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Podrían acarrear denuncias penales o procesos administrativos: Giménez Valdés.

El secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, dio a conocer que se han identificado 24 contratos firmados en la administración pasada de los que se podrían derivar denuncias penales o procesos administrativos por diversas acciones.

Comentó que como parte del proceso de revisión, se analizará la aplicación de recursos y acciones realizadas en el centro histórico de Cuernavaca, así como el cumplimiento cabal de la empresa constructora.

El funcionario estatal refirió que se ha considerado dar continuidad a algunos aspectos, dado el monto de recursos que ya se invirtieron en ese proyecto, como podría ser el remodelar la calle Salazar con concreto estampado.

Apuntó que la auditoría comenzó desde el 2 de octubre y como parte del proceso de auditoría están en posibilidad de presentar expedientes relativos a 24 contratos, en los que detectaron irregularidades administrativas que podrían derivar en procesos administrativos y/o penales.

Comentó que se han revisado obras como el Congreso local, la del Tribunal Superior de Justicia en Atlacholoaya, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado porque hay varios retrasos en cuando avances físicos, además de que se revisan temas de calidad y conceptos pagados, pero no ejecutados. Entre ellos apuntó dos contratos relacionados con el Museo Juan Soriano, donde está en revisión un monto de alrededor de 300 millones de pesos.

El secretario informó que hay mil 700 kilómetros de redes carreteras estatales que no han sido atendidas y se planea un plan de rehabilitación y conservación, y para ello requerirán del apoyo del Congreso local en el tema de presupuestos. Y es que dijo que la calificación del estado de esas vías de comunicación está por un cinco de diez puntos.

Explicó que se buscan las alternativas para enfrentar asuntos pendientes que dejó el gobierno estatal en la administración pasada, ya que reiteró que no hay dinero en las arcas, pero se gestionarán fondos federales para terminar esas obras.

Informó que se hará un censo de obras inconclusas y comentó que entre esos asuntos están la comandancia de Ocuituco que jamás se hizo, o la de Huitzilac que lleva un avance real de apenas el 70 al 75% y se reportó en documentos el 80%.

Entre las anomalías comentó la aplicación de “sobreprecios” es decir costos por arriba de los precios de mercado, cosas pagadas no contratadas, otras cobradas y no realizadas, entre otras.

El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

La CIDH pide instalación de una mesa de trabajo con el titular del Ejecutivo estatal para conocer la situación actual.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera formal al gobierno del estado la pronta instalación de una mesa de trabajo para revisar y dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Juliana Quintanilla García, vocera de la CIDH, recordó que es la organización que promovió la AVG y que se decretó en ocho municipios de la entidad hace tres años. Dio a conocer que mediante un documento que fue entregado este viernes en el palacio de gobierno, pidieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que incluya una reunión de trabajo en su agenda de este mes.

Consideró que para que el titular del Ejecutivo cumpla la promesa que hizo en su discurso de toma de posesión respecto al combate a los feminicidios, es necesario conocer la situación actual en el estado y darles cumplimiento a las indicaciones de la AVG.

“Queremos que escuche nuestra opinión, como organización que ha laborado durante los últimos años, para que dé las instrucciones correspondientes a todas las instituciones involucradas. Porque no se trata de que una sola dependencia atienda al tema; se trata de una política de respeto y atención al tema de la violencia contra las mujeres”, abundó.

Por ejemplo, la representante de la CIDH comentó que desde hace tres años hasta la fecha el Instituto Morelense de la Mujer no ha cumplido con la conformación de la base de datos, en la que se debe concentrar información verídica de casos, tipos y demás relativa a la violencia, de todas las instancias involucradas con la AVG y “si en algo tan simple no se ha cumplido por parte del Instituto de la Mujer, entonces el gobierno estatal debe revisar todos los aspectos que no han sido cumplidos y por qué”.

Apuntó que hay otros aspectos graves que no se han cubierto, como la forma en la que deben ser integradas las carpetas de investigación de feminicidios. Otro aspecto es el del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que argumenta que no recibe los expedientes correctamente; la Comisión Estatal de Seguridad no ha desarrollado todos los programas de prevención. “Y finalmente el tema del Poder Legislativo, que no ha querido dar el seguimiento concreto a la AVG y tampoco ha querido hacer las adecuaciones al marco legal”, señaló Quintanilla García.

