La designación de Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo obedece a intereses de la actual administración estatal.

Dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se encuentran en la mira del Congreso local, no sólo por los señalamientos de la Secretaría de la Contraloría, sino porque la anterior legislatura realizó maniobras legales para garantizar que Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo conservaran su adscripción a las salas especializadas en responsabilidades administrativas y el control de la presidencia del tribunal.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, se pondrá a discusión una posible revisión a las actuaciones particularmente de ambos magistrados, ante las sospechas de irregularidades o negligencia en el desempeño del cargo, luego de que la directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruedas Zacarías, se reunió con el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, para exponer la protección a funcionarios corruptos desde el TJA y los obstáculos jurisdiccionales que enfrenta para imponer sanciones.

Según las fuentes consultadas, también podría ser motivo de discusión en el Congreso la reforma que la pasada legislatura realizó a la Ley de Justicia Administrativa el 29 de agosto, cuando los anteriores diputados fracasaron en su intento por designar a dos nuevos magistrados del TJA, debido a una suspensión federal concedida a un litigante que impugnó la convocatoria para los nombramientos.

Y es que en los artículos transitorios de la reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 31 de agosto, los otrora diputados garantizaron a los “magistrados carnales” mantener su adscripción a las salas especializadas y el control de la presidencia del TJA.

En el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa se estableció que el magistrado presidente del TJA será electo con el voto de al menos cinco de los magistrados y durará en el encargo dos años.

Pero en los artículos transitorios tercero y cuarto de la reforma, los anteriores diputados establecieron que partir del 1 de enero de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2020, asumirá la presidencia del tribunal el titular de la Cuarta Sala, Manuel García Quintanar, quien -antes de asumir la magistratura- fungía como coordinador general de asesores de la Secretaría de Gobierno durante el gobierno de Graco Ramírez, era militante del partido Movimiento Ciudadano y colaborador cercano del exdiputado y exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 asumirá la presidencia el titular de la Quinta Sala, Roque González Cerezo, militante panista y quien -previo a su designación- se desempeñaba como funcionario legislativo. Hasta el 1 de enero de 2023 la elección de la presidencia será conforme a lo previsto en la ley.

Ambos magistrados, cuya designación en su momento fue considerada “a modo” del gobierno en turno, podrán permanecer en su adscripción a las Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas durante nueve años o lo que dure su encargo.

Ante la denuncia de la funcionaria de la Secretaría de la Contraloría y estas reformas legislativas, es que el Congreso analiza la situación en el TJA.