El Congreso del estado invade competencias y se excedió en las reformas que facultan al titular de la FGE para designar al fiscal anticorrupción y para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, plantean.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) alista la acción de inconstitucionalidad que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar, a petición de organizaciones de la sociedad civil, las recientes reformas del Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El organismo informó que la secretaría ejecutiva afina el documento, con aportaciones de más de 30 organizaciones, que será presentado para reclamar la invalidez de distintos artículos de la ley orgánica de la fiscalía por considerarlos inconstitucionales.

La semana pasada, grupos de la sociedad civil solicitaron al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, presentar una acción de inconstitucionalidad para impugnar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101 relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La CDHEM informó que a más tardar el viernes, presentará ante la SCJN lo que sería la quinta acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión, con base en las facultades que le otorga la Constitución federal a los organismos de derechos humanos para impugnar actos de los Poderes del estado.

Entre los actos impugnados previamente por el organismo por medio de la acción de inconstitucionalidad, destacan las reformas del Congreso local que otorgaron la facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.