El sistema acusatorio adversarial, que acumula un rezago por falta de capacitación, profesionalización y mejora salarial a sus operadores, debe ser revisado por la próxima administración estatal y legislatura, plantea el presidente del Colegio Morelense de Abogados

El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas, consideró que la próxima administración estatal y la siguiente legislatura deben revisar el sistema de justicia acusatorio adversarial, que ha acumulado un importante rezago por falta de capacitación, profesionalización y mejora salarial a los operadores del sistema.

A dos meses de cumplirse una década de la implementación del sistema oral de justicia en Morelos, el profesionista dijo que se priorizó la inversión en infraestructura, pero se olvidó lo más importante: procurar recursos humanos calificados.

“No se le invirtió al sistema de justicia penal, no se creó, como lo propusimos, la licenciatura en servicios periciales y asuntos policiales, donde los policías fueran gente que conociera de armas, que supiera de defensa personal, que supiera derecho y una serie de elementos que ayuden a la investigación.

“Servicios periciales es importante, porque la técnica científica ayuda a resolver muchos de los asuntos y no se logró llegar a este punto”, dijo.

Afirmó que a diez años de la implementación de los juicios orales, es momento de revisar los yerros que han hecho fracasar al nuevo sistema de justicia y hacer una reflexión profunda y certera para alcanzar el objetivo: lograr la plena procuración y administración de justicia.

“Es tiempo que revisemos. Yo advertía en ese tiempo al gobierno de Marco Adame (2006-2012) que había que impulsar en la Facultad de Derecho algunas materias que pudieran, precisamente, promover el interés de las nuevas generaciones en el nuevo sistema y que los alumnos, a la mitad de la carrera, pudieran especializarse y garantizarles un espacio de la fiscalía o el Poder Judicial”, dijo, en referencia a la necesidad de incorporar gradualmente a las nuevas generaciones como capital humano de las instituciones responsables de la justicia.

De acuerdo con su diagnóstico, hay más de 500 mil carpetas de investigación rezagadas y sin judicializar, y más de 10 mil órdenes de aprehensión sin cumplir, lo cual obedece a que se dio preferencia a la construcción y renta de edificios, antes que a la profesionalización, mejoras salariales y la cobertura de insumos a quienes hacen labores científicas para el esclarecimiento de los delitos.

“Los edificios están ahí, pero esos no hacen el trabajo, los que hacen el trabajo son los especialistas, los científicos. No olvidemos que ahora, en términos del artículo 21 de la Constitución, los policías investigan los delitos y ¿cómo lo vamos a hacer con policías que no saben leer, que no saben escribir? ¿cómo hacemos que la escena del crimen esté intacta hasta que llegue la fiscalía, los peritos, etcétera?

“Hay un rezago infinito. Yo no creo que con un cursito de tres horas con cuatro minutos las cosas se puedan solucionar. Se hace mucho bla, bla, bla, pero pocas acciones para que mejoremos. Lo que propongo es revisar para mejorar”, afirmó.

Sostuvo que los profesionistas que operan el sistema de justicia son los que necesitan de los recursos necesarios para cumplir su labor científica e insistió en que debe haber mejoras para quienes son responsables de prevenir, perseguir y sancionar los delitos, “porque no es posible que un diputado tenga un salario integrado de casi 200 mil pesos, mientras que alguien que es más útil, como es un investigador y persecutor del delito, gane entre cinco y ocho mil pesos”.

Juárez Rivas, quien también es fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que con esta calidad también exigirá a la nueva legislatura, de mayoría morenista, y a la próxima administración estatal, que revisen el sistema de administración y procuración de justicia a través de mesas de trabajo con especialistas, para hacer un evaluación seria de lo que se necesita para mejorar.