El magistrado electoral rindió su informe de labores y entregó la presidencia a Carlos Puig.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado acusó al ex gobernador Graco Ramírez y los diputados de la extinta LIII Legislatura de intentar debilitar al órgano jurisdiccional, y afirmó que a pesar de la auditoría extraordinaria, ordenada por el Congreso en medio de los comicios, el tribunal no tuvo más que tres observaciones que ya fueron solventadas.

Al rendir su informe de actividades y concluir su periodo como presidente del TEEM, señaló que el tribunal enfrentó una fuerte embestida política, al ver reducido su presupuesto anual de 41.5 a 18 millones de pesos.

Además, recordó que con la intención de controlar e intimidar al órgano jurisdiccional, la anterior legislatura ordenó a la entidad de fiscalización realizar una auditoría extraordinaria, pese a que a que el tribunal se encontraba en plena proceso electoral, sustanciando los diversos recursos de impugnación.

“El mensaje era claro, debilitar a nuestra institución y poner en riesgo la impartición de justicia y el proceso electoral. Nos defendimos por la vía del derecho e interpusimos sendos juicios para proteger la independencia y autonomía del tribunal”, dijo.

Precisó que al concluir la auditoría, sólo resultaron tres observaciones que fueron inmediatamente solventadas y se comprobó que los recursos fueron aplicados adecuadamente.

Previó a la entrega de la presidencia del TEEM a su homólogo Carlos Alberto Puig Hernández, informó que en total se presentaron 566 recursos impugnación durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales sólo restan 95 juicios por resolver a más tardar 15 octubre y que están vinculados a las elecciones municipales.

Agregó que 99.9% de las resoluciones fueron por unanimidad del Pleno y el 96.2% de las sentencias del TEEM fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Costó más de cien millones de pesos y tiene goteras y fallas en el sistema eléctrico.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, confirmó que existen inconsistencias en la construcción del edificio de la Ciudad Judicial y sostuvo que no habrá firma de entrega recepción de la obra, hasta que se subsanen las deficiencias o se haga efectiva la fianza por vicios ocultos.  

“Nosotros no hemos firmado, como tal, los contratos de entrega recepción, aunque tenemos nosotros el inmueble, hay situaciones en las cuales nosotros no estuvimos de acuerdo e hicimos las pertinentes observaciones. Y estamos hablando con la nueva administración para hacer lo propio y que nos entreguen todo, sobre todo por la garantía, por el seguro de vicios ocultos”, expresó.

Dijo que espera que la mudanza a Ciudad Judicial, ubicada en el municipio de Xochitepec, pueda realizarse lo más pronto posible, pero esto implicará detectar posibles fallos, una vez que el edificio esté en operación.

“Nosotros apenas vamos a llegar y tendremos que ver qué es lo que se encuentra correctamente y qué es lo que no, y en su momento nosotros (los reclamos) lo haremos en las instancias correspondientes”, precisó.

Entre las deficiencias detectadas, destaca la filtración de agua en varias áreas del edificio debido a la defectuosa impermeabilización, y fallos en las instalaciones eléctricas y luminarias. Estas deficiencias, harían inoperables las instalaciones, en virtud de que tanto las salas de juicios orales, así como las oficinas de funcionarios judiciales y administrativas, tienen como principal herramienta los equipos electrónicos de cómputo, audio y video.

En agosto de 2016 el gobierno de Morelos asignó la construcción de la Ciudad Judicial a la empresa  Natura Ingeniería S.A. de C.V., bajo el contrato SOP-SSESO-DGLCOPA.D.-058/2016. La obra tendría un costo superior a 104 millones de pesos y estaría lista en 350 días naturales.

En la penúltima supervisión realizada por la Secretaría Obras estatal a finales de 2017, se estimaba que principios de 2018 iniciaría la operación de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, pero hubo retrasos.

Según el proyecto, el inmueble contará con tres niveles, un área para recibir a los imputados, ocho salas para juicios orales en materia penal, salas de espera y 14 oficinas para magistrados y jueces.

