Fue en octubre del 2014 cuando en este espacio dominical hicimos mención por primera vez de las labores que lleva a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), no únicamente en su país o en México, sino en diversas partes del mundo; con el título “Fosas, cadáveres... antropología forense”, dimos cuenta del trabajo de estos expertos, meses antes que fueran colocados en el reflector nacional derivado de su intervención en el caso Ayotzinapa.

Posteriormente y en el mes de febrero del 2015, comentamos sobre la conferencia de prensa ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la investigación desarrollada en torno al caso Ayotzinapa y a partir de la cual comenzó a presentarse una serie de documentos y entrevistas respecto a las controversias entre lo manifestado por las autoridades de la PGR y los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Señalábamos lo que en diferentes comunicados daban a conocer tanto la PGR como el EAAF:

Asentaba el documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan, de fecha 7 de febrero de 2015, emitido por el EAAF: “Desde el 4 de octubre del 2014, el EAAF actúa como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 a pedido de ellas y de los abogados e instituciones que representan y acompañan (…) El equipo de peritos trabajando para el EAAF en la investigación de Ayotzinapa y casos conexos suman a la fecha 30 profesionales que provienen de los siguientes países: México, Argentina, uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia y España. Dichos profesionales cubren las siguientes especialidades: antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, criminalistas especialistas en fuego, genética forense, botánica y entomología forense”.

Mientras que el posicionamiento de la Procuraduría  General  de  la  República, de fecha 9 de febrero de 2015 apuntaba: “El  Equipo  Argentino  de  Antropología  Forense,  en  ningún  momento  ha  actuado  como  perito  independiente  de las  familias  de  los  43  jóvenes  normalistas  desaparecidos  en  los  hechos  de  Iguala  y  Cocula,  ya que desde el primer  momento,  se  les  incorporó  a  la  investigación  como  peritos  habilitados  de  esta  institución,  a  pesar  de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos…”.

El titular de la PGR en aquel tiempo, Jesús Murillo Karam, dejó el cargo el 27 de febrero del 2015, y será recordado por una frase que pronunció el 7 de noviembre de 2014 al dar por terminada una de las conferencias de prensa en la que informó sobre “indicios” de que los restos humanos calcinados hallados en Cocula, en el estado de Guerrero, podrían pertenecer a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala: "Ya me cansé", expresó quien era en aquel entonces el procurador general de la República.

En el 2015 también, al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se le describía en su sitio web como una “organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo”.

Como antecedente, el EAAF se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983); desde esa fecha han trabajado en más de 30 paises en América, África, Oceanía, Asia, Europa, el Oriente Medio y África del Norte, utilizando la antropología forense para fortalecer el trabajo en materia de derechos humanos.

Además, se mencionaba que los objetivos del Programa de Investigación del EAAF son establecer la identidad, la causa y el modo de muerte de las víctimas e identificar patrones de violaciones a los derechos humanos aplicando las ciencias forenses; restituir los restos de las víctimas a sus familiares y comunidades; por último, presentar los hallazgos y evidencia a las instancias judiciales y ámbitos de investigación correspondientes.

También resaltábamos que al inicio de su labor, hace veinte años, el EAAF -necesariamente- se distanció “de los sistemas médico-legales y otras instituciones gubernamentales que habían perdido credibilidad”; trabajaban fuera de esas organizaciones, mediante “nuevas herramientas científicas en las investigaciones de derechos humanos”.

Mercedes Doretti, miembro fundador del EAAF, en una entrevista para el diario español “El País” apuntó: “A veces no se trata de problemas técnicos en la identificación sino de credibilidad (…) los familiares son gente a la que le ha pasado lo peor: perder un marido, un hijo, una hija. Y obviamente uno quiere saber qué pasó, cómo murió, cómo lo han identificado. No basta solamente la palabra, que te entreguen un cajón cerrado y te digan acá está tu hijo"; añadió además que "las identificaciones forenses no son actos de fe".

Cabe agregar que en la semana que concluye, fue hallado en una fosa clandestina el hermano del ex gobernador panista de Morelos y diputado federal, Marco Antonio Adame Castillo: el cuerpo sin vida fue encontrado el pasado jueves, luego de que Humberto Adame Castillo fuera secuestrado el 8 de mayo y de que se pidieran 50 millones de pesos de rescate; los presuntos plagiarios señalaron el sitio en el que estaba enterrado.

