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Juez se negó a llamar a juicio como terceros interesados a dos de sus exsecretarios de despacho.

El ex gobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu promovió una queja ante un tribunal colegiado, luego de que un juez federal se negó a llamar  a juicio como terceros interesados a dos de sus ex secretarios de despacho.

El mandatario, a través de su representación legal, promovió la queja 203/2020 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, ya que el Juzgado Cuarto de Distrito rechazó la petición de emplazar a los ex secretarios de Hacienda, Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna al juicio de amparo promovido contra el juicio político en contra en curso en el Congreso local.

“Ahora bien, no ha lugar a llamar a Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, como terceros interesados, toda vez que no se ubican en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, aunado a que por lo que hace al segundo, la parte quejosa señala que también se encuentra sujeto a juicio político y promovió diverso juicio de amparo en su contra.

“Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1131, tomo XVIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, que textualmente dice: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO."

 De acuerdo con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, el tercero o terceros perjudicados pueden intervenir con ese carácter en las siguientes hipótesis: 1) La contraparte del agraviado, cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento; 2) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; 3) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.

La secretaria general de la Sección 19 busca reactivar esa prestación para los docentes de educación básica.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aportó elementos a la Secretaría de Educación para reactivar el fideicomiso que permite dotar de computadoras a los maestros y que en el gobierno del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu se dejó de cumplir. De acuerdo con los datos recabados, se debió invertir entre dos y medio y tres millones de pesos cada año, pero se desconoce el destino de ese recurso.   

Por otra parte, la dirigente de la Sección 19 de la organización sindical, Gabriela Bañón Estrada, señaló que se ha expuesto a las autoridades estatales su preocupación porque se cumpla oportunamente con el pago de tres meses de aguinaldo a todos los agremiados.  

La lideresa acudió este lunes a la sede del Poder Ejecutivo a un encuentro de trabajo con el secretario de Educación Luis Arturo Cornejo Alatorre.

En entrevista, informó que el comité seccional conformó una comisión para revisar el programa nacional de tecnología, que se creó hace más de diez años. En dicho esquema el gobierno federal aportó una parte de recursos y cada entidad se comprometió a hacer lo mismo para crear un fideicomiso. 

Como resultado de dicho programa, el compromiso fue comprar año con año computadoras que se entregaron a los docentes. Desde el 2009 hasta el 2011 el gobierno panista cumplió con la estrategia y se entregaron equipos a maestros mediante sorteo. 

Pero a la llegada del exmandatario Graco Ramírez Garrido Abreu, se suspendió la distribución de computadoras a los docentes en Morelos. 

Con las condiciones que se han generado por la pandemia de covid-19, el dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas impulsó que tal programa se reactive en todo el país.  

Este asunto ya había sido abordado entre el líder del sindicato y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien mostró interés. “Hoy venimos a darle elementos al secretario de Educación, para que siga la indicación del señor gobernador, porque es una buena cantidad, consideramos que se debe investigar cuánto dinero hay de ese fondo, dónde está el recurso o dónde lo aplicó el gobierno pasado” anotó la sindicalista. 

Bañón Estrada expresó que lo que más le interesa al SNTE es que se reanude el programa; de acuerdo con la información recabada por el comité seccional, se debieron destinar cada año alrededor de 2.5 a tres millones de pesos para la compra y entrega de dichos equipos. 

Aunque ese monto no alcanzaría para dotar a todo el personal docente, se buscaría algún procedimiento para asignar las computadoras de manera transparente a los beneficiados.  

Recordó que en este momento las y los maestros de Morelos y todo México están haciendo grandes esfuerzos por atender a estudiantes de forma virtual y a distancia, de tal manera que el asunto es prioritario y debe ser resuelto con inmediatez.  

En otro orden de ideas, la secretaria general expresó que hay preocupación por el pago oportuno y completo del aguinaldo para todos los afiliados, dado el limitado panorama presupuestal.  

Comentó que a través de la mesa de trabajo que se instaló hace unos días ya se planteó dicha inquietud a la autoridad educativa estatal. Todos los maestros están muy conscientes de las circunstancias financieras, pero insistió en que no son atribuibles al magisterio, que está colaborando con gran empeño para salir adelante de esta crisis de salud y todo lo que esta implica.  

El Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra  en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.

Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.

Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017;  la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

El amparo promovido por el exgobernador no ha sido resuelto de fondo, señala el consejero jurídico del gobierno estatal.

El amparo promovido por el exgobernador Graco Ramírez Garrido respecto a la demanda de juicio político en su contra no ha sido resuelto de fondo, aseveró el Consejero Jurídico del gobierno del estado Samuel Sotelo Salgado. 

El abogado del estado destacó que el asunto ya está en manos del Congreso y el Poder Ejecutivo entregará a la autoridad judicial federal todos los informes correspondientes.  

Refirió que Graco Ramírez a través de sus abogados, presentó alegatos por diversos actos, inicialmente en contra de la demanda de juicio político que presentó el Poder Ejecutivo: “está impugnando prácticamente todo. Será motivo de análisis del juez federal, pero nosotros no encontramos que ninguno de (sus alegatos) esté fundado y creemos que el juicio sí lo está”.  

Expuso como ejemplo que el exgobernador incluso reclama que la multicitada demanda haya sido presentada por el consejero jurídico del gobierno actual, lo que calificó como “ilógico”, ya que la defensa del exgobernador argumenta que sólo ciudadanos particulares podrían iniciar un proceso de esta naturaleza. 

“Es una apreciación totalmente equivocada, imagínense que estuviera vedado a cualquier servidor público la posibilidad de denunciar hechos constitutivos de actos ilícitos que ameriten un juicio político y que sólo los particulares. 

