La policía es señalada de presunto abuso de autoridad, por el incidente que ocurrió este lunes.

Jojutla.- La Visitaduría Regional Sur de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) confirmó que inició la queja de oficio 33/2019-VRSP, derivado de un video circulado en redes sociales donde se presume un abuso policiaco en contra de una adolescente, en el municipio de Zacatepec, ocurrido este lunes 1 de julio.

La titular de la visitaduría, Aurelia Castañeda Castillo, confirmó que se trata de una queja de oficio, iniciada a raíz de la amplia difusión de un video por redes sociales en el que se aprecia un presunto abuso de autoridad en contra de una adolescente (que habría sido tomada de los cabellos por una oficial de tránsito), lo que agravaría la situación.

Señaló que por el momento, se ha abierto el expediente e incluso la o las víctimas del hecho aún no tienen conocimiento.

Detalló que se solicitarán los informes a las autoridades señaladas como responsables, que deberán responder y una vez que cuenten con ello y los elementos que la institución recabe, ubicarán a los quejosos para ponerlos en conocimiento.

Precisó que primero se deberá contar con la información y las versiones de todas las partes que intervinieron, pues aunque por el momento, lo que se aprecia en el video es que una servidora pública, con uniforme y en horario de trabajo, agrede a una menor de edad, no es posible dar una determinación.

“Se toman muchos elementos para poder tomar una determinación jurídica en cuanto a la violación de los derechos humanos; hay que conocer todo el contexto, porque en el video hay cosas que no se aprecian y hay que saber qué pasó después”, señaló Castañeda Castillo.

En cuanto a los señalamientos de que el incidente con la jovencita ocurrió porque estaba grabando precisamente cuando la policía arrestaba a una persona, la visitadora aclaró que esto no es delito y que sí está permitido.

Destacó que el abuso de autoridad es grave, pero más en contra de un menor, pues los servidores públicos están obligados a ajustarse a los principios de la normatividad que los rige.

Refirió que en el caso de que la víctima no quiera proceder a la investigación, el presidente del organismo tiene la facultad de archivarla o continuarla, dependiendo de su gravedad.