Organizaciones sociales rechazan la designación, a la que consideran inmoral e ilegal.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ratificó como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, lo que provocó una serie de reacciones negativas de organizaciones sociales que calificaron como inmoral e ilegal la designación.

A través de un comunicado, la FGE dio a conocer que la tarde de ayer, nuevamente Salazar Núñez tomó protesta como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que ocupa desde el 28 de agosto de 2015 y en el cual permanecerá siete años más.

La designación de Juan Salazar fue realizada con base en las reformas realizadas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la FGE, que facultaron al fiscal general para nombrar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados al 50% de su último salario, sin detrimento de que puedan tramitar pensiones paralelas como trabajadores al servicio del Estado.

Según el escueto comunicado, el fiscal general pidió a Salazar Núñez “reforzar el trabajo en materia de combate a la corrupción, bajo un estricto trabajo donde se haga prevalecer, con total transparencia y probidad”.

Sin embargo, la ratificación del fiscal anticorrupción fue descalificada por organizaciones civiles por considerar que el nombramiento fue inmoral e ilegal, ya que el desempeño de Salazar Núñez no sólo fue durante tres años deficiente, sino que pertenece al gobierno saliente, del cual fue parte al fungir como consejero jurídico del gobierno del estado al momento de su primera designación, en 2015.

Por lo pronto, el pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, para impugnar las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que facultan al fiscal general –y no al Congreso- para designar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados. En los próximos días, la SCJN determinará sobe su admisión o no.

El presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y uno de los impulsores de la acción de inconstitucionalidad, Alejandro Smith Vázquez, afirmó que será la SCJN quien deberá dirimir sobre la legalidad o no del nombramiento de Salazar Núñez.

Sin embargo, consideró el nombramiento como ilegal porque está fuera de la norma y los lineamientos que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción, “cuyos preceptos no pueden ser saltados o transgredidos”.

Incluso, sostuvo que la ratificación del fiscal anticorrupción por siete años más hace mucho daño, ya que genera gran desconfianza.

“Su designación ni siquiera es sana porque debe estar al frente una persona intachable, y durante su gestión Salazar Núñez se mantuvo ciego en muchos casos de corrupción y usó a la fiscalía como órgano persecutor, como fue el caso del exrector Alejandro Vera”, dijo.

Roberto Salinas Ramírez, representante de Morelos Rinde Cuentas, afirmó que la decisión de Uriel Carmona “es algo terrible, algo que daña a Morelos y que lo único que hace es garantizar la impunidad y dar protección a funcionarios del gobierno saliente”.

Recordó que Salazar Núñez fue miembro del gabinete estatal, y tanto su primera designación, como la segunda, estuvieron viciadas de origen y hay un evidente conflicto de intereses.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, rechazó la designación y, al igual que la Fecap y Morelos Rinde Cuentas, consideró cuestionable tanto la designación como el desempeño de Salazar Núñez, y sostuvo que será necesario que la próxima legislatura -que entrará en funciones el 1 de septiembre- revise el tema y, si es posible, revoque el nombramiento.

Y recalcó: “Nosotros pediremos a la próxima legislatura que revise el tema, porque ese cargo debe ser ocupado por una persona que responda a los intereses de los justiciables y no a los intereses de quien los colocó en el puesto, y nos parece que lo que se pretende es garantizar impunidad a los funcionarios salientes”.