El proyecto de la Ciudad Judicial estatal, que estará junto al Centro de Readaptación Social Morelos en la comunidad de Atlacholoaya, fue elaborado por alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UAEM. La idea de edificarla junto al centro de reinserción social fue para evitar el traslado de reos, además de disminuir riesgos y costos.

Asegura que a través de la presidenta del TSJ reasigna jueces que no son favorables a sus intereses.

A través de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Verónica Cuevas López, el ex candidato a gobernador Rodrigo Gayosso Cepeda influye en la justicia local y promueve venganzas contra los enemigos de la administración anterior, aseguró la abogada Lidia Dalia Ereiva González.

Quien se presentó como integrante de la Asociación de Abogados Constitucionalistas señaló que, por consigna, Cuevas López remueve jueces “a diestra y siniestra, para perjudicar a los adversarios del gobierno anterior”.

Dijo que de forma ilegal obliga a los juzgadores a que sentencian, revoquen o resuelvan contra determinadas personas que ella señala y los jueces que no acatan las ilegales órdenes son removidos.

Ereiva González aseguró que detrás de esos movimientos se encuentra Gayosso Cepeda, a quien acusó de influir en la justicia morelense para salvaguardar sus propios intereses y afectar la de aquellos que no fueron sus incondicionales.

La abogada aseguró que la justicia resiente ya por esa conducta, y que los abogados de los casos afectados exhibirán ante el Poder Judicial federal.

“Si no fuera por la opción de recurrir a la justicia federal, lograrían sus oscuros fines, pero por lo menos logran perjudicar con los retrasos todos aquellos intereses que van en contra de los intereses de Gayosso y de la magistrada”, afirmó.

Pugna por la liberación de 3.5 millones de pesos para pagar pensiones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Poder Ejecutivo estatal libere 3.5 millones de pesos de los casi siete millones que etiquetó el Congreso local para el pago de un bloque de decretos pensionarios de trabajadores judiciales en retiro.

En la recta final del gobierno de Graco Ramírez, la magistrada presidenta del TSJ, Verónica Cuevas López, ingresó a la SCJN un oficio por el cual solicitó al máximo tribunal del país “requerir al Poder Ejecutivo de la entidad que libere los recursos a que se refiere el oficio SH/01355-4/2018”, ya que en las sentencias de diversas controversias constitucionales relacionadas con el pago a trabajadores judiciales jubilados, no se vinculó al gobierno estatal para hacer las transferencias al Poder Judicial.

Los recursos que refiere Cuevas López son los que el Congreso local aprobó para pagar un bloque de 22 decretos pensionarios, sin embargo, la Secretaría de Hacienda estatal, dirigida hasta hace unos días por Jorge Michel Luna, sólo liberó la mitad de los recursos autorizados y, aun cuando los trabajadores beneficiarios reciben ya de manera regular sus pensiones, no existe de nuevo más recurso para hacer frente a los pagos subsecuentes, lo que obliga al TSJ a tomar recursos “no etiquetados” para no suspender las pensiones.

Incluso, en el proyecto de presupuesto propuesto para el 2019, el TSJ solicitó una partida de más de 119 millones de pesos para pagar la nómina de 309 jubilados, más 166 millones de pesos adicionales para pagar los decretos jubilatorios, tras la resolución de decenas de controversias constitucionales. 

De la suma solicitada, casi el 20% sería destinado al pago de pensiones adeudadas a trabajadores en retiro.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó casi 850 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, de los cuales, casi el 20% sería destinado al pago de pensiones adeudadas a trabajadores en retiro.

La magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, afirmó que la petición presupuestal fue basada en la reforma constitucional que otorga al Poder Judicial la autonomía financiera, que equivale a obtener como mínimo el 4.7% del presupuesto estatal anual programable.

Señaló que el proyecto de presupuesto fue presentado al todavía titular del Poder Ejecutivo, pero se volverá hacer la petición a Cuauhtémoc Blanco Bravo, una vez que entre en funciones como gobernador, después del 1 de octubre.

