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Presentaron sendas controversias constitucionales ante la SCJN.

Los municipios de Puente de Ixtla y Axochiapan recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las últimas reformas legales y al presupuesto 2018 realizadas por la anterior legislatura, por las cuales fueron extintos varios fideicomisos y el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

Ambos ayuntamientos presentaron ante el máximo tribunal sendas controversias constitucionales en las que alegaron que no fueron tomados en cuenta para realizar las modificaciones a diversas leyes locales, que impactan en las finanzas municipales y violentan el artículo 115 constitucional, que establece las competencias de los ayuntamientos y su derecho a administrar libremente su hacienda.

De acuerdo con las demandas presentadas ante la SCJN, los municipios impugnaron las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2018, así como la abrogación de la Ley del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para solventar la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado y el fortalecimiento de otros tribunales estatales.

Los municipios inconformes argumentaron que las modificaciones legislativas y presupuestales, específicamente la desaparición del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal que se creó por el anterior gobierno restando un 2% adicional a las participaciones de los municipios, “tiene consecuencias, si bien es cierto el fondo a que se hace referencia fue conformado por participaciones del municipio, lo cual se hizo sin tomar en cuenta al gobierno municipal que represento, si bien es cierto cabe destacar que la abrogación no contempla que (sic) fin se le dará a los recursos, lo cual vulnera a todas luces el artículo 115 Constitucional”.

Encabezó en Huitzilac la primera Mesa Regional de Gobierno Ciudadano, con el tema de seguridad.

El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó este lunes la primera Mesa Regional de Gobierno Ciudadano con el tema de seguridad, considerado el rubro de mayor prioridad en su gestión. En entrevista, se pronunció por analizar el incremento a las sanciones como años de cárcel para delincuentes.

 “Treinta, cuarenta años yo creo que les caería bien, para que no lo vuelvan a hacer, porque no se vale; por eso hay mucha gente que está cansada y quiere hacer justicia por su propia mano y tampoco. Por eso les pedimos que nos dejen a las autoridades para que trabajen… Pero yo creo que si alguien se roba un carro y le das 30 a 40 años de cárcel, se lo pensaría. Pero si le dan seis añitos, pues van a volver a hacer lo mismo”, expresó el titular del Ejecutivo, al considerar positiva la propuesta de revisar las condenas en la legislación penal.

Blanco Bravo destacó que lleva 15 días de haber tomado posesión del gobierno estatal y, por lo tanto, pide paciencia, la oportunidad de trabajar, pero destacó que ya hay resultados, como el rescate de algunas personas que habían sido secuestradas y la detención de presuntos secuestradores.

Reiteró que su prioridad es la seguridad, “meter mano dura” para que la gente pueda vivir en paz, los niños salir a jugar y los jóvenes puedan salir de su casa a estudiar y a divertirse con tranquilidad. “A mí no me gustan las injusticias, no me gusta lo que el estado ha vivido y por eso tenemos que regresarle al estado esa alegría y esa tranquilidad”.

El gobernador estuvo en Huitzilac, donde se realizaron este lunes los trabajos de la primera Mesa Regional de Gobierno Ciudadano, con el objetivo de conocer desde sus orígenes la problemática de inseguridad y establecer acuerdos reales y soluciones conjuntas de manera inmediata.
Dicha mesa abarcó los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Temixco, Tepoztlán, Emiliano Zapata y Jiutepec, a la que asistieron titulares del gabinete, presidentes municipales, legisladores federales y locales, representantes de organizaciones sociales, así como integrantes de comités vecinales de participación social en seguridad.  

El gobernador manifestó en su intervención que la lucha por la seguridad en Morelos es tarea de todos. “Nos tenemos que poner de acuerdo para terminar con esa inseguridad que se vive en todos los municipios y poderles ayudar a todos los presidentes municipales”.
Hizo notar que heredó un estado que ocupa el cuarto sitio con peor percepción de inseguridad a nivel nacional, y el tercer lugar en feminicidios, por lo que es necesario realizar un trabajo lo antes posible para que los morelenses recuperen la confianza en sus autoridades.
 

El turismo convencional en México tiene afectaciones ambientales, por ejemplo, los diferentes productos consumidos por los turistas terminan como residuos en los espacios destinados a estas actividades;  además por supuesto, de las modificaciones territoriales en los espacios naturales, donde se emplazan hoteles y restaurantes, cuya iluminación, ruido, altas concentraciones de personas y actividades turísticas en espacios conservados han provocado, entre otras cosas, el desplazamiento de diferentes especies de plantas y animales en busca de mejores condiciones ambientales para su sobrevivencia.

Como resultado de ello se ha impulsado una forma de turismo alternativo al del tipo convencional, permitiendo a los turistas un reencuentro con la naturaleza, así como un reconocimiento del valor de la interacción con la cultura de cada espacio visitado;  este puede asumir diferentes versiones, incluyendo el Turismo de descubrimiento de espacios naturales, el Ecoturismo, el Turismo ambiental o el Turismo rural.

A pesar de que su orientación principal es el aprovechamiento del contacto con la naturaleza, este también se ha vuelto invasivo, y en la mayoría de los casos implica la modificación de los ecosistemas;  incluso, se ha convertido en un medio de  extracción y la mayor parte de las veces, de comercialización de espacios y recursos naturales, dando lugar a complejos turísticos modernos y a sus consecuentes impactos ambientales.

Por el contrario, el turismo alternativo debe contribuir a la conservación biológica, a través de una planeación sobre el uso y manejo de los recursos como atractivos turísticos, desarrollando una cultura ambiental en los turistas, impulsando la atención a necesidades recreativas, pero principalmente bajo un criterio general de respeto a las relaciones sociales locales de quienes habitan en las zonas sobre las que incide.

En esta forma diferente de turismo, no basta solamente con colocar botes de colores para la separación de basura ni letreros que indiquen el paso de fauna en las carreteras o que sugieran no alimentar a las diferentes especies de animales presentes; también es necesario proponer estrategias sencillas como la reducción de productos inorgánicos vendidos en estos espacios, la implementación de baños secos, la delimitación de los horarios para la iluminación artificial e incluso, la creación de zonas de amortiguamiento para el desarrollo de las diferentes actividades turísticas.

