Uriel Carmona Gándara pide a la población evitar la propagación en redes sociales de información falsa en torno a presuntos hechos delictivos.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que la mayoría de las desapariciones de personas denunciadas resultaron ser ausencias voluntarias, y calificó como falsas las informaciones que circulan en redes sociales que alertan sobre presuntos secuestros de mujeres en diferentes puntos de Cuernavaca.

Cuestionado sobre la alarma que se generó en Morelos por estos mensajes cibernéticos, señaló que son falsos y, hasta el momento, la fiscalía no tiene denuncias sobre que haya intentos de secuestrar o subir a una camioneta a chicas sobre algunas avenidas como Domingo Diez, Universidad o Gobernadores, como dicen los mensajes viralizados en redes sociales en los últimos días.

Consideró irresponsable la propagación de esta información falsa y pidió a la población frenar su difusión para no generar psicosis o “una realidad falsa”.

“No hay por qué generar una realidad falsa. Es irresponsable generar una psicosis en ese sentido. Si fuera el caso, nosotros estaríamos informando al respecto. Incluso, ahorita vemos saliendo del Grupo de Coordinación de Seguridad con las autoridades federales y estatales y ninguno de los compañeros comparte esta información en este sentido”.

“Entonces, yo creo que hay que ser responsables. En las redes sociales no necesariamente todas las cosas están apegadas a la realidad”, dijo, y señaló que los ciudadanos pueden recurrir a los medios de comunicación oficiales de la fiscalía para corroborar cualquier información.

Incluso, precisó que la mayor parte de las denuncias por desapariciones que se presentan en la FGE culminan con que fueron ausencias voluntarias, sobre todo cuando se trata de adolescentes.

“Tenemos muchísimas denuncias de personas desaparecidas. En la gran mayoría son ausencias voluntarias. En su gran mayoría la gente regresa a su casa. Tenemos un fenómeno que es innegable, que -sobre todo- en el tema de los adolescentes, que a veces no contestan el teléfono, los papás se preocupan, nos hacen la denuncia, los empezamos a buscar”.

“Y en la gran mayoría, digamos un 80%, son ausencias voluntarias, son personas que no están desaparecidas o relacionadas con delitos. El menor número sí son temas de delitos y hay temas de delincuencia, pero es un número menor”, detalló.

Explicó que es común que los jóvenes, a veces por conflictos con sus padres, se vayan de su casa, no contestan celulares o desactivan sus redes sociales, pero todas las denuncias se atienden por igual y, en la mayor parte de los casos, la investigación concluye con la localización.

Legal, cateo a rancho de exdelegado

Por otra parte, el fiscal estatal aseguró que fue legal el cateo al rancho “La Palma”, ubicado en la carretera Mazatepec–Puente de Ixtla, en el municipio de Puente de Ixtla, y presunta propiedad del exdelegado de la Sedesol, el panista Oswaldo Castañeda.  

Insistió en que el cateo a la propiedad tuvo su origen en una denuncia anónima (en la que se aseguró que ahí se acopiaban armas y droga) y el agente del Ministerio Público acreditó la necesidad de un cateo, que fue autorizado por un juez.

“Se practicó la diligencia respetando todas las formalidades del procedimiento, con testigos, con intervención de peritos y tiene un resultado de no personas detenidas. No hubo detenidos, pero sí se encontró algunas cantidades de droga (150 gramos de marihuana)”, señaló.

A pregunta expresa de si fue un error el cateo en el rancho, el fiscal fue tajante: “No lo creo. Si fuera el caso, bueno, eso se resolvería en los amparos y en las impugnaciones que se hicieran ante las autoridades judiciales. Las personas que pudieran verse afectadas en sus derechos tienen la oportunidad de defenderse jurídicamente y, entonces, ya se determinará si la fiscalía o el propio juez que ordenó el cateo pudo haberse equivocado, pero hasta ahorita no tenemos ningún medio de impugnación presentado”. 

Laboraron en cuatro municipios e incurrieron en desacato judicial;  no podrán desempeñar nuevos cargos mientras dure su sanción.

El tribunal anuncia mayor rigor contra las nuevas administraciones.

Ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca quedaron inhabilitados por el Tribunal Justicia Administrativa (TJA) para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, al quedar firmes las sanciones impuestas por desacato judicial.

A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó las controversias constitucionales promovidas por los anteriores miembros  de los Cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, con el argumento de que los quejosos habían culminado su periodo constitucional y habían obtenido amparos, el magistrado del TJA, Jorge Estrada Cuevas, aclaró que la protección de la justicia federal sólo fue para evitar su destitución por haber sido electos por la vía del voto, pero no los protegió de la inhabilitación decretada.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de la ex regidora Gudelia Colín Moreno, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

“Lo que pasa es que esos amparos que se les otorgaron fueron contra la orden de destitución, más no contra la inhabilitación. Entonces, este tribunal en diversos expedientes destituyó a los servidores públicos, recuerdo, por ejemplo, que formaron parte de los municipios de Cuautla, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaquiltenango, entre otros”.

“De ellos, promovieron el amparo y les concedieron la protección constitucional contra la destitución, pero no solamente fueron (por parte del TJA) destituidos, también fueron inhabilitados. Lo que significa que si ahora piensan ingresar a la administración pública federal, estatal o municipal, ya no como servidores públicos de elección popular sino como designación o nombramiento, estarían incurriendo en una responsabilidad porque están inhabilitados”, explicó.

El magistrado Jorge Estrada Cuevas advirtió que el tribunal será más severo con las nuevas administraciones municipales que no cumplan con las sentencias del TJA, pues si bien harán llamados a cumplir con las sentencias heredadas por las administraciones anteriores, estos irán acompañados con apercibimientos de multas de 100 veces la unidad de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos) e irán en aumento, hasta llegar al arresto, la destitución e inhabilitación si los miembros de los ayuntamientos incurren en reiterado incumplimiento de las sentencias del tribunal.

“Las administraciones municipales que asumieron el cargo a partir del 1 de enero, están igualmente obligadas al cumplimiento de las sentencias y no vamos a iniciar un procedimiento de apercibimiento para el cumplimiento, sino que vamos a partir de ese momento en que nos quedamos con las administraciones pasadas”.

“Si ellos han aprendido, nosotros también hemos aprendido en el sentido de que la ley no ha sido declarada inconstitucional por cuanto a las inhabilitaciones, entonces si vamos a seguir requiriendo, vamos a seguir imponiendo arrestos a los servidores públicos y en su caso las destituciones para aquellos que no tengan la protección constitucional y la inhabilitación”.

Exhortó a las autoridades municipales a que cumplan con las sentencias del TJA, de lo contrario, la advertencia es que “de no cumplir, se van a tener que sujetar a las sanciones que la ley les impone por la morosidad, por la contumacia, en el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por este tribunal”.

De acuerdo con los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los magistrados de las salas y el Pleno tienen facultades para cesar e inhabilitar hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Aunque llegó a la SCJN las inconformidades de los ayuntamientos contra la norma, el alto tribunal no entró hasta ahora al análisis de fondo del asunto y las disposiciones afectarán a las nuevas administraciones municipales. De acuerdo con el TJA, hay más de 600 sentencias que no han sido cumplidas por los municipios.

Representantes del municipio indígena promovieron una controversia constitucional para exigir que se les asignen fondos para la operación de servicios públicos y la administración pública local.

Los representantes del municipio indígena de Coatetelco promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se les asigne presupuesto para la operación de servicios públicos y la administración pública local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al recurso de control constitucional 25/2019 iniciado por quien se ostentó como síndico municipal, y en los próximos días el alto tribunal determinará sobre su admisión o no.

En la controversia, los representantes del municipio reclamaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la asignación de presupuesto para que conforme al decreto de creación del municipio indígena, pueda hacer frente a la demanda de servicios de sus más de 11 mil habitantes.

Tras el plantón instalado en Palacio de Gobierno la semana pasada, pobladores y autoridades del municipio de reciente creación acordaron con representantes del Poder Ejecutivo que, en breve, recibirían parte de los recursos que les corresponden para comenzar a operar el ayuntamiento.

Paralelamente, la representación legal de Coatetelco promovió la controversia constitucional, como vía jurídica para presionar la entrega de recursos económicos.

Coatetelco fue el primero de los cuatro municipios indígenas en crearse, al publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto 2342, por el que el Congreso determinó escindir del municipio de Miacatlán las comunidades, colonias y ejidos Benito Juárez, Tres de Mayo, General Pedro Saavedra, Centro, Narvarte, El Muelle, El Charco y Xochicalco para crear la nueva comuna indígena con una población de casi 11 mil habitantes.

Sin embargo, al igual que Hueyapan y Xoxocotla, nació compartiendo los pasivos y la deuda pública del municipio del que se escindió. En el caso de Tetelcingo, este municipio no se pudo fundar, debido a una suspensión concedida en la controversia constitucional promovida por Cuautla, municipio del que se separaría. 

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia hace caso omiso a la iniciativa de un grupo de magistrados.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, ignoró la petición de un grupo de magistrados, que exigió transparentar y asignar plazas de jueces a través de concursos de oposición.

El 28 de enero, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gambo Olea entregaron a la presidencia del TSJ, un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ (que sustituyó al Consejo de la Judicatura) y sin atender los principios de un sistema transparente y democrático de selección de juzgadores.  

Además, solicitaron convocar a una sesión de Pleno para discutir el tema de la designación de jueces, pero a una semana de formulada la solicitud, no hay respuesta de Cuevas López, según confirmaron magistrados.

Pero no es la primera ocasión en que la titular del TSJ desatiende peticiones de magistrados, pues anteriormente ignoró otro documento, en el que se le advirtió sobre el incumplimiento en la instalación e integración la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial en contravención al decreto 2611, que establece que el órgano colegiado debió instalarse desde el 5 de abril del 2018.

También este grupo de magistrados solicitó a Cuevas López un informe ante el Pleno del TSJ sobre el número de controversias constitucionales, para conocer las normas o actos de invalidez impugnados, ya que el tema nunca fue sometido a consideración de los miembros del Pleno. 

Se coordinan instituciones en operativos de inspección.

Autoridades federales en Morelos homologaron criterios para la detección, revisión y aseguramiento de autotanques que transporten combustible de dudosa procedencia.

En el marco de los trabajos implementados por el Gobierno de México para combatir el robo de combustible, representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reunieron con personal de la Policía Federal, Pemex y la Fiscalía General de la República, con el fin de homologar acciones.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, donde también participaron representantes del Grupo de Atención Especializada al Transporte de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, para establecer lineamientos de gabinete y operativos para identificar camiones con combustibles de dudosa procedencia.

De manera coordinada, elementos de la Policía Federal y personal de Pemex serán los responsables de verificar que los conductores de las unidades cuenten con la documentación que acredite los permisos para transportar derivados del petróleo, y los sistemas de seguridad en sellos y válvulas.

Durante la reunión se abordaron temas como el marco legal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, y los permisos con los que debe contar el conductor de un autotanque que transporte materiales y residuos peligrosos, a fin de comprobar su legal procedencia.

En caso contrario, los operadores de los vehículos que no cumplan con las disposiciones serán puestos a disposición de la autoridad competente, para que realice las investigaciones que correspondan.

Con una rodada ciclista, integrantes de colectivos feministas protestan contra las agresiones de las que son víctimas las mujeres.

Con una rodada nocturna, un grupo de ciclistas protestó la noche del viernes por la violencia de género contra las mujeres y demandaron al Estado mexicano garantizar el derecho a la vida de las mujeres, ante la ola de agresiones y feminicidios que han ocurrido en México.

Alrededor de 50 ciclistas integrantes de colectivos feministas partieron de la ciclopista y culminaron la rodada en la Plaza de Armas, bajo las consignas “Las calles son nuestras y las noches también” y “Ni una más”.

Rechazaron las declaraciones de la diputada de Veracruz, Ana María Hernández Centeno, quien en una desafortunada declaración a los medios de comunicación afirmó que las mujeres no deben salir de sus casas después de las 10 de la noche.

También solicitaron a las autoridades implementar acciones preventivas para que las calles sean seguras. Por ejemplo, señalaron que los ayuntamientos deben cerciorarse de que funcione el alumbrado público; el gobierno del estado debe ordenar recorridos de vigilancia y reforzar la seguridad; la Fiscalía General del Estado, asegurarse de que tengan castigo los agresores de mujeres, y el Congreso local debe legislar con perspectiva de género.

“Aplaudimos el Congreso paritario, que es un resultado del ejercicio de las mujeres, pero también señalamos que no vemos acciones claras con perspectiva de género. Necesitamos que se den éstas para que obtengamos seguridad, justicia y una vida libre de violencia”, señalaron.

Exigieron al gobierno estatal que asuma su responsabilidad y atienda las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque es inaceptable que las autoridades hayan minimizado los feminicidios a simples tarjetas de investigación.

Además, rechazaron las propuestas absurdas que pretenden coartar los derechos y libertades de las mujeres. “No aceptamos toques de queda como medidas de seguridad para las mujeres. La ola de violencia contra las mujeres está aumentando y siendo normalizada en el Estado”.

Denominada “Tomemos la noche y las calles”, se realizará mañana desde la ciclopista de Río Mayo, hasta el zócalo de Cuernavaca.

Para sumarse a la campaña nacional contra la violencia de género y el feminicidio, grupos de mujeres morelenses convocaron a la rodada nocturna denominada “Tomemos la Noche y las Calles”, que se realizará este viernes.

De acuerdo con la convocatoria que circula ya en redes sociales, el punto de concentración será a las 8:30 de la noche en la ciclopista ubicada en la avenida Río Mayo, de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, y la rodada hará un recorrido hasta el zócalo de la ciudad.

Las organizaciones feministas recordaron que en el país hay 18 entidades con alertas de violencia de género contra las mujeres, entre ellas Morelos, y tres en proceso de activación; en nueve estados fue solicitada pero no se activó, y se carece de protocolos adecuados para combatir el acoso callejero y la violencia sistemática en contra de las mujeres.

Subrayaron que, al igual que en otras partes del país, la rodada “Tomemos la Noche y las Calles” también tiene como objetivo rechazar las propuestas absurdas como el toque de queda a las mujeres, como lo sugirió recientemente una legisladora del estado de Veracruz.

Las participantes pueden llevar consigo herramientas, si cuentan con ellas; luces (blanca y roja), agua, bicicleta e ir acompañadas de amigas y familiares. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 42, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Seguridad Privada, que impone como sanción la suspensión del servicio a las personas físicas o morales que no revalidaron a tiempo sus permisos.

A propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala, por mayoría de tres votos, resolvió el amparo directo en revisión 5597/2018, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 42, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Seguridad Privada, al estimarse que la infracción contenida en el precepto vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad derivados del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, al considerarse que sancionar a una persona física o moral con una suspensión de uno a seis meses, por no ejercer en el plazo que prevé la ley su derecho a solicitar la revalidación de su autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, no tiene relación con los fines últimos y jurídicamente tutelados en el propio ordenamiento, previstos en el artículo 1º de la referida legislación.

Esto es, se trata únicamente de la realización de un trámite, a partir de la voluntad externada por quien ya cuenta con una autorización, dirigido a solicitar la posibilidad de continuar prestando el servicio de seguridad respectivo por un año más.

De ahí que el no formular en tiempo la solicitud de revalidación correspondiente no conlleva una indebida o arbitraria operación de los servicios objeto de la autorización, puesto que -en todo caso-, de no otorgarse dicha revalidación, el interesado deberá dejar de prestar sus servicios en la fecha en que venza la autorización previamente otorgada.

Por cesación de efectos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, en la que reclamaba la invalidez de las disposiciones que facultan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para destituir e inhabilitar a presidentes municipales y a cabildos por incumplimiento de sus sentencias.

El ayuntamiento ixtleco solicitó al Alto Tribunal la invalidez de los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que facultan a los magistrados de las salas y el Pleno para cesar e inhabilitar a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Al analizar la controversia 267/2017, por mayoría de seis votos, el Pleno resolvió sobreseer el recurso de control constitucional bajo dos argumentos. El principal, porque hubo cesación de efectos, ya que las autoridades municipales quejosas concluyeron su período el 31 de diciembre de 2018.

El segundo argumento, porque también hubo cesación de efectos porque los otrora servidores públicos municipales promovieron de manera individual sendos juicios de garantías y, en todos los casos, se les concedió el amparo y el TJA dejó sin efectos la orden de destitución e inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) modernizó la imagen y consulta digital del Boletín Judicial, con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios de este medio oficial de comunicación.  
Óscar Anzures Quintero, responsable de la edición del Boletín Judicial del TSJ, explicó que esta herramienta digital permitirá a los abogados agilizar la búsqueda de sus expedientes.
“El primer paso es ingresar a la página del tribunal, dar clic a la imagen del boletín judicial. Ahí aparece un anuncio de que a partir del 22 de enero el boletín judicial se digitaliza, se cierra y el usuario continúa con las indicaciones, de acuerdo a la información que necesita ubicar”, detalló.
Precisó que es obligatorio llenar el periodo de la fecha que se desea buscar, la jurisdicción o juzgado y, una vez que se ingrese, se puede presionar “control f” y agregar un dato o nombre del expediente para precisar la búsqueda.
“La búsqueda arroja todos los distritos y áreas administrativas como la visitaduría y quejas administrativas, es decir, los usuarios ahora podrán encontrar toda la información en una página o una búsqueda particular; por ejemplo, si desean saber el seguimiento de un expediente de Puente de Ixtla, tienen que buscar en el área”, comentó.

Rechazan que los juzgadores sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ.

Un grupo de cuatro magistrados solicitó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cueva López, convocar a una sesión de Pleno para discutir el tema de la designación de jueces a través de concursos de oposición.

A través de un oficio, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gambo Olea rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ (que sustituyó al Consejo de la Judicatura), y sin atender los principios de un sistema transparente y democrático de selección de juzgadores.  

Señalaron que de conformidad con las disposiciones normativas, la designación debe ser mediante concurso de méritos y examen de oposición, para garantizar idoneidad y excelencia en el perfil de los jueces en beneficio del sistema de impartición de justicia.

En consecuencia, solicitaron a la presidenta del TSJ convocar a sesión de Pleno para que explique por qué su actuar no se ha ajustado a lo que mandata el artículo 92 fracción I de la Constitución local.

Cabe destacar que por razones no claras, quedó trunco el concurso de oposición convocado por el TSJ en 2017 para el nombramiento de 13 jueces y se optó por la designación directa de jueces “interinos”. 

Ayer suspendieron labores empleados de servicios periciales por el retraso en sus pagos y para exigir incremento salarial y la dotación de los insumos indispensables para realizar su trabajo.

Trabajadores administrativos, peritos y médicos legistas adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un paro de labores para exigir incremento salarial, mejoras en la infraestructura y dotación de materiales y vehículos para realizar dignamente su trabajo.

Desde las 09:00 horas del lunes, trabajadores de las regiones metropolitana, surponiente y oriente suspendieron actividades y, en algunos casos, colocaron banderas rojinegras en las instalaciones oficiales, en señal de protesta por el retraso en el pago de sus salarios y porque desde hace una década no hay mejoras a sus remuneraciones ni a sus condiciones laborales.

Jazmín Herrera Soto, médico legista del Semefo de la región metropolitana de la FGE, señaló que es necesario un aumento salarial del 100%, porque no es posible que los trabajadores tengan ingresos ínfimos.

“Estamos solicitando un incremento salarial al más del doble, porque no puede ser que un perito oficial gane dos mil 400 pesos y un administrativo gane de mil a mil 500 pesos. La manifestación que inició por la mañana persistirá hasta que seamos escuchados por parte de los diputados, por parte del gobierno del estado o quien corresponda para que se nos dé respuesta a lo que estamos solicitando”, expresó.

Señaló que a la protesta podrían sumarse otras áreas de la fiscalía, como las agencias del Ministerio Público y la Policía de Investigación Criminal, cuya labor también es afectada por los bajos salarios y la carencia de elementos indispensables para realizar con efectividad su labor.

Los peritos y médicos legistas mostraron a los medios de comunicación las malas condiciones mecánicas en las que se encuentran las unidades del Semefo, el mobiliario desgastado en sus oficinas y la falta de insumos.

Más tarde, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se reunió con los trabajadores en paro y pidió comprensión de la situación, pues la idea no es confrontar al gobierno del estado, sino entablar un diálogo para defender la autonomía financiera de la FGE y que, pese a las dificultades económicas que enfrenta la entidad, se logren obtener los recursos necesarios para mejorar las remuneraciones y las condiciones laborales de los trabajadores.

También, mediante un comunicado, la FGE reconoció que se generó un retraso en el pago de salarios y adquisición de insumos y materiales para la operación, lo que motivó al personal adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales y algunas áreas administrativas a realizar el paro de labores.

Informó que el fiscal estatal espera en las próximas horas reunirse con el gobernador para solucionar los problemas administrativos y, con ello, obtener los recursos que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la institución.

En el 2018 fue autorizado a la FGE un presupuesto de 370 millones 330 mil pesos, pero -en julio pasado- la anterior legislatura aprobó la autonomía financiera de la fiscalía para que se le otorgue anualmente un presupuesto equivalente al 7% de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos estatal. 

En el nuevo presupuesto aprobado se le otorgaron a la FGE 776 millones de pesos, pero debido a la disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por las condiciones en que fue aprobada la Ley de Egresos del 2019, la fiscalía y el total de las instituciones estatales siguen operando con el presupuesto del año pasado, hasta que culmine el pleito. 

En las últimas semanas se ha reducido el índice de robo de dichos vehículos; también disminuyeron los homicidios, de acuerdo con la CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la 24 Zona Militar aseguraron que el operativo de revisión de motocicletas tiene buenos resultados al inhibir los delitos de robo y homicidio.

El titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, expresó que sostuvieron reuniones con clubes y asociaciones de motociclistas con el fin de explicarles en qué consiste el operativo y los primeros resultados obtenidos.  

“Los operativos que se realizan por parte de la policía o por parte de nosotros, son con temas de droga y de armas, y así evitamos el robo de motocicletas. Hemos visto que hoy en día los delincuentes utilizan vehículos y, efectivamente, en las últimas semanas se ha bajado el índice de robo de motocicletas”, dijo.

De acuerdo con la CES, también disminuyeron los homicidios, los cuales eran perpetrados por los delincuentes a bordo de motos; sin embargo, ante la acción de la autoridad, los criminales optaron por hurtar y usar vehículos compactos.

Las autoridades informaron que continuarán con las revisiones y la implementación de las medidas que sean necesarias para inhibir la comisión de delitos. También continuarán las reuniones con los grupos de motociclistas para mantener la coordinación y comunicación. 

En una caminata por calles del centro histórico de Cuernavaca, unas 50 personas demandan a las instituciones de seguridad y procuración de justicia reducir los índices delictivos y atacar la impunidad y la violencia de género   

Alrededor de media centena de personas marcharon en el Centro de la capital morelense para exigir a las autoridades acciones efectivas para garantizar seguridad pública a la población, reducir la violencia de género y prevenir y combatir el feminicidio en Morelos.

Los manifestantes, que se concentraron en la iglesia de El Calvario, iniciaron su marcha por la calle Matamoros y concluyeron el recorrido en la ofrenda a las víctimas ubicada en el acceso principal del Palacio de Gobierno.

A la convocatoria respondieron apenas 50 personas, quienes exigieron más seguridad en las calles de Morelos; reducir la violencia feminicida, que en los últimos meses ha cobrado la vida de varias mujeres; solicitar a la Fiscalía General del Estado que haga su trabajo para combatir el alto índice de la impunidad, y que la Comisión Estatal de Seguridad entregue a los ciudadanos resultados inmediatos.

Los manifestantes vistieron de blanco y aseguraron que la protesta no tuvo tintes políticos, pues la marcha fue motivada por la incertidumbre que viven todos los días e insistieron en que la manifestación fue en apoyo de las víctimas y de sus familiares.

