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En un comunicado señala que no se aportaron elementos para demostrar la conducta delictiva de exfuncionarios.

Luego de que el martes la fiscalía anticorrupción tratara de responder a las críticas por la absolución de un exfuncionario estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que en el proceso citado, la fiscalía no aportó elementos que apoyarán su acusación, de allí que el juez de la causa haya decretado el no ejercicio de la acción penal. 

En el comunicado, el TSJ señala que “respecto de la información al auto de no vinculación a proceso de exfuncionarios  de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO),  de la  pasada administración, que participaron en presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos… durante la audiencia, la Fiscalía formuló imputación a los presuntos responsables y solicitó que se resolviera su situación jurídica “en ese momento”; en este sentido, el juzgador apreció que con los  antecedentes presentados por la Fiscalía no se aportaron elementos de prueba que llevaran a inferir que uno de los imputados conociera o realizara algún tipo de conducta delictiva que afectara el patrimonio del Estado”.

También sostiene que “sobre el proceso de los otros dos imputados, a quienes se les señaló por la conducta tipificada de peculado, sancionada en el artículo 279  fracción I del Código Penal vigente,  la Fiscalía no presentó una prueba que acreditara que los imputados hayan recibido el efecto numerario (dinero)”.

El comunicado finaliza con la afirmación de que  “El TSJ informa que la Fiscalía puede seguir su investigación o recurrir la que emitió el juez, el cual actuó con imparcialidad y conforme a los datos de prueba que fueron expresados en el presente asunto”.

Un juzgado federal nuevamente declara la incompetencia de la Comisión Transitoria del TSJ para sancionar a jueces y funcionarios judiciales.

La instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta se niega a instaurar.

Nuevamente un juzgado federal declaró la incompetencia de la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a los jueces y funcionarios judiciales, porque la instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, desde hace un año se niega a instaurar con el argumento de que el Congreso no realizó la modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

El Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo a la Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Martha Renata Flores Contreras, a quien la Comisión Transitoria en diciembre de 2018 le impuso una sanción económica de 10 unidades de medida y actualización (806 pesos) y ordenó anotarlo en su expediente en la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora recurrió la sanción y se le concedió la protección de la justicia federal, debido a que la Comisión Transitoria carece de facultades para iniciar procedimientos y aplicar sanciones a los funcionarios judiciales.

El Juzgado Segundo de Distrito, quien hace unas semanas concedió un amparo a la juez mixto, Xochiquetzalli Puebla Peralta, reiteró su criterio sobre la incompetencia de la Comisión Transitoria y la nulidad de las sanciones impuestas, pues si bien es cierto que el Congreso no realizó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial – como se fijó en las reformas constitucionales en vigor desde hace un año- no existe impedimento para la instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que debe sustituir al extinto Consejo de la Judicatura.

“En efecto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicarla y desconocer la competencia de un órgano creado a nivel constitucional, pues del texto  del artículo 92 A de la Constitución Local, se advierte las directrices necesarias para instrumentar el funcionamiento de la referida Junta de Administración, ya que establece cómo se integrará, los criterios  que deben observarse para la elección de sus integrantes, la duración del cargo, la independencia de gestión y sus facultades.

“Además la disposición quinta transitoria  del decreto 2611 establece que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina  del Poder Judicial  o a sus integrantes”.

El 4 de abril de 2018 entró en vigor la reforma constitución por la cual se creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pero la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López, mantiene hasta hoy en funcionamiento a la Comisión Transitoria, integrada por ella y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón.

El argumento de Cuevas López y un grupo de magistrados afines es que debe operar dicha comisión hasta en tanto el Congreso no realice las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instaurar la junta. En el caso del primer amparo, la titular del TSJ anunció hace días que recurriría la resolución ante un tribunal colegiado.

Sin embargo, un grupo de magistrados disidentes han insistido en que es ilegal la operación de la Comisión Transitoria y han llamado reiteradamente a instalar la Junta, la cual debe ser integrada por el titular el turno del TSJ, así como un magistrado y un juez, los cuales serán electos por el Pleno del tribunal a partir de una terna que proponga el presidente del TSJ.

En la actualidad, el juez de control está suspendido de sus funciones.

Está señalado por presuntamente favorecer a un implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.   

