En hashtag: Congreso

Avanza investigación que implica a las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste: fiscal.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, afirmó que por lo menos un diputado más podría ser imputado por el presunto delito de peculado junto con las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Al asistir a la toma de protesta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario dijo respetar las diversas opiniones sobre el trabajo de la fiscalía y afirmó que en breve informará sobre el curso tanto de la investigación como de la judicialización de la carpeta que implica a exlegisladores.

“Estamos integrando la carpeta de investigación, que los diputados conocen de estas pesquisas, no puedo yo ventilar en medios los avances que tenemos, pero sí puedo decirles que estamos obteniendo elementos de prueba muy sólidos, con los que habremos pronto de judicializar la carpeta en contra de algunas exlegisladoras y otros funcionarios”, sostuvo.

Señaló que por el momento no es posible revelar los nombres de otros exintegrantes de la LIII Legislatura que están bajo investigación, pero adelantó que por lo menos estaría implicado un tercer exdiputado en la indagatoria por el presunto delito de peculado en agravio del Congreso y el erario.

El pasado 23 de abril, la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación de la audiencia de formulación de imputación contra las exlegisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la exsecretaria de Administración del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra ésta última, quien ahora tiene calidad de testigo.

De acuerdo con la fiscalía, la exsecretaria de Administración aportó nuevos elementos de investigación para robustecer la carpeta de investigación que en su momento permitirá reformular la imputación contra las exlegisladoras perredistas y algunos otros implicados por el presunto delito de peculado y lo que resulte, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos del presupuesto del Congreso local.

El exgobernador pagó con obras la complicidad del dirigente del Nuevo Grupo Sindical.

Bulmaro Hernández Juárez aprovechó con creces su amistad con el hijo del gobernador y ex presidente del PRD Morelos, Rodrigo Gayosso y con Ramírez Garrido Abreu, quien colocó a las huestes del Nuevo Grupo Sindical en las obras realizadas con recursos del estado y de la Federación, la mayor parte de las cuales fueron utilizados para sustraer de manera fraudulenta el presupuesto, como en el caso de la infuncional nueva sede del Congreso de Morelos, que fue asignada directamente a la empresa del sobrino del ex procurador general de la república, Murillo Karam,  “en la no menor suma de 378 millones de pesos”, señaló una de las personas implicadas en la operación.

Rodrigo Gayosso mantuvo mucha cercanía con Bulmaro Hernández, quien en el 2015, consolido su amistad al convertirse en el hombre más cercano de operadores políticos del ex líder del PRD estatal, lo que le permitió lograr la mayor cercanía con el ex secretario de Gobierno y ex candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Jorge Messeguer Guillen, que pese al gasto exorbitante de recursos estatales no logro ganar la contienda electoral, pues fue barrido del escenario por el ídolo nacional Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tres años después sepultó las aspiraciones completas de Gayosso y Hernández Juárez, a pesar de que este último fue el encargado de obstruir y bloquear la administración municipal del ex futbolista, bajo las órdenes de sus dos patrocinadores, el ex gobernador y su hijastro.

El líder del hoy agonizante NGS sumó su huella de corrupción en las grandes obras de infraestructura que anunciaba el anterior gobierno y que al final fueron un fiasco, ya que se pagaron y nunca se completaron o quedaron con graves defectos constructivos, pues en realidad solo se asignaron de manera discrecional fuertes sumas de recursos federales o procedentes de créditos bancarios para la construcción, rehabilitación y compras de bienes inmuebles a empresas de amigos de Rodrigo Gayosso, que hizo normal entregar sumas de 400 millones de pesos, lo que tiene en graves problemas financieros a la entidad.

Los legisladores locales se quedaron ayer sin autorizar la reforma educativa atorada en el Senado.

Vestidos y alborotados se quedaron los diputados locales que este miércoles convocaron a sesión ordinaria para ser la primera legislatura en aprobar la reforma educativa que, sin embargo, por falta de acuerdos quedó estancada en el Senado de la República. 
Los integrantes de la LIV Legislatura convocaron a sesión ordinaria, este miércoles 1 de mayo, día del Trabajo, con la finalidad de aprobar la minuta de reforma constitucional en materia educativa y adelantándose a lo que sucedería en el Senado de la República.
Sin embargo, la reforma que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador no avanzó en el Senado  y los legisladores locales se quedaron a la espera de trascender en el tema.
Es que la LIV Legislatura ha formado parte de los Congresos locales que votaron de manera tardía reformas constitucionales de trascendencia, como la que permitió la creación de la Guardia Nacional.

