pagar salarios y prestaciones al diputado suplente Gonzalo Valle Ríos, a quien el Congreso negó tomar protesta durante la ausencia del diputado propietario, Aristeo Rodríguez Barrera.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que quedó firme la sentencia del Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) por la cual se ordenó pagar a Valle Ríos todas las remuneraciones inherentes al cargo, por el periodo que duró la ausencia del diputado propietario.

Al resolver el juicio electoral SCM-JE-22/2018, promovido por el Congreso local contra la sentencia del TEEM del 9 de mayo, estableció que “la pretensión de la parte actora en este juicio es no hacer dicho pago al que fue condenado desde la sentencia y cuyo cumplimiento simplemente se revisa en el acuerdo Impugnado.

“Por ello, a consideración de esta Sala Regional, al ostentar la naturaleza de autoridad primigeniamente responsable, su petición no puede prosperar. Además, esta Sala Regional advierte que los motivos de agravio expresados por el Congreso Local van enfocados directamente a controvertir la supuesta ilegalidad de ordenar el pago de emolumentos y remuneraciones al Diputado Suplente, sin embargo, dicha determinación no se ordenó en el Acuerdo Impugnado sino en la Sentencia, que no impugnó por lo que adquirió firmeza”.

El 9 de mayo, el TEEM emitió la sentencia en la que ordenó al Congreso local incorporar de inmediato al diputado suplente en el cargo y le ordenó pagarle emolumentos y remuneraciones a partir del 11 de abril, fecha en comenzó la licencia temporal solicitada por el diputado propietario, Aristeo Rodríguez, para realizar proselitismo para contender por la alcaldía de Tlaltizapán.

Al día siguiente, el Congreso informó sobre la reincorporación de Aristeo Rodríguez a sus funciones y rechazó pagar al suplente, quien ahora, a pesar de no haber ejercido funciones, deberá recibir más de 100 mil pesos por concepto de dieta, remuneraciones y prestaciones.

El derecho es de los menores: magistrado.

El juez noveno civil de Cuernavaca del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alejandro Hernández Arjona, informó que con motivo de los festejos del Día del Padre, se incrementó hasta en 30% la demanda de los progenitores para convivir con sus hijos.

Explicó que los padres de familia que no tienen la guardia y custodia de sus hijos acuden al TSJ para que las madres les permitan convivir con los menores.
Detalló que los juzgadores están obligados a privilegiar el derecho de las niñas, niños y adolescentes y autorizar la convivencia con sus padres, ya que el derecho es de los menores y no de los padres de familia, porque aun cuando se disuelve un matrimonio, padres e hijos siguen siendo una familia a pesar del divorcio. 
“Nuestra labor es hacer conciencia tanto a padres y madres, de que ellos jugarán ese rol para toda la vida; aunque su hijo esté en China o en la India, siguen teniendo sus apellidos y tienen derecho a convivir con los dos”, insistió. 
Expresó que la labor de los jueces es resolver conflictos en beneficio de los menores de edad, y cuando existen problemas entre los padres se afecta directamente a sus hijos.
“También como juzgadores tenemos casos particulares en los que no es conveniente que los hijos convivan con los padres, de acuerdo a las pruebas que presentan las madres”, indicó Alejandro Hernández Arjona.

Instituciones electorales están preparadas para enfrentar las elecciones más complejas de la historia de nuestro país: Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que refuercen las medidas de seguridad para garantizar la paz e integridad de quienes compiten por los diversos cargos de elección que estarán en juego el 1 de julio.

En el marco de la ceremonia de firma de un programa de trabajo y de un convenio general, señaló que, lamentablemente, “el signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia, ya que manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

“Desde aquí hacemos un llamado a las más altas autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno de todo el país, para que refuercen las acciones que garanticen la paz y la integridad de los diversos candidatos a cargos de elección popular, así como de todas las familias mexicanas”, subrayó. 

Otálora Malassis afirmó que la violencia es una amenaza a la vida, a la dignidad de las personas y los derechos humanos, por lo que “no hay nada más alejado del ideal democrático y a los principios de civilización que la violencia”.

Señaló que, a nueve días de las elecciones más complejas de nuestra historia, las fiscalías electorales locales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el TEPJF trabajan desde el ámbito de sus respectivas competencias para asegurar que los comicios se apeguen a lo establecido por la ley.

“Democracia y Estado de Derecho son dos caras de la misma moneda y, en estas elecciones, ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano”.

“Por ello, desde el Tribunal Electoral estamos vigilando que las acciones que llevan a cabo los contendientes políticos y sus simpatizantes, así como las decisiones que toman las distintas autoridades electorales, estén apegadas a lo señalado en nuestra Constitución”, advirtió.

La CIDH critica que el gobierno mexicano haya permitido que niños y adolescentes hayan sido separados de sus familias y sean víctimas de maltrato en ese país.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) exigió el gobierno de Morelos que la Dirección de Atención Migrantes se avoque a investigar si hay niños y adolescentes morelenses en los centros de detención de indocumentados en Estados Unidos y han sido separados de sus familias.

Luego de la difusión de un video del centro de detención conocido como “La Perrera”, en MacAllen, Texas, donde agentes migratorios se burlan de niños que lloran dentro de lo que parece una enorme jaula, organizaciones de derechos humanos y migrantes protestaron por el trato indignante a los menores y la violación de sus derechos.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, lamentó que el gobierno mexicano haya permitido que niños y adolescentes hayan sido separados de sus familias y víctimas de maltrato y tratos crueles.

Pero también consideró que las autoridades mexicanas han aplicado la misma estrategia a los indocumentados, principalmente centroamericanos, que pretendieron cruzar la frontera sur.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que de los 400 mil a 500 mil migrantes que ingresan anualmente a México, el 24.5% son mujeres y, pese a que su integridad física y seguridad están en riesgo, muchas de ellas son detenidas y deportadas.