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formulará imputación contra el juez de control Roberto “N”, quien presuntamente incurrió en actos graves de corrupción e irregularidades en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

La titular de la UESC, Adriana Pineda Fernández, informó que en la primera semana de mayo la unidad antisecuestro pretende formular la imputación al funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 3 de abril por la Comisión Transitoria del Tribunal Superior  Justicia (TSJ) y  simultáneamente bajo investigación administrativa como penal.

Confirmó que fue la UECS quien inicio la queja ante el TSJ contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación  de un caso de secuestro, pero por secrecía la investigación rechazó revelar detalles  de la implicación del funcionario judicial y sólo acotó que se presume que incurrió en corrupción y delitos contra la administración de justicia.

“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro, no es por secuestro (la investigación al juez), sino por otros delitos que atentan contra la administración de justicia y en la primera semana de mayo tendremos ya la formulación de imputación, pues para presentar nosotros ya el caso formalmente con el juez”, explicó

A pregunta expresa sobre la gravedad de las conductas que le serán imputadas al impartidor de justicia, señaló que “desde el punto de vista como fiscalía, nosotros consideramos que es grave con relación con lo que ocurre con las funciones que realiza un servidor público, para nosotros no es una falta, es un hecho delictivo que evidentemente está sancionado por la legislación penal y nosotros vamos a formular la imputación”.

Aunque las autoridades mantienen sigilo sobre los detalles del caso, trascendió que presuntamente el juez habría favorecido o apoyado, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

La transición de las facultades de las juntas laborales locales al Poder Judicial costará recursos que Morelos no tiene, dice el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Es necesario que el gobierno del estado comience a establecer contactos con el gremio de abogados laboralistas para ir preparando el camino hacia la transferencia de las juntas locales en la materia hacia el Poder Judicial, indicó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Sostuvo que “nosotros continuamos insistiendo en que el nuevo sistema de justicia adversarial ha sido un verdadero fracaso; más aun, todavía no acaba  de concluirse ese proceso y nos encontramos en medio de dos sistemas que no resuelven las demandas de justicia y tenemos elementos para advertir que lo mismo pasará en materia laboral”.

Recordó que “hace unas semanas, asistimos a una reunión con el titular nacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), y el señor decía que para poder iniciar el nuevo sistema a través de los diversos Tribunales Superiores de Justicia se requerirá de un capital mínimo de 380 millones de pesos por estado”.

Y destacó que “¿de dónde se va a sacar, en el caso de nuestra entidad? porque a nivel local, el TSJ enfrenta de sí, serios problemas presupuestales para el desempeño de sus actuales responsabilidades, pero pronto deberá hacerse cargo de la justicia laboral”.

Incluso, calculó que el presupuesto requerido pudiera alcanzar los 500 millones de pesos, ya que se tiene que construir  un espacio como Centro de Conciliación que deberá ser el corazón y espíritu del nuevo sistema.

Pero hizo hincapié en que el gobierno estatal debe iniciar un acercamiento con los abogados laboralistas a fin de empujar un trabajo conjunto y buscar tomar decisiones de manera colegiada si es que se desea comenzar con el pie derecho.

“Lo que tenemos entendido –abundó- es que en el estado no hay mucho presupuesto del cual echar mano, habría que ver si la Federación está dispuesta a hacer algunas aportaciones a las entidades federativas, lo cual sería lo más lógico si se desea acelerar el proceso, pero aún así, la transición llevaría dos o tres años, no es cosa de semanas o meses”.

Y abundó en el sentido de que “lo que a nosotros nos preocupa es que la titular del Tribunal Superior  de Justicia no tiene ni idea de lo que es la justicia laboral y será la encargada de darle forma al nuevo modelo; ojalá se deje ayudar”.

En mayo, los servidores públicos del Poder Judicial deberán de presentar su declaración patrimonial, conforme lo prevé la ley.

El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, Isidro Zambrano Vargas, pidió a los servidores públicos de la institución presentar por escrito en tiempo y forma su declaración patrimonial actualizada.

Detalló que entre los sujetos obligados a cumplir con este requisito de ley, están los secretarios de acuerdo, directores de área y departamento, jueces y magistrados.

