La Sala Regional resolvió aplicar el criterio inicial del Impepac, lo que deja a 31 municipios al borde de la ingobernabilidad

Será la Sala Superior del TEPJF la que resolverá en definitiva las inconformidades en 31 de los 33 ayuntamiento y fijará cuál de los dos criterios deberá prevalecer para la asignación de regidurías, luego de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó otro bloque de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) relacionado con 18 municipios, y ratificó su criterio respecto a que, para la asignación de regidurías, debe tomarse en cuenta a los alcaldes y síndicos electos.

Al resolver 61 juicios de revisión constitucional y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, la Sala Regional nuevamente anuló  las sentencias del TEEM y confirmó la validez de los acuerdos  del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), sobre la asignación de regidurías de los ayuntamientos de Coatlán del Río, Cuautla, Zacualpan de Amilpas, Cuernavaca, Jonacatepec de Leandro Valle, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlalnepantla, Ocuituco, Jiutepec, Tetecala, Amacuzac, Jantetelco, Temixco, Tepoztlán, Mazatepec, Tlaltizapán de Zapata y Yecapixtla.

Mantuvo el criterio adoptado originalmente por el Impepac, respecto a que en la asignación de regidurías debía considerarse los cargos de presidente municipal y sindicatura, al analizar los límites de sobre y subrrepresentación de los partidos políticos, para garantizar de mejor manera la pluralidad en la integración de cada ayuntamiento.

De esa manera, estableció la Sala Regional, “se permite que integren cada ayuntamiento las fuerzas políticas que hubieran obtenido menor porcentaje de votación de forma representativa e impide que quienes hayan obtenido la mayoría de votos alcancen un alto grado de sobre-representación respecto de la integración total del órgano de gobierno”.

Además, sostuvo que en algunos casos el TEEM debió considerar que la asignación de regidurías no fue apegada al principio constitucional de paridad de género, reflejando dichas designaciones una subrrepresentación del género femenino.

En consecuencia, se ordenó al Impepac realizar una nueva asignación de regidurías de representación proporcional.

El criterio adoptado hasta ahora por la Sala Regional Ciudad de México para la distribución de regidurías, es refutado por la mayor parte de los presidentes y síndicos electos, quienes acusaron que al no contar con regidores de sus partidos o coaliciones, enfrentarían una oposición mayoritaria en los Cabildos, que truncaría sus proyecto de gobierno y provocaría problemas de gobernabilidad en los municipios.

Por lo tanto, será la Sala Superior del TEPJF la que resolverá las inconformidades en 31 de los 33 ayuntamiento y fijará cuál de los dos criterios deberá prevalecer para la asignación de regidurías. Es decir, si en términos de la sub y sobrerrepresentación, se debe o no considerar en la distribución a los alcaldes y síndicos. Si se incluye ambos cargos, los ganadores de las elecciones municipales enfrentarán mayoría opositora en los Cabildos. Si se excluyen, podrían obtener uno o más regidores de su partido o alianza–según sea el caso- para tener mayoría.  

En otro tema, la Sala Regional Ciudad de México, al resolver las impugnaciones promovidas por PT, PRD, PVEM y PSD, confirmó las sentencias del TEEM y los resultados de elección de los ayuntamientos de Jonacatepec y Jiutepec.

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se reunieron con uno de sus homólogos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intercambiar puntos de vista respecto a los criterios aplicados para la distribución de regidurías en los municipios de la entidad.

Luego de que un bloque de alcaldes y síndicos electos alertó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF los dejó en desventaja numérica y política, al determinar que para la asignación de regidurías debía tomarse en cuenta a la totalidad de los integrantes del Cabildo, en réplica de la fórmula para la asignación de diputados plurinominales locales, los magistrados del TEEM sostuvieron una audiencia conjunta con el magistrado federal Felipe de la Mata Pizaña y el asesor del magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón.

En la audiencia fue planteado en particular el caso de los recursos de reconsideración 1614, 1615 y 1616, todos del 2018, relativos a la asignación de los tres regidores que integran el cabildo de Totolapan, y donde el edil y síndico electo enfrentarían una mayoría opositora, al no contar con ningún regidor, a pesar de haber obtenido la votación más alta.

De acuerdo con los alcaldes y síndicos electos, en caso de que la Sala Superior mantenga el criterio de la Sala Regional, habría riesgo de ingobernabilidad en 31 de los 33 municipios morelenses.  

Lo anterior, luego de que el concurso para designar a nueve jueces siga congelado; los nuevos juzgadores ya rindieron protesta.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, designó de manera directa a un bloque de ocho jueces menores y auxiliares.

A través de la cuenta de Facebook, el tribunal difundió la toma de protesta a los nuevos jueces por parte de la titular de la institución, Carmen Cuevas López, y en presencia de los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Rubén Jasso Díaz.

Los designados como jueces menores fueron: Israel Gómez Cárdenas, Catalina Salazar González, Juan Beltrán Estrada y Guillermo Gutiérrez Peña. También fueron nombradas Leticia Estrada Pérez e Ivonne Morales Torres como jueces auxiliares de visitaduría, y como jueces de primera instancia Alicia Sotelo García y Manuel Jiménez Aquino.

Los nombramientos generaron sorpresa al interior y exterior del TSJ, debido a que no fueron claros los motivos de las designaciones, y desde hace meses quedó trunco un concurso de oposición para nombrar a 13 jueces mixtos de primera instancia y menores.

El año pasado, el TSJ lanzó la convocatoria para la designación de nuevos jueces, sin embargo, por conflictos políticos y jurídicos que involucraron al TSJ y culminaron con la extinción del Consejo de la Judicatura (responsable del proceso), el concurso fue congelado.

El último pretexto para continuar con el proceso trunco, fue –según el magistrado Miguel Ángel Falcón en mayo pasado- que la persona que aplicaría las evaluaciones a los aspirantes estaba fuera del país.

La CES niega el uso excesivo de la fuerza pública en los hechos.

Mientras la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) abrió una queja por probable abuso policíaco en contra de un chofer de la Ruta 10, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró que existen más videos que ofrecen otra versión de los hechos y que permitirán esclarecer si los policías actuaron o no conforme a los protocolos de uso racional y proporcional de la fuerza pública.

A través de un comunicado, el organismo informó que al conocer el caso por medio de redes sociales, de oficio inició la investigación con el número de queja 232/2018-3, a cargo de la tercera visitaduría, y solicitó informes a las autoridades correspondientes para conocer el fondo del asunto y resolver atendiendo a la máxima protección de los derechos humanos.

Y es que de acuerdo con el video viralizado a través de Facebook, tras un incidente de tránsito en el que presuntamente una unidad de la Ruta 10 impactó ligeramente la parte trasera de una patrulla, se observó que uno de los policías que tripulaba el vehículo oficial abrió la puerta del copiloto de la ruta y subió a golpear o empujar al operador, quien finalmente descendió del vehículo para ser jaloneado y golpeado por un segundo policía, y luego sometido con una llave en el cuello y con la colocación de esposas.

Para la CDHEM, “resulta de justa mención, que el actuar de estos elementos contrasta enormemente con el desempeño de policías que cumplen a cabalidad su tarea de hacer cumplir la ley”.

“Contrasta con los esfuerzos del policía Lázaro Barona Bueno, caído recientemente en el cumplimiento de su deber. Por lo que lamentamos que elementos como los hoy señalados como responsables de un abuso a la ciudadanía, empañen el buen desempeño de muchos otros elementos, estigmatizando así la labor de las fuerzas policiacas y acrecentando la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía”.

Por ello, señaló, “consideramos necesario visibilizar, condenar y castigar toda práctica que vulnere el estado de derecho y las prerrogativas de las y los ciudadanos”, y “el asunto policiaco será investigado, como en otros casos, de manera exhaustiva para visibilizar el estado incompleto de formación y capacitación en derechos humanos de elementos policiacos”.

Para el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, el video difundido en Facebook ofrece sólo una versión de los hechos ocurridos la tarde del martes sobre la avenida Río Mayo de Cuernavaca.

Explicó que el caso ya está bajo la jurisdicción de la Comisión de Honor y Justicia de la CES, que analiza otros videos que no se han hecho públicos y que fueron aportados por otro particular, que pidió mantener su identidad en reserva.

El comisionado consideró que “no hubo uso excesivo de la fuerza pública” y que el elemento policíaco “aplicó adecuadamente” la técnica de sometimiento al chofer de la ruta.

“El protocolo del uso de la fuerza (pública) así lo marca, que uno debe de hacer uso razonable de la fuerza y en la proporción, él (el policía) nunca sacó un arma; él usó una técnica de sometimiento que es un uso adecuado.

“El chofer no se quiso bajar voluntariamente. Les repito: hay dos videos que no quiero decir más (de su contenido) porque los está analizando asuntos internos. Esos videos ustedes no los han visto, los proporcionó un particular y el particular no quiere que su nombre salga a la opinión pública”, dijo.

Insistió en que será la Comisión de Honor y Justicia la que determinará si los elementos implicados en el caso actuaron o no debidamente, conforme a los videos, los testimonios y demás pruebas que se aporten para evaluar la actuación policial.

Respecto al caso de otro presunto abuso perpetrado por tres elementos, el pasado 21 de octubre, el titular de la CES indicó que los agentes implicados también comparecerán ante la Comisión de Honor y Justicia por la agresión de un joven comerciante y su perro, además de los cargos penales que enfrentarán, debido a que la CES pidió a la víctima que promoviera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la agresión.

La Primera Sala ratifica el derecho de las personas de decidir las actividades lúdicas que desean realizar.

La Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creó jurisprudencia al resolver el quinto amparo en revisión, en el que reiteró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta para el consumo recreativo de marihuana en México.

A propuesta de los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala de la Suprema Corte aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, en los que, por quinta ocasión, confirmó el criterio de inconstitucionalidad y sostuvo que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan —sin interferencia alguna— qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección.

También, aclaró que ese derecho no es absoluto y que podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta a su consumo.

En consecuencia, ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que autorizara a los quejosos consumir personalmente marihuana, sin que eso les permita comercializarla ni utilizar otros estupefacientes o psicotrópicos.

Este criterio fue sostenido por primera vez el 4 de noviembre de 2015 a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar (amparo en revisión 237/2014) y fue reiterado posteriormente en los amparos en revisión 1115/2017 y 623/2017. Entonces, al existir cinco precedentes en el mismo sentido sobre el tema, el criterio será obligatorio para todos los tribunales del país.

A través de diversos medios de comunicación nacionales, el abogado Andrés Aguinaco, quien ha fungido como representante legal de los promotores de los amparos, consideró histórico el precedente y declaró que una vez que la SCJN notifique de sus resoluciones al Congreso de la Unión y el Senado de la República, éstos tendrán un plazo de 90 días para debatir y modificar las leyes mexicanas para regular el mercado legal del cannabis.

Es decir, la jurisprudencia implica esencialmente: uno, que los jueces y magistrados concedan el amparo a quienes reclamen su derecho legal al consumo lúdico de la marihuana; y dos, se abre la ruta para modificaciones a la legislación penal y en materia de salud. 

La CES anuncia un operativo especial de seguridad.

Las autoridades estatales realizarán a partir de hoy un operativo especial de seguridad, debido a que se espera una oleada de visitantes de la Ciudad de México durante el asueto del Día de Muertos, debido a la suspensión parcial y total del suministro de agua potable en más de 500 colonias de las 16 alcaldías de la capital del país por el mantenimiento del Sistema Cutzamala.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que en el operativo también participarán la Vigésima Cuarta Zona Militar y la Policía Federal, con la intención de mantener el orden y prevenir el delito.  

Consideró que debido a la escasez de agua en la Ciudad de México durante los próximos cuatro días, se tiene previsto recibir un número importante de visitantes citadinos, además de turistas de entidades vecinas.

“Sabemos que en la Ciudad de México no va haber agua y que seguramente muchos citadinos vengan a pasar estos días de descanso acá al estado de Morelos. Entonces estamos reforzando nosotros con la policía estatal, policías municipales y también con la Sedena, que nos va a apoyar en recorridos, patrullajes en los panteones, principalmente”, dijo.

Además, la Policía Federal aumentará su presencia en los principales accesos carreteros a la entidad, ante la previsión de que incrementará significativamente el aforo vehicular.

Alcaldes electos protestan por el método utilizado para asignar esos cargos, que dejará a los partidos ganadores en minoría.

Presidentes municipales y síndicos electos exhortaron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a invalidar el criterio adoptado por la Sala Regional Ciudad de México, que impediría que tengan mayoría en los Cabildos y ocasionaría problemas de gobernabilidad en 31 de 33 municipios.

La polémica tuvo su origen en la asignación de regidores que hizo el Instituto de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), quien basó la distribución en el artículo 18 del código electoral local que refiere que, para establecer los límites permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que incluye a todos los integrantes del Congreso.

Es decir, para asignar a los regidores debía tomarse en cuenta al presidente y síndico electo. Inconformes, partidos políticos y candidatos afectados, impugnaron la decisión del Impepac ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).

El tribunal local, al resolver las inconformidades, ordenó revocar la asignación realizada por el Impepac y concretar una nueva distribución sin contar a alcaldes y síndicos electos. De nueva cuenta, el asunto fue impugnado pero ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, quien contradijo al TEEM y revocó sus sentencias, con el fin de validar la asignación original de regidores que realizó el instituto. Ahora, las inconformidades están en la Sala Superior, quien resolverá en definitiva.

En rueda de prensa, el alcalde electo de Tototolapan, Sergio Omar Liviera, quien fungió como vocero, afirmó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México anuló el sistema de mayoría a favor de los presidentes y síndicos, que fue otorgado y legitimado por los ciudadanos con su voto.

Señaló que los alcaldes y síndico fueron colocados en una posición de desventaja al otorgarse regidurías a partidos que, incluso, quedaron en cuarto y quinto lugar, además de negarles la posibilidad de contar con regidores de sus mismos partidos o coaliciones.

“La decisión de la Sala Regional pone en riesgo la posibilidad de cumplir con los compromisos y propuestas de campaña, mismas que recogen demandas y aspiraciones ciudadanas.

“Las nuevas autoridades municipales somos enfáticos en considerar que con decisiones ‘legales’ de este tipo, se pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios, toda vez que la ciudadanía optó de manera decidida por los candidatos de elección popular, así como un proyecto de gobierno municipal que garantizará el cumplimiento de las promesas de campaña”.

“Expresamos que en más de un municipio, es posible que de implementarse la decisión inicial de referencia, pueda existir la posibilidad de movimientos sociales para impedir la presencia de personas por las que la población no voto mayoritariamente”, advirtió.

Informó que un grupo de autoridades municipales electas acudieron a la Sala Superior para exponer la situación y los motivos de informidad, en espera de que los magistrados del máximo tribunal electoral del país puedan resolver de manera acertada los recursos de inconformidades

“Es necesario que las sentencias de los tribunales electorales del país sean sensibles al momento político que viven la nación”, sostuvo y precisó que fue impugnada la asignación de regidores en 31 de los 33 municipios de Morelos.

Recalcó que hay casos tan graves en los que, a pesar de que el edil y síndico obtuvieron una votación superior al 35%, no se les asignó ningún regidor de su partido o coalición.

Manifestó que, aun cuando faltan meses para la toma de protesta y la asignación de regidores está subjudice, ya hay quienes se han adelantado a condicionar su voto en el Cabildo a cambio de prebendas.

“Hoy es un problema social que vemos venir, puesto que en algunos casos, en algunos municipios, los propios compañeros presidentes nos han dicho que ya están gestando un estrategia para ver qué van a pedir, cuál va a ser su pliego petitorio de los regidores para la aprobación de Cabildo de cuentas públicas, entre otros. Es el riesgo que le vemos de ingobernabilidad que habría en el interior del Cabildo”.

Detalló que 17 municipios cuentan con un cabildo integrado por tres regidores y en estos casos al alcalde no le fue asignado ningún regidor de su partido o coalición, poniéndolo en desventaja numérica y política. La situación, dijo, es similar en los cabildos con cinco regidores y, en los casos de cabildos con siete concejales, a los ediles a penas se les asignó a caso uno.

En la rueda de prensa participaron ediles y representantes electos de al menos 15 municipios. 

Se manifestaron en la SCJN para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para que emita los nuevos decretos pensionarios.

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizó una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Con pancartas, los jubilados acudieron a la sede del máximo tribunal del país en la Ciudad de México, como medida de presión para que tanto la Corte como el Congreso, aceleren los procesos legales para que pronto puedan recibir su pensión.

Y es que parte del cúmulo de las controversias constitucionales promovidas por la representante del Poder Judicial de Morelos, Carmen Cuevas López, para reclamar presupuesto para pagar la nómina de nuevos jubilados, fueron resueltas por la Primera Sala de la SCJN que en sus resoluciones, determinó invalidar los decretos pensionarios y ordenó al Congreso local emitirlos de nuevo, con su respectiva partida presupuestal asignada.

De acuerdo con los afectados, el Congreso (cuya legislatura fue renovada apenas hace dos meses) no ha cumplido con su responsabilidad legal de emitir los nuevos decretos para que los trabajadores puedan recibir sus pensiones.

Elsa Gallardo Villagómez, con 26 años de carrera judicial y ex secretaria de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que la protesta tuvo como objetivo llamar la atención de los ministros y pedirle que la SCJN presione al Congreso con apercibimientos, para que emita los nuevos decretos, porque al menos 26 trabajadores tienen varios meses, o hasta más de un año, sin percibir su pensión, debido a que el Poder Judicial suspendió los pagos.

Los trabajadores también lanzaron un exhorto a la actual legislatura para que cumpla con los mandatados de la SCJN y se atienda adecuadamente el tema de los jubilados del Poder Judicial.

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizaron, este martes, una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Piden a los ministros de la Primera Sala de la SCJN que aperciba al Congreso de Morelos para que, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios.

Lo anterior, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Inició durante el fin de semana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) implementaron un operativo de seguridad en la zona boscosa del municipio de Tlalnepantla, con el objetivo de prevenir la caza furtiva y proteger la fauna de la región.

De acuerdo con la CES, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, desde el fin de semana inició el operativo, el cual se desarrolló con apego a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

“La captura, acopio, transporte, compra y venta ilegal de fauna silvestre constituye un delito federal, además de la portación de armas de fuego no registradas, y conlleva acciones en contra de aquellas personas que sean sorprendidas cometiendo cualquiera de estas actividades”, explicó el titular de la dependencia, José Antonio Ortiz Guarneros.

El despliegue táctico se realizó en la zona limítrofe del municipio de Tlalnepantla con el Estado de México y la Ciudad de México, en donde participaron personal de unidades especiales, infantería motorizada, vehículos todo terreno y helicópteros, para realizar acciones de protección de las especies en peligro de extinción y en respuesta a las denuncias de ciudadanos de la región.

Se aplicará en el municipio de Cuernavaca y establece sanciones económicas a quienes incurran en descuido, crueldad y maltrato de los animales domésticos

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor el Reglamento para el Bienestar Animal del Municipio de Cuernavaca, que regula las actividades de control, acopio, protección y bienestar de los animales domésticos y establece sanciones económicas a quienes violenten la norma con actos de descuido, crueldad y maltrato.

El nuevo reglamento, que subsana el vacío normativo, tiene como objetivo la protección y el bienestar de animales que estén bajo el dominio, posesión, cuidado o control directo de una persona física o moral; promover y difundir en la sociedad, un trato humanitario hacia los animales; erradicar y sancionar todo acto de maltrato y crueldad que se cometa en contra de los animales.

Con base en la nueva norma municipal, es obligación del dueño o encargado de animales domésticos mantenerlos sanos, bien alimentados y cuidados, así como, contar con el carnet de vacunación y desparasitación de cada uno y en especial, el Certificado Oficial de Vacunación Antirrábica vigente, el cual será exigido por las autoridades en caso de que el animal haya agredido a una persona.

Cuando las personas transiten con  sus perros en la vía pública, los canes deben portar collar o pechera con correa o cadena para sujetarlos, pues si el animal agrede a algún peatón o animal similar, deberá el propietario o responsable tomar las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la libre convivencia.

En el caso de fraccionamientos, la tenencia de animales domésticos será regulada por el Reglamento Interno de Colonos, pero en caso de no existir éste o de tener vacíos legales en lo que respecta a las mascotas, la autoridad competente únicamente actuará como mediador al exhortar al o los propietarios del o los animales a respetar los derechos de los vecinos presumiblemente afectados

En el reglamento se  prohíbe a los propietarios de animales domésticos abandonarlos en la vía pública; incitar a los animales a la agresión, ya sea entre animales o hacia seres humanos; fomentar, intervenir, presenciar y/o participar en peleas de perros; comercializarlos en la vía pública, sin el permiso por escrito de la autoridad; la defecación en la vía pública, a menos de que recojan las heces y procedan a depositarlas en los recipientes de recolección de basura públicos o dentro de su propio domicilio; situarlos a la intemperie o en azoteas sin el resguardo adecuado, respecto a las circunstancias climatológicas y/o condiciones que los dañen.

También está prohibido dejarlos atados en la vía pública o en predios baldíos sin vigilancia y protección; mantenerlos dentro de locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, manipulación y transporte de alimentos, con excepción de lugares “Pet Friendly”, o perros guías de personas en situaciones de discapacidad; utilizarlos para actos de magia, ilusionismo o espectáculos que les causen sufrimiento, dolor o estrés; agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los animales que se encuentren en la vía pública, así como dejar animales atropellados, sin asistencia médica, ya sea que el accidente sea o no intencional.

De igual forma, se regulan las condiciones en que los perros confinados en el Centro de Acopio deberán ser alojados, y queda prohibido al personal municipal la devolución en vía pública.

Y es que todo animal que se encuentre deambulando libre en la vía pública, tenga o no collar de identificación, será capturado por el personal del Centro de Acopio y Bienestar Animal y llevado al área de retención canina y felina para su aseguramiento y observación durante las 72 horas, plazo en el cual el dueño o encargado del perro deberá pagar la multa correspondiente

Si transcurrido el plazo nadie reclama al animal, quien lo reclama no acredita el carácter de propietario ante la Dirección de Control de Fauna, o si no es cubierta la multa, el Centro de Acopio y Bienestar Animal, podrá destinarlo para adopción siempre y cuando reúna las características para dicho fin.

Independientemente de las condenas previstas en el Código Penal del Estado de Morelos, el reglamento prevé un capítulo de sanciones que van desde una amonestación hasta una multa de dos mil veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 161 mil 200 pesos, según la gravedad de la infracción.

Con la vigencia del nuevo reglamento municipal, se concede a los propietarios o arrendatarios de ranchos, haciendas o similares, expendios de animales, zoológicos, y demás personas a que se refiere este reglamento, un plazo de 90 días naturales, para cumplir con disposiciones que establece este ordenamiento legal,

El Ayuntamiento de Cuernavaca deberá designar en el proyecto de presupuesto de egresos anual, los recursos necesarios para la exacta aplicación del reglamento, y en 15 días naturales las autoridades municipales deberán integrar el Consejo Consultivo para el Bienestar Animal, así como emitir una convocatoria a la sociedad civil organizada a sumarse al consejo. 

