El reclamo, ante la anulación de la reforma que castigaba la violencia política.

Organizaciones civiles convocaron a los partidos políticos y a las instituciones públicas a firmar un pacto de civilidad, para garantizar un proceso electoral con igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, y sin violencia.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y paridad, al menos  20 organizaciones feministas emitieron un pronunciamiento con el fin de que se garantice la protección de los derechos de las mujeres enmarcados en la Constitución Política Federal.

La postura estuvo firmada por Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil (CIDHAL, A. C.), Mujer ZModem, A. C. (Modemmujer), la Red de Mujeres Tuiteras de Morelos, entre otras organizaciones civiles que solicitaron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y al  gobierno del estado se establezca un protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres, rumbo a las elecciones del 2021.

Al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) le pidieron que garantice los derechos políticos de las mujeres, sancionar la discriminación contra la mujer y juzgar con perspectiva de género.
Mientras que a la Comisión de Derechos de Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) le solicitaron emita las recomendaciones para que las instituciones gubernamentales y políticas garanticen la participación política de las mujeres morelenses en el proceso electoral 2020-2021 libres de violencia política y sin discriminación.

De igual forma, criticaron el trabajo que realizó el Congreso del estado, que no veló por los derechos de las mujeres, a pesar que se trata de un derecho fundamentado en la Constitución federal.
María Trinidad Gutiérrez, del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista  (PIIAF) consideró que la invalidez del Decreto 690, emitido por el Congreso de Morelos y publicado por el Poder Ejecutivo el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio, es la muestra  de la forma “tan sucia con la que  trabajó el Poder Legislativo”.

“Sí sabemos que estaba viciado y se querían introducir cambios que iban fuera de lugar y se hizo un decreto que incumplió con el procedimiento legal y eso afecta el avance de los derechos políticos de las mujeres”, manifestó.
Al llamado por un pacto de civilidad entre los Poderes del estado, los partidos políticos y los órganos electorales, se sumó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) pues de acuerdo con su directora Flor Desireé León Hernández, aunque el fallo de la Corte significa un retroceso, se trata de un derecho de las mujeres que se debe respetar.