Los abogados, añadió, impugnan el emplazamiento, promueven una nulidad, prácticamente todos los actos que está desplegando el Legislativo. Lo que procede ahora es que las partes deberán rendir sus informes, en este caso la Consejería y la Secretaría de gobierno.  

Sotelo Salgado recordó que un juzgado federal decretó una suspensión provisional (originalmente se la habían negado porque le faltaban algunas copias, que ya entregaron) pero subrayo que “se decreta la suspensión, pero no del procedimiento en sí, el proceso continúa, pero el Congreso está impedido para emitir la resolución correspondiente. Hasta que el juez federal resuelva el amparo sobre todos esos actos… (Graco) está recurriendo a instancias federales tratando de que el procedimiento del juicio político tuviera algún error y pudiera caerse, pero no sé hasta qué punto pudiera lograrlo… creo que sería para efectos de reponer alguna actuación, pero no creo que de fondo pudieran conseguir algo porque nosotros creemos que todos los actos reclamados están bien sustentados”.  

El recurso es únicamente para evitar que el Congreso de Morelos emita sentencia del juicio político iniciado en su contra.

El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional al ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, únicamente para evitar que el Congreso emita sentencia del juicio político iniciado en contra. 

En su demanda de garantías 673/2020, el ex gobernador impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020; y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

En su escrito de amparo,  Ramírez Garrido Abreu  “solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que no se dicte ni se ejecute la resolución final que deba poner fin al juicio político que se sigue en su contra y se mantengan las cosas en el estado en que guardan; además, solicitó que, en todo caso, sin conceder, se continúe con el juicio político pero sin que se dicte resolución definitiva en su contra”. 

En consecuencia, el juez de distrito rechazó otorgar la suspensión en contra de la sustanciación del procedimiento de juicio político, “en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano; sin embargo, sí se podrá conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de ese procedimiento.

 “En tal virtud, la presente medida cautelar provisional se concede únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento del juicio político respectivo en contra del quejoso, hasta antes de que se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre la resolución interlocutoria que se dicte por este juzgado en la audiencia incidental respectiva”.

La medida cautelar provisional se mantendrá hasta que la autoridad judicial federal determine si procede o no conceder la suspensión definitiva.

Aunque la representación legal del exmandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente.

El ex gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez Garrido Abreu, promovió un amparo para intentar combatir el juicio político en curso en el Congreso local. 

El Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda de garantías 673/2020, en la que el mandatario estatal impugnó la discusión, aprobación y promulgación del artículo 9 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los sujetos de juicio político a que se refiere esta Ley, serán susceptibles de responsabilidad durante el ejercicio de su encargo y hasta un año después de haberse separado del empleo, cargo o comisión que les fue encomendado, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de la prescripción previsto en la presente Ley”.

Otros de los alegatos incluidos en la demanda de amparo son la presunta prescripción de los plazos para incoar (iniciar) el juicio político y vicios en el procedimiento legislativo.

De acuerdo con el auto de admisión del juzgado federal, no se encontró ninguna causa de improcedencia para dar entrada al juicio de amparo, sin embargo, la autoridad judicial advirtió que en su momento deberá resolver conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones o determinaciones emitidas por el Congreso del Estado en los juicios políticos; pues atento al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 258/2019, en sesión de tres de julio de dos mil diecinueve, el procedimiento de juicio político debe substanciarse conforme a ciertas etapas, reglas y plazos que deben observarse por los órganos encargados de su substanciación, para finalmente estar en aptitud de poder emitir de manera soberana o discrecional la resolución o declaración con la que resuelvan el juicio político -inimpugnables-, por lo que dichas reglas -que se traducen en formalidades esenciales del procedimiento- deben ser acatadas en su integridad y su incumplimiento debe ser susceptible de analizarse por la autoridad judicial (control constitucional). 

“No pasa inadvertido que las violaciones cometidas durante el procedimiento de juicio político pudieran considerarse de naturaleza puramente adjetiva, en contra de las cuales, en términos de la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto; sin embargo, de ser el caso tendría que ser analizado en la sentencia que se emita al final de este procedimiento constitucional”.  

Aunque la representación legal del ex mandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente, debido a que solo se presentaron 12 de los 14 juegos de copias requeridos. Una vez que sean presentadas las dos copias faltantes, se dará trámite y resolverá lo correspondiente a la medida cautelar solicitada.

El Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del exgobernador en el procedimiento.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, sostuvo que el Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del ex gobernador Graco Ramírez, con respecto al juicio político en su contra iniciada por causales de omisión al no haber entregado el presupuesto asignado en el 2019 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, sostuvo que desde la presentación de la denuncia por el Poder Ejecutivo, en septiembre del año pasado, se determinó que existen elementos para proceder en contra del ex titular del Ejecutivo y también de los ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

En entrevista, la legisladora dijo que están a la espera de conocer los alegatos presentados por el ex mandatario contra el juicio político, mismos que fueron entregados por escrito ante el Congreso la semana pasada  y en los que el exgobernador pide la nulidad del procedimiento legislativo, por considerarlo irregular.

Barrera Vázquez aclaró que el procedimiento  de juicio político se inició antes de que asumiera la titularidad de la Junta Política y de Gobierno. Sin embargo, afirmó que en su momento los diputados que integran dicho órgano determinaron que había elementos para su procedencia.

De igual forma, señaló que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado determinó seguir con el caso por considerarlo apegado a la Ley.
En este sentido, indicó que serán los integrantes de dicha comisión que preside el diputado José Casas González los que informarán sobre la comparecencia del ex gobernador y también de los ex secretarios de Hacienda Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, en contra de quienes también se les sigue un juicio por las mismas causales.

