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Ante el TEPJF, el órgano local reclamará por la omisión de diputados en asignar recursos suficientes para el ejercicio fiscal 2019, como lo establece mandato constitucional.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) promoverá un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la omisión del Congreso local de asignarle presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2019.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Puig Hernández, lamentó la omisión en la que incurrieron los diputados al no observar el mandato constitucional en la asignación del presupuesto, estimado en alrededor de 31 millones de pesos para este tribunal.

“Nosotros lo vamos a impugnar. Incluso, desde la semana pasada le pedimos al Congreso del estado que nos obsequiara una copia certificada del presupuesto que aprobó, así como del expediente legislativo en el cual se aprueba la reforma al artículo 40, en particular, a la fracción V de la Constitución, para poderlas ofrecer como prueba a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia competente para conocer este tipo de actos”.

Dijo que el tribunal continúa en funcionamiento con el ejercicio del presupuesto anterior y con esos recursos se pagó a todos los trabajadores la primera quincena de este mes de enero.

Reforma electoral fallida colocó a Morelos en el segundo lugar entre los estados con mayor conflictividad jurisdiccional: Puig Hernández.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dio por concluido el proceso electoral 2017-2018 y atribuyó las dificultades jurídicas que se enfrentaron para resolver las impugnaciones a la “falta de técnica legislativa”, que colocó a la entidad en el segundo lugar entre los estados de mayor conflictividad jurisdiccional.

Luego de que el pasado jueves la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación resolvió las últimas inconformidades relacionadas con la integración de los cabildos de los municipios de Yecapixtla y Tlaquiltenango, el TEEM realizó la declaratoria de culminación del proceso electoral, durante el cual desahogó un total 574 impugnaciones de candidatos y partidos políticos.

El magistrado presidente del tribunal local, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que derivado de las diversas lagunas jurídicas en la normatividad electoral del estado de Morelos, los magistrados aplicaron criterios jurídicos para dar certeza y seguridad jurídica a los entes políticos y los ciudadanos.

Destacó que “la falta de técnica legislativa” en la última reforma electoral que realizó la LIII Legislatura, generó dificultades para resolver las impugnaciones referentes en la integración de los cabildos.

“Somos el segundo estado con el mayor grado de conflictividad jurisdiccional. A qué me refiero, a que Chiapas tiene, no recuerdo las cantidades exactas, pero por decirles algo, si comparamos el número de ciudadanos de la lista nominal frente al número de asuntos que se presentaron, tiene como dos y tanto ciudadanos por cada asunto, y nosotros estamos en segundo lugar, frente a muchos otros que tienen un asunto por cada 10 mil o cada 15 mil”, expresó.

Dijo que aun cuando los magistrados locales se decantaron por privilegiar la gobernabilidad en los municipios, es decir, excluir en la fórmula de asignación de regidurías a los alcaldes y síndico para permitir que los presidentes municipales pudieran contar con mayoría en el órgano de gobierno, como ocurre en otras entidades del país, tanto la Sala Superior como la Sala Regional del TEPJF determinaron que en la asignación debía incluirse a ambas figuras.

La magistrada Martha Elena Mejía destacó que los recursos fueron resueltos en tiempo y forma pese a las restricciones presupuestales que enfrentó el órgano jurisdiccional; en tanto, el magistrado Francisco Hurtado Delgado recalcó que la última reforma electoral dejó al tribunal “un camino muy escabroso”, debido a las lagunas y contradicciones jurídicas, y destacó que en este proceso electoral se obtuvo una participación de 67% del padrón electoral, una cifra histórica y que indica que los ciudadanos se involucran más en los procesos democráticos.

Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ordena al Tribunal Electoral de Morelos emitir nueva sentencia en torno a la integración del consejo.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) emitir una nueva sentencia en la que especifique cuál de los dos Consejos Municipales debe asumir funciones a partir del 1 de enero próximo, cuando oficialmente se funda el municipio indígena de Hueyapan.

Al resolver los juicios de la ciudadanía 1240 y 1241 del año en curso, por unanimidad, el Pleno de la Sala Regional revocó parcialmente la sentencia del TEEM relacionada con el reconocimiento de los derechos de la todavía comunidad indígena de Hueyapan a la libre determinación, autogobierno y autonomía. 

