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La Junta Política y de Gobierno del Congreso local pretendió iniciar los procedimientos para el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de la UAEM, CDHEM, Idefomm, IMEM y Colegio Morelos; fracciones se oponen.

De manera sorpresiva y por la vía rápida, desde la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado se pretendió iniciar los procedimientos para la designación de los titulares de los órganos de control interno de cinco organismos autónomos, entre los que se encuentran el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La reunión de la JPyG que se desarrolló este jueves y en la que se enlistaron las propuestas para concretar dichos nombramientos, causó la reacción inmediata de las autoridades de la UAEM que, mediante un escrito, defendieron su autonomía como organismo público y su facultad para designar al titular del órgano de control interno.

La propuesta de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, que encabeza la diputada Ariadna Barrera Vázquez fue impulsar también los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y del Colegio Morelos, sin argumento legal.

La mayoría de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra de iniciar los procedimientos y acordaron dialogar primero con los representantes de los organismos autónomos citados.
La propuesta de la JPyG se sustenta en la reforma constitucional que en materia de combate a la corrupción se publicó el 11 de agosto del 2015 en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y que faculta al Congreso del estado a realizar dichos nombramientos para revisar el trabajo de los organismos autónomos en lo administrativo y financiero.

En lo que sí avanzaron los coordinadores de las distintas fuerzas políticas fue en el acuerdo para instalar la Comisión Calificadora para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y continuar con el procedimiento que se inició en mayo del 2019 y que se detuvo por falta de acuerdos entre los diputados.

Aunque en ese periodo los integrantes de la comisión citada -que encabezó la petista Tania Valentina Rodríguez Ruíz- determinaron reponer todo el procedimiento, este jueves, los legisladores acordaron continuar con el mismo y garantizar el derecho a los 29 aspirantes que se registraron para competir por el cargo de auditor estatal en el procedimiento del 2019.

Presenta José Luis Galindo iniciativa para garantizar que sólo profesionales puedan practicar estos procedimientos.

El presidente de la Comisión de Salud plantea reformas que eviten daños a la integridad de las personas que recurran a estos métodos.

Para proteger la salud de la población al garantizar que sólo profesionales y en establecimientos adecuados puedan realizar estos procedimientos, el diputado José Luis Galindo Cortez presentó iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de la práctica médica estética.

El documento del diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que se hizo del conocimiento del pleno durante la sesión ordinaria de este martes, destaca que la medicina estética y la cirugía estética están en creciente demanda, mientras la normatividad estatal carece de regulación para ellas.

Por ello, para proteger la salud como un derecho primordial consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proponen disposiciones normativas que disminuirán de manera efectiva casos de mala praxis que pueda derivar en afectaciones a la salud, integridad e incluso a la pérdida de la vida de personas que recurran a este tipo de procedimientos.

“Muchos de estos servicios son llevados a cabo por personas que no cuentan la preparación necesaria y carecen de los conocimientos para realizarlos, lo que genera un riesgo para la población”, indica. 

En ese contexto, la iniciativa tiene por objeto proteger a las personas que se someten a tratamientos de medicina o cirugía estética, estableciendo con claridad en la Ley de Salud del Estado de Morelos, que quienes ofrezcan los servicios deberán contar con una especialidad médica, garantizando el libre ejercicio profesional de los médicos facultados para ejercer la medicina y cirugía estética.

Las peluquerías, salones de belleza y masajes, estéticas, spas, gimnasios y establecimientos similares deberán tener y cumplir con la obligación de velar por que su negocio se encuentre en las mejores condiciones para prestar un servicio con comodidad y excelencia, con personal altamente calificado, que sepa hacer bien las cosas, con conocimiento, ética, higiene y en un ambiente adecuado.

Con la reforma, no podrán realizar tratamientos o procedimientos de medicina estética o de cirugía estética personas que no cuenten con títulos y cédulas profesionales que los faculten para tal efecto, ni en establecimientos como peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas o similares.  

La iniciativa propone reformar los artículos 90 y 257; adicionar al título décimo quinto el Capítulo VIII bis “Establecimientos donde se realicen procedimientos médicos para mejorar el aspecto estético”, integrado por los artículos 259 bis y 259 bis 1, todos de la ley citada.

El comisionado estatal de Seguridad y el fiscal general están citados la próxima semana para rendir cuentas sobre la situación de inseguridad en el estado.

La próxima semana, el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara comparecerán ante el Congreso local, para rendir cuentas por el incremento de la violencia en el estado.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que este jueves, en reunión de la Junta Política y de Gobierno, se fijará el formato de los encuentros para evitar que se conviertan en un "circo".

