En Cuernavaca, consejeros electorales de 24 estados anunciaron la conformación de la red “Democracia Incluyente” para promover el trabajo de los OPLE.

Consejeros electorales de 24 estados del país anunciaron la conformación de la red denominada “Democracia Incluyente”, que ayudará a promover el trabajo que realizan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en el marco de la reforma legal que pretende impulsar el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecerlos.

En rueda de prensa en Cuernavaca, los consejeros electorales que promovieron su asociación afirmaron que sería “un retroceso” para el sistema democrático del país desaparecer los organismos locales electorales y dejar en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) todo el trabajo, pues además no tendría toda la capacidad.
“No es una decisión que dependa de nosotros, por lo que estamos a lo que las normas en su momento determinen. Sin embargo, cual sea la determinación, seguiremos trabajando por la inclusión y por la democracia”, manifestó la consejera Carolina del Ángel Cruz, de la Ciudad de México, quien afirmó que sería un retroceso la propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

La consejera Claudia Arlet Espino, de Chihuahua, dijo que a la par de las acciones que impulsarán como red, también promoverán el trabajo que como consejos locales electorales realizan, “porque creemos en el trabajo que hacemos; somos órganos electorales, dentro de los órganos públicos, que tenemos una voz, que tenemos un voto dentro de los consejos y que tenemos una visión incluyente que creemos debe defenderse”, manifestó.

Aunque la red surgió en el momento en que se revisa la propuesta del gobierno federal en el Congreso de la Unión, los consejeros electorales afirmaron que lo que buscan es abonar en el sistema democrático, incluyendo a los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas, la comunidad lésbico-gay, los extranjeros, a quienes se encuentren en prisión, entre otros.

Asegura Keila Figueroa que ya hay un acuerdo para que ese partido encabece dicho órgano durante el segundo año de la actual legislatura.

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, aseguró que hay un acuerdo para que encabecen como fuerza política la Mesa Directiva del Congreso local durante el segundo año de la LIV Legislatura.

En entrevista, Figueroa Evaristo dijo que aún no definen cuál de los diputados que integran el grupo parlamentario presidirá dicho órgano de gobierno, pero afirmó que existe la confianza de que se elija a una mujer.

Señaló que el acuerdo se tomó con el Partido Encuentro Social (PES) y otros partidos políticos aliados a Morena, por lo que sólo faltaría definir quién presidirá la Junta Política y de Gobierno.

“Esperemos que los acuerdos se sostengan y sólo es cuestión de esperar, porque se había hablado que la Mesa le correspondería a Morena”, manifestó la diputada.

Refirió que será en agosto próximo, en un periodo extraordinario de sesiones, cuando se concretará la renovación de los órganos de gobierno del Congreso.

De acuerdo con Keila Figueroa Evaristo, los acuerdos que se logren para la renovación de los órganos de control deberán garantizar un cambio en el Poder Legislativo, pues dijo que el primer año fue de desgastes y desacuerdos.

“La idea es seguir caminando; el primer periodo fue de mucho desgaste; el segundo ya fue de mucho trabajo y la gente lo que realmente necesita es que se pongan a trabajar”, añadió la coordinadora del grupo parlamentario de Morena. 

Consejeros electorales de Morelos y otros estados del país anunciaron, este viernes, la constitución de la Red de Democracia Incluyente.

Se informó que la Red de Democracia Incluyente tendrá como objetivo defender los temas de grupos vulnerables en materia electoral, tales como las comunidades indígenas y lésbico-gay, entre otros.

Sin embargo, los consejeros también admitieron que servirá para defender su trabajo como órganos electorales locales, ante la intención de una reforma en la materia para desaparecerlos.

La asociación integra consejos de 24 estados del país; Morelos es cuna, dijeron los consejeros, de dicha red que impulsará propuestas para la modificación del sistema electoral del país.

*Como fuerza política, en el Congreso*

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, aseguró que hay un acuerdo para que encabecen como fuerza política la Mesa Directiva en el Congreso local.

En entrevista, Figueroa Evaristo dijo que aún no definen cuál de los diputados que integra el grupo parlamentario presidirá dicho órgano de gobierno.

Sin embargo, la legisladora aseguró que el próximo 19 de agosto se abrirá un periodo extraordinario de sesiones y en éste se concretará el cambio.

Conmina sector privado al pronto desahogo de la agenda legislativa.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, convocó a los diputados locales a desahogar los pendientes del Congreso del estado, como la aprobación de la Ley de Videovigilancia, y hacer a un lado los conflictos internos por la renovación de los órganos de gobierno. 
En entrevista, el empresario informó que a la fecha no han sido convocados a las mesas de trabajo a las que se comprometieron los legisladores para socializar la nueva ley que regulará  la instalación, el uso y la operación de las cámaras de videovigilancia en el estado, así como una reforma al Código Penal del estado para endurecer el castigo en contra de quien cometa  el delito de extorsión, del cual son constantemente víctimas como iniciativa privada. 
Insistió en que es necesario que como cámaras empresariales participen de la creación de las nuevas normas, que podrían aprobarse en un período extraordinario de sesiones.
Por ello, reiteró su llamado a los legisladores para terminar con la pugna por las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.
"Que ya se quiten este tema de discusiones, que realmente vean por el beneficio de la sociedad morelense y que si hay temas que tienen que tratar o se tienen que tratar que lo hagan, pero que el tema del Congreso no sean las disputas adentro del Congreso, que el tema del Congreso no sean los cotos de poder que se están negociando. Nosotros respetamos a cada uno de ellos pero no podemos seguir viendo ese tipo de noticias", manifestó. 

Diputada asegura que muchas de las labores legislativas las llegaron a realizar sus homólogos con sus automóviles propios.

A pesar de las críticas por la compra de 23 vehículos nuevos para el Congreso del estado, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) Maricela Jiménez Armendáriz, afirmó que el acuerdo para tal adquisición sigue firme. 
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la compra de automóviles es necesaria para el trabajo que se lleva a cabo en el Poder Legislativo. 
La diputada Jiménez Armendáriz se quejó por que durante el primer año de la LIV Legislatura tuvo que aportar de sus ingresos como diputada para la operatividad de la Comisión de Planeación, Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, de la cual es presidenta. 
"Desde que yo estoy en mi comisión yo he tenido que ir a dejar oficios, notificaciones y es con mi dinero y pongo mi carro y los carros de los compañeros y ponemos gasolina y no tenemos el (auto) designado para ir a recorrer, hay algunos que se van al IV distrito, al V distrito y meten sus propios vehículos", manifestó. 
La legisladora reiteró que los 23 vehículos que se comprarán se usarán para la operatividad del Congreso y no para uso personal de los diputados. 
Señaló que es un acuerdo que se tomó por la mayoría de las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias, por lo que se concretará en los próximos días, aún y cuando algunos diputados no estén de acuerdo, como fue el caso de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, quien aseguró que no aprobó tal determinación. 
En otro tema, la diputada del PES informó que se trabaja en generar los consensos entre las fuerzas políticas para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en un período extraordinario de sesiones, que se abrirá el próximo mes de agosto. 

La FGE está obligada a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la ejecución de una familia en 2017 a manos de policías de la CES, señala Marcos Zapotitla Becerro.

El ex comisionado estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra debe ser llamado a cuentas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el caso de la masacre registrada en contra de una familia en Temixco, el 30 de noviembre del 2017, afirmó el diputado Marcos Zapotitla Becerro. 
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió tarde las recomendaciones al gobierno morelense por los hechos registrados en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que desde que sucedieron se advirtieron irregularidades por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
Sin embargo, refirió que ahora que el organismo defensor de los derechos humanos se pronunció al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación por el caso, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.
"El alcance que tiene esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con que se genere la sanción respectiva y eso puede ser por responsabilidad administrativa, civil o penal", agregó. 
El legislador del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que es momento de que el fiscal Uriel Carmona Gándara pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador perredista Graco Ramírez y a sus ex colaboradores, sino que está para hacer justicia.
"El fiscal tendrá que demostrar si sigue con Graco Ramírez o sí finalmente acepta enjuiciar a estos elementos, pero sobre todo integrar debidamente esa responsabilidad. En nada ayuda al gobierno que se señale que hay impunidad, que hay encubrimiento", manifestó. 

El presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que el ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, debe ser llamado a cuentas por el caso de la masacre registrada en Temixco, el 30 de septiembre del 2017.

El legislador local dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.

Zapotitla Becerro apuntó que es momento de que el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador Graco Ramírez.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, afirmó que el acuerdo para la compra de 23 vehículos se mantiene, pese a críticas por dicha adquisición.

En entrevista, la legisladora aseguró que dichas unidades serán distribuidas entre las comisiones para la realización del trabajo del Congreso del estado.

Por otro lado, informó que se trabaja en los consensos entre las fuerzas políticas para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en un periodo extraordinario.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, pidió a legisladores dejar a un lado los conflictos internos del Congreso.

De igual modo, el empresario solicitó a los diputados que trabajen en los pendientes que dejaron al término del primer año legislativo.

Mátar Vargas también señaló la necesidad que se socialice las dos iniciativas que en materia de seguridad se discuten en el Poder Legislativo, como son la Ley de Videovigilancia y la reforma al Código Penal para endurecer las penas en contra de quienes cometan el delito de extorsión.

Indicó que como empresarios y principales interesados no han sido convocados a una mesa de trabajo para atender esas propuestas, por ello insistió en que es necesario se socialice, antes de que se voten en el Pleno durante un periodo extraordinario de sesiones.

Líder transportista pide retomar programas para que unidades viejas sean entregadas a cambio de incentivos para la compra de vehículos.

De acuerdo con los concesionarios del transporte público de pasajeros, sólo el 15 por ciento de las "rutas" que operan en la zona metropolitana son consideradas como "chatarra" y deben salir de circulación lo antes posible. 
El presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, admitió que cerca de mil unidades -de un padrón de más de cinco mil vehículos del servicio público de pasajeros- deben salir de circulación en cumplimiento a lo que marca la Ley del Transporte del Estado.
Sin embargo, insistió en que como concesionarios no cuentan con el presupuesto para renovar el parque vehicular.
Rivera Jaimes dijo que se ha planteado al gobierno estatal retomar el programa de deschatarrización, a fin de que los vehículos que ya no puedan prestar el servicio se vendan para otro tipo de uso y, a cambio, los concesionarios reciban un bono y estímulos para la compra de nuevas unidades. 
"En el gobierno de Marco Adame se dieron visos de que podía funcionar, por cada vehículo que se entregaba… pues había un bono que se le daba al concesionario para que pudiera tener como enganche para poder adquirir unidades nuevas", explicó.
Rivera Jaimes aseguró que existe la disposición de avanzar en la renovación del parque vehicular, por lo que pidió el respaldo del gobierno del estado.
Por otro lado, refirió que ya avanzan en los programas de reemplacamiento y la Revista Mecánica, a fin de cumplir en este mismo año con dicha obligación. 

La reforma al Código Penal aprobada por los diputados incluye a los empleados de instituciones bancarias que faciliten información sobre el retiro de dinero en sucursales.

La renovación de la Junta Política y la Mesa Directiva tiene enfrentados a los diputados, admite Alfonso de Jesús Sotelo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, invitó a sus homólogos a ponerse a trabajar en los pendientes que se dejaron del primer año de la LIV Legislatura y dejar a un lado los intereses políticos.
Ante el pleito interno que hay en el Congreso del estado por el trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) admitió que se trata de la pugna que se inició hace unas semanas por la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno para el segundo año de la LIV Legislatura. 
"Es mediático, es político, es con el interés de poder obtener algún beneficio al interior de los órganos de gobierno. El llamado es a que hoy cerremos filas, trabajemos de manera unánime, que le demos a Morelos los resultados que tanto necesita", manifestó.
Sotelo Martínez dijo que para nadie es un secreto que desde hace una semana inició la pugna por la designación de los titulares de los órganos de gobierno, por lo que en este proceso la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz ha determinado hacer señalamientos personales, como acusar a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de ser su "tapadera", al haber aprobado las cuentas públicas 2016 y 2017 de Jojutla, período en el que fue alcalde. 
"(Quiero) refrescarle un poquito la memoria, que en el 2016 junto con 12 ex alcaldes más fuimos auditados extraordinariamente por órdenes de Graco Ramírez, recordarán que éramos 13 alcaldes que estábamos en la mira, éramos perseguidos", manifestó el legislador, quien dijo que los resultados de esas revisiones fueron positivos. 
Por ello, insistió en pedir a sus homólogos que desahoguen los pendientes de la agenda legislativa, como las designaciones del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y evitar que los conflictos políticos dentro del Congreso abonen a una parálisis durante el receso legislativo que inició este martes, y en el que pretenden convocar a un período extraordinario de sesiones. 

