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Fiscalía omisa, revira abogado de víctimas; CDHEM inicia queja de oficio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) responsabilizó  a la familia Martínez Tijera del error de identificación y recepción de un cuerpo que no era el de Jonathan, joven desaparecido desde octubre de 2019 pero que en realidad estaba internado en un centro de rehabilitación. El abogado de la familia lamentó la revictimización y que la institución que dirige el fiscal Uriel Carmona Gándara haya omitido realizar una investigación sobre la actuación de su personal. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) ya inició una queja de oficio.

En un intento por sacudirse el escándalo, que rememoró las arbitrariedades en que incurrió la otrora Procuraduría de Justicia en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, la FGE emitió un comunicado para señalar como responsables del “error” a los hermanos de Jonathan, quienes supuestamente ingresaron al anfiteatro de la Fiscalía de la Región Oriente y ahí “reconocieron sin temor de equivocarse” el cuerpo de joven.

“Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

“Los hombres que mediante reconocimiento físico, afirmaron que el cuerpo sin vida correspondía a su consanguíneo, presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento del occiso y el acta de uno de los declarantes para acreditar el parentesco, formalizando la solicitud de entrega del cuerpo que se mantenía bajo resguardo del representante social en la región oriente, entrega que se realizó al cumplir con los requisitos de ley”.

De acuerdo con la FGE, las condiciones del cuerpo (cuya causa de muerte fue un infarto al miocardio) eran óptimas para el reconocimiento físico y no era necesaria una prueba genética, ya  que “dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron”.

Expresó que la fiscalía hará las gestiones jurídicas para la recuperación del cuerpo que fue sepultado bajo el nombre de Jonathan Martínez Tijera en el panteón municipal “Ixtontlal”, en la colonia 13 de septiembre de Yautepec, para su posterior identificación y entrega a sus familiares.

La CDHEM, cuyas recomendaciones no son obligatorias, le conmina a disculparse con siete diputadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió la primera recomendación por violencia política, dentro de la cual pidió al diputado José Casas González ofrecer una disculpa a sus homólogas que fueron ofendidas con expresiones sexistas y discriminatorias, durante el debate legislativo de la sesión del 10 de octubre de 2019.

Las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz, Naida Josefina Díaz Roca,  Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, y Blanca Nieves Sánchez Arano promovieron tres quejas ante el organismo por considerar que Casas González, en alusión despectiva al género femenino, en la acalorada sesión afirmó que “es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” y que fueron usadas “por el tema de género porque sus maridos no pudieron ser diputados y la pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder”.

Además de otras expresiones como “a chillidos de marrano oídos de carnicero”, “¡al chile pelón!” y “les duele y les lastima ¡Lo siento compañeras! ¿pa’ que se meten en esto?”.

En su resolución, el organismo consideró que el diputado José Casas usó un lenguaje discriminatorio, misógino, sexista y no incluyente, y determinó emitir una recomendación dirigida al legislador y a la Mesa Directivo del Congreso local.

En su recomendación, la CDHEM pidió al diputado ofrecer en la próxima sesión una disculpa pública a sus homólogas en la tribuna parlamentaria, “en la que deberá manifestar que es en cumplimiento de la presente recomendación, reflejando su compromiso en lo futuro de utilizar un leguaje incluyente y no sexista que genere equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

También se le pidió inscribirse y cursar de manera aprobatoria el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”.

A la Mesa Directiva del Congreso, la CDHEM pidió que en este periodo ordinario de sesiones  elabore y apruebe el Código de Ética Parlamentaria, que deberá incluir sanciones a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género, medidas de amonestación suficientes para garantizar que se privilegie el diálogo inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional.

Finalmente, recomendó al presidente del Congreso, José de Jesús Sotelo, que exhorte a las y los diputados de la LIV Legislatura para que en lo futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la  violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre hombres y mujeres.

Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.

Varios municipios se han sumado a la promoción de los derechos humanos; se busca cubrir la totalidad de esa zona del estado.

Cuautla.- A fin de sensibilizar a servidores públicos en el tema de procuración de justicia y derechos humanos, Alma Rosa Saldaña Bernal, capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en la región oriente, destacó que se continúa trabajando en la capacitación de policías y funcionarios para que en sus labores diarias entiendan la importancia del trabajo en la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de la población.