"No se trata de darle a la gente, a las víctimas, atole con el dedo, se trata de dar cifras, resultados"  manifestó el legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM).
Lo anterior, luego de que el Pleno del Congreso aprobara, el martes pasado, un punto de acuerdo impulsado por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza para citar a comparecer al comisionado estatal de Seguridad y al secretario de Seguridad en Cuernavaca Armando Nava Sánchez.

Sotelo Martínez coincidió con la legisladora en que se requiere de un cambio de estrategia en el combate a la delincuencia, "y esas comparecencias para eso deben servir, para conocer si las estrategias están funcionando o debe haber cambios", añadió.

No obstante, sostuvo que algunos de sus homólogos pretenden aprovecharse política y electoralmente de la situación de seguridad que vive el estado.
"Quienes quieran colgarse de reflectores o quieran aprovechar las tragedias, quienes quieran aprovechar de estos hechos lamentables, no se vale querer colgarse y abanderar un tema con tintes políticos o, peor, con tintes electorales", manifestó.

Durante la discusión del punto de acuerdo citado, los diputados Sotelo Martínez y José Casas González, se confrontaron por la supuesta intención de este último de intentar politizar el tema.

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso estatal, José Luis Galindo, adelantó que en la confección del Presupuesto 2021 promoverá recursos para programas y financiamientos que atiendan la pandemia.

Al adelantar que en la confección del Presupuesto 2021 promoverá la asignación de recursos a programas y financiamientos que atiendan la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, José Luis Galindo Cortez, hizo un llamado a los morelenses a no confiarse y mantener medidas sanitarias estrictas, pese al cambio de semáforo epidemiológico a amarillo.

“Hay un cambio de semáforo obedeciendo a ciertas necesidades, pero esto no se ha terminado, debemos seguir con las prácticas de sana distancia, lavado frecuente de manos, uso obligatorio de cubrebocas, evitar reuniones masivas por cualquier motivo, y todo lo que sabemos, como el uso de gel-alcohol”, precisó.

El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso consideró que cambiar de semáforo fue una obligación que obedeció también a que por cuestiones económicas mucha gente ya no podía quedarse en casa.

Sin embargo, la decisión se toma apelando a la propia responsabilidad de los morelenses para que sigan aplicando medidas preventivas, pues pasar de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico “no cambia nada: mientras no se tenga la vacuna, todos estamos expuestos”.

En entrevista, el diputado José Luis Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, estimó que de cara a la próxima elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para 2021, es preciso hacer un análisis responsable y minucioso de la situación que prevalece en el estado, particularmente en áreas como salud y seguridad, “esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos nosotros”.

Dijo que su bancada promoverá programas y financiamientos específicos para atender la pandemia, por ejemplo etiquetando recursos para la distribución del medicamento, en el caso de que se pueda adquirir una vacuna para el Covid-19, y convirtiendo en permanente un programa de ayuda alimentaria que a través de la Secretaría de Desarrollo Social ahora es emergente.

También, destinar recursos para apoyar la reactivación económica de personas físicas y de pequeñas empresas, a base de un fondo de garantías para poder adquirir financiamiento o a base de programas especiales, pero como financiamiento porque “programas a fondo perdido se me hace imposible porque no hay dinero que alcance”.

El procedimiento promovido por la FECC es innecesario y fuera de la ley: Sotelo Martínez.

El Congreso del estado rechazó la solicitud de declaración de procedencia en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por considerar a ese procedimiento innecesario y fuera de la ley.

Este martes, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso hará pública la respuesta hecha a la FECC, que buscaba involucrar al Poder Legislativo en un asunto judicial, según lo aseguró el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva advirtió que el fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez intentó politizar el caso Cuernavaca, relacionado con una investigación en contra del alcalde Antonio Villalobos Adán por los presuntos delitos de peculado y cohecho, al pedir una declaración de procedencia para enjuiciarlo, cuando la Constitución Política del Estado señala claramente que los alcaldes no tienen fuero.

"Yo espero que no se trate de poner en jaque a una institución como es el Congreso del estado, como es una caja de resonancia política, pero que también hay instituciones que tienen su autonomía y que han alardeado tanto de tener esa autonomía, ese presupuesto propio, esa capacidad de poder decidir en esos asuntos y que no quieran meter al Congreso en un jaque", aseveró el diputado pesedista.

