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Pleno sobreseyó el juicio promovido por el legislador, quien afirmó ser víctima de violencia política de género.

Por mayoría de votos, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) revocó las medidas cautelares concedidas al diputado Marco Zapotitla Becerro y sobreseyó el juicio promovido por el legislador, quien afirmó ser víctima de violencia política de género.

Al resolver el expediente TEEM/JDC/51/2020-2, el Pleno determinó sobreseer el juicio “en virtud de que se reclama un acto que no es tutelable en el ámbito de los derechos político electorales del ciudadano”.

El diputado alegó en su demanda que el pasado 4 de noviembre, durante el desarrollo de la Sesión Plenario del Congreso del Estado de Morelos, un grupo de diputadas, desde la tribuna parlamentaria, realizó manifestaciones en su contra atribuyéndole la supuesta comisión de un delito, lo obligaron a abandonar el recinto y le advirtieron  que no le permitiría la entrada a ninguna sesión de trabajo, en detrimento del ejercicio de su cargo.

Sin embargo, el Pleno resolvió que el acto impugnado, “corresponde al derecho parlamentario, por lo que este órgano jurisdiccional carece de competencia para pronunciarse respeto de lo aducido por el actor, puesto que no se advierte una afectación directa, inherente y real a sus derechos político electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electo” y, por lo tanto, “es claro que a este tribunal no le compete ni conocer ni resolver el asunto en cuestión”.

En consecuencia, el TEEM dejó sin efecto las medidas cautelares dictadas en el acuerdo del 7 de diciembre, mediante el cual vinculó al diputado presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Jesús Sotelo Martínez, para que el diputado Marco Zapotitla Becerro pudiera hacer uso de la voz en tribuna en condiciones de orden y respeto.

El proyecto fue aprobado por mayoría de dos votos y el voto en contra de la magistrada, Ixchel Mendoza Aragón, quien emitió un voto particular, por considerar que el tribunal no es competente para conocer de las expresiones que se emiten en la tribuna del Congreso de Morelos.  

En el Congreso local, el diputado Zapotitla Becerro enfrenta un juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que se le retire el fuero y pueda ser imputado ante un juez por el presunto delito de violación.

Incluso, el legislador ha sido emplazado por edictos para que se apersone y designe un presentante legal para su defensa para el desahogo del juicio de procedencia, para que en su momento se emita una resolución.

Armonizan Constitución del estado con la federal y se establece un nuevo Sistema de Justicia Laboral.

El Congreso del estado aprobó la reforma constitucional en materia laboral para Morelos, con el fin de establecer un nuevo Sistema de Justicia Laboral.

En sesión ordinaria, los legisladores armonizaron la Constitución del Estado con la federal, con el fin de establecer el marco normativo en materia laboral que tendrá que aplicarse a partir del próximo año.
El nuevo sistema de justicia laboral estableció la integración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, y los juzgados especiales, que pertenecerán al Poder Judicial.

"En el estado de Morelos toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo del tribunal laboral del Estado que consiste en los juzgados especializados en materia laboral del Poder Judicial, con excepción de aquellos asuntos burocráticos que le corresponda conocer al Tribunal de Arbitraje", señala la reforma al artículo 1Bis a la Constitución Política del estado.
Por otro lado, los diputados también aprobaron las minutas enviadas por el Congreso de la Unión en materia de eliminación del fuero presidencial y de movilidad y seguridad vial.

La reforma constitucional establece la importancia de expedir la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, que salvaguarde la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles, que conserve el bienestar social y las buenas prácticas de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Con el recurso se pide al Congreso garantizar las condiciones para que el diputado ejerza su cargo ante el Pleno.

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) concedió medidas cautelares al diputado Marco Zapotitla Becerro, para que la representación del Congreso local garantice las condiciones para que ejerza su cargo ante el Pleno Legislativo.

En cumplimiento de la resolución de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Pleno del TEEM, a propuesta de la magistrada ponente Martha Elena Mejía, resolvió conceder las medidas cautelares y vincular al diputado presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Jesús Sotelo Martínez, para que el diputado quejoso pueda hacer uso de la voz en tribuna en condiciones de orden y respeto.

