Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador no han prescrito: Sotelo Salgado.

El Congreso del estado confirmó que no han prescrito los procedimientos de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, así como de sus ex secretarios de Finanzas,  Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, por su omisión en la entrega del presupuesto 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que a partir de esta semana se retomaron los procedimientos, que fueron detenidos a consecuencia de la emergencia sanitaria.
En rueda de prensa, el legislador hizo público el video en el que se confirma que el pasado lunes 17 de agosto fue notificado en su domicilio el ex mandatario perredista y una fotografía en la que se muestra que el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna recibió personalmente la documentación que le confirma el juicio en su contra.

En el caso de la ex secretaria Adriana Flores Garza no pudo ser notificada, a causa del cambio de su domicilio.
Las demandas de juicio político fueron promovidas por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2019, ante la omisión de ministrar (entregar)  los recursos del presupuesto 2018 que le correspondían al Impepac y a la FGE.
El legislador sin partido explicó que los ex funcionarios tienen 15 días para responder a las demandas y presentar las pruebas a su favor, ya sea personalmente o por medio de su representante legal. De lo contrario perderán ese derecho y continuará el juicio con los elementos aportados por el Ejecutivo.

Adelantó que tendrá que ser en el próximo período ordinario de sesiones cuando el Congreso resuelva los juicios y determine si son procedentes para ser turnados al Poder Judicial del estado, para la posible inhabilitación y el inicio de una acción penal en contra de Graco Ramírez y los ex secretarios de Finanzas.

POR PANDEMIA SE SUSPENDIERON TÉRMINOS DE PROCESOS LEGALES: SOTELO

Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no han prescrito, aseguró el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, quien recordó que, además, durante la pandemia se suspendieron los términos de procesos legales.  

En entrevista este miércoles, el representante legal del Poder Ejecutivo expresó que la notificación que se hizo al exmandatario en su domicilio recientemente es parte del proceso que debe seguir el Congreso local y la norma establece que los demandados tendrán que contestar a través de sus abogados o por ellos mismos, ante la comisión instructora, en este caso, la de Gobernación y Gran Jurado.   

El siguiente paso, abundó, es que se elabore el proyecto de dictamen para que sea sometido a votación del Pleno legislativo. “Lo que el Ejecutivo hizo en su momento fue presentar la demanda con las pruebas que sustentaban esa demanda y fue ratificada. Ya lo demás está en manos del Congreso del estado”.  

Cuestionado sobre la posibilidad de que los delitos señalados prescriban (es decir que haya pasado el tiempo legal para que una persona sea acusada por ciertas conductas ilícitas) el abogado aseguró que no han prescrito. 

Recordó que además los términos procesales se suspendieron de manera generalizada por el propio Congreso debido a la pandemia, de tal suerte que descartó por completo esa posibilidad.  

Samuel Sotelo afirmó que ya se analizaron los requisitos judiciales y por ello es por lo que el Legislativo dio entrada a la demanda. Lo que sigue, añadió, es que los diputados tendrían que analizar todos los elementos que sustentan la promoción del juicio político.  

Cabe recordar que desde septiembre del 2018, en representación del Poder Ejecutivo estatal, el titular de la Consejería Jurídica  acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y ex funcionarios de la administración del periodo 2012-2018.

La petición, según lo dio a conocer en su momento la administración del actual gobernador  Cuauhtémoc Blanco Bravo, documenta la omisión en la entrega de recursos hacia dos organismos autónomos estatales -la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)- en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.

Además del ex gobernador, en las dos demandas existentes por diversos hechos, se señala a los ex titulares de las secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.
De acuerdo con los argumentos de la Consejería Jurídica, los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
Samuel Sotelo recordó que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones por responsabilidad administrativa, incluso de tipo penal.