La respuesta dirigida a la Fiscalía Anticorrupción señala que no es necesario iniciar un proceso legislativo para declarar la procedencia de llevar a juicio al alcalde de Cuernavaca, en este caso, ya que la Constitución señala que los presidentes municipales no cuentan con fuero.

Además, el Congreso explica a la FECC que cuando se aprobó, en el 2013, la reforma constitucional para eliminar el fuero a los ediles, se aplicó un transitorio que establece que cualquier otro ordenamiento contrario a dicha norma sería abrogado, como lo es en este caso la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Sotelo Martínez pidió una vez más al fiscal Juan Salazar Núñez que haga su trabajo y dé resultados en casos como las investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción que promovió el Congreso en contra de algunos integrantes de la LIII Legislatura.

El objetivo es proteger la salud tanto de médicos como de pacientes ante la contingencia por COVID-19: Rosalina Mazari.

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de Morelos, Rosalina Mazari Espín, entregó 300 batas quirúrgicas especializadas, a las y los médicos, enfermeras, así como a todo el personal de salud del Hospital General de Zona C/M.F No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zacatepec. 

Mazari Espín, quien también forma parte de la Comisión de Salud del Congreso, explicó que el objetivo de esta donación es proteger la salud tanto de los de los médicos como de los pacientes ante la contingencia por COVID-19, ya que el IMSS de Zacatepec atiende a gran parte de la población del sector cañero de la zona sur del Estado de diferentes padecimientos, pero también a pacientes confirmados de Coronavirus.

Durante la entrega estuvo presente el director del Hospital, Dr. Juan Carlos Velázquez Olmos; los Coordinadores Médicos Dr. Francisco Durán Pérez, Dr. José Edgar Espinoza Pineda; la Jefa de enfermeras Enf. Fabiola Cabrera Santana así como personal del hospital.

La diputada local hizo énfasis en la importancia de seguir aportando su granito de arena en beneficio de los trabajadores que combaten el COVID-19 en la primera línea de atención a la salud de los morelenses, además de reiterar el llamado a la población a que continúe con la aplicación de forma estricta de las medidas de prevención para evitar contagios, a pesar del cambio a amarillo del semáforo epidemiológico que entrará en vigor este lunes 14 de septiembre.

Beneficiarios lograron el amparo de la justicia federal.

El Congreso del estado tiene listos los dictámenes para regresar las "pensiones doradas" a ex colaboradores del gobierno de Graco Ramirez y de la LIII Legislatura que lograron el amparo de la justicia federal para no perder ese supuesto derecho. Mientras tanto, cerca de mil solicitudes  de jubilación de trabajadores del gobierno del estado siguen rezagadAs.

En el orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaría este jueves, se enlistaron 12 dictámenes para abrogar los decretos aprobados en el 2019 por la actual legislatura para eliminar las pensiones que se otorgaron a ex funcionarios de la administración estatal pasada y de la anterior legislatura, incluidos  familiares, y que por violaciones procedimentales la justicia federal ordenó restituir.

Al respecto, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que el Congreso debe cumplir con la sentencia emitida por los jueces federales y restituir sus pensiones a los ex funcionarios, aunque se hayan aprobado fuera de la ley.

Recordó que la Comisión del Trabajo, en el 2019, no garantizó el derecho de audiencia a los ex funcionarios y por ello la justicia federal determinó que se violaron sus derechos y terminó por resolver a su favor.
Sin embargo, refirió que recientemente el Congreso del estado promovió 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de los beneficiarios de las "pensiones doradas" y de los ex diputados y ex autoridades responsables de que se les autorizara con documentos falsos.

Sostuvo que cuando la Fiscalía resuelva que dichas jubilaciones se aprobaron de manera ilegal, iniciará un nuevo procedimiento para anularlas, lo que podría llevar el resto de la actual legislatura.

El recurso es únicamente para evitar que el Congreso de Morelos emita sentencia del juicio político iniciado en su contra.

El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional al ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, únicamente para evitar que el Congreso emita sentencia del juicio político iniciado en contra. 

En su demanda de garantías 673/2020, el ex gobernador impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020; y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

En su escrito de amparo,  Ramírez Garrido Abreu  “solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que no se dicte ni se ejecute la resolución final que deba poner fin al juicio político que se sigue en su contra y se mantengan las cosas en el estado en que guardan; además, solicitó que, en todo caso, sin conceder, se continúe con el juicio político pero sin que se dicte resolución definitiva en su contra”. 

En consecuencia, el juez de distrito rechazó otorgar la suspensión en contra de la sustanciación del procedimiento de juicio político, “en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano; sin embargo, sí se podrá conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de ese procedimiento.