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) montará una ofrenda en el zócalo de Cuernavaca para recordar y exigir justicia a las víctimas de feminicidio, y recordar que han transcurrido tres años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) con escasos avances.

La organización impulsora de la AVG detalló que la ofrenda se instalará el próximo 31 de octubre, donde se reclamará a las autoridades de todos los niveles la ausencia de justicia para las victimas y se demandará frenar los feminicidios.

“Los feminicidios pueden y deben detenerse en Morelos. Nuestro canto a la vida es también un recuerdo para ellas. Por eso en estas fechas en que traemos a la memoria colectiva las ausencias definitivas de quienes ya han muerto, queremos ofrecer estas flores de cempasúchil a las mujeres víctimas de feminicidio, en esta ceremonia tradicional del miquixtli, que es una expresión de la cultura de nuestro pueblo que no olvida a sus seres queridos. Fortalecer los lazos comunitarios de la vida que nos permiten reivindicar la lucha por la alegría, la verdad y la justicia”, señaló.

Detalló que el gobierno de Morelos reportó del 2000 al 2016 un total mil 455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio), pero la fiscalía estatal sólo nos proporcionó información a detalle de 396 casos, de los cuales tenemos 252 coincidencias y 144 nuevos casos que integraremos a nuestro registro.

Indicó que la comisión independiente registró 44 casos durante el 2015, de los cuales en 32 hay coincidencias y 12 nuevos casos que integrará al registro de feminicidios que realiza de manera independiente la organización.

Precisó que hasta ahora tanto la fiscalía como la comisión, en la revisión de los casos, han coincidió en que al menos mil 46 casos de muertes de mujeres fueron feminicidios.

“Los feminicidios ocurren por negligencia e irresponsabilidad de quienes tienen la tarea de garantizar los derechos humanos de todas ellas. Es claro que los responsables directos de estos crímenes se sienten con las facultades para hacerlo porque existe una impunidad en la inmensa mayoría de los casos”, señaló.

Revoca sentencia del Tribunal Estatal Electoral; ordena al Impepac integrar cabildo de Axochiapan con paridad de género.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las sentencias del Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) y confirmó la asignación de regidurías realizadas en diez municipios por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

La Sala Regional consideró que el tribunal local realizó una incorrecta interpretación de la norma para determinar los límites de sobre y subrrepresentación en la asignación de regidurías, al no considerarse a quienes obtuvieron cargos de mayoría relativa.

Y es que en sus recientes resoluciones, el TEEM en todos los asuntos relacionados con integración de los Cabildos, adoptó como criterio la exclusión de las alcaldías y sindicaturas para realizar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.  

Pero el tribunal federal consideró que para efectos en la asignación de regidurías, debe apegarse a las directrices establecidas para la integración de la legislatura estatal que giran en torno al órgano en su totalidad, sin excluir aquellas de asignación por el principio de mayoría relativa.

Bajo este criterio revocó las sentencias dictadas por el TEEM y conformó la asignación original que realizó el Impepac para la integración de los Cabildos de Tetela del Volcán, Emiliano Zapata, Tepalcingo, Miacatlán, Ayala, Huitizilac, Zacatepec, Atlatlahuacan y Yautepec.

En el caso de Axochiapan, ordenó al Impepac realizar una nueva asignación de regidurías bajo el principio de paridad de género como una acción afirmativa, pues inicialmente el Cabildo (que entrará en funciones el 1 de enero de 2019) fue integrado por cuatro hombres y una mujer.

La Suprema Corte ordena que la superficie les debe ser restituida.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución de tierras a la comunidad agraria de Tepoztlán y puso fin al histórico litigio con una empresa que peleaba la posesión de alrededor de 280 hectáreas, para realizar un proyecto inmobiliario en el Pueblo Mágico.

Tras echar abajo el proyecto del Club de Golf, la comunidad tepozteca inició un juicio en 1999 para el reconocimiento como su propiedad, de las tierras que les fueron dotadas en 1929 por decreto presidencial.

Pero la empresa Pirámide y Convento S.A. de C.V., representada por José Antonio Zorrilla Ducloux, alegó ser propietaria de algunos predios de la zona, a partir de unos oficios emitidos por la autoridad agraria en la década de los sesentas.

Después de casi 20 años de litigio en tribunales agrarios y federales, la Segunda Sala de la SCJN dictó este miércoles la sentencia que puso fin al conflicto y que reconoció la propiedad a favor de la comunidad agraria de Tepoztlán.

En su sentencia, la SCJN reiteró que los pobladores de Tepoztlán, y no el municipio –como alegaba la empresa– eran los beneficiados por la resolución presidencial de 1929 y que tal resolución consistía en un título válido de bienes comunales, es decir de tierras que se otorgaron a la comunidad para que ésta las explotara de manera agrícola.

La Segunda Sala consideró que los oficios que se emitieron en los años sesentas no resultaban suficientes para acreditar que la empresa fuera la propietaria de los predios en litigio, pues en su contenido no se advertía con certeza, que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen accedido a excluir del régimen agrario ciertas porciones de sus tierras.

La sentencia se fundó a partir de los documentos que aportaron ambas partes; sin embargo, en el supuesto de que la comunidad inicie en el futuro juicios agrarios en contra de otras personas que tengan propiedades en la zona, los tribunales tendrán que valorar los títulos con que tales habitantes se ostenten como propietarios, en específico, la manifestación de voluntad de los integrantes de la comunidad, en el sentido de transmitir la titularidad de los predios, así como la formalización de las transmisiones correspondientes.

También precisó que los integrantes de la comunidad agraria no podrán pasar por alto que las tierras se les asignaron para que las explotaran de manera agrícola para su subsistencia, además de que la resolución presidencial que les benefició, les impuso también una serie de obligaciones para conservar y acrecentar las áreas forestales de la zona.

Por esta razón, subrayó, las tierras no podrán destinarse, en ningún otro caso, para uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado, bajo su entera responsabilidad, por la autoridad administrativa correspondiente.

Finalmente, debido a que los oficios en cuestión no demostraron que la empresa fuera propietaria de los terrenos disputados, la Segunda Sala confirmó la determinación de los tribunales agrarios, consistente en la obligación de que los mismos se restituyeran a la comunidad agraria de Tepoztlán.

Llaman a los padres de familia a formar a los niños en la cultura de la paz y de la sana convivencia.

La Vigésima Cuarta Zona Militar realizó la destrucción de juguetes bélicos y llamó a los padres de familia a formar a los infantes en la cultura de la paz y de la sana convivencia.

Con una cortadora fueron destruidos armas de juguete de plástico y metal, que fueron recolectadas durante la campaña “Juguemos sin violencia”, realizada con la finalidad de concientizar a la población sobre los riesgos que implica que infantes posean juguetes bélicos, puesto que no fomentan la colaboración sino la competencia y el enfrentamiento.

Durante la ceremonia, se destacó que desalentar la posesión de armas de juguete puede evitar que en el futuro los niños, ya en edad adulta, aspiren a poseer un arma real.

“Mostrar a los infantes que las arman no nos hacen más fuertes o valientes. Necesitan saber que las armas no brindan poder sino que los valores y la disciplina en la familia son la base fundamental para ser fuertes”, destacó un elemento castrense.

Tanto la Vigésima Cuarta Zona Militar como autoridades civiles exhortaron a la comunidad, a fomentar la cultura de la paz, el deporte y la convivencia sana, ya que sólo en unidad se podrá hacer frente a la violencia y la criminalidad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución de tierras a la comunidad agraria de Tepoztlán, después de casi 20 años de conflicto.

Al respecto, la SCJN apuntó que la comunidad agraria inició un juicio en 1999, con la pretensión de que se reconociera su propiedad respecto de tierras que les fueron dotadas en 1929 por el entonces Presidente de la República; por su parte, una empresa alegaba que era propietaria de algunos predios de la zona, a partir de unos oficios emitidos por la autoridad agraria en la década de los sesentas.

El asunto pasó por varias instancias, así como por diversas reposiciones del procedimiento llevado ante los tribunales agrarios.

Sobre dicho asunto, la Segunda Sala de la SCJN dictó una sentencia que de manera definitiva da solución al conflicto, a partir de los documentos que aportaron ambas partes en el caso concreto para demostrar sus posturas.

La Suprema Corte reiteró que los pobladores de Tepoztlán, y no el municipio –como alegaba la empresa–, eran los beneficiados por la resolución presidencial de 1929; aunado a ello, se decidió que tal resolución consistía en un título válido de bienes comunales, es decir, de tierras que se otorgaron a la comunidad para que ésta las explotara de manera agrícola para su subsistencia.

Por esta razón, las tierras no podrán destinarse, en ningún otro caso, para un uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado, bajo su entera responsabilidad, por la autoridad administrativa correspondiente.

Como se informó con oportunidad, en fechas pasadas, pobladores, comuneros y ambientalistas realizaron diversas manifestaciones y exhortaron a las organizaciones sociales a unirse al movimiento de defensa de la tierra: "Estamos llamando a esa unión que en 1994 (cuando se activó el proyecto del Club de Golf) mostró el pueblo tepozteco y ésta sigue siendo su lucha", señaló en su momento Angélica Ayala, joven habitante del municipio de Tepoztlán.

Este miércoles, la Segunda Sala de la SCJN confirmó la determinación de los tribunales agrarios, consistente en la obligación de que los terrenos disputados se restituyeran a la comunidad agraria de Tepoztlán.

La Comisión Estatal de Seguridad informa que se inició un procedimiento en contra de los elementos involucrados en un incidente denunciado a través de redes sociales, para determinar la sanción correspondiente.

La dirección de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad investiga el incidente denunciado por redes sociales en el que un grupo de policías agrede a un ciudadano sin motivo aparente.

A través de Facebook circuló un video en el que se observa cómo tres elementos rodean una camioneta, el conductor desciende tranquilamente del vehículo y es increpado por un policía, quien comienza a golpear al hombre y a someterlo con violencia, sin que la víctima se resista.

Investiga @CES_Morelos agresión de policías a ciudadanos

En la escena interviene un perro, al parecer mascota del conductor, y el animal también es golpeado por otro policía.https://t.co/WAt3Lg4bgj pic.twitter.com/HXNZ9WlKcc

— La Unión ? (@UniondeMorelos) 24 de octubre de 2018

En la escena interviene un perro, al parecer mascota del conductor, y el animal también es golpeado por otro policía. El resto de los elementos observa y consiente la agresión. En la denuncia no se establece el lugar y el contexto de los hechos, pero presuntamente ocurrieron la noche del domingo en el municipio de Temixco.

Por medio de un comunicado, la CES informó que “gracias a esta denuncia ciudadana, se contactó con la parte afectada y se inició un procedimiento en contra de los elementos involucrados, para determinar la sanción correspondiente y proceder conforme a derecho”.

Detalló que la Dirección de Asuntos Internos analiza las imágenes, en las que aparecen tres elementos policiales, dos hombres y una mujer con una unidad oficial, así como dos civiles en una camioneta de color blanco. 

Agregó que así como se reconoce el quehacer cotidiano, el sacrificio y los logros obtenidos por la Policía, también se sancionarán los comportamientos que contravengan los lineamientos que rigen las funciones de elementos de la CES. 

El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

Magistrados atendieron la apelación de la Fiscalía, pero cambiaron la clasificación del delito, que antes era homicidio calificado

Por unanimidad, los magistrados de la Tercera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vincularon a proceso a José Manuel “N”, empleado de la cadena de tiendas Go Mart, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en agravio de un asaltante.

Al resolver el recurso de apelación promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la determinación de la juez, Nancy Aguilar Tovar, de no vincular a proceso a José Manuel por el delito de homicidio calificado, los integrantes de la Tercera Sala, María Idalia Franco Zavaleta, Manuel Díaz Carvajal y Miguel Ángel Falcón Vega, por unanimidad determinaron revocar la decisión de la juzgadora.

En su resolución, los magistrados reclasificaron el delito de homicidio calificado a homicidio culposo, por lo que José Manuel enfrentará su proceso penal en libertad, por no tratarse de un delito grave o doloso.   

El pasado 18 de julio, al menos tres sujetos pretendieron perpetrar un asalto al minisúper Go Mart, ubicado en el kilómetro 92+600 del Paso Exprés, a la altura del poblado de Acapantzingo.

Juan Manuel “N”, empleado de la tienda, con apenas 22 años de edad, en su intento por frustrar el delito, sujetó al delincuente por la espalda y, aparentemente de manera accidental, con una navaja lo lesionó el cuello.

El asaltante, debido a la herida, perdió la vida en el lugar. Uno de los delincuentes logró darse a la fuga y otro más pudo ser detenido por la Policía.

Con base en los indicios recabados, que incluyeron un video tomado por la cámara de seguridad del local, el Ministerio Público ejerció acción penal contra José Manuel e imputó  el homicidio calificado, sin embargo, la jueza determinó no vincularlo a proceso, resolución que fue combatida.

El tribunal de alzada invalidó lo resolución judicial de primera instancia  y ordenó continuar el proceso en la etapa correspondiente, pero ahora por el delito de homicidio culposo.

Al emitir una recomendación, el organismo detalló que en dos casos registrados en los municipios de Cuautla y Tetecala, se acreditó que elementos federales cometieron detención arbitraria, inviolabilidad del domicilio, retención ilegal y tortura

Por detención ilegal y tortura en contra de dos morelenses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reparar el daño a las víctimas y fincar responsabilidades a los elementos de la Policía Federal involucrados en los hechos.

Al emitir la recomendación 33/2018, la CNDH detalló que en dos casos registrados en los municipios de Cuautla y Tetecala, se acreditó que elementos federales cometieron detención arbitraria, inviolabilidad del domicilio, retención ilegal y tortura.  

En el primer caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos remitió a este organismo nacional, por razones de competencia, el escrito de queja de una persona, quien refirió que elementos de la Policía Federal (PF) ingresaron violentamente a su domicilio por la madrugada, localizado en el municipio de Tetecala, para golpear a su esposo, a quien sustrajeron del inmueble y subieron a una camioneta tipo Van.

La víctima argumentó haber sido golpeado por agentes federales en los oídos y diversas partes del cuerpo para que confesara su participación en actividades ilícitas.

Posteriormente, fue presentado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicadas en la Ciudad de México. 

Los  elementos de la PF sostuvieron que dicha persona fue asegurada en una hora y lugar diferente al señalado por la víctima, mientras conducía un vehículo con reporte de robo en un tramo carretero del estado de Guerrero, hecho que quedó desvirtuado con las evidencias que fueron  analizadas y que obran en el expediente de queja, entre ellas la denuncia presentada por su esposa inmediatamente después de que fue sustraído de su domicilio, en la Fiscalía General de Justicia de Morelos, lo que permitió comprobar que la detención no ocurrió como los elementos de la PF lo señalaron. 

Se acreditó que hubo violaciones al derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, ya que el ingreso al mismo ocurrió sin la orden de cateo correspondiente o flagrancia que justificara el allanamiento; detención arbitraria, al no existir orden de aprehensión, y retención ilegal, pues dicha persona no fue puesta inmediatamente a disposición de la autoridad competente, como lo establece el Artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que transcurrieron más de 13 horas desde su aseguramiento hasta su ingreso a las instalaciones de la SEIDO.

La revisión de los certificados médicos y la opinión médica especializada de personal de la CNDH, emitida con base en el Protocolo de Estambul, concluyeron que fue víctima de actos de tortura, al presentar lesiones traumáticas en los oídos y diversas partes del cuerpo, además de uso excesivo de la fuerza en las maniobras de sujeción, sometimiento o traslado.

En el segundo caso, se constató que la víctima fue detenida en el domicilio de su madre en el municipio de Cuautla, por elementos de la PF, quienes lo esposaron con las manos hacia atrás, lo tiraron al suelo y un agente se sentó en su estómago tapándole la cara, mientras otro vertía agua en su rostro para que aceptara su participación en un secuestro.

Fue golpeado por un agente con los puños en la cara y con la palma de las manos en sus oídos y, finalmente, se le trasladó a las oficinas de la SEIDO, donde personal médico documentó golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que recibió tratamiento hasta su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, con lo cual se actualizaron elementos constitutivos de tortura.

En el primer caso se determinó que, además de tortura, existieron violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, mientras que en el segundo ocurrieron agravios al trato digno, seguridad personal e integridad, los cuales son constitutivos de tortura. 

Para la CNDH, cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso para que sus actos sean sancionados, lo cual debe realizarse siempre dentro del marco jurídico y del respeto a los derechos humanos.

Por ello, la CNDH solicitó al Comisionado Nacional de Seguridad la reparación integral del daño, mediante el otorgamiento de atención médica y/o psicológica, y en el primer caso colaborar en la denuncia que se presente ante la PGR contra las autoridades involucradas, así como en la averiguación previa iniciada por el delito de tortura en agravio de la segunda víctima.

También deberá colaborar en las quejas iniciadas ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; incorporar copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales de los involucrados; impartir cursos integrales sobre derechos humanos y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, además de dotar al personal de la corporación de equipos de videograbación y audio para documentar sus actuaciones.

La propuesta presentada ante el Senado plantea otorgar un porcentaje fijo del presupuesto anual de los estados a los tribunales electorales del país.

La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (Aterm) expresó su apoyo a la iniciativa presentada ante el Senado de la República para garantizar la autonomía financiera de los órganos jurisdiccionales electorales en los estados.

La iniciativa fue presentada por la senadora Índira de Jesús Rosales San Román, con la intención de que sea discutida y aprobada a la brevedad posible.

La propuesta contempla reformar la facción IV, inciso C, del artículo 116 constitucional, con el propósito de otorgar plena autonomía financiera a los tribunales electorales locales del país con el otorgamiento de un porcentaje fijo del presupuesto anual estatal.

“La autonomía presupuestaria de los impartidores de justicia electoral es indispensable para contribuir a la construcción de una democracia más sólida, libre y efectiva”, señaló la Aterm.

Durante el último proceso electoral, diversos tribunales locales promovieron juicios en contra de los gobiernos locales por la negativa de dotarlos de recursos suficientes para realizar su labor jurisdiccional.

Incluso, Francisico Hurtado Delgado, quien fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos durante los pasados comicios, acusó al extinto gobierno de Graco Ramírez de intentar sabotear el proceso electoral e intervenir al tribunal, mediante la restricción de presupuesto.

En cuatro regiones operativas en la entidad vigilan las actuaciones de las Policías municipales.

Pugnará comisionado de Seguridad por Mando de Policía Coordinado.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, anunció que elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) fueron colocados en puestos de mando de la institución para coadyuvar en las tareas de seguridad y vigilar las actuaciones de las Policías municipales.

Al reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, detalló que desde la toma de protesta como gobernador de Cuauhtémoc Blanco Bravo, arribó a la entidad un grupo de elementos de la Semar para custodiar la ceremonia y ayudar a restablecer la seguridad en Morelos.

“Quiero decirles que traigo aproximadamente 50 personas de la (Secretaría de la) Marina, algunos retirados y otros en activo y, específicamente antes de tomar posesión el día 1 de octubre, en una llamada que le hice al almirante secretario, le pedí que tuviera gente aquí yo de la Marina para evitar cualquier disturbio que pudiera interrumpir el evento de la toma de posesión del señor gobernador”.  

“Me dijo que ‘no te voy a mandar a que vayan nada más y se regresen, te voy a dar 30 infantes de Marina para que se queden a trabajar contigo´. Es el tercer estado de la república que tiene infantes de Marina permanentemente en sus filas de la Policía. El primero fue Veracruz, el segundo Tamaulipas y ahora Morelos”, afirmó.

Expresó que dividió al estado en cuatro regiones y en cada una nombró un comandante naval a cargo, con la misión de evaluar las zonas y verificar cómo trabajan las Policías municipales.

Detalló que la CES cuenta con alrededor de dos mil agentes certificados y el resto corresponden a las corporaciones municipales, pero no hay certeza de si están o no debidamente evaluados.

Adelantó que pugnará por la implementación, en sustitución del modelo del Mando Único, del Mando Coordinado, y dijo que no está dispuesto a perder el control de las Policías municipales, ya que hay que cerciorarse de extinguir la corrupción y que cumplan con su función de prestar el servicio de seguridad pública.

Por su parte, los empresarios llamaron a las nuevas autoridades a reducir la incidencia del delito de robo en todas sus modalidades con y sin violencia, feminicidios, secuestro, extorsión, “pago de piso”, homicidio, trata de personas y otros que impactan a la sociedad.

El Comisionado Estatal de Seguridad Publica, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, recibió junto con la secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, la propuesta de trabajo coordinado en materia de economía y seguridad por parte del Consejo Coordinador Empresarial.
En el evento, el encargado de seguridad en el estado señaló que tal como se comprometió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, los integrantes del gabinete atenderán las demandas y sugerencias de todos los sectores de la sociedad, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y detonar el desarrollo económico de Morelos.
Ante más de 50 empresarios de distintas ramas de inversión, Ortiz Guarneros indicó que hoy más que nunca se necesita la participación activa de la sociedad civil organizada, pues sólo mediante el trabajo coordinado se podrá brindar solución a las demandas más sentidas de la población.
Reiteró que las oficinas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública estarán abiertas para recibir a los ciudadanos y que constantemente se realizarán foros en los diferentes municipios, a fin de conocer la problemática directa de cada comunidad. 

El gobierno de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad rindieron homenaje al policía caído durante un atentado perpetrado la tarde del martes en el fraccionamiento Burgos, en el municipio de Temixco.

Con aflicción y lágrimas, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, repudió el ataque que cobró la vida del elemento Lázaro Barona Bueno y provocó lesiones a otro agente.

Ofreció a la esposa del policía caído ocupar la plaza de su esposo en un área administrativa y dar todas las facilidades para recibir la indemnización que por ley le corresponde recibir.

Tras expresar sus condolencias a los deudos, pidió a los criminales dejar de hacer daño a la sociedad y de actuar cobardemente, dejando en el desamparo a familias y niños.

“Espero que estos cobardes, espero que esta delincuencia tenga algo de corazón y que deje de hacer tanto mal en Morelos. Que los líderes de esa delincuencia tengan en cuenta esto y que nos permitan estar en paz, en libertad. Y que nuestros hijos, jóvenes, niños, tengan la seguridad y se puedan criar como es debido en un estado democrático y en un estado libre”.

“Yo les pediría que si tienen todavía algo de conciencia y si son creyentes y creen en Dios, que dejen de estar haciendo este mal que están haciendo tan grande a Morelos, a la sociedad y a México. Se los pediría de verdad, de corazón”, expresó. Durante la ceremonia en honor, fue entregada una bandera junto con la foto del policía caído.

Presentaron sendas controversias constitucionales ante la SCJN.