“El policía, el servidor público, tiene que conocer principalmente qué es la dignidad humana, qué son los derechos humanos y entender esta parte de la importancia de trabajar mediante una cultura de legalidad”, señaló.

Dijo que en la zona oriente, en el trato de los temas en mención, ya se ha trabajado con funcionarios de los municipios de Cuautla, Tetela del Volcán, Ocuituco, Yautepec y Jantetelco.

Por lo anterior, se prevé que en breve pueda aplicarse la capacitación en los demás municipios que comprenden esa región del estado, y de esta manera cubrir la totalidad de funcionarios capacitados en los temas en mención.

Añadió que de igual manera se busca la manera de trabajar de forma cercana con ayudantes municipales, con quienes se pretende abordar el tema de la no discriminación y el respeto a la diversidad. Por ello, de manera conjunta con los ayuntamientos, se estarán tratando los temas en mención.

Por último, Saldaña Bernal destacó que para este año se espera contar con una mayor colaboración y apertura por parte de las autoridades municipales para que los temas de derechos humanos, respeto y no discriminación sean una constante en la sociedad morelense y específicamente de la región oriente.

Se busca que los menores cuenten con información para garantizar sus derechos y seguridad.

Puente de Ixtla.- A través del área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), en el municipio se imparten conferencias en esa materia en planteles educativos.

Saúl Corona Flores, titular de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos del municipio, informó que estas conferencias de información y concienciación se imparten a diferentes grupos de la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” a fin de que los menores cuenten con información necesaria para detectar en caso de que se estén violentando sus derechos.

La capacitación está a cargo de la psicóloga Vianey Armenta Bueno, capacitadora de la CDHEM, quien, a través de actividades didácticas, logra captar la atención y participación de los infantes en temas como la trata de personas, uso adecuado de las redes sociales, derechos de los niños, entre otros temas de relevancia para este sector de la población. 

El director de las áreas mencionadas comentó que el objetivo de impulsar este tipo de programas es el de concienciar a los pequeños sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales, y con ello, evitar delitos como la trata de personas. 

Armenta Bueno resaltó que estarán impartiendo estos temas en todas las primarias de la cabecera municipal a fin de que la población infantil cuente con la información necesaria para garantizar el respeto a sus derechos humanos y seguridad.

Además, se les brinda orientación e información de las instancias a las que pueden acudir para recibir ayuda en caso de presentar alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.

Asimismo, el funcionario exhortó a los padres de familia a mantener una comunicación adecuada con sus hijos y supervisar el uso que dan a las redes sociales, a fin de reducir el riesgo de alguna situación que pueda atentar contra su seguridad.

La CDHEM reclama por el nombramiento por nueve años del titular de la Fiscalía General del Estado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que resuelva la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), luego de que la Segunda Sala turnara el asunto al máximo órgano de justicia.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN consideraron relevante el caso, relativo a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por ello el proyecto amerita ser debatido y resuelto en el Pleno del Tribunal Constitucional.

“Agréguese al expediente para que surta efectos legales, el oficio del actuario judicial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a través del cual envía el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración que mediante proveído de 16 de enero del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó enviar dicho asunto al Tribunal Pleno para su radicación y resolución”, estableció el acuerdo expedido por los ministros integrantes de dicha sala.

En la acción de inconstitucionalidad, el ex ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, a petición de más de 20 organizaciones civiles y de abogados, impugnó las reformas a los artículos 32, párrafo primero, 100 y 101 de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5611 de fecha 11 de julio 2018, que facultaban al fiscal general -y no al Congreso- designar y ratificar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias al titular de la FGE y a los fiscales especializados.

A la postre, la actual legislatura realizó una contrarreforma para establecer que el presupuesto de la FGE no será menor al del año pasado y eliminar la pensión vitalicia a los fiscales.  

Para el 10 y 11 de febrero anuncian foros en materia de seguridad escolar, tendientes a implementar protocolos para evitar hechos de violencia en escuelas.

