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La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en torno a la ratificación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.

La presidenta del TSJ impugnó la ratificación de su homóloga.

Un grupo de magistrados solicitó a su homóloga y presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convocar a sesión de Pleno Extraordinario, para la incorporación oficial de Guillermina Jiménez Serafín al órgano colegiado y a la nómina.

Por medio de un oficio dirigido a la representante del Poder Judicial y firmado por los diez magistrados que conforman el bloque disidente, incluida Jiménez Serafín, fue promovida la petición para que, después del convivio navideño, a las 21:00 horas del 14 de diciembre –último día laborable en el TSJ- los magistrados sesionen de manera exprés con un único punto en la orden del día.

Es decir, “que se ordene a quien corresponda, realice todos los trámites conducentes para que la Magistrada Guillermina Jiménez Serafín sea dada de alta en la nómina a efecto de que le sean cubiertos todos su emolumentos a los que tiene derecho como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las prestaciones correspondientes. Además, de todas las prerrogativas inherentes al cargo”, fue la petición concreta del bloque disidente para la realización extraordinaria de Pleno.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta tiene la obligación constitucional de atender de inmediato el asunto de la magistrada Jiménez Serafín, quien fue ratificada el pasado 4 de diciembre por el Pleno del Congreso local.

Lamentó que Cuevas López, sin consultar a los magistrados, de manera unilateral haya tomado la decisión de impugnar la ratificación de su homóloga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estas decisiones son ilegítimas porque no cuentan con el respaldo y el aval de quienes integramos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia”, dijo, y recordó que en múltiples ocasiones Carmen Cuevas ha rechazado las peticiones del bloque disidente para sesionar en Pleno, pero si mantiene su postura podría incurrir en responsabilidad por no cumplir con sus funciones y atribuciones.  

Alejandra Flores Espinoza lamenta la postura de la presidenta del Poder Judicial.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Alejandra Flores Espinoza, lamentó que por intereses particulares desde el Poder Judicial se haya impugnado el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada con 13 votos.
Ante la controversia constitucional que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, en contra de la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín como magistrada, al argumentar irregularidades en el proceso legislativo por haberse aprobado con 13 votos como mayoría calificada, Flores Espinoza dijo que se presumen intereses particulares y políticos detrás de dicha acción legal.
Sin embargo, la también coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la legalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado por el que se estableció el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada mediante 13 votos y, por consecuencia, del nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín por ocho años más.
La diputada reiteró que la finalidad de reformar el reglamento fue con la finalidad de terminar con la parálisis legislativa que por meses enfrentó el Congreso de Morelos.
"Es muy lamentable que fue también para sacar el beneficio de los trabajadores (del Poder Judicial) y que se presente esta controversia. Sin embargo, nosotros estaremos atentos a recibir las notificaciones, entregar toda la información que se necesaria y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva", manifestó Flores Espinoza.

Dice que fue ilegal aprobar con 13 diputados el nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el decreto por el cual un grupo de diputados designó “magistrada numeraria” a Guillermina Jiménez Serafín sin reunir la mayoría calificada.

Pasaron a penas 24 horas, cuando la representante del Poder Judicial acudió al tribunal constitucional para demandar “la invalidez la invalidez del Decreto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en su sesión celebrada el día de hoy 04 de diciembre de 2019, por el que se designa a GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aplicando por vez primera en perjuicio del Poder actor, la inconstitucional adición del cuarto párrafo del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2019”, que estableció que 13 votos, y no 14, son “mayoría calificada”.

De acuerdo con Cuevas López, la designación “se aprobó violándose el procedimiento legislativo, al dársele el tratamiento de asunto de urgente y obvia resolución por el voto de solo 13 de los 20 diputados presentes, es decir, sin alcanzar la mayoría calificada que exige el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”.

En la controversia constitucional 354/2019, ingresada el 5 de diciembre la magistrada presidente  insistió que la designación de Jiménez Serafín tiene  “vicios legislativos” que deberían ser objeto de invalidez.

La controversia fue turnada al ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá determinar sobre la admisión o no de la demanda. 

Cabe destacar que la ratificación por ocho años más de Jiménez Serafín, quien había solicitado licencia a la magistratura para ser representante del Poder Ejecutivo ante ahora extinto Consejo de la Judicatura, fue en cumplimiento de un juicio de amparo ganado por la juzgadora, luego de que le fue negado por el Congreso su designación por un segundo periodo.