Sumado a lo anterior, resulta pertinente capacitar en materia ambiental a los prestadores de servicios y habitantes de las zonas turísticas con el objeto de priorizar la conservación de sus entornos naturales, y reforzar la transmisión de esto a los turistas.  Esto implica en realidad el reconocimiento y aceptación de un intercambio en donde el propietario del entorno ambiental provee el servicio de guía y principalmente conservación, para sostener un turismo de quien obtiene una retribución económica. Dicha complicidad turística-conservacionista es un instrumento que permite a los pobladores locales, dar un valor agregado a los elementos de atracción natural.

Por tanto, la formulación de nuevas complicidades turístico-conservacionistas, implica como eje central la promoción de la conservación ambiental, pero bajo el respeto a las comunidades y sus formas de uso y aprovechamiento de los recursos, es decir, impulsando verdaderas formas de turismo alternativo más allá de la connotación convencional de educación ambiental.

En realidad, buscar que el turismo sume a la conservación de la naturaleza y de la cultura existentes en las comunidades, implica también el respeto a la soberanía de los pueblos indígenas y campesinos por parte de los turistas, sin modificar las actividades productivas tradicionales; por tanto, los usuarios pueden observar directamente las formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y con suerte, ser partícipes de ello.

Mario Alberto Reyna Rojas

Profesor Invitado Escuela de Turismo UAEM.

Fotografías: Israel Carranza, estudiante de la Escuela de Turismo UAEM.

El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

Integran nueva asociación de jubilados 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.

Morena, el partido más beneficiado con el cambio en el esquema para otorgar a partidos esas posiciones; antes llegó a estar en minoría en municipios en los que había ganado arrolladoramente.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos realizó modificaciones a la integración de los Cabildos de siete municipios y confirmó los resultados en dos más.

Al resolver un total de 35 recursos de impugnación relacionados con el resultado de las elecciones municipales y la distribución de las regidurías de representación proporcional, el Pleno del TEEM confirmó los resultados de la elección municipal de Jonacatepec y Axochiapan, así como realizar cambios en la asignación de escaños en los Cabildos de Mazatepec, Tepoztlán, Jojutla, Huitzilac, Temixco, Yautepec y Temoac.

En el caso de Yautepec, el TEEM ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), cancelar las constancias como regidores electos por el principio de representación proporcional a Fernando Juárez Ruiz y Evangelina Pallares, del Partido de Trabajo, y a la candidata independiente María Isabel Ramírez Carillo.

En consecuencia, ordenó entregar la constancia a Sergio Vences Avilés y Avelardo Arias Carreño, por el PRD, a Marco Antonio Mora Velázquez y Alfonso Morales Fuentes.

En el caso de Temixco, ordenó cancelar la constancia como regidora a Damiris Romero Hernández, del Partido Encuentro Social, y entregarla a Eustolio Pani Barragán, de Morena.

En Huitzilac, canceló la constancia a Mauro Acosta Rojas y ordenó entregarla a Mario Oliveros García, de Morena. En el caso de Jojutla, ordenó cancelar la constancia de regidor al también excandidato independiente a la alcaldía, Carlos Alberto Brito Ocampo, y entregarla a Ana Lilia Tovar Morales, de Morena.

En Mazatepec, se retiró la constancia como regidores a Norma Toledo Hernández e Iván Orteaga Hernández, de los partidos Encuentro Social y Humanista, respectivamente, y se ordenó su entrega a Roxana Aguilar Mejía y Jonathan Ochoa Limón, del PRI.

En Tepoztlán, canceló las constancias entregadas a Miguel Ángel Villamil y Eduardo Hernández Jacobo, del PRI y el PES, respectivamente, y ordenó entregarlas a César David Rivera Sánchez y Juanita Elizabeth Olamendi Lagunes, ambos de Morena. Mientras que en Temoac, ordenó retirar la constancia a Aarón Aguilar Linares, de Morena, y entregarla a Isauro Ramírez Rosales, del Partido Verde Ecologista.  

El director del organismo dio a conocer nombramientos de directivos en diferentes áreas; será atendida la falta de maestros en escuelas, señala.

Eliacín Salgado de La Paz, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), señaló que se cumplirá con los compromisos adquiridos con trabajadores como el aguinaldo a jubilados y homologados, aunque admitió que en este momento no se tiene el recuso económico en las arcas del organismo. Este lunes se dieron a conocer nombramientos de directivos de diferentes áreas.

El titular del organismo expuso que el problema más importante y considerado de prioridad, es garantizar el respeto absoluto a los derechos de los trabajadores de educación básica.

Comentó que otro de los aspectos que serán atendidos de forma inmediata es la falta de maestros en algunas escuelas, pues es de las inquietudes más constantes que ha encontrado en los planteles, desde su llegada al puesto.

Enfatizó que la infraestructura es otro de los retos, porque además de los daños provocados por el sismo del año pasado, “hay planteles que jamás han recibido mantenimiento”.

“Tengo cuatro días” en el encargo, dijo el funcionario, al comentar que todavía no concluye el proceso de revisión luego de la entrega-recepción en el IEBEM.

Pero calificó como “deplorables” las condiciones financieras del instituto. “Quiero ser responsable. Me comentan que el aguinaldo de los activos está cubierto. Estamos en espera para resolver el asunto de los aguinaldos de los jubilados y de los homologados. De los 90 días de aguinaldo son 50 días que cubre la Federación y 40 días que cubre el Estado; no tengo la cifra exacta para decirle es tanto”. Consideró que para la próxima semana, a más tardar, se tenga una solución a este rubro.

Por otro lado, comentó que se hará un análisis profundo en lo que respecta a la fusión de grupos, ya que en algunos centros escolares se necesitan maestros, pero se tienen muy pocos alumnos. De tal manera que se buscarán algunas alternativas y recordó que hay una disposición federal con respecto al tema. Y es que argumentó que hay comunidades alejadas de la entidad donde hay pocos habitantes y, por lo tanto, un número reducido de estudiantes.

Tras sostener que no quiere tomar decisiones arbitrarias, comentó que va a pedir a los jefes de sector un diagnóstico general en cuanto a este problema. Porque cabe recordar que la autorización de plazas queda en manos de la Federación y la autoridad federal establece criterios con respecto al número de profesores en proporción a la cantidad de los alumnos.

Eliacín Salgado informó que se llevarán a cabo nombramientos de funcionarios a los que se les dejará en claro que deberán actuar de acuerdo con la norma para desterrar la corrupción. “El funcionario público del IEBEM que lo cachemos en una situación corrupta, se va. Son las disposiciones del gobernador del estado y de su servidor. Se va. No tiene justificación, no vamos a permitir corruptos”.