El Congreso, cerrado hasta el 6 de agosto 

Por otro lado, Sotelo Martínez confirmó que a partir de este jueves y hasta el 6 de agosto el recinto legislativo permanecerá cerrado por vacaciones de verano. 
Informó que no trabajará ni el área de Oficialía de Partes para la recepción de documentos y será posterior al 6 de agosto cuando sesione la Diputación Permanente. 

*Y a trabajar en pendientes legislativos*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, invitó a sus homólogos a ponerse a trabajar en los pendientes que se dejaron del primer año de la LIV Legislatura, y dejar a un lado los intereses políticos.

En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que la Comisión de Hacienda le haya servido "de tapadera" para aprobar las cuentas públicas 2016 y 2017, correspondientes a su administración como presidente municipal de Jojutla.

Recordó que la pasada legislatura, por instrucción de Graco Ramírez, impulsó una auditoría extraordinaria a la cuenta pública 2016 y no se le encontró ninguna irregularidad.

Lo anterior, luego de los señalamientos que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz hizo en contra de su homóloga priista Rosalina Mazari Espín, a quien acusó de haber solapado al presidente de la Mesa Directiva, al haber liberado las cuentas públicas como presidenta de la Comisión de Hacienda.

Sotelo Martínez sostuvo que la postura de la petista Tania Valentina Rodríguez obedece a su interés de permanecer al frente de un órgano de gobierno, ya sea de la Mesa Directiva o la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso.

Por ello, dijo que es necesario avanzar en los pendientes, mediante un periodo extraordinario que se abrirá en agosto próximo.

El presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, aseguró que sólo un 10 por ciento de las "rutas" que operan en la zona conurbada son "chatarra".

En entrevista, aseguró que se está cumpliendo con los programas de la revista mecánica y del reemplacamiento; sin embargo, rechazó que el número de unidades que están obligadas a renovarse sea mayor al 10 por ciento, de cerca de cuatro mil vehículos.

De igual modo, Rivera Jaimes dijo que trabajan con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMYT) para impulsar el cambio de dichas unidades, el próximo año.

En un comunicado, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz aseguró que el personal de la legisladora Rosalina Mazari Espín "amenazó al equipo de comunicación social" y señaló que se solicitarán medidas disciplinarias.

En el documento de referencia, emitido por la oficina de prensa de Rodríguez Ruiz, se apunta lo que a continuación se transcribe:

"Es penoso y reprobable que el personal que colabora con la Diputada Rosalinda Mazarí Espín utilice las redes sociales para amenazar al personal sindicalizado que colabora en la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de Morelos”, consideró la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz.

Esto luego de que se difundió la captura de pantalla donde una de las empleadas de la presidenta de la Comisión de Hacienda ofende a la encargada de esa oficina, la Licenciada Martha Ramos.

La Presidenta de la Junta recordó que el manejo de la comunicación social del Congreso es de la responsabilidad de ese órgano de gobierno, pues así lo establece tanto la Ley Orgánica para el Congreso y su Reglamento; de forma, que la Coordinación de Comunicación Social y sus colaboradores, siempre se han destacado por la conducción institucional de la comunicación, de forma que la imagen del Congreso, siempre se maneja en formato digital con logotipos de la LIV Legislatura y un número consecutivo de boletines, al grado de que, solo se difunden las actividades de los diputados de carácter oficial, así como los acuerdos emitidos por el Pleno respecto a Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Dictámenes.

Cuando un Diputado en lo particular desea difundir sus puntos de vista, la Coordinación de Comunicación del Congreso, ni censura ni limita la libre expresión de cada Legislador; y el único servicio que se presta por igual a todos los legisladores, es el reenvío de sus informaciones a las direcciones de correo de los periodistas registrados, cuidando siempre de no mezclar con la difusión institucional del Congreso.

La presidenta de la Junta Política Dip Tania Valentina hizo un respetuoso exhorto para que Legisladores y colaboradores, nos conduzcamos en el marco de la Ley, así como de la ética parlamentaria".

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, emitió un comunicado contra la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Mazari Espín señaló que el trabajo de la Comisión de Hacienda se conduce "en apego a la normatividad vigente" y anotó que Rodríguez Ruiz, diputada del Partido del Trabajo (PT), "intenta sobornar y paralizar el trabajo legislativo y la legalidad de dicha comisión".

En el documento referido, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apuntó lo siguiente:

"Respecto a los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas emitidas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, es de suma importancia precisar que la mayoría de estos Informes fueron recibidos por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, no obstante y en cumplimiento a las facultades de esta Comisión se ha asumido la responsabilidad de realizar un análisis profundo y detallado sobre los Informes de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública de los Municipios y de los Entes Públicos, con la finalidad de poder emitir la declaratoria correspondiente según sea el caso.

Independientemente del trabajo realizado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), esta Comisión se ha dado a la tarea de realizar un diagnóstico contable y presupuestal a fin de poder transparentar el uso de los recursos públicos de los entes fiscalizados y así poder contar una mayor certeza en cada una de las declaratorias.

Una vez valorado el rezago heredado por Legislaturas anteriores es que la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, se declaró en trabajo permanente en la pasada reunión ordinaria celebrada el 28 de junio del año en curso, para continuar con el análisis pormenorizado de cada uno de los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de los Municipios y de los Entes Fiscalizados.

Esta Comisión siempre ha estado abierta para recibir cualquier documento, sin importar el origen del mismo, por lo que hacemos mención que al día de hoy no se ha recibido ninguna observación contable, presupuestal y programática sobre el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas por parte de las y los compañeros Diputados Integrantes de la Comisión, mismas que se han hecho de su conocimiento en las reuniones ordinarias de trabajo, tal como consta en las actas de las reuniones en mención.

Desafortunadamente para el pueblo de Morelos, esta Comisión está integrada por varios integrantes, que lo único que han demostrado es ignorancia, desinterés e irresponsabilidad en los temas referentes a la Cuenta Pública de nuestro estado, ausentándose en la mayoría de las reuniones donde estos temas han sido abordados, por lo que es momento de exhortarlas para que acudan y dentro del trabajo en comisiones hagan sus señalamientos y aportaciones siempre y cuando estén sustentadas y sea en beneficio de la ciudadanía.

No debemos dejar engañarnos, el trabajo de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública es continuo y constante, siempre conducido bajo los principios de ética y responsabilidad y en apego a la normatividad vigente que rigen los trabajos de esta Comisión, parece increíble que Tania Valentina Rodríguez Ruíz, quien hasta hace seis meses trataba de adjudicarse diez millones de pesos y quiso aprobar un presupuesto autoritario e irresponsable hoy venga a hablar de transparencia y rezago legislativo, es penoso que alguien salga a la defensa de la burocracia buscando obstaculizar el desarrollo legislativo y seguir ocupando espacios dentro de este Congreso valiéndose de la denostación.

Es un absurdo y una contradicción absoluta que quien preside la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado de Morelos, misma que no sesiona ni de manera permanente y además ha solapado hasta ahorita 300 pensiones doradas, sea quien busque abanderar la legalidad y la honestidad al interior del Congreso, quienes padecemos a diario a la Diputada Tania Valentina sabemos de la pereza y el estado etílico que la caracterizan.

La opinión pública debe de identificar quienes solo se dedican a cobrar al interior del Congreso, de conocer a quien no representa la voluntad del pueblo ya que ninguna elección ha ganado y muy probablemente a eso se le atribuya su falta de compromiso con el trabajo legislativo.

Que no quepa la menor duda que seguiremos trabajando a favor del pueblo de Morelos, sin importar que esto represente mayor esfuerzo y tiempo en el análisis de cada una de las Cuentas Públicas de los Municipios y los Entes Fiscalizados, para obtener resultados contundentes que nos permitan dar a conocer en su momento el destino, origen y la aplicación de los recursos públicos de los Morelenses".

La edad mínima para contraer matrimonio en Morelos será de 18 años.

El Congreso del estado exhortó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) a reforzar los operativos de seguridad en las escuelas, a fin de evitar robos a los planteles durante este período vacacional de verano. 
El punto de acuerdo aprobado por el Pleno, durante la sesión ordinaria que se desarrolló hasta la madrugada de este martes, planteó a la CES que dichos operativos se realicen en coordinación con la Guardia Nacional. 
La  diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano, señaló que "lamentablemente, el receso de clases es utilizado por los ladrones para ingresar a nuestras escuelas y sustraer lo poco o mucho que tengan". 
Expuso  el caso de la escuela primaria  "Rafael Ramírez" de Cuernavaca, que en menos de un año ha sufrido 10 robos. 
"Esto deja en evidencia que los alumnos y el personal docente se encuentran expuestos a una grave inseguridad en los planteles educativos, ya que existe el temor fundado de que dichos ladrones puedan ingresar a las escuelas en horarios escolares”, manifestó en tribuna la legisladora que impulsó el punto de acuerdo. 
La diputada pidió a la CES que los operativos se realicen también en planteles educativos privados, ya que enfrentan el mismo problema, por lo que es necesario el reforzamiento de la vigilancia en las escuelas. 

Establecen que en Morelos el matrimonio entre menores de 18 esté prohibido

En la misma sesión, los diputados modificaron la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para prohibir el matrimonio infantil. 
Con las adecuaciones legales, se estableció que la edad mínima para casarse en Morelos será a los 18 años, para con ello garantizar los derechos de los niños y los adolescentes. 
"El matrimonio infantil, formal o informal, constituye una violación grave a los derechos fundamentales de las niñas y tiene graves consecuencias en todos los aspectos de sus vidas”, estableció el dictamen aprobado por el Pleno y que fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad". 

Presumen millonario desvío de recursos del fideicomiso creado para reconstrucción tras el sismo de septiembre del 2017.

El nombramiento de titular de la ESAF se hará en periodo extraordinario, confirma la presidenta de la Junta Política del Congreso, Tania Valentina Rodríguez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de haber ocultado 65 informes de resultados de las auditorías aplicadas a instituciones públicas estatales y municipales que fueron realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
En rueda de prensa, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) expuso que sin ninguna justificación la diputada Mazari Espín, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, archivó dichos resultados y se negó a emitir las declaratoria de validez.
En tanto, agregó, la diputada determinó aprobar informes de cinco municipios en sus cuentas públicas 2016 y 2017, incluidos Cuernavaca y Jojutla.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Mazari Espín habría incurrido en graves irregularidades, por haber ocultado los resultados de auditorías importantes y por haber avalado las cuentas públicas de cinco municipios sin el voto de la mayoría de los  diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la sesión del pasado 5 de julio.
Por lo anterior, la legisladora informó que procederá legalmente en contra de su homóloga por las faltas en las que pudo haber incurrido, y que tendrían efectos penales, administrativos y políticos.

Titular de la ESAF, en período extraordinario

Por otro lado, Rodríguez Ruiz informó que el nombramiento del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se concretaría en un período extraordinario de sesiones, luego de que en la sesión de este lunes no se lograron los votos para que Miguel Ángel Romano Fuentes fuera electo.
Dijo que la Comisión Calificadora, que integra ella al igual que las coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá que emitir un nuevo dictamen, aunque descartó que estén obligadas a reponer el proceso de designación.
En tanto, continuará como encargado de despacho Uriel González Sotelo. 

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, anunció que procederá legalmente en contra de su homóloga priista Rosalina Mazari Espín.

Al respecto, Rodríguez Ruiz anotó que como presidenta de la Comisión de Hacienda, Mazari Espín aprobó de manera ilegal cuentas públicas de cinco municipios, incluidos Cuernavaca y Jojutla, correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

En rueda de prensa, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) señaló que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo bajo su resguardo 65 expedientes de cuentas públicas municipales y estatales, sin que se hayan desahogado en el periodo ordinario que esta madrugada concluyó.

Finalmente, sostuvo que Rosalina Mazari determinó sólo desahogar las cuentas de cinco municipios para solapar a ex autoridades municipales.

El Congreso del estado podría exentar de cumplir el programa de verificación vehicular a los agricultores y a los ganaderos, con la justificación de que no cuentan con recursos para la renovación de sus unidades.

Mediante una reforma a la Ley de Transporte del Estado de Morelos, los legisladores locales pretenden hacer una excepción en las obligaciones de los ciudadanos, ya que el sector agropecuario podría mover sus automóviles de trabajo aún sin cumplir con las normas ambientales.
De acuerdo con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Javier García Chávez, se trata de un apoyo al sector, que no cuenta con los ingresos suficientes para renovar sus vehículos.
Sin embargo, dijo que impulsarían a la par la creación de un fondo para apoyar a los agricultores y ganaderos para la renovación de su parque vehicular, para lo cual se tendría que crear un padrón del sector agropecuario, para evitar que cualquier otro ciudadano  incumpla con sus obligaciones en materia ambiental.
La propuesta no cuenta con el respaldo de los diputados para ser aprobada por el Pleno.

Incluso, ayer por la mañana, integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire pidieron a los diputados reconsiderar esa propuesta, pues sería un retroceso en las acciones emprendidas para el cuidado del medio ambiente. 