A decir de la sala, el tribunal local omitió pronunciarse respecto a la invalidez de algunas normas del decreto de creación del municipio indígena y atender este tipo de asuntos (relacionados con comunidades indígenas) de manera integral, conforme al contexto de la problemática y en suplencia total de los agravios.

El conflicto político social surgió debido a que el Congreso local desconoció al Concejo Municipal electo y luego reestructurado en asamblea por el método de usos y costumbres, en febrero pasado, y luego designó un nuevo consejo presidido por David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, y quien había sido destituido por la asamblea como vocal del consejo.

Debido a la ambigüedad de la sentencia del TEEM, que -si bien- reconoció los derechos de la comunidad indígena, no se pronunció respecto a quienes deberían asumir funciones como órgano de gobierno del nuevo municipio de Hueyapan.

Por lo tanto, la Sala regional consideró que el tribunal local “vulneró el principio de certeza al no atender la pretensión de la parte actora en el juicio local, conforme al cual debió determinar si tenía que reconocer al nuevo concejo o prevalecía el primero”, y por esta razón ordenó al TEEM emitir una nueva sentencia. 

Hay suspensión de la SCJN a favor del Ayuntamiento de Cuautla.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) validó la convocatoria para elegir al nuevo delegado de Tetelcingo, en virtud de que existe una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del Ayuntamiento de Cuautla, que promovió una controversia constitucional contra la creación del municipio indígena.

Ramón Xopo Cera, quien se ostentó como representante de los habitantes originarios e integrante del Comité Pro Creación del Municipio de Tetelcingo, promovió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEM/JDC/458/2018-2 contra la convocatoria para la elección del nuevo delegado de la comunidad indígena, emitida por Ayuntamiento de Cuautla y la delegación política de Tetelcingo.

Por unanimidad, el Pleno del TEEM consideró infundado el reclamo de Xopo Cera, por considerar que, con base en la suspensión concedida por el tribunal constitucional al ayuntamiento, Tetelcingo aún forma parte del municipio de Cuautla.  

Y es que en enero pasado, el ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 30/2018 ante SCJN, contra la constitucionalidad del decreto 2341 publicado el 22 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que se creó el municipio indígena de Tetelcingo. La Corte concedió la suspensión, para que las cosas quedaran en el estado en que se encontraban para evitar daños irreparables al municipio.

Con base en ello, el Pleno del TEEM concluyó que “es inconcuso que el poblado de Tetelcingo continúa perteneciendo al municipio de Cuautla, Morelos; en consecuencia, del análisis de la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Cuautla para la elección del delegado político, se advierte que no se vulnera el principio de autodeterminación del poblado de Tetelcingo, toda vez que se respetaron sus usos y costumbres”

“Además, la convocatoria se emitió en base a la solicitud y lineamientos de la misma organización del referido poblado, a través de reuniones previas del delegado político y representantes de las planillas reconocidas”. 

El próximo año no será electoral.

El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) busca que su presupuesto para el 2019 sea por lo menos de 29 millones de pesos, con el propósito de mantener, profesionalizar y especializar a su plantilla de personal.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que la propuesta pretende que el presupuesto del órgano jurisdiccional sea suficiente para su operatividad, aun cuando ya no será año electoral.

Indicó que en el monto se calcularon recursos para mejorar las remuneraciones del personal del órgano jurisdiccional, pero también para capacitar, profesionalizar y especializar al personal, en virtud de que en México y en Morelos existen pocas personas expertas en materia electoral.

“Nuestra preocupación es que no hay mucha gente con especialidad en materia electoral y buscamos mantener permanentemente al personal”, dijo, y señaló que también otros pendientes no se han atendido completamente por falta de presupuesto.

Por ejemplo, señaló, es necesario consolidar la unidad e información pública y la contraloría interna, así como disponer de recursos para mantener al menos 10 plazas.

Insistió en que el presupuesto previsto tiene como objetivo mantener la independencia y autonomía del TEEM, así como conservar y especializar al personal.