 “En tal virtud, la presente medida cautelar provisional se concede únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento del juicio político respectivo en contra del quejoso, hasta antes de que se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre la resolución interlocutoria que se dicte por este juzgado en la audiencia incidental respectiva”.

La medida cautelar provisional se mantendrá hasta que la autoridad judicial federal determine si procede o no conceder la suspensión definitiva.

El Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del exgobernador en el procedimiento.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, sostuvo que el Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del ex gobernador Graco Ramírez, con respecto al juicio político en su contra iniciada por causales de omisión al no haber entregado el presupuesto asignado en el 2019 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, sostuvo que desde la presentación de la denuncia por el Poder Ejecutivo, en septiembre del año pasado, se determinó que existen elementos para proceder en contra del ex titular del Ejecutivo y también de los ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

En entrevista, la legisladora dijo que están a la espera de conocer los alegatos presentados por el ex mandatario contra el juicio político, mismos que fueron entregados por escrito ante el Congreso la semana pasada  y en los que el exgobernador pide la nulidad del procedimiento legislativo, por considerarlo irregular.

Barrera Vázquez aclaró que el procedimiento  de juicio político se inició antes de que asumiera la titularidad de la Junta Política y de Gobierno. Sin embargo, afirmó que en su momento los diputados que integran dicho órgano determinaron que había elementos para su procedencia.

De igual forma, señaló que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado determinó seguir con el caso por considerarlo apegado a la Ley.
En este sentido, indicó que serán los integrantes de dicha comisión que preside el diputado José Casas González los que informarán sobre la comparecencia del ex gobernador y también de los ex secretarios de Hacienda Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, en contra de quienes también se les sigue un juicio por las mismas causales.

Este jueves se prevé que el diputado Casas González informe de los efectos que podría tener en el procedimiento de juicio político el amparo que promovió a su favor Graco Ramírez, el pasado dos de septiembre, ante el Juzgado Cuarto de Distrito y qué procederá después de la comparecencia por escrito del ex mandatario.

Desde hace más de cinco meses el órgano opera con una sola representante.

El Congreso del estado podría impulsar esta misma semana los procedimientos para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a más de cinco meses de que el órgano opera con una sola representante.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) sesionará este viernes para analizar la vía legal y reactivar el procedimiento para la designación de un comisionado del IMIPE iniciado el 24 de junio del 2019, mediante una convocatoria pública a la que se registraron 20 aspirantes para el cargo que dejó acéfalo Víctor Manuel Díaz Vázquez.

Además, el órgano político emitiría otra convocatoria para designar al comisionado que ocupará el lugar que dejó Mireya Arteaga Dirzo en abril de este año.

De acuerdo con la diputada Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, el nombramiento de los dos comisionados es prioridad para el Congreso del estado y debe concretarse lo antes posible.
Sin embargo, admitió que para ocupar las seis magistraturas del Poder Judicial que se encuentran acéfalas desde hace dos meses por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no se ha fijado una fecha para iniciar el procedimiento.

"Esperamos que la próxima semana fijemos un cronograma para emitir las otras convocatorias y atender otros pendientes que tiene la Junta", añadió la legisladora morenista.

Los partidos políticos están obligados a cumplir con ese principio en el registro de candidaturas.

En 2021, por primera vez en la historia, los 36 ayuntamientos y el Congreso local estarán integrados de manera paritaria, tras los lineamientos que fijó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para la distribución de candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional.

De acuerdo con lo que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, los partidos políticos están obligados a cumplir con el principio de paridad de género vertical y horizontal en el registro de candidaturas.

"La totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputados, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, así como las planillas de los ayuntamientos deberán integrarse de manera paritaria entre los géneros y presentarse en fórmulas conformadas por propietarios y suplentes del mismo género", señala el artículo 15 de los lineamientos citados.

Con base en dicha disposición, el Impepac estableció que para la distribución de las candidaturas a diputados locales, y para evitar que los partidos políticos  asignen a un género en  los distritos con menor porcentaje de votación en el proceso electoral local pasado, se crearán en tres bloques los distritos que hubiesen postulado candidatos en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de votos): con alto porcentaje de votación, un intermedio y uno de baja.
"Si al hacer la división de distritos en los tres bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque de votación más baja, si restasen dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo al de votación más alta", señala el inciso c del artículo 19 del citado acuerdo.

