Justifica acusaciones con deudas que dejó Francisco Moreno Merino.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste reapareció públicamente y desmintió que esté prófuga de la justicia, al ser investigada por el delito de peculado. Afirmó que teme por su integridad y la de su familia. 
Este lunes, la ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado ofreció una rueda de prensa en un domicilio privado de Cuernavaca. Acompañada de su abogado Jesús García Aguilar, afirmó que "he sido tratada como la peor de las delincuentes", a causa del cateo que el viernes pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó en su casa y durante las audiencias a las que acudió. 
Vicera Alatriste afirmó que no ha intentado irse del país para evadir la acción de la Justicia, pues afirmó que recientemente sufrió una pulmonía, causada por la fibrosis pulmonar que padece desde que fungió como legisladora local. 
Sin embargo dijo que teme por su integridad y la de su familia, ya que se han tomado decisiones de manera "parcial", por lo que le pidió al gobernador del estado "no quite los ojos de mi caso". 
"Fui víctima, como si fuera yo la peor delincuente de este estado, me trataron de lo peor, eso nunca se había visto en este estado, eso no se vale, yo estuve yendo a las audiencias que me estuvo requiriendo a la Fiscalía, tres veces bajaron la carpeta, la volvían a subir, nos volvían a citar", agregó la ex diputada con lágrimas en los ojos y conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar, a causa de su pulmonía. 
El abogado Jesús García Aguilar informó que por prescripción médica, durante los próximos 21 días Beatriz Vicera no podrá presentarse a ninguna audiencia, de ahí que promovieron un amparo con el que lograron la suspensión provisional de un juez federal para que la ex diputada no sea aprehendida. 
El litigante confió en que se obtenga la suspensión definitiva y puedan continuar con el caso cuando la ex presidenta del Congreso esté mejor de salud. 
De acuerdo con García Aguilar, a su clienta nunca se le acusó de robarse dinero del Congreso del Estado, sino que es señalada por no haber enterado 23 millones de pesos de las cuotas de los trabajadores ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Sin embargo, justificó dicha acción al asegurar que la ex diputada no cumplió porque tuvo que pagar deudas que recibió cuando tomó la presidencia de la Mesa Directiva, en sustitución del priista Francisco Moreno Merino.