Magistrado presidente llama a la toma posesión de alcaldes en armonía y concordia.

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) responsabilizaron a los diputados de la pasada legislatura de los problemas que hoy enfrentan los presidentes municipales electos, por una reforma electoral “mal hecha” y que mantendrá en vilo la gobernabilidad de los municipios.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que no hay causal para someterlos a juicio político, como amenazó un grupo de regidores electos, y sostuvo que ante la falta de reglas claras para la distribución de regidurías en los municipios, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, el Pleno del tribunal realizó una interpretación de la ley privilegiando la preservación de la gobernabilidad, al resolver las impugnaciones por la distribución de regidurías que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (que determinó para ese efecto contabilizar a los integrante del Cabildo, incluyendo edil y síndico).

El TEEM decidió que sólo debía tomarse en cuenta a los regidores y con ello permitir que el presidente municipal tuviera mayoría en el cuerpo edilicio, para mantener la gobernabilidad.

“Consideramos que la interpretación que nosotros realizamos, en la que interpretamos, porque desafortunadamente ni el artículo 115, en su Fracción VIII, de nuestra Constitución Política Federal, ni el párrafo cuarto del artículo 18 (del código electoral local), establecen reglas que nos pudieran indicar cómo debemos o cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta”, dijo, y sostuvo que “si hubiera reglas claras, con el debido respeto de nuestro legislador, de la anterior legislatura, no estaríamos teniendo estas dificultades de interpretación”.

Incluso, destacó que en la normatividad electoral de la Ciudad de México, el legislador fijó reglas claras y privilegió la gobernabilidad como criterio para la asignación de concejales en las 16 alcaldías capitalinas y, gracias a su diseño, las impugnaciones ya fueron concluidas y las autoridades electas están en espera de la toma de protesta.

La magistrada Martha Elena Mejía secundó a su homólogo, al señalar que el artículo 112 de la Constitución local no establece de manera clara qué criterio debe atenderse para asignación de regidurías, sin embargo, en la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura se adicionó un párrafo cuarto al artículo 18 del código electoral local, en el que se estableció que se tendría que replicar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales en la asignación de regidurías, y “ese es el párrafo que causó todo este enredo, y de ahí que consideramos que el 112 remite a solamente que para la asignación de las regidurías, no habla de integrar al presidente y al síndico, por lo tanto, en nuestra interpretación de la Constitución nosotros resolvimos de esa manera, en cuanto que al partido ganador tendría que asignársele un regidor”.

Además de que el artículo 116 de la Constitución federal y la constitución local no establecen si se tiene o no que contemplar la totalidad de los integrantes de los cabildos para el reparto de las regidurías.

Sostuvo que todavía está en suspenso el criterio definitivo que aplicará la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, pues dependerá si, en el resto de las impugnaciones, las partes plantean o no el tema de inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 18 del código local, pues en los casos de Tepalcingo y Totolapan resueltos por la máxima autoridad electoral, no se planteó esta litis y, por ello, el TEPJF resolvió que específicamente en ambos municipios debe tomarse en cuenta al edil y síndico en la asignación de regidurías.

Francisco Hurtado Delgado, también magistrado del TEEM, señaló que el entuerto fue provocado por la reforma mal hecha por la anterior legislatura, que lo único que hizo fue “revolcar el agua, dejó muy turbio todo, toda esa imprecisión lo único que causó fueron problemas”.

Destacó que dicha reforma rompió con las formas en que se hacía la distribución de regidurías en otros procesos electorales, y todo prevalece en incertidumbre, ya que en la Sala Superior hay división de criterios sobre el tema.

Por lo pronto, los magistrados electorales hicieron un llamado a los distintos actores políticos y autoridades electas a que inicien su periodo el 1 de enero próximo bajo las base de cordialidad y que acaten los fallos que emita la máxima autoridad electoral del país.

También adelantaron que hay pláticas con los diputados para trabajar en la mesa para la reforma del Estado y la reforma política electoral, para subsanar la larga lista de irregularidades y vacíos legales de las modificaciones realizadas por los legisladores anteriores, con el fin de tener reglas claras.