La magistrada Ixchel Mendoza Aragón se pronunció en contra de la resolución, por considerar que no observó alguna situación que pudiese poner en riesgo el desarrollo del cargo del diputado, pues si bien el actor presentó al TEEM un video en donde un grupo de diputadas desde la tribuna parlamentaria expresó algunas palabras que no le permitieron en ese momento ejercer el uso de la voz, se debe a sopesar que  los hechos y expresiones ocurrieron durante un debate parlamentario, en los que el tribunal no tiene injerencia.

Indicó que los hechos referidos por el quejoso se constriñen al ámbito del orden y disciplina que debe privar en el recinto parlamentario, cuya facultad corresponde al presidente de la Mesa Directiva y que el diputado tiene recursos que agotar en el ámbito parlamentario.

La magistrada ponente, Martha Elena Mejía, recalcó que “a juicio de esta ponencia, lo único que estamos haciendo es vinculando al presidente para que efectivamente haga cumplir las medidas que efectivamente tiene como facultad dentro de la legislación del propio Congreso.

“Se consideró bajo el estudio de esta ponencia que nada más le estamos protegiendo al actor su derecho a hacer el uso de la voz sin coacciones y que el presidente tome en cuenta y cumpla la legislación del Congreso en cuanto al orden y disciplina que debe haber”.

Recalcó que la determinación del TEEM no juzga sobre otras cuestiones respecto del desempeño de los diputados y las disputadas, ni sobre otros temas que no son competencia del órgano electoral.

En la sesión del 4 de noviembre, un grupo de diputadas al grito de “no es legal, es moral”, exigió la salida del diputado Marco Zapotitla Becerro del salón de Plenos  del Congreso y que el legislador enfrente como ciudadano un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación. Sin embargo, el legislador recurrió a los tribunales electorales, donde solicitó medidas cautelares por ser supuestamente víctima de violencia de género e impedírsele ejercer el cargo.

Incluso, el diputado ha sido emplazado mediante edictos para que se apersone y designe un representante legal ante el juicio de procedencia iniciado en su contra a petición de la Fiscalía General del estado, con la finalidad de que el legislador pueda ser desaforado e  imputado por un juez por el presunto delito de violación.

Comisiones sesionarán de forma permanente ante rezago.

Por el cambio de semáforo de riesgo epidemiológico a naranja, el Congreso del estado se verá obligado a reducir la movilidad de su personal, a pesar de la carga de trabajo por el cierre del periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que se tomó la determinación de contar solo con el número de trabajadores indispensables para resolver el rezago legislativo que enfrentan y para aprobar temas prioritarios como el Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales para el 2021.

"Vamos a tomar medidas emergentes para no afectar la funcionalidad, porque estamos trabajando a marchas forzadas. Vamos a disminuir el personal, es una petición de los diputados y tenemos que acatar esta disposición, porque no queremos poner en riesgo a nadie", explicó.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) recordó que además de las leyes fiscales para los municipios y el estado, el Congreso enfrenta un rezago importante en dictámenes que deben ser desahogados a más tardar el 15 de diciembre, por lo que insistió en que se reforzarán los protocolos de seguridad sanitaria para las reuniones de las comisiones que sesionarán de forma permanente en los próximos siete días y para las sesiones ordinarias de Pleno.
"Es necesario que no bajemos la guardia para evitar contagios y decesos. Lo que podamos hacer en oficinas públicas, en lugares públicos, en espacios abiertos porque ninguno estamos exentos del covid-19", añadió.

La próxima semana concluirá el período ordinario en el Congreso local y hay varios asuntos pendientes.

A una semana de que termine el período ordinario de sesiones, los diputados locales finalmente lograron reunirse y avanzar en el análisis del Paquete Económico del estado, así como las 36 leyes de ingresos municipales y el desahogo de dictámenes rezagados en comisiones.

No obstante, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez, no descartó que pudieran abrir un período extraordinario de sesiones después del 15 de diciembre para concluir todos los pendientes, pues admitió que no hay acuerdos definidos entre la mayoría de los legisladores para la aprobación de los asuntos urgentes.