En febrero se llevarán a cabo los foros para impulsar el programa "Escuela Segura", según lo acordaron autoridades federales y estatales de seguridad, educación y salud con la Comisión de Educación del Congreso del estado, que buscan implementar acciones como el operativo "Mochila Segura" y otros protocolos para evitar hechos de violencia en las instituciones educativas.
Este martes se llevó a cabo la primera reunión entre representantes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), la Secretaría de Salud, la Asociación de los Padres de Familia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) con la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso.
La Asociación de Padres de Familia planteó la necesidad de establecer medidas de seguridad en las escuelas, ante el incremento de la violencia en el estado y en todo el país, situación que fue avalada por el resto de las autoridades.
Por ello, acordaron llevar a cabo foros en materia de seguridad escolar para los días 10 y 11 de febrero, encaminados a implementar el programa "Escuela Segura" e, incluso, reformas a la ley en la materia.
La diputada Flores Espinoza dijo que además de acciones como "Mochila Segura", lo que se busca es implementar programas sobre salud emocional y atender a los menores que así lo requieran.

El Congreso de Morelos está obligado a legislar en materia civil a fin de garantizar el derecho a las personas transgénero a un cambio de identidad.

El Congreso local está obligado a legislar en materia civil a fin de garantizar el derecho a las personas transgénero a un cambio de identidad, luego de una resolución judicial que ordena la reparación integral por el daño causado a Aina Thaily, como víctima del Estado al negarle durante muchos años el  registro de un nuevo nombre.
El viernes pasado, la justicia federal ordenó a la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas del Estado iniciar un proceso a favor de  Aina Thaily para que se le repare el daño moral y económico, ya que el Estado no le garantizó su derecho a un cambio de identidad, lo que le afectó en su desarrollo educativo y laboral.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) como tercero involucrado deberá vigilar que en un plazo de 90 días la Comisión Ejecutiva cumpla con la ejecutoria a favor de la mujer.
En tanto, al Congreso del estado se le obliga a que reforme el Código Civil y se establezca el derecho a las personas transgénero a un cambio de nombre, de acuerdo con el sexo que hayan elegido.
Isidro Añorve Sánchez, representante de la asociación Equidad y Participación Ciudadana, adelantó que cinco juicios de amparo están en proceso a favor de personas transgénero que exigen su derecho al cambio de identidad y que también piden se les repare el daño como víctimas.

Sostuvo que el caso de Aina Thaily es único en el país y fija un precedente para que las autoridades ya no nieguen más el derecho de las personas a decidir sobre su identidad.

Se realizaría en coordinación con la SEP y la CDHEM.

Cuautla.- Para prevenir una tragedia como la ocurrida el pasado viernes en el estado de Coahuila (donde un niño de 11 años de edad llegó armado a su escuela y asesinó a su maestra, hirió a cinco alumnos y a un profesor y después se quitó la vida), la Dirección de Prevención del Delito y el Departamento de Educación Vial buscan implementar el “Operativo Mochila” en los planteles educativos, a petición de varios padres de familia.

Así lo confirmó Gonzalo Salazar Domínguez, titular del Departamento de Educación Vial, quien dijo que grupos de padres de familia se han acercado a esa oficina para solicitar apoyo para la implementación de la revisión de mochilas, por lo que se procedió a entablar comunicación con las autoridades educativas para buscar su viabilidad.

“En unos momentos más estaré socializando con la parte de la Secretaría de Educación Pública, con sus representantes, para ver cuál es la postura de parte de ellos y poder, antes de ejecutarlo, socializarlo”, indicó.

Dijo que de llevarse a cabo, ni elementos de la Policía, ni integrantes de la Dirección de Prevención del Delito, ni de Educación Vial realizarían las revisiones, sino que actuarían sólo como observadores, junto con los padres de familia y observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

“Pero, insisto, es importante la coordinación con el secretario de Educación Pública, con la Comisión de Derechos Humanos, porque son una parte elemental para que nos puedan observar. Al fin de cuentas, nosotros no hacemos ninguna revisión; ellos son los que hacen todo el ejercicio, pero tiene que haber una observación por parte de los papás, insisto, no esperar a que nos pase algo, como ocurrió en días pasados en el estado de Coahuila”, destacó.

Salazar Domínguez reconoció que los hechos trágicos de Coahuila impactaron fuertemente entre los padres de familia, quienes se muestran preocupados por incrementar las condiciones de seguridad de sus hijos en los planteles educativos, “Es importante que los papás sepan cómo se llevaría a cabo, que los niños sepan la misma temática y entonces sí, ya una vez teniendo la capacitación, poderlo implementar en algún momento”, precisó.