Entre los años 2010 y 2016 el gobierno mexicano detuvo a 125 mil 664 niños, niñas y adolescentes indocumentados, provenientes principalmente de Guatemala, Salvador y Honduras. Además, entre el 2012 y el 2015 el número detenciones de niñas y mujeres adolescentes no acompañadas que cruzaron solas la frontera, se incrementó de 583 a cinco mil 373.

Indicó que las autoridades mexicanas también han dado un trato discriminatorio a los migrantes indocumentados y no ha rendido cuentas sobre las violaciones a derechos humanos.

Expresó su preocupación por lo que ocurre con niños y adolescentes separados de sus familias y recluidos en el centro de detención en EEUU, donde sufren maltrato y tratos crueles.

Dijo que no hay suficiente información para conocer la nacionalidad de los menores, por lo que instó tanto al gobierno mexicano como el gobierno de Morelos realizar las acciones necesarias para luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Martínez Cruz consideró que si bien el tema migratorio es competencia federal, el gobierno de Morelos debe realizar las acciones necesarias para saber si hay morelenses entre los niños y adolescentes detenidos.

Indicó que la Dirección de Atención a Migrantes, que ha difundido mucho el programa de Corazón de Plata para reunir a los adultos mayores con sus familias radicadas en territorio norteamericano, debe reaccionar y  solicitar informes precisos de cuántos menores morelenses están en esas condiciones de detención y han sido separados de sus familias.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró improcedentes las impugnaciones promovidas por Diego Miguel Gómez Enríquez y Gerardo Becerra Chávez de Ita, quienes disputaban la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca por la alianza “Juntos Haremos Historia”, que legalmente ostenta José Luis Gómez Borbolla.

El pasado 5 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) revocó la determinación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de negar la candidatura a Gómez Borbolla, y declaró que éste fue debidamente registrado como aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad.

La disputa al interior de Morena continuó y, finalmente, la semana pasada la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ratificó la sentencia del TEEM y avaló el registro de Gómez Borbolla. Para agotar la cadena impugnativa, Gómez Enríquez y Chávez de Ita recurrieron la resolución ante la Sala Superior.

Por unanimidad, los magistrados del máximo tribunal en materia electoral determinaron declarar improcedentes los juicios de revisión, por considerar que en ellos no se planteó ningún problema de constitucionalidad, convencionalidad o inobservancia del sistema normativo.

Únicamente se encuentra pendiente de resolución el juicio promovido por el exárbitro y exdiputado panista Gilberto Alcalá Pineda, quien también insiste en pelear por la candidatura.

Esperan que con el apremio del TEPJF obtengan 16.5 millones más.

La Secretaría de Hacienda finalmente depositó los siete millones de pesos aprobados por el Congreso como ampliación presupuestal para el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió al gobierno estatal, sobre la aplicación de medidas de apremio si no cumplía con la dotación de recursos adicionales al órgano local.

El sesión privada, la Sala Superior ordenó la entrega del recurso a más tardar este 20 de junio o, de lo contrario, impondría medidas de apremio, como podría ser vincular al cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que retenga de las ministraciones del Estado de Morelos la parte correspondiente al tribunal local y se la entregue directamente; dar vista al Congreso de Morelos, para que determine las responsabilidades de los servidores públicos involucrados; o bien dar vista a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda.

Ante la presión de la máxima autoridad electoral del país, el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, informó que este martes, finalmente la Secretaría de Hacienda estatal transfirió los siete millones al tribunal.

Consideró que “esto es el cumplimiento parcial, seguiremos insistiendo por lo que falta, nos oxigena de momento esta cantidad. Sin embargo no es suficiente y tampoco resuelve la situación financiera del TEEM”.

Adelantó que el próximo viernes, estarán en Morelos magistrados del TEPJF y el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong, quienes harán un pronunciamiento a favor del TEEM, con el fin de que le entreguen los recursos financieros para ejercer su jurisdicción con autonomía e independencia.

En 2017, el TEEM había solicitado en su proyecto 2018 de presupuesto 41.5 millones de pesos para hacer frente a la judicialización del proceso electoral. Sin embargo, sólo se le otorgaron 18 millones y esto obligó al tribunal local recurrir al TEPJF, quien ordenó al gobernador y legisladores dotar al TEE del total de recursos solicitados, es decir los 23.5 millones restantes.

Pese a las mesas de diálogo con los magistrados electorales, el Congreso sólo aprobó dar al tribunal local siete millones adicionales. Ahora el TEEM presionará para que se le doten de los recursos restantes por 16.5 millones para atender las impugnaciones.

Jueces del TSJ tienen la facultad de emitir órdenes de protección cuando las víctimas se encuentren en riesgo y requieran que el Estado garantice su integridad física.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tienen la facultad de emitir órdenes de protección cuando las víctimas se encuentren en riesgo y requieren que el Estado garantice su integridad física.

La jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones Gloria Angélica Jaimes Salgado pidió a las víctimas confiar en el trabajo que realizan las instituciones responsables de la impartición de justicia y recurran a ellas cuando sea necesario.

Indicó que cuando una persona acude ante el agente del Ministerio Público para hacer una denuncia, en la que implique un peligro para la víctima, en el ejercicio de sus facultades éste debe asumir su responsabilidad y determinar lo que necesita el denunciante para garantizar su seguridad, su integridad y sus derechos.

“Si dentro de las circunstancias implica salirse del domicilio, que no se acerque el victimario y delimitar el contacto con la víctima; son medidas que debe ratificar el juez porque no sólo se tiene que generar la protección de las víctimas sino que también proteger sus derechos”, indicó la juez.