El director del IEBEM dio a conocer este lunes algunos nombramientos. La institución informó que se trata de los siguientes:

Rafael Vargas Larios, como titular en la Dirección de Personal y Relaciones Laborales; José Isabel Téllez Pérez, en la Dirección de Educación Primaria y Rosalío Marcos Quintero Rosas como director de Planeación Educativa.

También se informó de la designación de Enrique López Lara Morales como director de Administración y Finanzas; Abel Ramiro Lozano Matus, en la Subdirección de Evaluación y Rodolfo Pazarán Benítez como titular en la coordinación de Comunicación Social.
Cabe recordar que la semana pasada ya había sido designado el profesor Leandro Vique Salazar como director de Desarrollo Educativo.

Sin embargo, el gobernador dice que no endeudará más a la entidad y que se saldrá adelante; los compromisos no pagados a proveedores pueden ser hasta de 12 mil millones de pesos.

El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que se han encontrado diversas anomalías en el manejo de recursos en el gobierno durante la administración pasada, que en un plazo máximo de 45 días se habrán de conocer con mayor detalle. No obstante, aseguró que no habrán de endeudar más a la entidad. Por otro lado, rarificó que existe el compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de apoyar a la universidad del estado, siempre que haya transparencia.

Por su lado el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz Rivera manifestó que la administración saliente no dejó recursos en cuentas y por el contrario sí hay muchos adeudos, así como algunas anomalías en obras públicas, seguridad pública y otras áreas.

El titular del Ejecutivo estatal acudió ayer lunes a la ceremonia del informe de actividades anual y toma de protesta del presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE). A partir de este 8 de octubre la presidencia será ocupada por el magistrado Carlos Puig Hernández.

Al finalizar, en entrevista, Blanco Bravo dijo que lamentablemente este año será complejo para la administración, dadas las condiciones que han encontrando, luego de haber tomado posesión el pasado primero de octubre.

Aseguró que, a pesar de esta crisis, su decisión es no seguir endeudando a la entidad, por lo que buscarán alternativas, como el continuar con gestiones ante la Federación para obtener recursos adicionales.

Por otra parte, expresó que sí existe disposición del gobierno estatal de apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues su interés es que no pierdan más clases miles de estudiantes debido a la huelga.

Apuntó que existe incluso el compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de ayudar a la casa de estudios, pero coincidió con el futuro mandatario nacional, en el sentido de que se tendrá que transparentar el uso de los recursos en la institución educativa.

Igualmente en entrevista Sanz Rivera informó que en un lapso de 45 días se tendrá una radiografía completa de la situación que guarda cada secretaría del gobierno estatal; adelantó que las anomalías que se están encontrando podrían derivar en observaciones y denuncias en contra de quien resulte responsable.
A pesar de la falta de liquidez para operar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el jefe de la Oficina de la Gubernatura confió en que a partir de 2019 se iniciará “con el pie derecho”, debido a que el compromiso de Cuauhtémoc Blanco es no fallarle a la ciudadanía.
Con respecto al rescate financiero requerido por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), José Manuel Sanz mencionó que en apego al respeto total de la autonomía universitaria, habrá mesas de trabajo en las que junto con el gobierno federal se busque una solución a la crisis económica.
Además, señaló que se está investigando que el 2.5 del presupuesto anual del gobierno sí haya sido destinado a la Máxima Casa de Estudios de los morelenses, como lo presumió la administración saliente.

Expresó que no es real que el gobierno pasado haya dejado en las cuentas cinco mil millones de pesos para cerrar el año, al apuntar que esa cantidad corresponde a las participaciones federales, que están en las cuentas del estado porque se van liberando de manera programada.

En contraste encontraron que sí hay muchos adeudos a bancos y a proveedores, que podrían llegar a los 12 mil millones de pesos. 

Sanz Rivera externó que no obstante dicho panorama, la decisión del gobernador es enfrentar este reto y salir adelante; confían que en el 2019 la situación sea menos grave y para ello se trabaja también en un presupuesto con lineamientos claros de austeridad en el gasto corriente gubernamental.

El defensor de los derechos humanos determinó que el joven perdió la vida a manos de la corporación y sus familiares deben ser indemnizados.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) otorgó el reconocimiento de víctimas a la familia del joven Erwin Altamirano Delgado, quien tras ser detenido por elementos del Mando Único en Cuernavaca, falleció en los separos policíacos, tras presuntamente haber sido golpeado.

Tras el deceso de Erwin, ocurrido la tarde del 28 de febrero de 2017, su familia inició una queja ante el organismo, ante la certeza de que su muerte fue producto de una severa golpiza que le propinaron los elementos policiacos, debido a los moretones que presentaba el cuerpo.

En contraste, la fiscalía, en versiones contradictorias, aseguró que el deceso fue causado por una úlcera, o por un infarto al miocardio, asociado al consumo de marihuana, pese a que las pruebas toxicológicas practicadas al cuerpo resultaron negativas.

Incluso, el pasado mes de junio un juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reabrir la investigación sobre la causa de muerte del joven Erwin Itzael Altamirano Delgado, ya que la actuación de la fiscalía fue deficiente y no había seguridad sobre qué originó la muerte del joven de 28 años.

En su investigación e integración del expediente de queja, la CDHEM detectó más anomalías, ya que en los informes oficiales fueron contradichos con otras informaciones que presumen que Erwin no falleció en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, sino que fue trasladado a las instalaciones policíacas ya sin vida.

Los cinco elementos involucrados directamente en los hechos, se encuentran en libertad, debido a las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, además de que sigue en duda la causa de la muerte, pues en la necropsia sólo se señaló un infarto al miocardio. 

Ante ello, la CDHEM, con base en las facultades que le otorga la Ley Estatal de Víctimas, emitió la recomendación dirigida al gobierno estatal, la Comisión Estatal de Seguridad, el alcalde de Cuernavaca y a la Fiscalía General del Estado, para que otorgue la reparación integral del daño a las víctimas indirectas; se otorgue una disculpa pública, mediante la cual se reconozca su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Erwin Altamirano y su familia; se impartan cursos de capacitación en derechos humanos; se integren debidamente los procesos penales y administrativos para fincar responsabilidades; se garantice el buen funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y se proporcione atención médica a las personas privadas de su libertad.

