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Afirma que casi todos los beneficiarios están imputados.

De acuerdo con Juan Salazar Núñez, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, el 99 por ciento de los ex funcionarios  imputados por haber recibido "pensiones doradas" presuntamente de forma ilegal ya fueron vinculados a proceso y aseguró que existen elementos suficientes para castigarlos y retirarles dicho beneficio.

En entrevista, Salazar Núñez explicó que sólo en un caso el juez determinó que no existían elementos para la formulación de imputación. Sin embargo, dijo que tal decisión se presume fue ilegal, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción procederá administrativa y penalmente en contra del juzgador.

Con respecto a los 46 procesos restantes, informó que se comprobó que las pensiones fueron autorizadas por el Congreso del estado (durante la LIII Legislatura) fuera de ley.
"Tenemos bastantes datos de prueba que sustentan que en su mayoría son documentos que consiguieron los imputados en ayuntamientos, sobre todo en los que hemos acreditado que estas personas no trabajaron, no laboraron nunca", explicó.

Sin embargo, Salazar Núñez se negó a mencionar los nombres de los ayuntamientos donde se colaboró con los ex funcionarios para lograr sus llamadas "pensiones doradas" de forma ilegal, hasta en tanto no se emita la sentencia correspondiente.

El fiscal dijo estar confiado en que con las investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo no solo se logrará castigar de manera penal a los ex servidores públicos involucrados, sino también se cancelarán las 47 cuestionadas pensiones.

Anahí Bahena López es imputada por la supuesta tramitación ilegal de una “pensión dorada”.

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez de control en contra de la ex funcionaria graquista Anahí Bahena López, por la supuesta tramitación ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en apelación, los magistrados determinaron confirmar la vinculación a proceso de la ex funcionaria por la presunta comisión del delito de fraude procesal, y sumaron la imputación por presunto abuso de autoridad, por las probables irregularidades en que incurrió al tramitar su pensión por jubilación.

La ex funcionaria, quien al momento de realizar el trámite de jubilación también era esposa del entonces secretario de Gobierno Ángel Colín López, habría realizado en diez días el trámite para obtener su jubilación y presentó una constancia supuestamente expedida por el Ayuntamiento de Yautepec para justificar que desempeñó el cargo de contralora municipal entre 2010 y 2013, pero el documento no fue encontrado en los archivos municipales.

Según la FECC, existen más de 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, quien presuntamente no reunió los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60% de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

Plantean crear Sistema de Administración de Base de Datos de las Pensiones y Jubilaciones.

Para acabar con las "pensiones doradas" que en legislaturas pasadas se aprobaron a favor de allegados de diputados y autoridades estatales, ante el Congreso del estado se propuso la creación del Sistema de Administración de Base de Datos de las Pensiones y Jubilaciones.

La diputada morenista Elsa Delia González Solorzano presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones jurídicas para impulsar un sistema de pensiones con el que se pretende  garantizar transparencia en el proceso para la autorización de las jubilaciones desde el Congreso del estado.

"Buscamos erradicar las malas prácticas, los favoritismos, los compadrazgos que se han llevado a cabo en otras legislaturas y el ejemplo son las pensiones doradas, que tanto daño han causado a las finanzas públicas", manifestó la legisladora.

Añadió que con la creación del sistema se de garantía de que las pensiones se autorizarán de manera rápida y con base en la ley, para evitar lo que cientos de trabajadores han tenido que enfrentar, al esperar hasta siete años para que se les apruebe lo que por ley les corresponde, que es su retiro.
Con ese sistema también el Congreso del estado podrá identificar que la documentación del trabajador sea legal y evitar la falsificación de documentos, como presuntamente se dio en la LIII Legislatura,  cuando se autorizaron las llamadas  "pensiones doradas".

"Se tendrá un orden sistematizado de aprobación o negación de las pensiones o jubilaciones, al contar con fecha de recepción de la petición y numero consecutivo; erradicando con ello los “favoritismos” que se han venido ejerciendo", añadió.

La propuesta de reforma a la Ley del Servicio Civil, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del Congreso del estado y a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación,  y a la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su análisis y dictaminación.

Beneficiarios lograron el amparo de la justicia federal.

El Congreso del estado tiene listos los dictámenes para regresar las "pensiones doradas" a ex colaboradores del gobierno de Graco Ramirez y de la LIII Legislatura que lograron el amparo de la justicia federal para no perder ese supuesto derecho. Mientras tanto, cerca de mil solicitudes  de jubilación de trabajadores del gobierno del estado siguen rezagadAs.

En el orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaría este jueves, se enlistaron 12 dictámenes para abrogar los decretos aprobados en el 2019 por la actual legislatura para eliminar las pensiones que se otorgaron a ex funcionarios de la administración estatal pasada y de la anterior legislatura, incluidos  familiares, y que por violaciones procedimentales la justicia federal ordenó restituir.

Al respecto, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que el Congreso debe cumplir con la sentencia emitida por los jueces federales y restituir sus pensiones a los ex funcionarios, aunque se hayan aprobado fuera de la ley.

Recordó que la Comisión del Trabajo, en el 2019, no garantizó el derecho de audiencia a los ex funcionarios y por ello la justicia federal determinó que se violaron sus derechos y terminó por resolver a su favor.
Sin embargo, refirió que recientemente el Congreso del estado promovió 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de los beneficiarios de las "pensiones doradas" y de los ex diputados y ex autoridades responsables de que se les autorizara con documentos falsos.

Sostuvo que cuando la Fiscalía resuelva que dichas jubilaciones se aprobaron de manera ilegal, iniciará un nuevo procedimiento para anularlas, lo que podría llevar el resto de la actual legislatura.