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La iniciativa legal amplió las facultades de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma legislativa que amplió las facultades de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT), tras resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en el sexenio pasado.

Por mayoría de votos, el Pleno del tribunal constitucional declaró parcialmente procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 24/2017, por la cual el organismo estatal demandó la invalidez del decreto 1804, que reformó diversas disposiciones del decreto 191 por el que se crea el organismo descentralizado denominado “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 16 de marzo de 2017.

Dicha acción fue promovida por el ex ombudsman estatal Jorge Arturo Olivares Brito a petición de más de 20 organizaciones civiles, que expresaron su oposición a la reforma impulsada por ex mandatario estatal Graco Ramírez y aprobada por la anterior legislatura, para ampliar las facultades de la CERT y permitir al titular del Poder Ejecutivo donar, enajenar y disponer de las reservas territoriales del estado sin autorización del Congreso local.

El Pleno de la SCJN resolvió sobreseer la reforma impugnada respecto del artículo 2, fracciones IV,V,VI, VIII Y IX, así como validar el artículo 4, fracciones V, VI, VII, VIII Y IX.

De acuerdo con la sentencia, la CDHEM planteó la defensa a un medio ambiente sano y alegó que la reforma impugnada permitía al Poder Ejecutivo crear reservas territoriales, en detrimento de las áreas ecológicas y naturales protegidas, y generaría un crecimiento urbano indiscriminado.

El argumento fue declarado infundado, ya que partió de una interpretación aislada y dejó de observar que existe un marco estatal regulatorio de desarrollo urbano, que prevé normas para un crecimiento urbanístico ordenado y de protección a las zonas ecológicas.

Además, se destacó que la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Morelos adopta una serie de mecanismos para hacer compatible el crecimiento urbano con el cuidado del medio ambiente.  

Interviene CNDH en el caso; persecución política, detrás de actuaciones de Fiscalía Anticorrupción: Ojeda Cárdenas.

El gobierno del estado aseveró que los cateos realizados en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF Morelos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, fueron ilegales y rechazó que haya actos de maltrato a jóvenes usuarios, como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas sostuvo  que, detrás de las actuaciones de dichas instancias hay una persecución política promovida por personajes allegados al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.     

Ojeda Cárdenas, junto con  Rafael Brito Miranda, Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y Samuel Sotelo Salgado consejero jurídico del gobierno del estado, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa para exponer que este asunto, que ha escalado al ámbito nacional, no tiene sustento.   

Brito Miranda hizo una narración de los hechos recientes en los que incluso ya intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Expuso que visitadores del Mecanismo Nacional de la Tortura de dicho organismo, estuvieron en las instalaciones donde se encontraban los adolescentes los días  23 y 24 de febrero pasado.  

A decir del procurador, se han realizado diligencias y procedimientos que revictimizan a los menores. Comentó por ejemplo que durante las actuaciones se hicieron preguntas "inducidas" a menores de edad que han sido víctimas de delitos o de violencia. Además, sin tener tutor o autorización de quien tiene la potestad les tomaron fotografías.  

Argumentó que sólo se sólo se pidió a personal del Mecanismo de la CNDH que se tomarán pruebas de PCR para salvaguardar la salud de los menores, debido a la pandemia de covid-19. 

Calificó como ilegales las intervenciones que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones, tanto a la casa como al Sistema Integral de Adicciones Nueva Integración (SIANI).
A decir del funcionario del Ejecutivo, el personal de la misma pretendía realizar entrevistas e interrogatorios "sin los protocolos debidos".  Narró que se presentaron argumentos sobre la inconveniencia de hacerles entrevistas ante el riesgo de afectación psico emocional. Sin embargo, pidieron que se presentara a los menores para identificarlos.  

Según esta versión, las demandas de amparo promovidas por la CDHEM en torno a este caso, han sido desechadas.  

El procurador sostuvo que no hay ningún adolescente desaparecido y en este asunto "hay hostigamiento" tanto de la comisión como de la Fiscalía Anticorrupción.   

Insistió en que los cateos derivados de la orden otorgada por el juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del 26 y 27 de febrero por la noche y hasta las 4:30 de la madrugada, fueron irregulares, al afectar la situación emocional de los menores.  

En esa ocasión, abundó el procurador, ingresó un gran número de personas a la casa y de nueva cuenta entrevistaron y tomaron fotografías a los adolescentes sin su consentimiento.  

