La deuda que podría heredar la siguiente administración estatal podría superar los 12 mil millones de pesos, estima comisión de enlace.

La comisión de transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo manifestó que la actual administración no ha mostrado voluntad de realizar el proceso de entrega-recepción de forma transparente, y calculan que los adeudos no bancarios que podrían heredar superan los 12 mil 300 millones de pesos.

“Es como un campo minado y las bombas le estallarán al próximo gobierno”, expresó el coordinador de la comitiva de Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera, quien cuestionó el por qué la actual gestión no resuelve en el tiempo que le queda problemas como la necesidad de recursos para la universidad del estado, los conflictos en materia de transporte, o asuntos de seguridad que se han exacerbado en las últimas semanas.

En conferencia de prensa, el equipo más cercano al gobernador electo advirtió que -hasta ahora- las reuniones de las dos comisiones para la entrega-recepción se han limitado a comentar lo que los funcionarios en turno consideran logros, y no se les ha entregado información detallada sobre varios aspectos, como los recursos que hay en las arcas públicas y cuáles son los asuntos que están pendientes de pagos.

Además de la opacidad en la información, el vocero destacó que mientras se llevan a cabo las mesas de trabajo, el gobierno estatal -junto con la Legislatura en turno- han realizado "acciones engañosas que dañan al estado".

“Vemos que la intención que tienen es provocar un escenario de ingobernabilidad planificada para que estalle al ingreso de la nueva administración a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo”, expresó, al destacar que se han llevado a cabo reformas legales y nombramientos de último minuto de funcionarios, además de autorizar pensiones doradas que implican un oneroso impacto a las finanzas estatales. 

Advirtió que no tolerarán que funcionarios de la administración saliente que hayan incurrido en irregularidades salgan impunes, al plantear que la actitud plantea la sospecha de desvío de recursos.
Aseveró que si no hay un cambio de actitud, esperarán hasta el primero de octubre para comenzar con la revisión del estado en el que se encuentra la administración, y ya no acudirán a las reuniones que estaban programadas.

Sanz Rivera reiteró que no es necesario que el próximo gobierno nombre al gabinete, y consideró que las declaraciones del actual secretario de Gobierno, Ángel Colín, significan una injerencia o intromisión. "Le decimos que no presione al gobernador electo ni al equipo”.

Respecto a la división entre diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el coordinador expresó que para el gobernador electo, esos son asuntos internos, no intervendrán, es decisión individual de cada diputado y se respetará la división de poderes.

De manera enfática, los integrantes de la comisión dieron a conocer la inconformidad con problemas que se están dejando a la siguiente administración, al apuntar -como ejemplo- que hay obras no terminadas, como la sede del Congreso local, que no está concluida ni tiene servicios de agua y energía eléctrica, y otras obras de las que se desconoce si hay adeudos con las constructoras.

Como medida preventiva se dio a conocer que ya se reunieron con empresas expertas en auditorías a gobiernos, las cuales comenzarán a trabajar cuando tome posesión la nueva administración.

Mirna Zavala, integrante de la comisión, mencionó que cuando entren en funciones a través de la Contraloría se realizarán las revisiones y, si encuentran algo irregular, darán parte a quien sea competente, ya sea de tipo administrativo o penal.

Sanz Rivera apuntó que ya están analizando escenarios posibles, como rescates financieros, tanto con el actual gobierno federal como con el entrante.
El abogado Cipriano Sotelo Salgado comentó que -de igual forma- se analizan las vías legales factibles, al destacar que se está ignorando por completo lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción, que dice que al término e inicio de un ejercicio constitucional, el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
La comisión receptora deberá tomar conocimiento de la situación que guarda la administración, desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos y, en su caso, obras públicas en proceso, de tal manera que al momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente la marcha de la actividad pública correspondiente.
También enumeran  la “reforma constitucional que exige la participación de las 2/3 (sic) partes de los cabildos municipales, cuando antes sólo se requería la mitad más uno de los municipios, buscando con ello complicar a la nueva legislatura revertir las reformas legales que tanto han indignado en la sociedad, como la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado que mantendrá al titular Uriel Carmona Gándara por nueve años en el cargo, creando un impedimento en la investigación de actos de la administración estatal; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, en donde el fiscal general Uriel Carmona designó al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Núñez por siete años en el cargo, para cubrir la investigación de actos de la administración estatal”.

Añaden a esta estrategia de impunidad “La reforma a la Ley de Presupuesto del 2018, que duplica los fondos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 320 millones a 740 millones de pesos; la reforma a la Ley del Notariado del estado de Morelos, que despoja al gobernador entrante de la facultad de revisar los protocolos de las notarías, sobre todo de aquellos que estén de licencia, como la número 6 de Cuernavaca, Morelos, que fue entregada al actual fiscal Uriel Carmona Gándara”.

Y añaden la aprobación de jubilaciones doradas a más de 180 empleados de primer nivel y familiares a cargo del erario, sin cumplir con los requisitos legales.
“La desviación de 40 millones de pesos a favor de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, quitándole ese dinero del impuesto a la nómina e impulso de los atractivos de Morelos de los fideicomisos empresariales; la reforma legal destinada a ampliar el número de magistrados de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, pretendiendo impulsar a dos familiares de diputados actuales para ese cargo”, también fueron referidas como parte de la actitud cuestionable de la actual administración.
Alejandro Villarreal Gasca informó que la deuda bancaria de la que han tenido conocimiento hasta ahora es de más de cinco mil millones de pesos, pero hizo notar que les preocupan los adeudos que no son formales y que se podrían dejar pendientes para que estallen en el mes de diciembre, recién iniciada la gestión de Blanco Bravo, si no hay dinero en las arcas, como el pago de trabajadores de salud, aguinaldos a maestros, pagos a proveedores, demandas laborales, entre otros.

Estimaron que esa deuda no bancaria podría superar los 12 mil 300 millones de pesos, pero el monto puede ser mayor, ya que no se les ha dado la información precisa que han requerido.