Los municipios de Puente de Ixtla y Axochiapan recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las últimas reformas legales y al presupuesto 2018 realizadas por la anterior legislatura, por las cuales fueron extintos varios fideicomisos y el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

Ambos ayuntamientos presentaron ante el máximo tribunal sendas controversias constitucionales en las que alegaron que no fueron tomados en cuenta para realizar las modificaciones a diversas leyes locales, que impactan en las finanzas municipales y violentan el artículo 115 constitucional, que establece las competencias de los ayuntamientos y su derecho a administrar libremente su hacienda.

De acuerdo con las demandas presentadas ante la SCJN, los municipios impugnaron las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2018, así como la abrogación de la Ley del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para solventar la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado y el fortalecimiento de otros tribunales estatales.

Los municipios inconformes argumentaron que las modificaciones legislativas y presupuestales, específicamente la desaparición del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal que se creó por el anterior gobierno restando un 2% adicional a las participaciones de los municipios, “tiene consecuencias, si bien es cierto el fondo a que se hace referencia fue conformado por participaciones del municipio, lo cual se hizo sin tomar en cuenta al gobierno municipal que represento, si bien es cierto cabe destacar que la abrogación no contempla que (sic) fin se le dará a los recursos, lo cual vulnera a todas luces el artículo 115 Constitucional”.

Contrario al criterio de Sala Regional del TEPJF, consideró que la asignación de regidurías debía hacerse sin tomar en cuenta a síndico y alcaldes.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) concluyó con la resolución de las impugnaciones por las elecciones municipales y la asignación de regidurías, entre las que destacó la confirmación del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jiutepec y Cuautla, así como la asignación de una regiduría al líder estatal morenista Gerardo Albarrán Cruz en Cuernavaca.

Al resolver 47 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recursos de inconformidad, el Pleno del TEEM confirmó la validez de la elección municipal de Jiutepec y Cuautla, en la que resultaron electos alcaldes por el partido Morena, Rafael Reyes Reyes y Jesús Corona Damián.

En el tema de asignación de regidurías, el TEEM determinó modificar la integración del cabildo de Cuautla al ordenar la revocación de la constancia como regidores por el principio de representación proporcional  a Romel Santiago Galindo y Verónica Adriana Andrew Correa, de los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y entregarlas a Mario Salinas Velázquez y Dulce Justo Vergara, ambos emanados de Morena.

En el caso de Cuernavaca, ordenó revocar la constancia a Ulises Vargas Estrada e Israel Rafael Yúdico Herrera, regidores propietario y suplente del Partido Social Demócrata, y entregarla al líder estatal de Morena, Gerardo Ernesto Albarrán Cruz y a Jesús Enríquez Reyes, en calidad de regidores propietario y suplente.

En Jiutepec fue revocada la constancia como regidor por el Partido Verde Ecologista al otrora director del sistema de agua potable, Juan Carlos Beltrán Toto, y se ordenó entregarla a Luis Antonio Ramírez, de Morena.  

En Tetecala, ordenó dejar sin efecto la constancia de Alma Viceira López, de Morena, y entregarla a Lorena Ávila  Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.

En Jantetelco se ordenó retirar la constancia al independiente César Gabriel Rosas Tapia y entregarla a Gerardo Andrew, del Partido Humanista.

En Yecapixtla se ordenó revocar la constancia a Marco Sánchez González, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Gallardo Bandera, de Movimiento Ciudadano y Partido Social Demócrata, y entregarla a Karina López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, del Partido Acción Nacional.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, detalló que para la asignación de regidurías bajo los límites de sub y sobrerrepresentación que prevé la ley, el tribunal determinó como criterio excluir a los alcaldes y síndicos electos por mayoría.

Dijo que si bien parece contrario al criterio adoptado por mayoría por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF (que determinó que, como el caso de los diputados, debe incluirse en la asignación de regidurías a los ediles y síndico), en el máximo tribunal  todavía prevalece en discusión.

Al concluir con el análisis de los asuntos del proceso electoral 2017-2018, señaló que estarán pendientes de las resoluciones provenientes de instancias superiores.

En un recurso aplicable a Totolapan, la sala regional Ciudad de México ordena que se contabilice al síndico y al alcalde a la hora de calcular los porcentajes de asignación

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que, para la asignación de regidurías respetando los límites de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta a quienes ganaron la presidencia y sindicatura municipal.

Lo anterior confirma el criterio inicial utilizado por el Tribunal Estatal Electoral, que luego fue revocado por una sentencia al grado de que hace apenas unos días se reencausó la asignación de regidurías con otro criterio que no considera al alcalde ni al síndico. La decisión podría modificar el reparto en todos los municipios si los afectados recurren a la justicia.

Al resolver un grupo de juicios promovidos contra la distribución de regidurías en el municipio de Totolapan, la Sala Regional consideró que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) llevó a cabo una incorrecta interpretación de la norma, ya que estimó que las y los integrantes de los ayuntamientos que obtengan los cargos de mayoría relativa, presidencia y sindicatura, no deben ser objeto de consideración para determinar los límites de sobrerrepresentación durante la asignación de regidores.

“Lo anterior, es contrario al artículo del artículo 18 del código local que refiere que, para establecer los límites de permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación. Por tanto, al trasladar esta hipótesis a los ayuntamientos, también debía de considerarse a la totalidad de sus integrantes.

“Esto es, a las personas que fueran electas mediante el principio de mayoría relativa para ocupar la presidencia municipal y la sindicatura, así como quienes ocuparía las regidurías que habría de asignarse mediante el segundo de los principios mencionados”, sentenció.

Estableció que la finalidad de la norma es respetar los límites de sub y sobre, por lo que no es dable que se excluya a parte de sus miembros.

Por ello, ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana  para que dentro de un plazo de cinco días emita una nueva determinación respecto a la asignación de regidurías en el municipio de Totolapan y la entrega de las constancias respectivas. 

El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

Validó los criterios para concesionar el servicio de alumbrado público.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los “Lineamientos generales para regular el proceso de otorgamiento de concesiones de los servicios públicos municipales que por ley, decreto o convenio asuma la administración pública estatal”, expedidos por el gobierno anterior, con miras a concesionar el servicio de alumbrado público.

Por unanimidad, fue aprobado el proyecto propuesto por el ministro Fernando Franco González Salas, para la resolución de las controversias constitucionales 98/2017 y 98/2017, promovidas por municipios de Tlaquiltenango y Miacatlán.

En ambas controversias, los municipios argumentaron que con la expedición de los lineamientos en febrero de 2017, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se adjudicó de manera unilateral la obligación de brindar servicios públicos que corresponden a los ayuntamientos, ya que si bien el gobierno estatal sí tiene tales atribuciones, es necesario que medie solicitud del municipio al Congreso local, o se encuentre imposibilitado para ejercerlo y otorgarlo.

Los municipios actores estimaron que el acuerdo constituyó un mecanismo por el cual el gobierno de la entidad pretendió asumir la función de prestar un servicio público, y despojar a los ayuntamientos de una facultad que le está constitucionalmente reservada.

En el proyecto, se explicó que  los lineamientos impugnados fueron emitidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no con la finalidad de asumir –unilateralmente– la prestación de servicios públicos municipales, sino de fijar los lineamientos a partir de los cuales la administración pública estatal pueda concesionar los servicios públicos a cargo del municipio, una vez agotados los requisitos previstos en la Constitución federal que le permitan asumir la obligación de brindarlos a la colectividad.

“De tal manera que de su contenido no se prevé un mecanismo a través del cual el Gobernador de dicho Estado, motu proprio, desincorpore de la esfera de atribuciones de los Municipios demandantes la prestación de un servicio público, por lo que se considera infundado el concepto de invalidez respectivo”.

En otro disenso, los ayuntamientos actores arguyeron que los lineamientos reclamados contravienen lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, debido a que corresponde a los municipios regular lo concerniente a los servicios públicos a su cargo, por lo que aun tratándose del establecimiento de un procedimiento para concesionar a un particular su prestación, corresponde a los ayuntamientos su regulación, inclusive tratándose de aspectos como su concesión.

Al respecto, el Pleno de la SCJN consideró infundado el argumento, debido a que la aplicación de los lineamientos, únicamente se despliega una vez que se ha culminado con el procedimiento previsto en la Constitución Federal para que un Gobierno Estatal asuma la obligación de prestar un servicio público municipal.

A partir de que el ayuntamiento decline la prestación del servicio por medio de una petición expresa al Congreso o por medio de un convenio con el gobierno estatal, “es que se tornará obligatorio el cumplimiento de su contenido, pero hasta en tanto ello no ocurra, su sola emisión no representa el ejercicio de una facultad reservada al Municipio, al realizarse la transferencia de la obligación relatada a favor del Poder Ejecutivo Estatal, éste puede decidir, por regla general, cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio público que se le encargó administrar y ejecutar, incluyendo la posibilidad de establecer un procedimiento para concesionarlo a un particular”.

Bajo estas consideraciones, la SCJN consideró que no existe invasión a la esfera de competencia municipal y declaró la validez de los lineamientos.

Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.

Morena, el partido más beneficiado con el cambio en el esquema para otorgar a partidos esas posiciones; antes llegó a estar en minoría en municipios en los que había ganado arrolladoramente.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos realizó modificaciones a la integración de los Cabildos de siete municipios y confirmó los resultados en dos más.

Al resolver un total de 35 recursos de impugnación relacionados con el resultado de las elecciones municipales y la distribución de las regidurías de representación proporcional, el Pleno del TEEM confirmó los resultados de la elección municipal de Jonacatepec y Axochiapan, así como realizar cambios en la asignación de escaños en los Cabildos de Mazatepec, Tepoztlán, Jojutla, Huitzilac, Temixco, Yautepec y Temoac.

En el caso de Yautepec, el TEEM ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), cancelar las constancias como regidores electos por el principio de representación proporcional a Fernando Juárez Ruiz y Evangelina Pallares, del Partido de Trabajo, y a la candidata independiente María Isabel Ramírez Carillo.

En consecuencia, ordenó entregar la constancia a Sergio Vences Avilés y Avelardo Arias Carreño, por el PRD, a Marco Antonio Mora Velázquez y Alfonso Morales Fuentes.

En el caso de Temixco, ordenó cancelar la constancia como regidora a Damiris Romero Hernández, del Partido Encuentro Social, y entregarla a Eustolio Pani Barragán, de Morena.

En Huitzilac, canceló la constancia a Mauro Acosta Rojas y ordenó entregarla a Mario Oliveros García, de Morena. En el caso de Jojutla, ordenó cancelar la constancia de regidor al también excandidato independiente a la alcaldía, Carlos Alberto Brito Ocampo, y entregarla a Ana Lilia Tovar Morales, de Morena.

En Mazatepec, se retiró la constancia como regidores a Norma Toledo Hernández e Iván Orteaga Hernández, de los partidos Encuentro Social y Humanista, respectivamente, y se ordenó su entrega a Roxana Aguilar Mejía y Jonathan Ochoa Limón, del PRI.

En Tepoztlán, canceló las constancias entregadas a Miguel Ángel Villamil y Eduardo Hernández Jacobo, del PRI y el PES, respectivamente, y ordenó entregarlas a César David Rivera Sánchez y Juanita Elizabeth Olamendi Lagunes, ambos de Morena. Mientras que en Temoac, ordenó retirar la constancia a Aarón Aguilar Linares, de Morena, y entregarla a Isauro Ramírez Rosales, del Partido Verde Ecologista.  

Las modificaciones legales fueron realizadas hace tres años por el Congreso local; el veto fue aplicado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el veto aplicado por el Poder Ejecutivo de Morelos a las reformas legales realizadas hace tres años por el Congreso local, en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Primera Sala de la SCJN declararon procedente, pero infundada, la controversia constitucional 14/2016, promovida por la anterior administración, encabezada por el otrora gobernador Graco Ramírez, y ordenó concluir con el procedimiento legislativo, es decir, con la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las reformas a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que puedan entrar en vigor.

La disputa legal surgió en diciembre de 2015, con el rechazo de la Comisión de Equidad de Género del Congreso a las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa”, y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto y, a su vez, promovió ante la SCJN la controversia constitucional a través de la cual se le concedió la suspensión al Poder Ejecutivo para no acatar la orden de publicación del Congreso de las reformas en cuestión.

El magistrado electoral rindió su informe de labores y entregó la presidencia a Carlos Puig.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado acusó al ex gobernador Graco Ramírez y los diputados de la extinta LIII Legislatura de intentar debilitar al órgano jurisdiccional, y afirmó que a pesar de la auditoría extraordinaria, ordenada por el Congreso en medio de los comicios, el tribunal no tuvo más que tres observaciones que ya fueron solventadas.

Al rendir su informe de actividades y concluir su periodo como presidente del TEEM, señaló que el tribunal enfrentó una fuerte embestida política, al ver reducido su presupuesto anual de 41.5 a 18 millones de pesos.

Además, recordó que con la intención de controlar e intimidar al órgano jurisdiccional, la anterior legislatura ordenó a la entidad de fiscalización realizar una auditoría extraordinaria, pese a que a que el tribunal se encontraba en plena proceso electoral, sustanciando los diversos recursos de impugnación.

“El mensaje era claro, debilitar a nuestra institución y poner en riesgo la impartición de justicia y el proceso electoral. Nos defendimos por la vía del derecho e interpusimos sendos juicios para proteger la independencia y autonomía del tribunal”, dijo.

Precisó que al concluir la auditoría, sólo resultaron tres observaciones que fueron inmediatamente solventadas y se comprobó que los recursos fueron aplicados adecuadamente.

Previó a la entrega de la presidencia del TEEM a su homólogo Carlos Alberto Puig Hernández, informó que en total se presentaron 566 recursos impugnación durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales sólo restan 95 juicios por resolver a más tardar 15 octubre y que están vinculados a las elecciones municipales.

Agregó que 99.9% de las resoluciones fueron por unanimidad del Pleno y el 96.2% de las sentencias del TEEM fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Costó más de cien millones de pesos y tiene goteras y fallas en el sistema eléctrico.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, confirmó que existen inconsistencias en la construcción del edificio de la Ciudad Judicial y sostuvo que no habrá firma de entrega recepción de la obra, hasta que se subsanen las deficiencias o se haga efectiva la fianza por vicios ocultos.  

“Nosotros no hemos firmado, como tal, los contratos de entrega recepción, aunque tenemos nosotros el inmueble, hay situaciones en las cuales nosotros no estuvimos de acuerdo e hicimos las pertinentes observaciones. Y estamos hablando con la nueva administración para hacer lo propio y que nos entreguen todo, sobre todo por la garantía, por el seguro de vicios ocultos”, expresó.

Dijo que espera que la mudanza a Ciudad Judicial, ubicada en el municipio de Xochitepec, pueda realizarse lo más pronto posible, pero esto implicará detectar posibles fallos, una vez que el edificio esté en operación.

“Nosotros apenas vamos a llegar y tendremos que ver qué es lo que se encuentra correctamente y qué es lo que no, y en su momento nosotros (los reclamos) lo haremos en las instancias correspondientes”, precisó.

Entre las deficiencias detectadas, destaca la filtración de agua en varias áreas del edificio debido a la defectuosa impermeabilización, y fallos en las instalaciones eléctricas y luminarias. Estas deficiencias, harían inoperables las instalaciones, en virtud de que tanto las salas de juicios orales, así como las oficinas de funcionarios judiciales y administrativas, tienen como principal herramienta los equipos electrónicos de cómputo, audio y video.

En agosto de 2016 el gobierno de Morelos asignó la construcción de la Ciudad Judicial a la empresa  Natura Ingeniería S.A. de C.V., bajo el contrato SOP-SSESO-DGLCOPA.D.-058/2016. La obra tendría un costo superior a 104 millones de pesos y estaría lista en 350 días naturales.

En la penúltima supervisión realizada por la Secretaría Obras estatal a finales de 2017, se estimaba que principios de 2018 iniciaría la operación de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, pero hubo retrasos.

Según el proyecto, el inmueble contará con tres niveles, un área para recibir a los imputados, ocho salas para juicios orales en materia penal, salas de espera y 14 oficinas para magistrados y jueces.

El proyecto de la Ciudad Judicial estatal, que estará junto al Centro de Readaptación Social Morelos en la comunidad de Atlacholoaya, fue elaborado por alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UAEM. La idea de edificarla junto al centro de reinserción social fue para evitar el traslado de reos, además de disminuir riesgos y costos.

La Barra de Abogados señala que hay dudas sobre la aplicación de recursos durante la gestión anterior.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, llamó al nuevo comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a realizar una auditoría al sistema de seguridad, porque hay dudas sobre la aplicación de recursos.

Señaló que es notable la falta de elementos en los municipios y ciudades de la entidad para garantizar el servicio de seguridad pública, además de que las Policías locales carecen de armamento adecuado y la administración saliente dejó grandes pendientes, como la promesa de mejorar y homologar salarios de los agentes.

Dijo que las deficiencias con las que opera el sistema de seguridad dejan en entredicho que el presupuesto asignado a la seguridad pública fuera utilizado adecuadamente, pero la única forma de saber si el recurso fue aplicado o no, es con una auditoría profunda.

“Solamente se desvió el recurso que era para los municipios y él (el excomisionado Alberto Capella) lo absorbió, pero en ningún momento vimos la aplicación del mismo. Ya llegó el vicealmirante (Ortiz Guarneros). Esperamos también una auditoría para ver que el recurso haya llegado tal cual, porque sí fue bastante la cantidad que se estuvo destinando para el rubro de seguridad pública”.

Explicó que hay municipios resguardados por un pequeño grupo de policías y en las grandes ciudades también hay deficiencia en el número de elementos para proporcionar el servicio de seguridad pública.

“Esperemos que haya documentos que puedan acreditar el valor de las cosas que se hayan comprado. Puede ser en tecnología, armamento, vehículos. Pero que se vea con nota contra la cantidad que se gastó y que sea coherente, porque también pueden poner una nota inflada, cuando sabemos el costo de cada cosa y cuánto es”, afirmó.

Su padre asegura que hay más implicados en la red en la que figuran trabajadores de la Fiscalía y del TSJ

Familiares de Tonatiuh Tlalapango Flores, el joven secuestrado y asesinado por empleados del Poder Judicial del estado, marcharon este domingo para exigir justicia, a dos años del terrible crimen.

Decenas de amigos y familiares encabezados por el padre del joven, Fabián Tlalapango Carrasco, caminaron desde la iglesia de El Calvario hasta el Centro de Cuernavaca para exigir a las nuevas autoridades que intervengan para acelerar las investigaciones, que implican a más personas, además de los tres detenidos y procesados por el asesinato de Tonatiuh.

“Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Tonatiuh, secuestrado y asesinado por, como todo mundo lo sabe, por personal en ejercicio de funciones del Tribunal Superior  de Justicia y del Poder Judicial. Se cumplen dos años y es nuestra manifestación porque a dos años no hemos tenido respuesta, sigue el caso parado”, dijo el padre de la víctima, quien también se ha unido a colectivos de víctimas para exigir que los casos avancen en la fiscalía y en los juzgados.

“No hay resultados. Hemos insistido mucho, hemos sido muy necios en ese aspecto, sin embargo, entendemos la actitud de la Fiscalía, en particular de la UECS, pues ha tenido, en el sexenio pasado tuvo la bendición, tuvo línea, consideración, consideraciones excéntricas, entonces, por eso entendemos el actuar de la Fiscalía, las omisiones, la negligencia por contar con ese tipo de consideraciones.

“A Cuauhtémoc Blanco y al nuevo Congreso les diría que por favor trabajen en desatorar esos acuerdos que hicieron en lo oscurito, esos acuerdos malandros, para que podamos nosotros ser escuchados y tener justicia”, expresó.

Dijo que entre los pendientes que dejó el gobierno de Graco Ramírez está la justicia para las familias de las víctimas y uno de los casos emblemáticos es el de Tonatiuh, pues las investigaciones que realizó la propia familia arrojaron que sus plagiarios y asesinos, quienes eran servidores públicos en los poderes Judicial y Ejecutivo de Morelos, pudieron utilizar sus cargos para cometer el crimen.

De acuerdo con las investigaciones de Fabián Tlalapango, las tres personas detenidas por este caso cometían sus actos criminales presuntamente protegidos por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.

El exalcalde de Zapata, Carlos Eduardo Martínez Varela, y quien fuera su tesorera fueron condenados a cinco años de prisión y a ser inhabilitados por el mismo periodo

Una denuncia de un particular terminó en la sentencia que el exedil trata de echar abajo

Por desacato a una ejecutoria de amparo, el exedil y la extesorera del municipio de Emiliano Zapata fueron condenados a prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de cinco años.

Recientemente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa negó la protección de la justicia federal al ex presidente municipal, Carlos Eduardo Martínez Varela, al resolver el amparo en revisión 107/2018, en el que el exalcalde impugnó la sentencia de cinco años de prisión e inhabilitación dictada por el juez de distrito en la causa penal 60/2015, que se inició por orden del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2015.

Además, se le impuso una multa de cien días al resultar penalmente responsable del delito de desacato a una ejecutoria de amparo, toda vez que Martínez Varela fue señalado como autoridad responsable en el amparo promovido por un  particular que reclamó la devolución del monto pagado a la comuna por concepto del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes (ISABI), pero que el ayuntamiento de Emiliano Zapata no pudo pagar con el argumento de que no existían recursos para cumplir con el mandato judicial.

El exalcalde promovió diversos medios de defensa pero, finalmente, el tribunal colegiado resolvió negarle el amparo, por considerar “inoperantes por inatendibles los motivos de inconformidad”.

La misma suerte corrió la extesorera Liliana García Ortega, quien también fue condenada a la misma pena.

Ambos exfuncionarios municipales también quedaron suspendidos de sus derechos políticos, y hace unos días el Tribunal Superior de Justicia dio a conocer que debido a la condena que dictó el Juzgado Quinto de Distrito y la negativa de amparo del tribunal colegiado, quedan impedidos para ocupar el cargo de tutor, curador, defensor, albacea, apoderado, depositario o interventor judicial. 

Se reincorporan a la CES áreas como la Coordinación Estatal de Reinserción Social.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, que permitirá al nuevo gobierno crear nuevas áreas y fusionar secretarías.

La nueva legislación, que entró en vigor este 5 de octubre, instaura, en superior jerarquía a la Secretaría de Gobierno, la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado, que encabezará José Manuel Sanz Rivera.

Se fusionan dependencias para crear la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, y la Secretaría de Turismo y Cultura, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se incorporará a los programas nacionales de salud en el campo de asistencia social.

También se reincorporan a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Coordinación Estatal de Reinserción Social y el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana.

La nueva ley obligará a las nuevas autoridades a reorganizar la estructura orgánica de la administración estatal, así como crear, fusionar o disolver las áreas o unidades administrativas necesarias, realizando las adecuaciones presupuestales necesarias.

De acuerdo con las disposiciones transitorias del decreto de ley aprobado por los diputados por mayoría, la fusión de dependencias no afectará  los derechos adquiridos por los empleados gubernamentales.

