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El visitador de esa dependencia en la región oriente señaló que inició una queja de oficio debido a la situación que prevalece en el poblado en mención.

Cuautla.- Luego de que habitantes de la comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco del municipio de Jonacatepec señalaran haber sido víctimas de amenazas, cobro de piso y extorsión, Christian Alfredo Galindo Llano, visitador regional de la zona oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHE), señaló que se ha abierto una carpeta de investigación con el número de expediente 83/2019 en la que se solicita a las autoridades municipales y estatales competentes la rendición de los informes correspondientes a dicha situación, suscitada este lunes en el referido municipio.

Dijo que dicho expediente es en relación con una queja que se inició de oficio “por virtud de los hechos acontecidos en Jonacatepec”, en donde señaló que se ha solicitado a autoridades estatales, así como los mandos policiacos municipales y la Fiscalía General del Estado, conocer si existe alguna denuncia relacionada con los temas de extorsión.

“Dicha carpeta ya se radicó el día de ayer y ahorita se están solicitando los informes para integrar la integración correspondiente”, destacó el visitador regional de la CDHEM.

Añadió que con estas acciones se busca que la autoridad no actúe a menos que sea necesaria su intervención o detone una problemática social, que sería cuando se tomen cartas en el asunto. Por lo que exhortó a las autoridades a que en el ámbito de sus competencias atiendan esta situación, sin vulnerar los derechos de la población.

Finalmente, precisó que el proceso del expediente 83/2019 seguirá su curso hasta poder darle solución a la problemática que se presenta en el municipio de Jonacatepec.

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

Fueron 28 los reos trasladados a cárceles distritales.

Por tercer día consecutivo continuó la tensión en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, luego de que los internos retuvieron a custodios para frustrar el cateo que realizarían fuerzas federales para el decomiso de armas, al tiempo que el personal penitenciario realizó un paro para exigir mejoras laborales y la destitución de sus jefes.

La mañana de este jueves, elementos de la Policía estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estaban listo para ingresar al penal para realizar un cateo en dormitorios, talleres y áreas comunes para decomisar toda clase de objetos prohibidos, incluyendo armas de cualquier tipo y teléfonos celulares.

Ante el inminente ingreso de la fuerza pública, un grupo de internos tomó como rehén a un grupo de entre 30 y 40 custodios, y amenazó con hacerles daño si se ejecutaba el cateo.

Simultáneamente, personal administrativo y de custodia del penal realizó un paro laboral y no llevó a cabo el rutinario cambio de turno.

De acuerdo con los custodios, los rehenes fueron liberados a través del diálogo entre autoridades e internos, pero eso no tranquilizó a los trabajadores que -dijeron- por un magro sueldo arriesgan su vida.

Los trabajadores de los turnos entrante y saliente demandaron la remoción de Israel Ponce de León Borquez, coordinador General del Sistema Penitenciario Estatal; de Alejandro Cornejo Ramos, director de Reinserción Social; Miriam Mireles Toledo, directora General de Centros Penitenciarios y del director de Operatividad Penitenciaria, Raúl Colín Martínez.

Esta consigna fue compartida con grupos de internos que se quejan de presuntos maltratos y supuestas violaciones de derechos humanos por parte de los jefes penitenciarios.

Los custodios también demandaron a la Comisión Estatal de Seguridad, responsable de los penales estatales, mejoras laborales como la dotación de uniformes, aumento salarial, prestaciones como pago bono de riesgo y seguro de vida, así como la reubicación a otros penales de los reos conflictivos.

Particularmente, el personal de custodia expresó su preocupación porque recibieron la instrucción de señalar a los reos que participaron en los hechos violentos, pero la orden fue rechazada porque pone en riesgo su vida.

“No podíamos entrar porque querían que señaláramos a cada interno, este fue, este fue, a eso nos negamos, a trabajar no. Y no es por miedo ni por temor ni nada, a nosotros nos tocó el turno anterior, todo el refuego allá adentro. Entonces lo único que queremos es si la petición es que se lleven a los conflictivos y a los mandos que están mal”, señaló un custodio.