Además, su reincorporación al TSJ inclinó la balanza numérica a favor del bando de magistrados disidentes, que ahora cuenta con 10 miembros, contra nueve del grupo de Cuevas López.  

Resoluciones de jueces tienen efectividad del 95 por ciento, dice la institución.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad y acusó que los ataques contra el órgano judicial son políticos y basados en datos falsos, al tiempo que defendió la labor de los juzgadores, al considerar que sus resoluciones tuvieron una efectividad del 95%.

A través de un comunicado, el TSJ rechazó las versiones de  funcionarios estatales y federales sobre que jueces del TSJ dejan en libertad a imputados por delitos de alto impacto y sostuvo que esos señalamientos “tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural”.

Detalló que en el 2019 consignaron a 137 personas por este tipo de delitos (homicidio, violación y secuestro), de las cuales solo 16 obtuvieron su libertad y representa el 11.68% de las consignaciones; y de las 121 personas que fueron sometidas a proceso penal, el 88.32% quedó sujeto a la medida prisión preventiva hasta la terminación del proceso judicial.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales”, estableció el documento. 
Señaló que el trabajo de los juzgadores del sistema penal está bajo el escrutinio de la autoridad federal, que calificó con 95 por ciento la efectividad de las sentencias.
“Por ello, el Poder Judicial exhorta respetuosamente para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, velemos por la defensa de nuestra carta magna, el respeto por nuestras leyes y hagamos conciencia de la importancia de la unidad institucional en favor de los justiciables, evitando hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”, recalcó en su comunicado. 

Regresan pensión a hermana de la presidenta del TSJ.

Guillermina Jiménez Serafín fue ratificada por el  Congreso del estado  como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un período de ocho años.
En sesión ordinaria, ayer, el Pleno del Congreso  tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de evaluación.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue votado a favor por 13 diputados, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del décimo circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.
La ratificación de la magistrada será un contrapeso en el TSJ, que se encuentra fracturado desde hace varios meses.
Durante la misma sesión ordinaria, los diputados ratificaron también a José Luis Jaimes Olmos, como magistrado suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida del juicio de amparo en revisión 375/2018, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Octavo Circuito.

También, el Pleno del Congreso devolvió su pensión por cesantía en edad avanzada a Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas.
El dictamen fue votado de urgente y obvia resolución, luego de que el diputado José Casas González lo presentó de último momento ante el Pleno, como presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El dictamen con proyecto de decreto se aprobó con la finalidad de reformar el artículo segundo del decreto número 3261, por el que se concedió la pensión a Cuevas López, quien se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta del TSJ, en cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 185/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 22 de mayo de 2019.

Denuncian retraso en pago de pensiones en el TSJ a pesar de disponibilidad de recursos transferidos por el Poder Ejecutivo.

María del Carmen Cuevas López cuestionó ante la SCJN la medida legislativa que asignó al TSJ recursos para pagar pensiones.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en la aprobación de la reforma para la reasignación de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para cumplir de esa forma con el pago de pensiones de ex trabajadores.
En entrevista, lamentó que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López haya señalado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) supuestas irregularidades en la votación, realizada por 13 legisladores, para modificar el Presupuesto de Egresos 2019.
Sotelo Martínez estableció que el fin principal de la determinación del Pleno Legislativo, el pasado 6 de noviembre, fue cumplir con un mandato de la Corte en favor de los trabajadores jubilados, resultado de una controversia constitucional que promovió el Poder Judicial.
"Nosotros hemos hecho la parte que nos toca, si alguien no quiere verlo de esa forma tendrá su propia opinión o a la mejor tendrá sus propios compromisos", manifestó.
El presidente de la Mesa Directiva señaló la posible intención de la magistrada presidenta del TSJ de combatir jurídicamente la legalidad del decreto de reforma. Sin embargo, insistió que el interés principal para el Poder Judicial debería ser sus trabajadores.
"La posibilidad siempre está latente. Nosotros le dimos cumplimiento a lo que un poder estableció en su última etapa", insistió el legislador pesedista.