Explicó que inició el cabildeo con los integrantes de la nueva legislatura para obtener el presupuesto propuesto para satisfacer las necesidades del Poder Judicial, incluyendo una partida para el pago de trabajadores jubilados y una adicional para los trabajadores en retiro en espera del pago de sus pensiones, tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estamos contemplando en este presupuesto de manera responsable cuál es lo que nosotros necesitamos de acuerdo con las controversias constitucionales que ganamos en la Corte. Es una situación totalmente independiente porque todas estas controversias fueron ganadas antes de la reforma a la autonomía del Poder Judicial, financieramente hablando. Entonces, nosotros ya hemos hecho un estudio, el cual ya presentamos de cuánto asciende el gasto para pagar a cada uno de los jubilados”, dijo.

De acuerdo con el TSJ, el proyecto de presupuesto contempla la petición de 844 millones 766 mil 955 pesos y, en el capítulo de transferencias, se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, el tribunal solicitó  166 millones 38 mil 46 pesos, casi el 20% del presupuesto solicitado, para hacer frente a los decretos que fueron resueltos por la SCJN.

En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

Anuncia Cuauhtémoc Blanco que se reanudarán las sesiones de las comisiones de entrega-recepción.

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo se reunió este martes con los magistrados del Poder Judicial del estado, con quienes acordó mantener un diálogo abierto y respetuoso con el fin de trabajar a favor del estado. Por otra parte, su equipo de transición anunció que como muestra de disposición acudirán a la reunión de entrega-recepción con la comitiva del gobierno saliente programada para hoy.

De manera privada, Blanco Bravo sostuvo el encuentro con los magistrados, con la finalidad de impulsar un trabajo institucional con respeto al principio de separación de poderes del estado, pero con el objetivo común de promover el desarrollo de Morelos. 

En entrevista previa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, expresó que fueron invitados por Blanco Bravo. Manifestó que aunque desconocía el motivo del encuentro, consideró que se trató de una reunión de cortesía, por lo que decidió acudir como un primer acercamiento.

Cuestionada al respecto, la magistrada consideró que no hay “asperezas que limar” con el hoy alcalde de Cuernavaca y futuro gobernador, luego de que se le inició un juicio político, cuyo efecto fue anulado por la justicia federal. Carmen Cuevas manifestó que no habría motivo, pues los magistrados actuaron siempre conforme a derecho y aseguró que asistieron con la disposición de participar en el llamado que les hizo.

Apuntó que desde el primero de septiembre se presentó la solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, en la que se hizo valer la autonomía demandando la asignación del 4.7% de los egresos del gobierno estatal.

Por su lado, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jorge Estrada Cuevas, comentó –igualmente de manera previa a la comida- que en días pasados el gobernador electo había hecho un llamado para tener un encuentro institucional, con el propósito de sentar las bases de entendimiento entre las autoridades gubernamentales. Dijo que -por su parte- están en la disponibilidad de trabajar de forma institucional con el nuevo gobierno en apego a la normativa constitucional.

Añadió que habrían de comentar la preocupación urgente de saber si la nueva legislatura dará marcha atrás a la reforma del artículo 109 constitucional, que incrementa de cinco a siete magistrados, o si va a optar por el nombramiento de dos magistrados más. “Estamos en esa disyuntiva y queremos decirle al Congreso que necesitamos tener certeza jurídica porque necesitamos debidamente el tribunal y, a su vez, integrarse al sistema estatal anticorrupción y que el tribunal pueda desempeñar la función que ese sistema le encomienda”. 

Recordó que otro de los temas es el del presupuesto, porque se les había autorizado un monto inicial de 35 millones de pesos, a lo que se sumó una ampliación que dio un total de poco más de 41 millones para el ejercicio fiscal 2018, pero se requeriría de mayor recurso si se mantiene la reforma constitucional con dos magistraturas más. Para ello, apuntó, también se buscará acercamiento con los legisladores locales de la nueva legislatura.