En entrevista, la también coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirmó que esta semana estaría listo el dictamen para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), que se votaría en la próxima sesión ordinaria de Pleno, al igual que los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Indicó que se sigue trabajando en la generación de un acuerdo de mayoría para votar dichos nombramientos sin el riesgo de que los dictámenes sean rechazados y regresados para su revisión a la Junta Política y de Gobierno, así como a la Comisión Calificadora.

En cuanto a la aprobación de la Ley en Ingresos, Presupuesto de Egresos del gobierno estatal, y las leyes fiscales de los 36 municipios, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez dijo que "existe toda la disposición para aprobarlo a más tardar el 15 de diciembre". Sin embargo, coincidió en que pudiera aplazarse para un periodo extraordinario de sesiones.

Este lunes se llevaron a cabo reuniones de las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, en las que se aprobaron más de una docena de dictámenes para su aprobación en la sesión ordinaria que se llevará a cabo  mañana.

La nueva Ley de Protección Civil aprobada por el Congreso de la Unión contiene aspectos recogidos con las recientes experiencias de desastres naturales, como la transparencia en los donativos por parte de la sociedad civil, señaló el diputado federal Jorge Argüelles Victorero. 

El legislador indicó que la iniciativa presentada por Encuentro Social y aprobada este jueves por la Cámara de Diputados federal crea el Comité de Prevención, que se instituye como un nuevo mecanismo de coordinación sobre las acciones de prevención que deben realizar las dependencias y entidades. 

También contempla programas de reconstrucción, con acciones tendientes al restablecimiento de las condiciones aceptables y sustentables para la vida de las personas que resulten damnificadas. 

En la legislación aprobada, destacó que se incluyen los "Programas de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil", que serán los mecanismos presupuestarios que sustituirán al Fondo Nacional de Desastres Naturales.  

El también presidente en Morelos del PES señaló que esta propuesta fue impulsada fuertemente por su bancada al recordar que miles de morelenses han vivido los efectos de un desastre natural, como sucedió con el sismo del 2017. Refirió que por ello se apoyó la realización de foros regionales de consulta, como el celebrado en Cuernavaca en julio pasado, al que asistieron los estados de Puebla y Tlaxcala y estuvieron legisladores de Encuentro Social y otros partidos. 

Avanzan cabildeos por la coalición PES- Morena. 

Las negociaciones para buscar una coalición entre Encuentro Social, Encuentro Solidario y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional avanzan, aseguró Alfonso Durazo Montaño, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, quien este viernes se registró como aspirante a candidato de Morena por la gubernatura de Sonora. 

El propio aspirante publicó la mañana de ayer en su cuenta personal de Twitter que se reunió con el líder nacional de Encuentro Solidario y el presidente en Morelos de Encuentro Social. “Desayunamos con Hugo Eric Flores presidente del Encuentro Solidario. Fue un gusto coincidir en temas de gran importancia para Sonora”, señala el texto que acompaña dos fotografías en las que aparece con ambos dirigentes partidistas.   

El trabajo se acumula; la fecha para aprobar leyes de ingreso vence el 15.

Los diputados locales se encuentran trabajando a 'contrarreloj' para la aprobación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos de los 36 municipios. Sin embargo, la primera reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para iniciar la revisión formal de dichos puntos fracasó por falta de quórum.

La reunión fue convocada a las 10 de la mañana de este viernes, pero de 15 diputados que integran la comisión sólo seis llegaron para iniciar con los trabajos.

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública explicó que finalmente se había logrado convocar a sesión del órgano legislativo, después de varios meses de inactividad.
Señaló que se iniciaría de manera formal la revisión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado, así como las leyes de ingresos municipales. "Se ha propuesto un orden del día, que es revisar estos asuntos y ya al final fijaremos la ruta a seguir para tener los dictámenes", declaró.

Tras más de media hora de espera, finalmente los seis legisladores que llegaron a la reunión se retiraron y se informó que se llevaría a cabo hasta nuevo aviso.

El 15 de diciembre se vence el plazo para desahogar el Paquete Económico y las leyes de ingresos que deberán entrar en vigor el 1 de enero.
De no avanzar antes de dicha fecha, los legisladores se verán obligados a convocar a un período extraordinario de sesiones.