Morelos es el segundo estado en el país con el mayor deterioro de su medio ambiente, aseguran organizaciones.

Ambientalistas plantearon la propuesta de Ley para la Protección, Conservación y Podas Adecuadas para los Arboles y Bosques Urbanos del Estado de Morelos, con el fin de abatir el daño ecológico causado en el estado. 
Acompañados de la diputada panista Dalila Morales Sandoval -quien será la impulsora de la iniciativa- los activistas expusieron ante el Congreso local que Morelos es el segundo estado -después de Tabasco- con el mayor deterioro de su medio ambiente, por lo que es urgente emprender acciones para su conservación. 
Flora Guerrero Goff, representante de la asociación Guardianes de los Árboles, dijo que dicha ley garantizará la protección de la vegetación urbana, "dada la fuerte laceración que en últimas fechas se ha realizado en perjuicio del medio ambiente, a los árboles de nuestra ciudad". 
La diputada Dalila Morales Sandoval, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, dijo que esa propuesta es para legislar sobre las acciones que se requieren llevar a cabo para atender el grave problema de la tala de árboles y para impulsar la reforestación, ya que las consecuencias de la poda de árboles es alarmante. 
"Al no reponerse esos árboles, se genera más dióxido de carbono (CO2) de lo que mediante los mismos pudiera convertirse en oxígeno para los seres humanos, por eso la preocupación de hacer una reglamentación estatal que norme y diga cómo cuidar, y quienes no estén dentro de este reglamento tendrán que enfrentar sanciones”
De igual forma, la diputada, junto con el tenor David Páez, anunciaron el concierto "Voces Unidas a favor del Medio Ambiente", que se llevará a cabo en el parque Chapultepec el próximo 28 de julio. La recaudación se donará para emprender acciones de conservación del medio ambiente.

Una nueva fractura al interior del Congreso del Estado evitó que se concretara la designación del favorito para ser el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). 
Durante la sesión ordinaria de ayer, la dispersión de los votos de los legisladores obligó a que el dictamen emitido por la Comisión Calificadora, que se encargó de llevar a cabo el proceso de designación del auditor estatal -y que está integrada por las coordinadoras del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, y por Keila Figueroa Evaristo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- se votara en dos ocasiones sin que se concretaran los 14 votos que como mínimo se requerían para la designación. 
El dictamen incluyó como propuesta para la votación del pleno a los 29 aspirantes que habrían cumplido con el perfil para dicho nombramiento.
En la primera votación, Miguel Ángel Romano Fuentes, de quien se dijo que contaba con el respaldo de la mayoría en el Congreso local, sólo obtuvo 10 votos de los legisladores. 

Inmediatamente, el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez convocó a un receso en la sesión ordinaria, que se decretó cerca de las 8:30 de la noche.
Dos horas después, los 20 legisladores regresaron al Pleno y el dictamen se sometió a votación por segunda ocasión. Romano Fuentes quedó a un sólo voto de ser designado como auditor estatal, al haber logrado el apoyo de 13 legisladores, mientras que cinco decidieron anular su voto. 
Ante tal resultado, el presidente de la Mesa Directiva determinó regresar el dictamen a la Comisión Calificadora, para la integración de una nueva propuesta, que podría presentarse en un período extraordinario de sesiones, para el próximo mes de agosto.
Durante la votación para la aprobación en lo general del dictamen de la Comisión Calificadora, la fractura que existe al interior del Congreso del Estado quedó evidenciada. 

Mientras que Morena no logró el voto de sus cinco integrantes, tres legisladores más se abstuvieron -la panista Dalila Morales Sandoval, el morenista Marcos Zapotitla y la perredista Rosalinda Rodríguez Tinoco-.
Tal división advierte una nueva pugna por la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno que se concretaría en un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto próximo. 
Posterior a dicha asunto, los legisladores votaron las declaratorias de validez de las cuentas públicas 2016 y 2017 de los ayuntamientos de Cuernavaca y Jojutla, asunto que se entrampó en una discusión entre los presidentes de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, por la legalidad de dichos dictámenes.
Más tarde, los diputados locales clausuraron el segundo período ordinario de sesiones de la LIV Legislatura  y declararon un receso legislativo, para lo cual se instaló la Diputación Permanente.

Por falta de consensos, esta noche el Pleno del Congreso del estado no logró concretar la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Durante la votación por cédula para nombrar al auditor estatal, Miguel Ángel Romano Fuentes, quien se decía era el que contaba con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, obtuvo apenas 10 votos; sin embargo, para dicha designación se requería de la mayoría calificada, que es al menos 14 votos y lo cual no se logró.

Inmediatamente que se conoció de los resultados de la votación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, decretó un receso para iniciar una nueva negociación sobre dicho nombramiento.

Sin embargo, a medianoche concluirá el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura.

En sesión ordinaria, esta tarde, los legisladores locales crearon la Ley de Seguridad Privada y la que regula el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

En un primer momento, los diputados aprobaron con 19 votos el decreto por el que se crea la Ley de Seguridad Privada, a fin de regular la operatividad de las empresas en dicho rubro, mediante una mayor profesionalización de los guardias; la citada ley también establece una mayor coordinación entre las empresas y el gobierno estatal, mediante la CES.

Posteriormente, los diputados aprobaron con 18 votos la Ley que Regula el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la CES; dicho marco normativo era necesario para regular el uso de las tecnologías para la prevención y el combate a la inseguridad.

El subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guizar Nájera, garantizó que atenderán la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la masacre en Temixco ocurrida el 30 de noviembre del 2017.

En entrevista, aseguró que se investigará al Mando Único que encabezó el ex comisionado Alberto Capella Ibarra.

Guízar Nájera explicó que aún no reciben las recomendaciones, pero desde ayer el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado inició una revisión al caso para dar puntual atención a lo señalado por la CNDH.

El funcionario estatal rechazó emitir algún criterio por el trabajo que desarrolló el Mando Único, pues dijo que primero deberán conocer las recomendaciones del organismo nacional.

Sin embargo, en las recomendaciones la CNDH señala que hubo violaciones graves a los derechos humanos y abuso de autoridad por parte de los policías que realizaron el operativo en Temixco, hechos violentos en los que seis personas perdieron la vida.

Vecinos de Xoxocotla protestan este lunes para pedir al Ejecutivo estatal libere al municipio los recursos de las participaciones federales correspondiente al mes de junio.

Los manifestantes fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar Nájera, para revisar la situación financiera, ante la amenaza de las autoridades municipales de un nuevo conflicto en Xoxocotla.

Zeferino Torres Díaz, presidente del concejo del municipio indígena de Xoxocotla, anotó que el mes pasado fue el último que el gobierno entregó el presupuesto de sus participaciones, lo que ha causado rezago; añadió que con el recurso de junio han logrado pagar salarios a policías y servicios públicos, pero obras públicas están detenidas.

Integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire pidieron al Congreso local que no se apruebe la reforma a la Ley del Transporte, que permite que transportistas de carga estén exentos del programa de verificación vehicular.

En rueda de prensa, Larisa de Orbe González informó que en la sesión ordinaria de este lunes se pretende aprobar dicha reforma, además de otras adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.

De Orbe González refirió que dicha aprobación sería un grave error, ya que los vehículos de carga son los que generan mayor contaminación.

De igual modo, destacó la preocupación de que estos automotores, que normalmente trabajan a diesel, puedan circular sin cumplir con la verificación vehicular obligatoria en Morelos.

Ambientalistas y la diputada Dalila Morales Sandoval presentaron la propuesta de Ley para la Protección, Conservación y Podas Adecuadas para los Árboles y Bosques Urbanos del Estado de Morelos.

En rueda de prensa, esta mañana, el tenor David Páez también anunció el concierto "Voces unidas a favor del medio ambiente", mismo que se llevará a cabo en el Parque Chapultepec, el próximo 28 de julio.

De acuerdo con Flora Guerrero Goff, de la organización civil Guardianes de los Árboles, Morelos es el segundo estado después de Tabasco con mayor deterioro en su medio ambiente.

Se dio a conocer que la iniciativa garantizará la protección de la vegetación urbana, "dada la fuerte laceración que en últimas fechas se ha realizado en perjuicio del medio ambiente, a los árboles de nuestra ciudad", según anotó Guerrero Goff.

La designación de comisionado del IMIPE será hasta agosto.

Rechazó las declaraciones de su homólogo, quien –dijo- está resentido.

El diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Javier García Chávez  rechazó que se pretenda crear un bloque de oposición al gobernador del estado "para ponerlo de rodillas", como lo denunció su homólogo Marcos Zapotitla Becerro. 
En entrevista, el legislador local aseveró que solo las declaraciones de su homólogo solo son "patadas de ahogado", luego de que su compañero de partido fue removido de la primera secretaría de la Mesa Directiva, en la sesión del jueves pasado. 
De acuerdo con García Chávez, hoy más que nunca están interesados en mejorar la relación con los poderes Ejecutivo y Judicial, por lo que negó cualquier intensión de extorsión, como afirmó Zapotitla Becerro. 
Incluso, el diputado morenista dijo que no les interesa conocer la situación de la supuesta denuncia que presentó en diciembre del año pasado su homólogo ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ante la supuesta intención de removerlo. "Supongo que el más interesado de presentar pruebas debe ser él", agregó. 
"Hay que pasar a un alto proceso de institucionalización del Congreso del Estado. Fue muy contundente la diputada Keila Figueroa, nosotros como grupo parlamentario le hemos aportado mucho a la institucionalizacióndel Congreso", apuntó el diputado. 

Sus ambiguas declaraciones hacen referencia a Francisco Moreno Merino, quien también encabezó el Poder Legislativo.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que se investiga a por lo menos otro ex diputado de la LIII Legislatura que pudiera estar involucrado en la comisión de algún delito, por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores del Congreso local ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado.
"No les puedo decir exactamente, (pero hay)  otro ex diputado, que fue presidente de la Mesa Directiva a quien le señala por el hecho de no haber enterado las aportaciones que tenían que haberse pagado a este instituto", detalló.
Es que los actuales diputados, así como el asesor Anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez, cuestionaron el hecho de que Francisco Moreno Merino, ex diputado priista y quien fue por más de un año presidente de la Mesa Directiva del Congreso en la pasada legislatura, no haya sido imputado al igual que sus ex homólogas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, ya que presuntamente también está relacionado con actos de corrupción.
Salazar Núñez afirmó que ningún ex legislador está exento, pues la actual legislatura promovió denuncias en contra de quien resulte responsable por el daño causado al Poder Legislativo.
En cuanto al caso de la ex diputada Beatriz Vicera, dijo que aunque está amparada por la justicia federal, el proceso judicial en su contra debe seguir, por lo que están en espera de que el juzgado de control llame a nueva audiencia y aseguró que existen elementos para vincularla a proceso por el delito de peculado.
"La exdiputada Beatriz " N" deberá presentarse ante el juez que giró la orden de aprehensión, la suspensión que tiene es una suspensión provisional", explicó.

La diputada petista dice que se opone a que se adquieran unidades para uso de sus homólogos.

*En conmemoración por el Día del Abogado*

Este viernes se lleva a cabo en el Salón de Plenos del Congreso local la sesión solemne para la entrega del premio estatal "Antonio Díaz Soto y Gama", en conmemoración por el Día del Abogado.

Los galardonados, en las categorías correspondientes, son Eréndira Mejía Avilés y Lucio Alfonso Rubio Antelis, por Mérito Académico en la Enseñanza del Derecho; Araceli Salas García y Lenin Barbosa Díaz, Mérito en el Ejercicio del Derecho en Poder Legislativo; María Reyna Valencia Reyes y José de Jesús Guízar Nájera, Mérito en el Ejercicio del Derecho en el Poder Ejecutivo.

De igual modo, Sandra Gaeta Miranda, por Mérito en el Ejercicio del Derecho en el Poder Judicial; Martha Inés Abúndez Robles y Héctor Habib Rubio Assad, Mérito en el Ejercicio del Derecho en los Municipios del Estado y Órganos Constitucionales Autónomos; Aída Hernández Salgado y Roque Antonio González Barreiro, Mérito en el Ejercicio del Derecho en la Libre Postulancia y en las Causas Sociales.

A la conmemoración y entrega del premio estatal Antonio Díaz Soto y Gama 2019 acudió el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, informó que a dos semanas de que arribó la Guardia Nacional a Morelos se han concretado 20 detenciones de personas por diversos delitos.

Refirió que son 60 elementos los que operan en el municipio, por lo que se ha establecido un plan estratégico con la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para llevar a cabo acciones inmediatas de prevención y combate del delito.

Alonso Gutiérrez también anotó que hasta el momento se les ha informado que el apoyo de la Guardia Nacional será permanente, a fin de inhibir la violencia que se vive en Yautepec.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, confirmó que se investiga a otros ex diputados de la LIII Legislatura, por presuntos actos de corrupción cometidos en perjuicio del Congreso del estado.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción, nadie está excluido de las investigaciones, pues la denuncia que presentaron los actuales diputados fue en contra de quien resulte responsable.