Por ello determinaron sesionar en el Día del Trabajo para votar la minuta. 
"En el caso de Morelos, el cabildeo se hizo muy fuerte, de tal manera que si ayer el Senado hubiera aprobado ya la iniciativa, el primer congreso que lo hubiera aprobado porque ya estaba en la agenda para discutirse el día de hoy la reforma, hubiera pasado, y Morelos hubiera sido el primer Congreso en el país que hubiera aprobado en la reforma constitucional", explicó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, quien lamentó que un tema de trascendencia a nivel nacional no se haya aprobado el martes pasado.
Los legisladores federales convocaron a periodo extraordinario para el próximo 14 de mayo para desahogar la reforma educativa. 

Realizaron una sesión solemne en Yautepec; entregan medallas de honor a ciudadanos destacados.

La conmemoración de los 150 años de creación como entidad federativa de Morelos, debe servir para reflexionar y acabar con todo lo que hace daño al estado, manifestó la diputada Maricela Jiménez Armendáriz, durante la sesión solemne que se desarrolló ayer en Yautepec.
Los legisladores locales se trasladaron este miércoles a la cuna del estado de Morelos, como se conoce a Yautepec, y llevaron a cabo una sesión solemne en la que reconocieron a morelenses destacados. 
Entregaron medallas de honor a Ulises Mena Hernández, por su trabajo destacado en tecnología; a Israel Ocampo Cruz, en cultura; a Federico Esteban Sánchez Rodríguez, en ciencia; y a Pablo Larios Iwasaki (+) en deporte.
Durante su mensaje a los ciudadanos que estuvieron presentes durante la sesión solemne, la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez, afirmó que "Morelos no necesita más dolor", por lo que convocó a funcionarios a erradicar la corrupción y a los empresarios a fortalecer el desarrollo del estado. 
"Morelos está llamado a renacer, después de sus primeros 150 años de vida; este proceso deberá tener un solo objetivo: hacer de nuestro estado un ejemplo de paz y de progreso, que no deje a nadie atrás. Dejémosle como herencia a nuestras generaciones futuras una vida con honor, libre de toda violencia", expresó la legisladora.
Y agregó: "Ya basta de gobernantes que abusan del cargo para enriquecerse y oprimir a su prójimo. Ya es suficiente nuestra actitud de odio contra quienes nos rodean y de pensar todo el tiempo que vivimos una competencia encarnecida".
La sesión solemne se llevó a cabo en el Auditorio del Ejido de Yautepec, en la que, también, el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez se pronunció ante tribuna y afirmó que Morelos vive tiempos difíciles, por lo que pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajar en coordinación. 

Presentó 300 acciones a favor de habitantes del municipio; al acto asistió Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local.

Atlatlahucan.- A fin de dar a conocer a la ciudadanía del municipio el trabajo que se ha realizado a lo largo de los primeros 100 días de gobierno de la administración que encabeza Calixto Urbano Lagunas, el alcalde atlatlahuquense realizó su informe a la ciudadanía, a través del que dio a conocer más de 300 acciones que se han realizado en el municipio.

Ante un considerable número de ciudadanos que se dieron cita en las inmediaciones de la explanada municipal y acompañado de integrantes del Cabildo, el alcalde dio a conocer el trabajo que se ha realizado en 100 días de su gobierno tal y como lo prometió.

En su mensaje, el alcalde señaló que en materia de obra pública, se rehabilitaron la Casa de Salud, el arco de acceso y el camellón del bulevar en la entrada principal del municipio, dando un total de un millón 806 mil 005 pesos.

Además, dijo que también se han rehabilitado la red de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la calle Otilio Montaño del barrio Santa Bárbara, aplicando un recurso económico de tres millones 437 mil 473 pesos.

En este sentido, de igual manera, indicó que se realizó la introducción de red de agua potable, drenaje y rehabilitación del pavimento hidráulico de la calle Lechería, con una inversión de 100 mil 494 pesos.

En el rubro de servicios públicos, el alcalde señaló que se atendió y dio mantenimiento a 538 lámparas que se encontraban en mal estado. Además se rehabilitó la fuente danzarina de la explanada municipal y se les brindó el servicio necesario a parques y jardines públicos del municipio.

En seguridad pública, Calixto Urbano Lagunas refirió que se ha cumplido en tiempo y forma con el pago de sus quincenas a los elementos policiacos del municipio, además de que en días pasados se les otorgaron uniformes y se logró equipar a las unidades con las que se cuenta para brindar un mejor servicio a la ciudadanía atlatlahuquense.

Sostiene Víctor Mercado encuentro con diputados del Congreso de Guerrero y de Morelos.