Este jueves se prevé que el diputado Casas González informe de los efectos que podría tener en el procedimiento de juicio político el amparo que promovió a su favor Graco Ramírez, el pasado dos de septiembre, ante el Juzgado Cuarto de Distrito y qué procederá después de la comparecencia por escrito del ex mandatario.

Continúa búsqueda de pruebas en procesos contra el exgobernador.

El exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu dio contestación respecto al juicio político promovido en su contra por la actual administración. Así lo informó el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, quien refirió que el exmandatario también entabló un recurso de nulidad en relación con el proceso de notificación.  

El abogado del estado dijo que, hasta donde tiene conocimiento, Ramírez Abreu compareció a través de un escrito y en su respuesta niega la procedencia de dicho juicio, como era de esperarse. 

En la demanda también se señaló a Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna -exsecretarios de Hacienda de la pasada administración-a por el presunto manejo irregular de recursos públicos.  

A decir de Samuel Sotelo, Graco Ramírez podrá presentar sus argumentos, pero el hecho de que haya comparecido quiere decir que el juicio “está caminando”. “Está en su derecho de defenderse… habría que ver si ofrecen pruebas, tendrían que desahogarse; posteriormente la comisión correspondiente deberá hacer el dictamen para que luego sea sometido a la aprobación del pleno”, abundó. 

Explicó que el Congreso deberá analizar jurídicamente lo referente al recurso que interpuso Graco Ramírez en busca de que se declare la nulidad de la notificación de la demanda de juicio político, pero en todo caso, sólo se tendría que reponer esa parte del procedimiento, porque sólo se revisa si este paso se hizo correctamente, ya que no es una cuestión de fondo.  

El gobierno del estado pagará alrededor de 800 mil pesos por la auditoría que se practica respecto al manejo de recursos públicos en la construcción del estadio “Agustín Coruco Díaz” ubicado en Zacatepec. 

El asesor anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez, informó este martes en entrevista que siguen los trabajos del despacho contratado para la revisión a fondo de este asunto, en el que participaron dos empresas constructoras de Puebla.  

Estimó que en un mes podrán contar con el expediente correspondiente. Lo anterior, para iniciar una denuncia por anomalías encontradas en la gestión anterior, según apuntó. 

Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador no han prescrito: Sotelo Salgado.

El Congreso del estado confirmó que no han prescrito los procedimientos de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, así como de sus ex secretarios de Finanzas,  Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, por su omisión en la entrega del presupuesto 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que a partir de esta semana se retomaron los procedimientos, que fueron detenidos a consecuencia de la emergencia sanitaria.
En rueda de prensa, el legislador hizo público el video en el que se confirma que el pasado lunes 17 de agosto fue notificado en su domicilio el ex mandatario perredista y una fotografía en la que se muestra que el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna recibió personalmente la documentación que le confirma el juicio en su contra.

En el caso de la ex secretaria Adriana Flores Garza no pudo ser notificada, a causa del cambio de su domicilio.
Las demandas de juicio político fueron promovidas por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2019, ante la omisión de ministrar (entregar)  los recursos del presupuesto 2018 que le correspondían al Impepac y a la FGE.
El legislador sin partido explicó que los ex funcionarios tienen 15 días para responder a las demandas y presentar las pruebas a su favor, ya sea personalmente o por medio de su representante legal. De lo contrario perderán ese derecho y continuará el juicio con los elementos aportados por el Ejecutivo.

Adelantó que tendrá que ser en el próximo período ordinario de sesiones cuando el Congreso resuelva los juicios y determine si son procedentes para ser turnados al Poder Judicial del estado, para la posible inhabilitación y el inicio de una acción penal en contra de Graco Ramírez y los ex secretarios de Finanzas.

POR PANDEMIA SE SUSPENDIERON TÉRMINOS DE PROCESOS LEGALES: SOTELO

Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no han prescrito, aseguró el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, quien recordó que, además, durante la pandemia se suspendieron los términos de procesos legales.  

En entrevista este miércoles, el representante legal del Poder Ejecutivo expresó que la notificación que se hizo al exmandatario en su domicilio recientemente es parte del proceso que debe seguir el Congreso local y la norma establece que los demandados tendrán que contestar a través de sus abogados o por ellos mismos, ante la comisión instructora, en este caso, la de Gobernación y Gran Jurado.   

El siguiente paso, abundó, es que se elabore el proyecto de dictamen para que sea sometido a votación del Pleno legislativo. “Lo que el Ejecutivo hizo en su momento fue presentar la demanda con las pruebas que sustentaban esa demanda y fue ratificada. Ya lo demás está en manos del Congreso del estado”.  

Cuestionado sobre la posibilidad de que los delitos señalados prescriban (es decir que haya pasado el tiempo legal para que una persona sea acusada por ciertas conductas ilícitas) el abogado aseguró que no han prescrito. 

Recordó que además los términos procesales se suspendieron de manera generalizada por el propio Congreso debido a la pandemia, de tal suerte que descartó por completo esa posibilidad.  

Samuel Sotelo afirmó que ya se analizaron los requisitos judiciales y por ello es por lo que el Legislativo dio entrada a la demanda. Lo que sigue, añadió, es que los diputados tendrían que analizar todos los elementos que sustentan la promoción del juicio político.  

Cabe recordar que desde septiembre del 2018, en representación del Poder Ejecutivo estatal, el titular de la Consejería Jurídica  acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y ex funcionarios de la administración del periodo 2012-2018.

La petición, según lo dio a conocer en su momento la administración del actual gobernador  Cuauhtémoc Blanco Bravo, documenta la omisión en la entrega de recursos hacia dos organismos autónomos estatales -la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)- en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.