El magistrado Francisco Hurtado Delgado afirma que no hay razones para que los integrantes del Pleno del tribunal electoral sean sometidos a juicio político, como lo piden regidores electos inconformes con las resoluciones del órgano.

El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, consideró que no hay causal para pretender someterlo a juicio político y sostuvo que las sentencias del tribunal, que fueron apegadas a la ley, están todavía bajo el escrutinio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no han alcanzado definitividad.

Luego de que un grupo de regidores electos amenazó con iniciar acciones legales en su contra por supuesto conflicto de intereses e intervenir a favor de algunos partidos por el tema de la asignación de regidurías, consideró delicado que haya juicios adelantados y que se pretenda incoar un juicio político contra los magistrados del TEEM, cuando aún no culmina la cadena impugnativa.

Recalcó que el TEEM emitió resoluciones apegadas en derecho en tiempo y forma, y los magistrados cumplieron con la responsabilidad de resolver todas y cada una de la impugnaciones, que actualmente están en revisión en la Sala Superior.

Dijo que el que acusa está obligado a acreditar con pruebas, y “no aprecio ninguna razón para presentar este juicio ante el Congreso de la Unión. Además violarían el artículo 116 de la Constitución Federal (que habla) de la independencia y autonomía del órgano jurisdiccional”.

Además, señaló que la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las consideraciones o criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales locales en sus resoluciones, no pueden constituir parte de un procedimiento de juicio político.

Advirtió a quienes pretenden enjuiciarlos, que “lo único que se está generando es un costo que tendrán que pagar los impugnantes a los abogados que los representan de manera innecesaria, y son los únicos beneficiados”.

Insistió en que el debate sobre la asignación de regidurías en los municipios es un tema de legalidad que tendrá que resolver la Sala Superior y no el Congreso de la Unión.

Regidores electos consideran que incurrieron en conflicto de intereses al reunirse con representantes del TEPJF para defender su postura en la asignación de regidurías.

Regidores electos de más de 10 municipios esperan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme el criterio de asignación de regidurías del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para garantizar la pluralidad en los cabildos. Además, anunciaron que promoverán juicio político contra magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEEM) por cabildear a favor de partidos.

La semana pasada, un grupo de alcaldes y síndicos electos refutaron el criterio del Impepac -que hace unos días fue confirmado por la Sala Regional Ciudad de México- por considerar que, al contabilizar a la totalidad de los miembros de los cabildos para la distribución de las regidurías por el principio de representación proporcional, se les coartaba la posibilidad de contar con regidores afines  y se les colocaba en una posición de desventaja numérica y política que podría provocar problemas de gobernabilidad en los municipios.

En contraste a esta postura, ahora regidores electos de los municipios de Totolapan, Tepalcingo, Zacatepec, Tlalnepantla, Emiliano Zapata, Ayala, Huitzilac, Atlatlahucan, Ocuituco y Yecapixtla defendieron la asignación que realizó el Impepac, porque consideran que el criterio adoptado por el instituto materializó la participación y representación de las fuerzas políticas minoritarias en los cabildos.

Lamentaron que los magistrados del TEEM, al resolver las impugnaciones, hayan modificado el criterio del Impepac y ordenado una redistribución de regidurías, pero sin contabilizar a los ediles y síndicos electos, en detrimento de otras fuerzas políticas y la pluralidad que debería existir en los cabildos.  

“Consideramos ilegal y desproporcionado el criterio utilizado por los magistrados locales, ya que de manera arbitraria determinan no tomar en consideración los índices de sobre y sub-representación que deben de observar al momento de integrar  los órganos de gobierno, situación que resulta benéfica para los partidos mayoritarios, ya que en muchos de nuestros municipios  el control del ayuntamiento lo tendría un solo municipio y podrían tomarse decisiones y determinaciones sin el consenso político de las demás fuerzas políticas”, señalaron en un pronunciamiento conjunto y en compañía de sus representantes legales.

Los regidores electos esperan que la Sala Superior del TEPJF confirme sus designaciones “en beneficio del pluralismo y la participación política de todas las fuerzas con grado de representación en los municipios”.