Agustín Alonso Gutiérrez también solicitó la restitución del cinco por ciento de las participaciones económicas.

Yautepec.- Tras sostener una reunión con la presidenta de la comisión de Hacienda del Congreso del estado, Ariadna Barrera, el alcalde de este lugar, Agustín Alonso Gutiérrez, precisó que se solicitó al Legislativo que atienda la redirección de recursos económicos, además de solicitar la restitución del cinco por ciento de las participaciones económicas.

En este sentido, el edil agradeció la apertura que comienza a haber en el Congreso local para atender las necesidades de las autoridades municipales.

“Gracias a la diputada Ariadna (Barrera) por la apertura para atendernos a los alcaldes; fuimos cinco presidentes municipales, en representación de la totalidad de los alcaldes, quienes propusimos y expusimos parte de lo que creemos que pudieran ellos como representantes del Legislativo nos pudieran apoyar en el tema de la redirección de recursos”, añadió el edil.

Agregó que la idea no es ocultar algo que los legisladores desconozcan, por lo que solicitan que se les apoye en rubros como la educación, salud, el campo y algunos otros, por lo que confió en que se puedan atender estos temas.

Por último, dijo que se solicitó que les sea devuelto el cinco por ciento de las participaciones económicas, lo cual beneficiaría de manera directa al destinar dicho recurso a la realización de obras y la aplicación de diversos programas.

No corresponde con su salario; preparan denuncias.

El gobierno del estado prepara una nueva denuncia en contra de ex funcionarios del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, luego de que se les detectaron bienes muebles e inmuebles por un valor mayor a 60 millones de pesos; se trata de residencias y vehículos de lujo a nombre de quienes fueron servidores públicos en turismo y seguridad pública.   

El asesor anticorrupción de la administración actual, Gerardo Becerra Chávez Ita, informó este jueves que se identificaron varias propiedades, cuya adquisición podría ser prueba de enriquecimiento inexplicable. 

Al respecto, explicó que está en proceso la integración de la denuncia por tal hallazgo, pues hay residencias de gran valor, cuyo costo pudo ascender a 50 millones de pesos, así como vehículos de alta gama con un valor aproximado de 10 millones de pesos, registrados a nombre de ex colaboradores de Graco Ramírez, ubicados principalmente en Cuernavaca.  

El funcionario estatal confío en que dicha denuncia sea presentada ante la Fiscalía Anticorrupción a más tardar en enero próximo. 

Refirió que se han recabado documentales que se enviaron a la Consejería Jurídica, que es la instancia que analiza y da forma legal a los expedientes para que el gobierno actual dé parte a la fiscalía correspondiente. 

“Se presume que quienes ostentaban los puestos en ese momento no habrían tenido la capacidad económica para tener esa gran cantidad de inmuebles y muebles que hemos encontrado. Entonces lo pondremos en manos del fiscal anticorrupción para que cuantifique (investigue) si efectivamente esos personajes tendrían la posibilidad de contar con el dinero para comprar esos bienes”, explicó.  

Becerra Chávez dijo que la mayoría de las residencias y vehículos están relacionados con dos ex funcionarios de la Secretaría de Turismo y hay algunos de Seguridad. 

Recordó que el Ejecutivo no tiene facultad legal, pero podría haber más bienes si la Fiscalía Anticorrupción en un momento dado hiciera cateos para determinar si existen otros valores, como podrían ser obras de arte. 

Alcaldes y representantes de instituciones cabildean mayor presupuesto.

A 11 días de que venza el plazo constitucional para la aprobación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales para el 2021, en el Congreso del estado se ha registrado una gran afluencia de funcionarios municipales y estatales que buscan más recursos financieros.

A pesar de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública no se ha instalado en sesión permanente para la revisión de las leyes fiscales para el próximo año, alcaldes, representantes de organismos autónomos y magistrados del Poder Judicial se han presentado ante la Junta Política y de Gobierno (JPyG) para apelar a la "buena voluntad" de los diputados.