Además del ex gobernador, en las dos demandas existentes por diversos hechos, se señala a los ex titulares de las secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.
De acuerdo con los argumentos de la Consejería Jurídica, los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
Samuel Sotelo recordó que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones por responsabilidad administrativa, incluso de tipo penal. 

Presentarán denuncia por el mal uso de los recursos del programas de uniformes escolares.

El gobierno del estado identificó anomalías en el manejo de recursos del programa de uniformes escolares, al que se destinaron alrededor de 60 millones de pesos. En breve será presentada la denuncia formal contra ex funcionarios de ramo de educación de la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.  

El asesor anticorrupción de la oficina de la gubernatura Gerardo Becerra Chávez de Ita, informó que como resultado de la auditoría practicada al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) se identificaron diversas anomalías, entre ellas que no se aplicaron los recursos que habían sido etiquetados para dicho concepto, por un monto de entre 60 y 70 millones de pesos.  

La denuncia de hechos se formulará de nueva cuenta ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, pues encontraron “desvío de recursos, sobreprecios, falta de licitación, asignación directa de contratos sin los protocolos correspondientes” entre otras anomalías.  

Chávez de Ita comentó que cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo expresó que el gobierno estatal recurrirá a la Federación, se refería a la denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra más que están por iniciar “otras personas que tiene que ver con la compra de algunos bienes inmuebles por parte de gente cercana al exgobernador”.  

Destacó que la segunda se refiere a la que se ha dado a conocer por un posible desvío de más de 400 millones de pesos: “ es una muy importante que presentamos desde mi oficina por el posible desvío de 400 millones de pesos de empresas fantasmas, muy parecido al esquema que se dio con el ex gobernador (de Veracruz) Javier Duarte, donde están involucradas también gentes muy cercanas y muy allegadas a lo que fue la conducción de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado”.  

A decir del funcionario estatal, algunas de las más de 60 denuncias que se han iniciado en la Fiscalía estatal podrían ser atraídas por la FGR conforme al derecho que tiene el gobierno actual como denunciante.  

En Morelos hay un padrón de 22 mil militantes, asegura la dirigencia estatal; presentan a nuevo comité ejecutivo.

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que ha perdido más de 70 mil militantes en Morelos desde las elecciones del 2018.

Tras presentar a los integrantes del Comité Ejecutivo estatal, electo por Consejo el sábado pasado, la nueva dirigente del Sol Azteca, Cristina Balderas Aragón, informó que actualmente 22 mil militantes se encuentran con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de los más de 100 mil que tenían hasta antes del fracaso que tuvo su partido en las elecciones del 2018.
No obstante, afirmó que el PRD tiene una estructura firme y está listo para las elecciones del 2021.

Por ello, convocó a la ciudadanía en general a sumarse al PRD, al igual que buscará alianzas con otros partidos políticos.

Con respecto al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, Balderas Aragón dijo desconocer si aún conserva su militancia en el PRD, a diferencia de su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda, que participó en el Consejo Estatal del sábado pasado.
La dirigente del Sol Azteca afirmó también que pese al descrédito por el gobierno de Ramírez Garrido Abreu, la actual administración no le ha podido aprobar ninguna acusación, por lo que insistió en que "quien acusa está obligado a probar".

Fiscales responden a intereses del exmandatario: Sotelo Salgado.

El especialista en derecho penal Cipriano Sotelo Salgado advirtió que el ex gobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, podría no llegar a no ser acusado penalmente en los tribunales si las carpetas de investigación iniciadas en su contra no son  integradas debidamente y en tiempo.

Expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que prosperen las investigaciones que la actual administración estatal inició contra el perredista por la presunta comisión de delitos como ejercicio indebido de la función pública y peculado, ya que durante dos años ninguna de las carpetas de investigación han sido judicializadas.

Consideró que es claro que los fiscales estatal y anticorrupción, Uriel Carmina Gándara y Juan Salazar Núñez, responden a los intereses del ex mandatario estatal y existen pocas probabilidades de que actúen contra quien los impuso en el cargo.  

Expresó que posiblemente esta fue la razón por la que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó el apoyo de la Federación para que, conforme a su competencia, inicie investigaciones paralelas.

“Probablemente lo que moleste a la sociedad, y que el gobernador lo hace patente el día de ayer, es que en dos años no ha pasado nada, pero yo lo digo muy claro, con estas autoridades (el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción) van a pasar los seis años y no va a pasar nada”, dijo.

Advirtió que en carpetas de investigación en el que se indagaba la posible comisión de ejercicio indebido de la función pública por parte del ex gobernador, existe la posibilidad de que el delito haya prescrito.

“Prescriben los delitos atendiendo a la sanción que tiene estipulada en la ley, y dice el Código Penal que prescriben cuando transcurren las dos terceras partes del máximo de la pena, y si el máximo de la pena es de dos años, ya trascurrió más de un año y ya están prescritos los delitos de ejercicio indebido del ejercicio público”, explicó.

Señaló que en el caso del delito de peculado la pena es de 10 años y ya han transcurrido dos, pero el tiempo pasa muy rápido y si las carpetas no se integran debidamente y judicializan en tiempo, llegará la prescripción y el ex mandatario nunca llegará a pisar un tribunal.  

Afirmó que todo indica que no existe interés de los fiscales para proceder contra el ex gobernador, pero también se debe analizar si las partes denunciantes han aportado todos los elementos para la debida integración de las carpetas de investigación.

