El Congreso del estado formalizó las denuncias en contra de los ex funcionarios de la pasada administración estatal y de la LIII Legislatura que recibieron "pensiones doradas. La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que en los próximos meses se cancelarán 17 más que fueron autorizadas de manera irregular.
En entrevista, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) informó que siguen aportando pruebas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) sobre las irregularidades que se cometieron por ex colaboradores del ex gobernador perredista Graco Ramírez y los ex diputados de la LIII Legislatura para autorizar pensiones onerosas e injustificadas.
"Estamos trabajando con los fiscales sobre el tema de las jubilaciones doradas, ya se aportó la información para que puedan actuar, ya no está en nuestras manos, ya toda la información que tenía se entregó a las fiscalías. La Comisión del Trabajo estuvo en la fiscalía entregando libros, carpetas, folders... nosotros ya entregamos todas las documentales", refirió la legisladora.
Explicó que las pruebas aportadas a la autoridad judicial corresponden a los documentos apócrifos que se expidieron por los ayuntamientos con los que los ex funcionarios beneficiarios pudieron comprobar años de servicio que nunca trabajaron, además de otras documentales sobre las irregularidades que cometieron los ex diputados para autorizar tales retiros. 
Rodríguez Ruiz aseguró que en los próximos meses, la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presentará ante el Pleno del Congreso 17 dictámenes nuevos de jubilaciones y pensiones que deben ser canceladas, porque se aprobaron fuera de la ley.
Dijo que están a la espera de que Cuautla y Yautepec responda a las solicitudes de información que les hizo el Poder Legislativo, para corroborar que también dichos procesos fueron aprobados fuera de la ley.
Tania Valentina Rodríguez Ruiz afirmó que no les preocupa que los jubilados y pensionados a los que se les canceló su derecho obtengan el amparo de la justicia federal, ya que existen elementos para comprobar que incurrieron en delitos graves y no cumplieron con el proceso de ley para su retiro.