Entre las anomalías, recalcó que se filtró a medios de comunicación la orden del cateo con nombres de los menores. Incluso mostró una imagen de la publicación en redes sociales del senador Emilio Álvarez Icaza, en la que habría revelado datos reservados.  

Detalló que el pasado 9 de marzo personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de la CDHEM hicieron nuevamente una visita a la casa y otra al SIANI para constatar el estado de los albergados en dichos centros.  
El consejero jurídico dejó en claro que las demandas de amparo que promovió la CDHM fueron desechadas, lo que demostró que no hubo ningún acto ilegal en el actuar del DIF Morelos ní de la Pronaf. 

Anticipó que se lleva a cabo un análisis de todo lo ocurrido para determinar la viabilidad de proceder legalmente contra quienes sean responsables por los actos irregulares cometidos en agravio de los menores y de dichas instituciones.  

Por su parte, Ojeda Cárdenas sostuvo que un juzgado determinó como “ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad”.
Expresó que los titulares de la CDHM Israel Hernández Cruz y de la Fiscalía Anticorrupción Juan Salazar Núñez “han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos” pero sostuvo que no se permitirá que se haga uso de las niñas, niños y adolescentes, para un “golpeteo político” que  “resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso”. 

 “Como democracia y como sociedad no debemos permitir que supuestos servidores públicos procuren la justicia y el combate a la corrupción de forma parcial y acomodaticia; para muestra la determinación de hace unos días de no ejercer acción penal en contra de nueve funcionarios de la anterior administración con escandalosas acusaciones de corrupción”, expresó tajante al dar lectura al pronunciamiento oficial.  

A decir del procurador, el asunto comenzó por una inconformidad de algunos adolescentes por la renuncia del subdirector de la casa, pero insistió en que no hubo actos de tortura ni maltrato. De igual manera, aseguró que el SIANI, que presta servicios al DIF, cumple con la acreditación correspondiente por parte del Consejo Nacional contra las Adicciones y negó -como lo ha expuesto la CDHEM- que sea una organización religiosa.  

El organismo promueve ante la SCJN nueva acción de inconstitucionalidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva acción de inconstitucionalidad para impugnar el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad, aprobada por el Congreso local.

De acuerdo con los estrados electrónicos, recientemente el organismo local promovió la acción de inconstitucionalidad 32/2021, para impugnar el decreto 1106, por el que el Poder Legislativo se autorizó al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, la contratación de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública a cargo del Estado.

También impugnó la contratación de instrumentos derivados y garantías de pago oportuno asociados al financiamiento y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden a la entidad, a través del fondo general de participaciones, para que sea la fuente de pago de dichas operaciones.

La acción de inconstitucionalidad aún está en espera de que se acuerde su admisión o no por parte de la SCJN. Cabe destacar que la promoción del recurso de control constitucional se da en medio de las diferencias y confrontaciones entre el titular del organismo, Raúl Hernández Cruz, y el Poder Ejecutivo estatal.

En el mes de diciembre, el Congreso aprobó la iniciativa presentada por el gobernador para el refinanciamiento de hasta seis mil 592 millones de pesos, y la afectación a un porcentaje del Fondo General de Participaciones, cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su edición número 5899.

Raúl Hernández Cruz señala que defenderá su notaría ante los tribunales federales.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, afirmó que no dimitirá como ombudsman y defenderá su notaría ante los tribunales federales.

Indicó que en los ámbitos nacional y local hay ejemplos de notarios que gozaron de licencias para ejercer cargos públicos,  como fueron los casos de Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre, quienes dejaron provisionalmente la función de fedatarios para fungir como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); o los casos de los notarios morelenses Hugo Salgado Castañeda y Felipe Güemes, quienes gozaron de licencias para fungir como secretario de Turismo y alcalde de Cuautla, respectivamente.

Alegó que cuenta con una resolución administrativa que  le autorizó la licencia como notario número 13 para asumir el cargo de titular de la CDHEM y no estuvo condicionada a que tuviera un suplente, pero hizo uso de ese derecho como complementario y opcional.

Advirtió que no dejará el cargo y que emprenderá la lucha jurídica.  “Es muy importante hacer saber a las y los morelenses que no he renunciado ni lo voy a hacer, no obstante, que la Secretaría de Gobierno pretenda sancionarme para que me retiren la patente inclusive de notario público, ellos me quieren arrebatar un derecho que es la notaría, algo que defenderé en los tribunales e instancias competentes”, afirmó, al recibir el respaldo del Colegio Morelense de Abogados que preside Juan Juárez Rivas y agradecer el apoyo de organizaciones civiles.  