Lo anterior, luego de que legisladores han señalado la presunta responsabilidad del ex diputado priista Francisco Moreno Merino en las irregularidades que se cometieron en el Congreso local.

*Por actos de corrupción en la pasada administración*

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, adelantó que habrá más judicializaciones de carpetas de investigación por actos de corrupción que se cometieron en la pasada administración, que no sólo podrían alcanzar a ex secretarios de despacho "sino más arriba".

En entrevista, el funcionario estatal dijo que "habrá sorpresas" próximamente en torno a las investigaciones iniciadas en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez y sus colaboradores.

Por ello, Sotelo Salgado informó que en los próximos días acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR), pues se prevé que se judicialice la carpeta de investigación a raíz de la denuncia que presentó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en febrero pasado.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, se pronunció en contra de la adquisición de vehículos para uso personal de los legisladores.

En entrevista, Rodríguez Ruiz dijo que efectivamente existe una necesidad de automóviles para la operatividad, ya que la pasada legislatura dejó sin recursos al Congreso del estado.

Refirió que como coordinadora del Partido del Trabajo (PT) no avaló el acuerdo para la adquisición de vehículos, por lo que es una responsabilidad que asumirán sus homólogos si se determina que esas unidades serán para uso personal.

El gasto será de más de siete millones de pesos.

A días de concluir el primer año de la LIV Legislatura, los diputados locales se autorizaron la compra de 23 vehículos último modelo, lo que significa un gasto de más de siete millones de pesos.
El acuerdo fue tomado el pasado miércoles 10 de julio por las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que en los siguientes días se adquieran los automóviles mediante un proceso de licitación. 
En entrevista, Sotelo Martínez confirmó el acuerdo y aseguró que los vehículos se adquirirán para uso institucional.
"No es una adquisición personal pero si serán de uso institucional, no de los diputados pero si de las actividades propias de las comisiones", manifestó. 
Dijo que era necesaria la adquisición de automóviles, luego que los ex diputados decidieron autovenderse los vehículos que se adquirieron con recursos del Congreso local. 
Por ello, recordó, el año pasado la LIV Legislatura presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que aún no ha dado resultados. 
Sotelo Martínez también confirmó la compra de equipo de cómputo que, dijo, es necesario para el trabajo del Congreso.

Se registraron en la convocatoria como aspirantes a comisionado de dicho órgano.

En el proceso de designación de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) existe un nuevo conflicto de interés, ya que varios colaboradores de los actuales diputados se registraron en la convocatoria como aspirantes a dicho cargo. 
De acuerdo con el registro de la Junta Política y de Gobierno, 20 ciudadanos participan en el proceso de designación; sin embargo, algunos ya han sido cuestionados por su cercanía con los actuales legisladores. 
El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" señaló la cercanía de dichos aspirantes con los diputados y cuestionó la falta de transparencia del Congreso, al no hacer públicos sus perfiles. 
De acuerdo con el Centro de Investigación, los aspirantes que tendrían conflicto de interés son: Alberto Salgado Pérez,  quien funge como coordinador del Comité de Transparencia del Congreso de Morelos. Además, se desempeñó como director de licencias de funcionamiento y Asesor jurídico del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva. 
Ramón Rosales Juárez, quien es padre del actual secretario Técnico de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rosales Puebla, órgano que preside la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo. 
Hugo Omar Aranda Nava se desempeña actualmente como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios que preside el diputado Andrés Duque Tinoco. También fue Director de Licencias de funcionamiento en la administración del ahora diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 
Otros perfiles fueron señalados por Morelos Rinde Cuentas por mal desempeño en los cargos que han representado, como Francisco Miguel Yáñez Sánchez, quien fue titular del Órgano Interno de Control del IMIPE y se negó a atender solicitudes de información del centro de investigación. 
Esteban Muñoz Insausti, encargado de despacho de  la Dirección  de Estadística y Encuestas del IMIPE, así como Ulises Patricio Abarca, quien dirige la ponencia de la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo del IMIPE. 
En la lista de aspirantes también aparece Claudia Mariana Aponte Maysse,  ex procuradora del Estado. 
Hertino Avilés Albavera tomó protesta como secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
Oscar Miguel Puig Hernández, fundador del COBAEM, fue integrante de la dirigencia del PRI y aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). 
Jaime Castera Moreno es un abogado que también buscó ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). 
Jorge Morante Román, ex Director Jurídico del Municipio de Amacuzac 2016-2018 en la presidencia de Jorge Miranda Gallegos. 
Leonora Valentina Jiménez Franco era responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado y fue coordinadora de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
De acuerdo con los diputados locales, se espera que el próximo lunes se concrete dicho nombramiento, aunque también podría postergarse para el período extraordinario que se abrirá el 19 de agosto próximo. 

Sin acuerdos para elegir a los próximos titulares de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.

Los diputados locales abrirán un período extraordinario de sesiones para el próximo 19 de agosto, a fin de concretar la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.
La falta de acuerdos entre las tres fuerzas de mayoría en el Congreso -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)- obligaron a que los cambios en los órganos de control se postergaran, explicó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Dijo que hasta el momento los 20 legisladores están en igualdad de circunstancias para ocupar cualquiera de las dos posiciones, de ahí que se acordó postergar la renovación de las presidencias.
Por su lado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín refirió que el acuerdo de abrir un período extraordinario de sesiones se tomó con la finalidad de no afectar los acuerdos que se darán en los próximos días para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
De igual forma, dijo que se busca desahogar más de 15 dictámenes de ley y reformas de ley, por lo que los asuntos políticos se postergaron para un período extraordinario de sesiones.

Remueven de Mesa Directiva a Marcos Zapotitla
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concretó su primer cambio en la Mesa Directiva, a unos días de que concluya el primer año de la LIV Legislatura, pues logró que el Pleno removiera a Marcos Zapotitla Becerro como primer secretario y colocó en su lugar a Ariadna Barrera Vázquez. 
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo propuso incluir de último minuto un acuerdo para remover a Zapotitla Becerro, a quien acusó de haber violado en reiteradas ocasiones la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
La diputada expuso que su homólogo ha registrado más de 15 faltas de septiembre del año pasado a la fecha; incumplió con su obligación como secretario de la Mesa, al negarse a firmar puntos y dictámenes aprobados por el Pleno, y lo  señaló de haber ejercido violencia en contra de los diputados a los que en tribuna calificó de analfabetas.
Con 15 votos a favor, Morena logró remover a quien aún es militante de dicho partido pero que durante la legislatura ha fungido como oposición. 
Con ello Morena, Partido Encuentro Social (PES) y sus aliados del PAN, PRI y Partido Humanista (PH), aunque con la oposición del Partido del Trabajo (PT), PRD y Nueva Alianza (Panal), aseguraron los votos en la Diputación Permanente -que se instalará el 15 de julio- para convocar a un período extraordinario de sesiones el próximo 19 de agosto, cuando se definirá la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno. 
Tras su cambio, Marcos Zapotitla Becerro manifestó en tribuna que su remoción de la Mesa Directiva era un asunto político y no de legalidad. Reveló que en diciembre del 2018 presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presión que seis legisladores ejercieron sobre él en noviembre del mismo año para que renunciara a su curul y su lugar lo tomara el suplente, a fin de conformar un bloque de siete legisladores "para, como se ha dicho, poner de rodillas al gobernador, por lo que se pretende extorsionarlo", acusó.
Sostuvo que corresponderá a la Fiscalía investigar si se cometió un delito y castigar a los responsables por la complicidad de ese grupo de legisladores. 
Al retirarse de la Secretaría de la Mesa, Zapotitla Becerro decidió llevarse su silla hasta el lugar de su curul. 

Aprueban nueva ley para el Instituto de la Mujer
En misma sesión ordinaria, los diputados aprobaron la  declaratoria de validez de la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana. 
La reforma fue aprobada por 24 municipios de 36 en el estado.
Los legisladores también aprobaron una nueva  Ley del  Instituto de la Mujer para que goce de autonomía constitucional, y cuente con total independencia en el ejercicio de sus atribuciones. 
Durante la misma sesión, los diputados conocieron dos nuevas iniciativas del Gobernador Cuauhtémoc Blanco para crear la Ley de Asociaciones Público Privadas y  una propuesta de decreto para que el Congreso autorice al gobierno estatal firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur.

Los diputados declararon un receso y podrían volver a sesionar hoy o el lunes.

*Lo sustituyó la diputada Ariadna Barrera*

El diputado Marcos Zapotitla Becerro fue removido de la secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del estado, este jueves, con 14 votos a favor, cinco en contra y una abstención; lo sustituye la legisladora Ariadna Barrera Vázquez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Keila Figueroa Evaristo, diputada morenista, impulsó el acuerdo para modificar la integración de la Mesa Directiva del Congreso local y quitar de la secretaría a Zapotitla Becerro.

Al inicio de la sesión ordinaria de este día, Figueroa Evaristo pidió se modificara el orden del día para que se abordara el punto y se pudiera aprobar, al argumentar que Marcos Zapotitla ha violentado en reiteradas ocasiones la Ley Orgánica del Congreso del Estado, al registrar más de 15 inasistencias desde septiembre a la fecha, además de negarse a cumplir con sus responsabilidades como secretario de la Mesa Directiva al no firmar en tiempo los acuerdos y dictámenes; de igual modo, por haber agredido en reiteradas ocasiones a sus homólogos en tribuna.

Por su parte y ante tribuna, Zapotitla Becerro afirmó que pese a su remoción de la Mesa Directiva no lograrán cambiar su postura de oposición a las cosas que se hacen mal en el Congreso.

Sostuvo que se trata de un cambio político e informó que desde diciembre del 2018 presentó una denuncia en contra de un grupo de diputados que buscaron quitarle su curul y llamar a su suplente, para generar un grupo de poder y "poner de rodilla" al gobernador.

En sesión ordinaria, en el Congreso local, fue aprobada la declaratoria de validez de la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana.

Dicha reforma fue aprobada por 24 municipios de 36 en la entidad.

En la misma sesión, los diputados conocieron dos nuevas iniciativas del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, una para crear la ley de asociaciones público privadas y otra para que le autoricen a firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur.

Por su parte, la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, impulsó un acuerdo para modificar la integración de la Mesa Directiva del Congreso local y quitar de la secretaría al diputado Marcos Zapotitla Becerro; tras ser aprobado, sustituyó a Zapotitla Becerro la legisladora Ariadna Barrera Vázquez.

Durante la sesión también se aprobó una Ley del Instituto de la Mujer para que goce de autonomía constitucional.

*Que aprobaron acuerdo respecto a nombramiento de magistrados del Poder Judicial*

El abogado Enrique Rodríguez Cuevas presentó una demanda de juicio político en contra de José Luis Galindo Cortez y el resto de los 16 diputados que aprobaron el punto de acuerdo con el que se pretendía eliminar el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.

Al presentarse al Congreso, este jueves, Rodríguez Cuevas se ostentó como abogado y contador y acusó a los diputados de haber violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Constitución, pues dijo que no cumplieron con el proceso legislativo para aprobar el citado punto de acuerdo.

Aseguró que el actuar de los legisladores no sólo causa daños a los magistrados sino a los ciudadanos en general, pues se corre el riesgo de que aprueben cualquier otro asunto fuera de la legalidad.

A días de concluir el primer año de la LIV Legislatura, diputados locales se autorizaron la compra de 23 vehículos último modelo; la inversión se calcula en más de siete millones de pesos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que se trata de un acuerdo con los 20 diputados, ya que no cuentan con vehículos para trasladarse desde el inicio de la legislatura.

Lo anterior, debido a que sus antecesores se "autovendieron" los automóviles que compraron con recursos del Congreso local.

Sotelo Martínez rechazó que dicha determinación vaya contra las medidas de austeridad que acordaron como legislatura, pues insistió en que el uso que le darán a los vehículos será institucional.

De igual modo, el legislador confirmó que también adquirirán mobiliario nuevo para el Congreso del estado.

El abogado Leonel Díaz Rogel confirmó que promovió un juicio de amparo ante lo que consideró un exceso del ejercicio de las facultades de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) que desechó el juicio político en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López.

En rueda de prensa, sostuvo que la determinación de las diputadas se sustentó en un asunto de intereses políticos y no actuaron apegadas a derecho.

El abogado consideró que las legisladoras se excedieron en sus facultades al analizar las pruebas que presentó para sustentar la demanda de juicio político, cuando eso competía a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local.

Fue el jueves 27 de junio cuando la JPyG del Congreso determinó improcedente el juicio político en contra de la magistrada, por considerar que las pruebas reunidas no eran suficientes para avanzar en el proceso.