La magistrada presidenta fue emplazada por la Corte a denunciar la supuesta irregularidad que para ella se cometió cuando los legisladores reasignaron con sólo trece votos el presupuesto para pagar pensiones del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre si el Congreso cumplió con la votación para modificar el presupuesto de egresos y reorientar 26 millones para el cumplimiento de varias sentencias de controversias constitucionales para el pago de pensiones de ex trabajadores judiciales, y emplazó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a denunciar la presunta “irregularidad” por la vía jurídica.

El pasado 6 de noviembre,  13 diputados votaron a favor de la reorientación financiera para evitar que el Congreso incurriera en desacato judicial, mientras que las siete diputadas del bloque denominado Frente Progresista de Mujeres votaron en contra, pero la polémica fue si se reunió o no la mayoría calificada, ya que hubo quienes argumentaron que la reforma al presupuesto requería de al menos 14 votos.

Ante esta situación, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, denunció ante la SCJN supuestos vicios en la aprobación de la modificación en la ley de egresos 2019, pero el tribunal constitucional sugirió que el tema debe ser cuestionado por la vía jurídica.

“Por otra parte, el Poder Judicial del Morelos señala haber detectado irregularidades en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto número 502, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 76, mediante el cual aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” número 5756, de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo que atento a sus manifestaciones, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

“Lo anterior, en virtud de que el propósito fundamental del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, consiste en vincular a las autoridades competentes a realizar las transferencias necesarias para el pago de decretos pensionarios materia de la litis, sin que ésta última se pueda desbordar en un pronunciamiento sobre las formalidades del procedimiento legislativo que debe imperar en el Estado de Morelos, mucho menos si ello puede traer consigo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones programadas en el citado Acuerdo Plenario, de la satisfacción de la pretensión de la parte actora en la presente controversia constitucional, y de los intereses de los beneficiarios de las pensiones.

“Por lo tanto, este Alto Tribunal no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo en el Estado de Morelos, que dé lugar a sentar un precedente sobre la materia”, respondió la SCJN a la denuncia del TSJ en el cumplimiento de sentencia de al menos diez controversias constitucionales. En torno a este tema, el TSJ rechazó fijar una postura y si recurrirá el acto a través de una controversia constitucional.

En consecuencia, la SCJN requirió a los tres Poderes del Estado informar sobre el cumplimiento de los fallos judiciales.

Cabe destacar que la semana pasada el Congreso local, con 13 votos a favor y siete en contra, aprobó reformas a su ley orgánica y su reglamento para establecer que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos.

Tras dos años de litigio, la juzgadora tendrá un periodo en su cargo de ocho años más.

A pesar de las millonarias propiedades que adquirió al salir de su encargo, no encontraron elementos en contra del exdirector del DIF, que tuvo un salario de 30 mil pesos al mes.

Por mayoría, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de no vinculación a proceso del ex director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal DIF, Alejandro Alonso Arreola, por no existir elementos que configuren el delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)

Parte de los argumentos expuestos en la sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Rubén Jasso Díaz, se basaron en que no fue practicada ninguna auditoría a su gestión ni hubo ninguna observación del DIF sobre un posible desequilibrio de sus finanzas del 1 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2013, periodo en que Alonso Arreola ejerció funciones como administrador.  

También se expuso que la representación social no aportó indicios de que el imputado incrementó su patrimonio de manera ilícita en el periodo que laboró en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado,  ya que los bienes –de alto valor económico- que posee el ex funcionario, fueron adquiridos con posterioridad a su función pública.

Con los votos de Rubén Jasso y Carmen Aquino Celis se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Alonso Arreola por un juez el pasado 2 de julio, dentro de la causa penal JC/618/2019. La sentencia puede ser recurrida ante la justicia federal.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto en contra de la resolución, por considerar que sí existían indicios suficientes como para dictar un auto la vinculación a proceso.

De acuerdo con la exposición de su voto particular, durante la audiencia pública realizada en la sala de juicio oral en la sede del TSJ, el imputado no justificó el incremento de su patrimonio, que fue de no tener menaje ni vehículos, a contar con un menaje de 780 mil pesos y un vehículo Jeep Wrangler, que adquirió de contado.