Hace mucho que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) es apenas una estructura burocrática con escasa o nula trascendencia, debido a la partidización del proceso para elegir a su titular.

La defensa de los morelenses ante el abuso de alguna autoridad ha sido prácticamente letra muerta. El organismo se ha dedicado desde hace lustros a iniciar procedimientos “por oficio” de cualquier tema que aparece en los periódicos o las redes sociales, sin que el trabajo trascienda más allá de eso.

Los ciudadanos no perciben alguna utilidad de la CDHEM, lo cual es una lástima porque la institución debería ser garante del respeto al estado de Derecho.

Por eso es importante que se clarifiquen todos los aspectos de la última denuncia hecha por su actual titular, que parece no apegarse a la realidad.

A menos que lo que se persiga sea hundir más al organismo autónomo que desde hace tiempo solo sirve para dar empleos a los allegados.

Confirma el secretario de Gobierno exhorto al ombudsman para proponer a un notario para la primera demarcación.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que el exhorto que se hizo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Israel Hernández Cruz, para que proponga a un notario de la primera demarcación no es ninguna presión ni tiene que ver con la función que desempeña como presidente.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones que emitió el ombudsman morelense, quien afirmó ser víctima de hostigamiento y acoso para que se deje de ser presidente de la CDHM y se reincorpore en su cargo en la Notaría número 13.

“Lo que hicimos fue exhortar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos a que propusiera un notario de la primera demarcación para que lo pudiera suplir y eso no es ninguna presión ni tiene que ver con la función que desempeña como presidente de la Comisión”, afirmó Ojeda Cárdenas.

Reconoció que la acusación que hizo Hernández Cruz pudiera tener como trasfondo la cercanía del proceso electoral porque, afirmó, el proceso jurídico lo conoce muy bien, ya que fue director general jurídico en la administración de Graco Ramírez y le tocó supervisar la función notarial, por lo tanto, conoce que el procedimiento que hace es legal.

En este sentido, Ojeda Cárdenas señaló que es peligroso politizar a instituciones tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos. “Entiendo la cercanía que tiene con algunos actores políticos relevantes, pero debería de abstenerse de hacerlo político”, dijo.

Plantean impugnación ante SCJN.

El Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) analizan la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el presupuesto que les fue asignado por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, el Poder Judicial tendrá un presupuesto para el próximo año de 474 millones, de los cuales 449 serán para el Tribunal Superior de Justicia y 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. En tanto, que el organismo de derechos humanos, mantendrá el mismo presupuesto de 15 millones 803 mil pesos.

El representante del Poder Judicial y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, no descartó la posibilidad de recurrir a la SCJN, ya que la administración de justicia enfrenta una complicada situación financiera y en el 2021 tendría que absorber la justicia laboral, conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde mayo de 2019.

Indicó que no solo no aumentó sino que el Congreso decidió restar a su presupuesto alrededor de 60 millones y no etiquetó recursos para instaurar los juzgados especializados en justicia laboral.

“Con el presupuesto que se aprobó haremos nuestra corrida financiera, pero creo que sí este año no tenemos para pagar aguinaldos, no tenemos para pagar sueldos, no tenemos para contratar gente”, dijo en alusión a los recursos humanos y materiales que se necesitarán para el rubro de justicia laboral.

Además, conforme a la autonomía financiera otorgada al Poder Judicial, legalmente su presupuesto debería ser equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable.

La CDHEM, a través de un comunicado, también expresó su inconformidad con el presupuesto asignado, ya que por varios años la institución no recibe aumento y se atenta contra su autonomía.

“Por tanto, estaremos valorando acudir a la SCJN a defender la autonomía financiera de la Comisión porque no debemos olvidar, que las y los morelenses serán los perjudicados, al no ver fortalecida la Comisión para hacer frente a la gravísima crisis de violación sistemática a DDHH, principalmente por las autoridades que tienen la tarea de garantizar los derechos sociales como la salud, trabajo, seguridad pública, vivienda, educación, entre otros”, afirmó.

Trabajadores y estudiantes que prestan sus servicios han iniciado al menos diez quejas ante la Comisión para exigir que se garantice su salud.

Cuautla.- Desde el inicio de la pandemia por covid-19 se han atendido de manera oficial al menos diez quejas emitidas por parte del personal y estudiantes que prestaban sus servicios en diversos hospitales de la región, Christian Galindo Llano, visitador de la CDHEM en la región oriente, a fin de garantizar su derecho a la salud y evitar contagiarse en la realización de sus actividades.