Pero también fijó las cantidades que cada uno de los deudos de Erwin deberán, como mínimo recibir, para la reparación del daño: a su hija menor se le deberá indemnizar por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos, a su concubina por un monto de 2 millones 94 mil 920 pesos, a la madre de Erwin por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos y a la abuela de Erwin por un monto de  1 millón 309 mil 345 pesos

Además, a la menor se le deberá proporcionar la atención médica que requiera con carácter vitalicio; y acceso a servicios de educación acordes a sus necesidades particulares, debiendo otorgarle a la menor una beca para continuar sus estudios, así como preparación para el trabajo y formación profesional. 

Las autoridades implicadas en la recomendación cuentan con plazo de 10 días, a partir de su notificación, para responder por cuanto a la aceptación o no de la presente recomendación y un plazo similar para iniciar con la presentación de pruebas de cumplimiento. 

Fermín Morales Velázquez será director del Hospital del Niño Morelense.

El secretario de Salud, Antonio Cantú Cuevas, dio a conocer que ya se trabaja en la elaboración del presupuesto de egresos del 2019, en el que se considerarán varios rubros, entre ellos mejorar la calidad de la atención a la población, además de las prestaciones de trabajadores del sector.

Ayer jueves, el titular de la secretaría tomó la protesta al director de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares, y solicitó al personal de la institución mantener los esfuerzos a favor de la ciudadanía.

En entrevista, comentó que habrá algunos cambios en los organismos sectorizados a la dependencia, entre ellos adelantó que mañana será nombrado oficialmente el nuevo director del Hospital del Niño Morelense, Fermín Morales Velázquez. Además, se analiza la designación de quien será el titular de la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, y el titular del Seguro Popular es el doctor Pablo Larios.

El responsable del sector dijo que ya se trabaja en la solución del problema de abasto de medicamento para el Hospital General de Cuernavaca “José G. Parres”, el cual se debió en parte a que los contratos de proveedores concluyeron el pasado 30 de septiembre y se analiza la asignación de dichas adquisiciones a través de los procedimientos correspondientes.

Recordó que si existiera alguna irregularidad se habrá de identificar a mediados de este mes o en los primeros días de noviembre, cuando se lleve a cabo una revisión a fondo de las condiciones en las que se reciben los diferentes organismos de salud. “Tenemos 45 días para hacer observaciones y retraer a los funcionarios y solicitarles información si hay algo, pero no se trata de una cacería de brujas, se trata de resolver, si lo hay, un problema. Yo espero que todo esté dentro del marco legal”.

Por otra parte, adelantó que se aplicará un plan de austeridad acorde con las condiciones que existen en el estado y en el país, lo cual se verá reflejado en el presupuesto del 2019, pero todavía se están estudiando aquellas áreas en las que una reducción no signifique afectaciones.

En su visita a Morelos, el presidente electo se reunió con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y más tarde encabezó un mitin de agradecimiento ante miles de simpatizantes.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su “apoyo total” al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, al realizar la gira de agradecimiento por Morelos este jueves. Se comprometió a apoyar a la entidad con diversos proyectos, entre ellos la entrega de becas, recursos al campo y revisar la situación que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  

Al mediodía, López Obrador fue recibido por el jefe del Ejecutivo estatal a las puertas del Palacio de Gobierno, donde bromearon acerca de su equipo de fútbol y aseguró que será Blanco Bravo quien en su gestión “bateará jonrón”, en alusión a su deporte favorito –el béisbol- y a evitar decir cuál es su equipo de fútbol ante el exfutbolista.

Posteriormente, AMLO, acompañado de quien será la secretaria de Cultura en su administración, Alejandra Frausto, se reunió en privado con Blanco Bravo y su gabinete, así como con legisladores locales y federales.

Promete proyectos a favor de Morelos y llama a la unidad

Como lo prometió en campaña antes del triunfo del primero de julio, AMLO regresó a Morelos para dar a conocer los puntos centrales del programa de gobierno que beneficiarán a la entidad, con esfuerzos que iniciarán desde el primero de diciembre, día en el que comienza su administración.

Por la tarde, en la Plaza Emiliano Zapata, en el zócalo de Cuernavaca, López Obrador agradeció a los morelenses el haber votado por él y el proyecto de nación, con la cuarta transformación de la que Morelos deberá formar parte.

Ante gritos de algunos morenistas, reiteró su respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco y llamó a la unidad. “Ya de una vez, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, ya dejen de estar peleando, ya me tienen…no tengo copete, pero ya me tienen hasta…Ya pasó la campaña, además, no luchamos por cargos, el que quiera puesto que se vaya al mercado”.

Aseveró que se luchó por sacar a la pobreza a la población y garantizar que haya paz y tranquilidad en Morelos, al sostener: “Ya chole con los pleitos. Estoy visitando estados donde gobiernan de otros partidos y estoy llamando a la unidad a todos porque la patria es primero, todos juntos, gobiernos municipales, el del estado, el gobierno de la república, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Al acto acudieron desde temprana hora estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes se hicieron notar con pancartas, y con gritos tales como: “UAEM, UAEM, UAEM”; “Andrés Manuel, rescata a la UAEM”, llevaron al presidente electo a señalar que apoyará a la universidad del estado. Durante su discurso, López Obrador expresó que pedirá a quien será el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que atienda el caso, pero recordó que la de Morelos no es la única, pues hay otras universidades públicas con crisis financiera.

Enfatizó que hasta que entre en funciones será posible atender directamente el asunto, y dejó en claro que se ayudará a las instituciones académicas, pero “no se va a tolerar ningún acto de corrupción”. Sin violentar su autonomía, tendrán que rendir cuentas, advirtió.  

López Obrador anunció que el 2019 será declarado el año en conmemoración de Emiliano Zapata, por lo que habrá importantes celebraciones y se honrará al Caudillo del Sur con un buen gobierno.

Al dar a conocer algunos de los objetivos en el plan de gobierno para el estado, destacó el apoyo para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre del año pasado, pues aún hay damnificados que viven en casas de campaña.