Y es que, de acuerdo con los datos probatorios presentados por la parte acusadora, el ex funcionario estatal en su declaración patrimonial de 2010 reportó ingresos por un millón 819 mil pesos; en el 2011, ingresos por 677 mil 222 pesos; en el 2012, ingreso por dos millones; y en el 2013, ingresos por un millón de pesos.

Además, el ex funcionario adquirió varios departamentos en el condominio Arbolada y, de acuerdo al fideicomiso creado para la creación del conjunto habitacional, tuvo que aportar más de cuatro millones de pesos por cada uno, “dinero que –explicó el magistrado- si nosotros observamos su actividad laboral y finiquito recibido, no coincide con los montos que erogó para adherirse al fideicomiso y en su caso comprar los inmuebles en comento”.

A ello, se sumó la adquisición de un lote en el poblado de Acapantzingo por un valor de un millón 500 mil pesos, más una residencia en la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca, con un valor de siete millones 700 mil pesos, además de cuatro vehículos.

Agregó que, desde su punto de vista, hay “una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

“Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa”.

En consecuencia,  recalcó, “a criterio del suscrito se encuentra debidamente integrado el hipotético punitivo de ejercicio de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 280 del Código Penal vigente, previo a ser reformado, así como la probable participación del imputado”, quien durante su encargo público recibía como salario mensual 30 mil 241 pesos con 34 centavos.

Se les redujeron recursos para destinarlos al pago de pensiones del TSJ.

Por lo menos tres secretaría estatales verán afectados sus presupuestos, luego de que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo restarles recursos para reunir los 26 millones de pesos que se tienen que entregar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales jubilados. 

De acuerdo con el decreto legislativo 502 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el cual fue reformado el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos 2019, el Congreso autorizó reorientar recursos de las Secretarías de Turismo y Cultura, de Educación, y de Desarrollo Económico y Trabajo, así como de la partida correspondiente de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, para reunir la cantidad a entregar al TSJ. 

En el artículo tercero transitorio del decreto, los diputados que votaron a favor de la modificación presupuestal establecieron que “en caso de no ser suficiente la reorientación de recursos al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se autoriza al Ejecutivo que con cargo a ingresos excedentes de libre disposición programe sus pagos en función de su disponibilidad”. 

La modificaciones presupuestales realizadas por el Congreso, obedecieron al apercibimiento realizado por la SCJN de que, en caso de incumplir con el pago del último bloque de sentencias de las controversias constitucionales resueltas en favor del TSJ –para que el Poder Legislativo autorizara una partida financiera para el pago de pensiones- , incurriría en desacato judicial y se ordenaría iniciar los procesos legales para aplicar la destitución a las autoridades responsables.

El Congreso plantea una reforma constitucional para reducir de 14 a seis años la permanencia de los magistrados.

Diputado propone reducir de 19 a 13 el número de los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia.

La LIV Legislatura trabaja en una reforma constitucional para impulsar una reestructuración en el Poder Judicial con la que se busca reducir de 14 a seis años la permanencia de los magistrados.
Durante la sesión del miércoles pasado, el legislador José Casas González presentó ante el Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, a fin de dar marcha atrás a los beneficios que otorgaron los diputados de la LIII Legislatura a los actuales magistrados.
En la propuesta, el legislador planteó reducir de 19 a 13 el número de los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y que los nombramientos se hagan de manera paritaria, es decir, que al menos seis mujeres reciban dicho nombramiento.
De aprobarse la reforma, los magistrados sólo durarán en su cargo seis años, con la posibilidad de ser ratificados por un período igual, mediante un proceso de evaluación.
Para la designación de los jueces, también se propuso que sean evaluados constantemente, para evitar actos de corrupción.
El legislador propuso que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina sea nuevamente integrada por los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
"Ante el pasado reciente, donde se dieron modificaciones a gusto y complacencia del gobernador en turno, se dieron lugar a reformas que presumen vicios en los términos y plazos para los cuales habían sido designados los actuales", señaló el legislador.

Por ello, en su propuesta señaló que una vez aprobada y publicada, los magistrados con más de 12 años en el cargo cesen en sus labores de forma inmediata.

Segunda sentencia también invalida la designación de dos de los tres integrantes del órgano.

El Juzgado Segundo de Distrito emitió una segunda sentencia de amparo en la que invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Al resolver el juicio de amparo 844/2019, promovido por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rocío Bahena Ortiz, la justicia federal reiteró la ilegalidad del nombramiento de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante dicha junta.