En los bloques con los distritos de mayor, medio y menor votación, se verificará que la mitad de las candidaturas que integran cada bloque sean ocupadas por mujeres.
Mientras que para el caso de las candidaturas a los ayuntamientos, el órgano electoral estableció las tablas de distribución con base al criterio de paridad horizontal y paridad vertical, y también estarán registrados de acuerdo con los porcentajes de votación, al igual que las diputaciones.

De esta forma se dispuso que, en los municipios las fórmulas estarán integradas por un candidata o candidato a presidente, por un hombre o mujer a síndico y así sucesivamente en las regidurías. Es decir, que el registro de postulaciones debe incluir el 50 por ciento de cada género, para garantizar una verdadera paridad en los cabildos.

Finalmente no se han analizado los proyectos de convocatoria.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) aún no ha fijado las  fechas  para emitir las convocatorias con las que el Congreso del estado iniciará los procedimientos para designar a seis magistrados del Poder Judicial, a casi dos meses de que dichos cargos quedaron acéfalos.

El 14 de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  declaró inconstitucional el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.
Por tal razón, cuatro magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) están vacías.

Sin embargo, a una semana de que iniciara el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LIV Legislatura, la Junta Política y de Gobierno que preside la morenista Ariadna Barrera Vázquez no ha iniciado el análisis de las convocatorias para estos nombramientos, que dejó listas desde agosto pasado su antecesora Alejandra Flores Espinoza.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval refirió que la información que han obtenido de la JPyG es que se sigue a la espera del engrose de la SCJN sobre los alcance de la resolución.
"Esperemos que en este mes lleguen y que en lo que resta del año pudieran estar concretándose esos nombramientos", explicó.

La legisladora también se refirió a las designaciones de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), pendientes desde el año pasado

Hay plazo para que el Legislativo entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local para que a la brevedad entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial, para integrar la controversia constitucional promovida contra la omisión de etiquetar el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para la administración de justicia.

Pese a que la Corte requirió al Poder Legislativo información relativa al proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, dicha documentación no fue entregada.

Por tal razón, la SCJN emplazó al Congreso y dio tres días hábiles entregar los documentos certificados para integrar la controversia constitucional  42/2020, de lo contrario, resolverá el recurso de control constitucional conforme a la información disponible al cierre de instrucción.

En el mes de abril, a casi un mes de que concluyera la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió la controversia constitucional para solicitar a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

José Luis Galindo niega omisión en el análisis de los cambios a la legislación para regular la práctica de cirugías plásticas y reconstructivas.

El Congreso del estado trabaja en una reforma a la Ley Estatal de Salud para regular la práctica de cirugías plásticas y reconstructivas.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del estado, informó que se trata de una iniciativa que impulsó el Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos del estado ante el aumento de casos de cirugías mal practicadas.

Sin embargo, afirmó que será revisada con todos los doctores que se dedican a dicha práctica, para evitar aprobar una legislación "a modo".
"Quedamos en tener mesas de diálogo para tener una ley en la que sean incluidos todos y poder salvaguardar los intereses y derechos de cada uno de los doctores que están inmersos en esta situación, que son médicos cirujanos y esteticistas", refirió.

Lo anterior, luego de que el Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos denunciara omisión desde el Congreso para atender la propuesta.
Al respecto, insistió en que la iniciativa es analizada en el Congreso, pero debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, no se han llevado a cabo las mesas de trabajo para su dictaminación y aprobación en el Pleno del Congreso.

"El diputado Galindo no se esconde, ni mucho menos; cuando quedamos en darle continuidad al tema se atravesó la pandemia", reiteró.
La reforma propuesta plantea crear un registro de clínicas y regular su operación para evitar que pseudocirujanos operen en la impunidad, causando una afectación a la ciudadanía.

La presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública es una de las posiciones importantes por designar.

Ante los reacomodos en las fuerzas políticas que integran el Congreso del estado, se prevé que en los próximos días los diputados aprueben cambios en las comisiones legislativas.
La presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública sería una de las posiciones importantes por designar en el Congreso del estado, tras la renuncia de la diputada priista Rosalina Mazari Espín, y al ser un órgano rotativo anual.

Además, de acuerdo con lo que informó el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, se aprobaría la reintegración de otros órganos, con base en los cambios que se registraron en las bancadas en el inicio del tercer año legislativo.

El 27 de noviembre pasado, una mayoría de 13 legisladores aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado con la finalidad de establecer una mayoría calificada de 13 votos para el desahogo de reformas legales.
En la misma sesión ordinaria, esa mayoría calificada determinó quitarles presidencias, secretarías y, en algunos casos, comisiones, a las siete legisladoras que entonces integraron un frente democrático: Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, Blanca Nieves Sánchez Arano, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Maricela Jiménez Armendáriz, Keila Figueroa Evaristo y Naida Díaz Roca.

