El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.