El personal de los turnos entrante y saliente se mantuvieron en paro, mientras que en completo hermetismo las autoridades dialogaban con todas las partes para intentar estabilizar el funcionamiento del Cereso.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), José Israel Hernández Cruz, acudió de nuevo a las instalaciones del penal y, sin dar mayor detalle, confirmó que sí fue abortado el cateo que realizarían las fuerzas federales.

Entre los fallecidos está el otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Lo que según la versión oficial comenzó la mañana del martes como una aparente riña por unos zapatos, culminó con una segunda jornada violenta dentro del Centro de Reinserción Social “Morelos” (en Atlacoloaya) con un saldo de seis muertos y dos heridos. Entre quienes fallecieron figura el otrora capo de la zona oriente, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Desde las 8:00 horas de este miércoles, por videos y audios difundidos por los propios internos, trascendió, primero el amotinamiento de reos y el sometimiento de un grupo de custodios y, luego, el enfrentamiento entre bandos antagónicos que se diputaban el control de la cárcel.

La Comisión Estatal de Seguridad, responsable del sistema penitenciario, mantuvo total hermetismo de los hechos.

Pasadas las 9:00 horas se ordenó el desalojo de los trabajadores del juzgado especializado en justicia penal tradicional y, más tarde, de toda la Ciudad Judicial, ubicada a un costado del penal.

También comenzó el arribo de refuerzos de la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, así como de ambulancias. Hasta la primera pluma de ingreso del penal llegaron familiares de reos para reclamar información sobre qué sucedía, ya que por redes sociales comenzaron a circular fotografías de los primeros reos asesinados (uno de ellos decapitado, según la imagen difundida supuestamente desde los teléfonos de los reclusos) durante la reyerta.

Uno de los internos asesinados era el capo conocido como “El Ray”, otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, quien sobrevivió y escapó al  atentado perpetrado por sus rivales el pasado 13 de abril en el restaurante “Los Estanques” del municipio de Cuautla -que culminó con la masacre de seis personas, tres de ellos niños- pero que casi un mes después fue capturado en el estado de Puebla y trasladado al penal de Atlacholoya para ser procesado por varios delitos.

Trascendió que en el enfrentamiento participaron reos vinculados a los grupos antagónicos del CJNG y Los Rojos, así como otros grupos criminales identificados como Los Colombianos y Los Chilangos.

La tensión a las afueras del centro penitenciario creció cuando familiares de reos intentaron inspeccionar una ambulancia, en la que presuntamente se trasladaban heridos y cuerpos sin vida, pues hasta ese momento no había información oficial ni nombres de los caídos.

Los familiares cerraron el paso a la unidad e intentaron abrirla, hasta que un grupo de elementos antimotines rodeó el vehículo y repelió a los inconformes para que la ambulancia avanzara. Posteriormente y para contener la protesta de las familias, se instaló un módulo de atención afuera del penal.

Hasta el Cereso llegó también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), quien no pudo ingresar al penal de manera inmediata.

Tras seis horas de nerviosismo  y hermetismo oficial, integrantes del gabinete de seguridad ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que la autoridad retomó el control del centro penitenciario y confirmó la muerte de seis personas, entre ellos “El Ray”.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que la autoridad retomó el control de todas las áreas del penal alrededor de las 12:11 de la tarde.

Reconoció que el motín y el enfrentamiento fueron protagonizados por grupos rivales, pero rechazó que la autoridad penitenciaria haya sido rebasada. “En ninguna de las dos acciones, ni en el día de ayer, ni en el día de hoy, se perdió el control del centro penitenciario.

“Los elementos custodios que fueron retenidos fue momentáneamente y activándose los protocolos correspondientes se liberaron de forma prácticamente inmediata y nunca corrieron peligro sus vidas”.

Confirmó que dos internos resultaron heridos, mientras que seis más fueron privados de la vida. Las víctimas mortales fueron identificadas únicamente como José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N”, Néstor “N” y Raymundo Isidro “N “, este último ex líder del CJNG.