López Obrador indicó que impulsará una iniciativa de ley para que el 2019 sea reconocido como el “Año de Emiliano Zapata”, ya que se cumplen 100 años de la muerte del caudillo suriano. pic.twitter.com/KypvsSyBdg

— EDGAR CASTRO ZAPATA (@CastroZapata19) 5 de octubre de 2018

Anunció que se beneficiará a casi 35 mil jóvenes del estado, los cuales van a ser contratados como aprendices y van a recibir mensualmente un ingreso de tres mil 600 pesos, lo cual implicará una inversión de mil 490 millones de pesos para el año próximo.
Asimismo, precisó que cinco mil 742 universitarios morelenses y que son de familias de escasos recursos económicos, recibirán una beca de dos mil 400 pesos mensuales. Se crearán cuatro universidades en Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Ayala y Tepoztlán, cuya creación se trabajará desde el inicio del gobierno.
Destacó que no sólo se mantendrá, sino que se incrementarán los recursos destinados al programa Prospera, para lo cual, tan sólo en Morelos, 86 mil familias seguirán recibiendo el apoyo.
Recordó que en campaña prometió elevar el apoyo a personas adultas mayores a través del programa de pensión universal que él creó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, y que luego “fue copiado mal”, pero que tendrá continuidad, el monto a entregar aumentará al doble y se va a incluir a jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro Social, lo que significará una inversión de dos mil 126 millones de pesos.
López Obrador adelantó que se entregarán diversos apoyos al campo y se pagará bien al productor de maíz, frijol, arroz, leche, y de productos básicos, sin intermediario alguno como las organizaciones. "Por ejemplo, al productor de maíz se va a comprar a cinco mil 610 pesos la tonelada”.
Habló de otros beneficios como créditos baratos para pequeños y microempresas y aseguró que en todo el territorio mexicano, y de Morelos, habrá acceso a internet.

Para este último compromiso destinará el gobierno federal seis mil 219 millones de pesos.
También adelantó que se va a garantizar el mantenimiento a la infraestructura. “Que no se nos caigan los puentes, que no se nos llenen de baches las carreteras, que no se nos derrumben las escuelas, los centros de salud, que se terminen las obras en proceso; si lo del socavón no está terminado, lo tenemos que concluir nosotros”.

En el mitin, en el templete, estuvo también la tarde de este jueves la cantante Belinda, a quien agradeció públicamente su apoyo. Señaló que la joven aceptó apoyar su campaña, en tanto que otros se negaban a hacerlo y, por ello -enfatizó- fue objeto de represalias.

?️ @lopezobrador_ invita a la cantante @Belindapop a evento en Morelos, para públicamente expresarle su agradecimiento y admiración por haber aguantado las represalias al apoyarlo durante la campaña Presidencial ? pic.twitter.com/hib01V6kSP

— VEME.Digital (@vemedigital) 5 de octubre de 2018

Previamente, en conferencia de prensa ofrecida al término de la reunión privada, el presidente electo fue cuestionado sobre las diferencias recientes entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y la dirigente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, quien criticó que no se hayan abierto espacios para morenistas. López Obrador mencionó que ahora él tiene una función como presidente electo y ya no es el presidente del instituto político, pero dejó en claro que desde su punto de vista, Blanco Bravo está en su derecho de nombrar a quienes considere en su equipo de gobierno

En el ámbito nacional, manifestó que el lunes rendirá un informe sobre el proyecto del aeropuerto, y cada tres días hablará de este tema. Apuntó que -hasta ahora- su administración mantiene la postura de la consulta para tomar una decisión sobre continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, o la opción de crear dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Dejó en claro que las expresiones de algunas personalidades que serán parte de su equipo de campaña hasta ahora serían personales, pues la decisión no está tomada y desde la próxima semana estará abordando este tema cada tres días para mantener a la ciudadanía informada sobre el tema.

Respecto al regreso de la exlideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, a la vida sindical, López Obrador anotó que respeta la autonomía de los sindicatos, pero dejó en claro que está a favor de la democracia al interior de éstos, donde debería haber elecciones directas, con voto libre y secreto de los afiliados.

En otro orden de ideas, fue cuestionado sobre la polémica que ha ocasionado la boda de quien ha sido uno de sus más cercanos colaboradores, César Yáñez, cuyas imágenes fueron publicadas recientemente en una conocida revista de sociales, y que han generado críticas por el aparente lujo con que se realizó el enlace matrimonial. "Yo no me casé... se trató de un evento privado al que acudí como invitado", comentó. Aseguró que su postura personal y su política de austeridad no tienen ni tendrán ninguna variación.

En los terrenos están ubicadas actualmente la Central de Abastos de Emiliano Zapata y una unidad habitacional.

El gobierno de Morelos deberá pagar una indemnización millonaria a un particular que demandó la restitución de los predios donde actualmente se asientan la Central de Abastos de Emiliano Zapata y una unidad habitacional, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el cumplimiento sustituto de un juicio de amparo.

De acuerdo con el proyecto del ministro ponente Eduardo Medina Mora, el 26 de agosto y 1 de octubre de 1992 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, los decretos mediante los cuales se expropiaron por causa de utilidad pública dos superficies de temporal de uso común de terrenos ejidales del poblado “Emiliano Zapata”, del municipio del mismo nombre, a favor del Gobierno del mismo Estado, para la construcción en esos predios de la Central de Abastos, servicios conexos y complementarios en la zona conurbada de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata.

El particular Camilo Orozco Jiménez, y luego su sucesión, promovió un juicio de amparo en contra de la expropiación y obtuvo la protección de la justicia federal, cuya resolución fue modificada a través de un recurso de revisión en el que un tribunal colegiado señaló que la concesión del amparo no implicaba, necesariamente, la desincorporación de dicha superficie de lo expropiado, sino en la medida de las atribuciones y facultades, las autoridades responsables deberían tomar providencias para restituir a la sucesión del goce de sus derechos patrimoniales, incluso, mediante indemnización.

Tras un largo litigio, el 30 de junio de 2016 el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos determinó que el monto de la indemnización a la parte quejosa era de 14 millones 434 mil 710 pesos con 17 centavos.

Sin embargo, la resolución fue impugnada por el gobierno de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el gobierno federal y la parte quejosa, y finalmente el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, ordenó al juez de distrito que dejara sin efecto la resolución recurrida a fin de que sustanciara el procedimiento de cumplimiento sustituto.