Las Secretarías de Hacienda, de la Contraloría y de Administración tendrán un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la  nueva ley, para realizar la transferencia de recursos humanos, materiales, organizacionales, financieros, presupuestales y demás que resulten necesarios por los cambios de la misma.

También, dentro de un plazo de 30 días hábiles, deberán realizar las adecuaciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones.

El defensor de los derechos humanos determinó que el joven perdió la vida a manos de la corporación y sus familiares deben ser indemnizados.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) otorgó el reconocimiento de víctimas a la familia del joven Erwin Altamirano Delgado, quien tras ser detenido por elementos del Mando Único en Cuernavaca, falleció en los separos policíacos, tras presuntamente haber sido golpeado.

Tras el deceso de Erwin, ocurrido la tarde del 28 de febrero de 2017, su familia inició una queja ante el organismo, ante la certeza de que su muerte fue producto de una severa golpiza que le propinaron los elementos policiacos, debido a los moretones que presentaba el cuerpo.

En contraste, la fiscalía, en versiones contradictorias, aseguró que el deceso fue causado por una úlcera, o por un infarto al miocardio, asociado al consumo de marihuana, pese a que las pruebas toxicológicas practicadas al cuerpo resultaron negativas.

Incluso, el pasado mes de junio un juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reabrir la investigación sobre la causa de muerte del joven Erwin Itzael Altamirano Delgado, ya que la actuación de la fiscalía fue deficiente y no había seguridad sobre qué originó la muerte del joven de 28 años.

En su investigación e integración del expediente de queja, la CDHEM detectó más anomalías, ya que en los informes oficiales fueron contradichos con otras informaciones que presumen que Erwin no falleció en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, sino que fue trasladado a las instalaciones policíacas ya sin vida.

Los cinco elementos involucrados directamente en los hechos, se encuentran en libertad, debido a las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, además de que sigue en duda la causa de la muerte, pues en la necropsia sólo se señaló un infarto al miocardio. 

Ante ello, la CDHEM, con base en las facultades que le otorga la Ley Estatal de Víctimas, emitió la recomendación dirigida al gobierno estatal, la Comisión Estatal de Seguridad, el alcalde de Cuernavaca y a la Fiscalía General del Estado, para que otorgue la reparación integral del daño a las víctimas indirectas; se otorgue una disculpa pública, mediante la cual se reconozca su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Erwin Altamirano y su familia; se impartan cursos de capacitación en derechos humanos; se integren debidamente los procesos penales y administrativos para fincar responsabilidades; se garantice el buen funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y se proporcione atención médica a las personas privadas de su libertad.

Pero también fijó las cantidades que cada uno de los deudos de Erwin deberán, como mínimo recibir, para la reparación del daño: a su hija menor se le deberá indemnizar por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos, a su concubina por un monto de 2 millones 94 mil 920 pesos, a la madre de Erwin por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos y a la abuela de Erwin por un monto de  1 millón 309 mil 345 pesos

Además, a la menor se le deberá proporcionar la atención médica que requiera con carácter vitalicio; y acceso a servicios de educación acordes a sus necesidades particulares, debiendo otorgarle a la menor una beca para continuar sus estudios, así como preparación para el trabajo y formación profesional. 

Las autoridades implicadas en la recomendación cuentan con plazo de 10 días, a partir de su notificación, para responder por cuanto a la aceptación o no de la presente recomendación y un plazo similar para iniciar con la presentación de pruebas de cumplimiento. 

En los terrenos están ubicadas actualmente la Central de Abastos de Emiliano Zapata y una unidad habitacional.

El gobierno de Morelos deberá pagar una indemnización millonaria a un particular que demandó la restitución de los predios donde actualmente se asientan la Central de Abastos de Emiliano Zapata y una unidad habitacional, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el cumplimiento sustituto de un juicio de amparo.

De acuerdo con el proyecto del ministro ponente Eduardo Medina Mora, el 26 de agosto y 1 de octubre de 1992 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, los decretos mediante los cuales se expropiaron por causa de utilidad pública dos superficies de temporal de uso común de terrenos ejidales del poblado “Emiliano Zapata”, del municipio del mismo nombre, a favor del Gobierno del mismo Estado, para la construcción en esos predios de la Central de Abastos, servicios conexos y complementarios en la zona conurbada de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata.

El particular Camilo Orozco Jiménez, y luego su sucesión, promovió un juicio de amparo en contra de la expropiación y obtuvo la protección de la justicia federal, cuya resolución fue modificada a través de un recurso de revisión en el que un tribunal colegiado señaló que la concesión del amparo no implicaba, necesariamente, la desincorporación de dicha superficie de lo expropiado, sino en la medida de las atribuciones y facultades, las autoridades responsables deberían tomar providencias para restituir a la sucesión del goce de sus derechos patrimoniales, incluso, mediante indemnización.

Tras un largo litigio, el 30 de junio de 2016 el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos determinó que el monto de la indemnización a la parte quejosa era de 14 millones 434 mil 710 pesos con 17 centavos.

Sin embargo, la resolución fue impugnada por el gobierno de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el gobierno federal y la parte quejosa, y finalmente el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, ordenó al juez de distrito que dejara sin efecto la resolución recurrida a fin de que sustanciara el procedimiento de cumplimiento sustituto.

En consecuencia, el Pleno de la SCJN resolvió debido a la imposibilidad de restituir la superficie reclamada y, dado “que se podría afectar de manera relevante el interés social y el orden público en mayor proporción que los beneficios económicos que se pudieran obtener por parte de la parte recurrente, en caso de que se restituyera el bien inmueble, dado que aquí está construida la central de abastos y, además, una unidad habitacional, por lo que debe declararse procedente el cumplimiento sustituto de este fallo protector y, por tanto, devolver los autos al juez de distrito a efecto de que tramite el mismo, el incidente innominado, conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, determine el monto que deba pagarse a la quejosa por concepto de daños y perjuicios y actúe en consecuencia.

Por lo tanto, el particular deberá ser indemnizado económicamente con una cantidad que no debe ser inferior a la inicialmente propuesta.

La Central de Abastos de Emiliano Zapata (CAEZ) fue construida hace más de 20 años sobre una superficie aproximada de 14 hectáreas, de las cuales tan sólo el 33% de la superficie se encuentra techada, y el restante 67% se encuentra destinada a la zona de vialidades, patios de maniobras, áreas de estacionamientos, de servicios, entre otros.

El proyecto tuvo como finalidad el reordenamiento del abasto de productos de la zona metropolitana de Cuernavaca y propiciar el comercio con otras entidades. Esto detonó el crecimiento rápido de la zona con comercios, centros educativos y construcción de vivienda en sus alrededores.

La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, llamó a unir esfuerzos para atender a la población adolescente, ya que no sólo enfrenta un mundo lleno de desigualdad y exclusión, sino que sufren exclusión familiar y abandono.

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el TUJA y el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac), destacó que muchos de los menores en conflicto con la ley están solos, abandonados y haciendo frente a la justicia por su responsabilidad en la comisión de una conducta antisocial.

Tras recordar el 50 aniversario de la matanza de estudiantes a manos del Ejército por orden presidencial, Pérez Güemes resaltó que medio siglo después, “no podemos todavía hablar de una democracia plena, en un país en donde un porcentaje importante de la población adolescente sigue careciendo de desigualdades, de exclusión, no sólo en lo social, sino lo que es peor, de la exclusión familiar, y como diría el doctor Kuri, psicólogo de este tribunal, un abandono físico y emocional”.

“En nuestro  México sigue pendiente el contar  con herramientas efectivas, para lograr la realización de sus derechos elementales, pues de nada sirve que se encuentren previstos en nuestra Constitución,  si no se cuenta con los medios idóneos para hacerlos efectivos”.

“A esto nos dedicamos todos los días en este tribunal, a adolescentes que careciendo de todo, enfrentan casi en soledad a un Estado que busca responsabilizarlos de sus conductas, pero también resarcir el daño causado a las víctimas”, señaló. 

Sostuvo que para que el sistema funcione, es necesario que los involucrados adquieran conocimiento sobre las causas multifactoriales que inciden para que los adolescentes cometan conductas antisociales, así como su desarrollo cognitivo conductual y las condiciones sociales que influyen.

Destacó que aun cuando la especialidad en justicia para adolescentes es un mandato constitucional, no existe en el país una oferta adecuada de especialización para los profesionales que intervienen en el proceso socioeducativo de los menores en conflicto con la ley.

Ante este deficiencia, señaló que la intención del TUJA de vincularse con instituciones académicas, es  compartir la experiencia adquirida en estos 10 años de labor jurisdiccional, a través de la organización de diversas actividades, cursos y diplomados para formar y capacitar no sólo a los impartidores de justicia, secretarios, ministerios públicos, defensores, y centros de ejecución de medidas para adolescentes, sino también a  trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y policías, ya que como operadores del sistema intervienen en las distintas fases.

Pide al Ejecutivo que designe un enlace para establecer diálogo.

La Fiscalía General del Estado espera que la nueva administración estatal designe a su enlace para que, en virtud de la autonomía de la que goza la institución, se establezcan vías de diálogo con las nuevas autoridades para la adecuada impartición de justicia.

A través de un comunicado, la FGE, cuyo titular estuvo ausente en la toma de protesta del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio a conocer que espera conocer quién será la persona responsable de la vinculación con la fiscalía para trabajar en el tema de justicia.

“Hasta el momento no se ha establecido de manera oficial el enlace por parte del gobierno del estado con la Fiscalía General que cuenta con la autonomía constitucional, sin embargo, esta institución está abierta y receptiva a la comunicación y a la coordinación que corresponda en el ámbito de su competencia”.

“Es importante destacar, que el trabajo realizado en la Fiscalía General es absolutamente comprometido con la sociedad, y sólo como representante de los intereses jurídicos de la población, de ninguna forma obedece a líneas de acción o intereses de grupos o personas, ni se establece a partir de ninguna ideología o partidismo, por lo que el trabajo que pueda realizarse en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado es y será con claridad y transparencia”, resaltó el comunicado, tras las especulaciones que vinculan al fiscal estatal Uriel Carmona Gándara como compinche del exgobernador Graco Ramírez.  

La FGE llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a continuar con el trabajo conjunto para entregar resultados positivos a la sociedad desde las distintas esferas de atribuciones, y con el único objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo de las familias en el estado de Morelos.

Pugna por la liberación de 3.5 millones de pesos para pagar pensiones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Poder Ejecutivo estatal libere 3.5 millones de pesos de los casi siete millones que etiquetó el Congreso local para el pago de un bloque de decretos pensionarios de trabajadores judiciales en retiro.

En la recta final del gobierno de Graco Ramírez, la magistrada presidenta del TSJ, Verónica Cuevas López, ingresó a la SCJN un oficio por el cual solicitó al máximo tribunal del país “requerir al Poder Ejecutivo de la entidad que libere los recursos a que se refiere el oficio SH/01355-4/2018”, ya que en las sentencias de diversas controversias constitucionales relacionadas con el pago a trabajadores judiciales jubilados, no se vinculó al gobierno estatal para hacer las transferencias al Poder Judicial.

Los recursos que refiere Cuevas López son los que el Congreso local aprobó para pagar un bloque de 22 decretos pensionarios, sin embargo, la Secretaría de Hacienda estatal, dirigida hasta hace unos días por Jorge Michel Luna, sólo liberó la mitad de los recursos autorizados y, aun cuando los trabajadores beneficiarios reciben ya de manera regular sus pensiones, no existe de nuevo más recurso para hacer frente a los pagos subsecuentes, lo que obliga al TSJ a tomar recursos “no etiquetados” para no suspender las pensiones.

Incluso, en el proyecto de presupuesto propuesto para el 2019, el TSJ solicitó una partida de más de 119 millones de pesos para pagar la nómina de 309 jubilados, más 166 millones de pesos adicionales para pagar los decretos jubilatorios, tras la resolución de decenas de controversias constitucionales. 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas, afirmó que buscará negociar con la nueva administración estatal los recursos suficientes para el pago de las pensiones a trabajadores judiciales jubilados.

En una breve entrevista, la representante del Poder Judicial confió en que el diálogo con el nuevo gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco pueda dar resultados positivos para atender varios asuntos inherentes a la administración de justicia.

“Habrá coordinación entre los poderes por el bien de nuestro estado. Tenemos que caminar coordinadamente y con ese diálogo, con esa comunicación, para que puedan salir los temas que tenemos pendientes”, dijo.

Uno de los temas que abruman al Poder Judicial es justamente la falta de recursos para hacer frente al pago de pensiones de los jubilados, ya que la anterior legislatura aprobó decenas de decretos pensionarios, pero sin establecer partidas presupuestales para este fin, lo que motivó sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia que, en términos prácticos, ordenó dotar al TSJ de los recursos para solventar su obligación laboral.   

Y es que, si bien, la Corte estableció que el Poder Legislativo tiene la obligación de establecer una partida para el pago de los decretos jubilatorios, toca a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo liberar recursos para este objetivo.

Incluso, el TSJ -hace un par de semanas- pidió a la SCJN vincular al Poder Ejecutivo para la liberación de recursos adicionales para el pago de jubilaciones, ya que en las sentencias de diversas controversias constitucionales se ordenó al Congreso etiquetar recursos, pero se omitió especificar la responsabilidad del gobierno estatal.

Por ello, Cuevas López consideró necesario establecer una vía de diálogo con la nueva administración estatal para que, en los mejores términos, se puedan lograr los recursos que se necesitan para cumplir con el pago que les corresponde a los trabajadores judiciales en retiro.

Están vigentes reformas a la Ley de Protección contra la Exposición del Humo del Tabaco del Estado de Morelos

Por disposición legal, quedó prohibido que los adultos fumen dentro de los vehículos cuando viajen en compañía de menores y que los automovilistas distraigan su atención del volante por el cigarrillo.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma a la fracción XII y adición de la fracción XIII al artículo 11 de la Ley de Protección contra la Exposición del Humo del Tabaco del Estado de Morelos.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, quedó prohibido fumar “dentro de cualquier tipo de vehículo automotor en compañía de menores de edad”, y “tratándose de vehículos de uso particular, únicamente les será aplicable lo dispuesto en la fracción I, del artículo 28 de la presente ley, así como lo establecido en el Reglamento para el caso específico”.

En el primer caso, será factible imponer sanciones que van desde la amonestación, una multa o, en caso de reincidencia, un arresto administrativo, ya que se producen afectaciones a la salud de los infantes; y en el segundo caso, los automovilistas sólo podrán ser amonestados.

En la modificación legal, el legislador consideró que la intención está encaminada a la salvaguarda de la salud de los menores, y que los automovilistas concentren su atención en la conducción del vehículo, ya que generalmente los fumadores, al manejar, se distraen para cuidar que no se les caiga el cigarrillo o sus cenizas dentro del automotor.

Ambos decretos de jubilación y otros más, considerados como “pensiones doradas”, fueron aprobados por la anterior legislatura durante los últimos días de su gestión 

Jorge Michel Luna y Beatriz Ramírez Velázquez obtuvieron su jubilación como secretarios de despacho en la recta final del gobierno de Graco Ramírez, al publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” sus respectivos decretos de retiro.

Michel Luna, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda, cesó sus funciones el 27 de septiembre al entrar en vigor su decreto jubilatorio, en el que la anterior legislatura aprobó una jubilación del 70% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales, es decir, poco más de 37 mil pesos mensuales.

El monto de la pensión otorgada, según el decreto, obedeció a que en su solicitud de retiro el ex secretario de Hacienda comprobó que laboró de  manera interrumpida para la administración pública un total de 24 años con cuatro meses y cinco días.

En los mismo términos fue aprobada la jubilación como secretaria de Educación a Beatriz Ramírez, quien también cesó funciones el pasado 27 de septiembre, tras la publicación de su decretó de retiro en el que se le concedió una pensión al 90% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales vigentes, es decir, de casi 48 mil pesos mensuales.

Lo anterior, al haber presentado en su solicitud documentación para acreditar que laboró, de manera interrumpida, en la administración pública un total de 26 años y dos meses.

Estos decretos y otros más, considerados como “pensiones doradas”, fueron aprobados por la anterior legislatura, quien envío los decretos al Poder Ejecutivo estatal para su publicación en el órgano oficial de comunicación y, en el caso de los secretarios de despacho, fueron recientemente publicados en el ocaso de la administración de Graco Ramírez.

Los actuales diputados tienen en la mira la revisión de un paquete de decretos jubilatorios, ante la sospechas de que una parte no cumplió con los requisitos de ley y, en algunos casos, se presume que se integró documentación apócrifa u obtenida de manera ilegal.

Se crearán el Instituto de Procuración de Justicia, un patronato y comités de adquisiciones, entre otras instancias.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor los nuevos reglamentos internos de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo cuales prevén la creación de varias instancias como el Instituto de Procuración de Justicia, un patronato y comités de adquisiciones.

De acuerdo con la justificación, ambas normatividades fueron expedidas acorde a la reforma constitucional que recientemente otorgó autonomía constitucional y financiera a la fiscalía general.

Una de las novedades es la creación del Instituto de Procuración de Justicia como centro de formación de los agentes, elementos de la Policía de Investigación Criminal y peritos, el cual tendrá su propio estatuto y reglamento, así como manuales y temarios de los cursos, seminarios, talleres y demás eventos académicos que en él se impartan.

El titular del nuevo instituto será nombrado y removido libremente por el fiscal general y deberá ser una persona especializada en la docencia e investigación y, de preferencia, que haya tenido experiencia en institutos policiales o ministeriales de alguna institución federal o estatal.

De igual forma, la persona titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, que anteriormente estaba adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad, será nombrada y removida libremente por el fiscal estatal.

Se instituye el Comité de Adquisiciones y el Patronato de la Fiscalía General, que tendrá entre sus funciones la conformación de redes ciudadanas que coadyuven en el desarrollo de las actividades de asistencia social, en virtud de que en recientes reformas legislativas fueron trasladados a la jurisdicción de la fiscalía los centros de asistencia social adscritos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.

Respecto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se prevé la creación de la Unidad de Medios de Comunicación y Redes Sociales, con el fin de establecer una permanente comunicación con los sectores públicos y privados en lo referente a la imagen, percepción y actividades de la Fiscalía.

También se crea la Vicefiscalía Anticorrupción Adjunta, que tendrá bajo su mando y dirección a las Fiscalías de Delitos Diversos, como unidades novedosas cuya creación surge de las amplias experiencias adquiridas desde la entrada en funciones de la Fiscalía.

Se instituye la Coordinación General Jurídica, encargada –fundamentalmente- de la representación legal y atención de asuntos jurídicos distintos a las labores sustantivas y administrativas de la Fiscalía, a efecto de no distraer a las personas titulares de esas actividades con asuntos de orden jurídico y constitucional que requieren atención por separado, incluso, en tribunales y oficinas dentro y fuera de la entidad, entre otras atribuciones que se encuentran asignadas, como las que en su caso sean requeridas acordes a esa unidad administrativa.

Asimismo, el Servicio de Carrera -para el personal que labora en la referida Fiscalía Especializada- se vincula con lo establecido en la FGE.

Organizaciones sociales y empresariales se pronuncian también por consolidar los mecanismos de participación ciudadana y abrir el diálogo con las nuevas autoridades.

Organizaciones sociales y empresariales formaron el “Colectivo Morelos Participa” para insistir en la reincorporación al marco normativo de la figura de revocación de mandato, consolidar los mecanismos de participación ciudadana y abrir el diálogo con las nuevas autoridades.

Agrupaciones como Coparmex Morelos, Morelos Rinde Cuentas, Observatorio Ciudadano de Morelos, Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos y Observatorio de Ciudadanos Participativos, se sumaron a este colectivo para evitar que se coarte la posibilidad de que los morelenses participen de forma abierta y crítica en la toma de decisiones de los distintos entes públicos.

El colectivo se planteó seis objetivos, entre los cuales figura consolidar la participación colectiva de las organizaciones de la sociedad civil; presentar ante el Congreso local una iniciativa para adicionar la Ley de Participación Ciudadana, para exigir la simplificación de los mecanismos de participación ciudadana y la reincorporación de la figura de revocación de mandato, que fue abrogada por la anterior legislatura; eficientar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana bajo los criterios de exigibilidad y obligaciones expresas de los servidores públicos; y promover que las instituciones públicas cumplan con la rendición de cuentas y el principio de máxima publicidad. 

El colectivo enfatizó que es deber de la sociedad civil organizada abonar al restablecimiento del tejido social y a incentivar la participación ciudadana, por lo que conminó a los diputados, al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, a los próximos integrantes de su gabinete, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y a las distintas facciones partidistas, a que abran el diálogo y sumen sus esfuerzos para fomentar de forma eficiente la participación de los ciudadanos y los distintos organismos de la sociedad civil, que son en esencia los sujetos activos de la actividad estatal, pero -sobre todo- los protagonistas de cualquier ejercicio legítimo de democracia y soberanía.

Denuncian presuntos malos tratos y el suministro de alimentos en mal estado.

Un grupo de internos de la cárcel distrital de Jonacatepec se cosieron los labios en protesta por presuntos malos tratos y restricciones que las autoridades penitenciarias impusieron para obtener la certificación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) del centro de reclusión.

Las autoridades penitenciarias no hicieron pronunciamiento alguno sobre la protesta, sin embargo, a través de familiares de internos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se confirmó que al menos ocho reos decidieron coser sus labios como medida de presión para cambiar las reglas que les fueron impuestas y denunciar presuntos malos tratos de custodios y el suministro de alimentos en mal estado.

Tras la intervención del personal del organismo, los internos se quejaron de que a partir de la certificación de la ACA, se prohibió a los familiares ingresar alimentos y herramientas de trabajo, así como acusaron que se les sirven alimentos en mal estado.

La CDHEM entrevistó al personal médico, jurídico y administrativo del centro penitenciario, así como supervisó la preparación de alimentos y no encontró ninguna anomalía, pero los reos insistieron en que no siempre es así.

Los internos desistieron de la protesta y fueron atendidos por el personal médico. El acuerdo final fue mejorar la calidad de alimentos, además de que las visitas ingresen alimentos y herramientas.

Además fue relevado el director de la cárcel, Miguel Ángel Calvo Barragán, y en su lugar quedó Hugo Silva Solórzano.

La designación de Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo obedece a intereses de la actual administración estatal.

Dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se encuentran en la mira del Congreso local, no sólo por los señalamientos de la Secretaría de la Contraloría, sino porque la anterior legislatura realizó maniobras legales para garantizar que Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo conservaran su adscripción a las salas especializadas en responsabilidades administrativas y el control de la presidencia del tribunal.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, se pondrá a discusión una posible revisión a las actuaciones particularmente de ambos magistrados, ante las sospechas de irregularidades o negligencia en el desempeño del cargo, luego de que la directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruedas Zacarías, se reunió con el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, para exponer la protección a funcionarios corruptos desde el TJA y los obstáculos jurisdiccionales que enfrenta para imponer sanciones.