Agregó que está descartada la posibilidad de un juicio político contra Graco Ramírez, ya que la ley establece que puede ser sometido a este procedimiento durante su gestión y hasta un año después de dejar el cargo, cuyo plazo ya feneció.  

“La actual Legislatura tiene una oportunidad histórica para sentar las bases de un Poder Judicial digno de los morelenses, y para ello debe escoger muy buenos perfiles de magistrados”.

“El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) llegó a sus máximos niveles de corrupción, tocó fondo, durante la administración de María del Carmen Verónica Cuevas López; tenemos ahora una oportunidad histórica para recomponerlo”. Así lo dice Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ de Morelos.

El 14 de julio circuló en redes sociales y en los portales de noticias la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) por la cual se declaró nulo el Decreto 1613 del gobierno del Estado de Morelos que extendió de 14 años a 20 el periodo en el cual los magistrados podrían permanecer en el cargo (antes de ello, los magistrados duraban seis años, al concluir eran sometidos a revisión por los diputados y podrían ser ratificados por un segundo periodo de ocho años). La consecuencia inmediata de esta resolución contenida en el expediente 20/2017, es que los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Verónica Cuevas López y José Valentín García; Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz deberán dejar sus lugares para que sean ocupados por magistrados nuevos, elegidos por el Congreso del Estado.

PAGO DE FAVORES

Esta extensión en el encargo, para Carlos Iván Arenas, fue un capricho del poder, resultado del pago de favores del entonces gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu al grupo de María del Carmen Verónica Cuevas López. La utilidad práctica era blindar a Graco Ramírez de un probable juicio político o denuncias penales en su contra y atacar al actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que esta extensión del poder ocurrió en el momento en que éste era alcalde de Cuernavaca sujeto a juicio político y fuerte aspirante a la gubernatura del estado. Desde luego, hubo complicidad con los diputados que integraban la LIII legislatura.

Vale la pena transcribir el fragmento del Decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, declarado nulo por la Corte:

“Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan protesta constitucional y solo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta Constitución y las Leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.” “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA.- Los Magistrados que se encuentren en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al hacerse la declaratoria a la que se refiere la disposición transitoria primera, por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes.”

Al día de hoy y de acuerdo con el director General de Análisis Estratégico de la Gubernatura, Gerardo Becerra Chávez Hita, hay tres denuncias formales en contra de Graco Ramírez. Otras más se interpusieron por los diputados actuales en contra de las ex legisladoras Beatriz Vícera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.

EL TRIBUNAL TOCÓ FONDO

Según Arenas Ángeles, durante esa época al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas hizo y deshizo a su antojo.

Estos seis años hubo exceso y un abuso del derecho y del cargo, algo que no debe ocurrir en la casa de quienes imparten justicia. Ocurrieron casos de nepotismo, de corrupción y de excesos en la función del ejercicio público.

El entrevistado relata que cuando a petición de la magistrada María del Carmen se extinguió el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control de la decisión interna del propio Poder Judicial, no hubo quien ejerciera un control a ella y a su grupo.

Otro caso fue el del actual presidente del Tribunal, Rubén Jasso Díaz. Ejerció el cargo cerca de ocho años como magistrado consejero, cuando la propia Constitución establece que debe durar seis años.

Así, en el momento en que termina el periodo la magistrada presidenta nombra como contralor interno a un afín a su grupo, Rodolfo Barrio Morales, esposo de la magistrada Elda Flores León, pero como ésta representaba a los magistrado en el Consejo de Administración del Tribunal ocurre un conflicto de intereses porque el contralor interno es el encargado de vigilar la actuación del tribunal.

María del Carmen Verónica Cuevas también permitió que su hermano fuera nombrado asesor.

Según el entrevistado, como en cualquier organismo o institución, en el Tribunal ha habido divisiones. La diversidad de opinión a veces llega a separar los grupos, hay quienes no entienden que forman parte de un órgano colegiado y que tus opiniones pueden ser diferentes a las de su compañero, pero en el TSJ estas diferencias rompieron los límites:

“Yo lo señalé, no podemos jactarnos de decir que hay una carrera judicial, cuando los nombramientos de los jueces los haces de manera contraria a lo que establece la Constitución. En todo el periodo de administración de la magistrada Cuevas, no hubo una elección o designación de jueces a través de un examen de concurso de oposición, como lo marca la Constitución. Son designaciones de manera directa y eso afecta a la autonomía y a la independencia del juez, porque su jefe será la presidenta o el magistrado que lo propuso, no tendrá una libertad; en cualquier momento que le pida un favor o algo pues va a acceder. Hay 11 jueces que están siendo investigados por sus presuntos nexos con la delincuencia, uno está ya siendo procesado.

Arenas Ángeles dijo que este periodo de extrema corrupción debe de quedar como un ejemplo que sacuda y se cimbre la estructura del Poder Judicial, y ojalá y pueda caber este resultado en la reflexión para cambiar la actitud de quienes están todavía en el Tribunal, y para quienes llegan que sepan que hay un límite, que sepan que lo importante es cumplir y hacer valer la Constitución. Están en esa parte donde ya tocó fondo la institución, no puede caer más. A partir de estos nombramientos tiene que haber una nueva forma de gobernar dentro del Poder Judicial.

“El poder empobrece el alma, y estos excesos son el resultado de la ambición del poder. Nos hemos apartado muchos de los magistrados de los valores y de los principios éticos, que son un elemento esencial para la función que nosotros desempeñamos, nos hemos apartado de esas virtudes que como juzgadores debemos aplicar. Ésta es una invitación a la reflexión. No es lo mismo que concluya tu cargo, a que te cesen. Ellos están siendo cesados”, explicó.