Detalló que las medidas de protección tienen una duración de hasta 60 días, con posibilidad de que se amplíe el periodo 30 días más, si el Ministerio Público lo ratifica.
Recalcó que las órdenes de protección tienen que ver con cuestiones urgentes que dañen a la víctima, además de que éstas no tienen temporalidad, todo ello mientras se garantice la seguridad de la persona.

Por ejemplo, dijo, ante una amenaza real, latente de agresión física o amenaza de muerte, implica darle protección a la víctima con elementos de seguridad pública.

Buscan descartar contaminación que ponga en riesgo la salud de los habitantes; cada análisis cuesta un mínimo de dos mil pesos y se necesita realizar cincuenta pruebas.

Tras el saneamiento de varios pozos de agua potable que fueron contaminados con hidrocarburo, un grupo de ciudadanos busca a voluntarios que deseen costear un muestreo para monitorear la calidad del agua y detectar las zonas donde prevalece la contaminación.

De acuerdo con el ingeniero y presidente de la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, Arturo Díaz de Sandi, el  doctor Omar Amador Muñoz, experto en ciencias ambientales e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofreció llevar a cabo un muestreo en 50 tomas de agua, ya sea en pozos de agua potable y/o cisternas de casas, para comprobar la existencia de hidrocarburos.

Esto fue logrado por Cristina Martí, presidenta de Jardines de Delicias, en conjunto con la doctora Heidi Villafán, vecina de la misma colonia.

Explicó que existen dos tipos de análisis: cualitativo (que determina la existencia de hidrocarburo en el agua) y cuantitativo (determina si los niveles de hidrocarburos están por encima o por debajo de las normas estadounidenses).

Detalló que el costo del análisis cualitativo es de dos mil pesos más IVA por muestra, y el costo del análisis cuantitativo es de tres mil 500 pesos más IVA por muestra, pero se necesitan analizar 50 muestras mínimo para obtener esos costos.

Sostuvo que el investigador recomendó practicar a todas las muestras el análisis cualitativo y solo a las que den positivo, el análisis cuantitativo. 

Indicó que el costo de las muestras debe ser absorbido por los ciudadanos interesados, por lo que la convocatoria está abierta a cualquier habitante de Cuernavaca. En caso de estar interesado, puede contactar al ingeniero Arturo Díaz de Sandi a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El año pasado, debido al incremento del robo de gasolina de los ductos de Pemex que atraviesan Cuernavaca, varios pozos de agua que surten principalmente la zona norte de la ciudad resultaron contaminados por el hidrocarburo.

Pese a que los pozos fueron saneados, existe la sospecha de que todavía no sólo prevalece, sino que la contaminación pudo extenderse hacia el sur de la ciudad, pero para confirmarlo es necesario que se realicen pruebas. 

El Ayuntamiento de Cuernavaca argumenta que el Congreso del estado violó la autonomía hacendaria del municipio.

El Ayuntamiento capitalino impugnó una decena de decretos de jubilación de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), por considerar que los diputados excedieron sus competencias y violaron la autonomía hacendaria del municipio.

De acuerdo con la controversia constitucional 109/2018 promovida por la comuna cuernavacense, el 25 de abril y el 3 de  mayo pasados fueron publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” diez decretos de pensión por jubilación y cesantía en edad avanzada de Ricardo Delgado López, Manuel Flores López, Benito Mejía López, Elías Ponce Apolinar, Octavio Mendoza Castillo, Manuel Sol Díaz, Daniel Tafolla Mata, Salvador Reyes García, Santos Fidel Morales, Juan de Dios Ortega Alcalá, Juan Carlos Escobedo Hernández, Martin Vega Morales, Fernando Díaz Beltrán y Juan Carlos Gómez Bedolla.

A decir del Ayuntamiento, la aprobación de los decretos pensionarios de los trabajadores operativos del SAPAC representa una violación al principio de libre administración hacendaria que concede a los municipios la facción IV del artículo 115 de la Constitución federal.

El municipio demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de varias fracciones de los artículos 24, 56, 57 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como la invalidez de los decretos pensionarios por considerar que la expedición es atribución de la comuna.

Reconoce a las personas y empresas destacadas en la promoción y la prestación de servicios turísticos en Morelos.

El gobierno de Morelos lanzó la convocatoria para el galardón al Mérito Turístico, que reconoce a las personas y empresas que han destacado en la promoción del estado y la prestación de servicios turísticos.

De acuerdo con la convocatoria, la creación del galardón es un instrumento para reconocer a las personas y a las instituciones que han abonado al fortalecimiento de la actividad turística a través de la promoción, fomento, prestación de servicios turísticos y creación de productos turísticos en el estado de Morelos.

Podrán ser candidatos para obtener el galardón todos aquellos morelenses e instituciones que hayan contribuido al fortalecimiento de la actividad turística del estado de Morelos, en las cuatro categorías establecidas.

La primera categoría va dirigida a personas físicas que hayan contribuido al fortalecimiento de la actividad en el estado de Morelos, a través de aportación al sector, oferta instalada, experiencias o productos turísticos.

La segunda a personas morales o instituciones que hayan realizado aportaciones significativas al sector turismo. La tercera y cuarta  categoría va dirigida a personas, empresas o instituciones que haya aportado a la innovación turística.

El registro y recepción de las propuestas de candidatos a obtener el premio “será en las oficinas que ocupa la Secretaría de Turismo, y el plazo para inscribirse cerrará el próximo 31 de julio.

El proceso de evaluación para designar al ganador del galardón estará a cargo del Consejo Directivo del Galardón al Mérito Turístico del Gobierno del Estado de Morelos, integrado por representantes de  las cámaras y asociaciones de hoteleros, restauranteros y de balnearios, así como representantes del gubernamentales vinculadas al sector.