En consecuencia, el Pleno de la SCJN resolvió debido a la imposibilidad de restituir la superficie reclamada y, dado “que se podría afectar de manera relevante el interés social y el orden público en mayor proporción que los beneficios económicos que se pudieran obtener por parte de la parte recurrente, en caso de que se restituyera el bien inmueble, dado que aquí está construida la central de abastos y, además, una unidad habitacional, por lo que debe declararse procedente el cumplimiento sustituto de este fallo protector y, por tanto, devolver los autos al juez de distrito a efecto de que tramite el mismo, el incidente innominado, conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, determine el monto que deba pagarse a la quejosa por concepto de daños y perjuicios y actúe en consecuencia.

Por lo tanto, el particular deberá ser indemnizado económicamente con una cantidad que no debe ser inferior a la inicialmente propuesta.

La Central de Abastos de Emiliano Zapata (CAEZ) fue construida hace más de 20 años sobre una superficie aproximada de 14 hectáreas, de las cuales tan sólo el 33% de la superficie se encuentra techada, y el restante 67% se encuentra destinada a la zona de vialidades, patios de maniobras, áreas de estacionamientos, de servicios, entre otros.

El proyecto tuvo como finalidad el reordenamiento del abasto de productos de la zona metropolitana de Cuernavaca y propiciar el comercio con otras entidades. Esto detonó el crecimiento rápido de la zona con comercios, centros educativos y construcción de vivienda en sus alrededores.

La mayoría aún no consigue los votos para aprobar la reforma de la ley orgánica de la administración pública.

Los diputados locales pospusieron una vez más el desarrollo de la sesión ordinaria en la que se votaría el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Los legisladores locales no han podido lograr acuerdos para desahogar la propuesta que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde la semana pasada, y con la que se pretende la fusión de secretarías de despacho, así como dar mayores atribuciones a la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que encabeza José Manuel Sanz Rivera.

Por lo anterior, los legisladores pospusieron para hoy la sesión que se tenía programada para el miércoles.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, sostuvo que no aprobarán una reforma con la que se pretenda otorgar mayor poder a un funcionario. Sin embargo, refirió que hoy fijarán nuevamente su postura ante el Pleno del Congreso del estado.

En tanto, la líder del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Elsa Delia González Solórzano, reiteró que es necesario que se apruebe la propuesta antes citada para que se permita avanzar a la administración pública que inició hace apenas cuatro días.

Por su lado, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –con ella como única integrante- Rosalina Mazari Espín, afirmó que como fuerza política no tienen nada que negociar, pues ya definió su postura y tendrán que reconsiderar la suya los legisladores de Morena y las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Social Demócrata (PSD).

En la sesión que se pospuso, los integrantes de la LIV Legislatura también someterían a consideración del Pleno la Ley del Notariado y una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Pide al Ejecutivo que designe un enlace para establecer diálogo.

La Fiscalía General del Estado espera que la nueva administración estatal designe a su enlace para que, en virtud de la autonomía de la que goza la institución, se establezcan vías de diálogo con las nuevas autoridades para la adecuada impartición de justicia.

A través de un comunicado, la FGE, cuyo titular estuvo ausente en la toma de protesta del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio a conocer que espera conocer quién será la persona responsable de la vinculación con la fiscalía para trabajar en el tema de justicia.

“Hasta el momento no se ha establecido de manera oficial el enlace por parte del gobierno del estado con la Fiscalía General que cuenta con la autonomía constitucional, sin embargo, esta institución está abierta y receptiva a la comunicación y a la coordinación que corresponda en el ámbito de su competencia”.

“Es importante destacar, que el trabajo realizado en la Fiscalía General es absolutamente comprometido con la sociedad, y sólo como representante de los intereses jurídicos de la población, de ninguna forma obedece a líneas de acción o intereses de grupos o personas, ni se establece a partir de ninguna ideología o partidismo, por lo que el trabajo que pueda realizarse en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado es y será con claridad y transparencia”, resaltó el comunicado, tras las especulaciones que vinculan al fiscal estatal Uriel Carmona Gándara como compinche del exgobernador Graco Ramírez.  

La FGE llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a continuar con el trabajo conjunto para entregar resultados positivos a la sociedad desde las distintas esferas de atribuciones, y con el único objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo de las familias en el estado de Morelos.

López Obrador visitará Morelos el jueves.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador vendrá a Morelos el próximo 4 de octubre, pues sostendrá una reunión con el próximo gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo y su equipo.

Lo anterior, fue dado a conocer por el coordinador de la comisión de transición del gobierno estatal 2018-2014, José Manuel Sanz Rivera, quien explicó que a AMLO no le será posible acudir a la ceremonia de toma de posesión de Blanco Bravo, como titular del Poder Ejecutivo este lunes, debido a compromisos previos.

Este viernes Sanz Rivera se reunió con líderes sindicales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con quienes acordó que se continuarán las gestiones ante la Federación para alcanzar soluciones a largo plazo a la crisis que vive la institución educativa.

En entrevista previa a la reunión, el coordinador del equipo de Blanco Bravo sostuvo que será hasta el primero de octubre, cuando se dé a conocer oficialmente la integración de su gabinete y ese mismo día rendirán la protesta de ley.

Comentó que la población debe confiar en que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que este cambio de gobierno se dé en un clima positivo, y en materia de seguridad se contará con el apoyo del gobierno federal a través de la Gendarmería, de la Policía Federal y de las fuerzas armadas.

Ante los llamados de diversos grupos de la población a que se revise el destino de los recursos públicos en temas como la reconstrucción de daños por el sismo, así como en seguridad pública, José Manuel Sanz reiteró que ya está lista la estrategia para que especialistas en auditorías hagan las revisiones a fondo y de esa manera detectar cualquier irregularidad.

Damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 de diferentes comunidades del municipio de Ayala se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir que se entreguen los recursos prometidos para la reconstrucción de viviendas a cuando menos 23 familias que siguen viviendo a la intemperie y que fueron engañadas.

Los inconformes dijeron que no es tarde para que se liberen de inmediato los recursos, al señalar que en esa zona, el organismo Unidos por Morelos se comprometió a apoyarlos para la reconstrucción de sus casas e incluso les hicieron firmar la sesión de derechos de sus predios para que junto con la empresa Proviva, se les edificaran las viviendas, lo cual no ha sucedido.

Denunciaron que con promesas se les exigió que demolieran las casas que resultaron con daño total por el temblor, muchos de ellos incluso se endeudaron para cumplir con las indicaciones que les dieron y a final de cuentas no les reconstruyeron ni les dieron el dinero; ahora están endeudados y siguen viviendo en casas de campaña.