Desde los primeros artículos compartidos con usted, amable lector, en este espacio, destacamos en diversos momentos que fortalecer el sistema forense debería de ser una prioridad en México; sin embargo, la realidad nos ha enfrentado con el hecho de que es un tema que se ha dejado de lado y es ahora en la semana que concluye cuando en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del martes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el primer informe oficial en México en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos encontrados en éstas.

Entre datos diversos, Encinas Rodríguez también mencionó en su intervención que México atraviesa una "emergencia forense".

Dicho comentario derivado de la conclusión del Diagnóstico Nacional Forense, el cual y según indicó el funcionario federal se levantó en toda la República, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR, anteriormente PGR), las fiscalías de los estados y los servicios forenses de cada entidad e incluso en algunos municipios, "para conocer de manera fidedigna las capacidades, no solamente de infraestructura, equipamiento, sino también de recursos humanos para enfrentar esta emergencia forense por la que está atravesando el país".

El marco legal al que se atiende parte de manera fundamental de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas o Desaparición Cometidas por Particulares, misma que crea el Sistema Nacional de Búsqueda y que entró en vigor en enero del año pasado: obliga a la autoridad a llevar un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas que permita contar con información fidedigna y actualizada en coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

Se informó que el diagnóstico referido se levantó en el mes de abril y próximamente se presentarían las conclusiones para iniciar un programa emergente y "enfrentar la crisis de materia forense, en donde además de desarrollar las capacidades institucionales, infraestructura, equipamiento, el desarrollo de recursos humanos, queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho a la identidad, a la identificación, a la entrega de sus familiares y que tengan un destino digno donde sean depositados estos cuerpos".

Además se indicó que con el apoyo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la División Científica de la Policía Federal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el EAAF y los colectivos de las víctimas, se está concluyendo el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, "que considera la creación de un sistema en el cual no solamente homologaremos los procesos y la información, sino daremos atención a las demandas de las víctimas".

Alejandro Encinas también apuntó que no existe ningún registro oficial y es el primero en su tipo que se presenta, mismo que comprende únicamente el periodo del primero de diciembre al 13 de mayo; "lo que no quiere decir que no estemos llevando a cabo el registro de las fosas que con anterioridad se identificaron", agregó el funcionario federal, al tiempo de anotar que es un proceso que por lo menos tiene que remitirse a 20 años atrás "para tener el registro plenamente desarrollado, entendiendo las limitaciones que existen en el acceso a la información".

En el periodo documentado se ubicaron 81 sitios donde se han identificado fosas clandestinas, de los cuales se han registrado 222 fosas, con un total de 337 cuerpos encontrados; los lugares se ubican fundamentalmente en seis estados de la República: Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, que representan casi el 72 por ciento; las fosas clandestinas destacan de manera particular en los estados de Sonora, Sinaloa, Guerrero y Veracruz, entidad donde se han encontrado 76 fosas, el número más alto.

Retomando otros datos que hemos incluido en "Panóptico Rojo" en años pasados, podemos recordar este domingo lo que comentamos en el 2014 y que al día de hoy, en el 2019, parece resaltar que la situación que prevalece en México no ha cambiado. Compartimos:

“En un reporte elaborado por Lizeth Díaz para Reuteurs y publicado el pasado mes de agosto (2014), mismo que incluye en su encabezado las palabras “Cadáveres sin nombre”, se menciona que dicha agencia solicitó a la Procuraduría General de la República las cifras sobre la cantidad de cadáveres no identificados respecto de las víctimas del crimen organizado desde el año 2006, pero no obtuvo respuesta. Derivado de dicha negativa, se buscaron otras fuentes de información y se encontró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calcula que más de la mitad de los 40 mil muertos en enfrentamientos armados, entre el 2006 y el 2011, están sin identificar".

Como forense, comparto el espíritu de investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense y su objetivo: lograr un efecto significativo “incorporando protocolos internacionales del trabajo en derechos humanos a los procedimientos criminales domésticos (…) cerrando el círculo”. Un círculo en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos, y de la justicia. No es el momento de "cansarse" sino de contribuir al acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas, y que estos delitos no queden impunes.