“Durante el inicio de la pandemia ha habido algunas quejas en relación a algunos trabajadores vulnerables, así como por parte de estudiantes que prestaban su servicio social en las clínicas de la región oriente”, precisó.

Asimismo, detalló que de igual manera, hubo quejas que no fueron iniciadas pero que pudieron ser solucionadas gracias a la comunicación entre instituciones, donde se giraron oficios a los hospitales y las autoridades de los mismos, los que atendieron de manera puntual las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

“Hubo seguimientos en donde lo que se buscó es que tanto a los trabajadores como a estudiantes que prestaban sus servicios sociales se les garantizara su derecho a la salud, en donde en algunos hospitales no se les estaba permitiendo la suspensión de sus actividades a pesar de estar considerados como personal vulnerable ante la pandemia”, añadió.

Finalmente, Galindo Llano refirió que al momento se han atendido formalmente al menos diez quejas y algunas otras, en las que no fue necesario que se abrieran quejas formales y que fueron atendidas de manera directa, permitiendo así que el personal hiciera válido su derecho a la salud como lo estipula la ley.

El Poder Judicial del estado y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) impugnaron la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020.

El proyecto de resolución presentado este lunes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, de manera inédita e histórica, invalidar la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020 por violaciones al proceso legislativo, derivado de las impugnaciones promovidas por el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra el presupuesto que les fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

El proyecto expuesto en el Pleno sobre la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la CDHEM corrió a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó invalidar el presupuesto estatal 2020 por diversos vicios.

Aunque una minoría de ministros consideró que el organismo local carecía de legitimidad para promover la acción para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Poder Legislativo local, la mayoría  de los integrantes del Pleno votó por la legitimidad de la comisión para promover la impugnación, ya que –de acuerdo con el ministro ponente- el reclamo de presupuesto es una defensa en abstracto de los derechos humanos, ya que a partir de un bajo presupuesto la CDHEM no puede cumplir con su objetivo y se vulnera su autonomía constitucional.

Sin embargo, el Pleno no entró al análisis de fondo y pospuso el debate para la siguiente sesión, debido a la conexidad de la acción de inconstitucionalidad con la controversia constitucional 42/2020 (también enlistada en segundo lugar para resolución) promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, y el impacto que tendría la invalidez de la Ley de Ingresos estatal, pues sería la  primera vez en la historia del país  que la SCJN invalidaría un presupuesto gubernamental por vicios legislativos.

“Señoras y señores ministros, como ustedes saben, este proyecto trae un tema delicado, importante de violación a proceso legislativo. Tuvimos una ardua y extensa sesión previa, en la cual algunas ministras y ministros consideraron importante darnos un espacio para reflexionar, ver constancias, tomar en consideración cuáles serían las constancias jurídicas de este asunto, no solo para este caso en concreto, sino como un precedente muy trascendente en un sentido o en otro que fuera la votación (…).

“Voy a proceder a levantar la sesión toda vez que este asunto está vinculado íntimamente con el asunto que tenemos listado en  segundo lugar, para que podamos dedicar un espacio a analizar y reflexionar sobre las diversas posturas y consecuencias que traería  la votación de este asunto, sobre todo por lo que hace a la violación del proceso legislativo que, hasta donde recuerdo, sería la primera vez que eventualmente este tribunal constitucional invalide un presupuesto de egresos por violaciones al procedimiento legislativo”, explicó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al dar por concluida la sesión.

PRESUPUESTO FUERA DE TIEMPO E IMPUGNACIONES

La aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos se dio fuera de plazo y en medio de una disputa política por la representación del Congreso y la titularidad de diversas comisiones legislativas.

El presupuesto debió ser aprobado el 15 de diciembre de 2019. Sin embargo, fue  hasta el 28 de enero de 2020 que se logró el consenso y la aprobación de la Ley de Egresos, con diversos ajustes notables que impactaron a diversos organismos autónomos y al Poder Judicial.

Inconformes, por separado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la CDHEM promovieron la controversia constitucional 42/2020 y la acción de inconstitucionalidad 116/2020, para impugnar ante la SCJN los presupuestos que les fueron asignados.

En el Presupuesto de Egresos 2020 aprobado por el Congreso del Estado y publicado el pasado 29 de enero de 2020 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, se asignaron 549 millones de pesos para el Poder Judicial, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y 524 millones para el TSJ, de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

Demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el caso de la CDHEM, para este año recibió un presupuesto de 15 millones 803 mil pesos, lo cual le serviría para hacer frente a los gastos operativos y la colocó como el órgano defensor con menor presupuesto del país.