La Corte juzgará la constitucionalidad o no de las reformas legales que otorgaron al Tribunal de Justicia Administrativa facultades para destituir a integrantes de los cabildos por incumplimiento de sentencias  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá sobre la constitucionalidad o no de las reformas legales que otorgaron al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) facultades para destituir a los presidentes municipales o a los Cabildos por incumplimiento de sus sentencias.

El Pleno de la SCJN enlistó para su resolución esta semana las controversias constitucionales promovidas por los ayuntamientos de Cuautla y Puente de Ixtla entre 2017 y 2018, contra las destituciones ordenadas por las salas o el Pleno del TJA.

Los ayuntamientos demandaron la invalidez de los artículos 11, fracción V y 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 19 de julio de 2017, mediante el Decreto 2193.

Los artículos 11 y 91 de la nueva Ley de Justicia Administrativa establecen que el Pleno y los magistrados del TJA tienen facultades para decretar la destitución e inhabilitación hasta por seis años de los servidores públicos, incluyendo al alcalde y los integrantes de los cabildos, cuando éstos -reiterada e injustificadamente- se nieguen a cumplir las sentencias del TJA.

Desde la vigencia de la disposición, ninguno de los ediles o cabildos fueron depuestos por incumplir sentencias judiciales, ya que la SCJN le concedió suspensiones a los afectados en tanto resolvía los recursos.

Así lo determinó la Corte al resolver un juicio de amparo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los sentenciados bajo el anterior sistema procesal penal pueden acceder a beneficios preliberacionales del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.

Bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Primera Sala de la SCJN resolvió un juicio de amparo en el que analizó la posibilidad de que las personas que fueron sentenciadas por la comisión de un delito bajo el anterior sistema de justicia, pudieran solicitar, conforme a sus intereses conviniera, los beneficios preliberacionales contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual recoge el actual proceso penal.

Se consideró que la intención del legislador al emitir la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, fue derogar los distintos beneficios preliberacionales previstos tanto en el Código Penal Federal, como en las legislaciones especiales de la Federación y las relativas a las entidades federativas, para que únicamente fueran aplicables los contemplados en esa ley.

Asimismo, que el otorgamiento de tales beneficios era un mecanismo de control jurisdiccional que no incidía en un aspecto procesal, sino en un aspecto sustantivo relacionado con la libertad personal y la igualdad de los sentenciados, por lo que era dable su aplicación a las personas que obtuvieron una condena penal con anterioridad a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, conforme al principio pro-persona contemplado en el artículo 1° de la Constitución Federal.

En este sentido, la resolución de la Sala asumió que los beneficios preliberacionales inciden en las afectaciones a la libertad personal derivadas de la pena que el legislador considera necesaria en este momento para cumplir con los fines sustantivos de ésta, por lo que no hay razón para dar un trato desigual a los condenados bajo sistemas procesales distintos, si los beneficios introducidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal resultan más favorables al solicitante.   

Por tales motivos, se determinó que el Cuarto Transitorio del Decreto de reforma constitucional que implementó el nuevo sistema de justicia penal, no constituía un límite para otorgar el beneficio de la libertad anticipada prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón que si por disposición legal los sentenciados que fueron procesados conforme al nuevo sistema en los casos previamente establecidos, podían obtener beneficios preliberacionales; entonces, atendiendo a los principios consagrados en nuestra Constitución, entre ellos el de igualdad y el de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del sentenciado, las personas que fueron condenadas bajo el anterior sistema por los mismos delitos y en los mismos supuestos que aquéllos, también pueden obtener los mismos beneficios en la ejecución de la pena.

El juzgador afirma que es válido que en caso de una controversia, se presenten las pruebas periciales que ayuden a un juez a tomar la mejor decisión.

Para el juez noveno de primera instancia en Cuernavaca del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Antonio Pérez Ascencio, las pruebas periciales son herramientas básicas para que los juzgadores puedan resolver un juicio a través de la participación de expertos en la materia.
Explicó que una prueba pericial es un elemento que las partes también pueden aportar durante un proceso, la cual ayudará al juez a conocer de manera específica sobre algo que están cuestionando y sobre el cual se requiere el dictamen de un experto.
“Es decir, cuando se trata de un juicio por una indemnización por responsabilidad en la atención médica, cuando se trata de materias familiares, civiles, mercantiles o, incluso, penales”, resaltó.
Pérez Ascencio comentó que los especialistas son capacitados en su área, con conocimientos comprobables en temas específicos de psicología, contabilidad, ingeniería, medicina, arquitectura, entre otras materias.
“No es común que una persona conozca temas técnicos, por ello se busca a los peritos en las materias. Algunos tienen conocimiento en criminología y criminalística, entre otras especialidades”, señaló, y dijo que es preciso que en caso de una controversia, se presenten las pruebas periciales que ayudarán a un juez a tomar la mejor decisión con base en la ley. 

Los pobladores que participaron en los disturbios quedaron libres bajo las reservas de ley.

Los ocho detenidos durante el intento de linchamiento ocurrido la noche del lunes en el municipio de Tepalcingo fueron liberados por la Fiscalía General del Estado, al no existir, de momento, indicios para fincarles responsabilidad.

De acuerdo con la FGE, los cuatro trabajadores de la construcción retenidos por una turba de pobladores, acusados de intento de plagio de un menor -al transcurrir el plazo constitucional 48 horas-, fueron dejados en libertad, porque no existió ninguna denuncia en su contra.

En tanto, los otros cuatro pobladores detenidos -que presuntamente habrían participado en la quema de una patrulla, daños a la comandancia municipal y robo-, también fueron liberados, pero bajo las reservas de ley.

Al concluir el plazo constitucional, los sospechosos dejaron los separos, pero, según informó el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por el daño ocasionado al patrimonio público.

La noche del 21 de enero, a través de las redes sociales se desató el rumor de que unos hombres en una camioneta blanca secuestraban. Esto provocó que cuatro albañiles, que al culminar las reparaciones de una escuela del Centro de Tepalcingo y se retiraran en una camioneta blanca de su contratista, fueran retenidos por la turba, supuestamente porque intentaban secuestrar a un menor.

Las autoridades lograron rescatar a los trabajadores de la construcción y fueron llevados a la agencia del Ministerio Público, donde no se presentó ninguna denuncia en su contra, y la madre del supuesto menor afectado negó que hubiese ocurrido el intento de plagio. Sin embargo, en el transcurso del conflicto, los pobladores quemaron una camioneta, una patrulla, golpearon a un policía y lo despojaron de su arma de cargo, así como causaron daños a la comandancia local. 

La Fiscalía General del Estado no sólo carece de personal operativo y pericial, sino de insumos e, incluso, de parque vehicular, señala.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, advirtió que sin presupuesto suficiente no podrá mejorar la procuración de justicia, pues la institución que encabeza no sólo carece de personal operativo y pericial, sino que no cuenta siquiera con vehículos suficientes para realizar levantamientos de cadáveres.

Durante el primer encuentro con la sociedad civil, convocado por el gobierno de Morelos, la Fiscalía General del Estado recibió duras críticas de organizaciones y activistas por la ola de violencia, los altos índices de impunidad, el incremento de los feminicidios y la dilación en la procuración de justicia.

Frustrado, pero sereno, Carmona Gándara respondió a sus críticos que la fiscalía se encuentra en la precariedad presupuestal y reveló que, por ejemplo, la institución opera sólo con 300 policías de investigación criminal, en tres turnos y para cubrir todo el estado. Lo ideal, señaló, sería tener 300 elementos más.

Afirmó que no existe resistencia a reconocer las deficiencias que padece la institución, y sostuvo que más allá de rencores o diferencias personales, debe haber alianzas para prevenir y combatir el delito y dar los resultados que espera la sociedad.

En entrevista previa, el fiscal estatal destacó que la situación es tan crítica, que -a veces- la fiscalía tiene dificultades hasta para realizar los levantamientos de cuerpos.

“Por ejemplo, el fin de semana pasado teníamos nada más en operación una unidad del Servicio Médico Forense; entonces, hay momentos en que tenemos dificultad incluso para levantar los muertos. Hay veces que ni eso podemos, por eso es urgente que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo dialoguen con nosotros”, dijo.

Detalló que actualmente la FGE tiene sólo 12 médicos legistas para tres turnos y para todo el estado, y sólo cuentan con tres o cuatro unidades del Servicio Médico Forense en funcionamiento, cuando debería haber al menos 30 en operación.

“La unidades ya son unidades muy viejitas que suelen estar en los talleres todo el tiempo y entonces sí necesitamos renovar el parque vehicular no nada más en periciales, sino en toda la fiscalía. Entonces, por eso es la postura de la fiscalía, en que es urgente que se haga entrega del presupuesto asignado desde julio del año pasado y ese es el primer paso”.

“Yo hago un llamado muy respetuoso al Congreso del estado y al señor gobernador; lo he llamado formalmente por escrito a una reunión de carácter privado para tratar este tema, porque, insisto, mientras no se nos dote del recurso económico necesario, no vamos a poder mejorar”, recalcó.

Exponen estrategias de modelo policial del “Mando Coordinado” y la Guardia Nacional, con la actuación coordinada de fuerzas de seguridad y justicia federales, estatales y municipales.

Autoridades militares y policiacas llamaron a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la estrategia de seguridad del Mando Coordinado y el proyecto de la Guardia Nacional, cuyo propósito será mejorar la vigilancia y combatir al crimen y la corrupción para lograr la pacificación.

Ante activistas y representantes de organizaciones de todo el estado, convocados por el gobierno de Morelos en el Primer Encuentro con la Sociedad Civil, los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad y la 24 Zona Militar presentaron los ejes principales de las estrategias estatal y nacional de seguridad.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que el proyecto policial de Mando Coordinado prevé una serie de objetivos que incluyen la dignificación del trabajo de los elementos para alcanzar eficiencia y eficacia en el servicio.

Por ejemplo, señaló que está contemplada la estandarización salarial para mejorar las remuneraciones de los elementos y dignificar la función policial; ampliar el espectro de reclutamiento de elementos policiales y ofrecer oportunidades laborales para la población; establecer procesos justos de selección, formación, reconocimiento y ascenso, así como mejorar las prestaciones y la calidad de vida.

Adicionalmente, las fuerzas estatales contarían con servicios de inteligencia integral y capacidad de reacción inmediata; la aplicación de normas de transparencia y disciplina; la vinculación de las políticas de desarrollo social con las políticas públicas de seguridad, y la disminución de los índices de corrupción y mejoras de los sistemas de información comunicación.

“Centralizar el mando no significa que una persona tome todas las decisiones en todo momento. El Mando Coordinado es una estrategia de estatal de política pública de seguridad, y las policías requieren de mejores condiciones y herramientas de trabajo para servir más y mejor, ya que los delitos sí se pueden reducir cuando se hacen los cambios adecuados centralizando el mando, pero descentralizando el despliegue territorial contando con la invaluable corresponsabilidad y participación ciudadana en cada uno de los municipios de este estado”.

Por su parte, el titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, aclaró que Morelos no requiere una pacificación porque “hay problemática, pero no hay un estado de gravedad”, e instó a todos los sectores sociales y a las autoridades de todos los niveles de gobierno a asumir la responsabilidad y el trabajo que les toca, porque sólo en conjunto se podrán lograr los niveles de seguridad deseables.

Explicó que el plan de paz y seguridad encabezado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, está dirigido a erradicar la corrupción, garantizar el empleo, respetar los derechos humanos, regenerar la ética, reformular el combate a la droga, emprender la construcción de la paz, dignificar las cárceles y establecer un plan de seguridad.

Pero también, subrayó, el proyecto de la Guardia Nacional no significa militarizar el país, porque sólo será un organismo con disciplina que va a apoyar a las Policías estatales y municipales en todo lo concerniente a la seguridad pública, y “en ningún momento va a reemplazar a las policías, sino, al contrario, va a incrementar los esfuerzos de ellas para que la sociedad tenga más seguridad en cada uno de sus municipios y en el estado”.

Afirmó que será como una corporación intermedia entre una fuerza armada y una fuerza policial, pero lo más importante será el marco jurídico de que deberá ser dotada. Además de que los mandos y los oficiales que formarán parte de la Guardia Nacional recibirán capacitación y especialización. 

Es necesario dotar a la institución del presupuesto necesario para incrementar la tecnología de dicho sistema, expone el comisionado estatal de seguridad; el C5 tiene cobertura limitada, señala.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, consideró urgente que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) migre a tecnología inteligente, y propuso que si el Congreso no tiene la posibilidad de dotar a la CES del total de los recursos para iniciar el proyecto, por lo menos cada año aumente gradualmente el presupuesto.

Indicó que el C5 tiene cobertura limitada, porque sólo cuenta con 972 cámaras en funcionamiento y existen municipios donde apenas se cuenta con tres o cuatro cámaras, lo que –evidentemente- dificulta el monitoreo policial.

Dijo que su proyecto es transformar el C5, pero para lograrlo se requiere una inversión importante, y por ello insistió en que si en 2019 no se tiene el total de los recursos, la CES pueda tener cada año un incremento presupuestal para alcanzar el objetivo.

“Yo pedí dos mil millones de pesos para incrementar la tecnología del C5, migrar la tecnología del C5 a un C5I. El C5I se refiere a que sea (tecnología) inteligente completamente, pero son equipos que cuestan muchísimo dinero”.

“Y mi propuesta es que no me los hagan de un jalón (la asignación de los dos mil millones de pesos) pero que sea año con año ir mejorando. Entonces, depende de cuánto presupuesto vaya a haber este año para saber en qué crecer”, comentó. 

Al final hubo ocho detenidos.

Con un saldo de ocho detenidos, un policía golpeado y daños materiales, concluyó el intento de linchamiento en la cabecera municipal de Tepalcingo, que según las primeras investigaciones, fue originado por una noticia falsa que circuló a través de las redes sociales.

La noche del lunes, una turba pretendió linchar a cuatro sujetos a los que se les atribuía el presunto intento de secuestro de un menor. Sin embargo, las primeras versiones apuntan a que los cuatro hombres realizaban trabajos de albañilería en una escuela del centro del municipio y, en el momento en que fueron retenidos por los pobladores, habían concluido sus labores y se retiraban a bordo de una camioneta color blanco que, según la nota falsa o fake new que circulaba en redes sociales, era utilizada para cometer delitos.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que la Policía estatal intervino de manera prudente, pese a que un elemento fue agredido y despojado de su arma, y logró rescatar en dos fases a los hombres retenidos, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, el que determinará su situación jurídica.

En el marco de la sesión cotidiana de la Mesa para la Seguridad y la Paz en Morelos, las autoridades informaron que fueron detenidos cuatro pobladores que también participaron en el incendio de dos vehículos, uno de ellos una patrulla de la CES, así como en daños a las instalaciones de la comandancia municipal. De igual forma, su situación jurídica la determinará el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las autoridades, los trabajadores detenidos serán investigados para determinar si están o no implicados en algún delito y, de igual forma, se procederá contra los cuatro pobladores detenidos implicados en los disturbios y daños materiales en detrimento del patrimonio público.

Por lo pronto, el titular de la CES, Ortiz Guarneros, llamó a la ciudadanía a ignorar la información falsa que circula en redes sociales y a no participar en su difusión, ya que se pueden desencadenar hechos de violencia y causar pérdidas humanas. Además, recalcó que este tipo de acontecimientos dañan la imagen del estado y ahuyentan al turismo. 

Cesan a jefe de la Policía Municipal de Emiliano Zapata; al menos seis jefes policíacos más están bajo escrutinio de la CES.

El delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, afirmó que la estrategia de Mando Único fue sólo propaganda política de la anterior administración, y aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno colaboran en la gestación del modelo de seguridad de Mando Coordinado para atender de manera integral el problema de inseguridad.

“No había mando único aquí en el estado de Morelos. Yo creo que era un tema de propaganda política o que se intentó utilizar esta figura, porque había muchos municipios que no pertenecían a esta operación. Yo entiendo que cuando hay un mando único, todos los municipios tuvieron que haber atendido la operación de un solo mando y no era el caso”.

“Vuelvo a insistir, no tengo la menor duda que eso fue un tema de propaganda política, más que una realidad. Hoy estamos trabajando muy fuerte para establecer un modelo de seguridad, donde va a haber un Mando Coordinado. Ya, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional. Como todos sabemos, todas las fuerzas armadas, por instrucciones del presidente de la república, van a colaborar estrechamente y aquí estamos buscando que haya una policía estatal, que la Policía Morelos esté en perfecta coordinación con las fuerzas federales”, explicó en el marco de la Mesa para la Seguridad y la Paz en Morelos.

Afirmó que en el nuevo modelo de coordinación de las Policías con las fuerzas armadas, “no estamos buscando jiribilla, no hay propaganda política”, porque el objetivo es atender el gran problema de inseguridad de Morelos y el país.

Reconoció que hay una ola de homicidios dolosos, pero aseguró que el 80% de ellos están vinculados a la delincuencia organizada, y el 20% del total de los asesinatos se perpetraron en el municipio de Emiliano Zapata, lo cual fue una de las razones para cesar al titular de la seguridad pública municipal.

Cese en Emiliano Zapata

Martín García Meraz fue cesado como jefe de la Policía Municipal de Emiliano Zapata, ante la ola de homicidios y el incremento de la incidencia delictiva en la demarcación. Por las mismas razones, al menos seis jefes policíacos están bajo el escrutinio de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

“Hay otros que también su actuación, yo no digo complicidad, su actuación no es la que yo espero y los voy a remover, pero ahorita no te puedo decir (a quienes)”, sentenció el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, y señaló que las remociones serían “por falta de resultados y, bueno, yo tengo que apoyarme con ellos como comandantes, pero los resultados que está habiendo no me convencen a mí y los voy a quitar”.

En el caso de Emiliano Zapata, García Meraz (quien fue propuesto por el alcalde Fernando Aguilar) fue sustituido de inmediato por el comandante Luis Alberto Sánchez Santiago, quien fue designado directamente por el titular de la CES.   

Ortiz Guarneros recalcó que en el municipio de Emiliano Zapata se requería la intervención urgente de la CES, y afirmó que en caso de ser necesaria la remoción y sustitución de otros responsables de la seguridad en los municipios, tratará de hacerlo con diálogo y consenso de los presidentes municipales.

Dijo que están en la mira de la CES al menos seis jefes policiacos de los municipios donde se ha registrado el mayor número de incidentes violentos, como Jiutepec, Temixco, Cuernavaca y Cuautla. “A esos los tengo en observación y cuando sea necesario los vamos a quitar”, expresó.

Precisó que la Comisión tiene especialmente bajo escrutinio a aquellos jefes policiacos que fueron propuestos por los alcaldes, pues si bien es poco tiempo en funciones, es necesario que den resultados.

Estudiantes, docentes y trabajadores universitarios son víctimas de asaltos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidió a  la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y a las autoridades municipales reforzar los patrullajes de vigilancia en las inmediaciones de los campus y escuelas, para evitar que los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios sigan siendo víctimas de asaltos.

Aunque no hay una cifra precisa del número de ilícitos que se cometen en agravio de la comunidad universitaria, de acuerdo con el rector Gustavo Urquiza Beltrán suele ser común el asalto y robo de celulares, computadoras, mochilas y billeteras.

El jefe universitario señaló que en el interior del Campus Norte (Chamilpa) de la UAEM se han endurecido las medidas de seguridad para prevenir este tipo de delitos que afectan la limitada economía de los estudiantes.

Expresó que hay contacto con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para pedirles apoyo para establecer una estrategia conjunta.

“Me gustaría ya reunirnos también con el equipo de seguridad estatal y municipal para que tomemos medidas todavía más estrictas para evitar cualquier incidente en las instalaciones y en la las inmediaciones”, comentó.

Por ejemplo, consideró necesario incrementar el número de rondines policiacos en el Campus Chamilpa y la zona de Los Belenes, especialmente cuando comienza a oscurecer, pues es cuando los delincuentes aprovechan para atacar a los universitarios y arrebatarles sus pertenencias.

En las sedes de la UAEM en los municipios, dijo que Jojutla es un foco como “foco amarillo” pero afortunadamente el alcalde Juan Ángel Flores, quien también es egresado de la UAEM, dijo estar dispuesto apoyar el reforzamiento de la seguridad. 

Ante el TEPJF, el órgano local reclamará por la omisión de diputados en asignar recursos suficientes para el ejercicio fiscal 2019, como lo establece mandato constitucional.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) promoverá un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la omisión del Congreso local de asignarle presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2019.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Puig Hernández, lamentó la omisión en la que incurrieron los diputados al no observar el mandato constitucional en la asignación del presupuesto, estimado en alrededor de 31 millones de pesos para este tribunal.

“Nosotros lo vamos a impugnar. Incluso, desde la semana pasada le pedimos al Congreso del estado que nos obsequiara una copia certificada del presupuesto que aprobó, así como del expediente legislativo en el cual se aprueba la reforma al artículo 40, en particular, a la fracción V de la Constitución, para poderlas ofrecer como prueba a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia competente para conocer este tipo de actos”.

Dijo que el tribunal continúa en funcionamiento con el ejercicio del presupuesto anterior y con esos recursos se pagó a todos los trabajadores la primera quincena de este mes de enero.

Se encontró con ellos para agradecerles su esfuerzo y valentía en su búsqueda y salvamento.

Jonas Sebastian Schmailzl, ciudadano alemán que sobrevivió a una caída en una cañada en las inmediaciones del cerro de El Tepozteco, en Tepoztlán, se encontró de nuevo con los rescatistas de la Cruz Roja de Morelos que lo salvaron, para agradecerles su esfuerzo y valentía en su búsqueda y salvamento.

Vestido con la ropa que llevaba puesta la tarde del 14 enero -cuando resbaló y cayó en la cañada-, sin fracturas y sólo con algunas contusiones visibles, llegó a la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja en Cuernavaca para saludar y entregar a sus salvadores unas cartulinas con fotos y un breve texto de agradecimiento escrito a mano.

Jonás, como ya todo mundo lo conoce, saludó efusivo a José Luis Ramírez Vela, José Luis Fernando Díaz, Óscar Alberto Conde, Manuel Romero Corral, Martín Cruz Salas y Mauricio Díaz Salgado, todos ellos rescatistas experimentados de la Cruz Roja.

Convivió brevemente con reporteros y fotógrafos, quienes en ese momento recibían de la Cruz Roja un curso básico de primeros auxilios en la Escuela de Enfermería. Emocionado y contento, Jonas (también fotógrafo de profesión) compartió su experiencia y confesó que no tuvo miedo de morir porque, en todo momento, supo que sería rescatado, al haber tenido contacto con personal donde se hospedaba y saber que los cuerpos de rescate estaban en su búsqueda.

Sin empacho, dijo que regresará a caminar por el territorio sagrado de El Tepozteco, pero recomendó a los senderistas explorar la zona con todas las medidas de precaución posibles y el equipo adecuado, y -sobre todo- mantener contacto constante con alguna persona, pues en su caso fue vital haber podido enviar por celular su ubicación a los encargados de su hostal y llevar consigo una navaja y un encendedor, cuya luz fue el punto referencial para ser ubicado por los rescatistas.

La exalcaldesa de Cuernavaca, Sara Olivia Parra Téllez, fue designada por el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, como nuevo titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.

En presencia de funcionarios del gobierno de Morelos, del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y de la propia fiscalía, Parra Téllez rindió protesta y participó en la primera reunión de trabajo entre fiscales, el subsecretario de Gobierno, el coordinador de asesores y la directora general del DIF.

Parra Téllez ocupó ya este cargo -que antes dependía del DIF Morelos- en administraciones anteriores, y tiene una larga trayectoria tanto en el servicio público, como en el litigio, especialmente en materia familiar.

Ha sido agente del Ministerio Público; subdirectora y directora de control de procesos; subdirectora de Averiguaciones Previas, así como directora general de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas del Delito.

Fue integrante de la Mesa Directiva del Patronato de Reos Liberados en el Estado de Morelos y subsecretaria de Readaptación Social en el Estado. Se desempeñó como titular de la Defensoría Pública estatal y subsecretaria de Participación Ciudadana y Protección Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Ambiental.