La única respuesta que han recibido hasta la fecha, aseveraron, es que “ya no hay recursos ni posibilidad de manejar esos recursos por el cambio de administración”, lo cual les causa indignación y preocupación porque temen que “se lleven el dinero” los funcionarios actuales y los dejen en las lamentables condiciones en las que se encuentran.

Dijeron que han hecho múltiples oficios, se han reunido en incontables ocasiones con personal de Unidos por Morelos y de dicha empresa y sólo les “daban largas”, y ellos tenían confianza en que se solucionara el problema ante el compromiso de Graco Ramírez, el aún gobernador, de que se les iba a apoyar. Pero a unos días de que cierre el sexenio no hay obras, ni recursos en sus viviendas y ya firmaron los documentos, como se los exigieron los representantes de Unidos por Morelos.

Al igual que otros grupos de damnificados de diferentes municipios, los afectados de Ayala pidieron al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo su ayuda para concretar la reconstrucción y que se sancione a quienes no cumplieron, que impida, si hubo robo de recursos, los responsables queden impunes.  

Padres de familia de la Escuela Felipe Rivera Crespo exigen que no se cancele el turno vespertino y que se mantenga la plantilla docente completa.

Padres de familia de la Primaria Felipe Rivera Crespo bloquearon este jueves la avenida Morelos en ambos sentidos, a la altura de la colonia Chipitlán, para protestar por la fusión de grupos, pues aseguraron que la autoridad educativa pretende desaparecer de manera paulatina el turno vespertino.

José Gerardo Villada Leyva, integrante del comité de padres, expresó que desde el año pasado han solicitado al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) que se envíe a maestros suficientes para cubrir todos los grupos de primaria.

Sin embargo, lo que se ha hecho es compactar (juntar a los estudiantes en un solo salón, en lugar de dos o tres por grado), lo que consideran tiene como finalidad el cancelar el turno vespertino por completo.

En este ciclo escolar se pretende fusionar en uno solo los grupos de primero a cuarto grado, aun cuando los salones quedarían más numerosos.

Los inconformes califican como injusta la medida, ya que observan que hay muchas consideraciones con el turno matutino por parte de la inspectora de la zona y exigieron la intervención de la jefatura de sector.

Denunciaron que a los padres de familia les dieron el aviso de un día para otro, sin mostrar documento alguno que pruebe que se trata de una disposición de la Secretaría de Educación Pública, como lo han argumentado.

El representante de los manifestantes expuso que tienen conocimiento de que hay escuelas en el Centro de Cuernavaca donde hay grupos hasta con uno o dos alumnos, “sólo porque hay algunos padres de familia con peso político o funcionarios públicos”.

Aseveraron que la situación fue planteada en varias ocasiones ante el IEBEM, que no dio solución al problema y sólo se limitó a decir que por orden de la SEP se tendrían que fusionar los grupos y no enviaron a más maestros.

El grupo de padres y madres se apostaron sobre la avenida Morelos, una de las más transitadas de la ciudad, al ser acceso a la capital morelense. Este bloqueo ocasionó cierres de circulación por parte de agentes de la Policía vial desde la glorieta de La Paloma de la Paz y la avenida Morelos, a la altura del entronque de la autopista México-Acapulco.

Los manifestantes advirtieron que si las autoridades no aceptan su demanda de conservar el turno vespertino en dicha primaria y se les garantiza contar con la plantilla docente completa, podrían bloquear la autopista o tomar otras medidas de presión.

El coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres pide poner freno a la violencia criminal.

Morelos se encuentra en el quinto lugar de violencia feminicida a nivel nacional, por lo que es urgente que se generen condiciones para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y que el Instituto de la Mujer deje de ser objeto de discusiones político-partidistas, señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.

Al acudir al Congreso del estado de Morelos, Navarrete Gutiérrez pidió que se restablezca el orden constitucional quebrantado, que se tenga un Instituto de la Mujer firme para hacer frente al fenómeno lacerante de violencia contra las mujeres y evitar que se pongan en riesgo los presupuestos federales que son del orden de 14 millones de pesos para Morelos y que estarían en riesgo de ser regresados, a pesar de que están destinados a proteger la vida y la seguridad de las mujeres.

En México se cometen 7.5 feminicidios y Morelos está en el lugar quinto de violencia feminicida, de tal forma que los institutos tienen que ser mecanismos que trabajen a favor de la vida y articulen políticas públicas para este sector que está siendo víctima de una atroz violencia en el país, señaló.

“Nos preocupa mucho que se haya concedido la suspensión de la titular (Flor Dessiré León Hernández) cuando Morelos está en la Alerta de Violencia de Género. Después del Estado de México se declaró la alerta en Morelos, que está en quinto lugar de incidencia de violencia feminicida en el país”, dijo.

Por lo anterior, hizo un enérgico llamado para que los diputados consideren la necesidad de garantizar la vida de las mujeres y que dejen las discusiones político-partidistas para otro momento.

Consideró un absurdo jurídico el amparo tramitado por Dagoberto Rivera Jaimes, líder transportista, y manifestó: “Es producto de la ignorancia, no de la mala fe, espero, porque entonces sería muy grave que estén llevando al instituto a una crisis constitucional como esta y que el quejoso alegue un acto de discriminación. Es un absurdo el planteamiento que están haciendo y más nos preocupa que el tribunal dé trámite a un procedimiento absurdo, a pesar de que se han destinado millones de pesos para la capacitación de los jueces de distrito, quienes saben que no caben alegatos de esta naturaleza”.

Aunque el funcionario federal parece ignorar el contexto del nombramiento llevado a cabo por la anterior legislatura, en un intento por mantener en puestos clave a figuras del sexenio que concluye el domingo, con la omisión de cualquier candidatura que no fuera incondicional del gobernador actual.

La comisión de enlace del gobierno entrante ha recibido 33 estados financieros con la información de las finanzas públicas del estado, afirma el secretario de Hacienda.

Los secretarios de Hacienda y Administración del gobierno del estado informaron -en conferencia de prensa- que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco contará con un presupuesto para octubre, noviembre y diciembre de casi seis mil millones de pesos.

“Es importante mencionar que la siguiente administración en el periodo octubre-diciembre recibirá la cantidad de cinco mil 800 millones de pesos, es decir, se cumplirá con las expectativas del calendario establecido en el presupuesto de egresos de la Federación y, por lo tanto, no deberá existir ningún motivo por el cual el gobierno deje de funcionar y de atender sus compromisos”.

