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Tribunales federales protegen a jueces y trabajadores de las decisiones tomadas por la comisión de transición del TSJ, instaurada ilegalmente por la magistrada presidenta.

Tribunales colegiados confirmaron la protección de la justicia federal a favor de más de un veintena de jueces y trabajadores judiciales, e invalidaron los procedimientos administrativos y sanciones que les fueron impuestas por los magistrados de la Comisión de Transición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque dicho órgano carecía de competencia y operó ilegalmente por más de un año.

De acuerdo con información recabada, la mayor parte de las acciones disciplinarias y sanciones impuestas por la comisión que integró la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón Vega, fueron por impugnadas ante la justicia federal que, en juzgados de distrito, declaró la incompetencia e ilegalidad de la cuestionada comisión y, en tribunales colegiados, confirmó el criterio.

Lo anterior, porque, una vez extinto el Consejo de la Judicatura, debió cumplirse con la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018, que ordenó la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El criterio adoptado por los juzgados y tribunales federales fue que, del 5 de abril de 2018 al 3 de junio de 2019, fecha en que se instauró la junta y se integró (lo cual todavía se dirime paralelamente ante la justicia federal por cuanto a la designación de la magistrada Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo) la Comisión de Transición no tenía competencia para iniciar procedimientos administrativos e imponer sanciones a personal judicial.

Incluso, los tribunales colegiados, también fijaron como criterio que era inoperante el acuerdo general de Pleno del TSJ, aprobado por un grupo de magistrados y con el voto de calidad de Cuevas López como magistrada presidenta el 15 de mayo de 2019, con el que se pretendió validar los actos de la Comisión de Transición

Este acuerdo fue rechazado por los magistrados disidentes, quienes habían advertido del galimatías legal y las consecuencias jurídicas que traería para el TSJ la negativa de Cuevas López de instalar en tiempo y forma la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

En consecuencia, dicha junta ha sido obligada a reponer los procedimientos y a emitir nuevas resoluciones debidamente fundadas y motivadas.

Congreso aguarda resolución de la Suprema Corte.

Tras la resolución judicial que favoreció al magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norberto Calderón Ocampo para que el Congreso del estado garantice su ratificación al cargo por 20 años, el diputado José Luis Galindo Cortez, aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolverá a favor de terminar con los abusos en el Poder Judicial.
El diputado pesedista afirmó que el caso del magistrado Norberto Calderón no fija ningún precedente, pues la Corte analiza de fondo el tema, luego del decreto que aprobó el Congreso para anular la permanencia por 20 años de los magistrados del Poder Judicial.
Apuntó que sólo es cuestión de tiempo para que el máximo tribunal del país resuelva el caso que propició la LIII Legislatura, cuando autorizó ratificar a los actuales es magistrados por 20 años, cuando la Constitución Política del Estado señala que el período máximo es de 14 años.
"En cuanto resuelva el acto de no constitucionalidad la Suprema Corte en relación a los 20, en automático queda sin efectos este amparo. Es así de sencillo, y no deja ningún precedente", explicó Galindo Cortez, quien impulsó el acuerdo para anular la disposición que garantizaba la permanencia por 20 años en el cargo de los magistrados.
Se espera que esta semana, el Pleno del Congreso del Estado emita un acuerdo para garantizar el derecho del magistrado Norberto Calderón a su ratificación por 20 años, en cumplimiento a una resolución judicial.

En sus cuatro años al frente del Poder Judicial ha emitido 20 nombramientos a favor de mujeres y sólo cinco a hombres; implicaría responsabilidad como servidora pública.

Durante los cuatro años que ha ejercido el cargo de magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) –de 2016 a la fecha– la juez María del Carmen Verónica Cuevas López ha nombrado a 20 mujeres en diversos cargos del Poder Judicial y tan solo a cinco hombres, lo que evidentemente se contrapone al principio de equidad de género.   

De acuerdo con versiones de trabajadores del Poder Judicial, quienes han solicitado el anonimato, al parecer, si se busca un ascenso, sólo es posible lograrlo si cumplen como requisito sin equa non el ser mujer.