Ocupó la presidencia de la Asociación de Abogadas en el Estado de Morelos; fue contralor interno de la Contraloría General del estado de Morelos y, de abril a mayo del año 1997, ejerció funciones como presidenta municipal de Cuernavaca.

También fue asesora jurídica del DIF Morelos y encargada del Programa de Prevención de Adicciones, Rehabilitación y Fortalecimiento Familiar para una Vida Libre de Violencia; y secretaria particular de presidencia del Sistema DIF Morelos.

Incluye los requisitos para la aplicación de las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, rendición de cuentas, consulta o colaboración ciudadana, audiencia pública y cabildo o congreso abierto.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el reglamento que regula los procedimientos de los mecanismos de participación ciudadana del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Dicho reglamento contempla cada uno de los requisitos que deberán cubrirse para la aplicación de las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, rendición de cuentas, consulta o colaboración ciudadana, audiencia pública, cabildo o congreso abierto, así como la instauración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana y los Comités Distritales y Municipales como órganos temporales auxiliares para ejecutar los actos relacionados con el desarrollo de los procedimientos de los mecanismos a realizarse fuera de proceso electoral.

Únicamente las peticiones de referéndum y plebiscito que se presenten en año electoral -entre el día 1 de enero y 100 días antes de la jornada electoral- que cumplan con los requisitos de las etapas previas a la convocatoria, por razones de economías de escala y aprovechamiento de afluencia ciudadana, se realizarán el día de los comicios.  

De acuerdo con el reglamento, los ciudadanos que pretendan la aplicación de cualquiera de las figuras previstas en la Ley de Participación Ciudadana, deberán cumplir al menos tres requisitos como: 1) Estar inscritos en el listado nominal de electores de Morelos; 2) Contar con credencial para votar con fotografía vigente, y 3) No estar suspendidos de sus derechos político electorales.

Además, dice el reglamento, los ciudadanos tendrá el derecho, pero también la obligación, de participar de forma ordenada y responsable en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; manifestarse de manera libre, secreta, directa e informada; y coadyuvar con el Impepac en la preparación, organización y desarrollo de los diversos mecanismos de participación ciudadana.

El reglamento contempla también cuáles son los procedimientos, los trámites y plazos para que tanto las autoridades electorales, como legislativas, resuelvan sobre la procedencia o no de cada uno de los mecanismos solicitados y, en su caso, los pasos para su aplicación, organización y validación de los resultados, así como la necesidad de que en los presupuestos del Impepac y otras autoridades se destinen recursos para la realización del plebiscito y referéndum, esencialmente.

De igual forma, fueron publicados los formatos que deberán de llenar las autoridades y los solicitantes de los mecanismos de participación ciudadana.

Solicitan a la CNDH retomar queja iniciada en mayo de 2018.

La Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca solicitará a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reactivar la queja y las acciones para el saneamiento de los pozos que hace más de un año fueron contaminados debido a la filtraciones al subsuelo de combustible derramado durante la ordeña ilegal de ductos en Cuernavaca.

Tras la persistente contaminación del pozo de agua en la comunidad de Ocotepec, Arturo Díaz de Sandi, presidente de la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, recordó que en mayo de 2018 un grupo de ciudadanos acudió al organismo nacional a iniciar una queja contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por la contaminación en Cuernavaca de pozos de agua con combustible, derivado de la extracción ilegal de gasolina de los ductos de Pemex.

Dijo que, si bien, producto de la presión ciudadana y los riesgos inminentes se logró el cierre de los ductos, las autoridades federales y estatales poco hicieron para cerciorarse de que las secuelas del “huachicol” no tuvieran consecuencia a corto y largo plazo.

“Es lamentable que esté sucediendo esta situación cuando ya se había controlado. Nosotros estamos nuevamente metiendo un escrito tanto a CEA como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se avoquen realmente, porque no han hecho nada desde nuestra queja ante la CNDH”, expresó.

Incluso, en ese entonces se solicitó a las autoridades estatales y federales extender el monitoreo y realizar pruebas de calidad del agua en todos los pozos de Cuernavaca, ante la posibilidad de que las filtraciones del combustible a los manto freáticos pudieran causar daños a la salud de la población de la capital del estado y de otros municipios. 

El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, contra cualquier orden de presentación, detención o aprehensión.

De acuerdo con la resolución publicada en los estrados del Poder Judicial de la Federación, la exfuncionaria durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, en diciembre pasado inició el juicio de amparo 2035/2018 en contra de actos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que la actual administración estatal promovió una cascada de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del erario, asignación de contratos y ejecución de obras.

Aun cuando el pasado 12 de diciembre el juez federal le otorgó la suspensión provisional con el pago de una garantía de ocho mil pesos, recientemente las partes fueron notificadas de la negativa de la suspensión definitiva contra actos del fiscal anticorrupción del Estado de Morelos y otras autoridades.

Por el momento, la fiscalía anticorrupción mantiene sigilo sobre el curso de la integración de varias carpetas de investigación iniciadas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para investigar presuntos irregularidades durante la gestión de su antecesor. 

Dice que la Fiscalía no probó las acusaciones contra Crispín Gaspar Cortés, a quien la administración anterior ligó con un cartel, pero al que sólo acusó de narcomenudeo.

La jueza de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Primer Distrito Judicial, Gabriela Acosta Ortega, rechazó favorecer a delincuentes y sostuvo que la información que circula en redes sociales en la que se cuestiona su calidad profesional y la legalidad de sus resoluciones, pone en riesgo su seguridad. En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, sostuvo que es de cobardes acusar a los jueces y no presentar ni denuncia ni pruebas.

En rueda de prensa, la jueza rechazó cualquier nexo con organizaciones delictivas, luego de que a través de redes sociales se difundieron acusaciones en su contra tras decretar la no vinculación a proceso de Crispín Gaspar Cortés, a quien autoridades del gobierno anterior señalaron como presunto líder de una organización criminal.

La jueza desmintió la información y aclaró que el hombre fue imputado sólo por el presunto delito de narcomenudeo y no por los delitos de secuestro, extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y es la primera vez que conoce del caso, que le fue asignado por turno.

Afirmó que tiene las manos limpias y en sus 26 años de carrera judicial no ha incurrido en actos de corrupción, pero insistió en que las acusaciones sin fundamento ponen en riesgo no sólo su seguridad y la de su familia, sino pone en entredicho al sistema de justicia.

“No podemos hacer afirmaciones que dañan a la gente, incluso se debe atender que estas afirmaciones me ponen en peligro a mí como juez, ponen en peligro a mi familia, porque sabemos y es público, que si hay un cártel, también hay otro cártel. Y si ese cártel considera que yo estoy ligada con una cártel, me pone en peligro y a mi familia, e incluso pone en peligro a la sociedad, porque si empezamos a desconfiar de los jueces, entonces a dónde vamos a llegar, si los jueces son la última opción para verificar la legalidad de las cosas que se ponen en consideración de nosotros”, dijo.

Explicó que dictó la no vinculación a proceso y libertad de Gaspar Cortés porque su abogado defensor desvirtuó con pruebas, como videos y testimonios, las imputaciones formuladas por la fiscalía.

Recordó que los partes inconformes en un juicio tienen el derecho de apelar las resoluciones de jueces y son los magistrados del TSJ los responsables de revisar si fueron emitidas conforme a la ley y, en su caso, confirmarlas, modificar o revocarlas.  

Cobardía, acusar sin probar: Cuevas López

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, respetó el derecho de los jueces de refutar las acusaciones en su contra y consideró una cobardía acusar sin denuncia y probar, y hacerlo en anonimato.

“Creo que como en todo juicio, los jueces también tienen el derecho de hablar, de expresar, de lo que acontece con los asuntos y además (defender) el principio de presunción de inocencia. A mí no me gustaría decir que todas esas personas (presuntos delincuentes) que dicen que quedaron libres fueran responsabilidad del Poder Judicial, y que tampoco fueran actos de corrupción, porque quien se atreve a denunciar un acto de corrupción es porque tiene los elementos y las pruebas para hacerlo”.

“Quien lo omite y solamente lo dice a través de denuncia anónima, me parece que es una cobardía. Si yo denuncio y tengo conocimiento de que hay corrupción, pues yo soy el primero en denunciarlo porque si no me convierto en omiso o cómplice”, dijo en alusión al caso de la jueza, al integrarse a la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz instalada por el gobierno de Morelos.  

Cuestionada sobre el número de quejas promovidas por los justiciables contra jueces y personal del TSJ, informó que el año pasado se atendieron alrededor de 200 y fueron cesadas 10 personas, entre ellas dos jueces.

Las principales causas de queja fueron: impuntualidad en el inicio de audiencias; retraso constante para la atención de personas como abogados o las partes de un juicio; e ineficacia en el desempeño jurisdiccional. 

La Policía Federal no registró en Morelos ningún incidente en las gasolineras este fin de semana e informó que mantendrá presencia en las estaciones de servicio hasta que pase la contingencia por la escasez de combustible en la Ciudad de México y otras entidades durante la lucha del gobierno federal contra el llamado “huachicol”, o robo de combustible, a Pemex.

Desde el viernes, habitantes de la capital del país arribaron a gasolineras de Cuernavaca y Huitzilac, principalmente, para cargar combustible, razón por la cual la Policía Federal implementó un operativo de vigilancia para prevenir cualquier altercado entre los consumidores o agresiones hacia el personal de las estaciones.

El comisario de la PF en Morelos, Jorge Alberto Plascencia, señaló que es indefinida la presencia y monitoreo a las estaciones de abasto de combustible, porque dependerá de cómo el evolucione el asunto a cargo del gobierno federal.

“Será una medida emergente en tanto no pase esta situación. De alguna manera, es un trabajo que realizan continuamente los elementos que patrullan las carreteras federales y no está por demás que se den una vuelta en la gasolineras aledañas y hagan presencia policías, lo cual sirve de una manera de disuasión”, dijo.

Recordó que por disposición de la Coordinación Estatal de Protección Civil, sólo está prohibida la venta de combustible en garrafas o bidones, y señaló que por el momento no han detectado irregularidades en el abasto o venta ilegal de gasolina. 

Ordena reconocer la elección y sustitución mediante usos y costumbres de los miembros del órgano; llama al diálogo y reconciliación.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) validó la destitución de David Montes y ordenó reconocer la elección y sustitución mediante usos y costumbres de los miembros del Concejo Municipal de Hueyapan, así como llamó a los habitantes al diálogo y la reconciliación.

En cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, -por unanimidad- el Pleno del TEEM invalidó la asamblea del 21 julio (por no reunir los requisitos legales) y validó las asambleas comunitarias de 8 de julio, 26 de agosto y 9 de septiembre del 2018, donde el órgano máximo de la comunidad aprobó las sustituciones de los ciudadanos David Montes Rosales, Maribel Pérez Rodríguez, Fernando Domínguez Lavana y Baudelio Pérez Flores.

Esto significa que el Concejo Municipal que estará en funciones será el que fue avalado en asamblea por la población del nuevo municipio indígena y que quedó integrado con 10 miembros propietarios y suplentes, que representan a los cinco barrios que integran la localidad.

Por lo tanto, el Concejo Municipal quedó integrado por Santos Artemio Rodríguez Aragón, Pablo Alonso Rodríguez, Elizabeth Castillo Ariza, Guadalupe Ariza Pérez y Erock Germán Monterio como propietarios; y Berenice Soberanes Pérez, Abigail Bravo Medina, Jesús Manuel Pérez Martínez, Jorge Enrique Pérez Meléndez y Eleno Villalba Sandoval como suplentes.

Sin embargo, la sentencia del tribunal local puede ser nuevamente impugnada por las partes ante el TEPJF.

Ante la tensión que el asunto generó entre los habitantes del municipio indígena, los magistrados del TEEM, Carlos Puig Hernández, Martha Elena Mejía y Francisco Hurtado Delgado hicieron un llamado al diálogo y la reconciliación.

“Esperamos que con esta resolución los habitantes de la comunidad entiendan que finalmente las diferencias se tienen que ir resolviendo conforme a la ley y que para eso hay instancias como este tribunal para resolver las diferencias”.

“Esperamos que con esta sentencia, los habitantes entren en un camino del diálogo y en un camino de reconciliación del pueblo y de atención a todos sus problemas. Es una oportunidad histórica que tiene el municipio de Hueyapan”, dijo la magistrada ponente, Martha Elena Mejía, quien insistió en llamar a la población a mantener la calma, el diálogo, la paz y evitar cualquier ruptura entre la comunidad y las familias.  

De igual forma, el magistrado Francisco Hurtado pidió a los habitantes de Hueyapan “privilegiar el diálogo, el respeto, el orden y la no violencia. Sabemos de algunas acciones que se han ejercido, sin embargo, considero que no es bueno ni para la propia comunidad, ni para el municipio, ni para el estado, ni para este país, que la violencia sea uno de los elementos que identifiquen a cualquier comunidad, sobre todo de grupos originarios o mejor conocidos como grupos indígenas”.

El conflicto tuvo su origen en la existencia de dos consejos, el que fue integrado y reestructurado en asambleas bajo el método de usos y costumbres, y el que fue reconocido por el Congreso bajo el liderazgo de David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, pese a que había sido destituido por la asamblea como vocal del concejo, pero que fue nombrado por el Congreso local como titular del Concejo Municipal.

Ambos bandos se disputan el control del Concejo Municipal, órgano que será responsable de la administración del 1 de enero de 2019 al 31 diciembre de 2021. Sin embargo, en su resolución, el TEEM reconoció a la asamblea comunitaria como máximo órgano de decisión y refrendó el derecho a la libre autodeterminación del municipio indígena. 

Señalan que en seis años no tuvieron aumento salarial y sí una depreciación de sus emolumentos  

El Poder Judicial del estado descartó disminuir las remuneraciones de los magistrados, porque en un sexenio no tuvieron aumento salarial y sí una depreciación importante de sus emolumentos.

Luego de que hace una semana los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron una reducción voluntaria del 25% a sus remuneraciones, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Carbajal, sostuvo que no es comparable la situación del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado de Morelos.

“No se puede hacer una comparación a rajatabla, así de manera ligera, de lo que es el Poder Judicial o lo que es el Tribunal Superior de Justicia y lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial de la Federación. Tenemos realidades distintas en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a condiciones presupuestales, en cuento a ejercicio jurisdiccional. Creo que para analizar la situación de nuestro estado, pues tenemos que atender a cuestiones particulares de nuestra institución”.

Defendió las remuneraciones que reciben los magistrados locales y argumentó que desde enero de 2013 mantienen las mismas percepciones. “Simplemente, si consideramos que la inflación ha sido de un 3.5% en promedio anual y si los magistrados nominalmente siguen recibiendo las mismas remuneraciones, pues una simple operación aritmética nos lleva a la conclusión de que se ha perdido un poder adquisitivo de por lo menos un 18% en las percepciones de los magistrados”.

Destacó que el TSJ en los últimos seis años tampoco ha tenido incremento en su presupuesto y se han tenido que implementar medidas de austeridad para hacer frente a las cargas de trabajo.

De acuerdo con el tabulador de salarios vigentes, la titular del TSJ obtiene una percepción mensual bruta de 111 mil 127 pesos con 28 centavos, y el resto de los magistrados, 100 mil 128 pesos con 95 centavos.

Sólo un deceso y un lesionado se registraron durante el operativo implementado por la Policía Federal en las carreteras de Morelos durante el asueto de invierno.

De acuerdo con la PF, durante las vacaciones decembrinas se reportó en la entidad un aforo de más de 800 mil automóviles y un saldo de sietes accidentes, donde una persona resultó lesionada y otra perdió la vida.

En comparación con el operativo invernal de 2017, los elementos de la Policía Federal incrementaron las atenciones a la ciudadanía, al pasar de siete mil 353 a ocho mil 325 servicios. Además, realizó 116 labores preventivas del operativo Cinturón y 37 del operativo Casco Seguro para inhibir la tasa de accidentes.

También, la Policía Federal en Morelos realizó la detención de 15 personas, de las cuales seis fueron por portar permisos de circulación apócrifa, cuatro por encontrar dentro de sus pertenencias algún tipo de droga, uno por transitar con un vehículo con reporte de robo y otra más por manejar una unidad con placas sobrepuestas.

En colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se llevó a cabo el operativo 30 Delta, en el cual se realizaron pruebas toxicológicas, de glucosa y de alcoholimetría a conductores del servicio público federal y transportistas de unidades pesadas.

La Policía Federal en Morelos reconoció a la ciudadanía por su colaboración y respeto a las indicaciones viales durante esta temporada vacacional y reiteró su compromiso para fortalecer la seguridad dentro de la entidad.

Promueve una controversia constitucional contra el Congreso de Morelos para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El Poder Judicial del estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra el Congreso local para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Carvajal, informó que este mismo miércoles la representación del Poder Judicial promovió el recurso de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera de la publicación del presupuesto de este año en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Tras la aprobación de las leyes de ingresos y egresos 2019 en medio de la polémica y división entre los diputados, señaló que si bien el presupuesto será oficial hasta su publicación, de manera extraoficial se sabe que el monto asignado a la administración de justicia no es el que prevé la Constitución local. 

“No sabemos en qué términos se haya aprobado, los que sí sabemos es que no se asignó al TSJ el monto presupuestal que constitucionalmente le corresponde”, dijo, y recordó que -por mandato constitucional- al Poder Judicial le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Afirmó que al no respetar el Congreso dicho porcentaje, este mismo miércoles fue promovida ante la SCJN la controversia constitucional para que le sean asignados al Poder Judicial los recursos que le corresponden.

Precisó que este presupuesto servirá para sostener no sólo los gastos de operación, sino para continuar con la modernización de la administración de justicia e impulsar -por ejemplo- el centro de mediación, los juicios orales en materia familiar y mejorar las áreas penal y mercantil. 

Acotó que esta partida presupuestal del 4.7%, es independiente del tema de pensiones de los trabajadores jubilados, en cuyo rubro hay un pronunciamiento de la SCJN respecto a que deben asignarse partidas financieras específicas y, por lo tanto, los legisladores estarían obligados a etiquetar recursos exprofeso.

Mediante el recurso, la institución reclamaría el total de los recursos económicos contemplados en su autonomía financiera.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no descartó promover un juicio de amparo para reclamar el total de los recursos económicos que le corresponden conforme a su autonomía financiera, pero manifestó conformidad con la decisión del Congreso de duplicar el presupuesto de la institución.

El titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, expresó que los diputados -en la aprobación del presupuesto 2019- autorizaron aproximadamente 776 millones de pesos para la Fiscalía, que equivalen a poco más del doble que en el 2018.

Expresó que -conforme a la autonomía financiera de la que fue dotada la institución por la anterior legislatura- constitucionalmente le correspondería un presupuesto de más 900 millones de pesos, y por ello queda abierta la vía jurídica para reclamar los recursos faltantes.

Señaló que el aumento presupuestal será para cubrir las necesidades operativas de la Fiscalía y un aumento salarial únicamente para los trabajadores, porque altos mandos “estamos razonablemente pagados”.

Ante la posibilidad de iniciar acciones legales para obtener el total del 7% del presupuesto estatal que le corresponde, Carmona Gándara dijo que la situación será evaluada una vez que la Ley de Egresos 2019 sea publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y si la situación financiera de la fiscalía lo amerita, pero advirtió que no es intención de la FGE entrar en confrontación con el Congreso.

“No es un tema de que seamos adversarios, es un tema que vamos a valorar, pero no como una contradicción con la legislatura, sino simplemente si vemos que nos faltó presupuesto, primero que nada vamos a entrar en un diálogo, vamos a entrar en coordinación y, si fuera el caso, la promoción del recurso en la vía jurídica, lo haremos con mucho respeto”.

“Pero hasta este punto la fiscalía está contenta. El personal está contento, porque desde hace más de 15 años no recibía un presupuesto mejorado. Entonces, reconocemos el esfuerzo que hizo el Poder Legislativo. Estamos muy respetuosos de las determinaciones del Congreso y, sobre todo, estamos trabajando muy de la mano del Poder Ejecutivo para trabajar en lo que nos toca en la seguridad pública y, por supuesto, en la procuración de justicia”, afirmó.

En el 2018 fue autorizado a la FGE un presupuesto de 370 millones 330 mil pesos, pero -en julio pasado- la anterior legislatura aprobó la autonomía financiera de la Fiscalía, para que se le otorgue anualmente un presupuesto equivalente al 7% de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos estatal. 

Verificarán que cumplan con los requisitos legales para su funcionamiento y el personal capacitado para prestar el servicio.

Más de un centenar de empresas de seguridad privada que operan en Morelos serán sujetas a un programa de revisión para verificar que cumplan con los requisitos legales para su operación y personal capacitado para prestar el servicio.

Como parte de la estrategia y coordinación en materia de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) harán verificaciones a las 134 empresas de seguridad privada, de la cuales nueve cuentan con licencia para la portación de armas de fuego.

El titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, afirmó que “no se trata de cancelar, se trata de verificar que funcionen bien, verificar que el reclutamiento que se haga del personal que opera en ellas esté capacitado, que en realidad esas empresas les den la verdadera seguridad a quienes contratan”.

Dijo que en coordinación con la CES, se implementará este programa de inspección para verificar que las empresas de seguridad privada operen conforme a la reglamentación establecida y quienes operen de manera irregular, serán sujetas a las amonestaciones o sanciones previstas en la ley.

Precisó que de las empresas que tiene permisos para la portación de armas, cuatro ya fueron verificadas satisfactoriamente y en breve se hará lo mismo con las cinco restantes. 

Incluso, realizan remodelaciones a sus oficinas.

Mientras los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) accedieron voluntariamente a reducir sus salarios como medida de austeridad, en el Poder Judicial del estado de Morelos no se tiene prevista ninguna medida similar, y hasta en los últimos días se han realizado remodelaciones a las oficinas de varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Pleno de la SCJN acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 por ciento, respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018.

Los emolumentos de los ministros se reducirán de 269 mil 215 pesos que recibían netos mensualmente cada uno en el año pasado, a 201 mil 911 pesos, más prestaciones.

Además, la presidencia de la SCJN, que ahora encabeza el ministro Arturo Zaldívar, y el Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación -conforme a lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo.

“Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. También, se tomarán medidas para asegurar la independencia de magistrados, jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros poderes”, sostuvo la SCJN a través de un comunicado oficial.  

Recalcó que si bien los artículos constitucionales 94 y 123 establecen que no pueden ser disminuidas sus remuneraciones y que a trabajo igual debe corresponder salario igual, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece.

En contraste, en el Tribunal Superior de Justicia y la representación del Poder Judicial estatal no se tiene contemplado tomar medidas de austeridad similares.

De acuerdo con fuentes judiciales, hasta ahora no está en la agenda del Pleno del TSJ replicar el ejemplo de la SCJN y, aun cuando se alega rigor en el manejo de los recursos y se solicitó al Congreso aumento presupuestal para concretar proyectos y cumplir obligaciones laborales con magistrados y trabajadores jubilados, en los últimos días se han realizado remodelaciones a oficinas de algunos magistrados.

También hay avances en las investigaciones por el caso de la regidora de Mazatepec: Carmona Gándara.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que existen más implicados en el secuestro y homicidio de la estudiante universitaria María Fernanda Toledo Cervantes.

Sostuvo que existen avances significativos en la investigación para esclarecer por completo el crimen cometido en agravio de la joven de 20 años e hija del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien –según la versión oficial- fue plagiada e inmediatamente privada de la vida el 13 de diciembre de 2018.

“En el caso tenemos grandes avances importantes. Tenemos dos personas vinculadas a proceso y tenemos muchos datos que nos van a llevar a la detención de los demás intervinientes”, acotó, y dijo que la Fiscalía mantendrá el sigilo de las indagatorias en curso.

Condenó el crimen en agravio de la joven, cuya familia es reconocida en Morelos y tiene lazos de amistad con el fiscal estatal.

Señaló que avanzan también las investigaciones por el homicidio de la regidora de Mazatepec, María Ascensión Cruz Torres, acribillada la mañana del 30 de diciembre pasado por un sujeto con pasamontañas y que logró darse a la fuga, pero reservó los resultados hasta ahora obtenidos en la investigación del crimen. 