La conformación y operatividad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Morelos será el modelo a seguir por el Gobierno del Estado de Guerrero para que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de esa entidad se eleve a rango de Secretaría.
Víctor Mercado Salgado, titular de la SMyT, informó que junto con la diputada Elsa Delia González Solórzano, presidenta de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación de la LIV Legislatura estatal, se tuvo una primera reunión de acercamiento con el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, presidente de la Comisión de Transporte de la LXII Legislatura de Guerrero.
Durante el encuentro, el diputado guerrerense se ocupó de conocer el procedimiento jurídico y legislativo que Morelos siguió para crear la SMyT, así como la operatividad de la misma.
En ese sentido, Víctor Mercado señaló que el Gobierno de Morelos está dispuesto a cooperar con la orientación sobre la creación de esta dependencia para el bien de los ciudadanos de Guerrero.
Y se congratuló por que en el estado vecino se esté promoviendo la creación de una Secretaría, para atender el tema de la movilidad y el transporte; pues agregó que las dos entidades federativas podrán trabajar en conjunto para regular de mejor manera este sector.
Finalmente, el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán solicitó tanto al Congreso de Morelos como a la Secretaría de Movilidad y Transporte, su colaboración para la realización de mesas de trabajo en donde se analice el marco jurídico de actuación de la dependencia que encabeza este sector del transporte en Guerrero, así como el intercambio de puntos de vista que tiendan a mejorar la coordinación entre ambos estados.

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que califique si los tres Poderes del Estado acatan o no correctamente el acuerdo emitido el pasado 4 de marzo para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales respecto a etiquetar y suministrar los recursos necesarios para el pago gradual de las pensiones de los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Precisó que hoy vence el plazo fijado por la SCJN al Poder Ejecutivo para cumplir con el suministro de recursos al TSJ para el pago del primero de 11 bloques de controversias constitucionales, en las que se ordenó disponer de presupuesto para pagar las pensiones.

Indicó que se comunicará a la Corte el cumplimiento requerido conforme se suministren los recursos del fondo de 80 millones de pesos etiquetado por el Congreso para pagar a los jubilados del Poder Judicial, con base en el orden establecido por el Alto Tribunal.

Cuestionado si podría la SCJN hacer nuevos requerimientos en vista de que los 80 millones de pesos fueron tomados del mismo presupuesto del Poder Judicial y no se etiquetó un presupuesto específico para el pago de pensiones de los trabajadores judiciales en retiro, señaló que tocará al máximo tribunal calificar el cumplimiento de las sentencias en controversia constitucional y del acuerdo del 4 de marzo.

“Somos tres los involucrados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo únicamente le corresponde vigilar y determinar que se transfieran los recursos. La obligación que se le impuso al Legislativo es que etiquetara los recursos. Si la Corte determina que no están bien etiquetados esos recursos, tendrá que venir un pronunciamiento, y si considera que el Ejecutivo no está transfiriendo los recursos suficientes, pues también puede haber un requerimiento, vamos a esperar como se pronuncia la Corte”, manifestó. 

La prevención del fenómeno debe venir desde el hogar, señala.

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, responsabilizó a los padres de familia del “bulliyng” o acoso escolar que se registra en las escuelas.

Ante la denuncia que hizo una madre en redes sociales porque su hijo fue víctima de “bulliyng” en la Escuela "Tierra y Libertad" de la colonia Otilio Montaño de Jiutepec, la legisladora sostuvo que la educación empieza en los hogares y no es responsabilidad de los maestros prevenir estos hechos.

Sostuvo que los padres han delegado a los maestros la responsabilidad de la educación de sus hijos, aunado a que existe una pérdida de valores, por lo que pidió a los paterfamilias asumir la responsabilidad que les toca y atender desde casa el problema del acoso escolar y no responsabilizar a los maestros del problema de acoso escolar. 

"Hoy los padres de familia delegan muchas cosas del infante. A los niños les falta la atención y el cariño, la regla universal tiene que ser el amor. Un niño feliz difícilmente te va a agredir. Yo sé lo que implica tener a niños que no tienen un freno, que no tienen valores universales; les hablo del respeto, de la tolerancia, el amor, el respetar a tu compañero; eso hoy está en crisis en las aulas de salón", manifestó la diputada. 

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) aseguró que como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, pedirá al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), se realice una revisión de los programas que deben implementarse para inhibir el “bulliyng” y otros problemas de seguridad en las escuelas. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los congresos locales son competentes para legislar sobre medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información, es decir, los medios a través de los cuales los particulares pueden oponerse a las decisiones de las autoridades en este ámbito. 

