Laboraron en cuatro municipios e incurrieron en desacato judicial;  no podrán desempeñar nuevos cargos mientras dure su sanción.

El tribunal anuncia mayor rigor contra las nuevas administraciones.

Ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca quedaron inhabilitados por el Tribunal Justicia Administrativa (TJA) para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, al quedar firmes las sanciones impuestas por desacato judicial.

A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó las controversias constitucionales promovidas por los anteriores miembros  de los Cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, con el argumento de que los quejosos habían culminado su periodo constitucional y habían obtenido amparos, el magistrado del TJA, Jorge Estrada Cuevas, aclaró que la protección de la justicia federal sólo fue para evitar su destitución por haber sido electos por la vía del voto, pero no los protegió de la inhabilitación decretada.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de la ex regidora Gudelia Colín Moreno, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

“Lo que pasa es que esos amparos que se les otorgaron fueron contra la orden de destitución, más no contra la inhabilitación. Entonces, este tribunal en diversos expedientes destituyó a los servidores públicos, recuerdo, por ejemplo, que formaron parte de los municipios de Cuautla, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaquiltenango, entre otros”.

“De ellos, promovieron el amparo y les concedieron la protección constitucional contra la destitución, pero no solamente fueron (por parte del TJA) destituidos, también fueron inhabilitados. Lo que significa que si ahora piensan ingresar a la administración pública federal, estatal o municipal, ya no como servidores públicos de elección popular sino como designación o nombramiento, estarían incurriendo en una responsabilidad porque están inhabilitados”, explicó.

El magistrado Jorge Estrada Cuevas advirtió que el tribunal será más severo con las nuevas administraciones municipales que no cumplan con las sentencias del TJA, pues si bien harán llamados a cumplir con las sentencias heredadas por las administraciones anteriores, estos irán acompañados con apercibimientos de multas de 100 veces la unidad de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos) e irán en aumento, hasta llegar al arresto, la destitución e inhabilitación si los miembros de los ayuntamientos incurren en reiterado incumplimiento de las sentencias del tribunal.

“Las administraciones municipales que asumieron el cargo a partir del 1 de enero, están igualmente obligadas al cumplimiento de las sentencias y no vamos a iniciar un procedimiento de apercibimiento para el cumplimiento, sino que vamos a partir de ese momento en que nos quedamos con las administraciones pasadas”.

“Si ellos han aprendido, nosotros también hemos aprendido en el sentido de que la ley no ha sido declarada inconstitucional por cuanto a las inhabilitaciones, entonces si vamos a seguir requiriendo, vamos a seguir imponiendo arrestos a los servidores públicos y en su caso las destituciones para aquellos que no tengan la protección constitucional y la inhabilitación”.

Exhortó a las autoridades municipales a que cumplan con las sentencias del TJA, de lo contrario, la advertencia es que “de no cumplir, se van a tener que sujetar a las sanciones que la ley les impone por la morosidad, por la contumacia, en el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por este tribunal”.

De acuerdo con los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los magistrados de las salas y el Pleno tienen facultades para cesar e inhabilitar hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Aunque llegó a la SCJN las inconformidades de los ayuntamientos contra la norma, el alto tribunal no entró hasta ahora al análisis de fondo del asunto y las disposiciones afectarán a las nuevas administraciones municipales. De acuerdo con el TJA, hay más de 600 sentencias que no han sido cumplidas por los municipios.