El año pasado, el organismo local había solicitado un presupuesto de 50 millones de pesos para adquirir un inmueble como sede propia y aterrizar varios proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el Congreso decidió mantener el presupuesto que tiene la comisión desde hace varios años.

Mejorar la convivencia diaria, el objetivo.

Jojutla. El área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) impartió el taller “Rescatemos los Valores”, en el que se resaltó la necesidad de mantener y promover los valores entre la ciudadanía a fin de mejorar la convivencia diaria.

El taller estuvo a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y la Instancia de la Mujer, dirigido a servidores públicos, pero también fue transmitido en vivo a través de Facebook en la página oficial del Ayuntamiento de este lugar.

La capacitadora de la CDHEM y ponente, Vianey Armenta Bueno, destacó la importancia de aplicar los valores en el quehacer diario de cada persona para una sana convivencia que permita fortalecer los derechos humanos.

Durante la plática se realizaron dinámicas de participación de los asistentes, en las que se destacó la importancia de mantener y promover los valores desde la tolerancia, el respeto, la honestidad, la empatía, la responsabilidad, la amistad, entre otros, que permitan mejorar nuestro el desarrollo del entorno de cada ciudadano.

El pasado miércoles murió un interno que padecía tuberculosis.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, informó que en lo que va del año se han registrado casi 30 decesos de internos en las cárceles estatales.

Luego de que el pasado miércoles ocurrió la muerte de una persona privada de su libertad por un paro cardiorrespiratorio, tras una agonía por tuberculosis, el ombudsman estatal señaló que la situación que priva en los centros estatales de reinserción social es preocupante y la propia Comisión Nacional Derechos Humanos “inició una queja de oficio por la gravedad de la situación que hay en los penales, y no es solo una cosa de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido”.

Indicó que la preocupación es por la escasa gobernabilidad que existe, particularmente, en el penal de Atlacholoaya, por una serie de conflictos, riñas y enfermedades que han cobrado la vida de internos.

Detalló que, tan sólo en el periodo del 1 de enero al 7 de octubre, el organismo tiene registrada la muerte de al menos 27 internos por enfermedades, supuestos suicidios y riñas entre la población penitenciaria.

Incluso, dijo, existen abiertas varias quejas por estos casos y el organismo continuará con su integración hasta su conclusión.

Por lo pronto, informó que, debido a la última muerte de un interno que padecía tuberculosis, la comisión inició una queja de oficio y solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad, institución de la que depende la Coordinación Estatal de Reinserción Social, la implementación de medidas cautelares para evitar un brote de esta enfermedad, para proteger la salud de los internos y del personal penitenciario.  

El reclamo, ante la anulación de la reforma que castigaba la violencia política.

Organizaciones civiles convocaron a los partidos políticos y a las instituciones públicas a firmar un pacto de civilidad, para garantizar un proceso electoral con igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, y sin violencia.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y paridad, al menos  20 organizaciones feministas emitieron un pronunciamiento con el fin de que se garantice la protección de los derechos de las mujeres enmarcados en la Constitución Política Federal.

La postura estuvo firmada por Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil (CIDHAL, A. C.), Mujer ZModem, A. C. (Modemmujer), la Red de Mujeres Tuiteras de Morelos, entre otras organizaciones civiles que solicitaron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y al  gobierno del estado se establezca un protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres, rumbo a las elecciones del 2021.

Al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) le pidieron que garantice los derechos políticos de las mujeres, sancionar la discriminación contra la mujer y juzgar con perspectiva de género.
Mientras que a la Comisión de Derechos de Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) le solicitaron emita las recomendaciones para que las instituciones gubernamentales y políticas garanticen la participación política de las mujeres morelenses en el proceso electoral 2020-2021 libres de violencia política y sin discriminación.

De igual forma, criticaron el trabajo que realizó el Congreso del estado, que no veló por los derechos de las mujeres, a pesar que se trata de un derecho fundamentado en la Constitución federal.
María Trinidad Gutiérrez, del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista  (PIIAF) consideró que la invalidez del Decreto 690, emitido por el Congreso de Morelos y publicado por el Poder Ejecutivo el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio, es la muestra  de la forma “tan sucia con la que  trabajó el Poder Legislativo”.