Al analizar las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y 39/2016, promovidas por la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016, resolvió que en materia de transparencia y acceso a la información, la Constitución establece un régimen de concurrencia legislativa, en el cual les está permitido a las entidades federativas legislar, incluso, respecto de procedimientos, siempre y cuando se haga respetando los principios de la ley marco.

Tras fijar el Pleno este criterio, el ministro ponente retiró el proyecto de sentencia para presentar uno nuevo, en el que se analizarán diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, a la luz de lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como tratados internacionales.

Detectan anomalías en auditorías aplicadas a por lo menos 15 municipios.

Hay auditorías que no se han desahogado desde el 2014.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado realizó observaciones al trabajo realizado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), rezagado desde el 2014, pues se detectaron inconsistencias en las auditorías aplicadas a por lo menos 15 municipios.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de dicho órgano legislativo, dio a conocer que recibió un informe de la ESAF respecto a los resultados de las revisiones de las cuentas públicas de más de 15 municipios del estado, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2014, 2015 y 2016, para proceder a la aprobación de las declaratorias por el Pleno del Congreso. 
Sin embargo, explicó que dichos informes fueron regresados al órgano auditor para que atienda las observaciones hechas por la Comisión de Hacienda y evitar que se validen cuentas públicas que posiblemente presenten irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 
"Nosotros no somos nada más una legislatura de trámite, ni de acuerdos al amparo del poder, en lo obscurito. Como presidenta de la comisión les puedo decir que todo va a ser conforme a derecho y todo va a ser con mucha transparencia", dijo la legisladora priista. 
Manifestó que el rezago que enfrenta la ESAF es preocupante, pues existen auditorías que no se han desahogado desde el año 2014, y tampoco se conoce del ejercicio de los recursos públicos en municipios y otras entidades públicas de ejercicios fiscales recientes. 

Este lunes, organizaciones civiles del estado se pronunciaron a favor de que Clara Soto Castor sea nombrada por el Congreso del estado como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

En rueda de prensa, Soto Castor pidió a los diputados apegarse a una revisión curricular y no a intereses políticos.

De igual modo, celebró que los legisladores se tomen el tiempo para analizar el perfil de cada uno de los 23 aspirantes al cargo; sin embargo, apuntó que la tardanza sólo ha provocado un vacío, además de que quien fue designado como encargado de despacho, Víctor Antonio Maruri Alquisira, obtuvo el nombramiento de último momento.

Mario Ocampo informó que se ha señalado un presunto desvío de recursos que la legislatura anterior asignó al municipio.

Puente de Ixtla.- El alcalde de este municipio, Mario Ocampo Ocampo, solicitará la intervención de la LIV Legislatura del Congreso local para que investigue el presunto desvío de fondos que fueron asignados al municipio durante la legislatura anterior.

En entrevista, el edil ixtleco comentó que están investigando ésa y otras irregularidades en las finanzas. “Ésa es nuestra principal tarea; somos la cuna de las pensiones doradas, se aprobaron de repente 80 pensiones con cantidades de hasta 28 mil pesos al mes, que nos genera un gasto, una carga de 16 millones al año. Todos esos detalles los estamos investigando; acabamos de terminar con las observaciones de la entrega-recepción, justamente ahí se ha señalado todo”, dijo.

Agregó que en el caso del presunto desvío de recursos que fueron asignados por el Congreso local, deberá ser la actual legislatura la que revise el tema, pues “eso le compete al Congreso porque nosotros vamos a hacer lo que nos compete, se requerirá a la ex presidenta municipal Dulce Medina Quintanilla para que aclare el tema, que subsanen las observaciones y que se actúe conforme a la ley”, apuntó.

Mario Ocampo indicó que la entrega-recepción fue deficiente, ya que se hizo de manera global. “Ahora estamos pidiendo que subsane el tema y cuando ya lo tengamos vamos a dar seguimiento. Nunca habido acercamiento con la expresidenta y sólo nos contesta oficios”, mencionó.

Asimismo, refirió que, por su parte, están realizando lo que les compete; es decir, buscando que se dé reversa a las pensiones doradas, pero hay 16 que sí cumplen con los requisitos, algunos sindicalizados.

“Pero, definitivamente, Puente de Ixtla es el municipio más lastimado financieramente hablando”, finalizó.

La directiva del Poder Judicial analizará el presupuesto aprobado y publicado para analizar si se ajusta a las expectativas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, afirmó que el Poder Judicial fijará una postura hasta analizar con detalle el presupuesto que le fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

Luego de que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5687, fue publicado el Decreto 76, por el que el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y asignó al Poder Judicial sólo 523 millones de pesos, señaló que primero se hará un análisis legal y en breve se determinará qué seguirá.