Indicó que la Fiscalía General de Estado (FGE) investigará los hechos y determinará quiénes son los responsables del homicidio de seis internos, que preliminarmente se dijo que fueron asesinados con armas punzocortantes.

Descartó que hayan ocurrido detonaciones con armas de fuego dentro del penal y sostuvo que se hará una investigación paralela para determinar si algún funcionario incurrió en alguna irregularidad que haya propiciado los hechos violentos de ayer y del martes, cuando en la primera reyerta falleció un reo y otros dos resultaron heridos.

Confirmó que la ausencia de Jorge Israel Ponce de León, porque se encuentra en un curso internacional de seguridad penitenciaria, y que como encargada de despacho se encuentra  Miriam Mireles Toledo, directora general de Centro Penitenciarios.

Agregó que también habrá una investigación sobre el ingreso al penal de teléfonos celulares que permiten a los internos mantener interacción con el exterior, así como se explorará la posibilidad de una reubicación de reos clasificados como peligrosos en penales federales.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, detalló que la institución comenzó con las primeras indagatorias al interior del Cereso para determinar quiénes fueron los responsables de los homicidios aparentemente perpetrados con armas punzoconrtantes, no obstante, rechazó por el momento confirmar que uno de los internos fue decapitado, como se mostró en fotografías difundidas por internos.

“Las personas fallecidas tienen el carácter de víctimas y por lo tanto debemos de respetar sus derechos y los derechos de las víctimas indirectas que son los familiares. Lo único que le puedo decir preliminarmente se me reporta que los fallecimientos se dieron por heridas producidas por armas cortocontundentes y punzocortantes. En el tema de la persona que aparece decapita no lo puedo confirmar hasta que tengamos el reporte de la necropsia”, dijo.

Lleva ya un 60 por ciento de avance, aseguró la visitadora regional.

Jojutla.- Antes de que termine este año, la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría emitir una resolución acerca del asunto de la policía vial de Zacatepec que agredió –jalándola de los cabellos– a una adolescente durante un altercado en aquel municipio, el 1 de julio de este año.

La visitadora regional, Aurelia Castañeda Castillo, confirmó que ya se tiene aproximadamente el 60 por ciento del procedimiento y podría tenerse una conclusión antes de que termine 2019.

Dijo que en su momento se inició el procedimiento, se solicitaron los informes correspondientes a las autoridades involucradas y ya se cuenta con ellos.

Advirtió que los servidores públicos están doblemente obligados a observar buena conducta, máxime hacia los menores de edad.

Aclaró que esta queja se inició de oficio, lo que significa que en caso de que la apersona agraviada no pudiera o no quisiera acudir, el organismo estaría obligado a continuar el procedimiento y, en su momento, emitir la resolución que corresponda, con base en las evidencias con las que cuenten en autos.

“Tenemos evidencia, pero sería importante contar con la manifestación directa de parte de los agraviados”, señaló Castañeda Castillo.

Precisó que por ello, en las quejas de oficio los tiempos son más amplios para permitir que los agraviados tengan la oportunidad de aportar elementos en cualquier momento.

“En este caso, estamos en periodo de que los agraviados presenten sus manifestaciones, pero hasta que no se emita la resolución, pueden acudir en cualquier momento y hacerlo”, dijo.

No obstante, si esto no sucede, con las evidencias con las que ya cuenta, pueden emitir una resolución del caso, porque en la queja de oficio, una vez que se inicia, se tiene que concluir.

Como se informó en su momento, fue el lunes 1 de julio del año en curso cuando la oficial Coral Cruz de Zacatepec tuvo un altercado con un motociclista que le estaba cobrando una deuda, en el Centro de Zacatepec. Eso hizo que se armara un escándalo, por lo que una jovencita se acercó a grabar con su teléfono y la policía se enfrentó a una adolescente y a su madre, jalando de los cabellos a la menor.