Específicamente refieren que, desde mayo de 2016 cuando se eligió a Cuevas López como titular del Poder Judicial del Estado, la magistrada buscó ejercer una política de empoderamiento de su género, aunque “sin un proyecto ordenado”.

En este mismo sentido, los trabajadores inconformes señalaron que dicha “política ha tenido como resultado una grave violación al principio de igualdad entre mujeres y hombres” dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos”.

De acuerdo con una lista proporcionada por los empleados del TSJ, de 2016 a la fecha, la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas ha realizado los siguientes 20 nombramientos a mujeres:  

Sandra Leticia Pliego Ordóñez (secretaria particular); Alma Patricia Salas Ruiz (asesor jurídico de la Presidencia); Carmen Paulina Toscano Vera (oficial Mayor); Leodegaria Murias Guzmán (secretaria General de Acuerdos); Jessica Liliana Ramírez Díaz (directora de Orientación Familiar).

Asimismo, se designó a Bertha Paredes Loyola, en Orientación Familiar de Cuautla; Librada de Guadalupe Pérez Meza, como juez Segundo Civil en Cuernavaca; Georgina Ivonne Morales Torres, como juez Tercero Civil en Cuernavaca; Alicia Sotelo García, como juez Cuarto Civil Cuernavaca; Ana Leticia Estrada Pérez, como juez Sexto Civil de Cuernavaca; Edilberta Salgado Nájera, como juez Séptimo Civil de Cuernavaca y Rosa María Aquino Roblero, como juez Octavo Civil de Cuernavaca.

Finalmente, la veintena de nombramientos femeninos la completan Beatriz Maldonado Hernández (juez Civil Jonacatepec); Ariadna Arteaga Dirzo (juez Civil Xochitepec); Elvira González Avilés (juez Civil Jiutepec); Teresa Soto Martínez (juez de Control); Adriana Salgado Ramírez (subadministradora Cuautla); Evelyn Nayeli Guerrero Valencia (subadministradora Jojutla); Mayra Román Ortiz (secretaria General de la Junta) y Miriam Cabrera Carmona (Directora del departamento Jurídico del TSJ).

Por su parte, sólo cinco personas del género masculino recibieron un nombramiento durante estos cuatro años: José Herrera Aquino (juez Visitador); José Manuel Jiménez Aquino (juez Civil de Tetecala); Oscar Israel Gómez Cárdenas (juez menor de Cuernavaca); Juan Beltrán Estrada (juez menor de Puente de Ixtla) y Guillermo Gutiérrez Peña (juez Menor de Cuautla).

Sin embargo, los quejosos refirieron que incluso en estos nombramientos se detectan irregularidades, ya que José Herrera Aquino y José Manuel Jiménez Aquino son, respectivamente, hijo y sobrino de la magistrada María del Carmen Aquino Celis.

No obstante, refieren, que la magistrada Cuevas López ha tomado una postura incongruente a su “política de apoyo a la mujer”, ya que ha impedido que una de sus homólogas tome posesión como Magistrada al promover una controversia constitucional sin la autorización del Pleno del TSJ, que mantiene sin ejercer el cargo a la Magistrada Guillermina Jiménez Serafín, a la que a pesar de haber ganado un amparo después de una lucha jurídica de cuatro años, le impidió ejercer la función del cargó.

El representante de los jueces en la Junta de Administración debe asumir el cargo, aunque sigue en su contra el proceso que cuestiona la legalidad de su nombramiento.

Alejandro Becerra Arroyo entrará en funciones de representante de los jueces en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, luego de que un tribunal colegiado revocó la suspensión concedida a una juez que impugnó la designación.

De acuerdo con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito dentro del incidente en revisión  286/2019, la suspensión otorgada por el Juez Séptimo de Distrito a la juez  del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mireya Díaz Cerón, sí causa afectaciones al interés social, ya que el órgano colegiado local no está debidamente integrado al no estar en funciones   uno de sus tres integrantes.