Las legisladoras pertenecían a los partidos del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una sin partido, respectivamente.
Sin embargo, Erika García Zaragoza dejó el PT y se sumó al Partido Encuentro Social (PES) en este tercer año, al igual que Naida Díaz Roca, se adhirió al PRD.

Por ello se planteó un reacomodo en las comisiones para devolver privilegios a algunas legisladoras, que –incluso- promovieron juicios ciudadanos para la protección de los derechos electorales, que fueron sobreseídos, pero con los que buscaban que se les respetara el monto de sus prerrogativas.

En Morelos, los tres poderes del Estado trabajan unidos y coordinados por el bienestar de la ciudadanía, afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, al acudir al inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIV Legislatura estatal.

El desarrollo de la entidad está por encima de cualquier interés particular o de grupo, y es responsabilidad de los poderes del Estado y de los tres niveles de Gobierno, afirmó el jefe del Ejecutivo estatal.

Previo al inicio de la Sesión Solemne, Cuauhtémoc Blanco junto con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rubén Jasso Díaz, acordaron redoblar esfuerzos a favor de Morelos.

La Sesión se realizó en el Salón de Plenos del Congreso local, con la sana distancia y las medidas sanitarias requeridas para prevenir contagios de COVID-19.

El Legislativo de Morelos exhorta a adoptar medidas de apoyo social ante la pandemia por covid-19.

Con la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, la LIV Legislatura realizó la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Al inaugurar el primer periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIV Legislatura, diversas fuerzas políticas coincidieron al pronunciarse contra la división, para responder a las necesidades y reclamos ciudadanos, así como a favor de la toma de decisiones institucionales para hacer frente a la pandemia de Covid-19, tanto en su aspecto de salud como económico.

Acompañado del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y del presidente del Poder Judicial del estado, Rubén Jasso Díaz, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, hizo un llamado “a la reflexión, a la responsabilidad, y a recapacitar sobre la urgencia de hacer un trabajo colectivo, para avanzar y poder cumplirle a Morelos, como fue el compromiso que hicimos hace dos años, y que aún tenemos la oportunidad de dar todo, a fin de responder a los ciudadanos".

Sotelo Martínez también exhortó a sus compañeros de todas las fracciones y grupos parlamentarios a protagonizar un año productivo y trabajar en unidad, porque “el objetivo se llama Morelos, y ese debe ser el camino para quitarnos las ataduras que no nos han permitido avanzar al cien por ciento”.

En el mismo sentido, como coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Humanista, la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, hizo una autocrítica sobre el actuar de la Legislatura y consideró que aún hay tiempo de actuar por el bien del pueblo.

“Nuestro estado en verdad nos necesita”, dijo al llamar a sus homólogos a no confundir la agenda electoral con la pública; reiteró su compromiso de trabajar con la sociedad, particularmente con los jóvenes, y dejar huella positiva, de compromiso, humildad y responsabilidad.

También la diputada Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para cerrar un tercer año legislativo con la premisa de la unidad de objetivos, ya que “sólo así lograremos finalizar nuestro ejercicio legislativo con buenas cuentas frente a esa sociedad a la cual nos debemos”.

Dijo que su fracción parlamentaria redoblará esfuerzos en el ejercicio legislativo para fortalecer el estado de derecho e impulsará fundamentalmente el derecho a la vida, la familia, protección y promoción del ciudadano y del medio ambiente, así como mayor acceso de las mujeres en materia política, económica y social, la paternidad responsable y un sistema de jubilaciones y pensiones, como el que se merece la entidad.

Al hacer uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Naida Josefina Díaz Roca se pronunció porque la Legislatura crezca en madurez política: “es tiempo de madurar la tarea legislativa, construir y reconocernos entre nosotros mismos, así como lo que representamos socialmente, ya no podemos equivocarnos”.

Llamó a superar la división, resolver omisiones relativas a nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y el Tribunal Superior de Justicia, así como que el Congreso cumpla en materia de transparencia y rendición de cuentas, además de pedir preparación a los partidos políticos y candidatos independientes.

En su intervención, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal) en el Congreso del Estado, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano consideró el tercer año de la Legislatura como la última oportunidad de brindar respuestas oportunas a quienes con su voto, “dispusieron que ocupáramos una curul”.

