La FGE está obligada a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la ejecución de una familia en 2017 a manos de policías de la CES, señala Marcos Zapotitla Becerro.

El ex comisionado estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra debe ser llamado a cuentas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el caso de la masacre registrada en contra de una familia en Temixco, el 30 de noviembre del 2017, afirmó el diputado Marcos Zapotitla Becerro. 
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió tarde las recomendaciones al gobierno morelense por los hechos registrados en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que desde que sucedieron se advirtieron irregularidades por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
Sin embargo, refirió que ahora que el organismo defensor de los derechos humanos se pronunció al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación por el caso, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.
"El alcance que tiene esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con que se genere la sanción respectiva y eso puede ser por responsabilidad administrativa, civil o penal", agregó. 
El legislador del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que es momento de que el fiscal Uriel Carmona Gándara pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador perredista Graco Ramírez y a sus ex colaboradores, sino que está para hacer justicia.
"El fiscal tendrá que demostrar si sigue con Graco Ramírez o sí finalmente acepta enjuiciar a estos elementos, pero sobre todo integrar debidamente esa responsabilidad. En nada ayuda al gobierno que se señale que hay impunidad, que hay encubrimiento", manifestó.