“Empero, siendo dos únicamente los integrantes sin la participación del tercero a quien se impide su actuación por medio de la suspensión, la Junta citada, no podría funcionar por mayoría, sino que tendría que ser unanimidad de sus integrantes, esto es, de no estar en funciones los tres miembros, no podría resolver por mayoría, sino que todas las decisiones se tomarían por unanimidad o no se resolvería nada al no contar con el tercer elemento que decida a qué opinión se uniría en mayoría.

“Además, las decisiones administrativas y de vigilancia son actos de gran trascendencia institucional y jurídica, por lo que, incluso, se debe exigir que, al emitirlos, los órganos competentes estén legalmente integrados, y a mayor abundamiento, por no existir disposición que impidan resolver por mayoría, entonces como ya se dijo, dos miembros no podrían resolver por mayoría; de ahí que aun cuando respecto de las resoluciones disciplinarias el legislador estableció expresamente que podrían tomarse por mayoría, no debe perderse de vista que se requiere la presencia de todos los integrantes para resolver, ya sea por unanimidad o por mayoría, en la que cumplan, además, con las garantías de fundamentación y motivación”, argumentó el tribunal en su resolución.

Recalcó que, de mantenerse la medida cautelar, “se pondría en riesgo el derecho de acceso a la justicia de los gobernados, es decir, de toda la sociedad”. No obstante, subrayó que la revocación de la suspensión no prejuzga el fondo del asunto, ya que la legalidad o no de la designación de Becerra Arroyo será materia de la sentencia de fondo.

Pese a esta resolución, persiste la polémica jurídica sobre integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, ya que existen varios juicios de amparo en curso y en revisión, que en los que se dirime la ilegalidad de los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces en el órgano colegiado que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura.

El criterio de los juicios de amparo hasta ahora resueltos –y que se encuentran en revisión- es que fue ilegal la designación porque se realizó solo con la asistencia y voto de nueve magistrados, y no existió el quorum necesario (la presencia de 12 magistrados) para llevar a cabo los nombramientos, y por ello se ordenó la reposición del procedimiento.

Un grupo de legisladores analiza combatir la resolución dictada por la justicia federal.

Denya Flores Rendón habría obtenido su jubilación de manera ilegal.

Una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez a la ex candidata del PRD a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” que aprobó la anterior legislatura y quien presuntamente habría obtenido la jubilación de manera ilegal.

En cumplimiento de una ejecutoria de amparo, los magistrados de la Primera Sala del TSJ revisaron el caso y, por unanimidad, resolvieron confirmar la vinculación a proceso únicamente por el delito de fraude procesal, al considerar que el segundo delito que le fue imputado (uso de documento falso) era subsumido por el primero.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), fueron recabados más de 20 datos que indicaron que la ex candidata y ex directora de Recursos Humanos del Congreso local no cumplió con los requisitos previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para obtener una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como trabajadora del Poder Legislativo.

En abril de 2019 la actual legislatura revocó varios decretos de pensión por jubilación, a cuyo paquete se le llamó “pensiones doradas”, ya que los beneficiarios no solo no cumplieron con los requisitos de ley, sino que la mayor parte de ellos eran familiares y amigos de altos funcionarios de la administración graquista.

En el caso de Flores Rendón, en la revisión de su decretó se detectó que presuntamente usó documentos con información falsa para justificar 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

En noviembre pasado, la fiscalía anticorrupción rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico, como reparación del daño, de 48 mil pesos diferidos a varios meses, cuando hasta ese momento había cobrado 293 mil 592 pesos.

Ante la nueva resolución, la FECC continuará el proceso penal relacionado con la causa penal JC/698/2019 instaurada contra la ex funcionaria, quien se presume inocente en tanto no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La resolución anula nombramiento de Elda Flores León como representante de los magistrados y ratifica que la creación de la Junta de Administración fue ilegal.

El Juzgado Séptimo de Distrito del Decimoctavo Circuito concedió la protección de la justicia federal al magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, e invalidó la designación de su homóloga Elda Flores León como representante de los magistrados ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al considerar que la magistrada presidenta Carmen Cuevas López violó los derechos humanos del quejoso.