Tribunal local carece de competencia para conocer controversia.

Por unanimidad de votos, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución del Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) relacionada con la aprobación del presupuesto correspondiente al municipio indígena de Coatetelco.
Al resolver el expediente SCM-JDC-1247/2018, el Pleno consideró que el tribunal local carecía de competencia para conocer la controversia, ya que no se encontraba relacionada con un derecho político-electoral, pues la aprobación del presupuesto municipal ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un acto de naturaleza administrativa. 
Estimó que, al tratarse de un conflicto entre un municipio y los poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, corresponde a la SCJN conocer de las controversias que se susciten entre poderes y órganos del Estado, por lo que, en el caso concreto, el TEEM local debió declararse incompetente.

Y es que a finales del mes de noviembre, el Pleno del tribunal local declaró parcialmente fundado el reclamo por la omisión del Congreso local y el gobierno estatal, para concretar los trámites legales y administrativos para que el municipio indígena tuviera certeza jurídica para recibir las aportaciones estatales y federales que en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y Hacendaria le corresponden para el ejercicio fiscal 2019.

El Pleno del TEEM estimó fundados los agravios respecto a que la disposición transitoria tercera del decreto de creación del municipio indígena y el artículo 40, fracción II, de la Constitución local, establecen que Coatetelco debería recibir sus correspondientes participaciones estatales y federales, pero el Congreso no había realizado las modificaciones legales necesarias.

En su sentencia, ordenó al Congreso realizar las adecuaciones legales para que Coatetelco reciba de manera oportuna los recursos que le corresponden, y vinculó a la Secretaría de Hacienda estatal para que en el 2019 el municipio pueda acceder a los recursos que le corresponden. 

Sin embargo, el TEPJF determinó que el asunto es competencia de la SCJN y, por ello, revocó la sentencia local. 

La Fiscalía del estado demanda –por su parte- por lo menos 900 millones de pesos para mejorar su operatividad.

El Poder Judicial del estado de Morelos planteó la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si el Congreso de Morelos no dota a la administración de justicia de presupuesto suficiente con base en la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente. De igual forma, la Fiscalía General del Estado confió en recibir un aumento presupuestal significativo para que la institución mejore su operatividad.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que –al encontrarse entrampada la discusión y aprobación del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2019- se complica la situación financiera de este tribunal, debido a que no puede disponer de recursos para concretar proyectos de modernización ni resolver la situación de los trabajadores jubilados que están a la espera del pago de sus pensiones.

“Sí se complica porque no tenemos definido cuál será el presupuesto para nosotros poder establecer bien cuál va a ser la ruta que nosotros analizaremos, y por eso es que estamos analizando ya la cuestión jurídica, pero ya en breve esperando”, dijo.

Confió en que pronto el Poder Legislativo resuelva el tema del presupuesto y, una vez aprobada la Ley de Egresos, determinar si los recursos asignados al Poder Judicial son suficientes o si será necesario promover una controversia constitucional ante la SCJN para que se le asigne cuando menos el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Y es que en el mes de julio de 2018, después de seis años en la congeladora, finalmente la LIII Legislatura emitió la declaratoria para validar la reforma constitucional que permitiría programar el porcentaje previsto para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Egresos del Gobierno de Morelos del 2019 y años subsecuentes.

En una postura prudente, Cuevas López afirmó que de acuerdo a lo que ha trascendido, este martes o en los próximos días los diputados tienen previsto discutir y aprobar el presupuesto de este año y, una vez que todo se defina, el Poder Judicial estará en condiciones de fijar una postura y, en su caso, iniciar las acciones jurídicas convenientes.

También, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, hizo un llamado a los diputados para que se apoye económicamente a las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia.

En el caso de la fiscalía, señaló que la institución debería recibir por lo menos 900 millones de pesos para mejorar su operatividad y aumentar las percepciones de los trabajadores, quienes desde hace varios años no reciben incremento salarial.

“Mientras la institución no reciba el incremento presupuestal que tiene autorizado por el Congreso, no vamos a mejorar nuestro servicio de manera significativa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando, es lo que estamos insistiendo, instando a las autoridades, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, para que se tomen medidas ya en el tema del presupuesto y nos sea dotado para que podamos mejorar el trabajo de la institución, tanto de Ministerio Público, policía y, sobre todo, la parte de periciales”, dijo.

Reconoció el trabajo del personal de la fiscalía porque “trabajamos con lo que tenemos”, e insistió en que la FGE y el Poder Judicial ameritan un incremento presupuestal para el 2019 para cumplir con su misión de procurar y administrar justicia.

En el caso de la FGE, también la legislatura anterior reformó -en julio de 2018- la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle autonomía financiera y se le otorgue anualmente un presupuesto equivalente al 7% de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos estatal. 

La Policía Federal activó una unidad móvil para detectar automóviles con reportes de robo que transiten por los distinto accesos carreteros de Morelos.

La corporación federal dio a conocer que, como parte de los trabajos de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en el Estado de Morelos dirigidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y con el objetivo de garantizar la seguridad de la sociedad en esta temporada vacacional, elementos de las Divisiones de Inteligencia y Seguridad Regional de la PF instalaron en el estado de Morelos una unidad móvil para la detección y recuperación de vehículos robados, a través de equipos especializados.

El operativo fue instalado sobre la carretera México-Cuernavaca, donde personal de la Sedena, la División de Inteligencia, y la División de Seguridad Regional son alertados por medio del vehículo denominado C3 I, el cual escanea e identifica placas de vehículos con reporte de robo.

La ventaja de esta tecnología es que de manera inmediata los elementos federales pueden identificar números de matrículas de automóviles que cuenten con reporte de robo.

Durante la temporada vacacional, la unidad móvil cambiará su ubicación a puntos estratégicos en el estado, por lo que la Policía Federal hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con este operativo, cuyo fin es combatir el robo de vehículos.

La Policía Federal reiteró su llamado a los automovilistas a tomar todas las medidas de precaución antes y durante su viaje por carretera, especialmente no manejar a exceso de velocidad, cansado o en estado de ebriedad; usar el cinturón de seguridad y respetar las señales; y en caso de necesitar ayuda llamar al número de emergencia 911. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inculca entre LAS mujeres el empoderamiento y reconocimiento de sus derechos, como estrategia para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género, afirmó Areli Álvarez Domínguez, facilitadora de reeducación del programa de prevención de la Secretaría de Salud.

A través de la Unidad de Igualdad de Género y en colaboración con la Secretaría de Salud, el TSJ busca fortalecer y capacitar a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. La declarante señaló que la concientización y reconocimiento de sus derechos, la detección de los diversos tipos de violencia que pueden sufrir o que han vivido, las acciones para combatirla y el empoderamiento de las mujeres, permite abrir caminos para tener una vida libre de violencia.

De esta manera, dijo, la Secretaría de Salud y el TSJ sumaron esfuerzos para erradicar la violencia y mejorar la calidad de vida de los usuarios del Poder Judicial, mediante la impartición de talleres.

Señaló que el fomento del empoderamiento para las mujeres permite resolver las dudas de las mujeres que llevan en curso un juicio por violencia intrafamiliar, pues tienen dudas sobre los tipos de violencia, sobre aspectos jurídicos y, por ello, para ellas es importante porque haya un espacio donde se les puede escuchar y puedan tener acceso a la información que les permita tomar decisiones. 

Reforma electoral fallida colocó a Morelos en el segundo lugar entre los estados con mayor conflictividad jurisdiccional: Puig Hernández.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dio por concluido el proceso electoral 2017-2018 y atribuyó las dificultades jurídicas que se enfrentaron para resolver las impugnaciones a la “falta de técnica legislativa”, que colocó a la entidad en el segundo lugar entre los estados de mayor conflictividad jurisdiccional.

Luego de que el pasado jueves la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación resolvió las últimas inconformidades relacionadas con la integración de los cabildos de los municipios de Yecapixtla y Tlaquiltenango, el TEEM realizó la declaratoria de culminación del proceso electoral, durante el cual desahogó un total 574 impugnaciones de candidatos y partidos políticos.

El magistrado presidente del tribunal local, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que derivado de las diversas lagunas jurídicas en la normatividad electoral del estado de Morelos, los magistrados aplicaron criterios jurídicos para dar certeza y seguridad jurídica a los entes políticos y los ciudadanos.

Destacó que “la falta de técnica legislativa” en la última reforma electoral que realizó la LIII Legislatura, generó dificultades para resolver las impugnaciones referentes en la integración de los cabildos.

“Somos el segundo estado con el mayor grado de conflictividad jurisdiccional. A qué me refiero, a que Chiapas tiene, no recuerdo las cantidades exactas, pero por decirles algo, si comparamos el número de ciudadanos de la lista nominal frente al número de asuntos que se presentaron, tiene como dos y tanto ciudadanos por cada asunto, y nosotros estamos en segundo lugar, frente a muchos otros que tienen un asunto por cada 10 mil o cada 15 mil”, expresó.

Dijo que aun cuando los magistrados locales se decantaron por privilegiar la gobernabilidad en los municipios, es decir, excluir en la fórmula de asignación de regidurías a los alcaldes y síndico para permitir que los presidentes municipales pudieran contar con mayoría en el órgano de gobierno, como ocurre en otras entidades del país, tanto la Sala Superior como la Sala Regional del TEPJF determinaron que en la asignación debía incluirse a ambas figuras.

La magistrada Martha Elena Mejía destacó que los recursos fueron resueltos en tiempo y forma pese a las restricciones presupuestales que enfrentó el órgano jurisdiccional; en tanto, el magistrado Francisco Hurtado Delgado recalcó que la última reforma electoral dejó al tribunal “un camino muy escabroso”, debido a las lagunas y contradicciones jurídicas, y destacó que en este proceso electoral se obtuvo una participación de 67% del padrón electoral, una cifra histórica y que indica que los ciudadanos se involucran más en los procesos democráticos.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no puede elegirse el Concejo Municipal de Tetelcingo porque prevalece una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del Ayuntamiento de Cuautla, la que impide que la comunidad indígena se convierta en municipio.

Ramón Xopo Cera, quien se ostentó como representante de los habitantes originarios e integrante del Comité Pro Creación del Municipio de Tetelcingo, promovió ante la Sala Regional un recurso de reconsideración para impugnar la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) luego de que el pasado 3 de diciembre, este tribunal validó la convocatoria para elegir al nuevo delegado de Tetelcingo. 

Por unanimidad, el Pleno de la Sala Regional determinó sobreseer la impugnación y confirmar la sentencia del TEEM que validó la convocatoria de elección de delegado, porque existe una suspensión de la SCJN.

En enero pasado, el ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 30/2018 ante la SCJN, contra la constitucionalidad del decreto 2341, publicado el 22 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que se creó el municipio indígena de Tetelcingo. La Corte concedió la suspensión para que las cosas quedaran en el estado en que se encontraban para evitar daños irreparables al municipio.

Sus persecutores lo acusaron de haber participado en un secuestro cometido el año pasado.

Jhony Salvador “N”, detenido durante una inverosímil persecución, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el presunto de delito de resistencia de particulares, en tanto la autoridad investiga si está o no implicado en el secuestro de una joven.

De acuerdo con la versión oficial de los hechos, los tripulantes de una camioneta pidieron apoyo a elementos de la 24ª Zona Militar y efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, concentrados en el entronque de la avenida Vicente Guerrero y la autopista México-Acapulco por el acto oficial de reubicación de la estatua de Emiliano Zapata, porque habían identificado al conductor de una camioneta Yukon con placas de circulación 159-VTN, de la Ciudad de México, a la que iban persiguiendo, como uno de los probables responsables de haber participado en un ilícito cometido en el año 2017.

Los elementos militares y policías estatales de inmediato lograron la ubicación del vehículo, realizaron los cierres correspondientes en la zona y procedieron a la detención de Jhony Salvador “N”, de 25 años de edad, con domicilio en el municipio de Cuernavaca, quien en un principio se opuso, por lo que fue asegurado por resistencia de particulares en el lugar.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones necesarias para determinar su relación o no en algún hecho delictivo, pues la familia denunciante lo acusó del secuestro. Por lo pronto, el joven de 25 años quedó puesto a disposición por el posible delito de resistencia a particulares.

Conminan a autoridades entrantes a vigilar el proceso.

El consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), Víctor Manuel Díaz Vázquez, llamó a las autoridades municipales electas a verificar que las administraciones salientes entreguen toda la información y archivos de sus gestiones para evitar que en un futuro enfrenten sanciones por no cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.

Informó que –recientemente- el instituto capacitó a quienes entrarán en funciones como servidores públicos municipales a partir del 1 de enero de 2019, y se hizo énfasis en el tema de la revisión, vigilancia y resguardo de archivos correspondientes a los gobiernos que culminan.

Recalcó la importancia del tema, no sólo por revisar las condiciones en las que se les entregan los ayuntamientos, sino por obligación legal de las nuevas autoridades de contar con la documentación y ponerla a disposición de la sociedad.

“Lo primero que les dijimos fue que no va haber excusa. Ellos deben de cuidar minuciosamente sus entregas-recepciones, cuidar que los archivos tengan la información correspondiente de lo que se elaboró en los últimos tres años, hablando por lo menos del ayuntamiento que está saliendo, pues no va a haber pretexto para que los nuevos ayuntamientos digan que ‘no tengo esa información’”.

“Por eso hay un proceso de entrega-recepción, que conlleva el tener el cuidado de recibir ordenada y cuidadosamente los archivos que contengan la información derivada de las actividades que los funcionarios hicieron”.

Dijo que los sujetos obligados que no tengan disponible la información pública de oficio al cien por ciento, como lo prevé la ley, serán vinculados y sancionados.

Insistió en que los comités de entrega-recepción están obligados a vigilar que sean entregados todos los archivos de las actuaciones de las administraciones salientes sobre obras, finanzas y todos los rubros que comprende la gestión pública, ya que es previsible que en los próximos meses vendrá una cascada de solicitudes de información en torno al desempeño de los gobiernos antecesores.

Afirmó que en caso de no entregar la información, los solicitantes podrán inconformarse y el IMIPE tendrá que actuar y, si es necesario, sancionar a los entes que no cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

Presentan convocatorias para Sexto Concurso de Dibujo Infantil y primera edición del Concurso de Ilustración Juvenil, con el tema “Yo cuido mis datos personales en las redes sociales”.

El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) promoverán entre alumnos de educación básica el cuidado de sus datos personales en redes sociales para evitar que los menores sean víctimas de bullying (acoso escolar) o de delitos.

Al presentar las convocatorias para el Sexto Concurso de Dibujo Infantil y la primera edición del Concurso de Ilustración Juvenil, con el tema “Yo cuido mis datos personales en las redes sociales”, la titular del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, señaló que es preocupante cómo los menores exponen su datos en los redes sociales, lo que -en algunos casos- los ha puesto en grave peligro.

Indicó que uno de los casos más graves y dolorosos ocurridos en Cuernavaca es el de una menor que fue contactada por un hombre a través de las redes sociales; la citó en algún lugar para verse y desde entonces se desconoce el paradero de la chica.

Expresó que la intención de los concursos es una estrategia para promover entre los estudiantes del nivel básico el cuidado de la información que ventilan públicamente, no sólo de ellos mismos, sino de sus familias.

“Lo que buscan no es más que fomentar el autocuidado y, en específico, la protección de los datos personales, sobre todo en los menores de edad. Hemos visitado escuelas y nos han pedido pláticas en torno a este tema, ya que hemos encontrado lamentablemente casos de delitos que se cometen porque menores publican en redes sociales sus datos o los de su familia”, explicó.

El titular del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, indicó que se ha dado la instrucción para que se tenga el apoyo de directores y maestros para que se pueda difundir la convocatoria y que los alumnos conozcan de qué se trata el tema del cuidado de datos.

Además, señaló, se involucrará a los padres de familia para que también estén conscientes del riesgo que representa el acceso de los menores a las redes sociales y que un descuido los puede convertir en víctimas.

Las convocatorias estarán abiertas a partir del próximo 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y con motivo de la conmemoración, el IMIPE -en esa fecha- desarrollará varias actividades relacionadas con el tema.

Los dibujos e ilustraciones se podrán entregar en las escuelas o entregarlas directamente al IMIPE, en la calle Altamirano, número 4, de la colonia Acapantzingo, en un horario de nueve a 16:30 horas. La convocatoria completa se puede consultar en www.imipe.org.mx.

Está ubicado en la ofrenda en memoria a las víctimas, en el Palacio de Gobierno.

El colectivo Regresando a Casa Morelos dispuso de un buzón para recibir, de manera anónima, pistas para la localización de personas desaparecidas y cuyas familias las buscan.

Angélica Rodríguez Monroy, representante del colectivo y madre de Viridiana, desaparecida en el Estado de México desde agosto de 2012, leyó un emotivo mensaje dirigido a los sociedad morelense clamando empatía y apoyo para localizar a todos aquellos hombres y mujeres ausentes, a quienes sus familias recuerdan con dolor, pero también con esperanza.

“Óyeme, escucha mis súplicas, entiende mi lucha. Lo que más deseo en esta navidad es que él, ella, ellos, regresen a casa a ocupar ese asiento que les corresponde. Ya he puesto esperanza en las autoridades y nos han fallado”.

“Ahora pongo mi fe en ti, en el que camina y ve las fotos de nuestros desaparecidos, el que escuchó de ellos en el noticiero, en ti, sociedad de la que soy parte, ayúdame, queremos encontrar respuestas a nuestras preguntas. ¿La has visto, lo has visto, sabes algo, de dónde podría estar?”, fue el mensaje para pedir la colaboración de quienes podrían tener algún indicio de las personas desaparecidas.

Con este llamado, colocaron un buzón (una caja de cartón forrada con papel de regalo navideño) en espera de que llegue, de manera anónima, algún mensaje que permita tener indicios para localizar a todos aquellos cuya ausencia lloran decenas de familias.

“No estamos buscando culpables, sólo queremos encontrarlos”, recalcó Angélica Rodríguez, para dejar en claro que las familias sólo quieren encontrar a sus seres queridos. 

Falla Fiscalía del Estado en investigación del delito y prevalece impunidad, plantean en firma de convenio.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad llamaron a las autoridades a implementar estrategias para contener la violencia y combatir la impunidad.

Luego de que ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para establecer los mecanismos de participación para el establecimiento de un estado de derecho respetuoso de la seguridad, la cultura de la legalidad, la justicia y los derechos humanos, el representante de la CDHEM expresó su preocupación por el aumento del delito de homicidio doloso y feminicidio.

“La prevención es importante, pero también es importante la investigación del delito. La procuración de la justicia es una tarea todavía desatendida en los diferentes estados; en el caso de Morelos, no es diferente”.

“Vemos día a día que se incrementan las estadísticas de las personas que mueren de manera violenta, lastimosamente muchas mujeres en estados como el nuestro, pero también nos percatamos que poco se hace por investigar y por llevar ante la autoridad competente a los autores de ese delito en el caso de feminicidio”, dijo.

Cristina Rumbo Bonfil, representante del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, también expresó su preocupación por el aumento de los delitos de secuestro y violación, así como pronosticó que Morelos -al cierre del 2018- permanecerá en los primeros lugares del ranking nacional en la incidencia de estos delitos. 

Ese órgano inició una denuncia penal contra quienes resulten responsables; hay afectaciones en el inmueble, mobiliario y los expedientes del tribunal.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) inició acciones legales contra la personas que vandalizaron sus instalaciones el pasado viernes, presuntamente en protesta por las resoluciones del órgano jurisdiccional en el caso Xoxocotla.

Los magistrados Carlos Alberto Puig Hernández, Martha Elena Mejía y Francisco Hurtado Delgado lamentaron la irrupción violenta del grupo de manifestantes y los daños causados al inmueble, el mobiliario y los expedientes del tribunal, que se valuaron en casi medio millón de pesos.

“Tenemos los inventarios, tenemos todas las facturas, serían 480 mil 520 pesos, sin embargo, los expedientes no se pueden valuar cuantitativamente y eso tendría que ser una reposición de actuaciones, habría que ver si se pueden recomponer, sacar copias certificadas. Esperamos que eso no afecte los intereses de las personas a las que correspondían esos expedientes (destruidos o dañados)”, dijo Puig Hernández, actual magistrado presidente del TEEM.  

Indicó que inició una denuncia penal contra quienes resulten responsables y se pondrán a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del tribunal, para que se identifique a las personas que causaron los destrozos y se finquen sanciones.

Por los pronto, informaron los magistrados, fue reforzada la vigilancia y el resguardo de la sede jurisdiccional con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para evitar otro incidente similar.

El magistrado Francisco Hurtado Delgado consideró que la irrupción no sólo fue alentada, sino que se hizo con total dolo y la intención de amedrentar.

Indicó que los agresores no pueden alegar desconocimiento o ignorancia, porque ellos tienen representantes legales que, incluso, la misma tarde del viernes promovieron un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, a su vez, lo reencauzó a la Sala Regional para dar curso a la cadena impugnativa.

“Esto es una prueba de que sí saben perfectamente qué es lo que se tiene que hacer y que nuestra resolución es revisable y se puede modificar o se puede revocar, no sabemos. Nosotros única y exclusivamente resolvemos con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y con la clara transparencia”.

“Lamentablemente, pues esto del conocimiento que tenían estas personas, pues muestra que había un dolo, una intención completamente, de que si sabían de que en la tarde iban a presentar su recurso de revisión, la intención (era) de venir a agredir”, afirmó.

Recordó que también hay conflicto en Hueyapan, Tetelcingo y Coatetelco, por quienes serán los integrantes de los Consejos Municipales de los municipios indígenas, pero no sólo sus representantes han sido recibidos por los magistrados, sino que se establecieron la vías del diálogo para que las inconformidades se resuelvan legal y pacíficamente. 

Se atienden quejas por bloqueo de señal de vecinos de centros penitenciarios: Ponce Bórquez  

Ante su obsolescencia, las autoridades penitenciarias buscarán renovar los equipos bloqueadores de señal de telefonía celular en todos los centros de reinserción social.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce Bórquez, señaló que aun cuando en los operativos de revisión no se han detectado aparatos de telefonía móvil en el interior de los penales, es necesario hacer una renovación de los equipos para reforzar las medidas de seguridad.

“Los bloqueadores de señal de celular algunos son obsoletos, unos funcionan, otros ya no funcionan, va evolucionando la tecnología celular y se van quedando obsoletos. El gobernador, a través del comisionado estatal de seguridad, en el nuevo presupuesto de 2019 se van a adquirir nuevos bloqueadores”, explicó.

Precisó que en cada uno de los centros penitenciarios existe al menos un equipo bloqueador de señal, pero se tiene previsto hacer la renovación el próximo año, una vez que se autorice presupuesto para este fin.

Informó que también se atienden tres quejas que fueron promovidas por personas que habitan en las inmediaciones de los penales, que se quejan de que los bloqueadores afectan su comunicación móvil.

Agregó que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una medición del alcance de los bloqueadores y se atenderán los casos conforme a las disposiciones legales.

La titular de la CEARV dijo que este año sólo se pudo disponer de 2.5 millones de pesos para atender las solicitudes pendientes desde 2017.

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) espera ser dotada de presupuesto suficiente para atender las solicitudes de reparación de daño y asistencia, en virtud de que año con año las peticiones se duplican.

Nadxieelli Carranco Lechuga, titular de la CEARV, expresó que este año sólo se pudo disponer de 2.5 millones de pesos para atender las solicitudes de reparación y apoyos emergentes pendientes desde 2017.

Dijo que aún falta que la Secretaría de Hacienda transfiera al Fideicomiso de Atención a Víctimas los recursos pendientes y que fueron etiquetados para el 2018 para el fin específico, pero todo dependerá de la viabilidad de las finanzas estatales para cerrar el año.

Dijo que hay en fila alrededor de 180 expedientes de solicitudes de reparación, apoyo y asistencia, que equivalen a un egreso de más de 16 millones de pesos.