Explicó que la declaración patrimonial anual  tiene  el propósito de transparentar sus ingresos y, en esta ocasión,  los funcionarios judiciales deberán presentarla de forma escrita.
Informó que en todo el mes de mayo, personal de la Contraloría interna instalará módulos en las sedes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y  Jojutla, para recibir las declaraciones patrimoniales y resolver dudas de los trabajadores del TSJ.

“Tanto la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, refieren que todos los servidores públicos debemos ser transparentes con los ingresos que percibimos y el tribunal cada año cumple con esta obligación”, dijo.
El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, invitó a los trabajadores para que acudan a los módulos o consultar la ligahttp://tsjmorelos2.gob.mx/ 2016/declaracion_patrimonial/.

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que califique si los tres Poderes del Estado acatan o no correctamente el acuerdo emitido el pasado 4 de marzo para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales respecto a etiquetar y suministrar los recursos necesarios para el pago gradual de las pensiones de los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Precisó que hoy vence el plazo fijado por la SCJN al Poder Ejecutivo para cumplir con el suministro de recursos al TSJ para el pago del primero de 11 bloques de controversias constitucionales, en las que se ordenó disponer de presupuesto para pagar las pensiones.

Indicó que se comunicará a la Corte el cumplimiento requerido conforme se suministren los recursos del fondo de 80 millones de pesos etiquetado por el Congreso para pagar a los jubilados del Poder Judicial, con base en el orden establecido por el Alto Tribunal.

Cuestionado si podría la SCJN hacer nuevos requerimientos en vista de que los 80 millones de pesos fueron tomados del mismo presupuesto del Poder Judicial y no se etiquetó un presupuesto específico para el pago de pensiones de los trabajadores judiciales en retiro, señaló que tocará al máximo tribunal calificar el cumplimiento de las sentencias en controversia constitucional y del acuerdo del 4 de marzo.

“Somos tres los involucrados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo únicamente le corresponde vigilar y determinar que se transfieran los recursos. La obligación que se le impuso al Legislativo es que etiquetara los recursos. Si la Corte determina que no están bien etiquetados esos recursos, tendrá que venir un pronunciamiento, y si considera que el Ejecutivo no está transfiriendo los recursos suficientes, pues también puede haber un requerimiento, vamos a esperar como se pronuncia la Corte”, manifestó. 

El Poder Judicial del Estado de Morelos, aclara que las controversias constitucionales relativas a los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia derivan de la falta de conceptos económicos específicos para el rubro de jubilaciones en el proceso legislativo, ello trae por consecuencia una vulnerabilidad presupuestal de todo el órgano jurisdiccional, que afectaría tanto al Tribunal como a los propios compañeros jubilados.

Es así, que la defensa del Tribunal Superior de Justicia, buscó proteger el presupuesto y ha presentado más de cien controversias resueltas por   la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien favoreció otorgar por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las partidas correspondientes, en un marco de coordinación y respeto institucional.

Así también el Tribunal aclara que el área de visitaduría tiene facultades de responsabilidad, es un órgano de la Comisión Temporal, tiene por objetivo la disciplina para el buen desempeño de la impartición de justicia. Existen quejas iniciadas contra diversos servidores, las cuales serán atendidas con fundamento en el procedimiento administrativo correspondiente. Al no haber fuente real de la nota aclarada aquí, que señale el hecho directo, se considera especulación, y la justicia trabaja con denuncias reales y conocidas.

La magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, defiende la operación de ese órgano.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, adelantó que impugnará el amparo concedido a una juez, en el que se decretó la incompetencia de la Comisión Transitoria para conocer de los procesos administrativos y sanciones a funcionarios judiciales porque es competencia de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual no ha sido instalada desde hace un año.

Hace unos días, un juez segundo de distrito en el Estado de Morelos concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, y revocó la sanción administrativa de 754 pesos que le impuso el extinto Consejo de la Judicatura, y ordenó emitir una nueva resolución.

La razón para la concesión del amparo, de acuerdo con el juez federal, es que no es Comisión Transitoria (integrada por Cuevas López y los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz) la instancia competente, sino la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, creada a partir de la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018 y la cual no ha sido integrada.

Según Carmen Cuevas, la resolución del juez “tiene muchas inconsistencias”, porque la Comisión Transitoria –insistió- está debidamente instaurada y es competente para conocer este tipo de asuntos.

