Presentarán denuncia por el mal uso de los recursos del programas de uniformes escolares.

El gobierno del estado identificó anomalías en el manejo de recursos del programa de uniformes escolares, al que se destinaron alrededor de 60 millones de pesos. En breve será presentada la denuncia formal contra ex funcionarios de ramo de educación de la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.  

El asesor anticorrupción de la oficina de la gubernatura Gerardo Becerra Chávez de Ita, informó que como resultado de la auditoría practicada al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) se identificaron diversas anomalías, entre ellas que no se aplicaron los recursos que habían sido etiquetados para dicho concepto, por un monto de entre 60 y 70 millones de pesos.  

La denuncia de hechos se formulará de nueva cuenta ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, pues encontraron “desvío de recursos, sobreprecios, falta de licitación, asignación directa de contratos sin los protocolos correspondientes” entre otras anomalías.  

Chávez de Ita comentó que cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo expresó que el gobierno estatal recurrirá a la Federación, se refería a la denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra más que están por iniciar “otras personas que tiene que ver con la compra de algunos bienes inmuebles por parte de gente cercana al exgobernador”.  

Destacó que la segunda se refiere a la que se ha dado a conocer por un posible desvío de más de 400 millones de pesos: “ es una muy importante que presentamos desde mi oficina por el posible desvío de 400 millones de pesos de empresas fantasmas, muy parecido al esquema que se dio con el ex gobernador (de Veracruz) Javier Duarte, donde están involucradas también gentes muy cercanas y muy allegadas a lo que fue la conducción de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado”.  

A decir del funcionario estatal, algunas de las más de 60 denuncias que se han iniciado en la Fiscalía estatal podrían ser atraídas por la FGR conforme al derecho que tiene el gobierno actual como denunciante.