Pleno resuelve acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la validez de las reformas a la Constitución del Estado de Morelos que extinguieron el Consejo de la Judicatura local.

En la sesión de este lunes, el Pleno discutió la acción de inconstitucionalidad 38/2018, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien alegó que la extinción del órgano colegiado violaba el derecho a la tutela judicial efectiva, al distraer funciones de jueces y magistrados para realizar tareas administración a través de una comisión.

Por una mayoría de votos, el Pleno determinó declarar la validez de la modificación al artículo 136, párrafo primero y la derogación de los artículos 40, fracción XXXV, y 92 de la Constitución local, puesto que en el artículo 92-A, pues se previó la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial como órgano administrativo, con funciones similares a las que –en su momento– tuvo el Consejo de la Judicatura local.

“Por lo tanto, resultan infundados los argumentos en el sentido, de que eso va a distraer a jueces y magistrados de la función jurisdiccional, puesto que habría un órgano especializado en la materia”, estableció el ministro ponente, Javier Laynez Potisek.

Además, fueron sobreseídas diversas impugnaciones previstas en la acción de inconstitucional debido a reformas constitucionales que echaron abajo, por ejemplo, la intención de convertir al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en Sala Especializada, dependiente del Tribunal Superior de Justicia.

Plantean sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta.

Los diputados locales se regirán por un Código de Ética Parlamentaria que sancionará acciones que impliquen una falta de respeto y que violenten la actividad parlamentaria.
Dicho código se trabaja por un grupo de legisladores que plantearon la necesidad de establecer nuevas normas de comportamiento en el Congreso del estado, tras las agresiones personales que de manera directa se han registrado en el Pleno del Congreso.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval explicó que dicho código establecerá la creación de una "comisión de ética", integrada por representantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que se encargarán de señalar las faltas que en dado caso los diputados pudieron haber cometido.
"Es darle vida a la actuación que nosotros tengamos como legisladores en las sesiones, en la Junta Política y de Gobierno, en Conferencia y otras reuniones parlamentarias", señaló la legisladora.
Morales Sandoval dijo que se plantearán sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta, con la finalidad de normar su comportamiento.
Sin embargo, anteriormente, la tribuna del Congreso ha servido como espacio para hacer señalamientos directos entre diputados y pugnas fuera de la labor legislativa.

La CDHEM promueve actividades a fin de que la ciudadanía ixtleca cuente con información de temas como la trata de personas.

Puente de Ixtla.- La prevención de trata de personas y los derechos de los jóvenes han sido los principales temas que promueve la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en el municipio ixtleco, informó Vianey Armenta Bueno, capacitadora de este organismo.

Armenta Bueno informó que en coordinación con las direcciones de Derechos Humanos e Igualdad y Equidad de Género, se han impartido talleres en el municipio a fin de que la ciudadanía cuente con la información necesaria sobre diferentes temas.

Agregó que recientemente se impartió el taller denominado “Trata de Personas”, donde participó Rocío Arely Rodríguez Ambriz, militante del programa PAMIEF, del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.

Durante dicho taller se ofreció información relacionada con el tema, se dio a conocer nombres de instancias o dependencias que pueden apoyar, así como números de denuncia. 

Asimismo, se resaltó el tema de “Derechos de los Jóvenes”, que tuvo como objetivo dar a conocer a los jóvenes los derechos humanos con los que cuentan e inspirarlos a convertirse en defensores valiosos de la tolerancia y la paz. 

Armenta Bueno resaltó que se ha tenido un trabajo coordinado con las autoridades municipales, principalmente con las áreas relacionadas con los derechos humanos, logrando así brindar a la población la información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones.

Aseguró que estas actividades se llevarán a los demás municipios de la zona surponiente.

Denunciantes buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.

Aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) acusaron de inconstitucional la designación de Raúl Israel Hernández Cruz como titular del organismo, por lo que buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.
Lucio Alfonso Rubio Antelis, quien recientemente renunció a su cargo como consejero consultivo de la CDHEM, confirmó que al menos dos amparos que promovieron los participantes del proceso que llevó a cabo el Poder Legislativo desde marzo hasta junio del presente año ya fueron admitidos por la justicia federal.
Al respecto, explicó que los juicios de amparo están motivados por la inconstitucionalidad en la que incurrieron los legisladores, al haber designado a un titular de la CDHEM sin actualizar la ley en la materia.
Detalló que la ley federal señala que los aspirantes a ocupar la presidencia de la CDHEM deben ser sometidos a consideración de la sociedad, para que el nombramiento no sea sólo político.

Sin embargo, refirió que los legisladores no atendieron a esta disposición. 
Rubio Antelis sostuvo que los diputados también cayeron en omisión legislativa por no haber armonizado la ley estatal con la Constitución federal, motivo por el que pedirán que sea la Corte la que revise el caso.
"Hay violación en el procedimiento marcado en el artículo 102 de la Constitución Política Mexicana, que señala que debe consultarse a la ciudadanía para que propongan candidatos y no se hizo y fue designación directa de los diputados", manifestó el abogado. 
Rubio Antelis afirmó que ante la inconstitucionalidad de su nombramiento, el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado carece de legitimidad, al igual que los actos que lleve a cabo.

El alcalde Adrián Cázares González se comprometió a salvaguardar, promover y defender los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Zacualpan.- Como parte de las acciones encaminadas a atender las diversas problemáticas y situaciones que se presentan en el municipio, el alcalde Adrián Cázares González, acompañado de la síndico municipal, realizó la firma de un convenio de colaboración con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

En dicho convenio, las autoridades municipales se comprometieron a que, dentro de sus posibilidades, se salvaguarden, promuevan y tutelen los derechos humanos de los habitantes del municipio y estarán atentas de que éstos se hagan valer ante las demás autoridades competentes.

Al respecto, el edil señaló que Zacualpan de Amilpas es un municipio comprometido con la protección de los derechos humanos de todas las personas, buscando siempre la sana convivencia y la igualdad de condiciones y derechos entre los habitantes.

Por ello, al firmar este convenio de colaboración con la CDHEM, se comprometen a continuar trabajando en este tenor.

Por su parte, el presidente de la CDHEM, Raúl Hernández, reconoció el interés de las autoridades municipales por fomentar y defender los derechos humanos de los habitantes del municipio, por lo que señaló que con la firma del convenio se podrán realizar avances en materia de la defensa de los derechos humanos de las y los zacualpenses.

Ante ello, exhortó a las autoridades a continuar trabajando en este tenor y de esta manera lograr que Zacualpan se convierta en un ejemplo para los demás municipios en la entidad.

Cabe mencionar que al término del acto protocolario, las autoridades mostraron el documento firmado y se comprometieron a continuar trabajando de manera conjunta en la aplicación y defensa de los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Es un asunto que no está normado y viola los derechos de los adolescentes, señala.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de  Morelos (CDHEM) consideró ilegal la aplicación de exámenes antidoping a estudiantes de nuevo ingreso del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 233, pues si bien tiene la mejor intención, es un asunto que no está normado y viola los derechos de los adolescentes.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, consideró que la medida puede tener un buen propósito, pero transgrede derechos fundamentales, sobre todo tratándose de menores de edad.

“Uno entiende que estas medidas persigan una finalidad quizás útil, pero desde luego lo dicen bien, un examen de esta naturaleza, que no está basado en ley, en la Constitución, pues naturalmente invade la esfera particular de las personas”, señaló.

Señaló que si hubiese algún padre de familia o persona en desacuerdo con esta medida aplicada por el plantel escolar, puede promover recursos legales ante diversas instancias y acudir a la propia CDHEM para interponer su queja.

Desde el año pasado, el CBTIS 233, ubicado en el municipio de Zacatepec, en común acuerdo entre directivos y padres de familia, optó por solicitar a los alumnos de nuevo ingreso una prueba antidoping  para prevenir o detectar el consumo de drogas, sin que hasta el momento sea una medida restrictiva para entrar al plantel.  