“La resolución habla de una competencia, esa resolución no es definitiva. Nosotros nos vamos a ir al recurso de revisión porque creemos y consideramos poderlo ganar, porque tiene muchas inconsistencias. El Poder Judicial no se puede quedar paralizado, la comisión fue transitoria pero está legalmente establecida y todos sus actos son legalmente establecidos”, dijo, al señalar que la sentencia será recurrida ante un tribunal colegiado.

Indicó que la Comisión Transitoria seguirá funcionando, aunque ya hay un acuerdo del Pleno del TSJ para instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Juzgado federal declara incompetente a la Comisión para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, en virtud de que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que no ha sido instalada desde abril de 2018.

Un juzgado federal declaró incompetente a la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, porque carece de legitimidad jurídica, en virtud de que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, y que no ha sido instalada desde abril de 2018.

El pasado 3 de abril, Jorge Isaac Lagunes Leano, juez segundo de distrito en el estado de Morelos, concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, a quien la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, y el extinto Consejo de la Judicatura, ordenó iniciar un procedimiento administrativo en noviembre de 2017, luego de se realizó una “visita extraordinaria” a su juzgado y se detectaron supuestas irregularidades.

El 21 de septiembre de 2018, la Comisión de Magistrados o Comisión Transitoria nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (que sustituyó al Consejo de la Judicatura), dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 412/2017, determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la juez e impuso una sanción económica de 754 pesos y la anotación en su expediente ante la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora impugnó la sanción por la vía del amparo y expuso ante el juez de distrito la violación de sus derechos humanos y garantías procesales, porque la Comisión de Magistrados o Comisión Transitoria, no sólo es incompetente para conocer de los procesos administrativos sino que opera de manera ilegal, porque debió extinguirse desde el año pasado e instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como órgano competente y dotado de facultades, tras la reformas constitucionales en vigor desde el 4 de abril de 2018.

En su sentencia, el juez federal explicó que, si bien el 16 de febrero de 2018 entró en vigor la reforma constitucional que estableció que el Pleno del TSJ nombraría una comisión que estaría integrada por el presidente del Tribunal y dos magistrados para sustituir al extinto Consejo de la Judicatura, hasta en tanto el Congreso realizara las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial, dos meses después, el 5 de abril, entró en vigor una nueva reforma que derogó las disposiciones anteriores y dio origen a la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Incluso, el juez federal precisó que si bien en la reforma constitucional se fijó un plazo de 90 días para que el Congreso local reformara la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto no debe ser excusa para no instalar la junta de administración.

“En efecto, la disposición segunda transitoria  del decreto 2611, por el que se reformaron diversas disposiciones  de la Constitución Política  del Estado de Morelos, publicado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se señala expresamente que dicho decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad,  y si bien el Congreso del Estado de Morelos, no ha  reformado la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos, ello no significa que la entrada en vigor de las reformas constitucionales quede supeditada a la expedición dicha legislación secundaria, porque no se estableció de esa manera.

“Máxime, si tomamos en consideración que, al incorporarse al texto constitucional local la institución de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se determinó la competencia de dicho órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otros, para tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, lo cual no puede limitarse válidamente por la falta de actuación de la Legislatura del estado que, por mandato constitucional, debió expedir las normas secundarias correspondientes!.

“Ya que suponer lo contrario implicaría aceptar la posibilidad de que la competencia e instrumentación de un órgano del Poder Judicial del Estado, establecido en rango constitucional local, quede al arbitrio del legislador ordinario, el cual tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema estatal”.

Consecuentemente, dice la resolución, dicta en favor de la juez Puebla Peralta, “resulta claro que la resolución reclamada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, fue emitida por una autoridad, legalmente incompetente, pues la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carecía de facultades legales para hacerlo, en la temporalidad indicada,  razón por la que resulta nula de pleno derecho y violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal”.

De esta forma, el juez recalcó que aun cuando el Congreso no cumpla con el mandato constitucional de realizar las modificaciones legales, el TSJ está en posibilidad de aplicar las disposiciones constitucionales e instaurar la junta.