También anunciaron que promoverán ante el Congreso de la Unión un juicio político contra los magistrados del TEEM y, particularmente, contra Francisco Hurtado Delgado, luego de que se reunieron con magistrados y funcionarios de la Sala Superior del TEPJF para defender su criterio de asignación de regidurías, a pesar de existir un evidente conflicto de intereses y favorecimiento hacia algunas fuerzas políticas.

Precisaron que en el caso de Totolapan, cuya resolución fue puntera en el TEEM en el tema de regidurías, Hurtado Delgado se excusó de conocer el asunto por su familiaridad con la representante del Panal, Kenia Lugo Delgado. Sin embargo, el 1 de noviembre, él y sus compañeros Carlos Alberto Puig Hernández y Martha Elena Mejía acudieron a la Sala Superior, a persuadir a los magistrados de la Sala Superior y defender su criterio en este caso y el resto de las impugnaciones, con el que pretenden dar mayoría en los cabildos a los ediles. 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se reunieron con uno de sus homólogos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intercambiar puntos de vista respecto a los criterios aplicados para la distribución de regidurías en los municipios de la entidad.

Luego de que un bloque de alcaldes y síndicos electos alertó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF los dejó en desventaja numérica y política, al determinar que para la asignación de regidurías debía tomarse en cuenta a la totalidad de los integrantes del Cabildo, en réplica de la fórmula para la asignación de diputados plurinominales locales, los magistrados del TEEM sostuvieron una audiencia conjunta con el magistrado federal Felipe de la Mata Pizaña y el asesor del magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón.

En la audiencia fue planteado en particular el caso de los recursos de reconsideración 1614, 1615 y 1616, todos del 2018, relativos a la asignación de los tres regidores que integran el cabildo de Totolapan, y donde el edil y síndico electo enfrentarían una mayoría opositora, al no contar con ningún regidor, a pesar de haber obtenido la votación más alta.

De acuerdo con los alcaldes y síndicos electos, en caso de que la Sala Superior mantenga el criterio de la Sala Regional, habría riesgo de ingobernabilidad en 31 de los 33 municipios morelenses.  

Alcaldes electos protestan por el método utilizado para asignar esos cargos, que dejará a los partidos ganadores en minoría.

Presidentes municipales y síndicos electos exhortaron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a invalidar el criterio adoptado por la Sala Regional Ciudad de México, que impediría que tengan mayoría en los Cabildos y ocasionaría problemas de gobernabilidad en 31 de 33 municipios.

La polémica tuvo su origen en la asignación de regidores que hizo el Instituto de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), quien basó la distribución en el artículo 18 del código electoral local que refiere que, para establecer los límites permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que incluye a todos los integrantes del Congreso.

Es decir, para asignar a los regidores debía tomarse en cuenta al presidente y síndico electo. Inconformes, partidos políticos y candidatos afectados, impugnaron la decisión del Impepac ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).

El tribunal local, al resolver las inconformidades, ordenó revocar la asignación realizada por el Impepac y concretar una nueva distribución sin contar a alcaldes y síndicos electos. De nueva cuenta, el asunto fue impugnado pero ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, quien contradijo al TEEM y revocó sus sentencias, con el fin de validar la asignación original de regidores que realizó el instituto. Ahora, las inconformidades están en la Sala Superior, quien resolverá en definitiva.

En rueda de prensa, el alcalde electo de Tototolapan, Sergio Omar Liviera, quien fungió como vocero, afirmó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México anuló el sistema de mayoría a favor de los presidentes y síndicos, que fue otorgado y legitimado por los ciudadanos con su voto.

Señaló que los alcaldes y síndico fueron colocados en una posición de desventaja al otorgarse regidurías a partidos que, incluso, quedaron en cuarto y quinto lugar, además de negarles la posibilidad de contar con regidores de sus mismos partidos o coaliciones.

“La decisión de la Sala Regional pone en riesgo la posibilidad de cumplir con los compromisos y propuestas de campaña, mismas que recogen demandas y aspiraciones ciudadanas.

“Las nuevas autoridades municipales somos enfáticos en considerar que con decisiones ‘legales’ de este tipo, se pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios, toda vez que la ciudadanía optó de manera decidida por los candidatos de elección popular, así como un proyecto de gobierno municipal que garantizará el cumplimiento de las promesas de campaña”.