El equipo del gobierno electo dio a conocer que en la reunión privada, Cuauhtémoc Blanco manifestó su disposición para apoyar aquellos proyectos de justicia que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y expresó su deseo de trabajar en unidad con los poderes Judicial y Legislativo.
"Es momento de hacer unión para cambiar este estado, este estado que hace mucho tiempo, gobernadores van y gobernadores vienen y no ha pasado nada; hoy tenemos una gran oportunidad de unirnos y realmente trabajar en equipo como siempre lo he dicho", refirió.
"He venido diciendo desde hace tiempo, tenemos que unirnos para poder hacer las cosas cada día mejor… Yo lo dije muchas veces en campaña, las puertas de gobierno están abiertas para llegar a buenos términos, a buenos diálogos para mejorar el estado, eso me ha pedido la ciudadanía cuando estuve en campaña; y hacer justicia como se debe", aseveró.
De acuerdo con el comunicado del gobernador electo, en el encuentro estuvieron presentes integrantes del Poder Judicial, entre ellos la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López; la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jorge Alberto Estrada Cuevas, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Asimismo, el delegado nacional y presidente en funciones del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, José Manuel Sanz Rivera, así como Mirna Zavala Zúñiga y Cipriano Sotelo Salgado, integrantes de la Comisión de Enlace de la Administración Pública Entrante 2018-2024”.

Por otra parte, el coordinador de la comisión de transición del gobierno 2018-2024, José Manuel Sanz Rivera, informó que como una muestra de disposición y apertura, sí acudirán a la mesa de trabajo del proceso de entrega-recepción programada para este día en la residencia oficial de gobierno.

Dijo que ya se comunicó de manera formal de esta decisión al coordinador de enlace de la administración saliente, Ángel Colín López, que se han designado a los encargados correspondientes, a efecto de recibir la información útil y precisa sobre el estado que guarda la administración pública.
Las designaciones quedaron de la siguiente manera: Cipriano Sotelo Salgado para encabezar la entrega-recepción en relación a la Consejería Jurídica y Secretaría del Trabajo. Margarita González Saravia en cuanto a las Secretarías de Turismo, Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable.
Samuel Sotelo Salgado será el enlace para dicho proceso relacionado con las Secretarías de Educación, Salud, Innovación, Ciencia y Tecnología. Mirna Zavala Zúñiga en lo referente a las Secretarías de Contraloría, Administración y Desarrollo Agropecuario. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca es el enlace en el proceso de transición con las Secretarías de Hacienda, Obras Públicas y Movilidad y Transporte. Y José Manuel Sanz Rivera en cuanto a la Secretaría de Gobierno y Gubernatura.
“Respecto a la información recibida, por parte del coordinador de enlace de la administración saliente Ángel Colín López el pasado 3 de septiembre con el oficio SG/304/2018, ésta se encuentra en proceso de revisión y en breve se darán a conocer las observaciones y comentarios al respecto.
Acudimos al reinicio de las mesas de trabajo de buena fe, con la expectativa de conocer toda la información necesaria y disponible para conocer el estado real de las condiciones en la que recibiremos la administración pública del estado”, concluye el comunicado.

Refuerzan la capacitación a los mediadores en materia familiar.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) refuerza la capacitación a los mediadores en materia familiar, con el propósito de lograr una comunicación asertiva y efectiva para lograr la conciliación en asuntos familiares.

A través de la Escuela Judicial del TSJ se ejecutará el diplomado “Las nuevas tendencias para el trato familiar y humano en las operaciones de justicia”, con la intención de reforzar el conocimiento y dar más herramientas a los mediadores de la institución.
Emilio González Soto, psicólogo y perito en psicología forense, familiar y civil, resaltó la importancia de esta nueva forma de hacer justicia y la necesidad de que los mediadores adquieran herramientas útiles para resolver conflictos entre las partes de forma rápida, para dar un trato humano y familiar.
“El papel que juegan los mediadores es importante porque se involucra muchas veces una situación emocional que tiene que ver con la comunicación asertiva, la empatía, el lenguaje no verbal y verbal; muchas de las funciones de ellos es observar de qué manera ambas partes pueden estar desgastadas y el mediador puede llegar de manera objetiva a una intervención para que el conflicto termine mucho más rápido”, explicó.