“Sí sabemos que estaba viciado y se querían introducir cambios que iban fuera de lugar y se hizo un decreto que incumplió con el procedimiento legal y eso afecta el avance de los derechos políticos de las mujeres”, manifestó.
Al llamado por un pacto de civilidad entre los Poderes del estado, los partidos políticos y los órganos electorales, se sumó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) pues de acuerdo con su directora Flor Desireé León Hernández, aunque el fallo de la Corte significa un retroceso, se trata de un derecho de las mujeres que se debe respetar.

La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.

El contenido de la legislación lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos, plantean.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) contra la recién promulgada Ley de Videovigilancia, por considerar que no solo hubo violaciones al proceso legislativo en su aprobación, sino que su contenido lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos.

El pasado 24 de septiembre, el Alto Tribunal admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 258/2020 y emplazo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a rendir sus respectivos informes, para dar contestación a la demanda.

De acuerdo con el documento presentado ante la SCJN, el organismo local alegó que existieron violaciones al proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Videovigilancia, ya que “el dictamen del cual deviene el decreto impugnado, fue producto de un proceso sumarísimo y arbitrario, toda vez que al ser discutido y votado el mismo día en que por primera vez se enlistó dentro del orden del día de la sesión de Pleno, esto bajo una aparente urgencia, la cual nunca fue justificada, se impidió a las distintas fuerzas políticas estar en posibilidad de conocer y analizar y discutir adecuadamente el dictamen”.

Es decir, se “impidió que los legisladores conocieran oportunamente el contenido del dictamen, así como para analizar y estudiar sus alcances que podría tener en beneficio o perjuicio de los derechos de la sociedad morelense como destinatario final de las normas y poder, en base a esto, realizar de una forma razonada y veraz la discusión y votación del dictamen al seno del Pleno del Congreso”.

La CDHEM también argumentó que la ley, al monopolizar en favor del Estado el derecho para utilizar, regular, autorizar y operar sistemas de vigilancia en tareas de seguridad pública, acota derechos y obligaciones que tienen los municipios en materia de seguridad pública dentro de su territorio, lo cual se traduce en perjuicio de sus atribuciones constitucionales.

Detalló que “el deber de permitir y dar a la Comisión Estatal de Seguridad pública los elementos tecnológicos con los que cuenta el municipio para el desarrollo de la función de seguridad pública, vulnera su autonomía, como lo hace el asignar atribuciones a los cuerpos policiales de los municipios que no le son propias a su función y que, en todo caso, quién podría decidir si se les delega o no, sería el propio ayuntamiento, conforme a la normativa que lo rige y, en su caso, conforme su forma de organización interna”.

Subrayó que, en el caso de los tres municipios indígenas, el Congreso debió haber realizado, antes a la emisión de la ley, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución             Política de los Estados Unidos o relacionado con los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales.

Por otra parte, subrayó que el artículo 16 de la Constitución federal reconoce que las comunicaciones privadas son inviolables y, si bien la ley impugnada no señala de manera específica como objeto la intención de grabar las comunicaciones privadas de la ciudadanía, “lo cierto es que sí lo hacen y está permisibilidad a la que se le suma su regulación, intercepción, conocimiento y tratamiento, tanto por autoridades como por particulares sin importar el contenido de la conversación representa, es un acto antijurídico”.

Destacó que, atendiendo a que la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas se encuentra regulada dentro del texto constitucional federal y de éste no se disponen facultades hacia las legislaturas locales para su regulación, “cabe concluirse que el Congreso del Estado es incompetente para legislar y regular dicha materia, por lo que las normas cuestionadas en el presente concepto de invalidez resultan inconstitucionales”.

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó la invasión de facultades en que incurrió el Poder Legislativo en materia de recopilación, tratamiento y resguardo de información y datos personales en posesión de particulares, ya que vulnera el  derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad, ya el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar al respecto.

La CDHEM impugnó también las modificaciones al Código Penal, ligadas a la Ley de Videovigilancia, para imponer sanciones a quienes transgredan la nueva legislación promulgada en pasado 12 de agosto.

Consideró que el Congreso estableció un “tipo penal abierto”, violando la garantía de la aplicación exacta de la ley, ya que no se establece claramente cuál es la autorización a la que deben acceder los particulares (ciudadanos, empresas, condóminos, comercios, entre otros) para instalar, operar, retirar o modificar cámaras de videovigilancia, así como la recopilación, almacenamiento y tratamiento de las imágenes.

Además, dijo, indebidamente la ley impone a los particulares, ya sean personas físicas o morales, la obligación de adquirir determinado equipo de videovigilancia supuestamente en aras de contribuir a la seguridad pública, lo cual es totalmente inconstitucional.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA?