El reconocimiento, que se entregará el 27 de septiembre próximo, consistirá en la entrega de una medalla que contendrá la leyenda “Distinción Morelos al Mérito Turístico” y un diploma, firmado por los integrantes del Consejo Directivo del galardón.

Entró en vigor reforma y adición a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor la reforma y adición a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que pretende remontar la discriminación que persiste en el sector agrario hacia las mujeres en las zonas rurales.

Según el decreto, la pretensión es avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional con la implementación de medidas legislativas afirmativas, como la adición de la fracción V al artículo 33 y una fracción XIII al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con la adición del artículo 33, además de impulsar liderazgos igualitarios, emplear fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo e integrar políticas públicas con perspectiva de género en materia económica,  será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, así como la promoción de la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia agraria.

De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA),  “el acceso a la tierra, además de posibilitar la participación directa de las mujeres en las actividades productivas y con ello generar ingresos en el hogar, adquiere también importancia en otras dimensiones, como la facilitación a programas de apoyo de gobierno, acceso a créditos, participación social y empoderamiento de las mujeres al interior de sus hogares y comunidades”.

Se estima que en Morelos, en materia de tenencia de la tierra en núcleos agrarios, sólo el 19.9% son mujeres ejidatarias, comuneras o posesionarias.

Incluso, el CEDRSSA destaca que “en las últimas décadas, en nuestro país al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, se reconoce un proceso denominado “feminización del campo”, con el cual se hace referencia al aumento en el medio rural de la participación de las mujeres en las actividades productivas, principalmente en las de tipo agropecuario y que también se expresa en una tendencia a incrementar su participación en la propiedad de la tierra: “feminización en la tenencia de la tierra”.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó a José Luis Gómez Borbolla como el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la alcaldía de Cuernavaca.

Al resolver los juicios promovidos por Diego Gómez Henríquez, Gilberto Alcalá Pineda y la alianza formada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), el Pleno de la Sala Regional consideró – por unanimidad– infundados e inoperantes los agravios planteados por los actores, por considerar que el Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM), que confirmó a Gómez Borbolla como el candidato, estuvo debidamente fundada y motivada.

En la sentencia se estableció que la sustitución de Christopher Bargagli Sandoval por José Luis Gómez Borbolla se realizó en cumplimiento de las hipótesis previstas en la legislación electoral local y se consideraron infundados los alegatos respecto a que él sólo sería candidato de Morena y no de la alianza, así como el impedimento para contender como candidato porque enfrenta un procedimiento disciplinario al interior del PES.

“El ejercicio de los derechos partidos políticos no es absoluto, al tener como límite los derechos de sus militantes, para lo cual deben ser interpretadas y aplicadas en forma armónica o sistemática como lo ordena el artículo primero de la Constitución federal, al formar parte de un sistema jurídico, y no de forma aislada como incorrectamente lo solicitan los actores, de ahí que la cancelación de las candidaturas debe proceder por las mismas causales de la sustitución, a fin de que no sea arbitraria y se vulnere el derecho de ser votado”, sostuvo la Sala Regional.

Estará temporalmente fuera de servicio la Plataforma Estatal de Transparencia, así como la del Repositorio de Transparencia Morelos.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) informó que estará temporalmente fuera de servicio la Plataforma Estatal de Transparencia, así como la de Repositorio de Transparencia Morelos, debido al mantenimiento de rutina al servidor.

A través de un comunicado, el órgano anunció a los sujetos obligados y a los usuarios del sistema de transparencia que realiza un mantenimiento al servidor donde se encuentran alojadas la Plataforma Estatal de Transparencia y el Repositorio de Transparencia Morelos.

Explicó que el mantenimiento de rutina tiene la finalidad de conservar en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica del instituto y la información contenida en la misma.

“Derivado de este mantenimiento informamos que tanto la Plataforma Estatal de Transparencia como la de Repositorio de Transparencia Morelos, no estarán disponibles de forma temporal para su consulta, sin embargo la información se puede consultar desde la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a excepción de hipervínculos que se tengan marcados. Es de mencionar que éste mantenimiento no afecta el proceso de verificación de las Obligaciones de Transparencia que realiza desde el 01 de junio la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, mismo que sigue su curso a través de las revisiones de los formatos contenidos en PNT”, señaló.

El IMIPE recalcó que el mantenimiento de las plataformas no limita el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que las obligaciones de los sujetos obligados se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) y el Sistema Infomex Morelos continúa en funcionamiento para recibir las solicitudes de información de parte de la sociedad.

El TSJ extendió el plazo para el registro de aspirantes a obtener el reconocimiento convocado por el Congreso estatal.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instó a los abogados a participar en el Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, al extender el plazo para el registro de aspirantes a obtener el reconocimiento convocado por el Congreso estatal, que ha tenido poca aceptación entre las organizaciones de litigantes.

El magistrado del TSJ Rubén Jasso Díaz, integrante de la comisión para la entrega de la presea, llamó a la participación a los litigantes, las barras de abogados y académicos a presentar sus propuestas.

Informó que se amplió el cierre de la convocatoria del 15 al 22 de junio con el propósito de que se sumen más abogados participantes a este reconocimiento, que fue instaurado por los diputados en 2014.

“Las inscripciones serán cerradas el próximo 22 de junio, no obstante que se había contemplado que fuera el 15 de junio; pero conforme a un acuerdo para ampliar el plazo, una vez que se haga el análisis de los participantes, se turnará al Congreso para hacer la aprobación del decreto que señala a los ganadores”, explicó  Jasso Díaz, al tiempo que señaló que la convocatoria está dirigida a personal que labora en los poderes Legislativo y Judicial, litigantes, académicos y barras de abogados.