Dijo que en algunas ocasiones, los mediadores tendrán que aplicar un método de transferencia y contratransferencia; aquí las partes pueden transferir a los mediadores una situación emocional que puede ser sana o “engancharse”, como se dice coloquialmente; y la otra transferencia puede darse cuando el mediador se involucra en una situación verbal o no verbal.
Por ello, sostuvo que estos funcionarios judiciales requieren contar con elementos y herramientas como la comunicación asertiva y un lenguaje verbal y no verbal para llegar a la parte objetiva, así como proponer alternativas para solucionar el conflicto entre las partes. 

Como ordenó la Suprema Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva, señala la institución.

Hay otro grupo de trabajadores en retiro que también espera el pago de la prestación.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que comenzará a realizar los primeros pagos de pensiones a varios trabajadores jubilados a quienes no se les había otorgado el beneficio económico por falta de presupuesto.

Algunos jubilados han sido convocados por la Dirección de Administración del TSJ para anunciarles que ya está listo el presupuesto para comenzar a hacer los pagos retroactivos, a partir de las fechas estipuladas en sus decretos de retiro.
“Nos citaron porque ya fue publicado nuestro decreto y nos informaron que se nos pagará lo que se adeuda, porque el decreto nos concede el derecho para que esto se haga de manera oficial e inmediata”, indicó Leticia Pineda, una de las trabajadoras jubiladas.
Octavio Rosales Gutiérrez, director general administrativo del Poder Judicial, dijo que pese a los procesos jurídicos iniciados para conseguir presupuesto adicional para el rubro de pensiones, el TSJ mantuvo el pago del seguro social para que los trabajadores afectados pudieran contar con servicio médico.

Indicó que como ordenó la Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva.

Sin embargo, hay un número importante de trabajadores en retiro que también esperan que se les pague su pensión.

Exigen que no se deje impune el multihomicidio cometido en noviembre de 2016.

Familiares de cuatro estudiantes asesinados exigieron al Poder Judicial que no deje impune el crimen, ante la posibilidad de que los presuntos homicidas puedan ser liberados y absueltos.

Luego de que hace unos días uno de los implicados en el multihomicidio fue excarcelado porque el juez reclasificó el delito -a sólo encubrimiento-, las familias expresaron su descontento por la liberación.

En espera de ser recibidos por el gobernador, los padres de Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes asesinados tras acudir a una fiesta el 1 de noviembre de 2016, en el poblado de Ticumán, del municipio de Tlaltizapán, exigieron a la Fiscalía General del Estado y –especialmente- al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no permitan que el crimen quede impune.

Manuel Carmona Zúñiga, tío de Alejandro -quien el día del homicidio festejaba su cumpleaños 17-, señaló que las familias decidieron exponer públicamente el caso para “exigirle a los jueces, a la fiscalía, que no dejen de hacer su trabajo, que hemos tolerado durante un año y siete meses la espera, pero –lamentablemente- hace un par de semanas dejaron en libertad a uno de los que presuntamente son responsables de este artero crimen”.

“Hay todavía detenidos, confiamos que el proceso lleve su cauce, de que el proceso se lleve a feliz término. No es sed de venganza, solamente es justicia; queremos que se queden en la prisión para que no le hagan daño a ningún joven más, para que no lastimen a ninguna familia morelense más. No podemos tolerar que este estado lleno de sangre y dolor se vaya con la libertad, como si no hubiera pasado nada”.

Recalcó que las familias se mantendrán prudentes, fuertes y no cesarán en su exigencia de justicia, pero “hoy le decimos a la fiscalía, al juez, a los jueces, que vamos a ser más observadores y que estaremos invitando a pedir justicia”.

Adelantó que fue apelada la liberación de Iván “N”,  uno de los implicados en el homicidio de los cuatro estudiantes,  quien obtuvo su libertad el pasado 20 de julio, luego de que un juez revocó la vinculación a proceso por homicidio calificado y reclasificó el delito a encubrimiento por favorecimiento, en cumplimiento de una sentencia de amparo.

“Pareciera que les están abriendo la puerta para que se vayan con total impunidad, no lo vemos a permitir, estaremos muy pendientes, más de lo que hemos estado”, advirtió, y señaló que estarán pendientes de que los otros seis detenidos y en prisión preventiva, acusados como responsables del multihomicidio, sean sentenciados y paguen por el crimen de los adolescentes.

