Permanecen en prisión preventiva

La titular del Instituto de la Defensoría Pública, Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, ofreció continuar con la representación legal de los diez policías estatales acusados del presunto atentado contra el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, una vez que culmine su encargo al frente de la dependencia, al término de la actual administración.

A 70 días de que concluya la gestión de Graco Ramírez, la abogada detalló que requirió a la justicia federal un informe sobre qué falta para que pueda reanudarse la audiencia intermedia del proceso penal que se le sigue a diez elementos detenidos hace cinco años por los presuntos delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Y es que, después de que en tres ocasiones la justicia federal negó el amparo a los imputados contra el auto de vinculación a proceso, sólo faltaba que los deudos de dos de los escoltas del ex fiscal, fallecidos en el enfrentamiento ocurrido el 7 de febrero de 2013, fueran notificados sobre el fallo judicial y, con ello, reactivar el proceso penal del fuero común.

Aguirre Gómez expresó que debido al periodo vacacional en los juzgados y las notificaciones pendientes, difícilmente el caso podrá reactivarse y llegar a la etapa de juicio oral antes de concluir esta administración.  

Dijo que al culminar su cargo y, en caso no permanecer como parte del Instituto de la Defensoría Pública, tiene un compromiso moral con los policías y sus familias de dar continuidad al caso de manera completamente gratuita.

“La familia podría optar, en caso de desearlo, que se siguiera con la defensa por parte de su servidora de manera totalmente gratuita, independientemente de que ya no sea parte de la defensoría, porque es un compromiso personal y ético que he asumido con ellos.

“Y bueno, conocemos el asunto prácticamente desde el momento de su detención, con todo lo legal que ha venido arrastrándose. Era algo que ya se había platicado tanto con los detenidos como con sus familiares, de que en caso, no obstante del término de la administración, pudo haber sido antes o, en cualquier momento te pueden quitar como titular de la dependencia, yo tengo el compromiso de continuar de manera gratuita”, dijo.

Aseguró que, independientemente de que los imputados y sus familiares acepten o no su apoyo jurídico al concluir su gestión, la defensoría estatal tendrá un juego de copias con notas y tarjetas informativas para que cualquier defensor público pueda dar continuidad al expediente.  

Además, recalcó, falta que, a más de cinco años de los hechos, la FGE cuente con los elementos de prueba para sostener la acusación contra los policías, quienes permanecen en prisión preventiva.

Los diez policías estatales enfrentan los cargos de tentativa de homicidio en agravio del ex fiscal estatal, y homicidio calificado de  los tres escoltas que perdieron la vida en el enfrentamiento ocurrido la noche del 7 de febrero de 2013 en la calle 10 de abril de la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Mientras la fiscalía sostiene la hipótesis del atentado, la representación legal de los elementos policiacos defiende su inocencia e insiste en que el incidente se derivó una confusión debido a las órdenes que los agentes recibieron del C-4 (Centro de Control y Comunicaciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal), desde donde se les pidió frenar el convoy de camionetas sospechosas y revisar la identidad de los tripulantes, quienes rechazaron detenerse y entonces sobrevino el enfrentamiento.