Según las fuentes consultadas, también podría ser motivo de discusión en el Congreso la reforma que la pasada legislatura realizó a la Ley de Justicia Administrativa el 29 de agosto, cuando los anteriores diputados fracasaron en su intento por designar a dos nuevos magistrados del TJA, debido a una suspensión federal concedida a un litigante que impugnó la convocatoria para los nombramientos.

Y es que en los artículos transitorios de la reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 31 de agosto, los otrora diputados garantizaron a los “magistrados carnales” mantener su adscripción a las salas especializadas y el control de la presidencia del TJA.

En el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa se estableció que el magistrado presidente del TJA será electo con el voto de al menos cinco de los magistrados y durará en el encargo dos años.

Pero en los artículos transitorios tercero y cuarto de la reforma, los anteriores diputados establecieron que partir del 1 de enero de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2020, asumirá la presidencia del tribunal el titular de la Cuarta Sala, Manuel García Quintanar, quien -antes de asumir la magistratura- fungía como coordinador general de asesores de la Secretaría de Gobierno durante el gobierno de Graco Ramírez, era militante del partido Movimiento Ciudadano y colaborador cercano del exdiputado y exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 asumirá la presidencia el titular de la Quinta Sala, Roque González Cerezo, militante panista y quien -previo a su designación- se desempeñaba como funcionario legislativo. Hasta el 1 de enero de 2023 la elección de la presidencia será conforme a lo previsto en la ley.

Ambos magistrados, cuya designación en su momento fue considerada “a modo” del gobierno en turno, podrán permanecer en su adscripción a las Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas durante nueve años o lo que dure su encargo.

Ante la denuncia de la funcionaria de la Secretaría de la Contraloría y estas reformas legislativas, es que el Congreso analiza la situación en el TJA.

Como respuesta a las acusaciones de un diputado, evidencia negligencia de magistrados.

La directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruelas Zacarías, acusó en redes sociales a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de proteger a funcionarios corruptos y obstaculizar procesos sancionadores.

Luego de la comparecencia de la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, ante el Pleno del Congreso, en la que expresamente el diputado José Casas González cuestionó la eficacia de la dependencia para fincar responsabilidades a funcionarios o exfuncionarios, y pidió tomar medidas contra empleados “flojos”, Ruelas Zacarías respondió a través de las redes sociales al legislador, para defender el trabajo que realiza junto con colaboradores en la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.

En un texto preciso, la funcionaria pidió al legislador no sólo darle el beneficio de la duda, sino la oportunidad de exponerle de frente una serie de obstáculos que enfrenta la dirección a su cargo, debido a una serie de “criterios” adoptados por varios magistrados del TJA, que “inclusive, están decretando nulidades por la derogación de algunos artículos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diputado: (y) yo no puedo ser juzgada por eso”.

“Por otra parte le quiero contar, distinguido Diputado, lo que el TJA está haciendo mal, y es que no son dueños de la verdad y están cometiendo atropellos para ayudar a sus protegidos, le daré algunos ejemplos con el compromiso de entregar los documentos que sustentan mi dicho”.

Describió que hay un aviador en el Instituto de Educación Básica (IEBEM) que litiga las resoluciones de la Secretaría de la Contraloría y que fue compañero de partido de uno de los magistrados del TJA, quien curiosamente tiene en su sala todos los asuntos de este funcionario, “pero lo más interesante son los argumentos que el magistrado invoca para anular nuestras resoluciones: imagínese, me anuló una inhabilitación aludiendo a que el servidor público sancionado tiene dos hijas menores a las que les debe sufragar alimentos e invocó el interés superior del menor. Nunca se había visto eso, en una materia en donde debe prevalecer el interés del Estado”.

Sin especificar el nombre, señaló que el magistrado aludido también radicó indebidamente una demanda de nulidad, aun cuando uno de sus homólogos la desechó por notoriamente extemporánea y, al preguntarle por qué lo hizo, dijo que no se dio cuenta.

Otro magistrado, narró, desde junio de 2017 tiene guardado en su escritorio un juicio de nulidad, donde la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas impuso 24 sanciones a ocho servidores públicos y, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.

Expuso que un tercer magistrado decretó erróneamente que operaba una caducidad y, aun cuando la dirección a su cargo interpuso un medio de aclaración por escrito, la respuesta fue que no entendía.

Ruelas Zacarías lamentó que las Salas Cuarta y Quinta, que fueron creadas como salas especializadas en responsabilidades administrativas, sólo integran un expediente, según declaraciones del propio presidente del TJA, Jorge Estrada Cuevas.

El texto fue posteado por usuarios de la red social al diputado José Casas, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien este martes se reunió con la funcionaria, con el objetivo de escucharla y conocer con precisión las presuntas omisiones e irregularidades imputadas a miembros del TJA. 

El fiscal anticorrupción no pudo probar que el exsecretario de Administración y Finanzas desviara recursos públicos.

Un tribunal de juicio oral resolvió absolver a Alfredo Jaime de la Torre, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno del panista Marco Adame, de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al comprobarse que nunca desvió recursos dirigidos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado (ICTSEM).

Víctor Javier Hernández Vega, quien encabezó la defensa del exfuncionario panista, detalló que la exoneración de los cargos se realizó con base en las pruebas aportadas por la propia fiscalía y ni siquiera fue necesario presentar elementos adicionales.

Acusó que el proceso penal estuvo viciado de origen, porque en la denuncia iniciada por el entonces procurador fiscal y actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no se aportaron pruebas del supuesto desvío de 173 millones de pesos correspondientes a las cuotas aportadas por los burócratas al ICTSEM.

“Fuimos claros y precisos al demostrar que el señor Alfredo en ningún momento desvió ningún recurso, en ningún momento dejó de pagar al instituto, que al contrario, en su momento, el  procurador fiscal, hoy fiscal anticorrupción, presentó una denuncia sin sustento en la cual no se demostró que efectivamente él haya tomado algún dinero del instituto, (incluso) ocultaron mucha evidencia", dijo, y señaló que, por el contrario, se demostró que los recursos sí fueron depositados al instituto.

Precisó que durante la audiencia de desahogo del juicio oral, la fiscalía presentó a ocho testigos cuyas declaraciones fueron suficientes para demostrar la inocencia del exsecretario, y resaltó que este es un nuevo golpe para el actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quien evadió comparecer ante el tribunal oral pese a que fue emplazado.

La Segob la deslinda de señalamientos del TEPJF.

La Secretaria de Gobernación descartó sancionar a la cantante de origen español Belinda, por considerar que no le es aplicable el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la intérprete violentó la ley al apoyar a candidatos de Morena en el estado de Morelos.

A través de un comunicado, se informó que ayer al mediodía, el titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, recibió en sus oficinas a Belinda Peregrín Schüll, quien asistió acompañada de su hermano Ignacio, de nacionalidad mexicana.

El encargado de la política interna del país Alfonso Navarrete Prida recibió en sus oficinas a Belinda Peregrín Schüll y le informó que, de ninguna manera, es aplicable para ella dicho artículo, ya que la finalidad del mismo atiende a otro tipo de conductas y circunstancias.

La semana pasada, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó con una amonestación pública al diputado federal por Morelos Jorge Argüelles y al alcalde electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, por la entrega -en compañía de la cantante- de cobijas, almohadas y balones durante la campaña electoral a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, por considerar que los otrora candidatos obtuvieron un beneficio.

Por cuanto a la intervención de la cantante, la Sala Especializada sostuvo que se acreditó que ella reside en el país con la calidad de extranjera y que participó directamente en un evento político-electoral, por lo que ordenó dar vista a la Segob, en términos de lo dispuesto en los artículos 33 de la Constitución Federal y la normatividad electoral.

La Fecap plantea impulsar una reforma legislativa que incluya el reintegro de recursos públicos al erari

El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (Fecap), Alejandro Smith Vázquez, propuso modificaciones legislativas que incentiven la persecución de la corrupción a través de compensaciones a quienes denuncien y aporten pruebas para conseguir que los recursos públicos sean reintegrados al erario.

Señaló que la corrupción es rentable porque son pocos los que se atreven a denunciarla y, cuando esto ocurre, los denunciantes son acosados, perseguidos y hasta ponen su vida en peligro; pero si se aplica a la inversa la estrategia y se hace rentable el combate a la corrupción, entonces habrá un cambio progresivo y habrá más persecutores de los actos indebidos que corruptos.

Consideró que la sociedad civil debe impulsar ante el Congreso de Morelos una reforma legislativa que premie la honestidad y la denuncia de actos de corrupción, porque no puede permitirse más que las prebendas y desvíos o malversación de recursos públicos sigan consumiendo a las instituciones y perjudiquen a la sociedad.

“El día que se pueda regresar al erario los montos que se han robado y la ley prevea una compensación de un 20% de lo que se regrese en esta lucha contra la corrupción, les garantizo que habrá más perseguidores de corruptos, que corruptos.

“Por eso es que habrá que hacer un planteamiento al Congreso para que se prevea una compensación a aquellos que en la lucha contra la corrupción logren reintegrar al erario los recursos”, dijo.   

Juan Juárez Rivas, presidente del Colegio Morelense de Abogados, exhorta al gobierno electo a no repetir vicios de las últimas administraciones estatales  

El Colegio Morelense de Abogados exhortó al próximo gobernador a respetar la ley y que los nuevos integrantes del gabinete estatal cumplan con los requisitos legales para ocupar las secretarías de despacho.

Juan Juárez Rivas, quien preside el colegio y fue fundador en Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que la nueva administración estatal tiene el desafío de cumplir a cabalidad con la ley y no repetir el círculo vicioso de sus antecesoras.

Expresó que hay incertidumbre entre la sociedad morelense ante los rumores de que no sólo una parte importante del nuevo gabinete serán personas originarias de otras entidades, sino que no cumplen con los años mínimos de residencia para ocupar los cargos.

En otros casos, dijo, son personas jubiladas de la administración pública que aspiran nuevamente a recibir emolumentos como trabajadores al servicio del Estado.

“Tenemos una Constitución del Estado, tenemos una Ley Orgánica de la Administración Pública que establece con claridad cuáles son los requisitos, y hay por ahí el asunto de que va a venir gente de (Ciudad de) México que no reúne la residencia de cinco años para ocupar cargos de secretarios de despacho.

“También hay gentes que tiene puestos, que tienen jubilaciones, que son trabajadores jubilados y el Estado les paga un dinerito, y ahora pretenden ser secretarios. Eso viola el artículo 130 de la Constitución y el 125, que me parece más grave, porque dice que no se nombrará ni obedecerá a autoridades que no estén nombradas de acuerdo con la Constitución y sus leyes, y eso nos va a meter en problemas de legalidad y seguridad jurídica”, sostuvo.

Bajo esta premisa, instó a Cuauhtémoc Blanco, quien en unos días tomará protesta como gobernador de Morelos, a que sus cercanos colaboradores cumplan estrictamente con todos los requisitos legales para ocupar los cargos y que no haya excepciones.

La medida, antes que la nueva legislatura tome medidas para deponerlo, por no garantizar imparcialidad y eficiencia en la persecución de hechos de corrupción.

Gerardo Becerra Chávez de Ita, quien presidirá la comisión estatal anticorrupción de la próxima administración estatal, llamó a Juan Salazar Núñez a presentar voluntariamente su renuncia como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, antes que la nueva legislatura tome medidas para deponerlo, por no garantizar imparcialidad y eficiencia en la persecución de hechos de corrupción.

Tras reunirse con representantes de organizaciones adheridas a la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas del Estado de Morelos (Fecap), señaló que los nexos de Salazar Núñez con el gobierno saliente, en el que por un periodo fungió como consejero jurídico del gobierno de Morelos, no generan confianza ni certeza de que haya una investigación profunda, ni judicialización de los casos en que haya elementos para presumir irregularidades en el ejercicio y la administración pública.

Sostuvo que el fiscal debe entender que su ciclo concluyó y que es tiempo de retirarse dignamente, antes de que la legislatura tome medidas jurídicas para revocar su reciente ratificación en el cargo por siete años más por parte del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.

“Yo creo que todos los funcionarios en el gobierno tienen su tiempo, yo creo que el tiempo del señor Juan Salazar ya terminó. Él debe dejar que este nuevo gobierno, digamos que tenga coadyuvantes que le ayuden para que todo su trabajo salga como debe de ser”.

“Con esto hago un llamado al fiscal anticorrupción a que no espere a que la legislatura tenga que cambiar la ley o lo tenga que revocar, sino que él, en un acto de profesionalismo y verdadero amor ciudadano a Morelos, renuncie y deje que finalmente entre un fiscal anticorrupción más apegado a lo que fue el mandato del pueblo de Morelos a partir del 1 de julio”, afirmó.

La ratificación de Juan Salazar -ejecutada por el fiscal estatal el pasado 15 de agosto- fue realizada con base en las reformas hechas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la FGE, que facultaron al fiscal general para nombrar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados al 50% de su último salario, sin detrimento de que puedan tramitar pensiones paralelas como trabajadores al servicio del Estado.

Chávez de Ita adelantó que la Comisión Estatal Anticorrupción que entrará en funciones una vez que jurídicamente la instituya el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, tiene avanzadas diversas investigaciones y la integración de expedientes en los que se presume ocurrieron actos de corrupción, con la finalidad de que sean puestos bajo la jurisdicción de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para su judicialización.  

Anuar González Cianci Pérez fue designado titular del TECA.

Ramón Velázquez Santillán entró en funciones de consejero jurídico del gobierno de Morelos en sustitución de Anuar González Cianci Pérez, quien fue nombrado titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Velázquez Santillán, quien se desempeñaba como director jurídico de la Secretaría de Gobierno, fue designado por el gobernador Graco Ramírez para estar al frente de la dependencia los días que le restan a la administración estatal y hasta que el nuevo titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, determine quién estará al frente de la Consejería Jurídica.

El relevo obedeció a que Anuar González Cianci fue designado, por un periodo de tres años como presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos.

De acuerdo con la versión electrónica del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la mañana de este mismo miércoles fue designado y entró en funciones el nuevo presidente del TECA, en sustitución de Juan Manuel Díaz Popoca, quien culminó su periodo el pasado 1 de septiembre. 

Zayra Janet Lulo Juan recibió la designación de manos del fiscal general Uriel Carmona Gándara.

Zayra Janet Lulo Juan tomó protesta como fiscal especial en Desaparición Forzada de Personas, ante un grupo de activistas y organizaciones de víctimas.

La tarde de ayer, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara hizo la designación y toma de protesta de la abogada Lulo Juan, quien ocupó diferentes cargos al interior de la FGE y, hasta hace unas horas, fungía como encargada de despacho de la Dirección de Derechos Humanos de la fiscalía.

Durante el acto oficial, el fiscal estatal realizó “un respetuoso llamado a las autoridades del gobierno del estado que asumirán el cargo a partir del mes de octubre, a establecer los mecanismos de coordinación y trabajo conjunto, sin confrontaciones ni descalificaciones, sólo con el objetivo de mejorar el nivel de atención que se brinde a la sociedad”.

Sostuvo que “no se debe permitir que las instituciones se debiliten por intereses políticos, de poder ni económicos, pues el trabajo debe realizarse en beneficio de la sociedad, especialmente hacia aquellos que enfrentan la búsqueda de familiares, por lo que la Fiscalía General debe trabajar en cumplimiento estricto de la ley”.

Destacó que la comunicación está abierta con los representantes de los tres poderes del estado, con la firme convicción de que a través del respeto institucional y la colaboración activa, podrán mejorarse las condiciones de vida y desarrollo de la población, al tiempo de mejorar temas tan sensibles para la sociedad como es la seguridad y procuración de justicia.

En la toma de protesta de la nueva fiscal especializada estuvieron como invitadas familiares de víctimas como Tranquilina Hernández, Ana Luisa Garduño, Angélica Rodríguez, Gaudencia García, Gabriela Villa, Edith Hernández, Lorena Reza, Irene Camacho y representantes de los colectivos “Regresando a Casa” capítulo Morelos, “Ana Karen Vive” y “Frente de Víctimas del Estado de Morelos”.

La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

El organismo independiente señaló omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017.

La CNDH denunció opacidad de los gobiernos federal y estatales en la aplicación de los recursos para atender a los damnificados.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) acusó omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017, y afirmó que existen al menos 116 denuncias y quejas sin avanzar en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fraudes y abusos cometidos contra las familias afectadas. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció opacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales en la aplicación de recursos para atender a los damnificados.

Al realizar una investigación y un balance sobre la situación que priva en las zonas afectadas, principalmente de la región sur del estado, la organización desmintió la versión oficial de que la reconstrucción de las áreas siniestradas lleve un avance del 80%.

Juliana García Quintanilla, coordinadora la comisión, indicó que se realizó una encuesta entre las familias damnificadas en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, una de las zonas con mayores daños por el sismo, para dimensionar el impacto emocional, económico y laboral que provocó la tragedia y la desatención gubernamental.

La conclusión de la investigación fue contundente. De acuerdo con García Quintanilla, las familias todavía padecen estrés postraumático por la pérdida de familiares o amigos, por la destrucción de sus viviendas, por las condiciones de precariedad en las que sobreviven por la falta de servicios públicos elementales como agua potable y energía eléctrica, y por la pérdida de sus comercios o fuentes de empleo.

Explicó que han sido las propias familias damnificadas las que evidencian una serie de violaciones a sus derechos humanos, ante la incompetencia de las autoridades para atender el siniestro.

Por ejemplo, dijo, ninguna autoridad implementó un programa de atención psicológica, ni tampoco de orientación jurídica administrativa. Tan es así que los damnificados sufren todavía secuelas a un año de la tragedia y muchos de ellos fueron víctimas de defraudadores y de abusos.

Señaló que los damnificados fueron engañados por un particular que prometió, a cambio de recibir los fondos que fueron depositados en tarjetas que expidió el gobierno federal a los afectados, que les construirían de nuevo sus viviendas, pero eso no ocurrió. También hubo quejas ante la Profeco por establecimientos que aprovecharon la tragedia para encarecer productos.

Expresó que debido a la omisa y negligente atención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los damnificados han logrado auto-organizarse para denunciar no sólo las violaciones a sus derechos humanos, sino exigir que los gobiernos cumplan con sus obligaciones.

Al igual que la organización Morelos Rinde Cuentas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos destacó que hubo escasa información, reticencia a entregarla o, definitivamente, fue negada, sobre los montos de las aportaciones públicas y privadas para atender los daños del sismo, así como el destino de los recursos.

Por tal razón, la comisión consideró indispensable que la FGE y la Profeco avancen en las quejas y denuncias para sancionar a los responsables de los fraudes y abusos; que los tres niveles de gobierno transparenten el uso de recursos y, de la misma forma, las instituciones privadas como fundaciones y de asistencia, den a conocer sus aportaciones, para dar claridad sobre cuánto se invierte en la reconstrucción y verificar si efectivamente los recursos se usan para ello; que se implemente un programa de empleo y apoyo psicosocial, y se genere un protocolo de seguridad y prevención, así como capacitación para la atención de este tipo de contingencias.

Cifras y recursos sin claridad: CNDH

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y mil 372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.

“Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro”, señaló en realación a la información requerida a autoridades federales y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Destacó una serie de inconsistencias en las cifras de daños que impide dimensionar objetivamente los daños ocasionados por los sismos. Por ejemplo, en materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Sedatu.

“Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de  la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”, destacó.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advirtió avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto.

Por ello, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a la CNDH la información que les ha solicitado.

Pobladores y representantes de Bienes Comunales de Tepoztlán realizarán una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Segunda Sala debatirá este miércoles el proyecto de resolución propuesto por el ministro Eduardo Medina Mora que propone amparar al empresario José Antonio Zorrilla Ducloux y al consorcio “Pirámide y Convento S.A. de C.V.”, asociados al fallido proyecto inmobiliario Club de Golf “El Tepozteco”.

De acuerdo con los asuntos enlistados, la Segunda Sala tiene previsto votar el proyecto de amparo directo en revisión 40/2017, en el que el ministro Medina Mora propone a sus homólogos amparar a Zorrilla Ducloux y el consorcio, para efecto de que el Tribunal Superior Agrario anule la sentencia del 12 de mayo de 2016 a favor de la comunidad de Tepoztlán y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva para determinar la posesión de 280 hectáreas en el municipio de Tepoztlán, con base una serie de consideraciones contenidas en el proyecto.

En la propuesta de resolución se plantea analizar de nueva cuenta los alcances jurídicos de los oficios administrativos 163603, 163605, 161960, 162190, 160854 y 160856, emitidos en 1962 y 1963, en los que se aduce que la superficie en litigio es propiedad privada, y se determine si éstos efectivamente demuestran la exclusión de ciertos predios de las tierras comunales, sin que pueda tomar en cuenta para tal efecto lo previsto en el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.

También se estipula que el Tribunal Superior Agrario tendrá libertad de jurisdicción para determinar si los elementos de prueba y argumentos que fueron hechos valer durante el juicio agrario por ambas partes -comunidad tepozteca y empresarios- permiten arribar o no a la conclusión de que se actualizó una “privación ilegal” de los predios que son materia de litigio.

Otra de las consideraciones previstas es que, en caso de que el tribunal determine que procede la restitución de las tierras a la comunidad, analice si es procedente y, en su caso, se pronuncie si es dable o no citar a todos los vecinos de Tepoztlán para que comparezcan en juicio.

A pesar que en diversos momentos e instancias las resoluciones han sido favorables para la comunidad tepozteca, el empresario y el consorcio alegan que los predios les pertenecen desde hace décadas, pues los obtuvieron de manera legal y estuvieron en posesión de ellos de manera pacífica y continua, además de que se duelen de presuntos omisiones y vicios en las sentencias previas. En tanto que los Bienes Comunales defienden que esas hectáreas son propiedad de la comunidad por decreto presidencial desde 1929 y forman parte del corredor ecológico bajo protección Ajusco-Chichinautzin y el Parque Nacional “El Tepozteco”.  

A unas horas de que el caso sea discutido en la SCJN, pobladores, comuneros y ambientalistas anunciaron que realizarán este miércoles una manifestación a las afueras de la sede del máximo tribunal del país, en espera de que los ministros voten con conciencia y rechacen amparar al empresario y el consorcio.

También hicieron un exhorto a las organizaciones sociales a unirse al movimiento de defensa de la tierra y un llamado a la unidad a la comunidad. “Estamos llamando a la población tepozteca a que sea crítica, analítica y que al final de cuentas esta es la lucha que dieron nuestros papás, que dieron nuestros abuelos, y estamos llamando a esa unión que en 1994 (cuando se activó el proyecto del Club de Golf) mostró el pueblo tepozteco y ésta sigue siendo su lucha”, indicó Angélica Ayala, joven habitante del municipio de Tepoztlán.

La ONG Morelos Rinde Cuentas señala que se ignora el destino de los donativos de empresas, así como datos de las constructoras y casas de materiales que atienden los trabajos.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas lamentó la opacidad y la deficiente información generada por el gobierno estatal, en relación a más de 7 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción de las zonas devastadas  por el sismo 7.1 en la escala de Richter, ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

En rueda de prensa, representantes de la organización, conformada por académicos y empresarios, destacaron que realizaron un ejercicio de búsqueda y análisis de información sobre los fondos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas, pero constaron que la información es poca y deficiente en el ámbito estatal y nula por parte de los ayuntamientos.