El pasado 3 de junio, a propuesta de la presidenta del TSJ y de la Junta de Administración, Carmen Cuevas López, Flores León y Becerra Arroyo fueron designados por un grupo de nueve magistrados, pese a que no había quórum para continuar con la sesión y llevar a cabo la votación.

De acuerdo con el juzgado de distrito, se “advierte que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 Constitucional, porque si bien se estableció que los Magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

En consecuencia, por segunda ocasión, fue invalidada la designación y la justicia federal ordenó realizar una nuevamente el procedimiento de designación, en el que se deberá “no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

El primer amparo fue concedido hace unos días por este mismo juzgado de distrito a la magistrada del TSJ, Bertha Rendón Montealegre, sin embargo, existen en curso otros siete juicos de amparo radicados en otros juzgados federales y promovidos por otros magistrados inconformes con la designación.

Los diputados aprobaron la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial.

Por mayoría de votos, el Congreso del estado aprobó la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras una larga discusión por la postura en contra de las diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres, el Pleno del Congreso desahogó, con 13 votos a favor y siete en contra, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se modificó el Presupuesto de Egresos 2019.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que la aprobación por mayoría se admitió por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de cumplir con el mandato de la Corte.
Señaló que será la SCJN la que defina la legalidad del dictamen, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos el asunto debió aprobarse por las dos terceras partes del Pleno (14 votos).
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalina Mazari Espín, aseveró en tribuna que este asunto fijará un precedente, pues ante la negativa de un grupo de siete diputadas en avanzar en los asuntos importantes del Congreso, la Corte podría resolver la legalidad de una mayoría para la aprobación de los temas fundamentales.
Ante las acusaciones de las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y el resto de las legisladoras que integran el denominado Frente Progresista de Mujeres sobre la legalidad y la viabilidad del dictamen, la legisladora priista Rosalina Mazari afirmó que dicha postura obedece a intereses personales y políticos.
Incluso, el diputado José Casas González sostuvo que el actual del grupo de siete diputadas son afines al ex gobernador Graco Ramírez, por lo que buscan paralizar el Congreso.
Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso informó que de la aprobación del dictamen se notificará a la SCJN y se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Fue aprobada sin quórum por un grupo de magistrados.

La titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, convocó a sesión de Pleno para este miércolespara ratificar el acuerdo de redistritación judicial, pero no se contempla abordar el tema de la sentencia de amparo dictada por un juez de distrito en la que se invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Hasta el momento, la presidencia del TSJ no ha fijado una postura sobre la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en favor de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, quien impugnó la designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo. 

De acuerdo con la sentencia, la designación fue ilegal porque no solo no hubo quórum para sesionar, sino que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, que exige que los integrantes de la junta sean nombrados por el Pleno del Tribunal, en cual se integra por el presidente del TSJ y la totalidad de los magistrados que integran sala. 

La presidencia del TSJ no informó si la sentencia se acatará o si la impugnará, sin embargo, ayer emplazó a sesión de pleno ordinaria y extraordinaria para tratar asuntos distintos, entre ellos, la aprobación del acta de la otra cuestionada sesión de Pleno del 6 de septiembre, en la cual estuvieron ausentes nueve magistrados y tampoco se habría cumplido con el quórum. 

Y es que en esa sesión, los magistrados identificados con el grupo de Cuevas López aprobaron la desaparición de los distritos judiciales en materia penal y sustituirlos por las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, así como la creación del Juzgado Único en Materia de Oralidad Mercantil.

La presidencia del TSJ convocó a sesión de Pleno para este miércoles 6 para ratificar el acuerdo de redistritación judicial.

El grupo de Tania Valentina Rodríguez trató de boicotear el procedimiento; deberá autorizarse en sesión de pleno para evitar desacato ante la Corte.