El 1 de noviembre de 2016, Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, festejaban el cumpleaños de uno de ellos y acudieron a una fiesta de Día de Muertos en la comunidad de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, pero no regresaron a casa.

Sus cuerpos fueron localizados un día después en el paraje conocido como “El Caracol”, en el municipio de Yautepec. De acuerdo con la FGE, las víctimas habrían tenido una riña con sus verdugos. Además de Iván “N”, existen otros detenidos que enfrentan procesos penales por el delito de homicidio calificado.

Es prioridad el interés superior de los menores, señala la juez civil.

Para Edilberta Salgado Nájera, juez civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos en la guardia y custodia de los hijos, y es prioridad el interés superior de los menores.

Señaló que de acuerdo al principio de equidad de género que establece el artículo 189 del Código Procesal Familiar, y el artículo  4º de la Constitución Política de México, “el hombre y la mujer son iguales ante la ley”.

Sostuvo que si bien, “la ley establece que la guardia y custodia de los menores de siete años deben estar al cuidado de la madre, con excepción de que corran algún peligro, actualmente se considera tanto a los hombres como a las mujeres, porque ambos pueden ser aptos”.
Indicó que el juez tiene la obligación de ponderar el interés superior del menor, es decir, que la resolución que se tome al dar la patria y custodia, debe ser después de evaluar las pruebas presentadas por ambas partes, y siempre proteger a los menores.

Es por ello, dijo, que varios jueces del TSJ han dado la guardia y custodia a los padres (hombres), quienes se hacen cargo del cuidado de sus hijos, comentó la juez.
“En el juzgado tenemos un asunto, en él se decretó la guardia y custodia a un padre de dos niños menores de cinco años, ya que en este caso, el estudio psicológico determinó que corrían peligro con la mamá. A veces es complicado porque los menores quieren estar con quien les manifiesta más su cariño”.
Expresó que es importante que quienes se encarguen del cuidado de los hijos, demuestren que los menores se desarrollarán en un ambiente afectivo, psicológico, emocional, porque al final repercute en la formación adulta que tenga cada individuo. “Por ello, podemos decir que los hombres pueden ser responsables y también aptos para estar a cargo de sus hijos”.

El TSJ extendió el plazo para el registro de aspirantes a obtener el reconocimiento convocado por el Congreso estatal.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instó a los abogados a participar en el Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, al extender el plazo para el registro de aspirantes a obtener el reconocimiento convocado por el Congreso estatal, que ha tenido poca aceptación entre las organizaciones de litigantes.

El magistrado del TSJ Rubén Jasso Díaz, integrante de la comisión para la entrega de la presea, llamó a la participación a los litigantes, las barras de abogados y académicos a presentar sus propuestas.

Informó que se amplió el cierre de la convocatoria del 15 al 22 de junio con el propósito de que se sumen más abogados participantes a este reconocimiento, que fue instaurado por los diputados en 2014.

“Las inscripciones serán cerradas el próximo 22 de junio, no obstante que se había contemplado que fuera el 15 de junio; pero conforme a un acuerdo para ampliar el plazo, una vez que se haga el análisis de los participantes, se turnará al Congreso para hacer la aprobación del decreto que señala a los ganadores”, explicó  Jasso Díaz, al tiempo que señaló que la convocatoria está dirigida a personal que labora en los poderes Legislativo y Judicial, litigantes, académicos y barras de abogados.

La presea será entregada el próximo 12 de julio, en el marco de la celebración del Día del Abogado. Dicha convocatoria contempla siete categorías: mérito académico en la enseñanza del derecho; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Legislativo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Judicial; mérito en el ejercicio del derecho en los municipios del estado, órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos; mérito en el ejercicio del derecho en la libre postulancia y en las causas sociales y mérito en el ejercicio del derecho en el servicio público de elección popular o designación por decreto legislativo.

Hasta el momento se desconoce el número de postulaciones registradas; sin embargo, agrupaciones como el Foro Morelense de Abogados y la Barra de Abogados de Morelos han desdeñado este reconocimiento, por considerar que no tiene credibilidad.