LA CONVOCATORIA

En el transcurso del mes de agosto el Congreso deberá lanzar la convocatoria, que debe ser abierta, para la elección de los nuevos magistrados. En términos de lo que establece el último capítulo la Ley Orgánica del Congreso y de lo que ordena la Constitución, existe una disposición de paridad de género.

Según el entrevistado, la convocatoria, además, debe ser transparente; los medios de comunicación, actores políticos, los magistrados, jueces, la sociedad, la comunidad jurídica, el sector empresarial, deben ser garantes, en el sentido de vigilar que se elija a los mejores perfiles.

QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER LAS NUEVAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS

“El juez tiene que ser un buen ser humano, una buena persona, y si sabe de derecho, mejor”, aseguró Carlos Iván Arenas Ángeles.

Y explicó que tiene que ser una sangre buena, una sangre sana, porque el cuerpo ha tenido un proceso de cáncer, está enfermo y necesita una transfusión de una sangre no sólo que sea afín al cuerpo, sino que tenga todos los nutrientes, con todas las proteínas, con todo lo que requiera para dar un nuevo cuerpo, vigoroso, impetuoso, que fluya bien por la cabeza, en sus órganos, para que se pueda actuar de manera diferente.

EL FORO DE ABOGADOS PODRÍA APORTAR BUENOS PERFILES

Carlos Iván Arenas afirmó que el foro estatal de abogados es una agrupación que puede aportar mucho a la institución, ahí se pueden encontrar muy buenos perfiles. El litigante es el que sufre, es el que se tiene que estar peleando con el actuario, con el secretario, con el juez, dicen que a veces no te peleas con tu contraparte, sino con el juez. Entonces, creo que esa sensibilidad que pueda tener el litigante puede aportar mucho en las funciones de un magistrado o un juez.

Pero también puede haber académicos que toda su vida se han entregado a enseñar y hay jueces que tienen toda su experiencia y que merecen un espacio para poder llegar a esos escaños, para poder darle un reconocimiento a la carrera judicial.

Insistió en que para el cargo de magistrado hace falta algo más que tener un buen currículo: “de nada sirve que tengamos a un juez con toda la experticia, y todo el conocimiento del derecho, sí es una mala persona”.

LLAMADO AL CONGRESO

El llamado a los legisladores, de acuerdo con el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, es a que al momento de decidir elijan a los mejores, que revisen el cumplimiento de los requisitos que exige la ley, que evalúen no sólo el conocimiento, sino el perfil de la calidad humana de los nuevos magistrados. Los diputados tienen en sus manos el futuro de la justicia en Morelos, concluyó.

RUBÉN JASSO

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, aseveró que mientras se emite la convocatoria, que es facultad del Poder Legislativo, el Tribunal no perderá continuidad en sus labores, seguirá funcionando y no habrá rezago. En algún momento llegaron a faltar seis magistrados, pero las ausencias se cubren con los que integran el Pleno.

“La próxima semana se convocará a sesión de Pleno y se puntualizarán algunos aspectos de la resolución de la Corte, además, se analizará la posibilidad de reapertura de los tribunales, dependiendo del color del semáforo epidemiológico”, anunció.

LAS OTRAS VOCES: EL FORO MORELENSE DE ABOGADOS

Pedro Martínez Bello, abogado litigante y presidente del Foro Morelense de Abogados coincidió en que la LIV Legislatura el Congreso del Estado tiene en sus manos esta oportunidad histórica de darle un giro no sólo al TSJ sino a todo el Poder Judicial, siempre que quienes se elijan sean los mejores perfiles, es decir, no solamente que cumplan con los requisitos de ley, sino que tengan las capacidades y conocimientos para abonar a una mejor administración de la justicia, que hoy por hoy debe ser modernizada.

Estuvo de acuerdo en la afirmación del magistrado Carlos Iván Arenas en el sentido de que en el foro estatal de abogados hay buenos perfiles para ocupar las magistraturas faltantes del Tribunal:

“En el Foro, que está integrado por litigantes, docentes, líderes de organizaciones de abogados e independientes, tenemos los mejores perfiles, sin duda. Además de que nos dedicamos al litigio a a la academia, hemos tenido experiencia en la administración pública y en la carrera judicial; asimismo, nos estamos actualizando constantemente porque el derecho es cambiante y las necesidades de nuestros clientes así lo exigen. Tenemos en nuestras manos, el patrimonio o la libertad de nuestros clientes y tenemos que conocer para que podamos hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. Conocemos, además, cómo funciona el sistema judicial desde que se emite una resolución haya que se notifica o ejecuta; sabemos los problemas prácticos, en resumen, conocemos a fondo la problemática y tenemos propuestas para solucionarla”.

Un ejemplo de esto, relató, es la digitalización de los juicios. Desde hace más de dos años el Foro Morelense ha insistido en que se debe trabajar a distancia en muchas de las partes de un proceso, ya que esto ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo y permitiría a los actuarios, secretario, jueces y magistrados tener más tiempo para estudiar y resolver de una manera más efectiva. Y desde luego que los justiciables se beneficiarían.

En la situación actual de suspensión de labores por más de tres meses, por las medidas de seguridad que se deben aplicar para evitar contagios por covid-19, no sólo ha resultado perjudicada la sociedad que reclama un derecho y espera que los jueces y tribunales le resuelvan, sino los litigantes, que estamos atados de manos porque las actuaciones son presenciales. Si desde hace tiempo se hubiera comenzado con la digitalización, como ocurre en la Ciudad de México y Nuevo León, Morelos sería un ejemplo en el mundo, pero ocurre todo lo contrario, somos el estado que tiene más atraso en este tema.