El titular del organismo propone que las escuelas compren detectores de metal para los accesos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) sugirió el uso de detectores de metal en los centros educativos para prevenir el ingreso de objetos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Tras el ataque armado en contra de sus compañeros y el suicidio de un menor en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, ocurridos el viernes 10 de enero, el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, rechazó la reactivación del “Operativo Mochila”, que consiste en revisar el contenido de los maletines de los alumnos, por considerar que es una medida invasiva que atenta contra la intimidad y dignidad de los menores.

Recordó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también rechazó la implementación de este programa en los centros educativos, porque criminaliza a los estudiantes, no cumple con exigencias constitucionales ni tratados internacionales y por eso no es la medida idónea para inhibir casos de como el de Torreón.

Dijo que existen instrumentos tecnológicos como los detectores de metal, que pueden ayudar a reforzar la seguridad y prevenir incidentes violentos en los centros educativos y que si bien puede representar un gasto adicional para la autoridad educativa, pueden ser una alternativa viable.

“Me estoy refiriendo a los filtros de seguridad, en donde sabemos que pueden con un grado de efectividad altamente probado detectar metales, detectar armas u objetos que puedan utilizarse como herramientas, como instrumentos para cometer un delitos y hacer daños a las personas”, señaló.

Subrayó que “la autoridad tiene un deber de agotar medidas para que eso no suceda, porque en el caso de los niños su custodia es su responsabilidad en el tiempo que se encuentran en los centros educativos. Entonces, la  medida que se debe de adoptar debe ser la menos gravosa dentro de las distintas opciones posibles que hay en el mundo fáctico (sic).

“En ese sentido sí existen, gracias a los avances de la ciencia, digamos (que) hay herramientas que pueden detectar metales sin necesidad de invadir las posesiones de la personas, sin lesionar su privacidad, sin lesionar sus datos personales, su intimidad. Debe optarse por eso porque es menos gravoso.

“Si ello, también somos conscientes, redunda en un gasto, eso es algo que debe asumir la autoridad educativa y que no se puede oponer como una justificación para no hacerlo, porque es una obligación del Estado respetar los derechos humanos”.

El ombudsman hizo un llamado a las familias para involucrarse en el cuidado de la comunidad escolar y actuar para prevenir  cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Por lo pronto, en algunas escuelas públicas y privadas los directivos pidieron el apoyo de los padres de familia para la revisión de mochilas, y desde casa vigilar que los alumnos no lleven a los planteles objetos no permitidos o que pongan en riesgo a los estudiantes y docentes.

En redes sociales, ciudadanos expresan apoyo a policías de Cuautla.

La Barra de Abogados y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) exigieron una investigación profunda e imparcial sobre el caso de los policías de Cuautla que denunciaron que altos mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ordenaron la liberación de dos secuestradores y a quienes, aparentemente en represalia, se les inició un procedimiento de Asuntos internos por presunto allanamiento y EL robo de más de 700 mil pesos. En tanto, en redes sociales diversos ciudadanos han expresado su apoyo a los policías municipales.

El presidente de la CDHEM, Israel Hernández Cruz, señaló que, conforme a las atribuciones del organismo, inició una investigación oficiosa sobre el polémico caso para saber qué fue lo que ocurrió y llegar a la verdad histórica.

Enfatizó que la investigación se realizará de manera imparcial “porque consideramos que la sociedad tiene el derecho a conocer cuál es la verdad de lo que ocurrió y es la razón por la que hemos decidido iniciar una investigación de manera oficiosa”, y recalcó que en este momento “no confirmamos ni avalamos ninguna de las posturas (versiones) pero si tenemos que garantizar que prevalezca la verdad, y es de ahí que nosotros estamos investigando”.

Detalló que el caso fue expuesto en la reunión de este lunes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, integrada por autoridades federales y estatales, en la que se expuso las dos versiones.

Por un lado, la versión de los policías municipales de Cuautla que habrían acudido a un auxilio por un caso de un secuestro de dos ciudadanos originarios del Estado de México, que se encontraban en un domicilio de las inmediaciones del recinto ferial y luego altos mandos de la CES habrían liberado a los supuestos secuestradores y amenazado a los policías locales; y la versión de la intervención de mandos de la CES, quienes presuntamente acudieron en un auxilio por el presunto allanamiento  y robo por parte de los policías municipales.