En consecuencia, el juez de distrito concedió el amparo a la juez quejosa para efecto de que la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,  deje sin efectos la resolución del 21 de septiembre de 2018, emitida en el expediente 412/2017, y, “dado que del informe justificado de la  referida Comisión, se advierte que no se ha creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos aquí formulados,  se declare incompetente para resolver el procedimiento administrativo de referencia”. La resolución todavía puede ser impugnada por el TSJ ante un tribunal colegiado.

Pleno sostiene existencia de comisión

El pasado viernes se llevó a cabo la sesión de Pleno solicitada meses atrás por un grupo de magistrados para que la titular del TSJ, Carmen Cuevas, explicara, entre otros temas, la insistencia de mantener la Comisión Transitoria.

Magistrados como Rubén Jasso, Miguel Ángel Falcón Vega y la magistrada presidenta Carmen Cuevas, persistieron en sostener en funciones a la comisión, pero no se descartó la posibilidad instaurar la junta, ante esta resolución del Poder Judicial de la Federación y en vísperas del informe de actividades de la presidente del TSJ. 

La resolución judicial echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, deberá cumplir la sentencia emitida por un juez federal contra la omisión de concluir el concurso para ocupar 18 plazas de juez de primera instancia y dos plazas de juez menor, y las vacantes que surjan durante el concurso. Así lo aseguró el abogado Jorge Luis López Flores, quien señaló que el día 3 de abril del presente año, el juez noveno de distrito en el estado le concedió el amparo y protección de la justicia federal.
Aseguró que la resolución echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, acción que fue denunciada por diversos grupos de abogados de Morelos, tras considerar que no sólo no fueron sometidos a un concurso de oposición, sino que los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.
El litigante señaló la omisión por parte de la comisión que administra al Tribunal Superior de Justicia, la cual está conformada por la propia Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, quienes desde finales de 2017 han dejado sin concluir el concurso para nombrar jueces, que marca tres etapas, de las cuales sólo se realizaron dos de ellas, destacando que en mayo del año 2017, el Consejo de la Judicatura declaró desierta la primera convocatoria, debido a que el 99% de los aspirantes a juez no alcanzó la calificación mínima requerida de 8 en el examen de conocimientos; por lo tanto, estaban impedidos para pasar a las siguientes etapas del concurso de oposición. En esta fallida convocatoria, el TSJ asegura haber invertido 600 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

El abogado López Flores, candidato a juez, señaló que deberá analizarse si dichos nombramientos están en el marco legal, o si se infringieron las bases del concurso, al citar -como ejemplo- el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y excolaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.
El proyecto de sentencia otorgado por el juez noveno de distrito en el estado ordena al Tribunal Superior de Justicia reponer el proceso de designación de jueces al que convocó el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, por lo que dicha comisión deberá publicar la lista de los aspirantes que aprobaron la segunda etapa del concurso y que acceden a las etapas finales del mismo, lo que abonará en beneficio y credibilidad del tribunal de justicia, que está muy desgastada -dijo- por la mala gestión y contubernios de Cuevas López con el exgobernador Graco Ramirez.

El juzgador fue acusado de favorecer a un imputado por el crimen del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.

Una comisión determinará su responsabilidad en base a las pruebas presentadas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores en octubre de 2016.

A través de un comunicado, el TSJ informó que el pasado 3 de abril, como consecuencia de una queja presentada ante la Comisión Transitoria, se inició el procedimiento administrativo contra un juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución, del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 

“Derivado del análisis de las pruebas aportadas por el quejoso, de conformidad con la ley orgánica y de la correspondiente a la normativa de responsabilidades de los servidores públicos, se tomó la medida provisional de suspender al funcionario investigado, ya que existen los elementos suficientes que contravienen la ética profesional del servicio público y el marco jurídico respectivo. 
“Cabe aclarar, que el servidor público investigado tiene a salvo sus derechos humanos y garantías constitucionales. Además, de conformidad al principio de presunción de inocencia, se le respetará cada una de sus prerrogativas de ley”, estableció el comunicado emitido por el TSJ la tarde del jueves.

Las autoridades judiciales mantienen hermetismo sobre el caso, pero de acuerdo con fuentes consultadas, el juez Roberto “N” está bajo sospecha de haber actuado a favor de uno de los implicados en el caso del joven Tonatiuh, presuntamente a cambio de un beneficio económico.

