El coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres pide poner freno a la violencia criminal.

Morelos se encuentra en el quinto lugar de violencia feminicida a nivel nacional, por lo que es urgente que se generen condiciones para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y que el Instituto de la Mujer deje de ser objeto de discusiones político-partidistas, señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.

Al acudir al Congreso del estado de Morelos, Navarrete Gutiérrez pidió que se restablezca el orden constitucional quebrantado, que se tenga un Instituto de la Mujer firme para hacer frente al fenómeno lacerante de violencia contra las mujeres y evitar que se pongan en riesgo los presupuestos federales que son del orden de 14 millones de pesos para Morelos y que estarían en riesgo de ser regresados, a pesar de que están destinados a proteger la vida y la seguridad de las mujeres.

En México se cometen 7.5 feminicidios y Morelos está en el lugar quinto de violencia feminicida, de tal forma que los institutos tienen que ser mecanismos que trabajen a favor de la vida y articulen políticas públicas para este sector que está siendo víctima de una atroz violencia en el país, señaló.

“Nos preocupa mucho que se haya concedido la suspensión de la titular (Flor Dessiré León Hernández) cuando Morelos está en la Alerta de Violencia de Género. Después del Estado de México se declaró la alerta en Morelos, que está en quinto lugar de incidencia de violencia feminicida en el país”, dijo.

Por lo anterior, hizo un enérgico llamado para que los diputados consideren la necesidad de garantizar la vida de las mujeres y que dejen las discusiones político-partidistas para otro momento.

Consideró un absurdo jurídico el amparo tramitado por Dagoberto Rivera Jaimes, líder transportista, y manifestó: “Es producto de la ignorancia, no de la mala fe, espero, porque entonces sería muy grave que estén llevando al instituto a una crisis constitucional como esta y que el quejoso alegue un acto de discriminación. Es un absurdo el planteamiento que están haciendo y más nos preocupa que el tribunal dé trámite a un procedimiento absurdo, a pesar de que se han destinado millones de pesos para la capacitación de los jueces de distrito, quienes saben que no caben alegatos de esta naturaleza”.

Aunque el funcionario federal parece ignorar el contexto del nombramiento llevado a cabo por la anterior legislatura, en un intento por mantener en puestos clave a figuras del sexenio que concluye el domingo, con la omisión de cualquier candidatura que no fuera incondicional del gobernador actual.