La presea será entregada el próximo 12 de julio, en el marco de la celebración del Día del Abogado. Dicha convocatoria contempla siete categorías: mérito académico en la enseñanza del derecho; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Legislativo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Judicial; mérito en el ejercicio del derecho en los municipios del estado, órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos; mérito en el ejercicio del derecho en la libre postulancia y en las causas sociales y mérito en el ejercicio del derecho en el servicio público de elección popular o designación por decreto legislativo.

Hasta el momento se desconoce el número de postulaciones registradas; sin embargo, agrupaciones como el Foro Morelense de Abogados y la Barra de Abogados de Morelos han desdeñado este reconocimiento, por considerar que no tiene credibilidad.

La dependencia estatal llamó a la sociedad a “no fomentar suposiciones, ni crear historias que generen confusión ni un mayor clima de incertidumbre entre la población”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió no especular sobre los casos de desapariciones de mujeres, al asegurar que la joven Maya Anahí, que fue reportada como desaparecida, se “reportó” con su familia a través de sus redes sociales.

Rechazó la versión que circuló el fin de semana respecto a que la fiscalía negó a la familia iniciar la denuncia por la desaparición de Maya y que su caso estaría relacionado con el de Lesley, cuyo cuerpo fue localizado sin vida y calcinado en un paraje del poblado de San Juan Tlacotenco, en el municipio de Tepoztlán.

De acuerdo con la versión de la FGE, la institución “no recibió en ninguna de sus agencias, la denuncia por la desaparición de Maya Anahí, ni se condicionó de ninguna forma el inicio de una denuncia.

“Esta Fiscalía por protocolo establecido, no espera ningún tiempo para iniciar alguna carpeta de investigación por la desaparición de personas, en todos los casos se inicia al momento en que se recibe alguna persona que denuncia un hecho como el referido”, señala.

Afirmó que la joven Maya Anahí se reportó con su familia en su cuenta de Facebook y escribió textualmente este domingo: “Acabo de entrar y les quiero decir que no estoy desaparecida jajaja, en la mañana del día de ayer tuve una discusión con mi mamá y me fui ah la casa de un amigo y ya de ahí invité ah mi novio y me fui con el, Gracias por sus preocupaciones pero estoy bien”.

Asimismo, la dependencia estatal llamó a la sociedad a “no fomentar suposiciones, ni crear historias que generen confusión ni un mayor clima de incertidumbre entre la población, que en nada abona con el desarrollo del Estado”.

Agregó que las cédulas de búsqueda y localización se han estado dando a conocer “de manera puntual” a través de las cuentas oficiales de la institución, por lo que crear cédulas que no están respaldadas por una carpeta de investigación sólo crea “confusión y desinformación en la sociedad”.

La postura de la FGE se dio en el marco de las protestas de organizaciones y mujeres por el incremento de la violencia de género y los casos de feminicidios en Morelos.

El órgano jurisdiccional argumenta que el Congreso incurrió en invasión de competencia y violenta la autonomía e independencia del tribunal 

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nombramiento de Patricia Ariza Cuellar, quien fue designada por el Congreso del Estado como titular del órgano de control interno de éste órgano jurisdiccional.

De acuerdo con los estrados electrónicos, la SCJN dio trámite a la controversia constitucional 110/2018, por la cual el TJA se inconformó con la designación de Ariza Cuellar, esposa del ex diputado del PT y ahora del PRD, Edwin Brito Brito.

En su escrito de demanda, el TJA impugnó el decreto legislativo 2849 del 5 de abril pasado, por el cual el Poder Legislativa hacía la designación, pero violentando la autonomía e independencia del tribunal.

El órgano jurisdiccional alegó que el Congreso incurrió en una imposición e invasión de competencia, además violentar los principios que rigen al Poder Judicial. En consecuencia, demandó la invalidez de la designación.

La SCJN dio trámite al recurso de control constitucional y en los próximos días deberá determinarse su admisión o no.

Se establece como una forma de violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación y plataformas digitales

La violencia mediática fue incorporada a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos como una forma de visibilizar las diferentes formas de agresiones que se ejercen a través de los medios de comunicación y plataformas digitales.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma a la Fracción VII y la adición de la Fracción VIII, al artículo 20 de esta ley, con el propósito de establecer la violencia mediática como un tipo de violencia, que puede aparecer en diferentes ámbitos sociales vinculada a la construcción de imágenes, símbolos e ideas para humillar o maltratar a las mujeres.

El decretó destacó que, después de Ciudad de México, Morelos, es la segunda entidad en legislar sobre la violencia mediática, que fue definida como “toda acción u omisión tendiente a la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes promoción sexualmente explicita, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Hasta antes de la reforma, Ley de Acceso a una Vida Libre Violencia del Estado de Morelos sólo contemplaba cinco tipos de violencia contra las mujeres: la violencia psicológica y emocional; la violencia sexual; la violencia física; la violencia patrimonial; y la violencia económica.

Así, la violencia mediática se incorporó así como nuevo tipo de violencia, pero se recalcó que se considerará como agresión cualesquier otra forma análoga que lesione o seas susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

La vigencia de esta reforma ocurre en medio de un clima de preocupación y protestas por el aumento de los feminicidios en Morelos y el reciente asesinato de una joven estudiante de odontología, cuyo cuerpo calcinado se localizó en un paraje del municipio de Tepoztlán.

El órgano jurisdiccional argumenta que el Congreso incurrió en invasión de competencia y violenta la autonomía e independencia del tribunal

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nombramiento de Patricia Ariza Cuellar, quien fue designada por el Congreso del Estado como titular del órgano de control interno de éste órgano jurisdiccional.