Entre las pruebas aportadas a la Comisión Transitoria para el inicio de la queja, están unas grabaciones de llamadas telefónicas, intervenidas por orden judicial, que implican al juzgador, sin embargo deberá desahogarse el procedimiento para determinar sobre la posible responsabilidad el funcionario judicial.  

Tona, como lo llamaba su familia, salió el 7 de octubre de 2016 de su casa en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, con la intención de acudir con un grupo de amigos a la inauguración del bar Bambaye en la Ciudad de México, pero acabaron en el Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán en el Estado de México.

Un día después, su familia perdió comunicación con el joven e inició una carpeta de investigación por su desaparición. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado detuvo a dos trabajadores del Poder Judicial, Víctor Manuel y Jonathan, y a otro sujeto identificado como Jorge Alfredo, a quienes se les atribuyó el presunto delito de secuestro de Tonatiuh.

El Poder Judicial deberá pagar a Ricardo Rosas Pérez el 100 por ciento de su salario retroactivo al 2010.

Al omitir convocar a la integración e instalación del órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura, la magistrada presidenta del TSJ incurre en violación a la ley: Arenas Ángeles.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, no descartó promover una denuncia penal contra la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, ante la negativa de convocar a la integración e instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que desde abril de 2018 debió ser instaurada en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Consideró falso el argumento de Cuevas López de que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instalar la junta, porque la reforma constitucional en vigor desde hace casi un año estableció con claridad la extinción de la Comisión Transitoria –que actualmente integran Carmen Cuevas y los magistrados Rubén Jasso y Miguel Ángel Falcón-, y la creación del nuevo órgano colegiado

Recordó que desde el 28 de enero, los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gambo Olea y él, entregaron a la presidencia del TSJ un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ, y que no se haya instalado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en franca violación a la ley.

“Si leemos el artículo séptimo transitorio del decreto 2611, publicado el 4 de abril de 2018, expresamente dice que quedó derogada la Comisión de Transición y es una grave omisión (no instalar la junta), porque al final quienes están viendo la disciplina y la vigilancia hasta han hecho nombramientos y han sancionado”.

“Entonces, para nosotros, quienes suscribimos este documento y, al parecer, se empiezan a sumar nuevos magistrados, no compartimos la idea de que siga funcionando un órgano que ya no existe, en donde las funciones que están realizando ya no tienen ningún sustento legal ni constitucional”, afirmó.  

A pregunta expresa sobre si procedería alguna acción legal ante la negativa de instalar dicha la junta, señaló que existe la posibilidad de que alguna persona afectada por las decisiones de la Comisión de Transición pudiera denunciar la ilegalidad en la que opera este órgano.

“Somos peritos en derecho, protestamos la Constitución y ser omisos es sancionable. Estas conductas pueden ser sancionables por quienes son afectados o, incluso, el foro de abogados, algún litigante, una persona que ha sido afectada por esta comisión, puede denunciar”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es un deslinde, porque si no, nos constituimos en autoridades omisas y, al mismo tiempo, podemos terminar como responsables solidariamente de una conducta que pudiera ser sancionada penalmente”.

Tampoco descartó la posibilidad de iniciar, como magistrado, una denuncia penal, por el funcionamiento ilegal de la cuestionada comisión.  

“Es una posición que tenemos que valorar. De todos modos, la conducta ya se dio, o sea, esa es una realidad y en cualquier momento tendríamos que valorar esta posibilidad para poner en conocimiento de la autoridad penal esta situación”, expresó.

La directiva del Poder Judicial analizará el presupuesto aprobado y publicado para analizar si se ajusta a las expectativas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, afirmó que el Poder Judicial fijará una postura hasta analizar con detalle el presupuesto que le fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

Luego de que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5687, fue publicado el Decreto 76, por el que el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y asignó al Poder Judicial sólo 523 millones de pesos, señaló que primero se hará un análisis legal y en breve se determinará qué seguirá.

Recordó que hay una controversia en curso promovida por el Poder Judicial antes de que se aprobara el presupuesto, en la que se planteó que le correspondía a la administración de justicia –con base en la autonomía financiera- el 4.7% del presupuesto estatal programable.

“Nosotros ya tenemos una controversia establecida y, bueno, nada más terminaremos de analizar el presupuesto para que en breve les estaremos informando lo que vamos a hacer jurídicamente”, dijo.