La búsqueda se realizó a través de la Plataforma Fuerza México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el organismo descentralizado Unidos por Morelos, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos y diversos ayuntamientos.

Juan Cintrón Patterson -presidente del Consejo del Directivo de Morelos Rinde Cuentas- señaló que la deficiente información, la opacidad, la falta de claridad en las cifras tanto del número de recursos aplicados como en el número de beneficiarios y la cuantificación de daños, no permite que los ciudadanos tengan certeza del desempeño gubernamental en la atención del siniestro.

Roberto Salinas Ramírez, director de la organización, dijo que la información estatal y federal analizada, así como las aportaciones privadas para atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas, son variadas y no permiten apreciar con certeza que haya una aplicación adecuada de los recursos económicos.

Por ejemplo, hay dos bases de datos que integraron los gobierno federal y estatal por separado, en el que el primero reportó 15 mil 800 beneficiarios del Fonden; y, el segundo, reportó a través de Unidos por Morelos, 15 mil 245 beneficiarios del apoyo para la reconstrucción de los daños parciales o totales que sufrieron las viviendas.

Incluso, se reportó que hubo al menos 22 personas que recibieron 175 mil pesos de apoyo por daños totales a su vivienda, cuando se supone que el tope del apoyo era de 120 mil pesos.

Se detectó también que las dependencias no informaron del costo de los materiales o insumos para atender la contingencia, la información es escasa o nula respecto a qué empresas les fueron asignadas obras de reconstrucción, los montos de inversión, la ubicación, los plazos de ejecución y los avances de cada una de ellas, a un año del sismo.

Morelos Rinde Cuentas también cuestionó la falta de información sobre las aportaciones en especie y económicas realizadas por fundaciones y empresas. Por ejemplo, el grupo Averanda aportó al Fondo de Reconstrucción una donación de 4.2 millones de pesos, los cuales fueron depositados el 15 de febrero pasado en una cuenta bancaria de Banorte a nombre del Gobierno de Morelos, pero –revela la documentación pública- seis días después fueron retirados y no hay información sobre el destino de esos recursos.

En el número de planteles educativos dañados también hay inconsistencias, pues mientras el gobierno federal reportó mil 345 edificios afectados, la Secretaría de Obras de Morelos registró mil 193.

Ante las dudas sobre el destino de los fondos tanto públicos como privados, y el vacío de información gubernamental, Aida Alanís -integrante del Consejo Directivo- dijo que Morelos Rinde Cuentas consideró necesario hacer cuatro propuestas.

La primera, que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía, de forma inmediata, completa y en formato de datos abiertos, la información sobre el censo, los beneficiarios y el listado de obras públicas, relacionando los datos federales y locales.

La segunda, que se  publique toda aquella información que permita conocer la asignación de recursos y el uso de cada peso para la reconstrucción, que incluya estados de cuentas, transferencias, cheques, auxiliares contables, etcétera.

La tercera, que se explique qué asuntos y trámites quedarán pendientes relativos al sismo en el cambio de administración. Y la cuarta, que se concentre información de todas las dependencias estatales y municipales sobre acciones y recursos destinados a la reconstrucción.

Piden a Cuauhtémoc Blanco incluir a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Agrupaciones de abogados conformaron un bloque para solicitar a la nueva legislatura la derogación de diversas reformas aprobadas por los anteriores legisladores y someter a revisión los decretos de varias “jubilaciones doradas”, así como exhortar al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo a que incluya a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Jaime Castera Toscano, a nombre de al menos 11 organizaciones de litigantes, solicitó a los miembros de la LIV Legislatura reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato que sus antecesores derogaron pese a la oposición de la sociedad civil.

Condenó la aprobación exprés de la anterior legislatura de al menos 180 “pensiones doradas” a empleados de primer nivel y familiares de altos funcionarios sin que, al parecer, cumplieran con requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil.

Por ello “estamos solicitando se lleve a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes y, en su caso, sean iniciadas las denuncias a que dé lugar y, en su momento, se abroguen los decretos de jubilación en los que existan irregularidades”.

Las organizaciones de abogados se pronunciaron contra la nueva Ley del Notariado del Estado de Morelos y la asignación de patentes de notaría a personas que no cumplen con el perfil.

Pidieron la derogación de la normatividad que permite, de manera discrecional, la enajenación de inmuebles públicos; la reforma que extendió el periodo de los magistrados de 14 a 20 años; la concesión del estadio “Agustín Coruco Díaz”; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que estipuló que su titular durará en el encargo nueve años, así como la revocación de la designación por siete años de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción.

Los litigantes se pronunciaron por que los anteriores legisladores y el gobernador saliente sean sometidos a un juicio de responsabilidad política, por los agravios cometidos en contra de la sociedad y como parte de la cultura de combate a la corrupción.

Exhortaron a los diputados a que pongan a disposición de los profesionales del derecho los proyectos de ley que generen, con el propósito de aportar comentarios, observaciones o propuestas.

De igual forma, realizaron un llamado al  gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para que incluya entre sus colaboradores y miembros de gabinete a profesionistas morelenses, pues en las condiciones en las que recibirá el estado es imprescindible que cuente con personas no sólo capaces y que tengan el perfil profesional, sino que conozcan a la gente y sus necesidades.

El pronunciamiento fue respaldado por Abogados Unidos por México, Amigos de Cuauhnáhuac, Asociación de Licenciados en Derecho, Colegio de Mediadores del Estado de Morelos, Consejo Estatal de Abogados, Desarrollo Gradual Directo, Barra de Abogados, Jueces Jubilados del Estado de Morelos, Federación de Asociaciones Civiles y el Cuerpo Diplomático de los Derechos de Niños, Mujeres y Hombres. 

Son los varones quienes generalmente eluden esa obligación

Hasta cinco años de prisión y el embargo de bienes pueden recibir quienes se resistan a cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos. Son los varones quienes generalmente eluden esa obligación, con el argumento de que tienen una segunda familia o “dudan” de que las madres hagan buen uso del recurso.

Antonio Pérez Ascencio, titular del Juzgado Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recalcó que la resistencia o el incumplimiento de la asistencia alimentaria es un delito que puede ser sancionado con la prisión por un periodo no mayor a cinco años o con una sanción pecuniaria.

“Por lo regular los hombres no quieren que la solicitud de pensión se envíe a sus áreas de trabajo, que se les descuente el porcentaje de las prestaciones o utilidades laborales, bajo el argumento de que no confían en que la mamá de sus hijos utilice el dinero de manera adecuada”, explicó.

Detalló que la resistencia para cumplir con este derecho que tienen los hijos se debe también a que los padres de familia alegan que tienen otra familia que mantener o la ausencia de oportunidades de trabajo.

“Nos damos cuenta de que los hombres tienen pendiente una pensión cuando se presentan ante el juzgado y refieren que tienen una segunda familia que mantener y lo establecen como argumento defensivo para que la pensión que se fije sea menor, por la responsabilidad que ya tienen”, dijo.

Estimó que, tan sólo en su juzgado, se registra un 10 por ciento de demandas de pensión alimenticia, pero la cifra puede aumentar con las nuevas tendencias sociales.

“Es importante que con el mismo amor que decidieron procrear a sus hijos, subsista procurar el pleno desarrollo de ellos en las etapas de la niñez, la infancia y la adolescencia; procurarlos y educarlos para que tengan un oficio y en la edad adulta sean personas de bien”, recomendó.

Recordó que la ley establece que, en caso de que el padre o la madre no cumplan con la pensión alimenticia, se puede hacer la ejecución de embargo de bienes, el remate de los mismos y obtener la liquidez para que cumplan con el pago de este derecho.

El juez indicó que se han registrado casos en que un obligado puede tener dos, tres o más responsabilidades de pensión alimenticia.

La empresa debió construir un tramo carretero en el municipio de Cuautla

La Secretaría de Obras del gobierno de Morelos rescindió el contrato a la empresa Edificación y Desarrollo Inmobiliario Coyer S.A. DE C.V. e hizo a efectiva la garantía a favor del Poder Ejecutivo, por el incumplimiento en la construcción de un tramo carretero en el municipio de Cuautla, la cual debió ejecutarse desde el 2016.

El 8 de noviembre 2017, Caminos y Puentes Federales (Capufe) denunció el incumplimiento de la obra y fue hasta entonces que la Secretaría de Obras, a petición de la dependencia federal, inició el procedimiento administrativo y realizó el 1 de diciembre de 2017 una supervisión en la zona, donde levantó una acta circunstanciada y notariada en la que se hizo constar que la obra no se ejecutó en tiempo y forma, y la constructora literalmente abandonó la obra pública.

El 29 de agosto de 2016 la empresa y el gobierno estatal firmaron el contrato, en el que se estableció que el consorcio culminaría la obra en 150 días naturales y debería entregarla el 27 de enero de 2017.

La construcción de la carretera tendría un costo de 14 millones 345 mil 238 pesos con 99 centavos, pero al incumplirse la ejecución de la obra en los términos estipulados en el contrato, la Secretaría de Obras estatal hizo efectiva la garantía, fijada al 10% diez por ciento del importe total contratado, mediante póliza de fianza otorgada por ACE Fianzas Monterrey, S.A. por un monto de un millón 434 mil 523 pesos con 89 centavos.

En la resolución del procedimiento de rescisión de contrato, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el área jurídica de la Secretaría de Obras detalló que la empresa constructora fue emplazada a presentar pruebas y alegatos a su favor, pero sus representantes nunca comparecieron.

Lo que requiere el organismo es más presupuesto para cumplir con sus responsabilidades legales, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, recalcó que el órgano no necesita más comisionados, sino más presupuesto para ampliar el equipamiento y personal para continuar con el avance de la ley general y estatal en materia de transparencia y protección de datos personales.

Precisó que a petición de la nueva legislatura, el viernes pasado fue suspendida la sesión extraordinaria del Pleno del IMIPE en la que se tenían previstos cambios al reglamento interno del instituto para incluir a los dos nuevos comisionados y asignarles ponencia.

Explicó que -por escrito- el Congreso les solicitó frenar cualquier modificación a la normativa interna porque había en curso un juicio de amparo contra la designación exprés realizada por los anteriores legisladores, lo cual fue comunicado de inmediato a los nuevos comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez.

Señaló que espera la notificación oficial del Congreso respecto a la revocación realizada ayer de ambos nombramientos, pero el instituto continuará con las labores habituales con sus actuales comisionados y estará atento de las definiciones que sobre el tema hagan los legisladores.

Ratificó su postura de que el IMIPE no necesita más comisionados y que los tres en funciones son suficientes, y consideró que lo que sí necesita el órgano garante es más presupuesto para atender todas sus responsabilidades legales, dar continuidad o concretar programas y proyectos, así como evolucionar con las plataformas tecnológicas a 15 años de la fundación del instituto.

Adelantó que el proyecto de presupuesto del instituto para 2019 prevé una solicitud de presupuesto de entre 28 y 30 millones de pesos, es decir, 15 millones más que en 2018, justamente para cumplir con todas la exigencias del sistema nacional de transparencia.

De la suma solicitada, casi el 20% sería destinado al pago de pensiones adeudadas a trabajadores en retiro.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó casi 850 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, de los cuales, casi el 20% sería destinado al pago de pensiones adeudadas a trabajadores en retiro.

La magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, afirmó que la petición presupuestal fue basada en la reforma constitucional que otorga al Poder Judicial la autonomía financiera, que equivale a obtener como mínimo el 4.7% del presupuesto estatal anual programable.

Señaló que el proyecto de presupuesto fue presentado al todavía titular del Poder Ejecutivo, pero se volverá hacer la petición a Cuauhtémoc Blanco Bravo, una vez que entre en funciones como gobernador, después del 1 de octubre.

Explicó que inició el cabildeo con los integrantes de la nueva legislatura para obtener el presupuesto propuesto para satisfacer las necesidades del Poder Judicial, incluyendo una partida para el pago de trabajadores jubilados y una adicional para los trabajadores en retiro en espera del pago de sus pensiones, tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estamos contemplando en este presupuesto de manera responsable cuál es lo que nosotros necesitamos de acuerdo con las controversias constitucionales que ganamos en la Corte. Es una situación totalmente independiente porque todas estas controversias fueron ganadas antes de la reforma a la autonomía del Poder Judicial, financieramente hablando. Entonces, nosotros ya hemos hecho un estudio, el cual ya presentamos de cuánto asciende el gasto para pagar a cada uno de los jubilados”, dijo.

De acuerdo con el TSJ, el proyecto de presupuesto contempla la petición de 844 millones 766 mil 955 pesos y, en el capítulo de transferencias, se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, el tribunal solicitó  166 millones 38 mil 46 pesos, casi el 20% del presupuesto solicitado, para hacer frente a los decretos que fueron resueltos por la SCJN.

La funcionaria también obstaculiza la entrega de apoyos a familias dolientes, denuncian.

Por segunda ocasión, representantes de colectivos y familiares de víctimas arremetieron contra la titular de la Comisión Estatal de Atención y Reparación de Víctimas (CEARV), Nadxieelii Carranco Lechuga, a quien acusaron no sólo de trato inhumano, sino de obstaculizar la entrega de apoyos a familias dolientes.

Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo “Regresando a Casa” Morelos, señaló que desde el 8 de agosto se le exigió a Carranco Lechuga la liberación de recursos para apoyar a las familias de víctimas, pero la funcionaria insistió en que no hay recursos ni para ayudar con el pago de gastos funerarios.

Incluso, dijo que a una mujer de origen humilde, cuyo hijo fue localizado sin vida, se le negó el apoyo económico para pagar el entierro, porque según la titular de la CEARV, no tiene recursos porque sólo la comisión recibió dos millones de pesos.

Explicó que Carranco Lechuga sugirió a los colectivos canalizar sus reclamos a la Secretaría de Hacienda, porque la CEARV no puede ayudar económicamente a las víctimas.

Rodríguez Monroy precisó que –a la fecha– la CEARV no ha pagado los honorarios de especialistas cuya labor permitiría realizar los dictámenes que se utilizan en los procesos penales, lo cual ha provocado que por la falta de estos instrumentos jurídicos de prueba, quedaran libres presuntos culpables.

Dijo que la CEARV rechazó apoyar a dos familias que tuvieron que solventar de manera urgente los gastos funerarios de sus familiares, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida y, “en general, consideramos que el trato y la actitud del personal de la CEARV es apático y no está comprometido con el dolor y el sufrimiento de las víctimas, lo cual no sólo es inhumano e indignante, sino que también deviene en una práctica que obstaculiza el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño”.

Durante una rueda de prensa, recalcó que en caso de prevalecer esta situación, las familias y colectivos de víctimas iniciarán acciones jurídicas ante la indolencia e incumplimiento de las responsabilidades legales de Carranco Lechuga.

Agregó que han recibido la solidaridad de más de 50 organizaciones, colectivos y activistas de todo el país, quienes están al tanto de la situación que prevalece en la entidad.

En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

Comisariado de Bienes Comunales rechaza desde décadas atrás el proyecto de construcción de un complejo inmobiliario y un club de golf.

El Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán expresó su rechazo al proyecto de resolución de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) en el que se pretende amparar a la empresa Pirámide y Convento, que disputa desde los años sesenta la propiedad de 280 hectáreas, donde se pretendía construir un complejo inmobiliario y el club de golf más grande de América Latina.

En rueda de prensa, integrantes del comisariado tepozteco aseguraron que hace unos días, la Segunda Sala de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia en el que -al parecer- se pretende beneficiar al consorcio (integrado -a su vez- por empresarios y corporativos influyentes) al proponer ampararlos.     

“El proceso judicial ha pasado diversas instancias y ninguna ha emitido sentencia en contra de la comunidad. Sin embargo, hace unos días la SCJN hizo público el proyecto de sentencia que sería votado por su Segunda Sala y, para sorpresa de muchos, propone amparar a la empresa sin considerar la contundencia de la resolución presidencial, su acta de posesión y deslinde y su plano, documentos que jamás fueron impugnados”.

Ante la presunción de que la SCJN pretende inclinarse a favor de los inversionistas es que los tepoztecos se encuentran sumamente molestos, y desde aquí le dicen a dichas autoridades que sí creen ellos en la justicia, pero que no intenten "pisarle la cola al tigre porque ya lo conocen”, dijo Agustín Rojas Cuevas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del municipio de Tepoztlán, en alusión a la lucha que dio la comunidad a mediados de la década de los sesenta cuando el consorcio KS pretendió instaurar el club de golf más grande de Latinoamérica en el ahora Pueblo Mágico, y cuyo proyecto fue frustrado por los tepoztecos con manifestaciones y barricadas.

Recordó que desde 1999 el pueblo y la comunidad agraria decidieron acudir a los tribunales para defender esas tierras, y advirtió que en caso de que los ministros aprueben el proyecto de resolución y favorezcan los intereses empresariales, recurrirán a los tribunales internacionales e impedirán que se concrete el proyecto de “desarrollo” que amenaza el medio ambiente y pretende despojar a la comunidad de varias decenas de hectáreas. 

Los cónyuges solicitantes ya no deben demostrar una causa para obtener la disolución del matrimonio

De acuerdo con estadísticas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al menos la mitad de los divorcios son incausados, aunque la voluntad de las parejas por disolver el vínculo matrimonial no significa la extinción de responsabilidades, sobre todo cuando hay de por medio hijos.

El juez del Noveno Distrito Judicial, Antonio Pérez Ascencio, explicó que, a partir de la reforma a la legislación familiar que entró en vigor hace más de dos años, el requerimiento de divorcio incausado aumentó significativamente y, tanto hombres como mujeres, acuden a los juzgados a solicitar por esta vía la terminación de la unión conyugal.

Destacó que cerca de un 50% de los matrimonios se disuelve sin causa alguna, y el divorcio se concreta por mutuo consentimiento o porque alguna de las partes lo solicita, pero aun cuando se ejecuta legalmente la separación, subsisten las obligaciones contraídas por la pareja, como en el caso de los hijos.

“El divorcio da oportunidad a terminar el vínculo jurídico del matrimonio, sin embargo, la pareja tiene que resolver los derechos y obligaciones de la familia, tales como liquidar la sociedad conyugal en caso de que exista, la guardia y custodia de los hijos, las convivencias familiares, la pensión alimenticia, los cumpleaños de los hijos, las fiestas decembrinas”, explicó el juez y sostuvo que, cuando las partes no quieren o no llegan a un convenio, se tienen que resolver estos temas legales que implican a los miembros de la familia.

En cumplimiento del derecho constitucional a un libre desarrollo de la personalidad jurídica, a la salud mental y física, y de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia, en marzo de 2016, el Congreso local reformó la legislación familiar para eliminar los obstáculos que legalmente complicaban la disolución matrimonial cuando uno de los cónyuges ya no quería continuar en unión.

Para solicitar el divorcio incausado, el cónyuge que presente la petición debe acompañarla con una propuesta de convenio que contenga los documentos y requisitos exigidos; el juez debe notificar personalmente al otro cónyuge sobre la propuesta de convenio sobre los términos de la separación, y el juez en un plazo de tres días hábiles debe notificar personalmente al otro cónyuge, quien tendrá derecho a presentar una contrapropuesta de convenio.

Cuando subsista la controversia por el convenio o en algún punto del mismo, el juez procederá a declarar disuelto el matrimonio y girar el oficio respectivo al Registro Civil, y ordenará la apertura del incidente para resolver las diferencias relacionadas con división de bienes, pensión alimenticia, custodia de los hijos, entre otros.

Cuando se ignore el domicilio del otro cónyuge, la solicitud se debe notificar por edictos para que comparezca ante el juez y, en caso de no hacerlo, el juzgador debe analizar la solicitud y la propuesta de convenio, y dictar la resolución que disuelva el matrimonio.

Tanto autoridades locales salientes como entrantes pueden ser sujetas de responsabilidades por comisión u omisión: Estrada Cuevas

Jorge Alberto Estrada Cuevas, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), pronosticó que con el relevo de autoridades locales comenzará el cúmulo de procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos.

Explicó que el TJA, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y tiene facultades para sancionar faltas graves cometidas por exfuncionarios o funcionarios, en tres años recibió sólo un procedimiento de responsabilidad que todavía está en curso.

Pero ante el relevo del Congreso local y, en la víspera del cambio en los gobiernos estatal y municipales, previó que podría dispararse en número de procedimientos para el deslinde de posibles responsabilidades de ex servidores públicos.

Incluso, adelantó que representantes de varios alcaldes electos han acudido al TJA a solicitar orientación sobre los juicios que enfrentan los ayuntamientos, pero les sugirió seguir los cauces legales correspondientes a los procesos de entrega-recepción para allegarse de la información, recurrir a los órganos de control interno  y agotar, en el momento procesal oportuno, los procedimientos de responsabilidades, en caso de no recibir de los servidores públicos salientes los expedientes completos del estado en que dejan las administraciones.

Consideró que durante los procesos de entrega-recepción y, durante la revisión del estado en que fueron traspasadas las administraciones gubernamentales, podría iniciarse un cúmulo de procedimientos para la aplicación de sanciones por posibles irregularidades, porque de acuerdo con el SEA, tanto los servidores públicos salientes como los entrantes están obligados a rendir cuentas claras; de lo contrario, en ambos casos podrían ser sujetos de responsabilidades por comisión u omisión.

“Unidos por Morelos” tomó la medida luego de que ya ningún posible beneficiario requirió el apoyo para la reconstrucción de sus viviendas.

Los centros de distribución de materiales de “Unidos por Morelos” quedaron oficialmente cerrados luego de que ya ningún posible beneficiario requirió el apoyo para la reconstrucción de sus viviendas, tras el sismo que sacudió a la entidad hace un año.

Alexis Ayala Gutiérrez y Sergio Arturo Beltrán Toto, coordinadores operativo y técnico del órgano desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, expidieron el acuerdo para el cierre de los centros de distribución de materiales en los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Mazatepec, Huitzilac, Ocuituco, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlaltizapán y Tlayacapan.

Según el organismo, desde el mes de abril se redujo el número de beneficiarios que acudieron a los centros a solicitar y recibir materiales para la reparación de daño parcial de sus viviendas, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2018.

Recalcó que en el decreto que reformó diversas disposiciones de las Reglas Operativas de la Estrategia Estatal para la Reconstrucción, expedido el pasado 18 de abril, se dio un plazo de 10 días hábiles para que los beneficiarios acudieran a los centros de distribución de material por los insumos para construcción, con la advertencia de que en caso de no acudir en el plazo señalado, se daría por sentado que no había interés y los apoyos podrían ser reasignados.

Ante las escasas peticiones y la víspera del cierre de administración estatal, los coordinadores del organismo determinaron cerrar los centros.