Dijo que la CDHEM solicitó informes a la Policía de Cuautla, a la CES, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Antisecuestros y otras autoridades que intervinieron en los hechos, con el fin de verificar los acontecimientos y el cumplimiento de los protocolos de las fuerzas de seguridad.

Prometió una investigación autónoma e independiente de parte del organismo que dará a conocer en el momento oportuno, pero también pidió a las autoridades responsables de fincar responsabilidades que realicen una investigación imparcial y que garanticen la seguridad pública en la región oriente de la entidad.

También confirmó que los policías municipales que participaron en el operativo fueron suspendidos de sus funciones, en tanto se desahogan las investigaciones por parte del área de asuntos internos.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos también pidió imparcialidad en las investigaciones y que las autoridades esclarezcan los hechos con total apego a la legalidad.

“Que se respete el Estado de Derecho, que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades que les compete como es asuntos internos, la Fiscalía General de la República (sic) y la Fiscalía General del Estado.

“Una vez que aporten las pruebas necesarias y se encuentre ya un expediente que nos proporcione lo más cercano a la verdad histórica en cómo sucedieron  los hechos, la Barra de abogados del Estado de Morelos presentará un posicionamiento jurídico y apegado a derecho como siempre lo hemos realizado”, señaló el dirigente de los abogados barristas, Cristian Iván Velasco Alcocer.

Por redes sociales, ciudadanos de la región oriente expresaron su solidaridad con los agentes y con el director de la Policía municipal, Isaac Nieto Pliego, quien públicamente denunció que altos mandos de la CES liberaron a dos secuestradores y que los intentaron presionar para mentir y cambiar la versión del secuestro.

La activista y titular de la Oficina de la Diversidad en Cuautla considera que ese sector aún se enfrenta a adversidades a falta de leyes a su favor.

Cuautla.- Luego de que este martes se conmemorara el Día de los Derechos Humanos, Nancy Orihuela de los Santos, titular de la Oficina de la Diversidad en este municipio, señaló que para las personas que pertenecen a la comunidad trans y LGBTTTI, los derechos humanos continúan siendo violentados de manera constante, al señalar que de manera legal, aún se enfrentan a adversidades en su vida diaria, como lo son las limitantes para tener un libre tránsito, en materia de educación, de orden laboral y de salud, únicamente por el hecho de no tener una identidad que los represente.

En este sentido, precisó que han tenido acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para que atienda sus peticiones y, en la medida de las posibilidades, recomiende a los diversos entes el respeto a los derechos de las personas, sin catalogarlas por preferencia sexual, religión o apariencia.

Por otra parte, en lo que concierne a la ley de identidad de género, la también activista lamentó que en el Congreso del estado haya diputados que no tienen la voluntad política para recibir al comité de la diversidad para explicarles por qué es importante la aprobación de dicha ley.

“Esta ley es para que nosotras tengamos un conocimiento como tal; porque, como saben, los hombres y mujeres trans no tenemos ningún reconocimiento, más que el social. Pero en cuestiones legales, se nos violentan todos nuestros derechos”, señaló.

Por último, Orihuela de los Santos solicitó –tanto a la CDHEM como al Congreso del estado– que atiendan de manera puntual las necesidades de este sector de la población, ya que –dijo– lo único que solicitan es que no se violenten sus derechos y se les permita desarrollarse personal, social, laboral y académicamente sin tener que estar librando obstáculos por el simple hecho de no “encajar” en los estándares de la sociedad, concluyó.

La capacitadora de la Comisión en esa zona destacó que atendieron hasta tres mil alumnos y padres de familia cada mes en los planteles educativos.

Cuautla.- A unos días de concluir las actividades correspondientes al año 2019, la capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en la región oriente, Alma Rosa Saldaña Bernal, destacó que el trabajo que se ha realizado en las instituciones educativas ha dado buenos resultados en el tratamiento de los temas referentes al rescate de los derechos de la familia y la omisión de cuidados y responsabilidades.

Al respecto, destacó que mensualmente se atendieron entre dos mil 500 y tres mil niños y padres de familia en los temas antes mencionados.

Dijo que de manera general, este tipo de actividades van enfocadas a los padres de familia para tratar diversos temas que son de importancia para mantener una buena convivencia y comunicación entre padres e hijos.