"Vinimos a revisar las leyes de ingresos. Estamos en ese proceso de que nos puedan escuchar y ayudar. Ustedes saben de la situación tan complicada que enfrentan los municipios", manifestó el alcalde de Totolapan, Sergio Livera Chavarría, uno de los más de cinco alcaldes que acudieron al Congreso del estado este jueves.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz también manifestó su confianza en que los diputados puedan aumentar el presupuesto para el Poder Judicial.
Expuso que su propuesta es la asignación de mil 300 millones de pesos, pero el Poder Ejecutivo planteó poco más de 500 millones de pesos, por lo que acudió con otros de sus homólogos a solicitar el apoyo de los legisladores, apelando a la autonomía presupuestal que tienen.

Los encuentros fueron encabezados por la diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, y han participado otros legisladores locales.
Sin embargo, la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que aún no se han iniciado las negociaciones con todos sus homólogos para la dictaminación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales.

Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, admitió que están a "contrarreloj" para la aprobación de todos los asuntos pendientes.
No obstante, adelantó que está en contra de aumentar el cobro de derechos, servicios e impuestos municipales.
Admitió que la situación económica de los municipios es grave, como el caso de Puente de Ixtla, que este jueves  se declaró en quiebra. Sin embargo, dijo que se tendrá que buscar otra vía jurídica para apoyar a los ayuntamientos en sus finanzas.

Ajustes en leyes de ingresos municipales no deben afectar a los ciudadanos, señala la diputada.

El Congreso del estado analiza las leyes de ingresos municipales y los posibles ajustes solicitados por los alcaldes para generar una mayor recaudación en el 2021, informó la diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

La legisladora indicó en entrevista que durante la primera reunión que sostuvieron con algunos presidentes municipales y sus tesoreros se revisaron sus leyes de ingresos y la vía para ayudar a los ayuntamientos ante la crisis financiera que enfrentan.

Sin embargo, Barrera Vázquez sostuvo que cualquier ajuste que se contemple tendrá que ser apegado a derecho y sin afectar a los ciudadanos.

Aclaró que no se habló de ninguna modificación a las tablas de valores catastrales, sino de la posibilidad de apoyar a los gobiernos municipales para que cuenten con más recursos para el 2021, ante la crisis que viven por la emergencia sanitaria y las deudas heredadas por administraciones municipales pasadas.

Ante el poco plazo (12 días) que tiene el Congreso del estado para aprobar las leyes de ingresos municipales y el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la también presidenta de la Junta Política y de Gobierno aseguró que cuentan con el tiempo suficiente para desahogar los temas sin tener que convocar a periodo extraordinario de sesiones.

Con respecto a otros temas pendientes, como los nombramientos de los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del auditor estatal, refirió que finalmente podrían concretarse la próxima semana.

El llamado al legislador es a que se presente en el proceso iniciado en su contra.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el primero de tres edictos, para emplazar al diputado, Marcos Zapotitla Becerro a que se apersone al procedimiento iniciado en su contra, designe representante legal y un domicilio para recibir notificaciones.

Luego de que el diputado estuviese “ilocalizable”, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en funciones de Comisión Instructora, ordenó emplazarlo por edictos, para garantizar el derecho de audiencia y defensa de Zapotitla Becerro en relación con el desahogo de la solicitud de juicio de procedencia, promovida por Fiscalía General del Estado, para retirar el fuero al diputado a fin de que pueda ser imputado penalmente ante un juez por la presunta comisión del delito de violación.

El edicto señala que, a partir de la primera publicación, estarán a disposición del legislador las documentales que sirven de traslado en copia certificada, en un horario de lunes a viernes de 9:00 horas a las 15:30, en las oficinas que ocupa la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y que, una vez publicado el último edicto, tendrá cinco hábiles para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de radicación.

Es decir, al día siguiente de la publicación del tercer y último edicto comenzará a correr el plazo de cinco días hábiles para que Marcos Zapotitla “comparezca a señalar domicilio en la ciudad de Cuernavaca para oír y recibir notificaciones, designe representante legal que cuente con cédula profesional de Licenciado en Derecho, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como para que manifieste lo que en derecho proceda, apercibiéndole que concluido el plazo otorgado, en caso de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho y la Comisión Instructora procederá a dictaminar la solicitud presentada, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso del Estado, así como remitirá el Dictamen respectivo ante el Pleno de este Congreso”.