Para incorporarlos, el órgano garante requiere –además- una ampliación presupuestal  de cinco millones de pesos y el cambio de sede, señala la comisionada presidenta.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) requerirá de una ampliación presupuestal de cinco millones de pesos para solventar los gastos derivados de la designación de dos nuevos comisionados.

Este jueves, los comisionados Dora Ivonne Rosales Sotelo, Mireya Arteaga Dirzo y Víctor Manuel Díaz Vázquez sostuvieron una reunión con sus nuevos homólogos, a quienes les manifestaron la imposibilidad jurídica de incorporarlos de inmediato al Pleno, hasta que el reglamento interno del órgano garante fuese modificado.

Y es que el reglamento contempla sólo tres ponencias y no cinco, por lo que el ofrecimiento fue realizar modificaciones normativas exprés para que Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear -quienes obtuvieron los cargos sólo por ser padre e incondicional de los exdiputados Julio Yáñez y Mario Chávez, respectivamente- pudieran incorporarse a la brevedad al Pleno y asignarles sus ponencias.

Durante la reunión, se estableció también la necesidad de que se otorgue una ampliación presupuestal al IMIPE para el pago de los dos nuevos comisionados y la contratación de seis abogados que habrán de integrarse a las dos nuevas ponencias.

La comisionada presidenta del IMIPE, Dora Rosales Sotelo, expresó que se necesitará una ampliación presupuestal de aproximadamente cinco millones de pesos para el cierre del año, toda vez que se tendrá que analizar el cambio de sede por falta de espacio para oficinas y su respectivo equipamiento para los dos nuevos comisionados y su personal. Por tal razón, hará la solicitud correspondiente al Poder Ejecutivo y al Congreso local y se espera que este viernes el Pleno apruebe las modificaciones al reglamento interno del instituto.  

Así lo disponen recientes reformas a la ley del órgano.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) deberá hacer un registro de los abogados que litiguen en este órgano jurisdiccional y crear un Pleno Especializado para el desahogo de asuntos relacionados con responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Con la vigencia de las últimas reformas a La Ley de Justicia Administrativa, este tribunal está obligado a crear un registro de abogados que garantice que cuenten con título universitario y cédula profesional para ejercer, para dar certeza jurídica a los justiciables de que sus representantes legales son profesionales del derecho.

La reforma en vigor desde el 1 de septiembre también dotó al TJA de facultades para que en los procedimientos de designación de beneficiarios de elementos de seguridad pública, se garantice a los menores, incapacitados o adultos mayores el derecho a percibir el mínimo vital que les permita subsistir, mientras se concluye el procedimiento.

“Esto atendiendo a la dura realidad que viven las familias de los elementos de seguridad del Estado o de los Municipios acaecidos (sic) en servicio, los cuales en muchos de los casos el elemento de seguridad finado era el único sustento para la familia”.

Además, se realizó una “reingeniería” al Tribunal de Justicia Administrativa para otorgarle funcionalidad a su nueva integración, al pasar de cinco a siete el número de magistrados, y dar paso a la creación de un Pleno Especializado conformado por cuatro magistrados para desahogar principalmente los recursos que se interpongan en los procedimientos ordinarios y en los que se apliquen sanciones derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En un artículo transitorio, estableció que prevalecen los derechos adquiridos por los magistrados titulares de la Cuarta y Quinta Sala, Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo, respecto de sus adscripciones a las dos Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas, por el plazo para el que originalmente fueron designados, así como respecto de la rotación de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Es decir, que ambos conformaron el Pleno Especializado, al igual que los dos nuevos magistrados que, en su momento, nombre el Congreso.  

La disposiciones reformadas son los artículos 1, 4, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 28; y se adicionó el artículo 3 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Se confirmó la anulación de una casilla, pero eso no alteró el resultado.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) validó la elección municipal en Cuernavaca luego de que el Partido Social Demócrata (PSD) impugnó 14 casillas por presuntas irregularidades en la votación.

Por unanimidad, el Pleno del TEEM determinó infundados los reclamos del partido actor contra los resultados del cómputo de votos y la entrega de constancia de mayoría a la coalición “Juntos Haremos Historia”.

De acuerdo con la resolución del recurso de inconformidad 325/2018-3, el PSD alegó errores aritméticos en 12 casillas, pero no fueron relevantes, ni afectaron los resultados finales de la votación. Además de que los votos de la casilla 383 Especial 1 sólo fueron tomados en cuenta para la asignación de regidores de representación proporcional y no en el cómputo municipal.

El TEEM sólo declaró la nulidad de la casilla 235 básica, en virtud de que existió una irregularidad grave, al no coincidir el número de ciudadanos que votaron y el número de votos extraídos de la urna.

La anulación de la votación de la casilla requirió la modificación del cómputo final de la elección municipal en Cuernavaca, sin que hubiese una diferencia sustancial entre el primero y segundo lugar.

También declaró infundado el recurso de inconformidad promovido por el Partido del Trabajo (PT) y validó la elección municipal de Jonacatepec, donde resultó electo como próximo presidente municipal Israel Andrade Zavala, postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por la falta de presupuesto para pagar emolumentos de los nuevos comisionados.

De acuerdo con los estrados electrónicos del alto tribunal, el recurso de control constitucional “se desecha por notoriamente improcedente la demanda”, ya que se consideró que el órgano garante carecía de legitimidad jurídica.

Sin embargo, subsiste el problema presupuestal del IMIPE para solventar los emolumentos de los dos nuevos comisionados, nombrados hace unos días por la extinta LIII Legislatura, ya que en el decreto de designación, los entonces diputados omitieron prever una partida presupuestal para pagar a Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez sus salarios de más de 70 mil pesos mensuales cada uno, además de prestaciones y aguinaldo.

Hasta el momento, el IMIPE ha insistido en la imposibilidad de solventar los gastos adicionales que implican los cambios a su estructura, tras la reforma al artículo 23-A de la Constitución local. Por lo pronto, está previsto que hoy ambos comisionados se incorporen al Pleno del órgano garante.

Juan Carlos Millán Hernández ocupará el cargo.

Con una fe de erratas, la Secretaría de Gobierno corrigió los errores en el decreto de designación del alcalde sustituto de Amacuzac, y se precisó que el hombre seleccionado por los diputados para ocupar el cargo fue Juan Carlos Millán Hernández, quien ahora podrá entrar en funciones.

En la fe de erratas al decreto 3446, publicado el 31 de agosto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la autoridad reconoció los errores garrafales y procedió a hacer las correcciones que fueron publicadas este miércoles en el órgano oficial de difusión.

Las correcciones consistieron en establecer que Millán Hernández fue la persona designada para suplir a Jorge Miranda Abarca y a su suplente, ya que el primero se encuentra privado de su libertad en un penal federal por el presunto delito de delincuencia organizada, y el segundo expresó su imposibilidad de ocupar el cargo.

Además, se suplió el texto insertado por error en relación con la designación de los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por el correcto, en el que se eligió con 22 votos a favor al ciudadano Juan Carlos Millán Hernández como sustituto del suplente del Presidente Municipal de Amacuzac, y la toma de protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado, con base en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Ni siquiera existe un espacio físico para que ambos puedan laborar, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, aseguró que el órgano garante carece de presupuesto para que los dos nuevos comisionados inicien funciones.

Aclaró que no hay intención de obstaculizar a los comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez (ambos nombrados por su parentesco y cercanía con los diputados Julio Yáñez y Mario Chávez), pero el IMIPE está materialmente imposibilitado –incluso- para ofrecerles un espacio físico para laborar.

Luego de reunirse con los nuevos comisionados, señaló que fue “un primer acercamiento para poner sobre la mesa que el IMIPE no está materialmente posibilitado de dar cumplimiento, toda vez que a los diputados se les olvidó dar la herramienta que es fundamental en un ejercicio, en un proyecto de dictamen, que en su propio reglamento, en el artículo 99, maneja que se tiene que vincular el tema del presupuesto con respecto a los cambios que se generen” en la estructura del instituto.

Dijo que el IMIPE enfrenta un problema presupuestal que se debe subsanar, pues ni siquiera en la sede el instituto se tienen espacios físicos para asignarlos a los nuevos comisionados.

Señaló que les explicó esta situación, hicieron un recorrido por las instalaciones del IMIPE para que conocieran el trabajo que se realiza y las necesidades del instituto.

Precisó que días antes de la designación de ambos comisionados se promovió la controversia constitucional en la que solicitó una suspensión, pero todavía la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto sobre su demanda de control constitucional. 

Se publicó con errores garrafales el decreto por el cual la extinta LIII Legislatura hizo la designación ante la ausencia definitiva del alcalde Jorge Miranda Abarca.

Oficialmente el municipio de Amacuzac tiene tres presidentes municipales sustitutos, al publicarse con errores garrafales el decreto por el cual la extinta LIII Legislatura hizo la designación, ante la ausencia definitiva del alcalde Jorge Miranda Abarca, quien se encuentra bajo proceso penal y privado de su libertad en el penal federal del estado de Durango por el presunto delito de delincuencia organizada.

Luego de que un juzgado de distrito privó de sus derechos políticos a Miranda Abarca y el edil suplente expresó su imposibilidad de asumir el cargo, en sus últimas horas en funciones la extinta legislatura procedió a analizar una terna de aspirantes a presidente municipal sustituto. Pero ante las prisas por hacer nombramientos de allegados, el decreto se elaboró y publicó con tremendos yerros.

El más grave es que se designó a tres personas como presidentes municipales. “Se designa al ciudadano Juan Carlos Millán Hernández, Javier Millán Jaimes, y Marcos Álvarez de León, en Sustitución del Suplente para ocupar el cargo de Presidente en el Municipio de Amacuzac, Morelos, quien deberá ejercer el cargo a partir de la fecha en que le sea tomada la protesta de Ley el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho”, dice textualmente el decreto publicado en la edición del 31 de agosto del Periódico Oficial “Tierra y Libertad.

El segundo es que en el cuerpo del documento no se explicaron las consideraciones por las cuales fueron considerados estos tres hombres para ocupar el cargo, ni tampoco se especificó la votación de los otrora diputados a favor o en contra de cada uno de los miembros de la terna.

Y el tercero es que el decreto fue publicado incompleto y con un texto que corresponde a la votación y designación de Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, como “Consejeros” (sic) del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

De acuerdo con el artículo segundo del decreto, se dejaron a salvo los derechos políticos y electorales del munícipe bajo proceso penal Jorge Miranda Abarca, para que los haga valer en el caso de cambio de situación jurídica, en la causa penal instaurada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.

Ramsses Agustín Pérez Muciño se quedó con un cargo en el Congreso del estado.

Ramsses Agustín Pérez Muciño, perredista y otro colaborador de la exdiputada Beatriz Vicera Alatriste, fue afianzado como funcionario del Congreso local al ser designado como liquidador del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

El mismo día de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 31 de agosto, entró en vigor el acuerdo legislativo por el cual se atribuyó a Pérez Muciño la responsabilidad de tramitar la liquidación del fondo que fue eliminado por la víspera del cambio de administración estatal y para redireccionar recursos hacia la Fiscalía General del Estado y varios tribunales.

Según uno de los últimos acuerdos expedidos por la Junta Política y de Gobierno de la LIII Legislatura -que culminó el viernes pasado-, el liquidador estará en funciones el tiempo que dure el proceso de extinción del fondo, es decir, hasta concluir las obligaciones administrativas, económicas y jurídicas contraídas.

Los recursos humanos serán liquidados conforme a los derechos laborales, mismos que serán respetados en términos de la legislación de la materia, incluidos sus derechos en materia de seguridad social.

Los recursos materiales del fondo serán transferidos al Congreso del estado, y los documentos y archivos que al organismo correspondan quedarán bajo el resguardo del liquidador durante el tiempo legal indispensable, por tanto, será el responsable de la custodia y conservación de los referidos archivos.

Los recursos financieros que conforman el patrimonio del fondo serán transferidos al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, para su reasignación de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda.

Inició controversia constitucional por la falta de recursos adicionales pero también contra la convocatoria que concluyó en los nuevos nombramientos.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) promovió una controversia constitucional, contra la reforma legislativa que aumentó de tres a cinco el número de comisionados sin dotar al organismo de presupuesto suficiente.

La semana pasada, la titular del instituto, Dora Ivonne Rosales Sotelo, inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso de control constitucional 157/2018, contra la reforma y su declaratoria, al artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que fue aprobada el Constituyente Permanente (los ayuntamientos) con un voto a favor, seis en contra y la afirmativa ficta de 26 cabildos.

Además, refutó la expedición de la convocatoria lanzada por la legislatura anterior el pasado 16 de agosto para la designación de dos nuevos comisionados, que finalmente resultaron ser Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez, padre del ex diputado del PSD, Julio Yáñez y el ex colaborador del ex diputado del PRI, Mario Chávez, respectivamente.

En su escrito de demanda, esencialmente el IMIPE reclamó que el Congreso realizó reformas para crear dos nuevas plazas de comisionado, pero nunca etiquetó recursos para solventar los emolumentos de éstos, los del personal a su cargo que se deberá contratar, el mobiliario, las oficinas y los recursos que requieran para su desempeño como integrantes del órgano garante.

El recurso de control constitucional fue admitido a trámite, pero se espera que en breve el ministro instructor determine sobre su admisión o no.

La creación de dos nuevas magistraturas hace necesario duplicar el presupuesto del órgano: Estrada Cuevas.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) pedirá duplicar su presupuesto para el 2019, con el propósito de solventar los gastos que sobrevendrán una vez que el Congreso designe a las personas que ocuparán las dos magistraturas de reciente creación.

El magistrado presidente del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que para este año el Congreso le asignó 35 millones de pesos y –recientemente- recibió del Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal de 6.5 millones, que equivale a un total de 41.5 millones para operar durante el 2018.

Destacó que en el proyecto de presupuesto para el 2019 el TJA solicitará la asignación de 70 millones de pesos para solventar emolumentos de los dos nuevos magistrados que serán nombrados, y al menos 20 oficiales judiciales y secretarios de acuerdos para la operación de las nuevas salas, los gastos de infraestructura, mobiliario y demás insumos que se requieran para el funcionamiento óptimo del tribunal.

Sostuvo que esta propuesta presupuestal sólo contempla los gastos de “operación óptima” para el próximo año fiscal, y adelantó que espera que en breve haya un acercamiento con los representantes de la administración estatal que encabezará el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para explicar las razones de los recursos solicitados para el año siguiente.

Fueron incorporados los tres municipios indígenas de reciente creación

Oficialmente el estado de Morelos cuenta con 36 municipios, al incorporarse a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos los tres municipios indígenas de reciente creación.

Con seis votos en contra, uno a favor y la afirmativa ficta de 25 municipios, fue aprobada y emitida la declaratoria de la reforma al artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para integrar a los municipios de Coatetelco, Hueyapan, Xoxocotla, a la división municipal del estado de Morelos.

Los municipios indígenas se agruparán en distritos judiciales para la administración de justicia, y la justicia de paz estará a cargo de los Jueces que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Congreso del Estado contará con un plazo de 60 días hábiles para realizar las adecuaciones legislativas necesarias para incorporar a los municipios a las diversas leyes estatales.

No obstante, será hasta el 1 de enero de 2019 cuando se instaurarán los órganos de gobierno de las nuevas demarcaciones.

De acuerdo con las modificaciones constitucionales, la división territorial de Morelos quedará en el siguiente orden: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatetelco, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Hueyapan, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec de Leandro Valle, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.

Entró en vigor el decreto con los cambios autorizados por los exdiputados; ya es obligatorio que esa institución reciba el siete por ciento de todos los ingresos presupuestales

En su ocaso, la LIII Legislatura duplicó el porcentaje del presupuesto que deberá de recibir anualmente la Fiscalía General del Estado, y excluyó la participación ciudadana del Consejo de Honor y Justicia.

De acuerdo con el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que entró en vigor el 31 de agosto tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se estipuló que debido a la reciente autonomía financiera otorgada a la FGE y la modificación de su estructura, debía aumentar el presupuesto de la institución de 3.5% a siete por ciento “de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos del Estado”, provenientes de los ingresos locales, participaciones federales, los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, y cualquier otro recurso que no tenga un fin específico.

También se realizaron  modificaciones a la conformación del Consejo de Honor y Justicia de la FGE, pues al ya no ser una institución dependiente del Poder Ejecutivo estatal, se anularon como integrantes a cinco miembros del gabinete, y al representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos, que tenía voz pero no voto en las decisiones, con el propósito de que el titular de la fiscalía mantenga el control de este órgano  

Dicho consejo ahora estará integrado por el Fiscal General o el representante que éste designe, quien fungirá como presidente y contará con voz y voto de calidad, en caso de empate; cada uno de los fiscales especializados y de los fiscales regionales, que contarán con voz y voto; el titular del Órgano Interno de Control de esta Fiscalía General, que contará con voz y voto; la persona titular de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, quien fungirá como Secretario Técnico y sólo tendrá derecho a voz.

Además, para dar certeza jurídica al personal de la FGE, se precisó que en el caso de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes de la Policía de Investigación Criminal, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su ingreso y permanencia se regularán por la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El personal de la Fiscalía General que no realice funciones policiales, de pericia o de investigación y que no pertenezca al Servicio de Carrera, mantendrá una relación de carácter laboral con la Fiscalía General, por lo que el ingreso y permanencia serán de conformidad con las disposiciones de relaciones laborales, por lo que será aplicable la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

En los artículos transitorios, se autorizó al gobernador del estado para que se constituya en garante avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del pago por concepto de cuotas y aportaciones a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecte a favor de dicho órgano constitucional autónomo, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan.

También, se autorizó a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo estatal para que los pagos que realice y que correspondan a la Fiscalía General del Estado de Morelos, los pueda descontar de las cantidades próximas a ministrar en las transferencias presupuestales que correspondan al mencionado órgano, lo que deberá formalizarse en el instrumento que se celebre entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y fiscalía.

Sala Superior confirmó la sentencia que revocó la constancia otorgada a Torres Sandoval como diputada plurinominal por el PSD; ayer tomó posesión su suplente, Naida Josefina Díaz Roca.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México que revocó la constancia otorgada a Melissa Torres Sandoval como diputada plurinominal por el Partido Social Demócrata, y orilló a que su suplente, Naida Josefina Díaz Roca, protestara el cargo.

La noche del viernes, la Sala Superior resolvió el recurso de reconsideración SUP-REC-1077/2018 promovido por Torres Sandoval, quien alegó que sí cumplía con los tres años efectivos de residencia en Morelos para ser legisladora local.

Pero la máxima autoridad electoral apoyó el criterio de la Sala Regional, respecto a que -en virtud de que Torres Sandoval acreditó en 2015 una residencia efectiva de cinco años en el Estado de México para ocupar una diputación federal- era contradictorio que -a petición de la propia candidata- en 2018 el Ayuntamiento de Cuernavaca expidiera una carta residencia en la que se asentó que residió en Morelos cinco años antes de la elección.

Es decir, que entre 2013 y 2015 residió simultáneamente en ambas entidades y que no había constancia de que Melissa Torres haya cumplido los tres años de residencia efectiva en Morelos, como lo exige la Constitución local para ocupar el cargo de diputada local.

Por tal razón, Díaz Roca -quien fungía como suplente- rindió protesta como legisladora plurinominal del Partido Social Demócrata. 

Sus sucesores, que inician funciones mañana, deberán acatar las sentencias.

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) urgió a los diputados salientes a cumplir con las diversas sentencias de controversias constitucionales relacionadas con decretos pensionarios de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Congreso respondió al máximo tribunal que heredará el asunto a sus sucesores, que en unas horas entrarán en funciones.

Luego de que la SCJN ordenó elaborar el proyecto para la destitución y consignación ante un juez de los todavía diputados, la Mesa Directiva envió a la corte sendos oficios para informar que la legislatura intentaba dar cumplimiento a los mandatos judiciales, sin anexar pruebas, y avisó que sería la LIV Legislatura la responsable de acatar las sentencias.

La SCJN ordenó anexar a los expedientes “el oficio y anexo del delegado del Poder Legislativo de Morelos, mediante los cuales informa que el Congreso del Estado estará en condiciones de emitir el nuevo dictamen y decreto relacionado con el presente asunto, una vez que se integren las comisiones legislativas de la LIV Legislatura, la cual se instalará el uno de septiembre del presente año”.

Además, requirió a los todavía legisladores “para que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que lo acordado previamente no suspende el procedimiento en el incidente de incumplimiento de sentencia”.

La coalición “Juntos Haremos Historia” fue sancionada por colocar propaganda de manera irregular.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) multó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a la coalición “Juntos Haremos Historia” por haber incurrido en actos anticipados de precampaña y campaña y por colocación irregular de propaganda.

En acatamiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el proceso especial sancionador TEEM/PES/7/2018-3, promovido por el Partido Verde Ecologista (PVEM), el TEEM estableció que quedó firme la sanción impuesta con antelación a Rafael Reyes Reyes, alcalde electo de Jiutepec, y consideró que el partido Morena incurrió también en responsabilidad al permitir actos anticipados de precampaña y campaña.

Determinó que hubo una intención evidente de posicionar a Morena, por lo que se calificó la sanción como de “gravedad ordinaria”.

“Se considera procedente atribuirle responsabilidad por la culpa in vigilando al partido Morena por su responsabilidad de garante de vigilar el cumplimiento de la normativa electoral y los principios que rigen la materia, en razón de que con las acciones desplegadas se obtuvo un beneficio en favor del partido denunciado, al existir una promoción anticipada, generando un posicionamiento y una sobre exposición, por mucho, adelantada de su imagen”, estipuló la sentencia y, por unanimidad, el Pleno tribunal le impuso una multa.

También, en cumplimiento del resolutivo de la Sala Regional Ciudad de México del proceso especial sancionador TEEM/PES/25/2018- 3, el tribunal local individualizó la multa a los partidos que integran la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT) e impuso a cada uno una sanción económica de 100 veces la unidad de medida y actualización, la cual consideró adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva.

La sanción a Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social fue por colocar propaganda de manera irregular, en contravención del principio de equidad en la contienda.  

El Cabildo desacata resolución del TEE que ordena su reinstalación.

Continúa el litigio de Ana Bertha Haro Sánchez para conseguir su retorno a la presidencia municipal de Tetela del Volcán, tras la reiterada negativa de la alcaldesa suplente Amalia Hernández Alonso y los miembros del cabildo para reincorporarla a sus funciones.

En el marco de la audiencia de alegatos, Haro Sánchez, junto con sus abogados, se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para exhibir el incumplimiento de la sentencia a su favor dictada el pasado 25 de julio, por la cual el Pleno del órgano jurisdiccional ordenó su restitución como presidenta municipal.  

El pedimento de la parte quejosa es que se apliquen las medidas de apremio necesarias para que -a la brevedad posible- el Cabildo de Tetela de Volcán acate la resolución del tribunal para que pueda concluir el periodo para el que fue electa.

El conflicto inició cuando Haro Sánchez presentó su licencia definitiva al cargo de presidenta municipal para contender como candidata a diputada federal por el Distrito V por la alianza “Todos por México”, pero al perder la elección solicitó al cabildo su reincorporación al cargo.