De acuerdo con los estrados electrónicos, la SCJN dio trámite a la controversia constitucional 110/2018, por la cual el TJA se inconformó con la designación de Ariza Cuellar, esposa del ex diputado del PT y ahora del PRD, Edwin Brito Brito.

En su escrito de demanda, el TJA impugnó el decreto legislativo 2849 del 5 de abril pasado, por el cual el Poder Legislativa hacía la designación, pero violentando la autonomía e independencia del tribunal.

El órgano jurisdiccional alegó que el Congreso incurrió en una imposición e invasión de competencia, además violentar los principios que rigen al Poder Judicial. En consecuencia, demandó la invalidez de la designación.

La SCJN dio trámite al recurso de control constitucional y en los próximos días deberá determinarse su admisión o no.

La medida facilita la consulta del documento a juzgadores, litigantes y público en general: Anzúres Quintero.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) digitalizó el Boletín Judicial para ahorrar insumos, contribuir al cuidado de medio ambiente y facilitar su consulta tanto por juzgadores como por los litigantes y justiciables.

Óscar Anzúres Quintero, encargado del boletín judicial del TSJ, informó que la digitalización de los boletines judiciales ha permitido un ahorro hasta del 60% del gasto en insumos y en gasto ambiental, así como agilizó su consulta.

“Con la digitalización se han ahorrado costos porque se redujo la impresión de los boletines judiciales, además se evita que los abogados interesados tengan que venir a recogerlo físicamente al tribunal”, informó, e invitó a consultar las ediciones a través de dispositivos móviles o computadoras en la página web http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/boletinjudicial/.
Indicó que el uso de la tecnología  actual permitió al TSJ realizar ahorro en presupuesto, tiempo, recursos humanos, insumos y mantenimiento de las máquinas de impresión.

“Antes se recibían las listas de acuerdos que se generaban en el juzgado, se imprimían y se mandaban vía fax. Estas se recapturaban y tardábamos más tiempo, además de que el margen de error era más alto y ahora la lista se plasma de manera digital”, explicó.

Invitó a los litigantes y a la sociedad en general para hacer uso de los servicios que en línea tiene el Tribunal Superior de Justicia, a fin de ir coadyuvando en favor también del medio ambiente. 

Se realizará el próximo jueves, con los temas: seguridad, deuda, desarrollo urbano, servicios municipales y desarrollo social.

Asociaciones de abogados organizan un foro para conocer y debatir las propuestas de los aspirantes a presidente municipal de Cuernavaca en torno a cinco ejes fundamentales para el rescate urbano y financiero de la ciudad.

Con la participación de 11 agrupaciones de litigantes, el próximo 14 de junio se realizará el foro en las instalaciones del Colegio Jurista, en el que hasta el momento la mayoría de los candidatos ha confirmado su asistencia, con excepción de José Luis Borbolla, debido a que hace apenas dos días el Tribunal Estatal Electoral validó su registro como candidato de la coalición “Junto Haremos Historia”.

Los temas que los abogados pretenden abordar son los siguientes: seguridad y justicia; formas de solución al endeudamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca; desarrollo urbano sustentable; servicios públicos municipales y desarrollo social.

En rueda de presa, los representantes de las organizaciones expusieron que hay un interés por parte de los profesionales del derecho en coadyuvar a la solución de los problemas que mantienen en una situación crítica a la ciudad y su gobierno. Sin embargo, para poder hacerlo es necesario conocer cuál es el plan de gobierno que propone cada uno de los candidatos.

“Nos interesa porque queremos un Cuernavaca seguro y lo más importante ahorita es saber quién va a ser nuestro acalde, quién va a dirigir los destinos de los ciudadanos, independientemente de los foros que ya están haciendo otras asociaciones con candidatos a gobernador.

“Lo primordial para las organizaciones de juristas es que queremos un Cuernavaca próspero, un Cuernavaca seguro, un Cuernavaca con un desarrollo económico como antaño”, dijo.

Carlos Gibrán Haro, presidente del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, explicó que la dinámica estará encaminada a conocer las propuestas y cómo pretenden aplicarlas, y no se permitirán ataques.

“Se les hace la invitación a que no haya insultos, que no haya denostación, que no haya esa guerra sucia”, sostuvo.

Los representantes de las organizaciones coincidieron en que el próximo alcalde debe tener un perfil basado en la honestidad, el trabajo y arraigo en la ciudad para devolver a Cuernavaca su prosperidad y combatir la corrupción.

Los agrupaciones organizadoras son el Colegio de Abogados del Estado de Morelos; la Asociación de Abogados Postulantes en Materia Civil; la Asociación de Académicos; la Asociación de Jueces Jubilados; la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales; el Consejo de Juristas; la Barra de Abogados; Abogados Unidos por México; la Asociación de Licenciados en Derecho y la Asociación de Abogados Agraristas.

Los reportes de hurto no son subidos inmediatamente a las plataformas policiales.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado, Cristian Velasco Alcocer, alertó del aumento en Morelos de la venta de vehículos robados en otras entidades, debido a que los reportes de hurto no son subidos inmediatamente a las plataformas policiales.

Explicó que, en teoría, al denunciar el robo de vehículo los reportes deben ser subidos a las plataformas policiacas en un plazo máximo en 48 horas, pero esto no ocurre sino hasta 15 o 30 días después, lo que da un margen amplio de maniobra a los delincuentes para comercializar los automotores en entidades como Morelos.

“Ahora se están dando mucho que de la Ciudad de México vienen a vender acá los autos que tienen reporte de robo y que por los tiempos no suben al Repuve (Registro Público Vehicular) el reporte. Lo compran, cambian su vehículo y, cuando ven, compraron un vehículo robado”, dijo.