En la cuerda floja se encuentran diputados locales y representantes del Poder Ejecutivo ante el posible desacato en que pueden incurrir si incumplen la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para asignar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones de más de 100 trabajadores.
La tarde de este martes,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de reforma al Presupuesto de Egresos del gobierno estatal 2019, para reasignar 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago a los citados trabajadores. Dicho proyecto se desahogó con la negativa de seis de los 12 integrantes del citado órgano legislativo.
Previo a la votación del dictamen, las legisladoras que integran el llamado Frente Progresista de Mujeres manifestaron su determinación de retirarse de la reunión de la Comisión de Hacienda, pues acusaron que se pretendía llevar a cabo de manera ilegal.
Las legisladoras incluso se pronunciaron en contra del dictamen que se creó a propuesta del Poder Ejecutivo, pues la reasignación de recursos afectaría a varios rubros.
Por la tarde, seis de los legisladores que integran la comisión decidieron aprobar el proyecto, con el respaldo de otros diputados que acudieron a la reunión como testigos.
Sin embargo, el asunto deberá ser aprobado por el Pleno legislativo, hoy, con el respaldo de 14 legisladores (mayoría calificada), votación que no se ha logrado en el Congreso del estado desde julio pasado, por las marcadas diferencias entre los grupos parlamentarios.

Un juez federal anuló la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, porque  no hubo quórum para concretar los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Al resolver el juicio de amparo 851/2019 promovido por la magistrada Bertha Rendón Montealegre, el Juez Segundo de Distrito concedió la protección de la justicia federal y ordenó dejar  insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el 3 de junio de 2019, “únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberá no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

De acuerdo con la resolución, el juzgador federal advirtió que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, vulneró en perjuicio de la quejosa, el contenido del artículo 16 Constitucional.

Lo anterior, porque “si bien se estableció que los magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

Un grupo de nueve magistrados disidentes no sólo desconoció la designación de ambos miembros de la Junta de Administración sino que cada uno de ellos promovió un juicio de amparo, con el fin de que la justicia federal determinara sobre la ilegalidad o no de la designación.

Conforme a los magistrados inconformes, la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no fue legal por tres razones esenciales.

La primera por que no se cumplió con el quórum de dos terceras partes de los integrantes del Pleno para llevar a cabo la designación. La segunda, porque Alejandro Becerra Arroyo no estaba en funciones de juez y se desempeñaba como coordinador de asesores y representante legal del Poder Judicial.

Y, la tercera, porque por lo menos una juez, Mireya Díaz Cerón, expresó su deseo de ser considerada en la terna para ser representante de los juzgadores ante la junta y su petición fue ignorada, por lo cual promovió un amparo y se le concedió la suspensión.

Esta resolución, que puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, subió de nuevo la tensión en el interior del TSJ, cuya institución se encuentra dividida.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) interpuso una controversia constitucional para impugnar el decreto expedido por el Congreso, que  revocó la ampliación del periodo de los magistrados que realizó la anterior legislatura.

Manuel García Quintanar, actual magistrado presidente del TJA, promovió la controversia 326/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, por su conexidad con la acción de inconstitucionalidad  20/2017 y la controversia constitucional 306/2019 iniciada por el Tribunal Superior de Justicia, fue remitida al ministro ponente Luis María Aguilar Morales, para que determine sobre la admisión o no del recursos de control constitucional.

En la controversia, el TJA reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5743, de fecha 10 de Septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo Parlamentario indebidamente remitido como Decreto por el Poder Legislativo para su publicación, por el que se deja sin efectos el Decreto 2610, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018}2, por el que se expiden los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha 24 de febrero de 2017.

La legislatura anterior realizó reformas legales para, por única ocasión, aumentar de 14 años (periodo máximo para ejercer la magistratura) a 20, de los actuales los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

La reforma beneficiaba inmediatamente a la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas, quien concluía el pasado 4 de julio el periodo original de designación de 14 años, seguida por los magistrados del TSJ Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón Vega, así como los magistrados del TJA Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes concluirían su periodos en mayo de 2020.

En la controversia constitucional 306/2019, el TSJ consiguió la suspensión de la SCJN contra la aplicación y los efectos del decreto que revocó la ampliación del periodo de los magistrados. Ahora el TJA espera que la Corte admita su recurso de control constitucional

 Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, al debatir el proyecto de resolución de acción de inconstitucionalidad 20/2017, el Pleno de la SCJN planteó declarar la invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, además de invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación del proceso de evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia.

Debido a observaciones al proyecto del ministro Aguilar Morales, el asunto se retiró de la lista y está pendientes de resolución, en virtud de que se acumuló la controversia del TSJ.