La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.

Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales, que decidan adherirse al sistema mediante convenio.

Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.

También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como para quienes instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.

 La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.

También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.

Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.

Las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.

Erradicar la discriminación y conseguir un ambiente libre de violencia, entre los objetivos.

Jojutla.- Las direcciones de la Instancia de la Mujer y Derechos Humanos de este municipio, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), impartieron la plática “Igualdad, Equidad y Género”, dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de este lugar.

Lo anterior, como parte del fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos para aplicar la igualdad de género y erradicar la discriminación, apuntó el ayuntamiento, a través de un comunicado.

La plática fue impartida por la capacitadora de la CDHEM Vianey Armenta Bueno, generando dinámicas para sensibilizar a servidores públicos para el trabajo con perspectiva de igualdad, equidad y género. 

La directora de la Instancia de la Mujer del municipio, Erika Herrada Cue, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral y lograr un ambiente libre de violencia y discriminación, generando acciones que permitan sensibilizar a los servidores públicos en el tema.

En esta plática se intercambiaron experiencias y se consideró fundamental luchar contra condicionamientos sociales, estereotipos o hábitos en los centros laborales, que limitan el desarrollo profesional de las mujeres y los hombres por igual.

Herrada Cue exhortó a los servidores públicos que tomaron la plática a poner en práctica lo aprendido y así contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso local pretendió iniciar los procedimientos para el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de la UAEM, CDHEM, Idefomm, IMEM y Colegio Morelos; fracciones se oponen.

De manera sorpresiva y por la vía rápida, desde la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado se pretendió iniciar los procedimientos para la designación de los titulares de los órganos de control interno de cinco organismos autónomos, entre los que se encuentran el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La reunión de la JPyG que se desarrolló este jueves y en la que se enlistaron las propuestas para concretar dichos nombramientos, causó la reacción inmediata de las autoridades de la UAEM que, mediante un escrito, defendieron su autonomía como organismo público y su facultad para designar al titular del órgano de control interno.

La propuesta de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, que encabeza la diputada Ariadna Barrera Vázquez fue impulsar también los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y del Colegio Morelos, sin argumento legal.

La mayoría de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra de iniciar los procedimientos y acordaron dialogar primero con los representantes de los organismos autónomos citados.
La propuesta de la JPyG se sustenta en la reforma constitucional que en materia de combate a la corrupción se publicó el 11 de agosto del 2015 en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y que faculta al Congreso del estado a realizar dichos nombramientos para revisar el trabajo de los organismos autónomos en lo administrativo y financiero.

En lo que sí avanzaron los coordinadores de las distintas fuerzas políticas fue en el acuerdo para instalar la Comisión Calificadora para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y continuar con el procedimiento que se inició en mayo del 2019 y que se detuvo por falta de acuerdos entre los diputados.

Aunque en ese periodo los integrantes de la comisión citada -que encabezó la petista Tania Valentina Rodríguez Ruíz- determinaron reponer todo el procedimiento, este jueves, los legisladores acordaron continuar con el mismo y garantizar el derecho a los 29 aspirantes que se registraron para competir por el cargo de auditor estatal en el procedimiento del 2019.

Respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los cuernavacenses: Becerra de la Fuente.

La síndico del Ayuntamiento de Cuernavaca Marisol Becerra de la Fuente reconoció que deben mejorarse las condiciones del área de reclusión del juzgado cívico ubicado en la parte norte del centro comercial Adolfo López Mateos.

La munícipe informó que trabajarán coordinadamente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para que se cumplan los requerimientos que establece ese órgano para no violar los derechos de las personas detenidas y llevadas a ese espacio.

Explicó que el proyecto de dignificación del juzgado cívico se tenía contemplado desde principios de este año, pero tuvo que posponerse debido a la pandemia por covid-19.

Becerra de la Fuente refirió que la CDHEM realizó una revisión a los centros de detención y están a la espera de las observaciones, sin embargo buscarán una respuesta para corregir las fallas y así cumplir con un espacio digno donde se garanticen los derechos de las personas detenidas.

La visitaduría de la CDHEM ha recibido múltiples quejas de padres de familia en las que señalan a los directivos escolares de condicionar la inscripción de los alumnos.

Cuautla.- Tras múltiples denuncias de padres de familia de escuelas públicas acerca de los excesivos costos de cuotas escolares, Cristian Galindo Llano, visitador de la CDHEM en la región oriente, señaló que se han iniciado diversas carpetas de investigación.