En el mes de septiembre, Carlos Andrés Montes Tello, Fiscal Regional Metropolitano de la FGE, a través del oficio FGE/FRM/1815/2020, presentó la solicitud de declaración de procedencia o formación de causa en contra de Marcos Zapotitla Becerro, en virtud de la integración de la carpeta de investigación en la cual es acusado como presunto responsable del delito de violación.

Incluso, el abogado de la víctima, Hibrán Haro Álvarez, ha instado al Congreso a abrir un periodo extraordinario de sesiones para culminar con el proceso de desafuero del legislador a fin de que el hombre sea imputado ante un juez.

Buscan que esa prestación no rebase los 110 mil pesos.

Mediante una modificación a la Constitución Política del estado, la legisladora morenista Keila Figueroa Evaristo busca reducir a la mitad el aguinaldo de los servidores públicos del gobierno del estado que al año cobran más de 100 mil pesos por dicha prestación laboral.

Este lunes, la diputada local ofreció una rueda de prensa junto con los representantes de los sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial y aclaró que su propuesta no pretende afectar a la clase trabajadora, sino acabar con lo que llamó "aguinaldos dorados".

De acuerdo con Figueroa Evaristo, la iniciativa plantea modificar el artículo 40 de la Constitución Política del estado, a fin de establecer el derecho de cualquier servidor público a acceder al pago de 45 días de aguinaldo -y no de 90- cuando la suma total de esa prestación exceda los 100 mil pesos.

Aseguró que se busca establecer un candado para evitar que se cometan más abusos a favor "de quienes menos trabajan y  reciben salarios no menores a los 50 mil pesos al mes", añadió.

"Con la presente reforma, se pretende que los montos pagados por concepto de aguinaldo en el servicio público no rebasen la mitad del monto máximo que prevé el artículo 131 fracción II de la Constitución local por concepto de remuneración asignada al gobernador del estado. Esto quiere decir que el pago por concepto de aguinaldo que reciba un servidor público de alto nivel no deberá ser superior a la cantidad de 111,976.79", añadió.

Reiteró que el resto de los trabajadores al servicio del gobierno del estado seguirán cobrando 90 días de aguinaldo. Incluso adelantó que analizará añadir a la reforma un apartado para obligar a que dicha prestación se pague en una sola ministración y a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

Hay amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados.

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza, rechazó que se prepare una reforma a la Ley del Servicio Civil con la finalidad de reducir de 90 a 45 días el aguinaldo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.

Ante la amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados en contra del Congreso local y los legisladores de Morena, Flores Espinoza emitió un comunicado en el que negó que exista tal iniciativa.

"En ningún momento, presenté ante el Pleno del Congreso del estado o trabajo en una iniciativa con la intención de afectar los derechos laborales de la base trabajadora,  por los que lucharon durante años", señala el comunicado.
Y, añadió: "Como legisladora y partícipe de la Cuarta Transformación no sólo reconozco, valoro y respeto sus logros laborales, sino que estoy comprometida con sus luchas", refirió en el comunicado.

Desde el viernes pasado empezó a circular una información sobre dicha iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que, inmediatamente, provocó reacciones de los líderes sindicales, que amenazaron con agruparse para protestar en contra del Congreso, sobre todo porque se acerca el plazo legal para el pago del aguinaldo.

De manera extraoficial se ha conocido que la diputada morenista Keila Figueroa Evaristo prepara una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que busca  reducir a la mitad el aguinaldo de los funcionarios con salarios superiores a los 70 mil pesos mensuales.  Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentada ante el Pleno del Congreso del estado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez afirmó que es tardía la ley que obliga al uso de cubrebocas en Morelos, cuando el gobierno federal anunció que en diciembre podría llegar la vacuna para covid-19 a México.

En entrevista, señaló que como empresarios solicitaron desde hace meses la aplicación de dichas medidas y la aprobación de apoyos para la iniciativa privada. Sin embargo, dijo, nunca fueron atendidas.

"Creemos que si la vacuna llega y empiezan los resultados favorables de la vacuna esta ley quedará obsoleta", añadió.