Sin embargo, el litigante mencionó que hasta el momento no ha sido notificado de dicha resolución.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín confirmó que el próximo 19 de agosto se abrirá un periodo extraordinario de sesiones, a fin de concretar la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

En entrevista, Mazari Espín informó que ayer se acordó con las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva postergar la negociación para los cambios en los órganos de control en el Congreso del estado.

La legisladora mencionó que al cierre de este periodo se desahogarán más de 15 asuntos, incluidos las propuestas del gobierno estatal en materia de seguridad.

También se ha adelantado que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó dos propuestas que podrían ser aprobadas antes del 15 de julio.

Pide diputado transparencia al Poder Judicial en el caso.

Trabajadores del Congreso local pidieron que se aplique la ley en contra de sus antecesores que desviaron los recursos que correspondían a las aportaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, celebró que se haya vinculado a proceso a la ex legisladora Hortencia Figueroa Peralta, pero dijo que se debe llegar al fondo del caso para resarcir el daño que se causó a todos los trabajadores, principales afectados de las irregularidades que se cometieron en la LIII Legislatura. 
"Que regresen el dinero si ellos (se lo llevaron) porque es una parte importante que se dará a la ciudadanía, que las cosas se están haciendo bien", manifestó Reyes Chávez.
El líder sindical recordó que se trata de 23 millones de pesos que no se entregaron al Instituto de Crédito, a pesar de que si se les descontó de sus salarios.
A causa de eso, actualmente el Instituto de Crédito les tiene suspendidos algunos derechos, como acceder a créditos hipotecarios y para automóviles.
"Nosotros estamos pendientes de la situación, porque es importante que se esclarezca a dónde fueron a dar los recursos que se nos retiraron a cada uno de los trabajadores, es una buena cantidad, estamos hablando de 23 millones de pesos que, ahorita la autoridad está vinculando a proceso a los responsables, es importante que se sepa que los trabajadores fuimos los principales afectados (sic) y si se tiene que resarcir reintegrando el dinero que se haga", apuntó.

Pide diputado Sotelo Martínez transparencia al Poder Judicial en caso de exdiputadas

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió al Poder Judicial que haya transparencia en los casos de las ex diputadas que son investigadas por el delito de peculado. 
El legislador aplaudió que finalmente se haya vinculado a proceso a la ex diputada Hortencia Figueroa y confió en que se llegue al fondo del caso. 

Buscan aprobar hoy leyes en materia de seguridad.

La falta de acuerdos para concretar la renovación de los órganos de control en el Congreso del estado ha entrampado una vez más la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Durante la tarde de este miércoles, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de buscar un acuerdo sobre la designación del próximo presidente del Congreso, que tendría que concretarse el 15 de julio próximo.
Sin embargo, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que si no se lograban acuerdos en las siguientes horas, se convocará a un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto para desahogar el proceso de renovación de los órganos de control.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que se hayan reunido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para lograr acuerdos en los "oscurito", sobre temas que sólo conciernen a la vida interna del Congreso del Estado.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ana Cristina Guevara Ramírez consideró que es necesario que haya cambios en la Junta Política y de Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso local que ayuden a un mejor desarrollo del trabajo legislativo.
De acuerdo a la versión extraoficial de algunos diputados, la falta de acuerdos en las nuevas designaciones del Congreso ha provocado que una vez más se entrampen las negociaciones para nombrar al titular de la ESAF y al nuevo comisonado del IMIPE.
A pesar que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, informó que a más tardar este 12 de julio se concretarían dichos nombramientos, todo parece indicar que podría postergarse.
Mientras tanto, ayer la Junta Política y de Gobierno cerró el registro de aspirante a comisionado del IMIPE, con 20 ciudadanos que se enlistaron en el proceso.

Aprobarían hoy leyes en materia de seguridad
A pesar del jaloneo político por los órganos de control en el Congreso del estado, los legisladores acordaron aprobar hoy en sesión ordinaria los dictámenes para crear varias leyes: la de videovigilancia; la que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad; la de Empresas de Seguridad  Privada; y una reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas en contra de quienes cometan el delito de extorsión.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso, aseguró que dichas propuestas emanadas del Poder Ejecutivo no serán "monedas de cambio" por las negociaciones al interior del Congreso, pues aseguró que la mayoría de los diputados hicieron el compromiso de avanzar en el tema de la seguridad pública, por lo que consideró que hoy serán aprobadas por el Pleno. 

Respecto a la designación que deberá concretar el Congreso local de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), la lista incluye a 20 aspirantes al cargo, tras el cierre del registro.

En dicha lista están incluidos Miguel Ángel Osorio Aldama, Juan Carlos Morales Figueroa, Hiram Yasser Gargallo Cacique, Esteban Muñoz Insausti, Eduardo Rafael Aguilar Ochoa, Hertino Avilés Albavera, Óscar Miguel Puig Hernández y Jaime Castera Moreno.

De igual modo, Luis Pineda Pastrana, Octavio Manelik Ramírez Acevedo, Francisco Miguel Yáñez Sánchez, Ulises Patricio Abarca, Claudia Mariana Aponte Maysse, Jorge Morante Román, Manuel Israel Cuevas Castillo y Ramón Rosales Juárez.

Finalmente, José Arturo Domínguez Quiroz, Leonora Valentina Jiménez Franco, Alberto Salgado Pérez y Hugo Omar Aranda Nava.

*Que presuntamente cometieron actos de corrupción*

Trabajadores del Poder Legislativo pidieron que haya "mano dura" en contra de los ex diputados que presuntamente cometieron actos de corrupción en la LIII Legislatura.

El líder del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, señaló que los ex diputados deben regresar el dinero que desviaron de las aportaciones que les descontaron de su salario.

Sostuvo que el daño principal fue para los trabajadores, pues no sólo se desvió el recurso sino que actualmente están suspendidos sus derechos.

*De integración del organismo*

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, lamentó la postura de los consejeros consultivos que impugnaron el proceso de integración del organismo; sin embargo, dijo que será el primero en respaldar ese tipo de recursos por los derechos fundamentales.

Al respecto, el titular de la CDHEM refirió que mientras el proceso está impugnado y dos consejeros no tomaron protesta, el consejo consultivo no se podrá instalar.

De igual modo, Hernández Cruz mencionó que tendrían que valorar si se designa a la suplente de los consejeros, aunque insistió en que se tiene que esperar a la resolución de los juicios de amparo promovidos por los consejeros.

El alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, celebró la llegada de la Guardia Nacional al municipio, aunque anotó que hasta el momento no se le ha informado de la operatividad de la misma.

Señaló que está a la espera de que en la mesa de trabajo con autoridades de seguridad pública se le pueda notificar de dichas acciones, pues insistió en que está muy interesado en que la estrategia federal se aplique en Jiutepec.

Reyes Reyes refirió que las colonias más peligrosas son Tejalpa, Otilio Montaño, El Povernir, Civac y Morelos, además de que los principales delitos son robo a casa habitación, robo a transporte y a transeúnte.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, rechazó acuerdos "en lo oscurito" con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por la renovación de los órganos de control.

De igual modo, el legislador negó que haya una nueva fractura por la renovación de los órganos en el Congreso local, y dijo que hoy se revisará el asunto en la reunión de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos; añadió que si no hay acuerdos antes del 15 de julio, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones.

Por otro lado, Sotelo Martínez celebró que finalmente se haya vinculado a proceso a la ex diputada Hortencia "N", por el delito de peculado, y confió en que el actuar del Poder Judicial será apegado a derecho.

Diputado niega que haya fractura en el Pleno legislativo.

A seis días de que concluya el primer año legislativo de la LIV Legislatura, diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Encuentro Social (PES), del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Humanista (PH) se reunieron a puerta cerrada con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en medio de las negociaciones para la renovación de los órganos de control del Congreso del Estado. 
El encuentro se llevó a cabo en la residencia oficial del gobierno del estado y duró más de tres horas.

De manera extraoficial también se informó que se revisaron las designaciones que deberá concretar el Poder Legislativo esta semana del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

A pesar que hasta hace unos días en el Congreso del estado existía un grupo mayoritario de 14 legisladores (G14), en la reunión con el mandatario estatal no estuvo presente la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y actualmente presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien busca ser ratificada en el cargo para el segundo año legislativo o bien encabezar la Mesa Directiva. 
Previo al encuentro, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, confirmó que Morena buscará la presidencia de la Mesa Directiva o de la Junta Política y de Gobierno, pues aseguró que como fuerza mayoritaria le corresponde estar al frente de un órgano de control.
Sin embargo, el legislador rechazó que haya una fractura en el G14, y aseguró que lograrán acuerdos, aunque se requiera de un período extraordinario.
En tanto, el PES también busca permanecer al frente de uno de los dos órganos de control, de ahí la disputa iniciada y que ha causado una nueva fractura al interior del Congreso del Estado. 

El Legislativo estatal pide a la SCT subsanar deficiencias no sólo en dicha obra, sino también en el Paso Exprés.

Sin embargo, el legislador que impulsa la medida asegura que insistirán en que entre en vigor.

El Congreso del estado enviará a la "congeladora" el punto de acuerdo con el que 16 diputados pretendieron disminuir de 14 a 20 años el nombramiento de los actuales magistrados del Poder Judicial.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Galindo Cortez informó que postergarán la revisión de las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a dicho punto de acuerdo, hasta después del actual período ordinario de sesiones, que concluirá el 15 de julio próximo.
Refirió que la Constitución Política del estado garantiza al Poder Legislativo 40 días para responder a tales observaciones.

Sin embargo, dijo que serán revisadas y se buscará un acuerdo de mayoría para que pueda ser aprobado de inmediato.
El legislador aseguró que no se retractarán de la determinación de eliminar el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados, aunque dijo que restan cinco días  para que concluya el actual período ordinario de sesiones.
"Va a ser un decreto aclaratorio, únicamente le vamos a cambiar el nombre, ponerle la jurisprudencia, porque sí procede este decreto aclaratorio para dejar sin efecto los nombramientos mediante un punto de acuerdo que se convierte en decreto al momento de ser votada", explicó el legislador. 

Diputada afirma no haber renunciado al partido y anuncia proceso legal.

La diputada Maricela Jiménez Armendáriz pidió a Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), "saque las manos" del nuevo proceso de renovación del instituto político con registro en Morelos. Lo anterior, tras haber denunciado que el actual delegado federal atropelló sus derechos políticos al haberla eliminado del padrón de militantes. 
En rueda de prensa, la actual coordinadora del grupo parlamentario del PES en el Congreso del estado afirmó que Flores Cervantes ha actuado de manera "mezquina", pues también borró del padrón de militantes a delegados, consejeros y otros compañeros que fueron fundadores del Partido en Morelos. 
"Nunca imaginé que fuera él quien buscaría, a través de estrategias viles, coartar mis derechos y actuar contra la militancia al viejo estilo de la política del garrote", manifestó. 
Por ello, la legisladora informó que promovió un juicio de derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), con la finalidad de que se le reconozca como militante fundadora del PES, ya que durante su paso en el instituto político fungió como delegada, dirigente estatal y representante legal.
Aseguró que nunca renunció, como se informó en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por lo que dijo desconocer quién firmó la carta que el órgano electoral presentó durante el proceso de aprobación del registro del PES en lo local, y que la descartó como representante legal del mismo instituto. 
Jiménez Armendáriz afirmó que Hugo Eric Flores ya no tiene ninguna facultad o control sobre el Partido en Morelos, pues a nivel nacional el PES perdió su registro. 
"Exijo a Hugo Eric Flores saque las manos de los procesos del estado y enfrente las consecuencias de las malas decisiones; no más imposiciones; en el estado decide la militancia; no más cúpulas y sus ambiciones", finalizó. 

La ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta fue vinculada a proceso por el delito de peculado en perjuicio del Congreso del Estado.

Esta tarde, una juez de control de juicio oral decretó en audiencia que había elementos para vincular a proceso a la ex diputada por un presunto mal manejo de los recursos públicos del Congreso local y por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) cuando estuvo al frente de la Mesa Directiva.

De acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la ex legisladora no enteró lo equivalente a 29 quincenas y el agravio fue de un monto aproximado de 23 millones de pesos.

La juez de control Teresa Soto Martínez determinó que en cuatro meses se cerrará la investigación; como medidas cautelares decretó la firma periódica en la última semana de cada mes, no salir del país, no acercarse a las víctimas y testigos, así como no acudir al ICTSGEM y al Congreso del estado.

*Para el segundo año de la LIV Legislatura*

El diputado Javier García Chávez confirmó que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) va por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) o la Mesa Directiva para el segundo año de la LIV Legislatura.

Al respecto, el legislador morenista dijo que todo dependerá de los acuerdos que se tomen con las otras fuerzas políticas de mayoría.

García Chávez afirmó que a Morena en el Congreso local ya le corresponde un órgano de control, luego de que el partido fue excluido de las negociaciones en el primer año legislativo.

Sin embargo, aseguró que el G14 (grupo mayoritario) no está fracturado y garantizó que tomarán acuerdos en tiempo, sin afectar los temas que están pendientes por desahogar en el Congreso.

