Damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 de diferentes comunidades del municipio de Ayala se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir que se entreguen los recursos prometidos para la reconstrucción de viviendas a cuando menos 23 familias que siguen viviendo a la intemperie y que fueron engañadas.
Los inconformes dijeron que no es tarde para que se liberen de inmediato los recursos, al señalar que en esa zona, el organismo Unidos por Morelos se comprometió a apoyarlos para la reconstrucción de sus casas e incluso les hicieron firmar la sesión de derechos de sus predios para que junto con la empresa Proviva, se les edificaran las viviendas, lo cual no ha sucedido.
Denunciaron que con promesas se les exigió que demolieran las casas que resultaron con daño total por el temblor, muchos de ellos incluso se endeudaron para cumplir con las indicaciones que les dieron y a final de cuentas no les reconstruyeron ni les dieron el dinero; ahora están endeudados y siguen viviendo en casas de campaña.
La única respuesta que han recibido hasta la fecha, aseveraron, es que “ya no hay recursos ni posibilidad de manejar esos recursos por el cambio de administración”, lo cual les causa indignación y preocupación porque temen que “se lleven el dinero” los funcionarios actuales y los dejen en las lamentables condiciones en las que se encuentran.
Dijeron que han hecho múltiples oficios, se han reunido en incontables ocasiones con personal de Unidos por Morelos y de dicha empresa y sólo les “daban largas”, y ellos tenían confianza en que se solucionara el problema ante el compromiso de Graco Ramírez, el aún gobernador, de que se les iba a apoyar. Pero a unos días de que cierre el sexenio no hay obras, ni recursos en sus viviendas y ya firmaron los documentos, como se los exigieron los representantes de Unidos por Morelos.
Al igual que otros grupos de damnificados de diferentes municipios, los afectados de Ayala pidieron al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo su ayuda para concretar la reconstrucción y que se sancione a quienes no cumplieron, que impida, si hubo robo de recursos, los responsables queden impunes.