“Expresamos que en más de un municipio, es posible que de implementarse la decisión inicial de referencia, pueda existir la posibilidad de movimientos sociales para impedir la presencia de personas por las que la población no voto mayoritariamente”, advirtió.

Informó que un grupo de autoridades municipales electas acudieron a la Sala Superior para exponer la situación y los motivos de informidad, en espera de que los magistrados del máximo tribunal electoral del país puedan resolver de manera acertada los recursos de inconformidades

“Es necesario que las sentencias de los tribunales electorales del país sean sensibles al momento político que viven la nación”, sostuvo y precisó que fue impugnada la asignación de regidores en 31 de los 33 municipios de Morelos.

Recalcó que hay casos tan graves en los que, a pesar de que el edil y síndico obtuvieron una votación superior al 35%, no se les asignó ningún regidor de su partido o coalición.

Manifestó que, aun cuando faltan meses para la toma de protesta y la asignación de regidores está subjudice, ya hay quienes se han adelantado a condicionar su voto en el Cabildo a cambio de prebendas.

“Hoy es un problema social que vemos venir, puesto que en algunos casos, en algunos municipios, los propios compañeros presidentes nos han dicho que ya están gestando un estrategia para ver qué van a pedir, cuál va a ser su pliego petitorio de los regidores para la aprobación de Cabildo de cuentas públicas, entre otros. Es el riesgo que le vemos de ingobernabilidad que habría en el interior del Cabildo”.

Detalló que 17 municipios cuentan con un cabildo integrado por tres regidores y en estos casos al alcalde no le fue asignado ningún regidor de su partido o coalición, poniéndolo en desventaja numérica y política. La situación, dijo, es similar en los cabildos con cinco regidores y, en los casos de cabildos con siete concejales, a los ediles a penas se les asignó a caso uno.

En la rueda de prensa participaron ediles y representantes electos de al menos 15 municipios. 

Revoca sentencia del Tribunal Estatal Electoral; ordena al Impepac integrar cabildo de Axochiapan con paridad de género.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las sentencias del Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) y confirmó la asignación de regidurías realizadas en diez municipios por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

La Sala Regional consideró que el tribunal local realizó una incorrecta interpretación de la norma para determinar los límites de sobre y subrrepresentación en la asignación de regidurías, al no considerarse a quienes obtuvieron cargos de mayoría relativa.

Y es que en sus recientes resoluciones, el TEEM en todos los asuntos relacionados con integración de los Cabildos, adoptó como criterio la exclusión de las alcaldías y sindicaturas para realizar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.  

Pero el tribunal federal consideró que para efectos en la asignación de regidurías, debe apegarse a las directrices establecidas para la integración de la legislatura estatal que giran en torno al órgano en su totalidad, sin excluir aquellas de asignación por el principio de mayoría relativa.

Bajo este criterio revocó las sentencias dictadas por el TEEM y conformó la asignación original que realizó el Impepac para la integración de los Cabildos de Tetela del Volcán, Emiliano Zapata, Tepalcingo, Miacatlán, Ayala, Huitizilac, Zacatepec, Atlatlahuacan y Yautepec.

En el caso de Axochiapan, ordenó al Impepac realizar una nueva asignación de regidurías bajo el principio de paridad de género como una acción afirmativa, pues inicialmente el Cabildo (que entrará en funciones el 1 de enero de 2019) fue integrado por cuatro hombres y una mujer.

La propuesta presentada ante el Senado plantea otorgar un porcentaje fijo del presupuesto anual de los estados a los tribunales electorales del país.

La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (Aterm) expresó su apoyo a la iniciativa presentada ante el Senado de la República para garantizar la autonomía financiera de los órganos jurisdiccionales electorales en los estados.

La iniciativa fue presentada por la senadora Índira de Jesús Rosales San Román, con la intención de que sea discutida y aprobada a la brevedad posible.

La propuesta contempla reformar la facción IV, inciso C, del artículo 116 constitucional, con el propósito de otorgar plena autonomía financiera a los tribunales electorales locales del país con el otorgamiento de un porcentaje fijo del presupuesto anual estatal.