La diputada Maricela Jiménez Armendáriz confirmó que promovió un juicio de derechos políticos, luego que fue eliminada del padrón del Partido Encuentro Social (PES), por parte de Hugo Eric Flores Cervantes y otros militantes de dicho instituto político.

En rueda de prensa, la legisladora acusó al actual delegado para los programas federales de Bienestar Social de traicionar al PES, por lo que le pidió saque las manos del proceso que se ha iniciado de renovación del partido.

Señaló que nunca renunció al partido, pues es fundadora del mismo en Morelos, al tiempo de anotar que Flores Cervantes se valió de irregularidades para eliminar a varios de los militantes.

Jiménez Armendáriz sostuvo que después de que el PES perdió el registro a nivel nacional, Hugo Flores ya no tiene ninguna facultad para intervenir en las decisiones del partido en Morelos.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, reiteró que es necesario que los 20 diputados se sometan a exámenes de control de confianza.

Lo anterior, luego de que este día apareció el nombre del diputado Andrés Duque Tinoco en una "narcomanta".

Zapotitla Becerro dijo que ese tipo de cuestiones afectan la imagen del Congreso local, por lo que se trata de dar confianza a la ciudadanía.

El diputado refirió que es el segundo nombre que se involucra en asuntos de seguridad, como fue también el caso de la legisladora Erika García Zaragoza.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que logró acuerdos en mesa de diálogo, tras varios días de reuniones, con un grupo de representantes de los policías federales inconformes.

Se informó que en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, y los representantes acordaron una minuta de trabajo con ejes transversales en los que se trabajará y se dará seguimiento durante el proceso de transición.

En el documento de referencia se señalan los siguientes puntos, respecto a dicho acuerdo:

"1. Se constituye esta mesa como instancia de diálogo y seguimiento al proceso de transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

2. Ningún integrante será despedido, ni se le solicitará su renuncia, razón por la cual mantendrán su empleo, sueldo, antigüedad y prestaciones.

3. No continuará el pago de las cuotas diarias de apoyo, conocidas como operatividad.

4. Las alternativas para reubicar al personal que no sea transferido a la Guardia Nacional, son el Servicio de Protección Federal/SSPC, la Unidad de Medidas Cautelares/SSPC, la Dirección General de Seguridad Privada/SSPC, Prevención y Readaptación Social/SSPC, Instituto Nacional de Migración/SEGOB, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas/SEGOB, Coordinación Nacional Antisecuestro/SSPC, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados/SEGOB y Aduanas del Servicio de Administración Tributaria/SHCP. Las mesas de atención estarán instaladas a partir del 9 de julio del presente en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal.

5. Instalación de 42 oficinas de atención al Policía Federal, distribuidas en todo el país.

6. Instalación de un módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en el Centro de Mando de la Policía Federal, para seguimiento, aclaración de dudas y respuestas a partir del 9 de julio del presente.

7. Previa solicitud a esta mesa se tratará la posibilidad de un plan de retiro o en su caso una liquidación. Se acordó que dado que ningún integrante será despedido y que existen opciones para continuar en diversas instituciones del gobierno federal, dicha solicitud es legalmente inviable. Sin embargo quienes opten por renunciar tendrán derecho a recibir su finiquito, es decir, la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional y si se tuviera, retirar los ahorros que les correspondan.

8. Los firmantes de la Policía Federal se comprometen a hacer un llamado a sus compañeros a no realizar bloqueos en las vías de comunicación, en calles, avenidas, carreteras y puentes de jurisdicción federal, ni a manifestarse o faltar a sus servicios, ni a tomar otras instalaciones de la institución o cualquier otra, con motivo de la transferencia de recursos de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

9. No habrá represalias contra los Integrantes de la Policía Federal que se inconforman, pero no se aceptará la afectación al servicio, ni faltas injustificadas.

10. Que la Unidad de Asuntos Internos, el Órgano Interno de Control, el Consejo Federal de Desarrollo Policial no persiga, amedrente o instaure procedimientos en contra de los integrantes que manifestaron sus derechos, desde el 3 al 8 de julio del presente. Asimismo no se realicen descuentos por faltas durante ese periodo.

11. Se brindarán facilidades para que los integrantes acudan a las oficinas de atención al Policía Federal, para recibir asesoría jurídica y orientación administrativa.

12. Los integrantes de la Policía Federal de la mesa se comprometen a transmitir a sus compañeros la necesidad e importancia de que cumplan sus obligaciones laborales y legales correspondientes.

13. Los integrantes de la Policía Federal de la mesa rechazan la presencia de gestores o representantes ajenos a la institución y se deslindan de los ataques a la Institución y a la legalidad".

Finalmente, Mejía Berdeja exhortó al personal "a conducirse en apego a la legalidad al tiempo de sumarse por un frente común en el cual hay cabida para todos y en el que se continuará trabajando por el bien de México".

Cámaras de videovigilancia estarán conectadas con el C5.

El Congreso del estado deberá socializar la nueva ley de videovigilancia, que se pretende aprobar antes del 15 de julio, cuando concluya el segundo período ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, afirmó el diputado Javier García Chávez. 
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que este martes se instalarán mesas de trabajo con empresarios de Cuernavaca y otros municipios del estado, para que conozcan la propuesta que se impulsó desde el Poder Ejecutivo. 
De acuerdo con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la nueva ley obligaría a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia y conectarlas con el Centro de Control y Comando (C5) de la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
"Estamos trabajando desde la Comisión de Puntos Constitucionales para que no tengamos ningún recurso de impugnación, porque en el caso de videovigilancia tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos de los privados (sic), de los particulares, entonces vamos a una mesa de trabajo mañana (hoy) que nos permita discutirla", añadió el diputado. 
García Chávez dijo que en esa mesa de trabajo también se convocará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y se garantice que no se violentarán los derechos fundamentales con la ley antes citada, ni con ninguna otra normatividad que se pretende aprobar en los próximos días. 
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, informó que también se presentará al Pleno para su aprobación la nueva ley de Empresas de Seguridad Privada, así como una reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión, así como la ley que regulará el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad. 
Se planteó que este jueves los legisladores sesionarán para desahogar unos temas y el lunes 15 de julio, se aprobarían las nuevas leyes en materia de seguridad. 

Lo atribuye a la disputa por presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

La renovación de las presidencias de la Mesa Directiva, de la Junta Política y de Gobierno y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública -a unos días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, el próximo 15 de julio- ha iniciado una nueva disputa entre las fuerzas políticas con representación en el  Congreso. 
Marcos Zapotitla Becerro, diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que el grupo de 14 legisladores (G14) que controla el Congreso se fracturó después de varios meses de unidad, porque  al menos cuatro diputados buscan presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno para el segundo año de la LIV Legislatura. 
"Esas eran alianzas por ambición y no por compromiso legislativo, yo en tribuna lo pronuncié, que una vez que se diera la recomposición veríamos resquebrajarse al G14, y como fue, porque sólo hay de dos sopas, la Mesa Directiva y la Junta Política", manifestó Zapotitla Becerro, quien integra un grupo de seis diputados (G6) que han sido oposición a la mayoría. 
Sostuvo que si no se logran acuerdos antes del 15 de julio para el nombramiento del nuevo presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez podría continuar al frente hasta que se logren acuerdos y eso podría suceder en un período extraordinario de sesiones, en el mes de agosto. 
En el caso de la Junta Política y de Gobierno, sostuvo que la pugna prácticamente está entre el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que a este último  le correspondía la Junta Política y de Gobierno en el primer año de la LIV Legislatura y se designó a la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
Manifestó su confianza en que se logren los consensos antes de la próxima semana, de lo contrario, el segundo año legislativo iniciará con un Congreso mucho más fracturado que en septiembre pasado, cuando inició la legislatura. 

Justifica acusaciones con deudas que dejó Francisco Moreno Merino.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste reapareció públicamente y desmintió que esté prófuga de la justicia, al ser investigada por el delito de peculado. Afirmó que teme por su integridad y la de su familia. 
Este lunes, la ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado ofreció una rueda de prensa en un domicilio privado de Cuernavaca. Acompañada de su abogado Jesús García Aguilar, afirmó que "he sido tratada como la peor de las delincuentes", a causa del cateo que el viernes pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó en su casa y durante las audiencias a las que acudió. 
Vicera Alatriste afirmó que no ha intentado irse del país para evadir la acción de la Justicia, pues afirmó que recientemente sufrió una pulmonía, causada por la fibrosis pulmonar que padece desde que fungió como legisladora local. 
Sin embargo dijo que teme por su integridad y la de su familia, ya que se han tomado decisiones de manera "parcial", por lo que le pidió al gobernador del estado "no quite los ojos de mi caso". 
"Fui víctima, como si fuera yo la peor delincuente de este estado, me trataron de lo peor, eso nunca se había visto en este estado, eso no se vale, yo estuve yendo a las audiencias que me estuvo requiriendo a la Fiscalía, tres veces bajaron la carpeta, la volvían a subir, nos volvían a citar", agregó la ex diputada con lágrimas en los ojos y conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar, a causa de su pulmonía. 
El abogado Jesús García Aguilar informó que por prescripción médica, durante los próximos 21 días Beatriz Vicera no podrá presentarse a ninguna audiencia, de ahí que promovieron un amparo con el que lograron la suspensión provisional de un juez federal para que la ex diputada no sea aprehendida. 
El litigante confió en que se obtenga la suspensión definitiva y puedan continuar con el caso cuando la ex presidenta del Congreso esté mejor de salud. 
De acuerdo con García Aguilar, a su clienta nunca se le acusó de robarse dinero del Congreso del Estado, sino que es señalada por no haber enterado 23 millones de pesos de las cuotas de los trabajadores ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Sin embargo, justificó dicha acción al asegurar que la ex diputada no cumplió porque tuvo que pagar deudas que recibió cuando tomó la presidencia de la Mesa Directiva, en sustitución del priista Francisco Moreno Merino. 

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su confianza "en la recuperación de la salud jurídica y legal de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste".

Lo anterior, en relación a la investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex diputados de la pasada legislatura.

En el documento de referencia, firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Matías Quiroz Medina, se detalla lo siguiente:

"Conforme al nuevo sistema de justicia penal, hacemos un llamado para que las autoridades judiciales lleven a cabo un juicio claro y transparente, en donde se brinde derecho a audiencia a la compañera Beatriz Vicera Alatriste y se escuche a lo que su derecho asista.

Solicitamos de la manera más respetuosa, que el sistema escuche las causales que motivaron su ausencia por un problema de salud y se eviten emitir fallos por parte del juez con evidente contenido político en sus decisiones.

Con documentos y testimonios de doctores, queda de manifiesto el estado de la salud de la ex diputada local, problema que la ha aquejado en los últimos años y que fue la causa por la que no se presentó a la audiencia requerida.

Desde la dirigencia de este partido político, confiamos en que saldrá adelante de las acusaciones que enfrenta, y para aquellos que se vitorean del actuar de la Fiscalía Anticorrupción, es mejor que actúen conforme a derecho y olviden las vendetas personales.

Que quede claro, el PRD apoya la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia, por lo que en ese marco confiamos en la recuperación de la salud jurídica y legal de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste".

*Además de Comisión de Hacienda*

En el Congreso del estado inició una nueva disputa por la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva, Junta Política y de Gobierno (JPyG) y Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; los grupos al interior del Poder Legislativo se encuentran fracturados por los órganos de control.

Respecto al tema, Marcos Zapotitla Becerro aseguró que el grupo de 14 legisladores (G14) se fracturó porque al interior al menos cuatro diputados buscan presidir la Mesa Directiva y la JPyG durante el segundo año de la LIV Legislatura.

Zapotitla Becerro dijo que es lamentable que prevalezcan los desacuerdos, pero adelantó que si no se logran los votos necesarios para la designación de ambas representaciones, se mantendrían Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

*Refieren que sesionó sin el quórum reglamentario*

En un comunicado, las diputadas Naida Josefina Díaz Roca, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano, Keila Figueroa Evaristo, Ana Cristina Guevara Ramírez y Tania Valentina Rodríguez Ruiz expresaron "inconformidad y desacuerdo por los procedimientos que se emplearon" para efectuar la sesión de la Comisión de Hacienda del pasado 5 de julio.

Lo anterior, "con relación al boletín de prensa emitido este lunes por la mañana" desde la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso local, cuya titular es la diputada Rosalina Mazari Espín.

Al respecto, las legisladoras anotaron que dicha sesión "adoleció de falta de quórum por lo que no es válida, pero a donde además permitió que asesores sin facultades legales, votarán como si fueran legisladores, como consta en videos e imágenes"; de igual modo, destacaron que no se observó lo dispuesto en el Reglamento para el Congreso del estado.