Asimismo, solicitó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo un plan para “la construcción de un presupuesto fortalecido en salud y socialmente responsable, que permita atender la problemática causada por el Coronavirus” y que atienda a las familias “que perdieron todo para acceder a mejores oportunidades de vida”.

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, diputada Maricela Jiménez Armendáriz, destacó que la realidad que viven los morelenses por la pandemia es inédita, por lo que llamó a sus homólogos a trabajar juntos, codo a codo, porque “aún hay tiempo de ser una legislatura responsable, cercana a la gente, que escuche y sea sensible”.

Tras pronunciarse por proyectar un presupuesto estatal sin carácter político electoral, se dirigió al gobernador Cuauhtémoc Blanco para señalar que aún es tiempo de tomar las riendas de la entidad, y ofreció el respaldo de su fracción parlamentaria para promover el estado de derecho, el desarrollo, la transparencia, la eficacia y eficiencia gubernamental, la participación ciudadana y la promoción de los derechos humanos.

Por su parte, la legisladora Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que ante la pandemia de Covid-19 a nivel global, pero de manera específica en Morelos, “la actualización, dignificación y optimización” de hospitales, clínicas y centros de salud, así como el adecuado abastecimiento de medicamentos, “deben permanecer en la agenda legislativa”.

Tras reiterar que para este tercer año de ejercicio parlamentario el PRI “priorizará acciones tendientes a preservar la salud de los morelenses”, Mazari Espín manifestó que en la agenda también deben estar temas que privilegien la recuperación de la economía del estado, y reiteró su postura en contra del incremento de impuestos en las Leyes de Ingresos tanto del estado, como de los municipios.

En tanto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), manifestó al gobernador Cuauhtémoc Blanco que los petistas esperan políticas económicas que favorezcan a los morelenses en el contexto de la pandemia: “políticas de préstamos flexibles para todos; inversión para estimular a las micro, pequeñas y medianas industrias y programas sociales para fortalecer la economía y proyectos de las mujeres emprendedoras".

Adelantó que la primera iniciativa de ley que presentará su fracción parlamentaria en el nuevo período ordinario “será para devolver a los municipios de Morelos el 5 por ciento de sus participaciones, que les fue arrebatado por la anterior administración”; además que consignó que “los petistas exigimos revocación del mandato ya, lo mismo para el gobernador, que para diputados e integrantes de cabildos”.

Por su parte, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), el diputado Andrés Duque Tinoco refrendó el compromiso de “un diálogo abierto con la sociedad”, así como el respeto de su instituto a los procesos que se avecinan, al tiempo de garantizar la participación libre de los ciudadanos.

Hizo un reconocimiento a todo el personal de salud y un llamado a la sociedad para seguir observando las medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19.

Finalmente, en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la diputada Keila Celene Figueroa Evaristo reconoció que las labores legislativas no han sido fáciles, sin embargo “tenemos la firme convicción de generar legislación, acuerdos, gestión y acercamientos institucionales con órganos y dependencias para generar una alternativa ante las dolencias del pueblo morelense”, porque “que quede claro, MORENA no tiene enemigo alguno”.

Consideró importante que el Congreso refrende su compromiso por combatir y denunciar la corrupción, las injusticias, el autoritarismo, los abusos del poder; y anunció que Morena continuará como el grupo parlamentario más productivo y trabajará con todos los que estén dispuestos a impulsar las coincidencias.

“La transformación de la vida pública de nuestro estado, ya ha comenzado, la historia se continúa escribiendo cada día; por lo que, en este último año de ejercicio constitucional y de trabajo constante, es fundamental convocar al pueblo de Morelos a un nuevo episodio de la lucha por nuestra dignidad”, finalizó.

Sufrió la cámara de diputados nueva recomposición.

Tras una nueva recomposición en las fuerzas políticas, el Congreso del estado se encuentra  integrado por los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y de la Revolución Democrática (PRD) y seis fracciones parlamentarias.

En el inicio del tercer año de la LIV Legislatura  se dio a conocer que el Partido del Trabajo (PT) se convirtió en fracción parlamentaria, representada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
La legisladora Erika García Zaragoza renunció al PT y se sumó al PES, que ahora cuenta con cinco legisladores, al igual que Morena.

Movimiento Ciudadano (MC), con la diputada Maricela Jiménez Armendariz; Partido Acción Nacional (PAN), representado por Dalila Morales Sandoval; Humanista (PH), por Xochiquétzal Sánchez Ayala ; Nueva Alianza (Panal), por Blanca Nieves Sánchez Arano; y el Revolucionario Institucional (PRI), por Rosalina Mazari Espín,  se mantienen como fracciones parlamentarias.