Además, Saldaña Bernal resaltó que también se ha trabajado en el fortalecimiento a servidores públicos. También se trabaja con jefes de sector, supervisores y docentes acerca de temas en específico como el papel de los docentes frente a los derechos humanos, añadiendo que estos temas son los que mayormente han apoyado a fortalecer las acciones que realiza la CDHEM, que busca el respeto a la dignidad de los niños.

Agregó que dentro de los 17 municipios que comprenden la región oriente, Cuautla, Tetela del Volcán, Yautepec, Jantetelco y Ocuituco son los que mayormente han colaborado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y solicitado la realización de actividades de capacitación, en coordinación con las direcciones municipales de Prevención del Delito, Defensa del Menor y la Familia, entre otros.

Asimismo, señaló que de cara al año 2020, en la CDHEM se cuenta con varios proyectos y programas que se pretenden aplicar en las diversas instituciones educativas, tanto entre alumnos y padres de familia, así como entre los directivos de las mismas.

Finalmente, Alma Rosa Saldaña subrayó que por indicación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, el área de capacitación de dicha instancia se encuentra llevando a cabo una serie de actividades y pláticas con elementos de la Guardia Nacional, a quienes capacitaron en lo referente a procuración de justicia y derechos humanos, sensibilización a servidores públicos, cultura de la legalidad, así como el fortalecimiento de éstos. Por lo que reconoció la disposición de las fuerzas castrenses para trabajar de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos Humanos realiza un seguimiento de los homicidios dolosos ocurridos en 2019.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) expresó lo que dijo es su preocupación por el nivel de violencia e inseguridad que atraviesa la entidad, que se refleja en el número de homicidios dolosos y que en los últimos días cobró la vida de otro jefe policíaco.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el organismo realiza un seguimiento a los homicidios dolosos ocurridos a lo largo de 2019  y que al final del año se hará un balance y un comparativo con respecto a estadísticas anteriores.

“Nosotros estamos documentando todos los homicidios dolosos, es una investigación general para que al cierre de esta año, con el alarmante conteo, poder dar cuenta, señalar y dejar en evidencia una situación que ha propiciado estos homicidios, feminicidios y también de otra naturaleza, que no podemos seguir permitiendo que se normalice”, dijo.

Señaló que la CHDEM está preocupada por la inseguridad que hay en Morelos, pero sostuvo que la responsabilidad de la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

También lamentó las fallas en el sistema de justicia, que han permitido que haya impunidad en este tipo de delitos de alto impacto.

“Hay un sistema de justicia que no ha sido el deseable, que es ineficaz, este sistema de justicia no nada más tiene que ver con la prevención del delito, tiene que ver con la investigación e identificación de los responsables de la comisión de delitos, y que esta se integre de manera profesional de parte de la fiscalía del estado para que se lleve a los responsables ante un juez y se imponga una sanción”, sostuvo, al lamentar que Morelos, de acuerdo con la organización civil Impunidad Cero, ocupe el primer lugar a nivel nacional de impunidad en homicidios dolosos.

ENTREGA DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la CDHEM entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos a Galia Shanntall Tonella Navarro, por su labor en defensa de las mujeres privadas de su libertad en Morelos y el apoyo a mujeres que han cumplido con sus condenas.

En el auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se entregaron reconocimientos a Antonio Sorela Castillo, Arely Rocío Lagunas López, Ana María Oliveros Gómez, Denisse Hernández Martínez, Juan Carlos Casillas Batalla y Marlen Barrera Gama, quienes también fueron postulados al premio.

La Comisión y el Ayuntamiento organizaron la “Caminata por la Construcción de un Mundo Igualitario”, que contó con la participación de alumnos de cinco escuelas.

Yautepec.- Con motivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se realizó la “Caminata por la Construcción de un Mundo Igualitario” en las principales calles de la cabecera de este municipio.

Dicho evento fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el Ayuntamiento de Yautepec y contó con la participación de alumnos de cinco escuelas –desde educación preescolar hasta preparatoria.

Al respecto, el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez recalcó la importancia de conocer y respetar las garantías individuales de los ciudadanos, las cuales dan libertad y responsabilidades a los mismos.

“En Yautepec se ha tenido especial cuidado en el respeto a los derechos humanos y brindado apoyo a las personas sin distingo, además de capacitar en el tema a los funcionarios municipales”, destacó el mandatario.