Confió en que el próximo año la comisión recibirá el tope mínimo legal del 0.14% del presupuesto estatal que le corresponde.

“Esperamos que el próximo año podamos contar con los recursos suficientes para poder dar la atención que la ley nos obliga hacia las víctimas. A pesar de no tener ese recurso para poder dar de manera directa las medidas de ayuda y asistencia, la comisión sigue haciendo registros de ingreso al Registro Estatal de Víctimas; estamos cerrando con aproximadamente mil 100 personas, incluyendo niños y adolescentes, entre víctimas directas e indirectas”, explicó.

También expresó que siguen generándose los dictámenes de las solicitudes de atención y reparación del daño con la intención de que, independientemente de que no haya dinero, la gente tenga ya en sus manos la aprobación de acceso a los fondos del fideicomiso, para que cuando lleguen los recursos sólo se haga la transferencia bancaria del fideicomiso a las cuentas de las víctimas.

Justificó con estadísticas la necesidad de que la CEARV cuente con recursos suficientes, no sólo para poder instaurar servicios como la asesoría jurídica a las víctimas, sino para atender el cúmulo de solicitudes que año con año se duplican.

Precisó que en el 2016, durante el primer año de funcionamiento de la comisión, se entregaron a las víctimas un millón 700 mil pesos; en el 2017 se entregaron siete millones de pesos; y en el 2018 se necesitaban 16 millones de pesos, pero sólo se entregaron 2.5 millones, y se está a la espera de que lleguen al fideicomiso el resto de los recursos. 

Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ordena al Tribunal Electoral de Morelos emitir nueva sentencia en torno a la integración del consejo.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) emitir una nueva sentencia en la que especifique cuál de los dos Consejos Municipales debe asumir funciones a partir del 1 de enero próximo, cuando oficialmente se funda el municipio indígena de Hueyapan.

Al resolver los juicios de la ciudadanía 1240 y 1241 del año en curso, por unanimidad, el Pleno de la Sala Regional revocó parcialmente la sentencia del TEEM relacionada con el reconocimiento de los derechos de la todavía comunidad indígena de Hueyapan a la libre determinación, autogobierno y autonomía. 

A decir de la sala, el tribunal local omitió pronunciarse respecto a la invalidez de algunas normas del decreto de creación del municipio indígena y atender este tipo de asuntos (relacionados con comunidades indígenas) de manera integral, conforme al contexto de la problemática y en suplencia total de los agravios.

El conflicto político social surgió debido a que el Congreso local desconoció al Concejo Municipal electo y luego reestructurado en asamblea por el método de usos y costumbres, en febrero pasado, y luego designó un nuevo consejo presidido por David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, y quien había sido destituido por la asamblea como vocal del consejo.

Debido a la ambigüedad de la sentencia del TEEM, que -si bien- reconoció los derechos de la comunidad indígena, no se pronunció respecto a quienes deberían asumir funciones como órgano de gobierno del nuevo municipio de Hueyapan.

Por lo tanto, la Sala regional consideró que el tribunal local “vulneró el principio de certeza al no atender la pretensión de la parte actora en el juicio local, conforme al cual debió determinar si tenía que reconocer al nuevo concejo o prevalecía el primero”, y por esta razón ordenó al TEEM emitir una nueva sentencia. 

En el 70% de los casos de homicidio, los criminales utilizaron dicho medio de transporte para perpetrar el crimen y huir, señala la CES.

Se pretende constatar que los conductores cuenten con la documentación necesaria para transitar.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) implementará un operativo de revisión a motocicletas con el fin de detectar unidades robadas o utilizadas para perpetrar delitos de alto impacto.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, detalló que en el análisis de información criminógena, se detectó que en el 70% de los casos de homicidio los criminales utilizaron motocicletas para perpetrar el crimen y huir.

También los delincuentes utilizan frecuentemente este medio de transporte para asaltar, robar o cometer otros delitos.

“Es necesario este operativo, de otra manera no vamos a poder ir combatiendo estos crímenes que están alarmando a la sociedad. Ya es necesario poner mano dura ahí en los retenes que vamos a establecer para revisar principalmente las motos, sin que esto signifique que vamos a violentar los derechos humanos de ellos”, afirmó.

El operativo se aplicará en Cuernavaca y diversos puntos de la entidad con el apoyo de la Policía vial y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Ortiz Guarneros pidió la comprensión de los motociclistas y los llamó a colaborar con la autoridad y a mantener en regla la documentación de sus vehículos.

“Hay que entender que los que traen motocicletas también son ciudadanos que están reclamando la seguridad, entonces ellos deben de cooperar. Como dicen: ‘el que nada debe nada teme’, o sea, si ellos están bien, va a ser una revisión, mostrarán sus documentos, si están bien, seguirán adelante con su rutina”.

“Obviamente, si no tienen con qué comprobar la legítima propiedad de la motocicleta, serán puestos a disposición, se les recogerá la motocicleta y la sanción que le corresponda. Sabemos que a veces no traen los documentos con ellos, pero bueno, irán por sus documentos, pero si comprueban la legítima propiedad, y que la motocicleta no es producto de un robo, pues se les devolverá inmediatamente”, destacó.

Agregó que el operativo se realizará con respeto a la ley y los derechos humanos, e insistió en la colaboración de los ciudadanos para prevenir y combatir los delitos que afectan a la sociedad. 

Pugna la CIDH por el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) llamó a las autoridades estatales a evitar que sus servidores públicos emitan declaraciones que revictimicen a las mujeres asesinadas, y establecer en breve mesas de trabajo para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG), mientras que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, confirmó que se establecerán mesas de trabajo a partir de enero para abordar el tema junto con los nuevos alcaldes.

La CIDH Morelos informó que el martes sostuvo una reunión con el responsable de la política interna, que concluyó con el compromiso de realizar un seguimiento puntual de las acciones y medidas de la AVG para enfrentar la ola de violencia feminicida que este año cobró la vida de más de 70 mujeres. Incluso, ayer fueron localizados los cuerpos de dos mujeres asesinadas violentamente.

Detalló que presentó al funcionario un amplio informe de la investigación que a lo largo de 18 años realizó la comisión sobre el tema del feminicidio, y el cual fue fundamental para que en agosto de 2015 el gobierno federal decretara la AVG en ocho de los 33 municipios de Morelos.

Pero también la comisión exigió que funcionarios estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que estigmaticen o dañen la dignidad de las víctimas de feminicidio.  

“Externamos nuestra opinión crítica en contra declaraciones de funcionarios que revictimizan y, sobre todo, alertamos sobre los casos recientes de feminicidio, que deben ser investigados como tales de acuerdo al protocolo vigente en la fiscalía, para que no haya más impunidad ni violencia institucional”, recalcó la organización civil, luego de que hace unos días el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Guarneros, reveló que las jóvenes asesinadas en una boutique de Jiutepec contaban presuntamente con antecedentes penales por delitos contra la salud.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que todas las muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidios y señaló que en la reunión con la CIDH Morelos se acordó iniciar en el mes de enero, cuando los nuevos presidentes municipales ya estén en funciones, las mesas de trabajo para dar seguimiento e informar públicamente el avance de las 15 recomendaciones que se realizaron por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Afirma que, de concretarse, su remoción sería un mal precedente en el país.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, acusó al Congreso de violentar su derecho de audiencia y debido proceso, al explicar su inasistencia a la comparecencia convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, como parte del proceso para su remoción del cargo.

A través de un comunicado, el fiscal estatal manifestó no estar en condiciones jurídicas para presentarse a la comparecencia, porque el citatorio que fue enviado por la comisión legislativa, y que le fue entregado al mediodía del martes, no tenía anexado el escrito de solicitud de remoción presentado al Congreso por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ni tampoco fue informado de las supuestas causas graves que pudieran justificar su cese.

También alegó que el Congreso no le envió ningún documento con las supuestas pruebas en su contra (en las que algunos diputados afirmaron que carece del examen de control y confianza), ni le concedió ningún plazo razonable para defenderse ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, “sino que violando las garantías de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia”, se le pretende destituir.

Acusó al Congreso de pretender un atentado en contra de la autonomía de la Fiscalía General y que, de proceder su remoción, sin el cumplimiento de los procedimientos y garantías constitucionales, “se estaría dejando patente un ejemplo a nivel nacional, de que la autonomía de los órganos de procuración de justicia pudiera ser una mera simulación, puesto que la autonomía del Ministerio Público debe ser ajena a los vaivenes de los intereses políticos, de grupo y especialmente de índole personal”.

La justicia federal admitió la acción colectiva promovida para reclamar a una decena de ayuntamientos por el daño ambiental ocasionado a dicha cuenca.

Ciudadanos y organizaciones civiles celebraron que al fin la justicia federal haya dado entrada a la acción colectiva promovida para reclamar a una decena de ayuntamientos por el daño ambiental ocasionado a la cuenca del río Apatlaco.

Luego de que en mayo de 2016 la demanda colectiva difusa 17/2016 fue desechada por el Juzgado Cuarto de Distrito, a principios del pasado mes de noviembre un tribunal colegiado ordenó su admisión para dirimir el reclamo de un grupo de ciudadanos y permitirá a otros interesados adherirse a la acción legal.

Para ciudadanos y agrupaciones como Guardianes de los Árboles y la Federación de Asociaciones de Colonos (FACEM), es grave la contaminación de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean, por lo que a través de la vía jurídica se busca que se declare el daño ambiental, se finquen responsabilidades y se ordene la reparación del daño.

De acuerdo con los demandantes, la contaminación de la cuenca, que abarca 10 municipios de Morelos, es preocupante porque el agua es un recurso limitado que se deteriora y escasea, causando daños a la biodiversidad de la zona y afectaciones a la salud por su consumo, ya sea de forma directa o indirecta.

El despacho jurídico Mexican Consulting & Development S.C., que patrocina y apoya la causa ciudadana, precisó que existen estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) que prueban que la calidad del agua del río Apatlaco no es apta para actividades agrícolas y causa daños a los productores y diversos sectores de la población, que podrían detonar en problemas de salud, ya que al ser agua contaminada puede crear mosquitos que producen reacciones más severas a sus picaduras o transmisión de enfermedades.

Mediante la acción colectiva difusa, el grupo de ciudadanos y organizaciones civiles  pretende que la justicia federal declare el grado de responsabilidad en la contaminación del río Apatlaco que tienen los municipios y los organismos operadores de agua y saneamiento de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla.

Además, que se declare el daño ambiental que tienen la cuenca y los ecosistemas y se ordene a las autoridades demandadas que reparen el daño causado implementando las acciones necesarias para ello.

En este contexto, quienes forman ya parte de la demanda, convocaron a los ciudadanos comprometidos con un medio ambiente sano y digno, a que se sumen a esta acción colectiva por medio de la página web www.mexicanconsulting.com o el teléfono de contacto 3177500.

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez no tienen la confianza de la ciudadanía por haber sido impuestos por el exgobernador Graco Ramírez, expresan organismos civiles.

Poco más de una centena de representantes e integrantes de organizaciones sociales encabezados por el director del Observatorio Nacional Penitenciario, Cristian Montero Montero, exigieron el cese de los fiscales estatal y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

Los inconformes marcharon desde el distribuidor vial norte para protestar frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y concluir la manifestación en la nueva sede del Congreso local, en franco reclamo a los legisladores por empantanar la discusión relacionada con la remoción de los llamados “fiscales carnales”, designados durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, por la anterior legislatura.

Cristian Montero, quien se ha postulado para dirigir la CES, afirmó que ambos fiscales no representan los intereses de los morelenses y ocupan los cargos por imposición el exgobernador, además de que no gozan de la confianza social.

“Esta manifestación es para solicitar –fundamentalmente- la remoción de los fiscales de Graco, porque no tenemos confianza en ellos, porque no representan imparcialidad en la administración de justicia, porque no tienen los perfiles, no cumplen con la ley, no tienen los exámenes de control y confianza, pero -sobre todo- porque defienden todas las aberraciones que hizo Graco en su gobierno, no son de confianza para los morelenses”, afirmó.

“También solicitamos que los diputados dejen de defender a Graco. Recordemos que Graco nos trató con un desprecio total y que la asamblea legislativa pasada fue una aberración al deber ser de las instituciones…”.

Insistió en que todo indica que “los diputados protegen intereses mezquinos” y los instó a permitir el debate sobre el cese de los fiscales estatal y anticorrupción.

Existe un vacío de información de la Fiscalía en torno al tema, denuncian activistas.

Las activistas Amalia y María Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado no realizar ninguna inhumación de los cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que se garantice que se cumple con los protocolos, se especifique el número de cadáveres no identificados o, incluso, identificados, y se explique porqué permanecen en las morgues.

Ante la presunción de que decenas de cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense pudieran en breve ser sepultados en el panteón ministerial instaurado en Jardines del Recuerdo, en el municipio de Cuautla, señalaron que existe un vacío de información de la fiscalía sobre el tema y su hermetismo hace suponer muchas cosas.

Recordó que hasta marzo pasado, según la información que les proporcionó la institución, había aproximadamente 350 cuerpos acumulados en las instalaciones del Semefo de las tres regiones de la FGE en espera de ser inhumados, pero -desde entonces- se desconoce cuántos cuerpos más permanecen acopiados, si en todos los casos se iniciaron las carpetas de investigación, si se preservaron las evidencias y si se les tomaron muestras biológicas para su posterior identificación genética.

“El ánimo de denunciar esto es que no se está siguiendo con el protocolo, puesto que no han dado respuesta de cuántos cuerpos pretenden inhumar y los que no inhumarían, por qué condiciones o por qué razones no se estarían inhumando”, dijo.

Destacó que existen elementos para iniciar un proceso administrativo al actual coordinador central de Servicios Periciales de la FGE, Samuel Nava Vázquez, por este tema.

Recordó que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016 estableció con claridad los requisitos legales y los protocolos que se deben seguir para la inhumación de cuerpos, además de las consideraciones adicionales que incluyó el organismo nacional para dar un trato digno a los cuerpos y ayudar a las familias de desaparecidos.

Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete, quien fue secuestrado y asesinado y luego inhumado ilegalmente por la FGE en las fosas de Tetelcingo, recalcó que si bien un visitador de la CNDH ha dado seguimiento a la recomendación, no ha constatado las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Semefo, ni cómo se encuentran resguardados los cuerpos que permanecen acumulados.  

Brindarán apoyo vial a los grupos de feligreses católicos que pasan por la entidad, con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Morelos implementó el “Operativo Peregrino”, para garantizar seguridad de las caravanas de feligreses católicos que pasan por la entidad, con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

El comisario Jorge Alberto Plascencia Gutiérrez informó que los elementos de la PF brindarán apoyo vial y seguridad a los grupos de peregrinos que pasan por el estado de Morelos, e implementarán medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las personas que se desplazan en camionetas, en bicicletas o a pie con rumbo a la capital del país.

Para evitar percances, recomendó especialmente a los automovilistas disminuir la velocidad de su unidad al observar la peregrinación, mantener una distancia apropiada entre las peregrinaciones para evitar accidentes, respetar las indicaciones de la Policía Federal y los señalamientos en las vialidades, extremar precauciones al rebasar una peregrinación de ciclistas o caminantes, y evitar en todo momento los distractores, como hablar por teléfono, mientras se conduce.

Los agentes federales vigilarán las rutas habituales de las caravanas guadalupanas y harán recomendaciones a los automovilistas para mantener mayor fluidez al paso de los peregrinos y prevenir percances.

Juan Salazar Núñez confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González, confirmó que ya cuenta con una suspensión para evitar su remoción y adelantó que avanzan las indagatorias contra ex funcionarios graquistas, pero no puede judicializarlas porque el Poder Ejecutivo no aporta todavía las pruebas que dijo tener para someterlos a proceso penal.

El fiscal anticorrupción acudió a la delegación en Morelos de la PGR, a iniciar una carpeta de investigación contra el legislador del Partido de Trabajo por divulgar información confidencial y tergiversarla para insistir en su remoción.

Aseguró que el diputado (quien aseguró que ni Salazar Núñez ni el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, cuentan con evaluaciones de control y confianza), incurrió en un delito al revelar y manipular información clasificada.

Explicó que de acuerdo con los artículos 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expediente de evaluación y certificación están clasificados como reservados y su difusión es un delito contra la seguridad nacional considerado como grave que se castiga hasta con ocho años de prisión.

Afirmó que el intento de remoción obedece a presiones políticas y aseguró que hasta julio pasado la ley lo exentaba de los exámenes de control de confianza, pero tras las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue incluido en el proceso obligatorio de certificación y su evaluación está en curso.

Confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional que impide su remoción del cargo y advirtió a sus detractores que “si actúan en la ilegalidad, seguirán cometiendo más delitos, seguirán cometiendo más atropellos y, bueno, están las instancias como la PGR, como las instancias de amparo y tendremos que recurrir a todas ellas para que no se nos sigan violando nuestros derechos”.

También exhortó a quienes lo acusan de funcionario ineficiente a sustentarlo con pruebas y acusó que el Poder Ejecutivo es responsable de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no pueda judicializar las 22 carpetas de investigación iniciadas contra ex funcionarios graquistas.

“Los exhorto señores diputados que se presenten en la fiscalía anticorrupción a presentar todas la pruebas que dicen tener. Los exhorto señores diputados, prueben que no avanzamos, prueben que estamos siendo omisos”.

“Igualmente al Poder Ejecutivo del Estado se les ha requerido, ellos solicitaron una prórroga; no quisiera yo mediatizar esto ni hacer polémica, pero si es necesario voy a presentar los escritos en los que se han excusado, se han justificado y han pedido prórroga, lo saben ustedes señores del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros hemos avanzado y llevado a cabo todas las diligencias que son necesarias, es atribuible al Poder Ejecutivo el que hasta el momento no se puedan judicializar. Ellos han pedido prórrogas, se han justificado de esa manera, pidiendo que se les dé la oportunidad de allegarse de las pruebas y por ello es que no se han judicializado”.

Insistió en que continuará con su defensa jurídica ante los tribunales y aseguró que recurrirá a todas las vías legales posibles.  

Así lo determinó la SCJN al resolver un juicio ordinario civil

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los daños generados por la prestación de un servicio público deficiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualiza responsabilidad patrimonial del Estado.

La resolución tuvo su origen en un juicio ordinario civil, en el que un particular demandó a la empresa una indemnización con motivo de la incapacidad que le provocó una descarga eléctrica proveniente de cables de alta tensión.

El juez de distrito llamó a juicio a la aseguradora con quien la demandada contrató una póliza de seguro, la que planteó la excepción de incompetencia que se determinó improcedente. Inconforme, la aseguradora interpuso recurso de apelación, en el que se resolvió  revocar la resolución y declarar la incompetencia del juzgador.

El actor promovió juicio de amparo directo, que fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución y, en su lugar, emitiera otra en la que considerara que el quejoso planteó una acción por responsabilidad civil objetiva fundada en la creación de un riesgo con motivo de la transmisión y distribución de energía eléctrica a cargo de la CFE y, en vía de consecuencia, determinara que la competencia corresponde a los tribunales ordinarios del Poder Judicial de la Federación en materia civil.

La Primera Sala analizó la naturaleza, objeto y finalidad de la CFE como empresa productiva del Estado y determinó que los daños que se generen con motivo la prestación de un servicio público deficiente, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica, actualizan la responsabilidad patrimonial del Estado.

Al margen de que el artículo 1913 del Código Civil Federal contemple la acción por responsabilidad civil objetiva que procede cuando una persona hace uso de un mecanismo peligroso por sí mismo, lo cierto es que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución federal es determinante al señalar que la responsabilidad objetiva procede por los daños que cause, no cualquier persona, sino el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular, lo cual abarca la prestación deficiente del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal. 

Por ello, la Primera Sala determinó que en la vía administrativa deben reclamarse los daños que se generen con motivo de la transmisión y distribución de energía eléctrica. Consecuentemente se revocó la resolución materia de la revisión.

Se oponen a la ley que pone límites a los salarios de los funcionarios públicos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Morelos organizan una protesta para reclamar respeto a la independencia y autonomía judicial, así como manifestar su inconformidad con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), que fijó un tope máximo salarial a funcionarios y estableció que ninguno de ellos podrá ganar más que el presidente de la república. 

A través de redes sociales circula la convocatoria dirigida a integrantes del Poder Judicial Federal que laboran en  juzgados de distrito y tribunales colegiados con sede en la Ciudad Judicial de Morelos y otras sedes alternas.

El acto, denominada “Marcha Pro-Respeto a la Independencia Judicial”, está convocado para las 15:30 (posterior al horario laboral oficial) del 14 de diciembre,  y el punto de reunión será a las afueras del edificio sede del PJF en Morelos.

Los organizadores han pedido llevar vestimenta blanca y, como distintivo, un listón rojo colocado en el brazo izquierdo.

          El tema del tope salarial y las medidas de austeridad ha causado furor en el Poder Judicial de la Federación, pues existen dudas sobre el impacto que tendrá no sólo en las percepciones de ministros y jueces, sino en funcionarios de medio y alto nivel. 

A 22 días de que concluya su periodo como alcalde de Cuautla, el monto que debe pagar duplica los 70 mil pesos que el Ayuntamiento adeuda a un exregidor.  

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) multó -de nuevo- al presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, y lo exhortó a dar ejemplo de institucionalidad y respeto a las sentencias judiciales, a 22 días de que concluya su periodo.

Al emitir un nuevo acuerdo plenario, el TEEM impuso al edil otra multa por dos mil unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a 161 mil 200 pesos, por incumplir con la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEM/JDC/05/2016, en el que el exregidor Mauro Juan Aragón Machorro exigió el pago de dietas adeudadas desde diciembre de 2015.

Por reincidir en incumplimiento, el TEEM le impuso la sanción económica y apercibió que -de continuar en contumacia- le impondría otra multa, pero esta vez por cuatro mil (UMA), que sería equivalente a más de 320 mil pesos.

El magistrado electoral Francisco Hurtado Delgado recalcó que la resistencia del edil provocó que las medidas de apremio impuestas por el tribunal se convirtieran en “una bola de nieve”, pues comenzó con una amonestación pública que luego escaló a una primera multa de 80 mil 60 pesos, y así sucesivamente hasta alcanzar a las dos mil UMA.

Consideró paradójico que el monto de las multas que tiene que pagar Tadeo Nava supere por mucho a los 70 mil pesos que el ayuntamiento de Cuautla adeuda al exregidor.  

Expresó que el todavía alcalde está obligado a demostrar el respeto y cumplimiento de las sentencias jurisdiccionales, y lo conminó a que antes de concluir su mandato cumpla y acate el mandamiento judicial o, debido a la crisis financiera del municipio, alcance un acuerdo con la parte actora.

“Considero que en la cultura democrática y la responsabilidad que debemos de tener todos los ciudadanos y, en este caso, la representatividad que tiene el ciudadano Tadeo Nava como presidente municipal de Cuautla, es demostrar que como autoridades debe dar cumplimiento a las órdenes jurisdiccionales, en concreto, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, toda vez que ya sólo restan unos días para que concluya su mandato como presidente municipal constitucional”, exhortó. 

Uriel Carmona Gándara afirma que no hay causal legal para su remoción y acusa al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

Mientras un grupo de organizaciones de abogados insistieron en la remoción o dimisión de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez como fiscal estatal y fiscal anticorrupción, el titular de la Fiscalía General del Estado afirmó que no hay causal legal para su remoción y acusó al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

En un pronunciamiento conjunto, 12 organizaciones civiles y de abogados pidieron la salida de ambos fiscales, por considerar que además de carecer de la evaluación de control y confianza como requisito indispensable para su permanencia en el cargo,  su trabajo es deficiente y no cumple con las expectativas de la sociedad.

Señalaron que tanto el fiscal general Uriel Carmona, como tampoco el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no han dado resultado alguno en la importante función que les fue encomendada, pues durante el ejercicio de sus respetivos cargos, sólo ha habido impunidad y corrupción, por lo que de manera voluntaria y por dignidad deberían renunciar.