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que tiene la confianza de que la designación de Raúl Hernández Cruz, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se hizo apegada a derecho y está firme, a pesar de los amparos promovidos por abogados que aspiraban al cargo.

Ombudsman sugiere digitalizar trámites como medida para evitar condicionamientos en escuelas.

La Comisión de Derechos Humanos recibió las primeras quejas por la exigencia a padres de familia de cuotas escolares a cambio de entregarles documentos o inscribir a los menores, por lo que sugirió usar la tecnología para anular este tipo de prácticas que lesionan el derecho de acceso a la educación de los menores y la economía familiar.

El ombudsman estatal Israel Hernández Cruz señaló que el organismo recibió las primeras diez quejas de padres de familia inconformes con el condicionamiento de trámites e inscripciones a los planteles de educación básica, las cuales están en proceso de integración.

Consideró necesario que las autoridades educativas adopten nuevas formas para que los padres de familia puedan realizar los trámites de inscripción y obtener la documentación, y sugirió modernizar estos procesos con el uso de la tecnología.

“Valdría la pena de echarle un poquito de talento quizás,  y ver otras maneras que inhiban este fenómeno que se da en perjuicio del patrimonio de las familias.

“¿Y a qué me estoy refiriendo? Hoy sabemos que los medios electrónicos nos permiten generar desde los certificados, como es el caso de las cédulas profesionales, como los proceso de inscripción a los distintos trámites que existen en la república.

“Yo creo que si optara, se destinaran esfuerzos para avanzar en este sentido, a lo mejor al tener un efecto positivo en la medida que ya no dependería de las autoridades condicionar la entrega de un documento o una inscripción, a cambio de una cuota escolar”, explicó.

Exhortó a los padres de familia a acudir a la CDHEM en caso de enfrentar este problema, que se da al finalizar e iniciar cada ciclo escolar, para que reciban la orientación jurídica e inicien una queja contra las instituciones o servidores públicos implicados en el cobro de cuotas escolares.

Defensores de derechos humanos  también deben ser resguardados, refiere.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó a las autoridades estatales a reactivar el mecanismo local de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, tras el homicidio del periodista guerrerense Rogelio Barragán Pérez, cuyo cuerpo fue localizado el martes del jueves dentro de la cajuela de un auto en el municipio de Zacatepec.

Informó que inició la queja de oficio 163/2019-2 por el homicidio del comunicador, e hizo patente su preocupación por el aumento de agresiones contra periodistas y defensores, así como el alto grado de impunidad que prevalece en los casos.

“Resulta alarmante que frente a esta situación de violencia generalizada por la que atraviesa nuestro país y de la cual Morelos no es ajeno, no se encuentre en funcionamiento el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de este sector, cuya actividad profesional es catalogada como de alto riesgo en México, tal como puede observarse en el informe 018 sobre la seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

“Para esta Comisión resulta fundamental la atención coordinada para la garantía y protección de los derechos humanos, toda vez que durante el año 2019 se han documentado ocho quejas por agravios a periodistas y defensores de derechos humanos”, expresó el organismo.

Por tal razón, a través de un oficio, solicitó a las autoridades reactivar el mecanismo conforme a lo previsto en la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Organismo fue criticado por una víctima, a la que se le propuso conciliar con su agresor.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró necesario revisar los procesos de conciliación cuando se trate de casos de violencia contra la mujer, luego de que el organismo dijo que continúa con la integración de la queja promovida en contra de un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro,  

El pasado 15 de julio, Abigail Castro Román denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja y agente antisecuestro, Ángel Olivo Ramírez, quien presuntamente la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo, y echó mano de su cargo para entorpecer el proceso legal instaurado en su contra.

Incluso, la mujer reprochó a la Comisión de Derechos Humanos, a la que recurrió para pedir ayuda e iniciar una queja, que le haya pedido conciliar con el presunto agresor.