Este el cuarto amparo concedido a magistrados que integran el bloque disidente y que, de manera individual, impugnaron la integración de la junta en la sesión del 3 de junio de 2019, porque durante la votación no existió el quórum para realizar la designación de un representante de los magistrados y un representante de los jueces.

A diferencia de otras resoluciones, en este caso el Juez Sétimo de Distrito determinó conceder la protección de los justicia federal al magistrado Elizalde Figueroa en “lo que respecta al acto reclamado, consistente en el acuerdo emitido en la sesión ordinaria de tres de junio de dos mil diecinueve, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se nombra a la Magistrada Elda Flores León, como integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como sus efectos y consecuencia”.

Además de considerar  que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, al no estar presentes al momento de la votación por los menos 12 magistrados para reunir el quórum, y “al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos que invoca la parte quejosa”.

En consecuencia, el juez federal ordenó que se “dejen insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido de que deberá no sólo requerir a la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación.

En los nueve juicios de amparo promovidos contra la integración de la junta, se ha concedido la protección de la justicia federal en cuatro casos y uno fue sobreseído. Las sentencias están en revisión en tribunales colegiados y cuatro más están pendientes de resolución.

El Poder Judicial debe recuperar credibilidad y orden constitucional, afirma.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, reconoció que aspira a la presidencia del TSJ, que se renovará el próximo 17 de mayo, pero solo formalizará su candidatura si hay condiciones de unidad, para poder implementar un proyecto estratégico para recuperar el diálogo, la credibilidad y el orden constitucional en el Poder Judicial.

En los últimos días, varias organizaciones civiles y de abogados se reunieron con Arenas Ángeles para externar su preocupación por los desencuentros y la crisis por la que a traviesa el Poder Judicial, en víspera del término del periodo de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López.

Agrupaciones como el Consejo Estatal de Abogados le expresaron su apoyo en caso de que decida contender por la presidencia del TSJ, por considerar que cuenta con los atributos como trayectoria judicial, credibilidad, apertura para dialogar y sensibilidad para atender la crisis interna y externa que atraviesa la administración de justicia.

Cuestionado sobre si está en condiciones de formalizar su candidatura, Arenas Ángeles explicó que no es tiempo de un “destape”, pero no negó su intención de competir por la representación del Poder Judicial solo sí se generan condiciones de unidad,  tanto en su postulación como para la implementación de un proyecto estratégico para recuperar la credibilidad y el orden constitucional en la institución.

“No podemos generar ahorita un planteamiento de un destape, ha sido la sociedad organizada la que me han (sic) invitado y me han externado que ven un buen perfil en mi persona, y no necesariamente por mi actividad crítica sino simplemente por la trayectoria que he desempeñado en los diferentes cargos.

“Sin embargo, yo no puedo ahorita destaparme, si tengo que reconocer que sí tengo interés, eso sí lo puedo  hacer. De hecho ya empecé a hacer un plan de trabajo estratégico que está construido en 17 ejes rectores”, explicó.

Detalló que el proyecto que elabora y que presentará a sus homólogos en vísperas de la elección del nuevo presidente del TSJ, consiste en garantizar la autonomía e independencia de sus juzgadores; retomar la carrera judicial; transparentar las acciones del Poder Judicial; crear un instituto de capacitación y profesionalización para los integrantes del Poder Judicial; crear un instituto de ética y jurisprudencia; retomar la facultad de decisión del Pleno y que la toma de decisiones no recaiga sobre una sola persona; retomar el diálogo y la unidad para resolver los problemas que enfrenta el Poder Judicial; terminar con el hostigamiento y persecución laboral; y recuperar la credibilidad del Poder Judicial en beneficio de la sociedad.  

También, dijo, corregir el gobierno judicial a través de una buena administración y disciplina financiera, “porque hoy existe un gran boquete de más de 126 millones de pesos por un exceso en el número de personas que se jubilaron, que prefirieron retirarse antes que continuar siendo blanco de hostigamiento laboral”, que fue la característica de la administración de la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

Recalcó que es necesario terminar con la confrontación que existe entre los Poderes del Estado, pero eso no va a ser posible en una persona.