“La autonomía presupuestaria de los impartidores de justicia electoral es indispensable para contribuir a la construcción de una democracia más sólida, libre y efectiva”, señaló la Aterm.

Durante el último proceso electoral, diversos tribunales locales promovieron juicios en contra de los gobiernos locales por la negativa de dotarlos de recursos suficientes para realizar su labor jurisdiccional.

Incluso, Francisico Hurtado Delgado, quien fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos durante los pasados comicios, acusó al extinto gobierno de Graco Ramírez de intentar sabotear el proceso electoral e intervenir al tribunal, mediante la restricción de presupuesto.

Morena, el partido más beneficiado con el cambio en el esquema para otorgar a partidos esas posiciones; antes llegó a estar en minoría en municipios en los que había ganado arrolladoramente.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos realizó modificaciones a la integración de los Cabildos de siete municipios y confirmó los resultados en dos más.

Al resolver un total de 35 recursos de impugnación relacionados con el resultado de las elecciones municipales y la distribución de las regidurías de representación proporcional, el Pleno del TEEM confirmó los resultados de la elección municipal de Jonacatepec y Axochiapan, así como realizar cambios en la asignación de escaños en los Cabildos de Mazatepec, Tepoztlán, Jojutla, Huitzilac, Temixco, Yautepec y Temoac.

En el caso de Yautepec, el TEEM ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), cancelar las constancias como regidores electos por el principio de representación proporcional a Fernando Juárez Ruiz y Evangelina Pallares, del Partido de Trabajo, y a la candidata independiente María Isabel Ramírez Carillo.

En consecuencia, ordenó entregar la constancia a Sergio Vences Avilés y Avelardo Arias Carreño, por el PRD, a Marco Antonio Mora Velázquez y Alfonso Morales Fuentes.

En el caso de Temixco, ordenó cancelar la constancia como regidora a Damiris Romero Hernández, del Partido Encuentro Social, y entregarla a Eustolio Pani Barragán, de Morena.

En Huitzilac, canceló la constancia a Mauro Acosta Rojas y ordenó entregarla a Mario Oliveros García, de Morena. En el caso de Jojutla, ordenó cancelar la constancia de regidor al también excandidato independiente a la alcaldía, Carlos Alberto Brito Ocampo, y entregarla a Ana Lilia Tovar Morales, de Morena.

En Mazatepec, se retiró la constancia como regidores a Norma Toledo Hernández e Iván Orteaga Hernández, de los partidos Encuentro Social y Humanista, respectivamente, y se ordenó su entrega a Roxana Aguilar Mejía y Jonathan Ochoa Limón, del PRI.

En Tepoztlán, canceló las constancias entregadas a Miguel Ángel Villamil y Eduardo Hernández Jacobo, del PRI y el PES, respectivamente, y ordenó entregarlas a César David Rivera Sánchez y Juanita Elizabeth Olamendi Lagunes, ambos de Morena. Mientras que en Temoac, ordenó retirar la constancia a Aarón Aguilar Linares, de Morena, y entregarla a Isauro Ramírez Rosales, del Partido Verde Ecologista.  

Sin embargo, el gobernador dice que no endeudará más a la entidad y que se saldrá adelante; los compromisos no pagados a proveedores pueden ser hasta de 12 mil millones de pesos.

El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que se han encontrado diversas anomalías en el manejo de recursos en el gobierno durante la administración pasada, que en un plazo máximo de 45 días se habrán de conocer con mayor detalle. No obstante, aseguró que no habrán de endeudar más a la entidad. Por otro lado, rarificó que existe el compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de apoyar a la universidad del estado, siempre que haya transparencia.

Por su lado el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz Rivera manifestó que la administración saliente no dejó recursos en cuentas y por el contrario sí hay muchos adeudos, así como algunas anomalías en obras públicas, seguridad pública y otras áreas.

El titular del Ejecutivo estatal acudió ayer lunes a la ceremonia del informe de actividades anual y toma de protesta del presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE). A partir de este 8 de octubre la presidencia será ocupada por el magistrado Carlos Puig Hernández.