Cuestionado al respecto, el ombudsman Israel Hernández Cruz señaló que la normatividad que rige al organismo obliga a darle parte de la queja a la contraparte -en este caso al agente antisecuestro implicado, quien negó las acusaciones- y continuar con el proceso de integración de queja.

También señaló que el procedimiento legal también establece la necesidad de conciliar entre las partes implicadas, es decir, “es una etapa previa al seguimiento de la investigación por parte de la comisión”.

Cuestionado sobre porqué tratándose de casos en se presume hubo violencia física y emocional, una víctima es obligada a agotar la etapa de conciliación con el probable agresor, señaló que este caso lo recibió ya con todas esas actuaciones, “pero en efecto comparto la posición de ustedes en que se tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado, y quizá en un primer momento no, si bien no llamar a las partes directamente involucradas  y sobre todo provocar ese enfrentamiento en algo tan delicado como lo es la violencia familiar, violencia de género, quizá través de un superior jerárquico primero”.

Derivado de este caso, consideró necesario revisar los procesos internos del organismo en torno al tratamiento de los casos de víctimas violencia familiar o de género.

Activista amplió queja por presuntas amenazas contra el actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

La activista y representante de la organización defensora de derechos humanos “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) a ampliar su queja por las amenazas que recibió del ex rector de la UAEM y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

Acompañada por miembros de la Asociación Cívica “Gustavo Salgado”, acudió a la sede central del organismo estatal, donde fue recibida por Víctor Maruri Alquisira, secretario ejecutivo de la CDHEM, quien explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió al organismo local la queja iniciada por la activista, por tratarse de un funcionario de la administración pública estatal.

Díaz Pineda señaló que realizó una ampliación de la queja ante la comisión estatal, en virtud de que las autoridades estatales toleraron la amenaza y protegieron a Vera Jiménez en lugar de frenar la agresión.

Recordó que en mayo pasado en su cuenta personal de Facebook criticó los “faros de paz” y los diagnósticos de violencia que realiza ex rector de la UAEM sin la inclusión de mujeres, pese a la ola de agresiones contra mujeres y el incremento de los feminicidios en Morelos.

Posteriormente, recibió una llamada telefónica de Alejandro Vera reclamando el “periodicazo”. Afirma que el funcionario le dijo que ella no era nadie en comparación con su trayectoria académica y política y que él también sabía cosas para regresarle el “periodicazo”.

Díaz Pineda lamentó que su derecho a disentir y expresar su opinión a través de una red social haya ocasionado la reacción del servidor público y sostuvo que ni en los peores tiempos de Graco Ramírez, de cuyo gobierno fue una fuerte crítica, recibió una amenaza velada.

También criticó que, siendo Vera Jiménez un funcionario subordinado del Poder Ejecutivo estatal, se le permita asumir este tipo de actitudes, cuando lo único que se le pidió fue la inclusión de mujeres en esa estrategia de pacificación y diagnóstico sobre violencia, porque es justo este sector de la población el que sufre la violencia en todos sus tipos y el número de feminicidios es preocupante.

Hizo un llamado a frenar las amenazas y a respetar el derecho a la libertad de expresión, así como prevenir que en lo sucesivo ocurran más casos como el de ella.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CDHEM señaló que se dará el debido cauce a la queja presentada por la activista y se instará al gobierno de Morelos a establecer el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en virtud de que esperan atención el caso de Susana Díaz y varios más.

Pero también hay limitantes, asegura visitadora de la dependencia en la región surponiente.

Jojutla.- Los ciudadanos sí pueden grabar las acciones de las autoridades, sin que cometan un delito, mientras que las autoridades se deben sujetar a los que les permita la ley, aseguró la visitadora regional surponiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Aurelia Castañeda Castillo.

Ante los casos de denuncia, especialmente de policías, que se molestan porque los graban (incluso han llegado a quitar cámaras o teléfonos a los ciudadanos o periodistas que lo hacen), la visitadora señaló que grabar la acción de un funcionario público o policía es un acto de documentación.

