El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Galindo Cortez lamentó que el Poder Ejecutivo no haya publicado el punto de acuerdo que anulaba el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial y que fue aprobado por el Pleno del Congreso del estado el 28 de junio pasado. 

En entrevista, el legislador aseguró que sí se cumplió con el proceso legislativo que marca la Ley Orgánica, ya que el Pleno autorizó que se aprobara como de urgente y obvia resolución, igual que ha ocurrido con otros asuntos. 

"No había por qué, su deber era publicarlo, no lo quisieron hacer, desconozco por qué pero lo que entiendo es que quisieron alargar o quieren alargar la estadía de la magistrada. Yo siempre he dicho que no era nada personal, no era nada contra ella (María del Carmen Verónica Cuevas López) era contra el Poder Judicial. Lo que están ganando es tiempo pero yo les aseguro que esto pronto se tendrá que resolver", manifestó. 

Es que este jueves 4 de julio se le vencería el cargo a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) si el punto de acuerdo se hubiera publicado y su nombramiento se reducía a 14 años. 

No obstante, Galindo Cortez dijo que a más tardar la próxima semana se responderá a las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, y garantizó que cuenta con la mayoría de votos para su aprobación inmediata en el Pleno. 

Reiteró que los nombramientos se anularon con un acuerdo porque la LIII Legislatura estableció una norma transitoria mediante un punto de acuerdo, para establecer que, por única ocasión, los actuales magistrados permanecerían en el cargo por 20 años. 

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que analizarán las observaciones que hizo el Ejecutivo y que presentó la tarde del miércoles, para conocer si están apegadas a derecho. 

El legislador dijo ser respetuoso de la postura del Ejecutivo, pero afirmó que si es procedente desahogarán las observaciones y volverán a enviar el acuerdo, el cual supuestamente no cumplió con el proceso legislativo para su aprobación en el Pleno.