“Yo lo que estoy proponiendo es un proyecto de unidad, en donde se logre un candidato de unidad con el mayor número de magistrados posibles. Estaré tocando la puerta de cada uno de ellos, para poderles explicar en qué consiste este proyecto y podamos tener las coincidencias.

“Y todo depende de que se generen los consensos y coincidencias para lograr este proyecto, que no es un personal, sino es un plan estratégico de carácter institucional”, recalcó.

El Poder Judicial presume recaudación histórica a través del órgano.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presumió una recaudación histórica en el Fondo Auxiliar, magistrados disidentes insistieron en que la administración de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, debe ser auditada, incluyendo el manejo de dicho fondo, conocido como “la caja secreta” del Poder Judicial.

A través de un boletín de prensa, por primera vez en toda la gestión de Cuevas López, el TSJ informó sobre el monto acumulado en el fondo y aseguró que en el 2019 recaudó 19 millones de pesos, cuyos recursos amortiguaron el recorte de 150 millones de pesos que sufrió su  presupuesto el año pasado.

“Encontré el Fondo Auxiliar con seis millones de pesos, nosotros terminamos con una recaudación de casi 19 millones de pesos. Eso habla de orden y disciplina en el Poder Judicial. Los recursos de copias certificadas que nunca llegaban al Fondo Auxiliar, hoy están bien invertidos para mejorar la calidad en el servicio de los justiciables”, aseveró Cuevas López a través del boletín informativo, en el que reiteró su disposición a que su gestión sea auditada, como lo solicitó un grupo de magistrados.

Los recursos del Fondo Auxiliar fueron invertidos en la implementación de salas lúdicas y sala de lactancia; habilitación de espacios para el Centro Morelense de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos; y el Juzgado en materia de oralidad mercantil.

Además, se invirtió en la capacitación de jueces, secretarios de acuerdos y  personal judicial; la realización del Congreso Euroamericano de Derecho de la Familia; proyectos de tecnología de la información y comunicación para mejorar las condiciones de conectividad entre los inmuebles del Tribunal; el sostenimiento del CENDI y gastos operativos del TSJ como servicios de luz, agua, telefonía y seguridad.

En contraste, el grupo de magistrados disidentes reiteró su petición al Congreso local para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realice una auditoría especial a la gestión de Cuevas López.

De acuerdo con los opositores de la magistrada presidenta, en los últimos cuatro años no existió una verdadera rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos y el Fondo Auxiliar fue ocupado como “la caja secreta” del Poder Judicial, cuyos ingresos y egresos se desconocen, ante la opacidad que prevaleció en esta administración.

Para permanecer 20 años como magistrada.

La promoción de un nuevo juicio de amparo mantiene en vilo el concurso de oposición convocado desde el 2017 para la selección de 13 jueces mixtos y menores.

La promoción de un nuevo juicio de amparo mantiene en vilo el concurso de oposición para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que desde el 2017 fue convocado por la magistrada presidente, María del Carmen Cuevas López.

En septiembre de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión 171/2019, confirmó el amparo concedido por el Juez Noveno de Distrito a uno de los aspirantes a juez y ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, publicar la lista de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa (evaluación psicométrica) y dar continuidad al proceso hasta concluir con la designación.

Aunque se reactivó el proceso y se realizó la prueba psicométrica, en octubre pasado el litigante Jaime Castera Moreno promovió el juicio de amparo 1563/2019, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, que concedió la suspensión y el concurso de oposición volvió a trabarse.

El litigante, que fue descartado para pasar a la siguiente etapa, consideró que había obtenido los resultados suficientes para continuar en la contienda e impugnó el proceso nuevamente.

Cuestionada al respecto, la magistrada presidente del TSJ Carmen Cuevas López señaló que la intención era continuar y concluir la designación de los jueces, pero debido al nuevo juicio de amparo –que está siendo combatido ante el juez federal- se tuvo que suspender.