Añadieron que "en consecuencia y apegados a derecho, no es procedente que los referidos dictámenes sean incorporados al orden del día de la siguiente sesión del Pleno, pues no se observó lo que indica el reglamento, ya que los dictámenes no se debatieron "y mucho menos se aprobaron en la Comisión en el orden del día de la sesión correspondiente".

Finalmente, las diputadas de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública pidieron a la presidenta que respete "las formalidades previstas en el artículo 64 y vuelva a citar con la anticipación debida".

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) protestan este lunes ante la delegación de la Secretaría de Bienestar, al norte de Cuernavaca.

Los inconformes piden la liberación de recursos de programas federales, retenidos desde el año pasado, según señalaron.

Omar Zambrano Hernández, representante de la agrupación, dijo que también hay proyectos de inversión ante diversas dependencias estatales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) que no han sido autorizados.

Al respecto, advirtió que dichos recursos pudieran destinarse para otros fines, de ahí que acudieron hoy ante el delegado federal para los Programas de Bienestar Social, Hugo Eric Flores Cervantes, para que intervenga y se liberen dichos proyectos.

La investigación que realiza la Contraloría del estado al proceso que impulsó Graco Ramírez está en un 60 por ciento

Hay desde datos no corroborables hasta faltante de documentos

Algunos transportistas podrán obtener la concesión si completan la documentación, y en otros casos la solicitud de concesión será cancelada 

En octubre próximo, la Contraloría del estado dará resultados de la investigación que inició al proceso de regularización de taxis que impulsó Graco Ramírez en el 2014 y del que se señalaron diversos actos de corrupción. El titular de la dependencia, César Santana Nava, informó que se tiene un avance del 60 por ciento. 
El funcionario estatal adelantó que se han detectado diversas irregularidades en el proceso de revisión de más de tres mil 500 expedientes, que van desde datos no corroborables hasta faltante de documentos.
"Se confirma la mala integración de los expedientes, hacen falta documentos, hay  expedientes donde hace falta documentación”, explicó el funcionario, quien dijo que la pasada administración que encabezó Graco Ramírez dejó inconclusa la investigación que inició en el 2017 y el actual gobierno tuvo que iniciar una nueva revisión en octubre del 2018.
La revisión a los tres mil 500 expedientes lleva un avance del 60 por ciento pero se prevé que quede concluida el próximo mes de octubre, aunque el contralor del estado refirió que un gran número de los transportistas que buscan la regularización de sus taxi "pirata" podrá acceder a ese derecho al subsanar el faltante de documentación, y en otros casos la solicitud de concesión podría ser cancelada. 
La referente al proceso de regularización de taxis del 2014, fue una de las primeras investigaciones que ordenó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y se ha llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT). 

El Congreso del estado formalizó denuncias en contra de exfuncionarios que resultaron beneficiados con pensiones injustificadas

Diputada afirma que el proyecto de nueva legislación podría aprobarse en septiembre.

La nueva ley de Participación Ciudadana podría aprobarse en los primeros días de septiembre próximo, informó la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ana Cristina Guevara Ramírez, quien aseguró que la figura de revocación de mandato será incluida. 
Este viernes, el Congreso local concluyó los cinco foros regionales de consulta que se llevaron a cabo en el estado, con la finalidad de recabar propuestas de la ciudadanía respecto a la nueva legislación. 
La legisladora de MC refirió que después de los resultados de los cinco foros, la próxima semana se presentará la iniciativa de ley para que, posteriormente, se trabaje con organizaciones civiles y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) que será la autoridad que aplique el citado marco normativo para hacer valer las figuras de participación ciudadana. 
De acuerdo con Guevara Ramírez, una solicitud recurrente de los morelenses que participaron en los foros fue que se cree el mecanismo de revocación de mandato en la Constitución Política del Estado y en la nueva ley. Sin embargo, refirió que el Congreso de la Unión finalmente apruebe dicha figura. 
Otras figuras integradas en el artículo 19-bis son el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, Cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, presupuesto participativo, difusión pública, red de contraloría y gobierno abierto. 

El legislador señala que serán respondidas las observaciones del Ejecutivo pero espera que se mantenga la postura de los legisladores que votaron la medida.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia rechazó, este viernes, los señalamientos de que protege a ex legisladores.

Lo anterior, "conforme a las declaraciones vertidas en medios de comunicación locales en torno a los señalamientos realizados respecto al proceso legal instaurado en contra de las ex legisladores por el delito de peculado", según se anota en el documento.

De igual modo, apunta que el proceso "se ha llevado en estricto apego a la legalidad, con motivo de la solicitud de la fiscalía de formulación de imputación, desahogando sus etapas respectivas apegado a la norma, tomando las determinaciones judiciales conforme a derecho, habiéndose peticionado todas las solicitudes de la fiscalía anticorrupción en tiempo y forma".

Agrega además que "se han respetado en todo momento los derechos y garantías de las partes dentro del proceso legal, así como las determinaciones tomadas por la fiscalía en el ejercicio de su cargo".

Finalmente, el TSJ invita "al público en general a que no se especule sobre el actuar de los jueces, y en caso de tener alguna circunstancia en particular al respecto, hagan valer lo correspondiente ante la instancia respectiva".

*Considerada prófuga de la justicia*

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, confió en que se haga justicia y se detenga a la ex legisladora perredista Beatriz Vicera Alatriste, quien es considerada prófuga de la justicia.

"Tiene que haber un ejemplo de que la corrupción se va a castigar en Morelos", aseveró Rodríguez Ruiz.

La diputada apuntó que el Congreso del estado presentó todos los elementos necesarios para que se castigue tanta a Vicera Alatriste como a Hortencia Figueroa Peralta, quienes estuvieron al frente de la Mesa Directiva en la LIII Legislatura.

*Respecto al punto de acuerdo sobre permanencia de magistrados*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la próxima semana desahogarían las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al punto de acuerdo por el que se eliminó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.

De igual modo, el legislador dijo que en la siguiente sesión ordinaria se dará turno de dichas observaciones a comisiones, y posteriormente se buscará darle trámite inmediato.

Sotelo Martínez confió en que el punto de acuerdo nuevamente tenga los votos necesarios para desahogarse, con las observaciones ya subsanadas.

Este viernes, integrantes de la mesa directiva del Colegio de Abogados del Estado de Morelos rindieron protesta.

El Consejo Directivo 2019-2021 del Colegio de Abogados de Morelos estará presidido por Enrique Paredes Sotelo.

En entrevista, Paredes Sotelo señaló que la asociación trabajará de la mano con las instituciones, pero también serán observantes de lo que hagan por los ciudadanos.

Apuntó que estrategias como la Guardia Nacional merecen el respaldo del Colegio, pero sostuvo que estarán atentos a sus resultados.

Empresarios afirmaron que no les preocupa conflicto de la Policía Federal con la federación, ante la transición que se dará con la creación de la Guardia Nacional.

Jorge Mátar Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelos, sostuvo que es un tema político-mediático, al tiempo de señalar que esperan que "las condiciones estén dadas".

Dijo que como empresarios están satisfechos de la llegada de la Guardia Nacional a la entidad y les garantiza tranquilidad, al ser de las principales víctimas de extorsión y otros delitos debido a su actividad económica.

*Respecto a observaciones sobre punto de acuerdo*

Magistrados dijeron que serán respetuosos de lo que resuelva el Congreso del estado, respecto a las observaciones que se hicieron al punto de acuerdo por el que se les redujo sus años de permanencia en el cargo.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles sostuvo que durarán en el cargo lo que señala la Constitución Política del Estado de Morelos, que son 14 años.

Nadia Luz Lara Chávez, por su lado, refirió que sólo María del Carmen Verónica Cuevas López ha promovido un amparo en su defensa, por ser la primera afectada, ya que se le vencería el cargo el pasado 4 de de julio.

Se busca que garanticen un reordenamiento urbano mediante técnicas de construcción más seguras.

El Congreso del estado exhortó a los ayuntamientos a cumplir con la creación o actualización de sus reglamentos de construcción, para que estén apegados al desarrollo urbano y garanticen una infraestructura segura para prevenir desastres como los que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017.
De acuerdo con la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, sólo 14 municipios cuentan con un reglamento de construcción: Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Mazatepec, Temixco, Xochitepec, Tlaltizapán, Yautepec y Yecapixtla. 
Sin embargo, dijo que se desconoce si estos ordenamientos están actualizados y garantizan un reordenamiento urbano mediante técnicas de construcción más seguras. 
"Estos reglamentos deberán regular todo tipo de construcciones que se realicen en estos, así como determinar los usos de suelo, terrenos o predios o vías de propiedad privada o pública deben contar con un ordenamiento que incluya el reordenamiento urbano, la clasificación, el uso de los suelos y las técnicas constructivas que contemple la reducción al mínimo de los riesgos para evitar en lo posible lo sucedido en el sismo pasado", manifestó Jiménez Armendáriz. 
La legisladora señaló que los municipios deben cumplir de manera urgente con tales ordenamientos legales, pues algunos están en proceso de construcción, como Jojutla, Zacatepec y otros municipios de la zona sur. 
De igual forma, dijo que los ayuntamientos deben asumir la responsabilidad de revisar las licencias de construcción que se otorgan y si cumplen con los lineamientos sobre el uso de suelo, para evitar un desorden urbano. 
El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría durante la sesión ordinaria pasada, y se envió el Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad", a fin de que los municipios atiendan a este llamado. 

Plantean reforma al Código Penal para establecer como lesiones "calificadas" las agresiones que un civil cometa en contra de un elemento de seguridad.

Los diputados defienden el proceso legislativo para anular el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.

*Al punto de acuerdo sobre nombramientos de magistrados*

El diputado José Luis Galindo Cortez aseguró que a más tardar la próxima semana se responderá a las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, respecto al punto de acuerdo que anula los nombramientos por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) aseveró que María del Carmen Verónica Cuevas López, actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a quien hoy se le vencería el cargo de haber entrado en vigor el punto de acuerdo, sólo ganó tiempo con las observaciones hechas por la Consejería Jurídica.

Galindo Cortez lamentó que el Ejecutivo no haya querido publicar el acuerdo, pues aseguró que sí se cumplió con el proceso legislativo que marca la Ley Orgánica, ya que se pidió se aprobara de urgente y obvia resolución, como ha ocurrido en otros casos.

Sin embargo, insistió en que nada cambiará y el punto será aprobado nuevamente por el Pleno del Congreso, con base en las observaciones hechas por el Ejecutivo.

Por su lado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que analizarán las observaciones del Ejecutivo, apegados a la ley y en el tiempo señalado.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec condenó el homicidio de Asunción Vázquez Santiago, madre de la regidora de Desarrollo Económico, Transporte y Asuntos Migratorios, Patricia Mireya Martínez Vázquez.

Los integrantes del ayuntamiento expresaron su solidaridad con Martínez Vázquez y solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realicen las investigaciones y se esclarezca el hecho.

En el documento de referencia se anota lo siguiente:

"En relación con la privación de la vida de la ciudadana Asunción Vázquez Santiago, los integrantes del Ayuntamiento de Jiutepec para el periodo 2019-2021 comunicamos:

1.-Nuestra profunda consternación por el incidente y nuestra más amplia solidaridad con nuestra querida compañera del Ayuntamiento y amiga Patricia Mireya Martínez Vázquez.

2.-La solicitud formal a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que, con base a los protocolos establecidos, realicen las investigaciones correspondientes y esclarezcan este condenable suceso.

3.-Llamado a las corporaciones de seguridad de los niveles federal y estatal para que en el marco de actuación redoblen las tareas operativas en el municipio de Jiutepec, a fin de salvaguardar la libertad e integridad física de los habitantes de la demarcación".

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, descartó protestas de policías federales en Morelos, ante el temor de perder sus prestaciones con la integración de la Guardia Nacional.

En entrevista, el encargado de la política interna aseguró que se mantienen las tareas de seguridad en la entidad por parte de la Policía Federal (PF).

El funcionario estatal también refirió que ya han tenido acercamiento con el coordinador de la PF en Morelos, Javier Ortega Maya, quien aseguró que los policías no están en protesta y aceptarán la transición que ha establecido el gobierno federal.

*Del Poder Judicial*

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, confirmó que entregaron observaciones al Congreso local respecto al punto de acuerdo que modificó el nombramiento de los actuales magistrados del Poder Judicial.

Sostuvo que dichas observaciones están fundamentadas en que el Congreso del estado no cumplió con el proceso legislativo para la aprobación del citado punto de acuerdo.

Sotelo Salgado explicó que el punto sólo se presentó al Pleno y no cumplió con la dictaminación y presentación procedente.

Ahora, el Congreso del estado tiene 40 días para responder a estas observaciones y reponer el proceso legislativo; de lo contrario, el punto de acuerdo no procederá.

Cabe agregar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que hace referencia al punto de acuerdo aprobado el 28 de junio por el Pleno del Congreso, por el que se dejó sin efectos el nombramiento de 20 años a los magistrados que autorizó la LIII Legislatura en el 2018.