Dijo que el modus operandi de los delincuentes es robar el automóvil en la Ciudad de México y de inmediato lo trasladan estado de Morelos. Los vehículos que, por ejemplo, generalmente tienen un valor comercial de 200 mil pesos, se ofrecen en 150 mil o menos. “La persona se emociona, lo compra pensando en que es una ganga y no, no es un ganga. Lo que está comprando es un vehículo con reporte de robo”, detalló Velasco Alcocer.

Calculó que podría haber al menos 30 denuncias mensuales con este modus operandi y es necesario alertar a los ciudadanos para no caer en el garlito.

“No se dejen sorprender con ese tipo de precios que llegan y piensan que están agarrando una oferta. Más vale que vayan a las agencias o que le compren el vehículo a algún conocido que sepan que lo tiene más de un año. Es lo que nosotros recomendaríamos para que no se metan en ese tipo de problemas.

“No comprar vehículos y menos a gente de otros estados porque de verdad nada más vienen aquí, dejan el vehículo y el problema es que ya no se acredita sólo un robo de vehículo, sino que se convierte en fraude u otro delito”, señaló.

Además, Cristian Velasco expresó que los compradores de buena fe no podrán disponer de los vehículos, lo que agravia el patrimonio personal y encontrar a los responsables del delito será difícil.

El Observatorio de Justicia y Legalidad convoca al análisis de la viabilidad de las propuestas.

El Observatorio de Justicia y Legalidad consideró que los candidatos a la gubernatura están obligados presentar una propuesta concreta y viable sobre seguridad pública, en el debate de este domingo 10 de junio, que organiza el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

La presidenta de la asociación civil, Cristina Rumbo Bonfil, explicó que a nivel nacional el Observatorio lanzó el proyecto “Por un México Seguro”, que convocó a los candidatos presidenciales y los candidatos de las nueve gubernaturas en juego en este proceso electoral a presentar sus propuestas en el tema y especialistas pudieran analizar la viabilidad en cada una de ellas.

Indicó que en el debate que organizó la Coparmex el pasado 24 de mayo, en el que participaron siete de los ocho aspirantes a la gubernatura, sólo se apreciaron esbozos de propuestas en materia de seguridad. Aunque los formatos y tiempos no permiten abundar, se espera que en el debate oficial los aspirantes a gobernador sean más precisos y concretos en el tema.

“A 24 días de la elección ya tendría que haber propuestas no solamente concretas, sino mucho más serias en materia de seguridad que, insistimos, si no se atiende el tema de seguridad, difícilmente se podrán ver permeados otros temas como el económico, el crecimiento social, el educativo… Porque todo tiene que ver o está basado en la seguridad”, explicó.

Sostuvo que hasta ahora sólo un candidato apoya mantener la estrategia del Mando Único y otros hablan de implementar de un Mando Mixto, pero las interrogantes son cómo ejecutarán las estrategias y qué pasará con lo que se ha hecho e invertido en la administración saliente.

“En este gobierno se ha invertido muchísimo dinero y lo que menos quisiéramos los ciudadanos es que ese dinero quedara perdido. Aunque no necesariamente significara la continuidad de la estrategia, se pueden buscar otras alternativas.

“El cómo lo van a hacer es lo que necesitamos los ciudadanos para tener mayor conciencia mucho más tranquila de a quién darle el voto de confianza”, expresó Rumbo Bonfil.

Debido al curso de varios amparos promovidos por la defensa del exrector de la UAEM y candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la gubernatura, Alejandro Vera Jiménez, fue suspendido el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de peculado, en agravio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La juez de Control y Juicio Oral Nancy Aguilar Tovar determinó suspender la audiencia intermedia del proceso hasta que haya una resolución de fondo de los juicios de garantías y la autoridad judicial local pueda tomar determinaciones con base en la sentencia de los tribunales federales.

Cristian Fragoso Velázquez, abogado defensor del exrector, afirmó que “la juez titular de la presente carpeta judicial ha determinado que se debe de esperar a los tiempos para que se resuelvan en definitiva los juicios de amparo que se interpusieron en contra del auto de vinculación a proceso dictado en meses pasados, y en atención a eso es que ordenó la suspensión del proceso y debemos esperar a que se resuelvan en definitiva para poder continuar con el proceso, tomando en consideración que puede cambiar la situación jurídica de fondo” de Vera Jiménez.

Explicó que en la resolución de los amparos son distintos los escenario jurídicos porque puede ser que confirme o revoque el auto de vinculación, se ordene la reclasificación del delito  o el sobreseimiento del expediente, por no haber elementos suficientes para seguir un proceso contra el aspirante a la gubernatura.

Por lo pronto, dijo, el proceso se paraliza en la etapa intermedia y las resoluciones de los tribunales federales podrían tardar varios meses.

El pasado 15 de noviembre, Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo Nava, entonces rector y extesorero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de peculado.

Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, Vera Jiménez y Sotelo Nava violaron la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos e incurrieron en presunto peculado, al haber comprometido el 2.5% del presupuesto estatal que recibe la UAEM para pagar el crédito adquirido con el Banco Interacciones por 600 millones de pesos, pese al impedimento legal y que los recursos estaban etiquetados para solventar la nómina y los gastos de operación de la universidad.

Sin embargo, el exrector y sus abogados han rebatido las acusaciones e insistido en que se trata de una persecución política en su contra.

El Congreso del estado no etiquetó recursos para solventar la pensión del magistrado en retiro, reclama el Pleno del TJA.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió una controversia constitucional para impugnar el decreto jubilatorio del magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano, que fue expedido por el Congreso del estado sin etiquetar recursos exprofeso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 105/2018, en la que el TJA solicitó la invalidez del decreto número 2609, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5593, el 18 de abril de 2018, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Aguilar Lozano con cargo al presupuesto destinado al Tribunal.