Por su parte, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHEM, precisó que las nuevas generaciones tienen que conocer sus derechos para promover su respeto.

Asimismo, señaló que existe la posibilidad de que en el municipio de Yautepec se pueda realizar la instalación de una visitaduría para brindar pronta atención a la ciudadanía.

Los niños, jóvenes y adultos que participaron en la caminata llevaron pancartas con mensajes sobre cada uno de los derechos que como individuos se tienen a nivel mundial, con las que recorrieron las principales calles de la cabecera municipal.

Posterior a la caminata, en la Plaza del Arte se realizó un festival artístico y se ofrecieron charlas acerca de los derechos humanos.

Ciudadano asegura que fue golpeado por el director de Servicios Públicos, a quien las autoridades dejaron ir.

Jojutla.- Un ciudadano denunció que presuntamente fue agredido por el director de Servicios Públicos Municipales, la tarde del domingo, y las autoridades, lejos de sancionarlo, lo dejaron en libertad, por lo que decidió interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Félix Ríos Balanzar, vecino de la Unidad “Las Cañas”, de avanzada edad, reseñó que la tarde del domingo iba en su motoneta sobre la calle Constitución, cuando fue impactado ligeramente por un vehículo gris (no conoce el modelo) que salió de la calle Cuauhtémoc y lo derribó. El vehículo, sin placas, era conducido por una mujer.

El hombre pudo levantarse y seguir a la joven, que se detuvo en una farmacia sobre la misma avenida para recoger a otros tres muchachos, los cuales se subieron al vehículo. Aseguró que nunca la insultó.

“Estacioné mi moto delante del carro de la muchacha, y cuando alcé la vista, sentí el trancazo que me dio el cuate –uno de los jóvenes que iban con la mujer– con la mano; me dio fuerte, me sacó la respiración y me puse mal porque estoy infartado. Afortunadamente llegó un señor que era paramédico y tuvieron que llamar a la Cruz Roja. Fui agredido sin saber por qué, nomás llegó y me pegó”, describió.

Dijo que entonces se enteró que se trataba del director de Servicios Públicos Municipales, Joseph Vega Gutiérrez (cuya joven que atropelló al motociclista es su novia).

Aseguró incluso que el funcionario iba en estado de ebriedad.

Ambos fueron llevados a la comandancia, donde aseguró que  el funcionario fue tratado con consideración y privilegios de parte del juez cívico, quien incluso le dijo a Félix que tenía entendido que ya habían llegado a un acuerdo.

Reconoció que al principio no quería más problemas, por lo que estaba dispuesto a firmar el convenio. Sin embargo, el juez redactó algo que no le gustó y le pidió que pusiera los hechos desde el accidente y que el funcionario estaba en estado inconveniente, a lo que el juez se negó,

Señaló además que el director de Servicios Públicos de pronto se fue y ya no regresó para firmar ni para disculparse.

Se dijo desilusionado de que las autoridades en lugar de estar con el agredido, están con los que agreden y dijo que no firmaría un convenio a modo.

Por tal razón, aconsejado por su familia, decidió que este lunes interpondría una queja ante la CDHEM y, si es necesario, acudiría a otra instancia.

El director no pudo ser localizado para comentar al respecto.

El titular de Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Israel Hernández Cruz, expresó su preocupación por los constantes hechos de violencia en el centro de reinserción social varonil que, en menos de un mes, cobraron la vida de nueve internos y pusieron en riesgo la integridad de 14 más que resultaron lesionados con armas punzocortantes.
Para el ombudsman estatal, hay negligencias y omisiones que propiciaron la situación que atraviesa el penal estatal, “y nosotros tenemos que señalar y poner en evidencia todo esto, y en efecto, atribuirlo a las autoridades, que son responsables de que esta situación esté”.
Señaló que tocará al Poder Ejecutivo evaluar a sus servidores públicos responsables y decidir su permanencia, no obstante, dijo que una de principales preocupaciones del organismo es que se asegure mantener el control de los reclusorios, cuando los hechos reflejan lo contrario.
“Lo que nos preocupa son las declaraciones que se nos hacen en el sentido de que hay control, de que todo está en normalidad, porque claramente vemos que todo esto puede ser una cuestión que no está apegada a la realidad, que sean afirmaciones sin sustento, y eso nos preocupa, porque quiere decir que no se están tomando en serio su trabajo, los derechos de las personas privadas de su libertad y sus familiares, de la prensa misma, porque todos tenemos derecho a que se nos informe con oportunidad y de manera veraz”, dijo.
Posteriormente, el organismo emitió un comunicado en el que informó que el ombudsman se reunió con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a quien solicitó garantizar atención médica para los reos lesionados y atención para las familias que acudieron al penal preocupados por sus internos e instruyó al visitador especializado en asuntos penitenciarios ingresar al penal para certificar la situación.
También informó que, de acuerdo con la CES, se realizó un nuevo operativo de revisión para el decomiso de objetos prohibidos y armas punzocortantes.
Durante gran parte del día, familiares de internos permanecieron a las afueras del penal hasta que finalmente decidieron rebasar los accesos restringidos y llegar a la puerta principal del centro de internamiento, para exigir un reporte de sus familiares en reclusión.
Lamentaron el escenario que priva en el lugar y responsabilizaron a las autoridades penitenciarias de la situación, por lo que una vez más exigieron al gobierno de Morelos evaluar la permanencia y su posible relevo de los funcionarios del área.