Al respecto y en el documento de referencia, el TSJ detalla lo siguiente:

"Este Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos celebra la determinación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de realizar observaciones y devolver el punto de acuerdo parlamentario aprobado por el Congreso del Estado con fecha veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, enviado como decreto para su publicación, con el que se pretendía disminuir el tiempo del encargo de los magistrados, por ser un acto que va en contra de la Constitución, observaciones que refleja a todas luces que el Poder Ejecutivo se apega a la norma Constitucional del Estado y a la legalidad".

El llamado a la SCT es a salvaguardad la integridad de los ciudadanos que transitan por esa vía de comunicación.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que se repare de manera urgente el muro de contención dañado del Paso Exprés Tlahuica, que se ubica en el kilómetro 84, a la altura de la colonia Antonio Barona, y que representa un grave riesgo para la población.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, presentó un punto de acuerdo por el que también se hizo un llamado a la Coordinación Estatal de Protección Civil para que se tomen medidas de seguridad ante dicho desprendimiento del muro.
"En esta ocasión tenemos la oportunidad de tomar medidas de prevención para evitar que esta situación tenga como final una tragedia traducida en pérdida de vidas", manifestó la legisladora, al recordar que hace dos años dos hombres murieron por el socavón que se originó en el Paso Exprés, ante la omisión de las autoridades en las fallas de dicha obra carretera. 
La diputada apuntó que existe un dictamen de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que advierte de los riesgos y de la necesidad de reparar el muro de contención ubicado en el kilómetro 84. 
"Por tal motivo, y con la finalidad de evitar una tragedia como las que ya han acontecido en el estado en el paso exprés y sus vicios ocultos, hago uso de mis atribuciones como legisladora para exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a realizar las reparaciones necesarias con la finalidad de salvaguardad la integridad de todos los ciudadanos que transitan por ese tramo, máxime cuando se avecina el periodo vacacional y el tránsito aumenta y, con este, el riesgo", manifestó. 
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso local. 

Beatriz Vicera Alatriste está sustraída de la justicia, confirman.

Leyes de videovigilancia y de tecnologías de la CES y reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión, serán aprobadas por los diputados la próxima semana.

El Pleno del Congreso del Estado conoció este miércoles, en sesión ordinaria, la iniciativas de ley de videovigilancia y de la que busca regular el uso de las tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad. 
Las propuestas fueron creadas y enviadas ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso y presentadas de manera inmediata ante el Pleno por el diputado Marcos Zapotitla Becerro, a fin de aprobarlas por la vía rápida la próxima semana. 
En tribuna, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que la nueva ley de videovigilancia tiene como finalidad coadyuvar en la prevención e investigación de los hechos delictivos. 
Con la nueva normatividad, agregó, se permitirá la regulación de los aparatos de video y vigilancia que ayudarán a documentar infracciones administrativas sobre la seguridad pública y atender emergencias de manera oportuna con capacidad las 24 horas. 
"Son efectos que se catalogan como disuasivos de delitos y coadyuvante de la investigación. La videovigilancia puede funcionar para disminuir el riesgo de ser víctima de un delito", manifestó Zapotitla Becerro ante sus homólogos. 
La propuesta establece que las empresas deberán contar con cámaras que estén conectadas a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), como una medida de prevención del delito. 
De igual forma, ante tribuna también presentó la propuesta que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad, la cual ayudará a una mejor coordinación entre el Centro de Comando (C5) y las dependencias estatales y municipales, así como empresas conectadas al mismo. 
De acuerdo con el legislador, las redes tecnológicas y el uso de aparatos de telecomunicación han sido factor para la operatividad del C5, por lo que es necesario establecer el marco normativo para el uso de las tecnologías en materia de seguridad. 
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su dictaminación en las próximas horas y su aprobación la próxima semana, antes de 15 de julio, cuando concluirá el período ordinario de sesiones. 
De igual forma, se postergó la aprobación de la reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión. 
El diputado Javier García Chávez informó que el Ejecutivo determinó realizar unos ajustes en el dictamen, que se votará al mismo tiempo que las leyes antes citadas. 

Sus plazas fueron anuladas por los actuales diputados desde septiembre del 2018.

El Congreso del estado enfrenta 30 juicios de amparo de extrabajadores que fueron sindicalizados por la LIII Legislatura y cuyas plazas fueron anuladas por los actuales diputados, desde septiembre del 2018.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que de las 40 plazas que creó la pasada legislatura para "premiar" a sus ex colaboradores, 30 juicios se iniciaron por los posibles afectados. 
Dijo que están atentos a la resolución de la justicia federal en torno a las plazas de sindicalizados que, afirmó, se autorizaron fuera de la ley y con salarios onerosos. 
Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la firma del convenio contractual 2019 con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, con el que acordó un incremento del 5.6 por ciento al salario retroactivo al mes de enero. 
Dentro el convenio que se firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), se acordó destinar una partida presupuestal por 180 mil pesos para la compra de despensas, además de recursos para la entrega de uniformes para los trabajadores del Congreso del Estado.
Sotelo Martínez dijo que también se convino con la parte sindical destinar un monto de 185 mil pesos para “temas de higiene y economía de los trabajadores”, así como incentivos  económicos para 40 trabajadores por su buen desempeño, y para la organización de festividades sociales como el Día de la Madre, del Padre y de la Secretaria, por mencionar algunos.

A una semana de que seis consejeros consultivos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) fueran electos por el Congreso del estado, el Pleno les tomó protesta, este miércoles.

Se trata de Christian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio, Briseida Ruiz Flores, Gerardo Vargas Salgado, Rosario Cázares Campos y Abimelec Quiroz Morales.

En la misma sesión ordinaria se incluyeron dos iniciativas que presentó hoy el Poder Ejecutivo en materia de seguridad: las propuestas de ley de videovigilancia y la que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Dichas iniciativas fueron presentadas para que se proceda a su dictaminación.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, Rosalina Mazari Espín, reveló que una ex legisladora pretende irse del país ante el proceso que se sigue en su contra por el delito de peculado.

Mazari Espín pidió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizar su trabajo y proceder en contra de quienes causaron daño al Poder Legislativo.

En entrevista, la diputada también refirió que el Poder Judicial intenta proteger a las ex legisladoras que se encuentran en proceso judicial, al haber diferido la audiencia de vinculación.

El Congreso del estado firmó convenio 2018 con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), con un incremento salarial del 5.6 por ciento.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que dicho aumento salarial será retroactivo al mes de enero, además de las prestaciones que se incluyen en el convenio, tales como becas y apoyo para lentes, entre otros.

En cuanto a las 40 plazas de sindicalizados que integró la LIII Legislatura y que fueron anuladas, el diputado refirió que 30 siguen en litigio, por lo que podrían recuperar su derecho.

Por otro lado, Sotelo Martínez señaló que están atentos del actuar de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de que se confirmó que la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste está sustraída de la justicia.

También dijo desconocer de la revisión que inició la Auditoría Superior de la Federación al Congreso local.

Este miércoles se lleva a cabo un foro estatal sobre el reconocimiento de los animales como seres sintientes, en el marco de la propuesta de reforma constitucional que se impulsó en el Congreso local.

Sobre el tema, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, explicó que lo que se busca es terminar con el maltrato y abandono animal en Morelos.

La legisladora apuntó que existe la confianza en que se apruebe la reforma constitucional y posteriormente se avance en las leyes reglamentarias, que abarcaría sanciones penales en contra de quien abandone o maltrate a esos seres vivos.

Encargado de despacho admite la contratación de familiares y allegados de diputados.

El encargado de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Uriel González Sotelo, admitió que familiares y allegados a los diputados locales fueron contratados por el órgano auditor, pero aseguró que no se debió a una imposición sino a una revisión de los "mejores perfiles". 
Luego que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" reveló que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha sido usada como espacio de colocaciones laborales para familiares y allegados de los actuales diputados locales, el funcionario estatal aseguró que las 21 nuevas contrataciones en este año, entre las que resalta la de Jorge Emilio Díaz Roca, hermano de la diputada Naida Díaz Roca, se realizaron en base a las facultades que tiene la ESAF como órgano autónomo de gestión. 
Sin embargo, el encargado de despacho sostuvo que no se trata de ningún acto fuera de la ley. 
"Estamos cuidando los mejores perfiles, cuando a nosotros nos mandan sus currículums nosotros vamos a ver en qué área los vamos a colocar, no vamos a colocar a un arquitecto en el área financiera. Nosotros cumplimos con revisar los perfiles, no porque sean hermanos o sean primos no los vamos a considerar", declaró. 
Aunque, posteriormente González Sotelo admitió que también se contrató a personal que no cuenta con cédula profesional, pero que esa omisión no afecta al desempeño de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
"Es un detalle que estamos vigilando porque también nosotros estamos vigilando los manuales de organización, en algunos puestos no requiere la cédula profesional, entonces eso sí estamos completamente vigilando porque acuérdense que nosotros estamos regulando precisamente a todos los entes", admitió. 
Finalmente, mencionó que desde el año pasado se inició la baja de trabajadores en la ESAF y en enero se dio la contratación de 21 plazas.

ESAF debe depurarse: Keila Figueroa

Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Keila Figueroa Evaristo, se pronunció por la depuración de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Dijo que una vez que se concrete la designación del nuevo titular se pedirá que el órgano deje de ser un espacio de colocaciones, por lo que adelantó que investigará quiénes son los familiares y amigos de sus homólogos que trabajan en la auditoría.
Mientras tanto, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, se deslindó de la contratación de familiares y dijo que es un asunto que compete a los diputados involucrados. 

Nombramientos en ESAF e IMIPE también se realizarán dentro del presente periodo ordinario, anticipa Tania Valentina Rodríguez.

El 12 de julio próximo , los diputados locales desahogarán la carga de trabajo que arrastran desde el año pasado, incluidos los nombramientos del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), aseguró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
En entrevista, la legisladora local refirió que también se aprobarán más de 11 dictámenes de iniciativas de reformas legales que propusieron sus homólogos, además de las propuestas que planteó el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.
Para ello, señaló que este miércoles 3 de julio recibirán el paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo, que plantean la creación de las leyes de Videovigilancia y la que regulará el uso de tecnologías para seguridad pública. 
La diputada afirmó que dichas propuestas son de prioridad, por lo que se pretenden aprobar en este periodo ordinario y no en un extraordinario para el mes de agosto, como plantearon algunos legisladores. 
"Vamos a trabajar lo más que se pueda para sacar los rezagos legislativos y dejar este periodo legislativo con los temas más importantes resueltos, iniciativas que valen la pena, iniciativas de seguridad, vamos a trabajar a marchas forzadas y (que) no haya período extraordinario", manifestó. 

Diputado señala que se anulará la reforma constitucional que aprobó la anterior legislatura.

El Congreso del estado impulsará una contrarreforma constitucional para eliminar beneficios a los magistrados del Poder Judicial, desde su nombramiento hasta su retiro. Así lo confirmó el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Galindo Cortez. 
En medio de una controversia sobre la procedencia del punto de acuerdo que impulsó para reducir de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial, que aún se revisa por el Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el legislador petista aseguró que irán al fondo del tema y echarán abajo la reforma constitucional que aprobó la LIII Legislatura. 
Se trata de la reforma constitucional que se publicó el 24 de febrero en el periódico oficial, y que incluyó la eliminación del proceso de evaluación y ratificación y se estableció que los próximos magistrados durarán en su encargo 14 años.

Anteriormente se les designaba por un periodo de seis años, con la posibilidad de permanecer ocho años más. 
Dicha reforma también estableció que por "única ocasión" los actuales magistrados permanecerían 20 años en el cargo, misma disposición que se busca abrogar con el punto de acuerdo que aprobó el lunes 24 de junio pasado por el Pleno del Congreso. 
Galindo Cortez aseguró que la propuesta de contrarreforma se impulsará en el próximo período ordinario de sesiones, para lo cual convocará a mesas de trabajo con asociaciones de abogados y con los mismos magistrados. 
"No hicimos primero esa reforma porque se iba a postergar en el cargo la magistrada presidenta y por ello determinamos impulsar el punto de acuerdo. Vamos por la segunda etapa, de todos modos no se van a quedar (los magistrados). Obligatoriamente debemos impulsarla, porque debemos dar certeza a la ciudadanía de que hay procuración de justicia", manifestó. 
En la reforma aprobada por la LIII Legislatura también se contempló la creación de un fideicomiso en el Poder Judicial para el pago del haber de retiro de los magistrados, lo cual no se ha podido impulsar. 

El 12 de julio, el Congreso del estado desahogará todos los pendientes legislativos, confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Dichos pendientes son los relacionados con la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), entre otros.

La legisladora explicó que también se aprobarán más de 11 dictámenes, incluidas las propuestas que planteó el Ejecutivo en materia de seguridad.

De igual modo, informó que este 3 de julio recibirán el paquete de iniciativas del Ejecutivo, que ayudarán a trabajar en materia de seguridad.