Mientras tanto,  por primera vez, el Congreso cuenta con dos diputados sin partido: Ana Cristina Guevara Ramírez, quien llegó a la diputación por MC, y José Casas González, que ganó la representación en las elecciones del 2018 como morenista, pero antes del inicio de la LIV Legislatura renunció y se sumó al PT, y posteriormente renunció.

Durante el desarrollo de la legislatura, las fuerzas políticas en el Congreso del estado han registrado cambios, con excepción del PRI, PAN, Panal y PH.

Los diputados iniciaron el primer período ordinario de sesiones del tercer y último año de la LIV Legislatura.

Con llamados a la unidad y al trabajo para desahogar el rezago legislativo, los diputados locales iniciaron el primer período ordinario de sesiones del tercer y último año de la LIV Legislatura.
Este martes, se desarrolló  a puerta cerrada la sesión solemne para la instalación de los trabajos legislativos, a la que acudió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el magistrado Rubén Jasso Díaz, como cabezas de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

En su mensaje del inicio de la recta final de la legislatura, los diputados admitieron públicamente que mantienen una deuda con la sociedad, pues no han dado los resultados esperados y es mucho el trabajo legislativo rezagado debido a las diferencias entre las fuerzas políticas.

La primera en manifestarlo fue la diputada del Partido Humanista (PH) Xochiquetzal Sánchez Ayala, quien afirmó que en dos años no se han cumplido las promesas del inicio de la legislatura.
Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (Panal) lamentó que los diputados que construyen los acuerdos al interior del Congreso sigan actuando de manera "unilateral", lo que ha complicado generar la unidad entre los legisladores.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Maricela Jiménez Armendariz coincidió con sus homólogas y resaltó que hace falta mucho trabajo para cumplirle a la sociedad.
La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Keila Figueroa Evaristo, al igual que el coordinador del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, también se sumaron al llamado a la unidad y a dejar a un lado las diferencias políticas si se quiere dar resultados en el último año de trabajo.

Mientras tanto, las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT), Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, respectivamente, manifestaron que se viven tiempos difíciles en el estado, por lo que se requiere de acciones inmediatas para la recuperación económica y social de Morelos, debido a la emergencia sanitaria.
Mazari Espín se pronunció en contra del aumento de impuestos para el próximo año y Rodríguez Ruíz adelantó que propondrá la creación de un fondo para apoyar a los municipios, ante las afectaciones causadas por la pandemia de covid-19.

Ante el posicionamiento de cada uno de los representantes de las fuerzas políticas que integran el Congreso del estado, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, llamó a la unidad con respeto y transparencia en la recta final de la LIV Legislatura.

"Vale la pena hacer alto para recomponer los errores y avanzar al máximo. Ese debe ser el reto de quienes están aquí por convicción y no por ambición", manifestó.
Sostuvo que debe ser con hechos y no con declaraciones mediáticas como se debe dar respuesta a la ciudadanía.
Respondió a las críticas sobre su ratificación por tercer año en la Mesa Directiva y afirmó que en los últimos años dio resultados, al haber saldado la deuda que heredó la pasada legislatura, de más de 82 millones de pesos.
Así mismo, adelantó que de inmediato se avanzará en los pendientes, como la designación de seis magistrados en el Poder Judicial, dos comisionados del IMIPE y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Fue electa coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.

La diputada Ariadna Barrera Vázquez fue designada como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del estado, por lo que ocupará la presidencia de la Junta Política y de Gobierno durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura.

Durante la sesión del Pleno realizada la tarde de este lunes, continuación de la iniciada el pasado 15 de julio, por unanimidad de los 19 diputados presentes, los integrantes del Congreso avalaron que el grupo parlamentario de Morena encabezara la Junta Política y de Gobierno, al ser la única bancada que cumplía con los requisitos para presidir dicho órgano, luego que el Partido Encuentro Social se desistiera de buscar el espacio.

Luego de llevarse a cabo la renovación de la coordinación del grupo parlamentario de Morena, las y los integrantes de dicha bancada, Alejandra Flores Espinoza, Elsa Delia González Solorzano, Keila Celene Figueroa Evaristo y Javier García Chávez, decidieron elegir como su coordinadora a la representante del municipio de Jiutepec, quien en consecuencia encabezará la Junta Política y Gobierno.

Ante tal situación, Ariadna Barrera se comprometió a trabajar en beneficio de los morelenses, así como desempeñar un correcto trabajo en dicho órgano de poder sin intereses políticos, partidistas o personales.