También demandó la invalidez de los artículos 24, fracción XV; 56; 57, último párrafo; 47, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante decreto número 218, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5056, el 17de enero de 2013.

Esencialmente, el Pleno del TJA determinó combatir el decreto jubilatorio en el que se ordenó el pago de una pensión al 90% del último salario que el magistrado en retiro recibió como juzgador en activo, porque el Congreso no etiquetó recursos para que el TJA pudiera solventar el pago.

Un magistrado gana poco más de 100 mil pesos; tomando en cuenta el porcentaje de la pensión aprobada por el Congreso, el TJA tendría que pagar al año al magistrado en retiro casi un millón 400 mil pesos, que comprende 12 mensualidades, más tres más por concepto de aguinaldo.

Aun cuando el TJA solicitó recursos adicionales tanto al Poder Legislativo como a la Secretaría de Hacienda estatal para pagar a Aguilar Lozano su pensión, ninguna de las dos instancias autorizó una ampliación presupuestal.

Y es que tanto el Congreso como el gobierno de Morelos se encuentran bajo presión de la SCJN, que recientemente lanzó un ultimátum para dar cumplimiento a casi 50 controversias constitucionales en las que se ordenó etiquetar recursos para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, incluso, llevan más de dos meses en plantón afuera del Palacio de Justicia en espera que lleguen sus pagos.

Según el TSJ, el Congreso aprobó los decretos de jubilación, pero tampoco le proporcionó presupuesto para solventar las pensiones de los trabajadores judiciales.

Se espera que en breve la SCJN determine la admisión o no de la controversia constitucional promovida por el TJA y, en su caso, si procede la aplicación de una medida cautelar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró el vigor el acuerdo por el que se estableció la Unidad de Transparencia e integración del Comité de Transparencia del órgano desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, creado para realizar acciones y administrar los fondos estatales destinados para la reconstrucción de las zonas siniestradas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, se determinó crear la Unidad de Transparencia de “Unidos por Morelos”, que a su vez se nutrirá de información de otras unidades administrativas de dependencias vinculadas con las acciones de reconstrucción.

Es decir, las personas titulares de las Unidades Administrativas que integran “Unidos por Morelos” serán los sujetos obligados responsables de proporcionar materialmente la información que obre en sus archivos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y atribuciones, y fungirán como auxiliares de la persona titular de la Unidad de Transparencia del órgano desconcentrado.

En el documento se estableció que,  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, “Unidos por Morelos” a través de su Unidad de Transparencia, deberá informar al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de la entrada en vigor del decreto, que permitirá a los ciudadanos direccionar sus solicitudes de información respecto a las acciones y recursos del gobierno estatal destinadas a las zonas dañadas por el sismo.

Fue electo en asamblea para sustituir a Miguel Ángel Rosete; tomará protesta el próximo 12 de julio, en el marco de la celebración del “Día del Abogado”.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos tiene nuevo dirigente, luego de que este sábado se llevó a cabo la elección para relevar a Miguel Ángel Rosete Flores, quien desde principios de abril solicitó licencia al cargo para asumir la Fiscalía Regional Oriente.

En asamblea, los abogados Roberto Manjarrez y Cristian Velasco Alcocer se postularon para la presidencia de esta organización de litigantes, una de las más importantes de la entidad.

Por mayoría de votos, resultó electo como nuevo presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Cristian Velasco, quien tomará oficialmente protesta el próximo 12 de julio, en el marco de la celebración del “Día del Abogado”.

La integración de la nueva mesa directiva de la Barra de Abogados para el periodo de julio de 2018 a julio de 2018 quedó así: presidente, Cristian Iván Velasco Alcocer; vicepresidenta, Nora Tania Jaime Servín; secretaria general, María Eugenia Boyas Ramos; vocal primero, Fernando Romero Martínez; vocal segundo, Alexis Jair Velazco Alcocer; vocal tercero, Horacio Favela Pérez; delegación zona sur, Perla Ríos Muñoz; delegación zona oriente, Maricela Camacho Castro; presidente de la comisión de Honor y Justicia, Manuel Salgado Beltrán; secretario de la Comisión de Honor y Justicia, Santiago Romero Sedano, y vocal de la Comisión de Honor y Justicia, Adela Manzanares Alonso.

El Cabildo de Cuautla libró momentáneamente la destitución y su puesta a disposición de un juez federal luego de que la ministra ponente, Norma Lucía Pina Hernández, retiró de la sesión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su proyecto de inejecución de sentencia.

En la sesión de ayer entró a discusión del Pleno de la SCJN el incidente por la inejecución de la sentencia del 15 de marzo de 2016 del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos, en el juicio de amparo 103/2016, promovido por Raúl Uriarte Rivas, proveedor de bienes y servicios que reclamó un pago al Ayuntamiento de Cuautla.

En el proyecto se propuso como fundado el incidente de inejecución de sentencia y ordenar la separación del cargo del alcalde Raúl Tadeo Nava; del tesorero municipal, José Manuel Morales Hernández; de la síndica, Paola Cruz Torres, y de todos los regidores del Cabildo de Cuautla, así como su consignación ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal del Estado de Morelos para ser sometidos a proceso por desacato judicial.

Sin embargo, la ministra ponente pidió retirar este caso de la lista de asuntos del Pleno, en virtud de que en la  última revisión del expediente electrónico se observó que hay constancias de abril de este año que, a su juicio, deben ser analizadas y tomadas en consideración para determinar si procede o no la destitución del alcalde Raúl Tadeo Nava (quien está de licencia y en campaña como candidato a diputado federal por el PRD), del Cabildo y del tesorero de Cuautla, cuya situación está en vilo.