Señaló que hay varios proyectos pendientes de modernización y mejoramiento para el Tribunal Superior de Justicia, pero su realización dependerá de los recursos con los que se cuente. 

La medida, para acatar sentencia de la SCJN que amenazaba con destituir al gobernador y a los directivos del Congreso local.

Son 116 los jubilados y pensionados que recibirán el beneficio; el presupuesto 2019 aún no se publica en el periódico oficial.

El Congreso del estado etiquetó 80 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019 para que el Poder Judicial cumpla con el pago de jubilaciones y pensiones en favor de sus trabajadores, informó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con la asignación de dicho monto presupuestal, el Congreso del estado habría acatado una orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 4 de marzo para el cumplimiento de 116 sentencias en favor de jubilados y pensionados.
Sin embargo, hasta la tarde de ayer martes, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el 2019 no había sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para su entrada en vigor.
Mazari Espín dijo que esperaban que la tarde de ayer se publicara el decreto del Paquete Económico para que el Poder Judicial pueda cumplir con el pago de las jubilaciones.
No obstante, consideró que el tema de las jubilaciones y pensiones, que se ha vuelto un problema financiero para los tres Poderes del Estado y los ayuntamientos, debe atenderse a fondo y buscar una solución. 

Los servidores públicos recibirán talleres y cursos que abordarán temas como la superación del duelo, resiliencia, apego y amor, entre otros.

El Sistema DIF estatal signó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos con el fin de brindar cursos, talleres y capacitaciones que proporcionen herramientas a los servidores públicos, las cuales les permitan desenvolverse mejor en su entorno familiar y laboral.
La directora general del organismo estatal, Alejandra Jarillo Soto, destacó que la capacitación es una forma de mejorar el presente de las dependencias gubernamentales y construir un futuro en respuesta a las necesidades de contar con un equipo de trabajo calificado y productivo, mejorando sus habilidades, actitudes y conocimientos.
“Desde el mes de noviembre, el DIF estatal, en coordinación con el TSJ, impartieron talleres para el personal y público en general, abordando temas como derechos de los niños, superación del duelo, restauración del autoestima para padres y resolución de conflictos, entre otros”, explicó la funcionaria.
Destacó que gracias a la aceptación de parte de los participantes, nuevamente se trabaja coordinadamente para implementar un segundo ciclo de talleres titulado “Inteligencia emocional”, donde se abordará la superación del duelo, resiliencia, apego y amor, identidad, relaciones interpersonales y plan de vida.
La magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, resaltó que esta colaboración dará como resultado instrumentos idóneos para formalizar y establecer compromisos de carácter institucional que sensibilicen y concienticen al personal en la formación de valores, además de llevar la cultura de la igualdad de los derechos humanos entre hombres y mujeres.
Es así como el Sistema DIF Morelos, que encabeza Natália Rezende Moreira, pone como prioridad la promoción de actividades que contribuyan al fortalecimiento y bienestar de los diferentes sectores de la población, con un enfoque de derechos humanos y equidad de género.
Durante la firma del acuerdo de colaboración participaron como testigos de honor los secretarios de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, y de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre.

El constitucionalista Jorge Luis Flores López señala que la presidenta del TSJ pudo optar por otra vía para obtener presupuesto para las pensiones; denuncia que la magistrada es omisa en nombrar jueces por concurso.

Requiere TSJ partida adicional a presupuesto ordinario: Becerra Arroyo.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llamó al Congreso a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y etiquetar una partida adicional al presupuesto ordinario para el pago de pensiones; de lo contrario, sería simular e incurrir en la repetición del acto reclamado.

Alejandro Becerra Arroyo, coordinador de asesores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), consideró que el acuerdo emitido por la SCJN ayudará a que el Poder Legislativo, principalmente, acelere la autorización de recursos para que trabajadores en retiro puedan recibir sus pensiones, de acuerdo con las sentencias de 116 controversias constitucionales.

“Este acuerdo creo que es muy bueno para nosotros, porque desde el principio nuestra intención no fue nunca lastimar el bolsillo del trabajador jubilado, nunca fue la intención de que sufran estos estragos, sino la intención fue que nos dieran los recursos necesarios para no poner el peligro las finanzas del Poder Judicial y seguir operando”, explicó.