“Estamos hablando del derecho a documentar. La persona que está en vía pública puede usar cualquier herramienta tecnológica para grabar el actuar (de los funcionarios) o lo que esté en vía pública. No es un delito documentar”, detalló.

Señaló que por su parte, la autoridad sólo está facultada a realizar aquello que le permite la ley, mientras que el ciudadano puede realizar lo que la ley no le prohíba.

“No hay una restricción en cuanto al uso de herramientas tecnológicas para reproducir imágenes. Evidentemente se debe hacer un ejercicio responsable de ese derecho, no se trata de que me la pase por la vida grabando lo que yo quiera y publicando cualquier cosa que pudiera generar un perjuicio para otra persona”, explicó.

No obstante lo anterior, Castañeda Castillo destacó que hay limitantes, ya que no se puede uno meter con la vida privada de los demás, ni se puede incitar a cometer un delito. “Los derechos no son absolutos”, concluyó.

Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

La policía es señalada de presunto abuso de autoridad, por el incidente que ocurrió este lunes.

Jojutla.- La Visitaduría Regional Sur de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) confirmó que inició la queja de oficio 33/2019-VRSP, derivado de un video circulado en redes sociales donde se presume un abuso policiaco en contra de una adolescente, en el municipio de Zacatepec, ocurrido este lunes 1 de julio.

La titular de la visitaduría, Aurelia Castañeda Castillo, confirmó que se trata de una queja de oficio, iniciada a raíz de la amplia difusión de un video por redes sociales en el que se aprecia un presunto abuso de autoridad en contra de una adolescente (que habría sido tomada de los cabellos por una oficial de tránsito), lo que agravaría la situación.

Señaló que por el momento, se ha abierto el expediente e incluso la o las víctimas del hecho aún no tienen conocimiento.

Detalló que se solicitarán los informes a las autoridades señaladas como responsables, que deberán responder y una vez que cuenten con ello y los elementos que la institución recabe, ubicarán a los quejosos para ponerlos en conocimiento.

Precisó que primero se deberá contar con la información y las versiones de todas las partes que intervinieron, pues aunque por el momento, lo que se aprecia en el video es que una servidora pública, con uniforme y en horario de trabajo, agrede a una menor de edad, no es posible dar una determinación.

“Se toman muchos elementos para poder tomar una determinación jurídica en cuanto a la violación de los derechos humanos; hay que conocer todo el contexto, porque en el video hay cosas que no se aprecian y hay que saber qué pasó después”, señaló Castañeda Castillo.

En cuanto a los señalamientos de que el incidente con la jovencita ocurrió porque estaba grabando precisamente cuando la policía arrestaba a una persona, la visitadora aclaró que esto no es delito y que sí está permitido.

Destacó que el abuso de autoridad es grave, pero más en contra de un menor, pues los servidores públicos están obligados a ajustarse a los principios de la normatividad que los rige.

Refirió que en el caso de que la víctima no quiera proceder a la investigación, el presidente del organismo tiene la facultad de archivarla o continuarla, dependiendo de su gravedad.

En los hechos es acusada una policía de tránsito de Zacatepec.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por la agresión que sufrió una menor por parte de una policía municipal de Zacatepec.

Derivado de la difusión en redes sociales de un video donde se aprecia una pelea entre la agente y una estudiante de secundaria, el organismo abrió la queja 33/2019-VRSP por el presunto abuso policiaco.

En el video se aprecia como fondo la Iglesia de Santiago Apóstol, en el centro de Zacatepec, mientras la agente y la menor liadas son separadas, pero según las voces de los testigos, habría sido la mujer policía quien inició la agresión contra la estudiante de secundaria.

Incluso, un motociclista que fue esposado y arrestado explica en el video que su detención fue porque observó cómo la policía arremetía contra la niña y él intentó frenar la agresión.

La madre de la menor también se vuelca contra la policía para reclamarle a golpes la agresión a su hija.

La CDHEM detalló que ante la queja radicada en la Visitaduría Regional surponiente con sede en Jojutla, y a cargo de la Visitadora Aurelia Castañeda, solicitó informes a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Zacatepec.