Recalcaron que Carmona Gándara no puede ser fiscal y notario con licencia a la vez y que es conocido que el ex gobernador Graco Ramírez, lo favoreció con la conservación de la patente para que mientras dirige la FGE, su esposa se haga cargo de la notaria.  

Las críticas se incrementaron con el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, pues no sólo lo señalaron por haber sido colaborador de Graco Ramírez, sino por los nulos resultados y los conflictos de intereses que lo envuelven. Por ello, insistieron en que debería proceder su remoción del cargo de Uriel Carmona y Juan Salazar. 

No hay causal de remoción: fiscal

A través de un comunicado, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara se defendió de sus detractores y aseguró que no existe causal legal para que proceda su cese.

En el documento, estableció que los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado, 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen que la remoción de los fiscales General, Anticorrupción y de Delitos Electorales sólo podrá realizarse por 11 casuales graves.

Es decir, por incurrir en los delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento, desacato u obstrucción de la justicia.

“Derivado de lo anterior, y de la simple lectura de las causas graves establecidas en la normativa aplicable, se desprende que el tema de las evaluaciones de certificación y control de confianza no está contemplado en dichas causales, por lo que, tanto la solicitud del Gobernador del Estado, así como cualquier determinación del Congreso del Estado, devienen inconstitucionales”, respondió a quienes solicitan su relevo en el cargo.

Respecto a la polémica generada por el diputado del Partido del trabajo, José Casas González, quien afirmó que el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción no cuentan con los exámenes de control y confianza, que es un requisito obligatorio para el ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, Carmona Gándara no precisó si cuenta o no con la certificación, sólo acusó al legislador de difundir información falsa e ilegal.

“De la misma manera y en atención a los cuestionamientos sobre las evaluaciones de certificación y control de confianza, es indispensable hacer del conocimiento de la ciudadanía, que con base en el artículo 56, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los expedientes de los mismos son estrictamente confidenciales, por ello, la Comisión Estatal de Seguridad no tiene acceso a los mismos, por lo que la documentación presentada por el legislador José Casas González es, además de falsa, ilegal; toda vez que el divulgar cualquier tipo de información clasificada se sanciona con una pena de 2 a 8 años de prisión, con base en lo dispuesto por el artículo 139 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Aunado a lo anterior, es importante señalar que con base en lo dispuesto por los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 5, fracción III y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Gobernador del Estado, carece de toda competencia para solicitar al Congreso del Estado la remoción del Fiscal Anticorrupción, lo que vicia aún más el procedimiento multicitado”, dijo y llamó al Congreso a conducirse con apego a la legalidad y a trabajar de manera coordinada en beneficio de los morelenses.

El presidente de la organización señala que la falta de exámenes de control de confianza puede subsanarse.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, afirmó que el fiscal general Uriel Carmona Gándara podría subsanar el requisito del examen de control de confianza, pero el fiscal anticorrupción, por honor, debería renunciar al cargo no sólo porque carece de evaluación sino porque en tres años su desempeño ha sido vergonzoso.

Luego de que el Poder Ejecutivo estatal solicitó la remoción de ambos fiscales al Congreso local, el jurista afirmó que efectivamente la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, en su artículo 65, establece que las personas que ingresen a las instituciones de procuración de justicia, deberán contar con el certificado y registro correspondientes, y nadie podrá ingresar o permanecer en el cargo sin contar con el certificado y registro vigentes.

Dijo que en el caso del fiscal estatal –a quien diputados del Partido del Trabajo acusan de no contar con tal certificación al no haber sido sometido al examen de control y confianza-, podría subsanar el requisito de permanencia en el cargo, que ocupa desde hace más de nueve meses.

Pero en el caso del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, la situación es insostenible ante su desempeño vergonzoso y carente de resultados, pues no sólo carece de la certificación, sino que hasta ahora no hay un solo ex servidor público condenado y sancionado.

“De manera moral y por honor el fiscal anticorrupción debería renunciar ya, no ha dado resultados y la prueba es que ningún imputado está cumpliendo una condena, producto de que no hay una buena integración de las carpetas de investigación. Por vergüenza, debería dejar el cargo, antes que la exhibición de su incompetencia sea mayor”, afirmó.

Observó que aun cuando Salazar Núñez tiene tres años en el cargo (ya que fue designado en agosto de 2015 por la LII Legislatura), el fiscal general, en su calidad de superior jerárquico, debió exigirles cumplir con el requisito de certificación.

En caso de prosperar la remoción, dijo, ambos fiscales podrían recurrir al juicio de amparo para defender su encargo y entonces sería del Poder Judicial de la Federación quien definiría y sentaría precedente sobre si la carencia o la caducidad de la certificación, a través de los exámenes de control y confianza, es causal para cese, ya que en la legislación existen lagunas jurídicas.  

La SCJN determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a dotar de seguridad social el trabajo doméstico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a dotar de seguridad social a las trabajadoras domésticas, y ordenó al IMSS implementar un programa que facilite a los empleadores incorporarlas a un régimen especial de seguridad social.

Al resolver el amparo directo 9/2018, la Segunda Sala de la SCJN consideró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio de seguridad social y sostuvo que no existe alguna razón constitucionalmente válida, por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social.

Consideró que dejar fuera el trabajo doméstico del régimen de seguridad social, afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas.

De acuerdo con el Inegi, nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, y el trabajo doméstico es tradicionalmente objeto de condiciones laborales inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios.

Esta situación impide a las trabajadoras domésticas la oportunidad de un acceso real a prestaciones sociales, que le permitan encontrarse protegidas contra circunstancias e imprevistos que afecten sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias.

Por ello, la sala concedió el amparo, entre otros aspectos, para hacer del conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y ordenar que dentro de un plazo prudente (primer semestre de 2019), implemente un “programa piloto”, que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, que a su vez entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales.

Precisó que el régimen social propuesto debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, como lo es en algunos casos, que tenga más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo.

El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio. Asimismo, se deberá explorar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el SAT.

Detalló que en un plazo no mayor a 18 meses, a partir de la implementación del programa piloto, el IMSS estaría en posibilidades de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar y, en ese sentido, en un plazo no mayor a tres años, se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país.

Los apercibe para que se paguen las pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió con multa a los Poderes Ejecutivo y Legislativo si no dan cumplimiento a sus sentencias, relacionadas con la emisión de decretos y asignación de presupuesto para cubrir las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La representante del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, pidió al tribunal constitucional requerir, por un lado, al Congreso del Estado para que emita los nuevos decretos jubilatorios de trabajadores judiciales; y, por otro, al Poder Ejecutivo para que entregue la totalidad de recursos autorizados para cubrir sendas pensiones.

Mediante acuerdo, la SCJN emitió una llamada de atención a ambos poderes, porque el tribunal constitucional no tiene en expedientes, pruebas de que se estén en cumplimiento sus sentencias ni que se hayan completado las transferencias económicas para el pago de diversas pensiones.

“Teniendo en cuenta lo expresado por el poder actor, se requiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, por conducto de quien legalmente los representa, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la transferencia de los recursos del pago de pensión, con cargo a la ampliación presupuestal autorizada a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante oficio número SH/01355- 4/2018 de 23 de mayo de 2018, signada por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, advirtió uno de varios acuerdos emitidos por la SCJN.

En otros acuerdos, la SCJN instó al Poder Legislativo local a emitir de nuevo los decretos pensionarios de trabajadores judiciales, en los que expresamente se indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado o, en caso de considerar que debe ser algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos de las pensiones, deberá otorgarse los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación.

La Vigésima Cuarta Zona Militar anuncia el despliegue de mil 800 militares para colaborar con efectivos federales y estatales en labores de seguridad pública.

El titular de la Vigésima Cuarta Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, aseguró que se respetarán los derechos humanos y que las fuerzas castrenses no excederán los límites legales al anunciar el despliegue en territorio estatal de mil 800 militares que colaborarán con un centenar de efectivos federales y estatales en la prevención y combate la delincuencia.

Señaló que este despliegue (que forma parte del proyecto piloto de instauración de la Guardia Nacional propuesto por el nuevo gobierno federal) estará encabezado y coordinado por la autoridad militar.

“Anteriormente, en un momento dado, funcionaban ellos por un lado, los acompañábamos a hacer funciones cuando correspondía, pero hoy no. Hoy están en nuestro cuartel formando equipos de trabajo, para que los equipos de trabajo sean integrados y salgan a patrullar las calles donde corresponda”, dijo.

Expresó que el Ejército mexicano actuará apegado a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, así como aclaró que los efectivos militares no realizarán detenciones ni puestas a disposición, ya que legamente ésta es facultad de las autoridades civiles.

“Hoy día no tenemos la regulación legislativa para poder detener a nadie, personal militar no está en condiciones de detener a nadie. Sin embargo, somos acompañados por personal de la CES y personal de la Policía Federal, los cuales harán el procedimiento correspondiente para integrar lo que es cadena de custodia, el procedimiento legal del informe policial homologado, todas las puestas disposición, ellos son los que la van hacer”, resaltó, y señaló que personal militar, acompañado de la Policía Federal y la Policía de la CES, saldrá a las calles a realizar  tareas de seguridad pública, especialmente en las zonas consideradas como focos rojos.  

Hay suspensión de la SCJN a favor del Ayuntamiento de Cuautla.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) validó la convocatoria para elegir al nuevo delegado de Tetelcingo, en virtud de que existe una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del Ayuntamiento de Cuautla, que promovió una controversia constitucional contra la creación del municipio indígena.

Ramón Xopo Cera, quien se ostentó como representante de los habitantes originarios e integrante del Comité Pro Creación del Municipio de Tetelcingo, promovió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEM/JDC/458/2018-2 contra la convocatoria para la elección del nuevo delegado de la comunidad indígena, emitida por Ayuntamiento de Cuautla y la delegación política de Tetelcingo.

Por unanimidad, el Pleno del TEEM consideró infundado el reclamo de Xopo Cera, por considerar que, con base en la suspensión concedida por el tribunal constitucional al ayuntamiento, Tetelcingo aún forma parte del municipio de Cuautla.  

Y es que en enero pasado, el ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 30/2018 ante SCJN, contra la constitucionalidad del decreto 2341 publicado el 22 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que se creó el municipio indígena de Tetelcingo. La Corte concedió la suspensión, para que las cosas quedaran en el estado en que se encontraban para evitar daños irreparables al municipio.

Con base en ello, el Pleno del TEEM concluyó que “es inconcuso que el poblado de Tetelcingo continúa perteneciendo al municipio de Cuautla, Morelos; en consecuencia, del análisis de la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Cuautla para la elección del delegado político, se advierte que no se vulnera el principio de autodeterminación del poblado de Tetelcingo, toda vez que se respetaron sus usos y costumbres”

“Además, la convocatoria se emitió en base a la solicitud y lineamientos de la misma organización del referido poblado, a través de reuniones previas del delegado político y representantes de las planillas reconocidas”. 

La partida general que requiere el TSJ para el próximo año es de 844 millones de pesos

El pago de pensiones a los trabajadores judiciales jubilados dependerá de que el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso incluyan en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 una partida financiera suficiente para que el Tribunal Superior de Justicia cumpla con la obligación laboral.

Así lo informó la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, debido al reciente relevo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, comenzó con requerimientos a las autoridades responsables para dar cumplimiento a decenas de controversias constitucionales en las que, básicamente, se ordenó etiquetar recursos para el pago de las pensiones y, en otros casos, emitir nuevos decretos ya con presupuesto asignado para que los trabajadores en retiro puedan disfrutar su jubilación.

Si bien es cierto que el gobierno del estado realizó diversas trasferencias para dar cumplimiento a varias sentencias del tribunal constitucional, todavía hay trabajadores judiciales en retiro en espera de pago.

A algunos se les adeuda la pensión desde que entró en vigor su jubilación, a otros, parte de ella y, varios más están a la espera de que el Congreso emita los nuevos decretos con presupuesto asignado.

Debido a ello, el mismo Poder Judicial informó que en su proyecto de presupuesto incluyó una partida ex profeso para la nómina de personal en retiro y solicitó la intervención de la SCJN para que se requiera al Poder Ejecutivo de la entidad que destine en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2019 el monto necesario para el pago de las pensiones, para dar cumplimiento a las sentencias del tribunal constitucional.

De acuerdo con el anteproyecto presupuestal presentado, el TSJ solicitó 844 millones 766 mil 955 pesos. En el capítulo 4000 Transferencias se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones 367 mil 015 pesos. Adicionalmente, solicitó  166 millones 038 mil 466 pesos para hacer frente a las sentencias de la SCJN sobre los decretos de jubilación de los trabajadores judiciales. 

Con la toma de posesión del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, arranca el proyecto de creación de la Guardia Nacional.

Tras la toma de posesión del nuevo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se realizó el primer despliegue coordinado de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el Ejército mexicano y la Policía Federal para reforzar la vigilancia y patrullaje, como parte del arranque del proyecto de creación de la Guardia Nacional propuesto por el gobierno federal.

A través de un comunicado, el gobierno de Morelos informó que en el 21 Batallón de Infantería de la Vigésima Cuarta Zona Militar se reunieron los representantes de la CES y las fuerzas federales para iniciar el despliegue operativo para reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la entidad.

Además de la conformación de la Coordinación Regional Morelos I y el establecimientos de acuerdos para realizar acciones conjuntas de combate de la delincuencia, a partir del inicio de la nueva administración estatal.

De acuerdo con declaraciones recientes del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, se espera que en los próximos días el gobierno federal apoye a la entidad con mayor número de efectivos federales, en virtud de los pocos elementos con los que cuenta la CES para cumplir con su misión con eficiencia.

El jefe policiaco aseguró que sólo tiene mil 600 efectivos estatales y por ello se requirió el apoyo de la Federación.

También se informó de la reunión que sostuvieron representantes de la CES, de la Policía Federal e integrantes de la delegación Morelos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, para atender las inquietudes de este sector y coordinar acciones conjuntas para mejorar la seguridad en los accesos carreteros, para prevenir el asalto a las unidades del transporte de carga y de pasajeros. 

Asegura Carlos Iván Arenas Ángeles que designación de jueces viola la Constitución y daña la impartición de justicia.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no existirá una impartición de justicia eficiente, libre e imparcial hasta que no se respete la carrera judicial y se establezca un sistema transparente y claro de designación de jueces.

Arenas Ángeles, quien se ha mantenido como un serio crítico del sistema de administración de justicia, sostuvo que justamente una de las debilidades estructurales del Poder Judicial estatal es que no se respetan las reglas que regulan a la carrera judicial.

Ante ello y la opacidad en la que se manejan los nombramientos, especialmente la designación de jueces, es que urgió no sólo a respetar la carrera judicial, sino llevar a cabo procesos transparentes de designación de juzgadores para garantizar calidad a los ciudadanos en la impartición de justicia.

“La carrera judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional”.

“Hoy en el TSJ de Morelos esto desafortunadamente no se tiene. Hoy los nombramientos de jueces se hacen por designación directa, en contravención a la Constitución del estado y en detrimento de la sociedad. Hago votos para que esto cambie por el bien de la justicia y de la sociedad que requiere de jueces independientes e imparciales”, afirmó.

Sostuvo que quienes forman parte del TSJ no han sido capaces de impedir que se genere y encubra un sistema de impunidad, corrupción e ineficacia, ya que la falta de carrera judicial no garantiza el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.

“¿Qué objeto y fin debe tener instalar e implantar la carrera judicial en el Poder Judicial de Morelos? En mi opinión, establecer de manera transparente los nombramientos de los jueces bajo principios, normas y procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y operación de la carrera judicial”, recalcó.

La disputa entre dos bandos por la administración del recién creado municipio indígena de Hueyapan, llegó hasta la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de que -la semana pasada- el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos consideró fundado el reclamo del ayudante municipal José Antonio Hernández Barrios contra el Congreso local, por no reconocer su derecho a la autodeterminación, autogobierno y autonomía para elegir a sus autoridades, y ordenó al Poder Legislativo adoptar y aplicar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para garantizar que la voluntad del municipio indígena de Hueyapan se refleje en la designación del consejo municipal y la adopción de su propia estructura de gobierno, se promovieron sendos recursos de reconsideración ante la Sala Regional.

Uno fue promovido por el todavía ayudante municipal de Hueyapan, quien defiende la integración y reestructura del Consejo Municipal electo en asamblea bajo el método de usos y costumbres.

Otro fue iniciado por David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, y quien había sido destituido por la asamblea como vocal del consejo, pero que fue nombrado por el Congreso local como titular del Consejo Municipal.

Ambos bandos se disputan el control del Consejo Municipal, órgano que será responsable de la administración del 1 de enero de 2019 al 31 diciembre de 2021, pero todo indica que será el TEPJF el que determinará el destino de la integración de dicho consejo.  

Se restringen contrataciones y todo tipo de gastos personales y de servicios básicos.

La Secretaría de Hacienda estatal emitió las disposiciones de austeridad del gasto para la administración pública, que incluyen restricciones en el uso de los servicios básicos como agua y energía eléctrica y hasta en la contratación de personal.

Mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” se fijaron las disposiciones generales y medidas disciplinarias a las que se sujetará el Poder Ejecutivo y que regularán la administración de los recursos públicos, con el propósito de generar ahorros y lograr la reducción de los gastos administrativos y de operación.

Los rubros donde se aplicarán medidas de austeridad son servicios personales; servicios de energía eléctrica, agua, telefonía fija y telefonía móvil; mantenimiento, remodelación y conservación de oficinas públicas; arrendamiento de bienes; pasajes, gastos de representación, alimentación y viáticos; gastos de papelería, fotocopiado, artículos de oficina y tarjetas personales, así como gastos de edición e impresión de libros y publicaciones.

Por ejemplo, en el rubro de servicios personales, se estableció que cada dependencia tendrá el personal estrictamente necesario. En la evaluación, selección y contratación de personal o promociones, así como en la entrega de estímulos, deberá verificarse que las personas aspirantes cumplan con el perfil idóneo del puesto a ocupar y que se tenga la disponibilidad presupuestal.

Las unidades administrativas de las dependencias estatales realizarán la disminución al mínimo indispensable de los gastos por servicios personales, principalmente en áreas no prioritarias, y sólo con la autorización expresa de la Secretaría de Administración se podrán crear nuevas plazas y descongelar o transferir las vacantes existentes o prioritarias.

También se establecieron restricciones a los burócratas en el uso de servicios de agua, luz y telefonía tanto fija como móvil.

Para tal efecto, se precisó en el decreto que se procurará la utilización de luminarias de bajo consumo de energía y se vigilará que permanezcan apagadas cuando no sean utilizadas. Tratándose del servicio de telefonía fija, se deberán instaurar restricciones en el uso de las líneas instaladas para asuntos oficiales.

Además, se deberán efectuar revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias y, en su caso, detectar o prevenir fugas, a efecto de solucionarlas, fomentando la utilización y adquisición de muebles de baño que ayuden a su racionalización.

El pago de viáticos y gastos de transportación se hará única y exclusivamente para el desempeño de comisiones oficiales estrictamente necesarias y debidamente justificadas, apegándose en su ejercicio y comprobación a los procedimientos establecidos.

La transportación aérea solamente se autorizará para servidores públicos con un nivel mínimo de director general. Incluso, cuando haya un acto público en el que participen diversas secretarías, deberá haber coordinación para uso racional de los recursos para transportación, combustible y alimentación.

Adicionalmente, quedó prohibido cualquier pago por concepto de arreglos florales, donativos, obsequios y, en general, cualquier gasto de representación del personal de la administración pública estatal; la dotación o compra de papelería para correspondencia privada, así como la renta y adquisición de vehículos, salvo aquellos en que se trate de la sustitución de los no útiles para el servicio, a los de reposición por siniestro y aquellos casos plenamente justificados y que sean autorizados.

También se estableció que los servidores de la administración pública estatal se abstendrán de solicitar o recibir por sí o por terceras personas, obsequios, donaciones o descuentos especiales que puedan implicar conflicto de intereses, respecto al cargo que desempeñan.

Tampoco deberán utilizar los recursos asignados para adquirir bienes y obsequiarlos a título personal u oficial, ni disponer de los bienes o servicios públicos para obsequiarlos, otorgarlos con descuento o ponerlos gratuitamente al servicio de otras personas o instituciones, en contravención de las disposiciones legales aplicables

En el decreto se advirtió que cualquier falta a las disposiciones de austeridad será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos y demás normativa relativa y aplicable. 

Piden al gobierno estatal evaluar la Alerta de Violencia de Género en  Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) solicitó al gobierno estatal establecer urgentemente la mesa de trabajo solicitada por la organización y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para evaluar cómo heredó la actual administración la Alerta de Violencia de Género (AVG), ante la emergencia nacional por el aumento de los feminicidios.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la coordinadora de comisión e impulsora de la AVG, Juliana García Quintanilla, dijo que desde el mes de octubre se pidió instaurar la mesa de trabajo, pero hasta el momento no hay respuesta del gobierno estatal a la petición de la CIDH Morelos y la Conavim.

Consideró que las nuevas autoridades no deben desestimar el tema del feminicidio, porque lamentablemente se ha convertido en una emergencia nacional por el aumento de desapariciones y muertes violentas de mujeres.

“El contexto de violencia e inseguridad ha favorecido el incremento de violencia contra las mujeres y el incremento de violencia feminicida a nivel nacional. Así, varios municipios del Estado de México se han convertido en un infierno para las mujeres; pero también otros estados como Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur.

La consigna “Feminicidio, emergencia nacional” que inunda las redes sociales refleja el impacto y la magnitud por los múltiples casos de asesinatos de mujeres que diariamente se conocen en diversos municipios y estados; y en particular, en algunas universidades las mujeres se han estado organizando en colectivas feministas y en asambleas -en algunas facultades- para dirimir con relación a los casos de acoso sexual en el ámbito universitario.

Señaló que frente al incremento de la violencia contra mujeres, es necesario fortalecer la organización y la movilización para confluir en sectores y movimientos sociales, sindicales y populares para avanzar en acciones unitarias que impidan tantas muertes cotidianas y se ponga un alto al feminicidio desde la sociedad, exigiendo al Estado mexicano la aplicación de todas las medidas de la AVG para garantizar a todas las mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia.

Hizo un llamado a las nuevas autoridades estatales para atender de inmediato el tema, evaluando en qué estado la anterior administración heredó el cumplimiento de la AVG y dar cumplimiento a las recomendaciones para frenar las diferentes formas de violencia de género.

Recordó que en los ocho municipios de Morelos donde se decretó la AVG, y, en los últimos 18 años, en Cuautla ocurrieron 53 asesinatos violentos de mujeres; en Cuernavaca, 176; en Emiliano Zapata, 33; en Jiutepec, 86; en Puente de Ixtla, 34; en Temixco, 65; en Xochitepec, 39; en Yautepec, 48, y dos casos ocurridos en las inmediaciones de dos municipios.

Insistió en la necesidad de superar la indiferencia, el miedo y el silencio, ante la preocupante estadística que suma diariamente 12 feminicidios en América Latina, de los cuales siete son perpetrados en México. 

Pleno de la Sala Superior confirmó sentencia que validó la elección de los integrantes del Cabildo de Jiutepec

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el edil electo de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, no violó el principio de laicidad al participar en la “caminata por la paz” convocada por la Diócesis de Cuernavaca un mes antes de la jornada electoral.

Al resolver las impugnaciones promovidas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Social Demócrata (PSD) y Verde Ecologista de México (PVEM), el Pleno de la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que validó la elección de los integrantes del ayuntamiento en el municipio de Jiutepec, así como la entrega de las respectivas constancias de mayoría.

Los partidos recurrentes argumentaron que la Sala Regional debió revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), y declarar la nulidad de la elección, por la violación al principio de laicidad por parte del entonces candidato  y hoy presidente municipal electo por la Coalición “Juntos Haremos Histórica”, Rafael Reyes Reyes, con motivo de su asistencia a la cuarta caminata por la paz, convocada por la Diócesis de Cuernavaca.

Por unanimidad, el Pleno determinó que la evidencia aportada por los quejosos fue insuficiente para afirmar que el propósito del candidato fue posicionarse ante el electorado y, en consecuencia, declaró infundados los agravios relativos a que la Sala Regional no analizó la irregularidad cometida por el denunciado.

También fueron declaradas infundadas las acusaciones respecto a que Rafael Reyes pretendió hacerse publicidad con la difusión de una entrevista en Facebook, expresando su religiosidad durante su participación en la caminata por la paz.

De acuerdo con la Sala Superior, los hechos denunciados, esto es, la participación del candidato en la marcha, el contenido de su entrevista y su difusión en la red social de Facebook, así como de los medios de prueba aportados, se advirtió que en ningún momento el otrora candidato manifestó que fuera creyente de la religión católica ni se observó que su finalidad fuera a generar un beneficio electoral buscando crear empatía con quienes profesan ese culto.

Se confirma que en varios ayuntamientos, los alcaldes electos enfrentarán mayoría opositora en el Cabildo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la asignación de regidurías realizada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que contabilizó a los presidentes municipales y síndicos electos para la distribución de escaños en los Cabildos.

Al resolver una cascada de juicios de reconsideración promovidos por diversos partidos políticos y candidatos de 19 municipios, la Sala Superior confirmó las resoluciones de la Sala Regional Ciudad de México que revocaron las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (que determinó que para la asignación de regidurías, bajo los parámetros de sub y sobrerrepresentación debía excluirse al presidente y síndico), y validó la asignación original realizada por el Impepac conforme al artículo 18 de la legislación electoral local, que prevé que en la asignación de diputaciones plurinominales debe contabilizarse al total de los integrantes de legislatura y la fórmula replicarse en los cabildos.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Superior consideró que en la asignación de regidurías en el estado de Morelos se debe considerar a la totalidad de los integrantes del órgano municipal, y no únicamente a las posiciones de representación proporcional.

También consideró improcedente la inaplicación del artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos, porque la norma es acorde con los principios y valores constitucionales derivados de la institución de la representación proporcional en la integración de los órganos de gobierno municipales.

"Lo anterior es así, porque la disposición legal cuya regularidad constitucional objetan los promoventes, consonante con los valores y principios propios del principio de representación proporcional, como se deriva del propio principio de pluralismo y del mayor grado de representatividad efectiva de quienes integran el órgano gubernamental respectivo, de tal forma que al considerarse la totalidad de los cargos que integran el ayuntamiento, se busca que en su conformación se alcance de mejor manera la representación plural de las fuerzas políticas que fueron votadas por la ciudadanía, de ahí que resulte infundada la pretensión de inaplicación solicitada, dado que la misma es acorde con el principio de representación proporcional previsto en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dicen las sentencias.

En el caso del recurso de reconsideración 1715 y su acumulado, se aprobó abandonar la jurisprudencia 47/2016 de la Sala Superior, del rubro: “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS LÍMITES A LA SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN SON APLICABLES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS”.

Lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sesiones ordinarias del 6 y 8 de noviembre pasado, estableció que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia de límites de sobre y subrrepresentación.

Se destacó que la condicionante constitucional es que las normas que regulan la integración de los ayuntamientos por medio de los principios de mayoría relativa y representación proporcional, no estén configurados de tal manera que estos principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal.

Con estas resoluciones fueron validadas en definitiva las asignaciones de regidurías que realizó el Impepac en los municipios de Emiliano Zapata, Yautepec, Miacatlán, Huitzilac, Ayala, Atlatlahuacan, Jonacatepec, Mazatepec, Amacuzac, Ocuituco, Tepoztlán, Jantetelco, Temixco, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla y Tetela del Volcán. Esto significa que en varios ayuntamientos, los alcaldes electos enfrentarán mayoría opositora.

En el mismo sentido, el pasado 7 de noviembre fueron resueltos los casos de Totolapan y Tepalcingo. Se prevé que las impugnaciones pendientes relacionadas con 10 municipios serán resueltos de igual forma.

Cabe destacar que a principios del mes de noviembre, un grupo de alcaldes y síndicos electos refutaron el criterio del Impepac por considerar que, al contabilizar a la totalidad de los miembros de los Cabildos para la distribución de las regidurías por el principio de representación proporcional, se les coartaba la posibilidad de contar con regidores afines  y se les colocaba en una posición de desventaja numérica y política, que podría provocar problemas de gobernabilidad en los municipios.

En contraste a esta postura, un grupo regidores electos de varios municipios defendieron la asignación que realizó el Impepac, por considerar que el criterio adoptado por el instituto electoral materializó la participación y representación de las fuerza políticas minoritarias en los Cabildos.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) espera el apoyo del gobierno federal para frenar la ola de violencia que en los primeros 50 días de la administración estatal cobró la vida de más de 70 personas.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, descartó la posibilidad de dimitir al cargo ante las críticas a su labor provenientes de un segmento del sector empresarial, y recalcó que se mantendrá como responsable de la seguridad pública estatal mientras así lo considere el gobernador.

Insistió en que recibió una institución disminuida numéricamente y, pese a ello, “está haciendo frente a la violencia, no estamos escondidos, estamos dando la cara y la vamos a seguir dando”.

Precisó que del 1 de octubre al 20 de noviembre han ocurrido 72 homicidios violentos, y los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Jojutla y Cuautla se convirtieron en focos rojos ante los asesinatos y diversos crímenes de alto impacto perpetrados.

Afirmó que la CES está a la espera del apoyo del gobierno federal, una vez que entre en posesión del cargo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para que se envíen refuerzos de inmediato.

 “Yo espero que a partir del 1 de diciembre que entra el nuevo gobierno federal, seamos favorecidos con más personal. El presidente y el próximo secretario de seguridad Durazo ya anunciaron que de las 150 regiones, de las 266 que se van a hacer, va a mandar gente tanto del Ejército como de la Marina y de la Policía Federal, y esperemos que seamos favorecidos con personal, que es lo que hace falta”, sostuvo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los últimos nueve meses del gobierno del perredista Graco Ramírez se perpetraron 505 homicidios dolosos, de los cuales 367 (72.5%) fueron ejecutados con armas de fuego y 57 (11.2%) con arma blanca. Los 82 restantes fueron ejecutados “con otro elemento”. Las cifras equivalen en promedio 56 homicidios violentos al mes o dos diarios, durante la recta final del mandato de Ramírez Garrido Abreu.

De acuerdo con las cifras del nuevo titular de la CES, la tendencia promedio de homicidios dolosos se mantiene en el rango.

Vecinos de la familia afectada denuncian que la Fiscalía y otros policías protegieron al responsable del percance, que no ha pagado los gastos médicos de las víctimas.

Un grupo de vecinos realizó una protesta en la sede central de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la liberación de un policía señalado como presunto responsable de un accidente de tránsito que dejó un saldo de seis personas lesionadas.

Una veintena de habitantes de la colonia Jardín Juárez del municipio de Jiutepec, con pancartas y consignas que exigían justicia para los afectados y el responsable del accidente, expresaron su descontento por que el elemento policiaco no sólo fue liberado, sino protegido por sus compañeros, pese a que en el momento del percance conducía en estado de ebriedad.

De acuerdo con los manifestantes, el contratiempo ocurrió el pasado 3 de noviembre, cuando el policía, presuntamente alcoholizado, impactó su vehículo contra otro, en el que viajaban cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores y dos acompañantes más, quienes resultaron lesionados.

Mencionaron que el elemento en todo momento fue protegido por sus compañeros que intervinieron en el incidente e, incluso, la fiscalía omitió someterlo a exámenes toxicológicos para corroborar que el presunto responsable del accidente conducía bajo el influjo de sustancias tóxicas.

Además, dijeron, fue liberado casi de inmediato y hasta el momento no se ha hecho cargo ni de las responsabilidades penales ni de los gastos médicos de las personas lesionadas.

Exigieron que el policía, identificado como Alejandro “N”, sea sometido a proceso penal para que haga frente a su responsabilidad, pues al parecer no es la primera vez que está implicado en un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad, ya que trascendió que en enero de 2013 provocó otro percance, en el que hubo también varios afectados.

Señalaron que es común que ocurran incidentes similares en las colonias, pero como no trascienden y hay quienes usan sus “influencias” en el gobierno para evadir responsabilidades, los que quedan sin justicia son las personas que resultan afectadas.

Por ello, advirtieron los vecinos, ya tienen contacto con colonos de otros municipios donde han ocurrido percances, con la finalidad de realizar una red que permita hacer frente a los abusos policíacos y a los actos de corrupción que permiten que personas, incluyendo servidores públicos, infrinjan la ley impunemente. 

La SCJN rechaza la controversia constitucional promovida por ese organismo contra la designación de su contralor interno realizada por el Congreso del estado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra la designación del contralor interno.

En el acuerdo emitido dentro del expediente 65/2018, se consideró que el organismo defensor de los derechos humanos no tiene la legitimación jurídica para impugnar el acto legislativo por la vía del recurso de control constitucional, razón por la cual fue desechada por improcedente la demanda.

Al respecto, la Corte argumentó que si bien la fracción I, inciso l), del artículo 105 prevé la procedencia de las controversias constitucionales entre dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión, lo cierto es que, de acuerdo con el criterio mayoritario del Pleno del Alto Tribunal, la porción normativa no comprende la procedencia de la controversia constitucional entre los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas y alguno de los poderes locales.

Por tal razón fue desechada de plano la controversia constitucional promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la que –paralelamente- promovió una acción de inconstitucionalidad en la cual impugnó el mismo acto y también recientemente fue desechada.

La CDHEM promovió un recurso de reclamación contra el desechamiento de la acción de inconstitucional, el cual se encuentra en trámite.

Y es que, en la recta final de la LIII Legislatura, los anteriores diputados realizaron una serie de nombramientos, entre ellos, la designación de Edmundo Chacón Gallardo como titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien durará en el cargo seis años y podrá ser designado por un periodo más.

La CDHEM consideró que la designación fue ilegal y el Congreso invadió la esfera de competencia jurídica del organismo. 

El Congreso de la Unión no tiene competencia para legislar en materia de seguridad interior; no existe motivación que justifique la participación permanente de las fuerzas armadas en seguridad pública, y en el proceso legislativo hubo vicios, resuelve la mayoría del Pleno.

Con nueve votos a favor y uno en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 2017.

Como fue anticipado en la sesión anterior, la mayoría del pleno, con excepción del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, apoyó invalidar la ley por considerar que el Congreso no tenía competencia para legislar en materia de seguridad interior, por ser esa esfera del Poder Ejecutivo Federal; no existía motivación que justificara la participación permanente de las fuerzas armadas en seguridad pública y mucho menos en tiempo de paz; y por los vicios en el proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación.

Durante la votación, el ministro José Ramón Cossío reiteró su postura de la inconstitucionalidad: “Considero que el Congreso de la Unión no tiene competencias para regular las acciones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz”.

La ministra Norma Piña Hernández también reiteró que el proceso legislativo estuvo viciado, porque no se permitió que las fuerzas minoritarias en el Congreso de la Unión pudieran conocer en tiempo el dictamen de la ley y mucho menos aportar al debate de manera razonada y democrática.

“Estoy por la invalidez al derivar de un procedimiento en que no se respetaron los principios de la deliberación democrática por vicios con impacto invalidante y, por ello, se afectó de manera significativa los principios sustantivos que dan valor a la democracia; no voy por incompetencia, voy por vicios en el procedimiento legislativo”, destacó.

En su intervención, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, destacó que aun cuando el Congreso de la Unión tuviera competencia, “las disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e invadan aspectos  de seguridad pública, aquellas de las que se pueda advertir una intencionalidad de regularizar y normalizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ya sea por prever que pueden actuar por sí, sin solicitud previa de las autoridades que requieran el auxilio, que elimine la excepcionalidad de su participación o que establezcan, o incluso permitan una situación atemporal, sin duda alguna deben ser declaradas inconstitucionales”.

“Como han señalado muchos ministros, la compleja situación de criminalidad que ha sufrido nuestro país en los últimos años, el rebasamiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales ha generado que las fuerzas armadas coadyuven con las fuerzas civiles”.

“Me queda claro que esta situación no debe normalizarse, pero mientras siga existiendo el supuesto de auxilio de las fuerzas armadas, ello debe hacerse en estricto respeto a los derechos humanos y ante cuestiones excepcionales que cumplan con los parámetros de actuación fijados en la Constitución, e incluso con los precedentes y criterios de la Corte Interamericana a los cuales se han referido varios de los señores ministros; lo cual, si bien no prohíbe tajantemente el uso de las fuerzas armadas en términos de seguridad interior, lo debe hacer bajo el presupuesto de que debe limitarse en la mayor medida posible con la condición de que no sea irrestricta, que no sea excesiva ni mucho menos permanente, pues siempre debe tener un carácter excepcional y temporal”.

Clasificó a Morelos como entidad sólo con algunas restricciones para que sus ciudadanos visiten y se desplacen por la entidad.

Antes la clasificación recomendaba no viajar.

El gobierno de Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje a México y clasificó a Morelos como una de las entidades con algunas restricciones, pero sin limitaciones a sus ciudadanos y personal gubernamental para visitar y desplazarse por el estado.  

Y es que desde hace seis años Morelos fue incluido en la lista de estados de mayor inseguridad, tras el ataque que sufrió el 24 de agosto de 2012 un grupo de diplomáticos militares, quienes realizaban operaciones de colaboración con la Secretaría de Marina y Armada de México en la comunidad de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac.

Esta actualización de la alerta se realizó el 15 de noviembre de este año y sustituye a la emitida el 10 de enero del 2018 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la embajada de los Estados Unidos en México informó que Morelos está clasificado en el nivel tres, es decir, que no está considerado como recomendación de “No Viaje”, y sólo establece algunas restricciones para reconsiderar su viaje a sus ciudadanos sin fijar una zona específica de alto riesgo.

Los estados clasificados en el nivel 4, que significa que existe mayor probabilidad de riesgos que amenacen la vida, por lo que se pide a los ciudadanos norteamericanos no viajar son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Además de Morelos, la nueva clasificación contempla a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nayarit, los cuales -asegura el Departamento de Estado- cuentan con características para clasificarlos en nivel de alerta 3.

La SCJN confirmó criterio de derecho de los menores a una educación inclusiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es discriminatorio negar el servicio educativo en escuelas privadas a niños que cuenten con alguna discapacidad, y confirmó su criterio del derecho de los menores a una educación inclusiva.

Al resolver el amparo directo 31/2018, la Segunda Sala de la SCJN determinó que una institución educativa de carácter privado, incurrió en un acto de discriminación al negar la reinscripción al segundo grado de secundaria a un alumno que padece de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), con el argumento de que el menor era indisciplinado y que "no era la escuela adecuada para recibirlo dado que, por su discapacidad, requiere acudir a una escuela especial".

Al respecto, la Sala consideró que si a una persona le es restringido o negado su derecho a la educación, atendiendo a su actuar “atípico”, “irregular” o “especial”, con conocimiento de que cuenta con una discapacidad, surge una presunción de que ese actuar constituye un acto discriminatorio, lo cual implica que la carga de la prueba para acreditar que esa exclusión no es así, debe recaer en la autoridad o institución que ha afectado el derecho fundamental a la educación inclusiva, es decir, tal autoridad educativa, sea pública o privada, deberá probar que esa afectación no deriva de la discapacidad del alumno, sino de factores ajenos a ello.

En el caso, se estimó que la institución educativa no demostró que la indisciplina del alumno atendiera a cuestiones ajenas al TDAH que padece y, por ende, se consideró que la denegación del menor de edad al servicio educativo, se basó meramente en su discapacidad.

Por tanto, la sala reiteró su criterio en el sentido de que el derecho a la educación inclusiva implica un cambio en el paradigma educativo, a fin de que los sistemas respectivos dejen de considerar diferentes a las personas con discapacidad, para en su lugar, actuar de manera positiva ante la diversidad del alumnado, considerando las necesidades individuales como oportunidades para enriquecer la enseñanza inclusiva.

Para cumplir con ello, no sólo se debe prohibir que las personas con discapacidad queden excluidas del sistema general de educación, sino que además las instituciones o autoridades educativas públicas y privadas deben realizar “ajustes razonables”, entendidos como aquellas medidas de apoyo personalizados que logren identificar y eliminar las barreras y obstáculos de aprendizaje que enfrenta la persona con discapacidad en el centro educativo, a efecto de cumplimentar con su efectiva inclusión escolar.

Le atribuyen ser el jefe de sicarios de Los Rojos y responsable de varios homicidios.

El gobierno de Morelos anunció la detención de Alberto “N”, alias “El Champi, considerado como uno de los líderes regionales del grupo criminal de “Los Rojos”, que operaba principalmente en municipios de la zona sur de la entidad.

En rueda de prensa, el vocero del gobierno estatal, Francisco Reyes Olvera, informó de la captura del presunto criminal, de apenas 24 años de edad, sobre quien pesan diversas órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto como homicidio.

De acuerdo con el funcionario, el hombre era supuestamente jefe de sicarios del cártel y uno de los más buscados en Morelos, debido a que ha generado una ola de violencia.

La detención se realizó en el municipio de Jojutla aproximadamente a las 14 horas de ayer miércoles y le fueron asegurados vehículos y objetos que serán valorados por la Fiscalía General del Estado en las investigaciones correspondientes.

Tras anunciar la detención de “El Champi”, afirmó que actualmente Morelos se encuentra en el cuarto lugar con peor percepción de inseguridad, pero aseguró que el gobierno estatal está convencido en que debe concretarse una estrategia contundente contra el crimen.

“El mandatario estatal está convencido que la solución a esta crisis de inseguridad, siempre será fortalecer la capacidad de las fuerzas policiales y las instituciones de procuración y administración de justicia, con la finalidad de resolver los problemas de desarrollo social que generan la delincuencia y la violencia”.

“El gobierno de Morelos reitera que sólo mediante la acción coordinada de los tres niveles de gobierno, así como los poderes del Estado, se logrará mejorar efectivamente las condiciones de vida de la ciudadanía”, señaló el vocero. 

El próximo año no será electoral.

El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) busca que su presupuesto para el 2019 sea por lo menos de 29 millones de pesos, con el propósito de mantener, profesionalizar y especializar a su plantilla de personal.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que la propuesta pretende que el presupuesto del órgano jurisdiccional sea suficiente para su operatividad, aun cuando ya no será año electoral.

Indicó que en el monto se calcularon recursos para mejorar las remuneraciones del personal del órgano jurisdiccional, pero también para capacitar, profesionalizar y especializar al personal, en virtud de que en México y en Morelos existen pocas personas expertas en materia electoral.

“Nuestra preocupación es que no hay mucha gente con especialidad en materia electoral y buscamos mantener permanentemente al personal”, dijo, y señaló que también otros pendientes no se han atendido completamente por falta de presupuesto.

Por ejemplo, señaló, es necesario consolidar la unidad e información pública y la contraloría interna, así como disponer de recursos para mantener al menos 10 plazas.

Insistió en que el presupuesto previsto tiene como objetivo mantener la independencia y autonomía del TEEM, así como conservar y especializar al personal.

La CES reforzará los patrullajes en centros comerciales, tiendas departamentales, bancos y cajeros.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) reforzará la vigilancia y patrullaje en centros comerciales, tiendas departamentales, bancos y cajeros para prevenir actos delictivos y dar seguridad a los consumidores durante el llamado “Buen Fin”.

Del 16 al 19 de noviembre las corporaciones policiacas tendrán mayor presencia en zonas comerciales de los 33 municipios, debido a que se espera gran afluencia de consumidores por los descuentos en productos y servicios que se ofrecerán durante este fin de semana.
El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que ya se estableció coordinación con los 33 municipios con el propósito de proteger a los consumidores que visiten corredores comerciales.
“El objetivo es evitar que las personas sean víctimas de la delincuencia. Para ello desplegaremos las Bases de Operaciones Mixtas en puntos estratégicos y se extenderá la vigilancia en recorridos pie tierra en la periferia de instituciones bancarias”, indicó, y sostuvo que también el helicóptero de la CES hará sobrevuelos sobre territorio morelense. 

Recomendó a los consumidores que al salir de compras utilicen cajeros automáticos que se encuentren dentro de sucursales bancarias o plazas comerciales y, en caso de registrarse algún incidente, reportarlo al número de emergencias 911.

El “Buen Fin” es un programa implementado por el gobierno federal en coordinación con la iniciativa privada, que busca incentivar las economías nacional y local por medio del consumo, ofreciendo a las personas descuentos en bienes y servicios.

En sesión de Pleno, seis de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar facultades a las fuerzas armadas para participar en labores de seguridad pública, hasta ahora reservadas para autoridades civiles.

Los ministros José Ramón Cossío, Norma Lucía Piña, Eduardo Medina Mora, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, fijaron su postura en contra del proyecto presentado por su homólogo Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien proponía avalar parcialmente la legislación aprobada por mayoría en “fast track” en diciembre de 2017 en el Congreso de la Unión e impugnada a través de la acción de constitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, presentadas por 183 legisladores federales, entre otros actores.

Los argumentos centrales de los ministros para pronunciarse por la inconstitucionalidad de la ley, fueron que se incorporaron temas de Fuerzas Armadas que impugnan su propia naturaleza; que el Congreso federal no tiene competencia para legislar sobre seguridad interior porque es esfera del Poder Ejecutivo Federal y se restaría responsabilidad a las autoridades civiles; que la ley representó un fraude a la Constitución porque se dice que regula sobre una materia y en el fondo se regula el rubro de seguridad pública.

Además, se resaltó que hubo vicios en el procedimiento legislativo y que se pretende regular la participación de las Fuerza Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública.

Para decretar la inconstitucionalidad de la ley se requiere una mayoría calificada de ocho votos y, por lo pronto, ya seis ministros han fijado postura y en la sesión de jueves continuará la discusión en el Pleno de la SCJN.

El trámite tiene su origen en la recién aprobada jurisprudencia de la SCJN.

Un despacho jurídico presentó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alrededor de 200 solicitudes de morelenses para obtener la autorización para el uso lúdico de cannabis o marihuana, con base en la recién aprobada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ricardo Altamirano Sánchez, abogado del despacho Ingrid Tapia S.C., explicó que tras la convocatoria lanzada por redes sociales para emplazar a los consumidores a iniciar las trámites legales para obtener la autorización de la Cofepris, de inmediato hubo una copiosa respuesta de jóvenes millenials y hasta de personas de la tercera edad, a quienes es más fácil legalmente buscar la autorización del consumo lúdico de la marihuana que para fines médicos, porque se requiere una larga lista de requisitos y peritajes.

Señaló que ya fueron presentadas 45 solicitudes a la Cofepris y, el resto, entre este lunes y martes, ya estarán tramitadas ante la dependencia federal, en espera de que la comisión responda en un plazo no mayor a 60 días hábiles si otorga la autorización, si no autoriza o no contesta cada una de ellas.

En caso de que la solicitud sea rechazada o no contestada, entonces procederá la presentación de los amparos contra el acto de autoridad. Y de acuerdo con la jurisprudencia emitida hace unos días por la SCJN, que determinó la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta para el consumo recreativo de marihuana en México, los juzgados de distritos y tribunales colegiados estarían obligados a conceder la protección de la justicia federal.

Consideró que buscar la despenalización del consumo del cannabis traerá beneficios para el país y el estado, esencialmente en materia de seguridad y corrupción, pues la marihuana ya no estará bajo el monopolio del narcotráfico, ni los consumidores estarán a expensas de la mafia, ni de las autoridades que piden “mordidas” para evitar ser molestados o arrestados.

“Consumir cannabis, en cualquiera de sus presentaciones, está penado como si uno fuera un secuestrador, un delincuente, un asesino. Esto no es justo, dado que no merece tales penalidades y yo creo que (la despenalización y regulación del consumo y comercialización de la marihuana) sí bajará la delincuencia, dado que ya no estará en manos de la mafia ni del crimen organizado”.

Además, dijo, “la propuesta es para el autocultivo, es vitalicia y es personal; no aplica para la venta. Es decir, no podrá haber venta ni comercialización de los productos, esto permitirá que cada quien consuma lo propio con la calidad y que no haya delincuencia”.