Al finalizar, en entrevista, Blanco Bravo dijo que lamentablemente este año será complejo para la administración, dadas las condiciones que han encontrando, luego de haber tomado posesión el pasado primero de octubre.

Aseguró que, a pesar de esta crisis, su decisión es no seguir endeudando a la entidad, por lo que buscarán alternativas, como el continuar con gestiones ante la Federación para obtener recursos adicionales.

Por otra parte, expresó que sí existe disposición del gobierno estatal de apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues su interés es que no pierdan más clases miles de estudiantes debido a la huelga.

Apuntó que existe incluso el compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de ayudar a la casa de estudios, pero coincidió con el futuro mandatario nacional, en el sentido de que se tendrá que transparentar el uso de los recursos en la institución educativa.

Igualmente en entrevista Sanz Rivera informó que en un lapso de 45 días se tendrá una radiografía completa de la situación que guarda cada secretaría del gobierno estatal; adelantó que las anomalías que se están encontrando podrían derivar en observaciones y denuncias en contra de quien resulte responsable.
A pesar de la falta de liquidez para operar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el jefe de la Oficina de la Gubernatura confió en que a partir de 2019 se iniciará “con el pie derecho”, debido a que el compromiso de Cuauhtémoc Blanco es no fallarle a la ciudadanía.
Con respecto al rescate financiero requerido por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), José Manuel Sanz mencionó que en apego al respeto total de la autonomía universitaria, habrá mesas de trabajo en las que junto con el gobierno federal se busque una solución a la crisis económica.
Además, señaló que se está investigando que el 2.5 del presupuesto anual del gobierno sí haya sido destinado a la Máxima Casa de Estudios de los morelenses, como lo presumió la administración saliente.

Expresó que no es real que el gobierno pasado haya dejado en las cuentas cinco mil millones de pesos para cerrar el año, al apuntar que esa cantidad corresponde a las participaciones federales, que están en las cuentas del estado porque se van liberando de manera programada.

En contraste encontraron que sí hay muchos adeudos a bancos y a proveedores, que podrían llegar a los 12 mil millones de pesos. 

Sanz Rivera externó que no obstante dicho panorama, la decisión del gobernador es enfrentar este reto y salir adelante; confían que en el 2019 la situación sea menos grave y para ello se trabaja también en un presupuesto con lineamientos claros de austeridad en el gasto corriente gubernamental.

El magistrado electoral rindió su informe de labores y entregó la presidencia a Carlos Puig.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado acusó al ex gobernador Graco Ramírez y los diputados de la extinta LIII Legislatura de intentar debilitar al órgano jurisdiccional, y afirmó que a pesar de la auditoría extraordinaria, ordenada por el Congreso en medio de los comicios, el tribunal no tuvo más que tres observaciones que ya fueron solventadas.

Al rendir su informe de actividades y concluir su periodo como presidente del TEEM, señaló que el tribunal enfrentó una fuerte embestida política, al ver reducido su presupuesto anual de 41.5 a 18 millones de pesos.

Además, recordó que con la intención de controlar e intimidar al órgano jurisdiccional, la anterior legislatura ordenó a la entidad de fiscalización realizar una auditoría extraordinaria, pese a que a que el tribunal se encontraba en plena proceso electoral, sustanciando los diversos recursos de impugnación.

“El mensaje era claro, debilitar a nuestra institución y poner en riesgo la impartición de justicia y el proceso electoral. Nos defendimos por la vía del derecho e interpusimos sendos juicios para proteger la independencia y autonomía del tribunal”, dijo.

Precisó que al concluir la auditoría, sólo resultaron tres observaciones que fueron inmediatamente solventadas y se comprobó que los recursos fueron aplicados adecuadamente.

Previó a la entrega de la presidencia del TEEM a su homólogo Carlos Alberto Puig Hernández, informó que en total se presentaron 566 recursos impugnación durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales sólo restan 95 juicios por resolver a más tardar 15 octubre y que están vinculados a las elecciones municipales.

Agregó que 99.9% de las resoluciones fueron por unanimidad del Pleno y el 96.2% de las sentencias del TEEM fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.