No obstante, pidió a las autoridades no actuar de forma represora en tanto se aplican las medidas de seguridad sanitaria, que de acuerdo con el Congreso del estado tendrán que cumplirse de forma inmediata.
"Esperemos que las medidas sólo se apliquen de manera administrativa y no se afecte a la ciudadanía con multas altas", manifestó.

De igual forma, indicó que deben ser el gobierno estatal y los municipios los que garanticen tapabocas de manera gratuita para la ciudadanía, pues no toda la gente cuenta con recursos para comprarlos.
"El Congreso debió establecer dentro de la ley la obligatoriedad de que las autoridades regalen el cubrebocas, porque no toda la gente  puede estar comprando constantemente", añadió.

Si no lo logran, se convocará a un periodo extraordinario.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez admitió la falta que como legisladores cometieron en varias ocasiones al detener lo que llaman el "reloj legislativo" para ganar tiempo y aprobar diversos temas, como el Paquete Económico 2020.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado 2020 por considerar que el Congreso del estado cometió faltas graves a la Constitución Política del estado al haber decretar un receso que duró del 15 de diciembre al 28 de enero.

El legislador aseguró que atenderán la determinación de la Corte y adelantó que trabajan en generar acuerdos entre los diputados para que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal, así como las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021 se aprueben a más tardar el 15 de diciembre.

No obstante, dijo que si no se logran los consensos tendrán que considerar convocar a un período extraordinario de sesiones y respetar los plazos que marca la Constitución Política del Estado.

"Es un llamado para que como legisladores resolvamos los temas que se tienen que votar, que discutir dentro del período ordinario y lo que tenga que ir a un período extraordinario seamos muy precisos en los temas a abordar", declaró.
De acuerdo con el legislador del Partido Encuentro Social (PES) el detener  el "reloj legislativo" era una práctica que también aplicaron las legislaturas pasadas, sin embargo, insistió en que cumplirán con la determinación de la SCJN.
Con respecto a la invalidez del Paquete Económico 2020, celebró que no haya tenido ningún efecto en el ejercicio de los recursos, ante la situación financiera que atraviesa el estado por la emergencia sanitaria.

Los ciudadanos que no cumplan estarán sujetos a sanciones que van de la amonestación hasta el pago de una multa de dos mil 600 pesos.

El Congreso del estado creó la ley que regula el uso obligatorio del cubrebocas en Morelos, además del cumplimiento de otras medidas de seguridad sanitaria para prevenir la propagación de covid-19. Los ciudadanos que no cumplan estarán sujetos a sanciones que van de la amonestación hasta el pago de una multa de dos mil 600 pesos.

Con 17 votos a favor y dos abstenciones, los legisladores aprobaron la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad por Covid-19 en el Estado de Morelos.
Con la nueva normatividad, los diputados otorgaron facultades a las autoridades estatales y municipales  para obligar a los ciudadanos a cumplir con las medidas de seguridad sanitaria, que son: el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, la sana distancia y la toma de temperatura en establecimientos e instituciones públicas.

Los lugares donde la ciudadanía estará obligada a cumplir con estas medidas son las vías de comunicación; espacios públicos o de uso común cerrados o al aire libre; en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios; centros de trabajo; lugares de cultos religiosos; centros comerciales; y transporte público.

Las autoridades de la Secretaría de Salud estatal serán las facultadas para hacer cumplir con la normatividad y aplicar las sanciones correspondientes, con el apoyo de las autoridades municipales bajo los términos que así se disponga.
Las sanciones para los que incumplan serán: la amonestación con apercibimiento; trabajo comunitario; la clausura temporal del negocio; y la multa, que será hasta de 30 unidades de medida de actualización, que se traduce en  aproximadamente dos mil 600 pesos, con previa amonestación.

Tales sanciones se aplicarán con respecto a la gravedad del daño a la salud, la situación económica del infractor y el grado de intencionalidad, entre otros considerandos.

Abogado se pronuncia por no retrasar el juicio de procedencia contra el diputado.

El abogado de una víctima, Gibrán Haro Álvarez, pidió al Congreso  considerar abrir un periodo extraordinario de sesiones para resolver la solicitud de juicio de procedencia para que el diputado Marco Zapotitla Becerro enfrente  en calidad de ciudadano el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de violación.

Consideró lento el desahogo del proceso legislativo para atender la solicitud para retirar la investidura al legislador, quien supuestamente no ha sido localizado ni en sus oficinas ni en su domicilio para entregarle la notificación sobre el procedimiento instaurado en su contra.

Celebró que finalmente la Comisión de Gobernación y Gran Jurado haya aprobado la publicación de edictos para emplazar al diputado, pero lamentó que por alguna razón el desahogo del proceso haya dilatado, pese a que se trata de un tema de justicia social.

Dijo que deben ser publicados tres edictos (uno por semana) y posteriormente el diputado tendría cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud de procedencia, para que después se integre un dictamen y luego sea analizado por el Pleno del Congreso.

Insistió en que el desahogo del proceso fue dilatado, ya que el 15 de diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones y para entonces apenas se publicaría el tercer edicto. Sin embargo, instó a que se abra un periodo extraordinario para atender este asunto de relevancia social y jurídica.  

“Pareciera que hay intereses políticos y económicos, esperamos que nos sea así y que la sociedad vea que se está trabajando conforme a derecho”, recalcó, al insistir en que hay una víctima de un delito grave y que el caso debe llegar a los tribunales para que sea ahí donde se dirima la responsabilidad del legislador en los hechos que se le pretenden imputar ante un juez, en cuanto se apruebe el juicio de procedencia.

Latente, que SCJN invalide el Presupuesto de Egresos 2020.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, admitió que el Congreso del estado tendrá que ponderar un mejor presupuesto para los organismos autónomos, y el Poder Judicial para el 2021.

Ante la probabilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el Presupuesto de Egresos del estado de este 2020, la también presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó que será necesario buscar una vía para aumentar los recursos a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), al Poder Judicial y a otros organismos que lo han requerido.

La legisladora dijo que esperarán a la resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría emitirse este jueves, pues de invalidarse el Paquete Económico 2020 tendrían que hacer las adecuaciones financieras antes de que concluya el año.

"Son instituciones autónomas y que su presupuesto ha sido muy rezagado para poder operar. Nosotros tendríamos que platicar con las instituciones y coadyuvar para tener un mejor presupuesto en todas y cada una de ellas", declaró.
En la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2021, el Poder Ejecutivo planteó prácticamente el mismo recurso para el Poder Judicial, la CDHEM y el resto de los organismos, sin embargo, Barrera Vázquez insistió en que se tendrá que revisar.  

Si no se le desafora antes del 15 de diciembre, el proceso quedará congelado hasta el próximo periodo ordinario de sesiones; está acusado de un delito grave.

El Congreso del estado buscará mediante edictos al diputado Marcos Zapotitla Becerro para notificarlo del juicio de procedencia que se inició en su contra para separarlo del cargo, a fin de que enfrente la denuncia en su contra por el delito de violación sexual.

Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado autorizaron publicar los edictos en el periódico oficial "Tierra y Libertad" en tres ocasiones, y posterior a ello, el legislador Zapotitla Becerro tendrá un plazo de cinco días para responder a los señalamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que solicitó la formación de causa para poder continuar con las investigaciones por el delito de violación.

El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que será mediante edictos como se cumpla con la notificación legal  a su homólogo, ya que en seis ocasiones se le buscó en su domicilio personal y laboral y no se le encontró.

Además, denunció la intención de algunas de sus compañeras diputadas de dilatar el proceso, al no acudir a las sesiones de la Comisión, a excepción de este martes, que sí se logró el quórum legal para continuar con el juicio en contra de Zapotitla Becerro.

El procedimiento podría retrasarse tres semanas, pues el periódico oficial se pública una vez a la semana (los miércoles), a menos de que el Poder Ejecutivo determine lo contrario.

De acuerdo con el legislador Casas González, si el asunto no procede a más tardar el 15 de diciembre, tendrá que enviarse a la "congeladora" hasta el próximo período ordinario de sesiones, que iniciará en febrero del 2021.