“Esta cifra de cinco mil 790 millones de pesos, es una cifra que para este ejercicio 2018 es un poco más alta que los años anteriores. Es una evolución normal que se da por los efectos en la recaudación federal participable, si las administraciones anteriores han podido superar el tema de los aguinaldos y el tema de la operatividad de un gobierno, no vemos por qué en la siguiente administración no pueda suceder esto”, dijo Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda.

El funcionario estatal aseguró que la comisión de enlace del gobierno entrante, ha recibido 33 estados financieros con la información de las finanzas públicas del Estado.

Añadió que en el tema de la deuda pública, el gobierno de Blanco heredará pasivos por seis mil 634 millones de pesos, de los cuales su administración deberá amortizar sólo mil 414 millones de pesos.

“Se han venido manejando diversas informaciones que no tienen nada que ver con la realidad, se les ha ido presentado ya también a la comisión entrante un estado de cuenta de los créditos contratados a través de la deuda pública y en ese sentido se les ha aclarado perfectamente bien que la deuda pública que esta administración heredará a la siguiente, al 30 de septiembre será de seis mil 634 millones. De estos la siguiente administración solamente tendrá la obligación de amortizar mil 414 millones, es decir las cifras que se han venido manejando estratosféricas no son ciertas”, dijo.

Fernando Solís, secretario de Administración, indicó que el equipo de Blanco también ha sido informado, sobre los contratos que deben ser prorrogados para mantener la operatividad del gobierno estatal.

“En las reuniones que hemos sostenido, he informado de 175 contratos de adquisiciones y prestación de servicios de la  administración central y paraestatal, y 42 contratos de arrendamiento de los inmuebles que ocupa la administración central”.

“En estos contratos destacan los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, internet, la plataforma de Google App, el aseguramiento del parque vehicular, los seguros de vida institucional para trabajadores y el sector policiaco, el suministro de combustible, las adquisiciones de placas para el servicio público y para el servicio particular, los hologramas para el programa de verificaciones ambiental, por citar algunos”, dijo.

Además contratos relacionados con el servicio de fotocopiado, la limpieza de la plaza de armas, la limpieza de algunos inmuebles gubernamentales, servicios de vigilancia en inmuebles de algunas oficinas públicas, mantenimientos para maquinaría y equipo, la alimentación de las personas privadas de la libertad, el mantenimiento de los helicópteros, la adquisición de medicamentos, materiales de curación y  mantenimiento de equipos médicos para hospitales de los servicios de salud y del Hospital del Niño y el Adolescente. Así como diversos servicios básicos que deben continuar en las unidades hospitalarias del estado.

“El jueves pasado en reunión con la maestra Mirna Zavala nos ha confirmado que por el momento, las únicas contrataciones prioritarias que se prorrogan a partir del 1 de octubre serán todos los contratos de arrendamientos de inmuebles, el servicio de la alimentación para las personas privadas de su libertad, el contrato de la adquisición centralizada del combustible, los seguros de vida para el personal de gobierno, incluyendo el del sector policial, el aseguramiento del parque vehicular del gobierno del estado, los servicios de telefonía fija e internet para Casa Morelos y los inmuebles adyacentes en el primer cuadro. El arrendamiento de la plataforma Google App que es la que mantiene los servicios de correos electrónicos  e indudablemente se seguirá contando con el servicio de energía eléctrica y el agua potable para todos los inmuebles del Poder Ejecutivo y de sus organismos descentralizados. 

“Respecto a los demás contratos que les informamos no nos precisaron su prórroga, por lo que estarán evaluando en los siguientes días e incluso durante el inicio de su administración cuáles llevar a cabo su contratación, de acuerdo a los programas y a los planes de gobierno que piensan ejecutar”, dijo el secretario de Administración.

Con esto, aseguraron los funcionarios, el gobierno de Blanco no tendrá ningún inconveniente financiero en su arranque.

“Consideramos que existen las condiciones contractuales y presupuestales que permitirán a la administración entrante una transición sin contratiempos”, dijo Solís.

Confirma Hacienda: hay 640 millones de pesos para la UAEM

El secretario de Hacienda del gobierno de Morelos, Jorge Michel Luna, confirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal asignó un fondo de rescate para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 640 millones de pesos.

De ese recurso, la mitad debe ser aportada por el gobierno del estado.

De acuerdo con Michel Luna, es la administración de la UAEM la que debe gestionar ese fondo.

“La Secretaría de Educación Pública asignó ya un fondo de rescate para la universidad. La gestión tiene que hacerse -desde luego- a través de la Máxima Casa de Estudios”.

“Hay ya una cantidad asignada de 640 millones de pesos que tiene la Secretaría de Educación Pública, en donde el estado deberá participar con la mitad de ese fondo. Es decir 320 y 320, de esta manera se tiene ya definida esta asignación presupuestal que -desde luego- tendrá que ser gestionada por la propia universidad”, insistió el funcionario estatal.

La Segob la deslinda de señalamientos del TEPJF.

La Secretaria de Gobernación descartó sancionar a la cantante de origen español Belinda, por considerar que no le es aplicable el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la intérprete violentó la ley al apoyar a candidatos de Morena en el estado de Morelos.

A través de un comunicado, se informó que ayer al mediodía, el titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, recibió en sus oficinas a Belinda Peregrín Schüll, quien asistió acompañada de su hermano Ignacio, de nacionalidad mexicana.

El encargado de la política interna del país Alfonso Navarrete Prida recibió en sus oficinas a Belinda Peregrín Schüll y le informó que, de ninguna manera, es aplicable para ella dicho artículo, ya que la finalidad del mismo atiende a otro tipo de conductas y circunstancias.

La semana pasada, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó con una amonestación pública al diputado federal por Morelos Jorge Argüelles y al alcalde electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, por la entrega -en compañía de la cantante- de cobijas, almohadas y balones durante la campaña electoral a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, por considerar que los otrora candidatos obtuvieron un beneficio.

Por cuanto a la intervención de la cantante, la Sala Especializada sostuvo que se acreditó que ella reside en el país con la calidad de extranjera y que participó directamente en un evento político-electoral, por lo que ordenó dar vista a la Segob, en términos de lo dispuesto en los artículos 33 de la Constitución Federal y la normatividad electoral.