Al señalar que Cuautla es el que mayor presenta este tipo de denuncias, el funcionario refirió que no se puede condicionar la inscripción de estudiantes a cambio del pago de cuotas escolares, ya que, por ley, todo ciudadano tiene derecho a recibir educación laica y gratuita.

“Es un derecho humano, en el cual la Constitución lo contempla como gratuito. Estamos hablando de autoridades escolares públicas, ya que en el caso de quienes tienen estudiando a sus hijos en escuelas particulares, están en el entendido de que tienen que pagar colegiaturas; pero en el caso de escuelas públicas, no puede condicionarse ese derecho humano”, dijo.

Refirió que desafortunadamente, la situación en la que las escuelas públicas solicitan el pago de cuotas escolares se presenta cada año, por lo que dijo que se han estado atendiendo los casos en los que los padres de familia han interpuesto alguna queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para buscar conciliar el tema con las autoridades educativas y que, en el caso de que esto sea imposible, se integra una carpeta de investigación para dar seguimiento al tema en mención.

Por último, detalló que debido a la concentración poblacional, el municipio de Cuautla es el que mayormente presenta este tipo de situaciones en la región oriente, por lo que se continuarán atendiendo las quejas que sean interpuestas derivadas del cobro de cuotas escolares que se realizan en las escuelas públicas tras el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

No obstante, Alejandra Flores Espinoza admite que es difícil que la iniciativa avance, por la posición que han asumido en el pasado algunas fuerzas políticas sobre el tema.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Alejandra Flores Espinoza, informó que iniciará el diálogo con el resto de los diputados para analizar la propuesta de legalizar el aborto en Morelos, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Tras los acuerdos asumidos por las autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y la CDHEM, para impulsar acciones en favor de la despenalización de la interrupción del embarazo, la legisladora morenista sostuvo que es necesario revisar la propuesta.
"Tiene que haber prioridades y si es un tema que interesa a la población, a las mujeres, tiene que ser prioridad para esta Legislatura", manifestó.

No obstante, Flores Espinoza admitió que será difícil que la iniciativa avance en esta Legislatura, por la postura que han asumido algunas fuerzas políticas sobre el tema.

"La dificultad en este Congreso ha sido la de lograr consensos. Hay temas que se dificultan más de lograr esos consensos. Habría que iniciar el diálogo con los demás compañeros y ver qué tan probable es que entre en el siguiente período", refirió la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos surgió a raíz de dos casos recientes de jóvenes que decidieron interrumpir su embarazo y fueron denunciadas ante el agente del Ministerio Público, aunque finalmente la FGE no procedió en su contra.

FGE y Conavim anuncian respaldo a la iniciativa elaborada por la CDHEM.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y la Fiscalía General del Estado apoyaron la iniciativa elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) para despenalizar el aborto en la entidad.

A través de un comunicado, la FGE informó que su titular, Uriel Carmona Gándara, sostuvo una reunión con la titular de la Conavim, María Fabiola Alanís Sámano, así como con representantes del sector salud, del Instituto de la Mujer (IMM) y el ombudsman estatal, Raúl Hernández Cruz, para convenir acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Uno de los temas torales de la reunión fue el proyecto de iniciativa elaborado por la CDHM, que buscará despenalizar el aborto, luego de que recientemente se conocieron dos casos de jóvenes que decidieron interrumpir su embarazo y fueron denunciadas ante el agente del Ministerio Público, pero finalmente la FGE decidió no iniciarles un proceso.

“Durante la reunión y en respuesta a los planteamientos sobre la prevención y atención, el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, presentó para el análisis y discusión de las autoridades reunidas, una iniciativa de ley para garantizar la interrupción legal del embarazo, misma que fue apoyada por la Conavim, la representación social de la Secretaría de Salud, el IMM y la FGE.

“Tanto la Conavim como el sector salud, coincidieron en promover dicha iniciativa para que pueda ser impulsada por el Ejecutivo como una iniciativa preferente, para ser presentada en la apertura del período ordinario de sesiones, lo que permitiría ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo de 40 días naturales”, detalló el comunicado. .

En tanto, la directora de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud, Erika Marisol Troncoso Saavedra, refirió que la iniciativa debe ser parte de la armonización legislativa y debe ser apoyada para generar las condiciones que permitan avanzar en el tema en los ámbitos estatal y nacional.

En la reunión se analizaron otros temas relacionados con los casos de feminicidio y atención a víctimas, así como la necesidad de fortalecer las fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres.