En hashtag: tja

Plantean regreso a la actividad el próximo 18 de enero.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) está laborando para atender las demandas que se han acumulado por el tiempo de suspensión forzado por la pandemia de covid-19. 

Manuel García Quintanar, magistrado presidente del (TJA), recordó que se reanudaron actividades el pasado 3 de agosto y en esta semana han recibido un número considerable de demandas, que de alguna manera se acumularon por el tiempo que ha durado la jornada de distanciamiento social total.  

Dijo que en este momento en el que el semáforo está en naranja, en el tribunal está laborando el cincuenta por ciento del personal, con todas las medidas sanitarias, tanto para los justiciables como para el personal.

Confió en que con la mitad de los empleados será factible ir desahogando los expedientes de forma paulatina sin mayor rezago, aunque naturalmente habrá cierto ritmo, acorde con las circunstancias.  

En las demandas referidas hay todo tipo de casos, lo mismo infracciones de tránsito que clausuras indebidas, contratos, situaciones de responsabilidad y denuncias por presuntos actos indebidos de elementos de seguridad pública. 

“Contamos con personal y equipamiento para hacer frente a la función jurisdiccional” expresó García Quintanar, al asegurar que la ausencia de dos magistrados por ahora no implica mayor afectación.  

Explicó que respecto los dos magistrados que concluyeron su periodo, se habilitó a secretarios de estudio y cuenta para que cumplan funciones de magistrado. Además, están trabajando con los mismos equipos de personas que tenían ambos, puesto que ya tienen experiencia en la labor jurisdiccional.  

Respecto a dichas designaciones, que corresponden al Congreso local, el magistrado presidente expresó que en el tribunal son respetuosos de la tarea legislativa y enfatizó que estarán atentos a los procedimientos que realicen para integrar a los nuevos magistrados, pero también de los efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberán ser agregados en el engrose correspondiente. 

El presidente municipal de Totolapan propone la creación de un fideicomiso que garantice el manejo de dichos recursos para hacer frente al pago de laudos en alcaldías.

Ante el riesgo de destitución que enfrentan de municipios como Jantetelco, Jonacatepec, Tetecala y Xochitepec, el presidente municipal de Totolapan, Sergio Livera Chavarría, propuso la creación de un fideicomiso que garantice el manejo de estos recursos para hacer frente al pago de laudos, o el retorno del cinco por ciento de las participaciones que desde 2013 la administración estatal retiró a los municipios para la creación del Mando Único.

Señaló que, en el caso de Totolapan, son alrededor de 40 millones de pesos los que se deben en laudos, algunos con cantidades de hasta un millón de pesos, por lo que se mantienen en negociaciones con los afectados para llegar a la conciliación y evitar la destitución del Cabildo, como ya ocurrió en Puente de Ixtla.

Totolapan es uno de los municipios con mayor número de demandas a pesar de ser un municipio pequeño, de 52 demandas laborales que había al inicio de la administración pasada, el alcalde en turno recibió 294 demanda laborales, de las cuales 100 se están solventando en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Sin embargo, confirmó que en este municipio ubicado al oriente del estado está latente el problema de destitución, por lo que aplaudió los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que a través de una controversia constitucional se puede detener la destitución porque ni con la destitución se solucionan los problemas, ya que el suplente estaría en la misma situación.

“Por eso se requiere un trabajo en conjunto con los tres niveles de gobierno y que los abogados y demandantes se pongan del lado de los municipios, porque no recibimos la administración en la mejor condición económica”, expuso el alcalde.  

En este sentido, la próxima semana se reunirán con el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, para abordar este tema y la modificación al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el cual se buscará regresar el cinco por ciento de las participaciones a los municipios.

El secretario municipal negó haber recibido alguna notificación o exhorto por parte del TJA por un supuesto adeudo con una empresa constructora.

Cuautla.- Luego de que la tarde del lunes circulara un documento en el que supuestamente la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) daba a conocer la destitución del alcalde, del síndico y regidores del Ayuntamiento de este municipio por un presunto incumplimiento en el pago de una deuda de poco más de tres millones de pesos a una empresa constructora con razón social “Construcción y Pavimentación Regional Especializada S.A. de C.V., el secretario municipal, Ricardo Arizmendi Reynoso, negó haber recibido notificación o exhorto alguno por parte del TJA acerca de la destitución de los integrantes del Cabildo y, en su caso, llamar a la realización de una sesión para tomar protesta a los suplentes.

Sin embargo, el funcionario refirió que en primera instancia habría que verificar si en efecto existe sentencia alguna que precise el llamado a las autoridades suplentes, además de también el que el Ayuntamiento haya hecho caso omiso a las recomendaciones del TJA al respecto del cumplimiento de la resolución, pero que al momento no existe ninguna notificación.

“Desde hace un año o dos hemos tenido diversidad de destituciones; sin embargo, hoy, el Cabildo, específicamente el presidente municipal, ha girado las instrucciones para que al momento que se tenga una notificación de ese tipo, se informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos”, señaló el secretario municipal.

Agregó que de cualquier forma, el área jurídica del municipio se encuentra atenta a los temas relacionados con las destituciones y a poder dar cumplimiento a las sentencias.

Finalmente, Arizmendi Reynoso subrayó que el destituir a un Cabildo para nombrar a otro no es la solución, ya que, a fin de cuentas, no hay recursos económicos para hacer frente a dicha situación. Por lo que refrendó que ya se realizó la petición al Congreso y al gobierno del estado para solicitar una partida presupuestal extraordinaria de 170 millones de pesos para que, de esta manera, se dé cumplimiento al pago de las sentencias que se tienen en puerta.

Los afectados pueden ampararse para tratar de frenar la medida.

Por desacato judicial, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución e inhabilitación del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, cuyos integrantes buscan la protección de la justicia federal para evitar que se consume su cese.

Este 4 de septiembre, la sala notificó al ayuntamiento de su resolución, dentro del expediente TJA/3ª/09/2017, por la cual determinó la destitución del presidente municipal, Mario Ocampo Ocampo; de Verónica Torres Rebollar, síndica municipal; y los regidores Israel Alemán Cárdenas, Gilberto Rojas Cárdenas, Ramiro Macedo Domínguez, Cristóbal Acevedo Aguirre y Rubén Morales Ozaeta, así como su inhabilitación para ocupar cargo por seis años.

Lo anterior, con base en los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que faculta a los magistrados de las salas y al Pleno para cesar e inhabilitar  hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por su resistencia a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por este tribunal.

La destitución e inhabilitación obedeció a que el ayuntamiento no acató la resolución que ordenó el pago de más de un millón de pesos a un ex elemento de la policía municipal que, como consecuencia de un accidente automovilístico mientras estaba en funciones, quedó inválido y la comuna lo habría dejado a su suerte, sin pagarle su pensión y prestaciones por incapacidad permanente.

El Cabildo tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo y solicitar la suspensión para intentar frenar su remoción.

También los extesoreros son requeridos para que cubran las sanciones aplicadas por el TJA, que deben cumplirse aunque ya no estén en el cargo.

Las autoridades hacendarias locales pueden promover embargos o inmovilización de cuentas bancarias.

La Secretaría de Hacienda de Morelos comenzó a requerir a los ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales para que paguen las multas que les fueron impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por el incumplimiento de sentencias y que no pagaron durante su gestión.

El magistrado del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que la terminación de sus trienios, no significa que puedan eludir su responsabilidad legal de cubrir de su peculio las multas que alcanzaron hasta las 100 unidades de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos), pero que, en la medida en que persistió el incumplimiento, se fueron acumulando no sólo en número, sino en la cantidad de expedientes, en que no se ejecutó la sentencia por parte de las autoridades municipales responsables.

“Todos aquellos servidores públicos de los ayuntamientos que terminaron su ejercicio, entregaron a los nuevos cabildos, pero se quedaron con el problema de las multas que el tribunal les impuso. ¿Qué significa esto? Significa que no se quedaron exentos de la sanción que les impuso el tribunal, porque la Secretaría de Hacienda les está requiriendo en sus domicilios particulares el pago de las multas y para eso está acudiendo a sus domicilios y está trabando embargos, sobre bienes de esos servidores públicos y, en algunos casos, la Secretaría de Hacienda tendría la posibilidad de inmovilizar algunas cuentas (bancarias) de estas personas”, explicó.

Señaló que prácticamente los 33 ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales recibieron multas del TJA por incumplimiento de las sentencias, principalmente relacionadas con indemnizaciones a elementos de seguridad pública destituidos que no fueron pagadas.

“Este es un llamado, porque si se piensa que se puede burlar el cumplimiento de las sentencias, es no es cierto, el brazo de la justica los va a alcanzar donde se encuentren ellos”, advirtió.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa, el tribunal tiene la facultad de aplicar diversas medidas de apremio para hacer cumplir sus sentencias, que van desde la amonestación, multa o arresto por 36 horas, hasta la destitución e inhabilitación por seis años para ocupar cargos públicos.

Recordó que ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca, si bien obtuvieron amparos para evitar su destitución, quedó firme la inhabilitación decretada por el tribunal para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, como sanción al desacato judicial.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de una ex regidora, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

Laboraron en cuatro municipios e incurrieron en desacato judicial;  no podrán desempeñar nuevos cargos mientras dure su sanción.

El tribunal anuncia mayor rigor contra las nuevas administraciones.

Ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca quedaron inhabilitados por el Tribunal Justicia Administrativa (TJA) para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, al quedar firmes las sanciones impuestas por desacato judicial.

A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó las controversias constitucionales promovidas por los anteriores miembros  de los Cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, con el argumento de que los quejosos habían culminado su periodo constitucional y habían obtenido amparos, el magistrado del TJA, Jorge Estrada Cuevas, aclaró que la protección de la justicia federal sólo fue para evitar su destitución por haber sido electos por la vía del voto, pero no los protegió de la inhabilitación decretada.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de la ex regidora Gudelia Colín Moreno, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

“Lo que pasa es que esos amparos que se les otorgaron fueron contra la orden de destitución, más no contra la inhabilitación. Entonces, este tribunal en diversos expedientes destituyó a los servidores públicos, recuerdo, por ejemplo, que formaron parte de los municipios de Cuautla, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaquiltenango, entre otros”.

“De ellos, promovieron el amparo y les concedieron la protección constitucional contra la destitución, pero no solamente fueron (por parte del TJA) destituidos, también fueron inhabilitados. Lo que significa que si ahora piensan ingresar a la administración pública federal, estatal o municipal, ya no como servidores públicos de elección popular sino como designación o nombramiento, estarían incurriendo en una responsabilidad porque están inhabilitados”, explicó.

El magistrado Jorge Estrada Cuevas advirtió que el tribunal será más severo con las nuevas administraciones municipales que no cumplan con las sentencias del TJA, pues si bien harán llamados a cumplir con las sentencias heredadas por las administraciones anteriores, estos irán acompañados con apercibimientos de multas de 100 veces la unidad de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos) e irán en aumento, hasta llegar al arresto, la destitución e inhabilitación si los miembros de los ayuntamientos incurren en reiterado incumplimiento de las sentencias del tribunal.

“Las administraciones municipales que asumieron el cargo a partir del 1 de enero, están igualmente obligadas al cumplimiento de las sentencias y no vamos a iniciar un procedimiento de apercibimiento para el cumplimiento, sino que vamos a partir de ese momento en que nos quedamos con las administraciones pasadas”.

“Si ellos han aprendido, nosotros también hemos aprendido en el sentido de que la ley no ha sido declarada inconstitucional por cuanto a las inhabilitaciones, entonces si vamos a seguir requiriendo, vamos a seguir imponiendo arrestos a los servidores públicos y en su caso las destituciones para aquellos que no tengan la protección constitucional y la inhabilitación”.

Exhortó a las autoridades municipales a que cumplan con las sentencias del TJA, de lo contrario, la advertencia es que “de no cumplir, se van a tener que sujetar a las sanciones que la ley les impone por la morosidad, por la contumacia, en el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por este tribunal”.

De acuerdo con los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los magistrados de las salas y el Pleno tienen facultades para cesar e inhabilitar hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Aunque llegó a la SCJN las inconformidades de los ayuntamientos contra la norma, el alto tribunal no entró hasta ahora al análisis de fondo del asunto y las disposiciones afectarán a las nuevas administraciones municipales. De acuerdo con el TJA, hay más de 600 sentencias que no han sido cumplidas por los municipios.

Por cesación de efectos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, en la que reclamaba la invalidez de las disposiciones que facultan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para destituir e inhabilitar a presidentes municipales y a cabildos por incumplimiento de sus sentencias.

El ayuntamiento ixtleco solicitó al Alto Tribunal la invalidez de los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que facultan a los magistrados de las salas y el Pleno para cesar e inhabilitar a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Al analizar la controversia 267/2017, por mayoría de seis votos, el Pleno resolvió sobreseer el recurso de control constitucional bajo dos argumentos. El principal, porque hubo cesación de efectos, ya que las autoridades municipales quejosas concluyeron su período el 31 de diciembre de 2018.

El segundo argumento, porque también hubo cesación de efectos porque los otrora servidores públicos municipales promovieron de manera individual sendos juicios de garantías y, en todos los casos, se les concedió el amparo y el TJA dejó sin efectos la orden de destitución e inhabilitación.

La partida es menor a la del año pasado; el órgano jurisdiccional planteó una suma de 41 millones de pesos; le autorizaron 33.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se inconformó ante el Congreso del estado por el presupuesto asignado en el Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores por 33 millones de pesos, dos millones menos en relación con el 2018.
Mediante un oficio remitido a la LIV Legislatura, los magistrados del TJA solicitaron que se acate la resolución de un juez que ordenó asignar el presupuesto necesario para cubrir el pago de salarios y los gastos del tribunal.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos que aprobó el G-15 el 8 de enero pasado, sólo se autorizaron 33 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que la propuesta que los magistrados presentaron era mayor a los 41 millones de pesos.
Aunado a la reducción del presupuesto a dicho tribunal, ayer, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó que el G-15 no había etiquetado recursos para el TJA, así como tampoco para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).
Tras haberse dado cuenta de su error y, mediante el "Anexo 29", que se envió al Poder Ejecutivo el pasado lunes, los legisladores asignaron presupuesto a los dos órganos; al primero, 33 millones de pesos, y al segundo, 18 millones.
La legisladora priista sostuvo que dicha omisión es un error grave, ya que el anexo que incluyeron en el Paquete Económico se envió fuera del periodo extraordinario de sesiones que se abrió exclusivamente para desahogar el tema presupuestal.

En tanto, trabajadores del Ayuntamiento protestaron en la sede del Congreso por la falta de pagos.

El Congreso del estado exhortó al alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, se abstenga de modificar el tabulador salarial con la finalidad de sindicalizar a trabajadores allegados, a menos de dos meses de que concluya su administración municipal. Mientras tanto, empleados del ayuntamiento protestaron ante el Congreso del estado, ya que no han cobrado su salario en las últimas tres quincenas y sus prestaciones fueron suspendidas. 

Desde las nueve de la mañana de ayer, decenas de trabajadores del gobierno municipal arribaron al recinto legislativo y pidieron la intervención de los legisladores, ya que son 800 los afectados por las medidas del edil.

Los inconformes se quejaron porque el presidente municipal sólo ha justificado el incumplimiento de sus obligaciones por la falta de recursos financieros.

Ante la propuesta de los trabajadores, los legisladores locales aprobaron, en sesión ordinaria, un punto de acuerdo para exhortar al alcalde a que se abstenga de regularizar cargos en el gobierno municipal y de modificar el tabulador de salarios, sólo para beneficiar a familiares y gente cercana que trabaja en su administración, con la intención de sindicalizarlos.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla explicó desde la tribuna que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió que es improcedente otorgar pensión a algún trabajador, por lo que también solicitó a Tadeo Nava cumplir con esa orden y cancelar las pensiones que había autorizado.

La designación de Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo obedece a intereses de la actual administración estatal.

Dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se encuentran en la mira del Congreso local, no sólo por los señalamientos de la Secretaría de la Contraloría, sino porque la anterior legislatura realizó maniobras legales para garantizar que Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo conservaran su adscripción a las salas especializadas en responsabilidades administrativas y el control de la presidencia del tribunal.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, se pondrá a discusión una posible revisión a las actuaciones particularmente de ambos magistrados, ante las sospechas de irregularidades o negligencia en el desempeño del cargo, luego de que la directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruedas Zacarías, se reunió con el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, para exponer la protección a funcionarios corruptos desde el TJA y los obstáculos jurisdiccionales que enfrenta para imponer sanciones.

Según las fuentes consultadas, también podría ser motivo de discusión en el Congreso la reforma que la pasada legislatura realizó a la Ley de Justicia Administrativa el 29 de agosto, cuando los anteriores diputados fracasaron en su intento por designar a dos nuevos magistrados del TJA, debido a una suspensión federal concedida a un litigante que impugnó la convocatoria para los nombramientos.

Y es que en los artículos transitorios de la reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 31 de agosto, los otrora diputados garantizaron a los “magistrados carnales” mantener su adscripción a las salas especializadas y el control de la presidencia del TJA.

En el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa se estableció que el magistrado presidente del TJA será electo con el voto de al menos cinco de los magistrados y durará en el encargo dos años.

Pero en los artículos transitorios tercero y cuarto de la reforma, los anteriores diputados establecieron que partir del 1 de enero de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2020, asumirá la presidencia del tribunal el titular de la Cuarta Sala, Manuel García Quintanar, quien -antes de asumir la magistratura- fungía como coordinador general de asesores de la Secretaría de Gobierno durante el gobierno de Graco Ramírez, era militante del partido Movimiento Ciudadano y colaborador cercano del exdiputado y exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 asumirá la presidencia el titular de la Quinta Sala, Roque González Cerezo, militante panista y quien -previo a su designación- se desempeñaba como funcionario legislativo. Hasta el 1 de enero de 2023 la elección de la presidencia será conforme a lo previsto en la ley.

Ambos magistrados, cuya designación en su momento fue considerada “a modo” del gobierno en turno, podrán permanecer en su adscripción a las Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas durante nueve años o lo que dure su encargo.

Ante la denuncia de la funcionaria de la Secretaría de la Contraloría y estas reformas legislativas, es que el Congreso analiza la situación en el TJA.

Como respuesta a las acusaciones de un diputado, evidencia negligencia de magistrados.

La directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruelas Zacarías, acusó en redes sociales a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de proteger a funcionarios corruptos y obstaculizar procesos sancionadores.

Luego de la comparecencia de la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, ante el Pleno del Congreso, en la que expresamente el diputado José Casas González cuestionó la eficacia de la dependencia para fincar responsabilidades a funcionarios o exfuncionarios, y pidió tomar medidas contra empleados “flojos”, Ruelas Zacarías respondió a través de las redes sociales al legislador, para defender el trabajo que realiza junto con colaboradores en la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.

En un texto preciso, la funcionaria pidió al legislador no sólo darle el beneficio de la duda, sino la oportunidad de exponerle de frente una serie de obstáculos que enfrenta la dirección a su cargo, debido a una serie de “criterios” adoptados por varios magistrados del TJA, que “inclusive, están decretando nulidades por la derogación de algunos artículos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diputado: (y) yo no puedo ser juzgada por eso”.

“Por otra parte le quiero contar, distinguido Diputado, lo que el TJA está haciendo mal, y es que no son dueños de la verdad y están cometiendo atropellos para ayudar a sus protegidos, le daré algunos ejemplos con el compromiso de entregar los documentos que sustentan mi dicho”.

Describió que hay un aviador en el Instituto de Educación Básica (IEBEM) que litiga las resoluciones de la Secretaría de la Contraloría y que fue compañero de partido de uno de los magistrados del TJA, quien curiosamente tiene en su sala todos los asuntos de este funcionario, “pero lo más interesante son los argumentos que el magistrado invoca para anular nuestras resoluciones: imagínese, me anuló una inhabilitación aludiendo a que el servidor público sancionado tiene dos hijas menores a las que les debe sufragar alimentos e invocó el interés superior del menor. Nunca se había visto eso, en una materia en donde debe prevalecer el interés del Estado”.

Sin especificar el nombre, señaló que el magistrado aludido también radicó indebidamente una demanda de nulidad, aun cuando uno de sus homólogos la desechó por notoriamente extemporánea y, al preguntarle por qué lo hizo, dijo que no se dio cuenta.

Otro magistrado, narró, desde junio de 2017 tiene guardado en su escritorio un juicio de nulidad, donde la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas impuso 24 sanciones a ocho servidores públicos y, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.

Expuso que un tercer magistrado decretó erróneamente que operaba una caducidad y, aun cuando la dirección a su cargo interpuso un medio de aclaración por escrito, la respuesta fue que no entendía.

Ruelas Zacarías lamentó que las Salas Cuarta y Quinta, que fueron creadas como salas especializadas en responsabilidades administrativas, sólo integran un expediente, según declaraciones del propio presidente del TJA, Jorge Estrada Cuevas.

El texto fue posteado por usuarios de la red social al diputado José Casas, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien este martes se reunió con la funcionaria, con el objetivo de escucharla y conocer con precisión las presuntas omisiones e irregularidades imputadas a miembros del TJA. 

Así lo disponen recientes reformas a la ley del órgano.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) deberá hacer un registro de los abogados que litiguen en este órgano jurisdiccional y crear un Pleno Especializado para el desahogo de asuntos relacionados con responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Con la vigencia de las últimas reformas a La Ley de Justicia Administrativa, este tribunal está obligado a crear un registro de abogados que garantice que cuenten con título universitario y cédula profesional para ejercer, para dar certeza jurídica a los justiciables de que sus representantes legales son profesionales del derecho.

La reforma en vigor desde el 1 de septiembre también dotó al TJA de facultades para que en los procedimientos de designación de beneficiarios de elementos de seguridad pública, se garantice a los menores, incapacitados o adultos mayores el derecho a percibir el mínimo vital que les permita subsistir, mientras se concluye el procedimiento.

“Esto atendiendo a la dura realidad que viven las familias de los elementos de seguridad del Estado o de los Municipios acaecidos (sic) en servicio, los cuales en muchos de los casos el elemento de seguridad finado era el único sustento para la familia”.

Además, se realizó una “reingeniería” al Tribunal de Justicia Administrativa para otorgarle funcionalidad a su nueva integración, al pasar de cinco a siete el número de magistrados, y dar paso a la creación de un Pleno Especializado conformado por cuatro magistrados para desahogar principalmente los recursos que se interpongan en los procedimientos ordinarios y en los que se apliquen sanciones derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En un artículo transitorio, estableció que prevalecen los derechos adquiridos por los magistrados titulares de la Cuarta y Quinta Sala, Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo, respecto de sus adscripciones a las dos Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas, por el plazo para el que originalmente fueron designados, así como respecto de la rotación de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Es decir, que ambos conformaron el Pleno Especializado, al igual que los dos nuevos magistrados que, en su momento, nombre el Congreso.  

La disposiciones reformadas son los artículos 1, 4, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 28; y se adicionó el artículo 3 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

La creación de dos nuevas magistraturas hace necesario duplicar el presupuesto del órgano: Estrada Cuevas.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) pedirá duplicar su presupuesto para el 2019, con el propósito de solventar los gastos que sobrevendrán una vez que el Congreso designe a las personas que ocuparán las dos magistraturas de reciente creación.

El magistrado presidente del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que para este año el Congreso le asignó 35 millones de pesos y –recientemente- recibió del Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal de 6.5 millones, que equivale a un total de 41.5 millones para operar durante el 2018.

Destacó que en el proyecto de presupuesto para el 2019 el TJA solicitará la asignación de 70 millones de pesos para solventar emolumentos de los dos nuevos magistrados que serán nombrados, y al menos 20 oficiales judiciales y secretarios de acuerdos para la operación de las nuevas salas, los gastos de infraestructura, mobiliario y demás insumos que se requieran para el funcionamiento óptimo del tribunal.

Sostuvo que esta propuesta presupuestal sólo contempla los gastos de “operación óptima” para el próximo año fiscal, y adelantó que espera que en breve haya un acercamiento con los representantes de la administración estatal que encabezará el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para explicar las razones de los recursos solicitados para el año siguiente.

La deuda que podría heredar la siguiente administración estatal podría superar los 12 mil millones de pesos, estima comisión de enlace.

La comisión de transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo manifestó que la actual administración no ha mostrado voluntad de realizar el proceso de entrega-recepción de forma transparente, y calculan que los adeudos no bancarios que podrían heredar superan los 12 mil 300 millones de pesos.

“Es como un campo minado y las bombas le estallarán al próximo gobierno”, expresó el coordinador de la comitiva de Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera, quien cuestionó el por qué la actual gestión no resuelve en el tiempo que le queda problemas como la necesidad de recursos para la universidad del estado, los conflictos en materia de transporte, o asuntos de seguridad que se han exacerbado en las últimas semanas.

En conferencia de prensa, el equipo más cercano al gobernador electo advirtió que -hasta ahora- las reuniones de las dos comisiones para la entrega-recepción se han limitado a comentar lo que los funcionarios en turno consideran logros, y no se les ha entregado información detallada sobre varios aspectos, como los recursos que hay en las arcas públicas y cuáles son los asuntos que están pendientes de pagos.

Además de la opacidad en la información, el vocero destacó que mientras se llevan a cabo las mesas de trabajo, el gobierno estatal -junto con la Legislatura en turno- han realizado "acciones engañosas que dañan al estado".

“Vemos que la intención que tienen es provocar un escenario de ingobernabilidad planificada para que estalle al ingreso de la nueva administración a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo”, expresó, al destacar que se han llevado a cabo reformas legales y nombramientos de último minuto de funcionarios, además de autorizar pensiones doradas que implican un oneroso impacto a las finanzas estatales. 

Advirtió que no tolerarán que funcionarios de la administración saliente que hayan incurrido en irregularidades salgan impunes, al plantear que la actitud plantea la sospecha de desvío de recursos.
Aseveró que si no hay un cambio de actitud, esperarán hasta el primero de octubre para comenzar con la revisión del estado en el que se encuentra la administración, y ya no acudirán a las reuniones que estaban programadas.

Sanz Rivera reiteró que no es necesario que el próximo gobierno nombre al gabinete, y consideró que las declaraciones del actual secretario de Gobierno, Ángel Colín, significan una injerencia o intromisión. "Le decimos que no presione al gobernador electo ni al equipo”.

Respecto a la división entre diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el coordinador expresó que para el gobernador electo, esos son asuntos internos, no intervendrán, es decisión individual de cada diputado y se respetará la división de poderes.

De manera enfática, los integrantes de la comisión dieron a conocer la inconformidad con problemas que se están dejando a la siguiente administración, al apuntar -como ejemplo- que hay obras no terminadas, como la sede del Congreso local, que no está concluida ni tiene servicios de agua y energía eléctrica, y otras obras de las que se desconoce si hay adeudos con las constructoras.

Como medida preventiva se dio a conocer que ya se reunieron con empresas expertas en auditorías a gobiernos, las cuales comenzarán a trabajar cuando tome posesión la nueva administración.

Mirna Zavala, integrante de la comisión, mencionó que cuando entren en funciones a través de la Contraloría se realizarán las revisiones y, si encuentran algo irregular, darán parte a quien sea competente, ya sea de tipo administrativo o penal.

Sanz Rivera apuntó que ya están analizando escenarios posibles, como rescates financieros, tanto con el actual gobierno federal como con el entrante.
El abogado Cipriano Sotelo Salgado comentó que -de igual forma- se analizan las vías legales factibles, al destacar que se está ignorando por completo lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción, que dice que al término e inicio de un ejercicio constitucional, el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
La comisión receptora deberá tomar conocimiento de la situación que guarda la administración, desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos y, en su caso, obras públicas en proceso, de tal manera que al momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente la marcha de la actividad pública correspondiente.
También enumeran  la “reforma constitucional que exige la participación de las 2/3 (sic) partes de los cabildos municipales, cuando antes sólo se requería la mitad más uno de los municipios, buscando con ello complicar a la nueva legislatura revertir las reformas legales que tanto han indignado en la sociedad, como la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado que mantendrá al titular Uriel Carmona Gándara por nueve años en el cargo, creando un impedimento en la investigación de actos de la administración estatal; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, en donde el fiscal general Uriel Carmona designó al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Núñez por siete años en el cargo, para cubrir la investigación de actos de la administración estatal”.

Añaden a esta estrategia de impunidad “La reforma a la Ley de Presupuesto del 2018, que duplica los fondos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 320 millones a 740 millones de pesos; la reforma a la Ley del Notariado del estado de Morelos, que despoja al gobernador entrante de la facultad de revisar los protocolos de las notarías, sobre todo de aquellos que estén de licencia, como la número 6 de Cuernavaca, Morelos, que fue entregada al actual fiscal Uriel Carmona Gándara”.

Y añaden la aprobación de jubilaciones doradas a más de 180 empleados de primer nivel y familiares a cargo del erario, sin cumplir con los requisitos legales.
“La desviación de 40 millones de pesos a favor de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, quitándole ese dinero del impuesto a la nómina e impulso de los atractivos de Morelos de los fideicomisos empresariales; la reforma legal destinada a ampliar el número de magistrados de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, pretendiendo impulsar a dos familiares de diputados actuales para ese cargo”, también fueron referidas como parte de la actitud cuestionable de la actual administración.
Alejandro Villarreal Gasca informó que la deuda bancaria de la que han tenido conocimiento hasta ahora es de más de cinco mil millones de pesos, pero hizo notar que les preocupan los adeudos que no son formales y que se podrían dejar pendientes para que estallen en el mes de diciembre, recién iniciada la gestión de Blanco Bravo, si no hay dinero en las arcas, como el pago de trabajadores de salud, aguinaldos a maestros, pagos a proveedores, demandas laborales, entre otros.

Estimaron que esa deuda no bancaria podría superar los 12 mil 300 millones de pesos, pero el monto puede ser mayor, ya que no se les ha dado la información precisa que han requerido.

El fallo judicial impide a la legislatura saliente designar a dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Un juzgado federal otorgó al abogado Jaime Castera Moreno la suspensión definitiva, lo que impedirá a la legislatura saliente designar a los dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Luego de que el pasado 8 de agosto los diputados lanzaron otra convocatoria para intentar ejecutar la designación antes del 1 de septiembre, el juez quinto de distrito, con sede en Cuernavaca, este lunes concedió al abogado y aspirante a magistrado la suspensión definitiva, que si bien permite que corra el proceso previsto, impide que se designe y tome protesta.

En virtud de que la LIII Legislatura fenecerá en cuatro días, la naturaleza de la suspensión implica que el juicio de amparo promovido por el aspirante inconforme seguirá su curso, pero impedirá que los todavía diputados realicen el nombramiento exprés, como era la intención.  

En este juicio de garantías, el abogado planteó reclamó vicios de origen desde la elaboración de la convocatoria por parte de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, hasta la corta temporalidad para cubrir una serie de requisitos y los escasos días que le quedan a la actual legislatura para llevar a cabo un análisis profundo y objetivo de la trayectoria, los antecedentes profesionales y una evaluación del desempeño de los aspirantes a ocupar una magistratura en el TJA.

El pasado 12 de julio, el juez segundo de distrito concedió a Castera Moreno la primera de dos suspensiones contra la convocatoria emitida por el Congreso el 9 de julio, lo cual frustró el intento de la legislatura en ocaso de realizar una designación rápida en el TJA. También, hace unos días la justicia federal concedió la suspensión provisional, con los mismos efectos, a la asociación civil Abogados Unidos por México. 

Después de tres años de litigio, deberá ser ungido como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

Después de tres años de litigio, el abogado Guillermo Arroyo Cruz derrotó por la vía judicial a los diputados de la legislatura en ocaso y deberá ser ungido como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cuernavaca, anunció que causó ejecutoria la resolución del juicio de amparo 1915/2017 a favor del litigante, luego de que la LIII Legislatura –que concluirá el 31 de agosto- no impugnó la sentencia.

“Se declara que la resolución dictada con fecha 1 de agosto de 2018, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar”, estableció una porción de acuerdo emitido por el juzgado federal que -a su vez- precisó que el Congreso y la Junta Política y de Gobierno -en un plazo de 15 días- deberán acatar la sentencia y tomar protesta a Arroyo Cruz para que de inmediato pueda entrar en funciones, para cubrir la vacante que dejó el ahora magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

En agosto de 2015, Guillermo Arroyo Cruz fue designado por la anterior legislatura como relevo de Orlando Aguilar Lozano, quien estaba a dos meses de cumplir los 65 años para su retiro forzoso, pues entonces la Constitución local establecía esa edad límite para ejercer jurisdicción.

Sin embargo, Aguilar Lozano promovió juicios de amparo y le fueron otorgadas sendas suspensiones para mantenerse en el cargo, lo que impidió que Arroyo Cruz tomase protesta como magistrado.

Tras revocar la designación de Guillermo Arroyo y varios intentos de desplazar a Aguilar Lozano para nombrar a su nuevo reemplazo (que se pretendía fuera una persona cercana a los diputados del PRD), el primero continuó la lucha en los tribunales y, el segundo, en abril de 2018 llegó un acuerdo con el Congreso para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado en tanto se ejecuta la sentencia de amparo a favor de Guillermo Arroyo.

Adicionalmente, la legislatura culminará con la frustrada intención de nombrar a dos nuevos magistrados, tras reformar la ley para aumentar de tres a cinco las magistraturas del TJA. Por suspensiones concedidas por la justicia federal al abogado y aspirante Jaime Castera Moreno y la organización Abogados Unidos por México, no podrá designar ni tomar protesta a los que resulten electos. 

Un juzgado federal otorgó una nueva suspensión provisional que trunca la pretensión del Congreso local de nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Esta vez, el juicio de amparo fue promovido por la organización civil Abogados Unidos de México, a la que el Juzgado Primero de Distrito le concedió la medida cautelar para que la legislatura que concluye en diez días se abstenga de hacer las designaciones de quienes ocuparán las recién creadas magistraturas.

Y es que en al menos dos ocasiones, la legislatura en ocaso intentó realizar la designación de manera exprés sin lograrlo, gracias a los juicios de amparo promovidos por el abogado Jaime Castera Moreno, uno de los aspirantes a ocupar una de las dos magistraturas del TJA en juego y quien se inscribió en las dos convocatorias lanzadas por el Poder Legislativo.

Con esta suspensión provisional otorgada a la asociación Abogados Unidos por México, cuyo representante legal es también Castera Moreno, suman ya tres medidas cautelares concedidas por jueces federales que frustran los nombramientos.

Frustran intento de diputados por nombrar a incondicionales en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El proceso para la designación de dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que inició el Congreso del estado el 9 de agosto pasado, fue suspendido nuevamente por orden del Juzgado Quinto de Distrito.

Apenas, la Junta Política y de Gobierno del Congreso local concluyó con el registro de aspirantes a una magistratura, en base a la convocatoria emitida el jueves pasado, y el abogado Jaime Castera Moreno fue notificado por el juzgado federal sobre la suspensión provisional para que la LIII Legislatura se abstenga de designar a los dos magistrados.

Jaime Castera Moreno, como aspirante a una magistratura del TJA, impugnó el proceso iniciado por el Poder Legislativo, al considerar que los diputados pretendían designar dichos cargos por la vía rápida y mediante actos violatorios de la ley.

El abogado planteó en su juicio de garantías vicios de origen desde la elaboración de la convocatoria por parte de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, hasta la corta temporalidad para cubrir una serie de requisitos y los escasos días que le quedan a la actual legislatura para llevar a cabo un análisis profundo y objetivo de la trayectoria, los antecedentes profesionales y una evaluación del desempeño de los aspirantes a ocupar una magistratura en el TJA.

En julio pasado, la asociación de Abogados Unidos por México impugnó la convocatoria que entonces emitió el Congreso local para concretar los mismos nombramientos, y obtuvo la suspensión de la justicia federal, por lo que los diputados determinaron dejar sin efectos el proceso.

El pasado 12 de julio, el juez segundo de distrito concedió a Castera Moreno una primera suspensión contra la convocatoria emitida por el Congreso el 9 de julio, lo cual frustró el intento de la legislatura en ocaso de realizar una designación rápida en el TJA.

Los diputados locales pretendían concretar los nombramientos de los magistrados en un periodo extraordinario de sesiones, para lo cual abrieron un periodo de registro de aspirantes desde el lunes pasado y hasta las tres de la tarde de ayer. 

Aunque de manera oficial no se informó sobre la participación de abogados para ocupar dichos cargos, se dio a conocer que al menos 15 aspirantes se registraron, y entre los nombres se encontraba el de Roberto Soto Castor, esposo de la diputada Hortencia Figueroa Peralta.

Logró una resolución favorable de un juzgado de distrito; el Congreso podría interponer recursos contra esa decisión.

El abogado Guillermo Arroyo Cruz pidió al Congreso de Morelos tomarle de inmediato protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que un juzgado de distrito le concedió el amparo para efecto de que entre en funciones.

Luego de impugnar la decisión del Congreso de revocar su designación como magistrado del TJA y obtener la protección de la justicia federal, señaló que los diputados deberían tomarle protesta para ocupar el lugar que dejó vacante el magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

Afirmó que la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito fue contundente, al resolver que los diputados violentaron sus derechos humanos, al negarle la garantía de audiencia antes de revocar su designación y por no aplicar la ley, ya que la única vía para anular su nombramiento era través de un juicio político, lo cual era imposible al no poder entrar en funciones.

“Es un acto de justicia, la legislatura actual podría ya en este momento tomarme protesta incluso a través de un periodo extraordinario de sesiones, con un único punto del día o, en su defecto, la diputación permanente podría hacerlo”, dijo.

La sentencia fue notificada el 6 de agosto al Poder Legislativo, quien tiene 10 días hábiles para impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado. Pero para Arroyo Cruz recurrir la resolución del juzgado de distrito, sería solamente “recursos dilatorios” para que la próxima legislatura atienda el asunto.

En agosto de  2015 Orlando Aguilar Lozano, ahora magistrado en retiro, promovió sendos amparos, cuando la anterior legislatura designó para ocupar su lugar como magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que un juez federal concedió una suspensión  a favor de Aguilar Lozano, quien alegó que aún no concluía su periodo de ocho años y que era discriminado por razones de edad al haber cumplido 65 años, límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Aguilar Lozano no sólo se mantuvo en el cargo al promover un nuevo juicio de garantías, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo, y emitió una nueva convocatoria para sustituirlo, pero no prosperó.

En abril de 2018 Aguilar Lozano llegó un acuerdo con el Congreso, para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura, mientras que Arroyo Cruz recurrió de nuevo a la justicia federal, que hace unos días le otorgó el amparo para tomar protesta.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado, en tanto culmina el pleito jurídico y se define quien debe ocupar la magistratura que dejó vacante Orlando Aguilar.