Reconoció que hubo fuertes críticas a la decisión de impugnar los decretos jubilatorios ante el máximo tribunal del país, pero el Poder Judicial no tuvo opción porque ya no tenía presupuesto para pagar más de 200 jubilaciones que fueron aprobadas por diputados de las anteriores legislaturas, pero sin etiquetar recursos adicionales.

Indicó que las finanzas del Tribunal Superior de Justicia, que ostenta la representación del Poder Judicial de Morelos, fueron puestas en jaque por la ola de jubilaciones cargadas al gasto corriente de la institución, que los últimos años no tuvo incremento.

Indicó que las legislaturas anteriores fueron reiteradamente omisas al no atender la petición del TSJ de etiquetar recursos adicionales por cada uno de los decretos pensionarios aprobados, lo que motivó el litigio ante la SCJN contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Explicó que, inicialmente, para cumplir con las 116 sentencias y pagar las pensiones a los trabajadores jubilados, se requirió al Congreso cerca de 120 millones de pesos, pero con anterioridad fueron hechas varias transferencias (por 34 millones de pesos aproximadamente) que habrán de restarse del monto originalmente calculado.

Precisó que estos montos son sólo para pagar lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y, para evitar que en lo subsecuente se genere de nuevo el mismo litigio, el Congreso local está obligado a presupuestar para 2019 un partida financiera adicional y específica para el pago de jubilaciones de trabajadores del Poder Judicial, la cual deberá incrementarse conforme se aprueben nuevos decretos y aumente el salario mínimo.

Pidió a los diputados no simular el cumplimiento e incurrir en la repetición del acto reclamado, ante la posibilidad de que dentro del mismo presupuesto 2019 autorizado para el TSJ, se pretenda por parte del Congreso cargar la partida de jubilaciones, porque esto implicaría la repetición del acto. 

“Hacerles el hincapié en que el máximo tribunal del país ha sido enfático en decir que esa cantidad de dinero no debe ser parte de nuestro presupuesto, porque sería fácil y cómodo decir que ´del presupuesto que vas recibir, te etiqueto para (cumplir sentencias de) controversias’, y eso sería como simular un cumplimiento, porque si la finalidad de tramitar la controversia fue para que nuestro presupuesto anual no se perjudique con ese pago, porque es un pago extraordinario, es un pago que no tienes planeado, que te llegue el decreto y lo tengas que pagar, e ir reduciendo el presupuesto”, dijo.

Llamó a los Poderes del estado a atender de manera conjunta este tema de la SCJN y encontrar una solución favorable para todas las partes.

Conmina a los tres poderes a cumplir las sentencias bajo amenaza de destitución.

La Comisión de Transición no opera ilegalmente, por la falta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, asegura magistrado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) responsabilizó al Congreso local de no hacer las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial para instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

“Nosotros estamos en espera de que la (reforma a la)  ley orgánica que el Congreso lo haga, está en la cancha del Congreso del estado”, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien explicó que se ha convocado a magistrados a analizar el tema, pero no todos acudieron al llamado.

El magistrado del TSJ, Manuel Díaz Carvajal, señaló que sigue en operación la Comisión de Transición en tanto no se expidan las reformas legislativas que regulen el funcionamiento y las atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Consideró que la comisión, que ha sido cuestionada por abogados y varios magistrados, no opera ilegalmente, y aseguró que los juzgados federales han reconocido la validez de ese órgano colegiado que transitoriamente atiende los asuntos del extinto Consejo de la Judicatura.

“A título personal, considero que está dentro de la ley. Yo he tenido conocimiento por la propia función, de resoluciones de juicios de amparo en donde reconocen la validez de la actuación de la comisión. Entonces, consideramos que es apegada a la Constitución y a derecho”, dijo.

Insistió en que la instalación de la Junta de Administración depende de las reformas legislativas porque es necesario que exista un marco normativo respecto a las atribuciones de este órgano colegiado sobre la disciplina judicial, la designación de jueces, el manejo presupuestal, entre otros temas.

Respecto a la petición de un grupo de magistrados que solicitaron recientemente a la presidencia de la TSJ convocar a sesión de Pleno para abordar este tema de la junta, expresó que hace poco la magistrada presidenta convocó a una reunión preliminar para preparar la sesión plenaria, pero no todos los magistrados acudieron.