LA LEGISLATURA

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, por su parte, aseveró que en la selección y elección de los nuevos magistrados serán objetivos y muy congruentes con la decisión que lleguen a tomar.

“Los diputados no hemos platicado este asunto. Vemos que tenemos que llegar a diálogos, a debates y consensos, son demasiados nombramientos, y el tiempo nos va a apremiar. Tendremos que legislar sobre la paridad y tendremos que vigilar que se cumpla”, expuso.

Por su parte, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que se debe proceder con mucha cautela en la designación. Los aspirantes deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley, deben tener la capacidad para ocupar el puesto y no debe haber duda sobre su actuar:

“Seguros estamos de que vamos a tomar estas decisiones no por un interés o tinte político, sino se va a elegir a las mujeres u hombres que tengan la capacidad para desempeñar un cargo de esta naturaleza. Y estamos abiertos a escuchar al gremio de los académicos, a los que han hecho carrera judicial y con los propios litigantes”. Como Legislativo, Sotelo Martínez, argumentó que son un Poder y respetan a los demás poderes, no deben tener injerencia en los demás. La autonomía de cada una no debe ser vulnerada.

“Hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial, pero confiamos en que ellos tienen la capacidad de reorganizarse, de desarrollar las estrategias necesarias para dar lo mejor de sí. Nosotros, respetuosos de la autonomía de cada uno de los poderes, habremos de cuidar ese proceso de selección y que sean las mejores mujeres y los mejores hombres quienes puedan estar al frente de estos cargos”, puntualizó.

“Hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial, pero confiamos en que ellos tienen la capacidad de reorganizarse, de desarrollar las estrategias necesarias para dar lo mejor de sí”.

ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ

DIPUTADO LOCAL

Escultura de Themis, en la sede del TSJ.

“Vemos que tenemos que llegar a diálogos, a debates y consensos…”

ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ

DIPUTADA LOCAL

Graco Ramírez, en ceremonia solemne en el Congreso del estado en 2016.

Graco Ramírez y Verónica Cuevas, el 17 de abril de 2018.

Hay dudas en el pago como conferencistas para el expresidente español Felipe González; el astronauta Rodolfo Neri Vela y la cantante Julieta Venegas.

*En la administración de Graco Ramírez*

Las instalaciones de ese inmueble quedaron a cargo de la fiscalía anticorrupción a causa de una denuncia contra quien fue titular de la Sedagro en el sexenio de Graco Ramírez.

Miacatlán.- En el campo “El Llano”, que se ubica en la zona de la pequeña propiedad de este municipio, hay al menos cuatro inmuebles de proyectos de gobiernos estatales pasados que han quedado en el abandono, incluido el rastro TIF, que nunca funcionó y que esperan que sea retomado, señaló Albino Franco Escobar, representante en Morelos del Sistema Producto Maíz.

Lo anterior fue expresado luego de que se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tomó las instalaciones del rastro Tipo Inspección Federal (TIF), derivado de la denuncia por el delito de ejercicio ilícito de servicio público y peculado, en contra de Roberto “N”, quien estuviera a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en la administración de Graco Ramírez.

Franco Escobar señaló que es lamentable que otra vez recursos públicos vayan a parar “como a la basura. Precisamente en el campo de ‘El Llano’, en la pequeña propiedad que tiene Miacatlán, el gobierno de Morelos tiene más de 20 hectáreas, en las cuales se han hecho distintas obras, y pareciera ser que ahí está destinado para un panteón de obras públicas (…). Hay una aceitera, un condominio lechero, un biocentro para producir plantas y ahora uno más que se incorpora a esa lista, el rastro TIF, que se agrega a la lista de obras de aplicación no eficiente del recurso público”, dijo.

Francos Escobar agregó que esta situación perjudica en la imagen que se refleja de la eficiencia que tienen los gobiernos del uso de los recursos públicos, en este caso del sexenio anterior. “Se habla de que se busca que se recupere por parte de la Sedagro. Eso esperamos para que se ponga en funcionamiento y sea de verdadero beneficio para el sector”, dijo.

El representante del Sistema Producto Maíz en Morelos mencionó que “era una obra buena” y que daría vida a la región para que los engordadores de ganado tuvieran acceso a este servicio bajo las normas sanitarias que se exigen en el mercado; sin embargo, no se cumplió con el objetivo planteado por parte del gobierno anterior. “Para nosotros es una obra parada y que al rato será desmantelada por los amantes de lo ajeno. Dicen que se vigilará, pero así ha pasado con el resto de la infraestructura que existe en este campo”, añadió.

“Son recursos que si hubieran llegado al campo de otra manera, se hubieran aprovechado mejor. Reitero que esa obra no era mala, sino más bien, mal proyecta”, insistió.

Destacó que es una cadena entre los productores, ya que los engordadores de ganado consumen grano y con ello se favorecía a los productores del campo, pero todo quedó en proyecto y discurso y sólo fue una obra de relumbrón que no dio beneficio al estado, ni mucho menos a la región.

Recordó que en la región se tienen “mataderos”, espacios adaptados para el sacrificio de ganado que no cuentan con las normas sanitarias correspondientes. “Por lo que era un proyecto muy bueno que no cumplió su finalidad, esperando que con esta administración estatal se pueda retomar y no quede en abandono la infraestructura”, concluyó.

El gobierno estatal prepara nueva denuncia penal.

El gobierno del estado prepara una nueva denuncia penal contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez Garrido en la Secretaría de Hacienda, pues se identificó que algunos de esos personajes siguieron firmando cheques de cuentas oficiales después de haber dejado el cargo.

El Consejero Jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, reveló que se detectó que ex funcionarios de la gestión pasada incurrieron en delitos al disponer del erario mediante movimientos bancarios, pese a que ya habían dejado de ser servidores en esa área.