Buscan que la iniciativa sea acogida por el Congreso de la Unión.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) comenzó con el nuevo  Diagnóstico Local de Supervisión Penitenciaria, que consistirá en verificar las condiciones físicas en que se encuentran los cinco reclusorios estatales, incluido el centro de internamiento para menores, y la aplicación de las estrategias de reinserción social. 

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el personal del organismo aplicará una encuesta a por lo menos el diez por ciento de la población penitenciaria, con la finalidad de evaluar si las y los internos tienen acceso a servicios de salud, a programas educativos, de atención especializada en el caso de personas de la tercera edad o con discapacidad, actividades recreativas o deportivas. 

Además, de supervisar que las instalaciones cuenten con las debidas medidas de seguridad e higiene, así como las autoridades y el personal de custodia respeten los derechos humanos y apliquen debidamente las políticas de reinserción social. 

A tres semanas de los hechos violentos por el  amotinamiento de los reos dentro penal de Atlacholoaya, que dejó un saldo de siete muertos, señaló que es importante que se cumpla con la ley y las condiciones necesarias para la reinserción de las personas, de los contrario “de nada sirve, o de muy poco sirve, que una persona que recibe como sanción una pena privativa de la libertad  y que en su estancia en reclusión no se logren los objetivos de una pena”.

Indicó que la supervisión comenzó en el penal de Atlacholoaya y continuará en los próximos días en el resto de cárceles distritales y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), con el objetivo de presentar los resultados de esta nueva supervisión en enero de 2020. 

Recordó que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el que Morelos empeoró su evaluación, al pasar de 7.2 en 2018 a 6.5 en 2019.

Lo interpuso el expresidente del organismo, Jorge Arturo Olivares Brito, contra la designación de su sucesor, Israel Hernández Cruz.

Por orden de un tribunal colegiado, el Juzgado Tercero de Distrito admitió el juicio de amparo promovido por el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito, contra la designación de su sucesor, Israel Hernández Cruz.

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito decretó fundado el recurso de queja 214/2019, promovido por el ex ombudsman contra el auto de desechamiento de su demanda de amparo emitido en 24 de junio pasado, el juzgado federal admitió el expediente 883/2019, pero negó el otorgamiento de la suspensión provisional, por tratarse de un acto consumado.

En el mes de marzo, el Congreso lanzó la convocatoria para designar o, en su caso, ratificar al titular del organismo estatal. Al proceso se inscribieron 22 aspirantes, incluido Olivares Brito, quien aspiraba refrendar su nombramiento.

Fue Israel Hernández Cruz, ex funcionario de la administración graquista y quien entonces se desempeñaba como titular de la Notaría 13 de Cuernavaca, quien resultó designado ombudsman con el voto de 17 de los 20 legisladores locales.

Su nombramiento generó polémica entre los propios aspirantes y organizaciones de abogados, y el ex titular de la CDHEM decidió impugnar por la vía del amparo la decisión del Congreso.

Inicialmente, el juzgado federal desechó su demanda, pero un tribunal colegiado ordenó su admisión.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero de Distrito emplazó al Congreso local a rendir los respectivos informes sobre el proceso legislativo para la designación. “Por otra parte, con base en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Apercibidas de que, de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, estableció el acuerdo de admisión.