La alcaldesa suplente Amalia Hernández Alonso y el resto de los integrantes del cuerpo edilicio rechazaron la solicitud, por considerar que Haro Sánchez había declinado al cargo de manera definitiva. Sin embargo, el tribunal electoral determinó que la normativa prevista en el artículo 171, último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, contraviene el derecho político a ser votado consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, y ordenó su reincorporación como alcaldesa, sin que hasta el momento la sentencia se haya ejecutado. 

El fallo judicial impide a la legislatura saliente designar a dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Un juzgado federal otorgó al abogado Jaime Castera Moreno la suspensión definitiva, lo que impedirá a la legislatura saliente designar a los dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Luego de que el pasado 8 de agosto los diputados lanzaron otra convocatoria para intentar ejecutar la designación antes del 1 de septiembre, el juez quinto de distrito, con sede en Cuernavaca, este lunes concedió al abogado y aspirante a magistrado la suspensión definitiva, que si bien permite que corra el proceso previsto, impide que se designe y tome protesta.

En virtud de que la LIII Legislatura fenecerá en cuatro días, la naturaleza de la suspensión implica que el juicio de amparo promovido por el aspirante inconforme seguirá su curso, pero impedirá que los todavía diputados realicen el nombramiento exprés, como era la intención.  

En este juicio de garantías, el abogado planteó reclamó vicios de origen desde la elaboración de la convocatoria por parte de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, hasta la corta temporalidad para cubrir una serie de requisitos y los escasos días que le quedan a la actual legislatura para llevar a cabo un análisis profundo y objetivo de la trayectoria, los antecedentes profesionales y una evaluación del desempeño de los aspirantes a ocupar una magistratura en el TJA.

El pasado 12 de julio, el juez segundo de distrito concedió a Castera Moreno la primera de dos suspensiones contra la convocatoria emitida por el Congreso el 9 de julio, lo cual frustró el intento de la legislatura en ocaso de realizar una designación rápida en el TJA. También, hace unos días la justicia federal concedió la suspensión provisional, con los mismos efectos, a la asociación civil Abogados Unidos por México. 

La designación del Comité de Participación Ciudadana está libre de influencias externas, asegura comisión de selección.

La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) anunció que reanudará el proceso de designación de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que será uno de los principales ejes en el combate a la corrupción.

A través de un breve comunicado, los miembros de la Comisión de Selección informaron que una vez agotado el proceso judicial que mantenía en suspenso el proceso, se reunieron para continuar con el proceso de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana, como lo estipula el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, y tomar acuerdos.

Se informó que en la reunión se acordó consultar a los 16 nominados que cumplieron con lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, sobre su disposición de continuar en el proceso de selección de los cinco integrantes del CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, y manifiesten si existe o no circunstancia que les impida mantenerse en la contienda.

También se señaló que –próximamente- los miembros de la comisión se reunirán para fijar la fecha para el nombramiento del CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.

De igual forma, los integrantes de la comisión señalaron que no hay presiones y que se conducirán de manera autónoma e independiente en la tarea que les fue encomendada.  

“Siempre nos hemos conducido de manera autónoma e independiente del gobierno del Estado de Morelos, así como de la LIII Legislatura del Estado, y así seguiremos”.

“Asimismo manifestamos que no se ha recibido presión alguna por parte del gobierno del Estado ni de la LIII Legislatura, de manera oficial ni extraoficial, que pueda influir en el nombramiento del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos”, afirmaron, y precisaron que darán a conocer los acuerdos que ocurran en la próxima reunión.

El fin es establecer parámetros para corregir las limitaciones a este derecho que contravienen la Constitución

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 33/2018 sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, con el fin de establecer parámetros para corregir las limitaciones a este derecho, que contravienen lo dispuesto en los artículos 1 y 19 de la Constitución federal.

La recomendación está dirigida al Secretario de Gobernación, a la gobernadora y gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad, con el propósito que se reconozca la importancia de visibilizar este derecho de las y los internos, por el importante papel que representa desde la perspectiva de la organización y disposición del régimen penitenciario, y por tratarse de una herramienta fundamental para la reinserción social, al garantizar el ejercicio de los derechos de la persona recluida y al libre desarrollo de la personalidad.

El organismo destacó que las autoridades del sistema penitenciario deben proporcionar y facilitar a las personas privadas de la libertad los servicios de visita familiar, visita íntima, visita de locutorios, visita de abogados defensores, visita de asistencia social y religiosa, comunicación telefónica, correspondencia y biblioteca, así como diversos medios de comunicación electrónicos, impresos y equipos de cómputo con fines educativos y bajo las normas de seguridad que establece la ley y bajo estricta supervisión externa.

 Destacó  que el objetivo de la prisión no es solo un concepto previsto en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sino que conlleva que la reinserción social se dé con base en el respeto por los derechos humanos y en un buen régimen penitenciario.

 Por lo anterior, la CNDH puntualizó en la recomendación la importancia de la vinculación con el exterior como derecho fundamental, considerando para ello el diseño y operación de políticas públicas pertinentes que contemplen infraestructura, procedimientos, marco normativo y personal capacitado y suficiente para dar eficacia al disfrute de esta prerrogativa, condiciones que quedaron señaladas en 6 puntos recomendatorios que así lo precisan.

 La CNDH exhortó a las autoridades destinatarias de la recomendación impulsar la adopción de una política pública nacional que reglamente y genere protocolos respecto de las acciones de la vinculación de la prisión con el exterior, centrado en el respeto a los derechos humanos y orientado a la reinserción social de las personas privadas de la libertad; organizar, capacitar y sensibilizar al personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios en esta materia, y fortalecer las acciones tendentes a dar eficacia al citado derecho, mediante políticas públicas integrales en materia penitenciaria que garanticen a los internos estancia digna y segura en los centros de reclusión.

También, impulsar programas de coordinación con las autoridades corresponsables señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, impulsar el fortalecimiento de un sistema de visitas que se realicen con base en el respeto a los derechos humanos de las personas internas y de quienes ingresan a los centros, privilegiando el interés superior de la niñez que visite a sus familiares; promover el diseño y ejecución de programas de atención postpenitenciaria e informar periódicamente a la CNDH de las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo para el cumplimiento de esta Recomendación y de sus avances.

Resolvió las impugnaciones promovidas por partidos políticos y candidatos contra criterio de paridad de género y cómputo de la jornada comicial 

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la integración de la próxima legislatura, al resolver las impugnaciones promovidas por partidos políticos y candidatos contra el criterio de paridad de género y el cómputo para asignación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de las diputaciones plurinominales.

Al resolver el juicio de revisión constitucional 158/2018 y sus acumulados, por mayoría, la Sala Regional consideró que durante la etapa de la preparación de la elección, el Partido Verde (PVEM) perdió su derecho a postular candidaturas a diputaciones por representación proporcional, como sanción por no cumplir con el principio constitucional de paridad, por ello no resultaba factible que se le asignaran diputaciones plurinominales.

Además, recalcó que, contrario a los argumentos sostenidos por los candidatos Carlos Rebolledo Pérez del PRI y Gustavo Lezama Rodríguez del PAN (quienes reclamaban una sobrerrepresentación femenina en el Congreso local y consideraban que por criterio de paridad ellos debían ocupar las diputaciones que les fueron asignadas a sus compañeras Rosalina Mazari y Dalila Morales Sandoval),  existe una obligación constitucional de establecer acciones afirmativas a favor de los grupos discriminados, entre los que se encuentran las mujeres, cuya finalidad es alcanzar una igualdad real y revertir la discriminación de la que históricamente han sido objeto.

Por ello, consideró que  los lineamientos que de manera oportuna emitió el Impepac, establecieron reglas para garantizar la paridad en las diputaciones de representación proporcional, una de las cuales consistía en que los partidos políticos debían postular a mujeres en el primer lugar de sus listas de candidaturas a tales puestos, situación que no es una violación al derecho de igualdad.

La Sala Regional también declaró infundados los agravios del Partido Encuentro Social (PES), quien reclamaba la asignación de diputados plurinominales. La resolución puede ser recurrida ante la Sala Superior del TEPJF. La LIV Legislatura local, que tomará protesta el 1 de septiembre, estará integrada por 14 mujeres y seis varones, salvo que hubiese cambio de criterio por parte de la Sala Superior.

Refuerzan la capacitación a los mediadores en materia familiar.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) refuerza la capacitación a los mediadores en materia familiar, con el propósito de lograr una comunicación asertiva y efectiva para lograr la conciliación en asuntos familiares.

A través de la Escuela Judicial del TSJ se ejecutará el diplomado “Las nuevas tendencias para el trato familiar y humano en las operaciones de justicia”, con la intención de reforzar el conocimiento y dar más herramientas a los mediadores de la institución.
Emilio González Soto, psicólogo y perito en psicología forense, familiar y civil, resaltó la importancia de esta nueva forma de hacer justicia y la necesidad de que los mediadores adquieran herramientas útiles para resolver conflictos entre las partes de forma rápida, para dar un trato humano y familiar.
“El papel que juegan los mediadores es importante porque se involucra muchas veces una situación emocional que tiene que ver con la comunicación asertiva, la empatía, el lenguaje no verbal y verbal; muchas de las funciones de ellos es observar de qué manera ambas partes pueden estar desgastadas y el mediador puede llegar de manera objetiva a una intervención para que el conflicto termine mucho más rápido”, explicó.

Dijo que en algunas ocasiones, los mediadores tendrán que aplicar un método de transferencia y contratransferencia; aquí las partes pueden transferir a los mediadores una situación emocional que puede ser sana o “engancharse”, como se dice coloquialmente; y la otra transferencia puede darse cuando el mediador se involucra en una situación verbal o no verbal.
Por ello, sostuvo que estos funcionarios judiciales requieren contar con elementos y herramientas como la comunicación asertiva y un lenguaje verbal y no verbal para llegar a la parte objetiva, así como proponer alternativas para solucionar el conflicto entre las partes. 

Hace efectivo el apercibimiento al Congreso porque los legisladores salientes incumplieron sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó elaborar un proyecto de resolución para aplicar a los diputados locales la destitución y la consignación ante un juez, por incumplir con las sentencias del máximo tribunal del país.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y túrnese el asunto al Ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, estableció la SCJN en los estrados electrónicos.

A principios del mes de julio, el Alto Tribunal instó -por tercera ocasión- al Congreso de Morelos a cumplir con las sentencias de al menos cinco controversias constitucionales relacionadas con los decretos de jubilación de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y la autorización de presupuesto para pagar las pensiones.

Pero a la fecha, la SCJN no ha recibido la documentación que dé por cumplidas sus sentencias y, en consecuencia, determinó aplicar la porción del artículo 105 constitucional que establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI de artículo 107 constitucional que, a su vez, indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.

Además, existen en estrados otros apercibimientos al Congreso de Morelos para que cumpla con una decena de sentencias de controversias constitucionales vinculadas a los decretos pensionarios de trabajadores del Poder Judicial. 

Magistrados resuelven que Torres Sandoval no acreditó los requisitos de elegibilidad al no cumplir con los tres años de residencia efectiva mínima en Morelos que exige la Constitución local.

Por mayoría de votos, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inelegible y ordenó revocar a Melissa Torres Sandoval la constancia de asignación de la diputación plurinominal por el Partido Social Demócrata.

Al resolver el juicio de revisión constitucional 160/2018, promovido por el Partido Encuentro Social (PES), los magistrados invalidaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos del pasado 16 de agosto, por estimar que Torres Sandoval no acreditó los requisitos de elegibilidad, al no cumplir con los tres años de residencia efectiva mínima en Morelos que exige la Constitución local.

En la resolución, se consideró que el TEEM no valoró las probanzas del partido actor, quien presentó el expediente integrado hace tres años con motivo de la postulación de Melissa Torres como candidata a diputada federal por el PES, en el cual existe una constancia de residencia emitida en el 2015 en el Estado de México, en la que se hace constar que residió cinco años en esa entidad, y que se contrapone con la constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento de Cuernavaca en 2018, en la que también se estableció que tenía un lustro como residente de Morelos. Es decir, entre 2013 y 2015 residió simultáneamente en ambas entidades.

Al contrastar la documentación, la Sala Regional concluyó que la todavía diputada plurinominal no cumplió con el requisito constitucional de residencia efectiva en el estado, por lo cual decretó su inelegibilidad y ordenó la revocación de la constancia de asignación.

“Se propone revocar la resolución impugnada debido a que el tribunal responsable no valoró adecuadamente las pruebas aportadas por el actor, pues de ellas se evidenciaba una inconsistencia en el requisito constitucional de residencia efectiva para ser diputada local”.

“Lo anterior, tomando en consideración las constancias del expediente formado en el 2015 con motivo del registro de la ciudadana como candidata a diputada federal por el Partido Encuentro Social, se advierte que contaba con cinco años de residencia en el Estado de México, situación que se contrapone con lo anotado en la constancia expedida en este año por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ya que en ella se indica que la ciudadana cuenta con cinco años de residencia en Cuernavaca, de modo que se pone de manifiesto que el documento con el que se acreditó el requisito contiene datos que no guardan congruencia con lo manifestado en el 2015, por lo que no puede tenerse por acreditado el requisito de residencia efectiva y, por ende, la candidata resulta inelegible, por lo cual se ordena revocar la constancia de asignación emitida a su favor”, dictaminó la sala regional.

La magistrada María Silva Rojas votó en contra del proyecto por considerar que la inelegibilidad de Torres Sandoval no fue impugnada en el momento de su registro como candidata plurinominal, por lo cual ya existía una presunción de validez de su registro, y el partido actor debió probar que posterior al 2015 la candidata no residió en Morelos.

Armando Maitret Hernández, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, afirmó que “es materialmente imposible que alguien tenga, en este caso, dos residencias efectivas en dos lugares distintos”, y que la presunción de validez, en este caso, fue destruida. Su postura fue apoyada por el magistrado Héctor Romero, quien consideró que el actor aportó documentación que es pública y que fue generada también por la propia candidata.

La resolución de la Sala Regional todavía puede ser impugnada por Melisa Torres, esposa del ex candidato a gobernador del PRD-PSD, Rodrigo Gayosso, ante la Sala Superior del TEPJF. 

La reforma a la Ley del Notariado así lo determinó; relaja las revisiones de la Secretaría de Gobierno, que serán cada tres años.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las reformas a la Ley del Notariado del Estado de Morelos que prohíben las “gestorías notariales” y acotan a tres años las inspecciones a las notarías.

De acuerdo con el decreto 3437, a propuesta del grupo parlamentario del PRD, fueron reformados los artículos 4, 10, 20, 48, 49, 50, 103, 121, 122 y 123, todos ellos de la Ley del Notariado del Estado de Morelos.

Entre las modificaciones destaca la realizada al artículo 4, relativa a que los notarios no podrán establecer sus oficinas fuera de los límites de su demarcación o del estado de Morelos, so pena de ser inhabilitados en su función.

Además, se prohíbe a quienes no son notarios usar anuncios al público, en oficinas de servicios o comercios que puedan constituir una idea de que quien los usa, o a quien beneficia, realiza trámites o funciones notariales, sin ser notario, tales como “asesoría notarial”, “trámites notariales”, así como otros términos semejantes referidos a la función notarial.

También se determinó que cuando una o varias notarías estuvieren o sea inminente el estado de vacancia o se resolviere crear una o más nuevas, el Ejecutivo del Estado, previa expedición y sin necesidad de declaratoria de vacancia, publicará convocatoria para que los aspirantes al ejercicio del notariado presenten el examen de oposición correspondiente.

En un plazo de 30 días hábiles, los aspirantes deberán acudir ante la Secretaría de Gobierno a presentar su solicitud para ser admitidos en el examen de oposición. Si al agotarse el proceso de evaluación de los aspirantes a notario hubiese una empate, la patente se otorgará al sustentante con mayor antigüedad en el registro de aspirantes y, si también fueran coincidentes, por el que se haya hecho cargo de un protocolo notarial o fungido como sustituto de un notario por el mayor número de veces y, si esto no fuere posible, se resolverá por mayoría de votos en favor de quién el jurado emita su veredicto y en cualquier caso éste será inapelable.

También, en las modificaciones, se estableció que cuando el notario esté de licencia por el desempeño de un cargo público o de un puesto de elección popular, no podrán ser sujetos de inspecciones a sus respectivas notarías hasta que se reincorporen, atendiendo a los principios de indelegabilidad de la función notarial y debido proceso que garantiza una adecuada defensa.

Además, se determinó que las inspecciones de la Secretaría de Gobierno a las notarias ya no serán anuales sino cada tres años, y sólo se practicarán inspecciones especiales en casos de denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función notarial.

Las supervisiones se practicarán en las oficinas de la notaría, en días y horas hábiles oficinas de la notaría si la visita fuere general y, el plazo para que la autoridad notifique al notario, pasó de cinco a 15 días. Salvo que la inspección fuese especial, no se requerirá la notificación anticipada.

Después de tres años de litigio, deberá ser ungido como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

Después de tres años de litigio, el abogado Guillermo Arroyo Cruz derrotó por la vía judicial a los diputados de la legislatura en ocaso y deberá ser ungido como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cuernavaca, anunció que causó ejecutoria la resolución del juicio de amparo 1915/2017 a favor del litigante, luego de que la LIII Legislatura –que concluirá el 31 de agosto- no impugnó la sentencia.

“Se declara que la resolución dictada con fecha 1 de agosto de 2018, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar”, estableció una porción de acuerdo emitido por el juzgado federal que -a su vez- precisó que el Congreso y la Junta Política y de Gobierno -en un plazo de 15 días- deberán acatar la sentencia y tomar protesta a Arroyo Cruz para que de inmediato pueda entrar en funciones, para cubrir la vacante que dejó el ahora magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

En agosto de 2015, Guillermo Arroyo Cruz fue designado por la anterior legislatura como relevo de Orlando Aguilar Lozano, quien estaba a dos meses de cumplir los 65 años para su retiro forzoso, pues entonces la Constitución local establecía esa edad límite para ejercer jurisdicción.

Sin embargo, Aguilar Lozano promovió juicios de amparo y le fueron otorgadas sendas suspensiones para mantenerse en el cargo, lo que impidió que Arroyo Cruz tomase protesta como magistrado.

Tras revocar la designación de Guillermo Arroyo y varios intentos de desplazar a Aguilar Lozano para nombrar a su nuevo reemplazo (que se pretendía fuera una persona cercana a los diputados del PRD), el primero continuó la lucha en los tribunales y, el segundo, en abril de 2018 llegó un acuerdo con el Congreso para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado en tanto se ejecuta la sentencia de amparo a favor de Guillermo Arroyo.

Adicionalmente, la legislatura culminará con la frustrada intención de nombrar a dos nuevos magistrados, tras reformar la ley para aumentar de tres a cinco las magistraturas del TJA. Por suspensiones concedidas por la justicia federal al abogado y aspirante Jaime Castera Moreno y la organización Abogados Unidos por México, no podrá designar ni tomar protesta a los que resulten electos. 

Un juzgado federal otorgó una nueva suspensión provisional que trunca la pretensión del Congreso local de nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Esta vez, el juicio de amparo fue promovido por la organización civil Abogados Unidos de México, a la que el Juzgado Primero de Distrito le concedió la medida cautelar para que la legislatura que concluye en diez días se abstenga de hacer las designaciones de quienes ocuparán las recién creadas magistraturas.

Y es que en al menos dos ocasiones, la legislatura en ocaso intentó realizar la designación de manera exprés sin lograrlo, gracias a los juicios de amparo promovidos por el abogado Jaime Castera Moreno, uno de los aspirantes a ocupar una de las dos magistraturas del TJA en juego y quien se inscribió en las dos convocatorias lanzadas por el Poder Legislativo.

Con esta suspensión provisional otorgada a la asociación Abogados Unidos por México, cuyo representante legal es también Castera Moreno, suman ya tres medidas cautelares concedidas por jueces federales que frustran los nombramientos.

El líder del Consejo Estatal de Abogados no sólo considera ilegal la ratificación de Juan Salazar Núñez por siete años más, sino que considera que existe un conflicto de intereses por la relación del funcionario con la administración estatal que culmina.

El Consejo Estatal de Abogados rechazó la ratificación de Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y advirtió la posibilidad de iniciar acciones para revocar el nombramiento.

El líder de la organización, Ricardo Popoca González, lamentó la decisión del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, de ratificar al otrora consejero jurídico del gobierno saliente, pese a que su nombramiento fenece hasta finales de este mes.

No sólo consideró ilegal la ratificación del fiscal anticorrupción por siete años más, sino que existe un evidente conflicto de intereses por la relación que Salazar Núñez tuvo con la administración estatal que culmina.

Criticó el desempeño del fiscal anticorrupción al no dar resultados exitosos, y por su protagonismo durante los polémicos procesos penales instaurados en contra del exrector Alejandro Vera Jiménez, quien -gracias a juicios de amparo- enfrenta en libertad dos procesos por presunto peculado y enriquecimiento ilícito.

Además, dijo, las organizaciones de abogados no fueron consultadas sobre un tema tan importante. “No andamos buscando trabajo, desde luego, pero es una fiscalía importante dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado que viene a ver lo de la corrupción que prevalece al interior del Estado. Entonces, esta designación o ratificación que hace el fiscal general, consideramos que fue totalmente ilegal”.

Incluso, miembros de diversas organizaciones de litigantes adheridas al consejo estatal, plantearon la posibilidad de iniciar acciones legales para someter a juicio político al fiscal estatal Uriel Carmona, y pedir a los diputados de la próxima legislatura anular el nombramiento y las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que facultaron al fiscal general para hacer la designación de Salazar Núñez, quien fue señalado como posible protector de funcionarios que en breve dejarán la administración pública estatal.

Simultáneamente, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El Congreso local lanzó la convocatoria para la designación de la titular del Instituto de la Mujer, y fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

En la convocatoria, dirigida únicamente a mujeres, se fijó el periodo del 21 al 27 de agosto para que las interesadas puedan inscribirse y competir por el cargo. Para ello, deberán presentar una serie de documentos certificados ante notario, además de comprobar que cuentan con conocimientos profesionales sobre la Teoría de Género y los Derechos de las Mujeres.

Una vez concluido el periodo de inscripción, la Junta Política y de Gobierno del Congreso publicará los nombres de las aspirantes, revisará los expedientes de cada una y excluirá a quienes no hayan cumplido los requisitos de la convocatoria. Luego convocará a comparecer ante la junta legislativa y, posteriormente, entre las finalistas se escogerá una terna que será presentada ante el Pleno para designar, por un periodo de tres años, a la nueva titular del instituto.

Al lanzar la convocatoria a escasos 10 días de que concluya la legislatura, quedó en el aire si los todavía diputados harán una designación exprés o dejarán el nombramiento en manos de sus sucesores, que entran en funciones el 1 de septiembre.

Simultáneamente, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores del Estado de Morelos.