Su padre asegura que hay más implicados en la red en la que figuran trabajadores de la Fiscalía y del TSJ

Familiares de Tonatiuh Tlalapango Flores, el joven secuestrado y asesinado por empleados del Poder Judicial del estado, marcharon este domingo para exigir justicia, a dos años del terrible crimen.

Decenas de amigos y familiares encabezados por el padre del joven, Fabián Tlalapango Carrasco, caminaron desde la iglesia de El Calvario hasta el Centro de Cuernavaca para exigir a las nuevas autoridades que intervengan para acelerar las investigaciones, que implican a más personas, además de los tres detenidos y procesados por el asesinato de Tonatiuh.

“Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Tonatiuh, secuestrado y asesinado por, como todo mundo lo sabe, por personal en ejercicio de funciones del Tribunal Superior  de Justicia y del Poder Judicial. Se cumplen dos años y es nuestra manifestación porque a dos años no hemos tenido respuesta, sigue el caso parado”, dijo el padre de la víctima, quien también se ha unido a colectivos de víctimas para exigir que los casos avancen en la fiscalía y en los juzgados.

“No hay resultados. Hemos insistido mucho, hemos sido muy necios en ese aspecto, sin embargo, entendemos la actitud de la Fiscalía, en particular de la UECS, pues ha tenido, en el sexenio pasado tuvo la bendición, tuvo línea, consideración, consideraciones excéntricas, entonces, por eso entendemos el actuar de la Fiscalía, las omisiones, la negligencia por contar con ese tipo de consideraciones.

“A Cuauhtémoc Blanco y al nuevo Congreso les diría que por favor trabajen en desatorar esos acuerdos que hicieron en lo oscurito, esos acuerdos malandros, para que podamos nosotros ser escuchados y tener justicia”, expresó.

Dijo que entre los pendientes que dejó el gobierno de Graco Ramírez está la justicia para las familias de las víctimas y uno de los casos emblemáticos es el de Tonatiuh, pues las investigaciones que realizó la propia familia arrojaron que sus plagiarios y asesinos, quienes eran servidores públicos en los poderes Judicial y Ejecutivo de Morelos, pudieron utilizar sus cargos para cometer el crimen.

De acuerdo con las investigaciones de Fabián Tlalapango, las tres personas detenidas por este caso cometían sus actos criminales presuntamente protegidos por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.