Señaló que para solicitar la autorización a la Cofepris y, en su caso, tramitar un amparo, sólo se requiere ser mayor de 18 años y presentar su identificación oficial; por dos mil pesos el despacho jurídico tramita la solicitud de autorización ante Cofepris y, en caso de que se requiera ir al amparo, el costo será de 6 mil pesos. “La idea es hacerlo accesible a toda la sociedad y a todos los mexicanos y que nos salga mejor estar amparados que estar pagando mordidas, actos de extorsión o estar al margen de la ley”, dijo.

Celebró la iniciativa de ley presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero para despenalizar y regular el consumo, cultivo y comercialización del cannabis, pese a que pudiera tener algunos puntos debatibles.

Expresó que no hay una cifra exacta del número de consumidores de cannabis en México o en Morelos, pero la cantidad es más de los que se pudiera imaginar. 

Reclaman a diez ayuntamientos por la contaminación de la cuenca y exigen el inmediato saneamiento

La justicia federal admitió la demanda de amparo promovida por un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles en contra de diez ayuntamientos,  a los que reclaman la contaminación de la cuenta del río Apatlaco y exigen el inmediato saneamiento.

Luego de que la demanda de amparo colectiva fue desechada por el Juzgado Cuarto de Distrito, un tribunal colegiado ordenó su admisión para dirimir el reclamo de los ciudadanos, quienes iniciaron está acción colectiva que permitiría a otros interesados adherirse a la demanda.

En el juicio de amparo se demandó a los ayuntamientos de Cuernavaca, Huitzilac, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Zacatepec, Tlatizapan, Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla, así como a sus respectivos sistemas locales de saneamiento y agua potable, por considerar que los municipios abandonaron su responsabilidad de realizar acciones para prevenir y remediar la contaminación que por años sufrió el río Apatlaco, y de continuar la omisión podría ocasionar un grave daño ambiental.

La cuenca del río Apatlaco se ubica al noroeste del estado de Morelos, cubre un área de 746 kilómetros cuadrados, de los cuales 656 se encuentran en el territorio morelense, y el resto en el Estado de México y el Distrito Federal.

Abarca diez municipios del estado de Morelos y desde 1924 fue declarada la propiedad nacional del río Apatlaco. El uso y control de sus aguas  se rige por el Artículo 27 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

Las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca son utilizadas principalmente para el suministro de agua potable, para el riego, para la industria y los servicios (recreación), así como uso ambiental.

Pero el crecimiento urbano y poblacional, los asentamientos urbanos, la sobreexplotación de la cuenca, las descargas industriales y domésticas de aguas residuales, el depósito de basura dentro y orillas del cauce, la descarga de desechos de rastros municipales y otros factores, contribuyen a la contaminación  del río Apatlaco.

Pese a algunos esfuerzos por rescatar la cuenca, hasta ahora no se ha logrado frenar ni aplicar medidas efectivas de remediación y saneamiento. 

La SCJN determina que los litigantes deberán exhibir cédula profesional y otras evidencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que para reclamar el pago de honorarios por servicios de defensa o representación legal, los abogados deberán acreditar ante los tribunales su carácter de profesionales del derecho con su cédula profesional y otras evidencias.

A propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala de la SCJN resolvió la solicitud planteada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de sustitución de la jurisprudencia 6/2018, respecto de la tesis 1ª./J. 16/2005 de rubro: “Honorarios. La acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho”.

La Primera Sala consideró que la acción de pago de honorarios, derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho u otras evidencias que generen al juzgador la convicción de que dicha cédula se expidió al profesionista.

La acción de pago de honorarios derivada del contrato, tiene como elemento esencial que la parte actora esté autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que para su procedencia es necesario que el actor acredite fehacientemente, que tiene tal calidad.

Dicha circunstancia debe probarse de manera idónea a través de la cédula profesional o a partir de otros medios de prueba que generen en el juzgador suficiente convicción de que se expidió al actor la respectiva cédula profesional, como lo serían, por ejemplo, la inscripción del profesionista en el “Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito”.

También, a través de las evidencias que demuestren que una persona fue reconocida por un juzgador como autorizada por una de las partes en un juicio de garantías, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, previa acreditación de encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

De este modo se aprobó la sustitución de la tesis por la de rubro: “Honorarios. La acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho u otras evidencias que generen al juzgador la convicción de que dicha cédula se expidió al profesionista”.

Magistrado presidente llama a la toma posesión de alcaldes en armonía y concordia.

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) responsabilizaron a los diputados de la pasada legislatura de los problemas que hoy enfrentan los presidentes municipales electos, por una reforma electoral “mal hecha” y que mantendrá en vilo la gobernabilidad de los municipios.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que no hay causal para someterlos a juicio político, como amenazó un grupo de regidores electos, y sostuvo que ante la falta de reglas claras para la distribución de regidurías en los municipios, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, el Pleno del tribunal realizó una interpretación de la ley privilegiando la preservación de la gobernabilidad, al resolver las impugnaciones por la distribución de regidurías que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (que determinó para ese efecto contabilizar a los integrante del Cabildo, incluyendo edil y síndico).

El TEEM decidió que sólo debía tomarse en cuenta a los regidores y con ello permitir que el presidente municipal tuviera mayoría en el cuerpo edilicio, para mantener la gobernabilidad.

“Consideramos que la interpretación que nosotros realizamos, en la que interpretamos, porque desafortunadamente ni el artículo 115, en su Fracción VIII, de nuestra Constitución Política Federal, ni el párrafo cuarto del artículo 18 (del código electoral local), establecen reglas que nos pudieran indicar cómo debemos o cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta”, dijo, y sostuvo que “si hubiera reglas claras, con el debido respeto de nuestro legislador, de la anterior legislatura, no estaríamos teniendo estas dificultades de interpretación”.

Incluso, destacó que en la normatividad electoral de la Ciudad de México, el legislador fijó reglas claras y privilegió la gobernabilidad como criterio para la asignación de concejales en las 16 alcaldías capitalinas y, gracias a su diseño, las impugnaciones ya fueron concluidas y las autoridades electas están en espera de la toma de protesta.

La magistrada Martha Elena Mejía secundó a su homólogo, al señalar que el artículo 112 de la Constitución local no establece de manera clara qué criterio debe atenderse para asignación de regidurías, sin embargo, en la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura se adicionó un párrafo cuarto al artículo 18 del código electoral local, en el que se estableció que se tendría que replicar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales en la asignación de regidurías, y “ese es el párrafo que causó todo este enredo, y de ahí que consideramos que el 112 remite a solamente que para la asignación de las regidurías, no habla de integrar al presidente y al síndico, por lo tanto, en nuestra interpretación de la Constitución nosotros resolvimos de esa manera, en cuanto que al partido ganador tendría que asignársele un regidor”.

Además de que el artículo 116 de la Constitución federal y la constitución local no establecen si se tiene o no que contemplar la totalidad de los integrantes de los cabildos para el reparto de las regidurías.

Sostuvo que todavía está en suspenso el criterio definitivo que aplicará la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, pues dependerá si, en el resto de las impugnaciones, las partes plantean o no el tema de inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 18 del código local, pues en los casos de Tepalcingo y Totolapan resueltos por la máxima autoridad electoral, no se planteó esta litis y, por ello, el TEPJF resolvió que específicamente en ambos municipios debe tomarse en cuenta al edil y síndico en la asignación de regidurías.

Francisco Hurtado Delgado, también magistrado del TEEM, señaló que el entuerto fue provocado por la reforma mal hecha por la anterior legislatura, que lo único que hizo fue “revolcar el agua, dejó muy turbio todo, toda esa imprecisión lo único que causó fueron problemas”.

Destacó que dicha reforma rompió con las formas en que se hacía la distribución de regidurías en otros procesos electorales, y todo prevalece en incertidumbre, ya que en la Sala Superior hay división de criterios sobre el tema.

Por lo pronto, los magistrados electorales hicieron un llamado a los distintos actores políticos y autoridades electas a que inicien su periodo el 1 de enero próximo bajo las base de cordialidad y que acaten los fallos que emita la máxima autoridad electoral del país.

También adelantaron que hay pláticas con los diputados para trabajar en la mesa para la reforma del Estado y la reforma política electoral, para subsanar la larga lista de irregularidades y vacíos legales de las modificaciones realizadas por los legisladores anteriores, con el fin de tener reglas claras.

Sala Superior confirmó el criterio de asignación de regidurías aplicado por el Impepac en dos municipios, en los que los alcaldes y síndicos electos enfrentarán una mayoría opositora en los cabildos.

La Sala Superior del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio de asignación de regidurías aplicado por el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en dos municipios, en los que los alcaldes y síndicos electos enfrentarán una mayoría opositora en los cabildos.

En sesión de Pleno, la Sala Superior resolvió los recursos de reconsideración 1614 y 1615, interpuestos por el Partido Nueva Alianza y otros ciudadanos; y el recurso y 1741, promovido por Aldo Fabián Ortiz Valero, en contra de la resoluciones emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, que revocó las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) relacionadas con la asignación de regidurías de los ayuntamientos de Totolapan y Tepalcingo.

Por unanimidad de votos, confirmó la resolución de la Sala Regional y la asignación original de regidores que realizó en el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), tomando en cuenta a los presidentes y síndicos electos en la distribución para determinar los límites de sub y sobrerrepresentación

Este criterio del Impepac, basado en los artículos 16, 17 y 18 del código electoral local (que establecen que para la asignación de regidurías debe aplicarse la misma fórmula para la distribución de diputaciones plurinominales, que contabiliza la totalidad de los integrantes del Congreso), fue impugnado por los alcaldes y síndicos electos que, por los menos en los casos de Totolapan y Tepalcingo, perdieron la batalla jurídica.

Durante la sesión, varios magistrados coincidieron en que, a diferencia de otras entidades donde se ha fijado un criterio y jurisprudencia diversa en el tema, el caso de Morelos es particular, porque específicamente existe una disposición en la norma local –derivada de la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura- que ordena aplicar los límites de sobre y subrrepresentación en los ayuntamientos.

Además, de que en estos dos casos no se planteó un agravio de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, y deberá ser un análisis posterior en la resolución de otras impugnaciones.

En su intervención, el magistrado Indalfer Infante González expresó que la normatividad del estado de Morelos establece, de manera expresa, que sí se deben tomar las mismas reglas que establece el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución y esto es así, porque en el sistema electoral de Morelos el cargo de presidente municipal y de síndico son de mayoría relativa y todos los demás regidores son de representación proporcional.

Por lo tanto, para establecer proporcionalmente cuál es la votación, cuál es la integración que se debe tener en el cabildo, es necesario integrar también al presidente municipal y al síndico, y esta sería la única forma de que exista una verdadera representación entre los votos que obtuvieron cada partido político y las asignaciones de regidores que les corresponden en los ayuntamientos.

Consideró comprensible la inquietud generada porque hay algunos ayuntamientos muy pequeños, que se componen de cinco miembros: el presidente municipal, el síndico y tres regidores, y “entiendo que la inconformidad puede estar un poco en aducir que podría no haber gobernabilidad, es decir, que el partido que haya ganado en la mayoría solamente tenga dos miembros en un ayuntamiento, en este caso el presidente y el síndico y los otros, los regidores sean de partidos de oposición”.

“Sin embargo, creo que en el tema de gobernabilidad tampoco se afecta porque lo que se requiere, me parece, en este tipo de sistemas electorales es que estos cuerpos colegiados sepan llegar a acuerdos, no que impongan su voluntad a través de la mayoría que tienen, sino que logren las políticas públicas a través de los consensos con las demás fuerzas políticas”.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente de los casos Tepalcingo y Totolapan, señaló que “en dado caso si se pensara que hay un problema de gobernabilidad sería derivado de la aplicación de la regla, regla que tenemos que aplicar en tanto que no se encuentra justamente atacada respecto de su inconstitucionalidad y convencionalidad ni esta resulta manifiesta en principio. Entonces, pues simple y sencillamente es el diseño que libremente ha elegido el Estado de Morelos para dar a sus ayuntamientos”.

En tanto, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, apoyó la resolución pero acotó que “la gran diferencia es que en la libertad configurativa que tienen todas las entidades federativas el legislador del Estado de Morelos tomó otra determinación y nos obliga, en efecto, la aplicación de la norma más aún de que esta per se no es impugnada”.

“Por ende, la observancia de la misma y en efecto, me uno al tema de una supuesta, en caso de que la hubiese, gobernabilidad por tomar en cuenta justamente al momento de hacer la sub y sobrerrepresentación al presidente municipal y al síndico, no es un tema impugnado aquí en cuanto a la constitucionalidad de la norma, y no es un criterio que nosotros podamos emitir en una sentencia si no se hace valer el tema”.

Esto significa que todavía permanece en suspenso cómo resolverá la Sala Superior el resto de los asuntos relacionados con el tema, porque en los casos Totolapan y Tepalcingo no fue invocado algún rasgo de inconstitucionalidad y, por lo tanto, los magistrados no entraron a la discusión del fondo del asunto y se centraron en la aplicación de la norma. 

El magistrado Francisco Hurtado Delgado afirma que no hay razones para que los integrantes del Pleno del tribunal electoral sean sometidos a juicio político, como lo piden regidores electos inconformes con las resoluciones del órgano.

El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, consideró que no hay causal para pretender someterlo a juicio político y sostuvo que las sentencias del tribunal, que fueron apegadas a la ley, están todavía bajo el escrutinio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no han alcanzado definitividad.

Luego de que un grupo de regidores electos amenazó con iniciar acciones legales en su contra por supuesto conflicto de intereses e intervenir a favor de algunos partidos por el tema de la asignación de regidurías, consideró delicado que haya juicios adelantados y que se pretenda incoar un juicio político contra los magistrados del TEEM, cuando aún no culmina la cadena impugnativa.

Recalcó que el TEEM emitió resoluciones apegadas en derecho en tiempo y forma, y los magistrados cumplieron con la responsabilidad de resolver todas y cada una de la impugnaciones, que actualmente están en revisión en la Sala Superior.

Dijo que el que acusa está obligado a acreditar con pruebas, y “no aprecio ninguna razón para presentar este juicio ante el Congreso de la Unión. Además violarían el artículo 116 de la Constitución Federal (que habla) de la independencia y autonomía del órgano jurisdiccional”.

Además, señaló que la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las consideraciones o criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales locales en sus resoluciones, no pueden constituir parte de un procedimiento de juicio político.

Advirtió a quienes pretenden enjuiciarlos, que “lo único que se está generando es un costo que tendrán que pagar los impugnantes a los abogados que los representan de manera innecesaria, y son los únicos beneficiados”.

Insistió en que el debate sobre la asignación de regidurías en los municipios es un tema de legalidad que tendrá que resolver la Sala Superior y no el Congreso de la Unión.

Regidores electos consideran que incurrieron en conflicto de intereses al reunirse con representantes del TEPJF para defender su postura en la asignación de regidurías.

Regidores electos de más de 10 municipios esperan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme el criterio de asignación de regidurías del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para garantizar la pluralidad en los cabildos. Además, anunciaron que promoverán juicio político contra magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEEM) por cabildear a favor de partidos.

La semana pasada, un grupo de alcaldes y síndicos electos refutaron el criterio del Impepac -que hace unos días fue confirmado por la Sala Regional Ciudad de México- por considerar que, al contabilizar a la totalidad de los miembros de los cabildos para la distribución de las regidurías por el principio de representación proporcional, se les coartaba la posibilidad de contar con regidores afines  y se les colocaba en una posición de desventaja numérica y política que podría provocar problemas de gobernabilidad en los municipios.

En contraste a esta postura, ahora regidores electos de los municipios de Totolapan, Tepalcingo, Zacatepec, Tlalnepantla, Emiliano Zapata, Ayala, Huitzilac, Atlatlahucan, Ocuituco y Yecapixtla defendieron la asignación que realizó el Impepac, porque consideran que el criterio adoptado por el instituto materializó la participación y representación de las fuerzas políticas minoritarias en los cabildos.

Lamentaron que los magistrados del TEEM, al resolver las impugnaciones, hayan modificado el criterio del Impepac y ordenado una redistribución de regidurías, pero sin contabilizar a los ediles y síndicos electos, en detrimento de otras fuerzas políticas y la pluralidad que debería existir en los cabildos.  

“Consideramos ilegal y desproporcionado el criterio utilizado por los magistrados locales, ya que de manera arbitraria determinan no tomar en consideración los índices de sobre y sub-representación que deben de observar al momento de integrar  los órganos de gobierno, situación que resulta benéfica para los partidos mayoritarios, ya que en muchos de nuestros municipios  el control del ayuntamiento lo tendría un solo municipio y podrían tomarse decisiones y determinaciones sin el consenso político de las demás fuerzas políticas”, señalaron en un pronunciamiento conjunto y en compañía de sus representantes legales.

Los regidores electos esperan que la Sala Superior del TEPJF confirme sus designaciones “en beneficio del pluralismo y la participación política de todas las fuerzas con grado de representación en los municipios”.

También anunciaron que promoverán ante el Congreso de la Unión un juicio político contra los magistrados del TEEM y, particularmente, contra Francisco Hurtado Delgado, luego de que se reunieron con magistrados y funcionarios de la Sala Superior del TEPJF para defender su criterio de asignación de regidurías, a pesar de existir un evidente conflicto de intereses y favorecimiento hacia algunas fuerzas políticas.

Precisaron que en el caso de Totolapan, cuya resolución fue puntera en el TEEM en el tema de regidurías, Hurtado Delgado se excusó de conocer el asunto por su familiaridad con la representante del Panal, Kenia Lugo Delgado. Sin embargo, el 1 de noviembre, él y sus compañeros Carlos Alberto Puig Hernández y Martha Elena Mejía acudieron a la Sala Superior, a persuadir a los magistrados de la Sala Superior y defender su criterio en este caso y el resto de las impugnaciones, con el que pretenden dar mayoría en los cabildos a los ediles. 

La magistrada presidenta no confirma si se reactivará el concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que es legal y temporal la designación de ocho jueces, pero dejó en el limbo la reactivación del concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

Reconoció que en el TSJ hay esposas e hijos de magistrados trabajando en el TSJ, pero que no ingresaron en su administración y con el tiempo obtuvieron carrera judicial; y en el caso de la designación reciente de ocho jueces, no se tomó en cuenta su familiaridad, sino su experiencia, y aseguró que la decisión fue apegada a la ley.

“No hay ningún impedimento legal para ello. Desde mi gestión se ha respetado la carrera judicial. La ley establece que debemos designar primeramente a los jueces menores, y después los jueces menores tienen el derecho de ser de primera instancia”.

“Sólo se está cubriendo temporalmente (las vacantes de juez) por una contingencia que hubo al interior del Poder Judicial y todos, la mayoría de las personas que se privilegió, son funcionarios que tienen más de 17 años, 25 años, a los cuales antes no se les tomaba en consideración”, dijo.

Sin abundar y dar argumentos de la selección de los perfiles de los recién nombrados jueces de manera interina, Cuevas López evadió responder por qué se mantiene trunco el concurso de oposición para la designación de 13 juzgadores de primera instancia y menores, y dejó en el limbo el proceso que se inició el año pasado. “En su momento les haremos de su conocimiento qué es lo que prosigue con las convocatorias”, dijo parca, tras acudir a Palacio de Gobierno para cabildear su proyecto de presupuesto para 2019.

Agrupaciones como la Barra de Abogados y el Foro Morelense de Abogados protestaron contra las designaciones, por considerar que se privilegió la familiaridad y los amiguismos, y se discriminó a personal del TSJ con vasta carrera judicial y a litigantes que cubren el perfil para impartir justicia.

Además de que pusieron en tela de juicio el congelamiento del concurso de oposición que en el 2017 la misma Cuevas López convocó para designar a jueces, en el que se gastaron más de 600 mil pesos que fueron gestionados por el TSJ y triangulados con los hermanos Omar y Orlando de Lassé Cañas. 

Policías del municipio de Benito Juárez lo acusan de malos tratos.

Por segunda ocasión, el que fuera jefe de la Policía en Cuernavaca y Cuautla, José Pérez Abarca, fue sacado a empujones de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, en Cancún, en el estado de Quintana Roo, donde fue nombrado como encargado de despacho por Alberto Capella Ibarra, extitular de la CES en Morelos y actual secretario de Seguridad Pública de aquella entidad.

Por la redes sociales se viralizó el video en el que se observa cómo varios policías sacan a empellones de las oficinas al jefe policiaco, quien en septiembre de 2015 vivió una experiencia similar cuando fue literalmente fue echado de su despacho por sus subordinados cuando fungió como responsable del Mando Único en el municipio de Cuautla, en Morelos.

De acuerdo con diversos portales de noticias de Quintana Roo, los policías se sublevaron presuntamente por malos tratos y por carecer de equipo básico y armamento (ya que varios carecen de licencia para portar armas), así como por recibir órdenes para combatir el crimen organizado pese a que no está legalmente en su jurisdicción.

Por Twitter, Alberto Capella Ibarra, como fue su estilo cuando fungió en Morelos como titular de la CES, calificó como grave el comportamiento de los policías y les advirtió que estos actos no los tolerará.

La Barra de Abogados exige la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición.

Organizaciones de abogados protestaron por la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, no sólo porque no fueron sometidos a un concurso de oposición sino porque los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, señaló que la designación evidenció el nepotismo y el amiguismo que prevalece en el TSJ, lo cual explica porque hay jueces con capacidades cuestionables y que haya rezago en la administración de justicia.

Consideró no sólo inmoral sino discriminatoria la designación, pues se excluyó de la oportunidad de ocupar alguna de esas plazas a personal del TSJ con una larga trayectoria judicial y a los litigantes que tienen experiencia, trayectoria académica y capacidad para impartir justicia.

También recordó que el año pasado se anuló una convocatoria y luego se emitió una nueva, que quedó trunca, para concursar 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, en las que se gastó más de 600 mil pesos que fueron triangulados entre Carmen Cuevas López, el otrora titular del Secretariado Estatal de Seguridad, Omar de Lassé Cañas; y su hermano Orlando, del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que “calificó” parte de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes.

Velasco Alcocer exigió la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición, para que el personal del TSJ y litigantes puedan competir en igualdad de condiciones.

Dijo que, probablemente, algunos de los que fueron nombrados jueces tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, el nepotismo y compradrazgo, al que deben su nombramiento, pone en duda su reputación.

Insistió en que la forma de darle confiabilidad a las designaciones es necesariamente a través de un nuevo concurso de oposición, que permita en plazos razonables cubrir los requisitos para registrarse como aspirantes y ser evaluados.

Agregó que en caso de que la postura de la Barra de Abogados sea ignorada por el TSJ, se recurriera a las vías legales.

También el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó los nombramientos de los ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ.

Un ejemplo, señaló, es el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.  

“Gran parte de los jueces que designó, tienen relación o tienen familiaridad con magistrados de su grupo como es el licenciado Aquino, que es justamente hijo de la magistrada Aquino, cuando existen diferentes perfiles”.

“A mí me gustaría saber qué se tomó en cuenta para designar a estos jueces, porque existen secretarios de acuerdos que tienen 28 o 30 años de carrera y han estado a la espera de que se les pueda dar la oportunidad. Y, por supuesto, como no son hijos de ninguna magistrada o no tienen relación con ningún político encumbrado, entonces no pueden ser tomados en cuenta”, recalcó.

Al igual que su homólogo de la Barra de Abogados, cuestionó por qué no fue concluido el proceso para la asignación de plazas de jueces convocado el año pasado, o por qué no fue convocado un nuevo concurso de oposición, e insistió en esto es una muestra de cómo prevalecen los intereses de grupo y corrupción en el TSJ.

Hasta el momento, el TSJ no ha fijado una postura sobre las inconformidades e inquietudes que surgieron y, de acuerdo con fuentes consultadas, hay un acuerdo entre magistrados para ignorar el tema y dejar que al paso de los días se olvide, al menos en los medios de comunicación.