“El concurso se reactivó, lo que pasa es que hubo uno de los aspirantes que solicitó la suspensión porque él no pasó a la siguiente etapa, entonces nosotros estamos debatiendo ante el juez federal precisamente esa suspensión, porque lo que queremos nosotros es concluir esos concurso”, indicó.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia defiende su gestión y dice estar dispuesta a ser sometida a una auditoría.

Ante crisis financiera, un grupo de magistrados pide al Congreso del estado investigar el uso de fondos durante la gestión de la presidenta María del Carmen Cuevas; se retrasó el pago de jubilaciones a pesar del suministro extraordinario de recursos.

Se pretende preparar a operadores y litigantes en torno a la extinción de las Juntas de Conciliación y la transición hacia salas especializadas en materia laboral.

Argumentan que la decisión es ilegal e inconstitucional.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron un amparo contra la prórroga, por un año más, de la adscripción  asignada a los magistrados en 2019, por considerar que fue una decisión ilegal e inconstitucional.

Por oficio, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, comunicó que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2019, se determinó mantener las adscripciones de los magistrados hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que durante el año puedan hacerse modificaciones.

En los casos de los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Carlos Iván Arenas Ángeles, los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Sexto y Noveno admitieron las demandas de amparo, mientras que en el caso del magistrado Ángel Garduño González, fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito –por lo cual ya promovió recurso de queja- y en el caso de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, se le realizó una prevención.

Los magistrados inconformes consideraron ilegal la determinación de prorrogar por una año más las adscripciones, pues la decisión se tomó en una “sesión de Pleno” que no reunió el quórum de dos terceras partes de los magistrados del TSJ, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Ambos impugnaron en 2011 el concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales.

El TSJ argumenta que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Un grupo de jueces y secretarios de acuerdos denunciaron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no les pagó el aguinaldo completo, con el argumento de que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Los afectados pidieron el anonimato por el temor a represalias por parte de la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, quien rechazó dar una solución al problema y condicionó el pago a que el Congreso sesione y resuelva el tema del presupuesto para este año.

De acuerdo con los juzgadores, no hay precedente en el Poder Judicial de adeudos en el pago del aguinaldo.  

“Este hecho jamás había ocurrido en el Poder Judicial y el argumento es que el presupuesto del 2019 se agotó y que pagarán con el presupuesto del 2020”, señalaron.

Explicaron que la administración del TSJ les insistió en que, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el aguinaldo se les pagaría en dos partes, una en diciembre y otra en enero, pero esta normatividad no les es aplicable a estos funcionarios judiciales.

Instaron a la magistrada presidenta a cubrir la prestación a la brevedad posible, ya que, en teoría, el pago debía estar contemplado en el presupuesto de 2019 y no estar sujeto al presupuesto del siguiente año.

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

El gobierno federal asignará presupuesto para implementar la reforma laboral.

El estado de Morelos estará entre las primeras entidades en implementar la reforma laboral, que básicamente consistirá en la extinción de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial estatal.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, informó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González gestionó presupuesto federal para las entidades que serán las primeras en la implementación de dicha reforma y estos recursos adicionales serán un aliciente para el tribunal local, que ya trabaja en el proyecto que se pidió a los estados para la transición de la justicia laboral a los tribunales de justicia locales.

 “Una noticia que tuvimos la semana pasada, una reunión con el ministro que está  encargado de la reforma laboral, en el sentido de que nosotros vamos a ser de los diez estados de la República que iniciamos la reforma laboral, que tenemos que tenerla establecida para octubre de 2020.

“Hay recursos federales que se van a establecer para cada estado y este fin de año, aunque salimos de vacaciones hacia los justiciables, pero nosotros internamente tenemos que hacer este programa de cómo se va ir gestionando para que ya nosotros arranquemos en octubre con la reforma laboral”, dijo.

Indicó que todavía no se sabe la cantidad de recursos que se entregará a cada estado, pero pese al recorte presupuestal se recibirán recursos ex profeso para aterrizar la reforma.