El monto del manejo irregular de recursos implica varios millones de pesos, pero la cifra aún está pendiente, ya que siguen las indagatorias, en particular la recopilación de pruebas documentales.

Sotelo Salgado anticipó que hubo quienes siguieron firmando cheques a pesar de que ya no tenían facultades para hacerlo. “Es delicada la situación porque tú no puedes dejar de ser funcionario público y seguir firmando cheques” expresó, al advertir que se podrían configurar diversos delitos por estos hechos y se tendrán que deslindar responsabilidades en diferentes niveles, ya sea por acción o por omisión.

Comentó que el equipo actual sigue trabajando en la transparencia de la administración y encontrando anomalías de sus antecesores.

Recordó que, en este momento por la contingencia sanitaria están detenidos los procesos judiciales y por ende los términos y el avance de las carpetas de investigación.

Dice que el exgobernador debe ser castigado por las múltiples irregularidades cometidas.

El empresario y fundador en Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Iragorri Montoya, aseveró que la fiscalía  estatal protege al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien no ha sido castigado por las múltiples irregularidades cometidas en su gestión.

Sostuvo que hasta la fecha el exmandatario no ha respondido ante las anomalías cometidas en su administración, por la protección de quienes ahora están a cargo de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Iragorri Montoya señaló a la fiscalía:  “debe su posición a Graco Ramírez, está defendiendo sus intereses, ocultando las pruebas que existen que son más que suficientes para meterlo a la cárcel”.

 De igual manera el también excandidato a la gubernatura sostuvo que hay omisión por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción: “Juan Salazar Núñez, que es otra emanación de las políticas sucias, corruptas, de Graco Ramírez. Lamentablemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia está en las mismas circunstancias”.

Raúl Iragorri expresó este viernes su apoyo al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Expresó que la inactividad por parte de quienes hoy encabezan la FGE y el TSJ ha causado desconfianza en la población.

“La idea es ayudar en la medida de lo posible para que el licenciado Arenas llegue a ser presidente del Tribunal y esto nos permita rescatar la credibilidad del pueblo en la justicia del Estado de Morelos”, añadió.

Acusa al fiscal anticorrupción de utilizar esa posición para revanchismos políticos.

Roberto Coranguez Esquivel, quien se ostenta como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), retó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y lo acusó de abusar de su posición para emprender una persecución política en su contra.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa en la que denunció la supuesta desaparición de Edgar López Betanzos, integrante del CPC-SEA, y con quien promovió una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA y dos miembros del CPC, por supuestamente haberlo relevado ilegalmente de su cargo de presidente y permitido que Penélope Picazo Hernández asumiera la presidente del órgano ciudadano, pese a que eso significaba usurpar funciones.

Más tarde, la propia Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta desaparición, pero que López Betanzos había sido localizado en su domicilio.

Coranguez Esquivel acusó que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, “hace foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de los ciudadanos y la gente honesta”.

Y lo retó: “No podemos seguir tolerando esta terrible persecución de Juan Salazar y sus compinches, que ya sabemos quiénes son. Ya estamos cansados. Ya estamos hasta la madre de este fiscal, se tiene que ir porque se tiene que ir.

“Y aquí estoy, que me venga a detener, a ver si tiene los pantalones para venirme a detener. Sigo siendo el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. No he sido separado y no me he ausentado nunca. Que compruebe el señor que me he ausentado de mi cargo y que yo no soy”.

Afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente instalado, pero hay personajes ligados al exgobernador Graco Ramírez, como el propio Salazar Núñez, y otros funcionarios que buscan obstaculizar investigaciones contra exservidores de la anterior administración.

Acusó a Penélope Picazo Hernández de usurpar funciones al ostentarse como presidente del CPC-SEA, e insistió en que es ella a quien se tiene que investigar y fincar responsabilidades.

La fiscalía anticorrupción no fijó postura al respecto y sostuvo que no puede dar información sobre si existe o no alguna investigación en torno a Roberto Coranguez Esquivel.

Laboraban en áreas como obras públicas, educación, turismo e, incluso, en la Contraloría del estado.

Por faltas administrativas graves durante su ejercicio, 13 exfuncionarios de la administración de Graco Ramirez fueron sancionados administrativamente y dos inhabilitados por la Secretaría de la Contraloría del estado.
Dicha dependencia estatal inició, desde el 2018, diversas investigaciones en áreas como la Secretaría de Obras Públicas, Educación, Turismo e, incluso, en la Contraloría del estado, ante la sospecha de que se cometieron anomalías, por lo que 600 ex servidores públicos más siguen bajo proceso.
Lo anterior lo confirmó el contralor del estado, Cesar Santana Nava, quien refirió que se ha procedido ya con los primeros ex servidores públicos a los que se les comprobó que violaron la ley.
"Dentro de las 13 sanciones, tenemos dos inhabilitaciones, algunas destituciones y una multa. Son faltas administrativas relacionadas con algún bien inmueble, alguna falta de observación en algún lineamiento, regla o ley”, explicó.
Se trata de exfuncionarios cuyo cargo era menor, como jefes de departamento, subdirectores y directores de área, que trabajaban en la Secretaría de Educación,  de Turismo, Obras Públicas y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
Señaló que en los casos mucho más graves, en los que se confirme la posible comisión de algún delito, se presentarán denuncias, una vez que concluyan las investigaciones.
Es que reveló que en la Contraloría del estado se detuvieron las auditorías que por ley deben aplicarse, con el fin de que no se detectaran posibles irregularidades, lo que también obligó a que se retrasara el trabajo de investigación en la actual administración estatal.