Recordó que hay una controversia en curso promovida por el Poder Judicial antes de que se aprobara el presupuesto, en la que se planteó que le correspondía a la administración de justicia –con base en la autonomía financiera- el 4.7% del presupuesto estatal programable.

“Nosotros ya tenemos una controversia establecida y, bueno, nada más terminaremos de analizar el presupuesto para que en breve les estaremos informando lo que vamos a hacer jurídicamente”, dijo.

Señaló que hay varios proyectos pendientes de modernización y mejoramiento para el Tribunal Superior de Justicia, pero su realización dependerá de los recursos con los que se cuente. 

Grupos antagónicos piden su destitución y protestan en el Congreso local.

Habitantes de Xoxocotla se manifestaron este jueves en el Congreso local en contra del Concejo Municipal que gobierna el municipio de origen indígena y que está encabezado por Leonel Zeferino Díaz.
"Que sea gente del pueblo, no gente impuesta", fue la consigna de los pobladores que arribaron cerca de las 11 de la mañana a la sede del Poder Legislativo, para exigir una audiencia con los diputados locales, a quienes solicitaron su intervención para que se convoque a nuevas elecciones en Xoxocotla y se designe a un nuevo concejo.
Los inconformes también amenazaron con llevar a cabo bloqueos en importantes vialidades de Cuernavaca, como la avenida Plan de Ayala y el circuito Adolfo López Mateos, así como liberar la caseta de Alpuyeca. Sin embargo, al paso de los minutos, y pese a no haber sido recibidos por ningún diputado, los inconformes no cumplieron sus advertencias.
Los ciudadanos permanecieron en el Congreso del estado hasta pasadas las ocho de la noche, luego de que intentaron irrumpir en la sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves por la tarde. Finalmente fueron recibidos por un grupo de diputados, quienes escucharon su demanda y se comprometieron a buscar una solución. 

Los diputados aprobaron una reforma que mantiene a Tania Valentina al frente de la Junta Política y que permitió cambiar a los titulares de importantes comisiones.

El grupo de 15 legisladores que compone  la nueva mayoría en el Poder Legislativo -encabezada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) - concretó las reformas necesarias a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para mantener a Tania Valentina Rodríguez Ruiz al frente de la Junta Política y de Gobierno y aislar a los diputados "sin partido político".
En sesión ordinaria, que se desarrolló durante la tarde y noche de este jueves, el Pleno del Congreso del estado aprobó con 15 votos a favor y cinco en contra las modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica, que además limitan a las fracciones parlamentarias poder encabezar la Junta Política y de Gobierno. 
La mayoría de 15 diputados logró establecer la figura de "diputado sin partido político" en la ley antes mencionada, a propósito de la salida del legislador José Casas González del PT, a fin de que tampoco pueda sumarse a otro partido hasta que inicie el siguiente periodo ordinario sesiones, lo cual sucederá en septiembre próximo. 
Con una adecuación al artículo 46 de la Ley Orgánica, la coordinadora del PT Tania Valentina Rodríguez Ruiz podrá permanecer al frente de la Junta Política y de Gobierno sin ningún impedimento legal, ya que se estableció que el grupo parlamentario que presida dicho órgano deberá estar integrado por al menos el 15 por ciento de los integrantes de la Legislatura. 
En la misma sesión ordinaria, la mayoría de los legisladores determinó dejar sin representación alguna en el Congreso a José Casas González, al modificar la integración de las comisiones de Gobernación y Gran Jurado, la de  Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, la de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como Justicia y Derechos Humanos. De igual forma, removieron al diputado Marcos Zapotitla Becerro de las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y la de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad. 
El de Morena, excluido al inicio de la legislatura, fue el grupo parlamentario más beneficiado con estos cambios, ya que la coordinadora Keila Figueroa Evaristo presidirá Gobernación y Gran Jurado; su compañero Javier García Chávez, Puntos Constitucionales y Legislación; y Tránsito y Transporte y Vías de Comunicación será para Elsa Delia González Solorzano. 
Minutos después de que inició la sesión (cerca de las seis de la tarde) se informó de una amenaza de bomba, que provocó la movilización de elementos de Protección Civil, del Ejército y de la Policía estatal. Sin embargo, la amenaza resultó falsa. 
Además, el salón de Plenos permaneció cerrado por la intención de habitantes de Xoxocotla de irrumpir en la sesión. 

Diputados buscan integrar una terna de entre 18 aspirantes al cargo, en esta misma semana.

La designación del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría aplazarse hasta abril, debido a la falta de acuerdos para integrar una terna de entre los 18 aspirantes a ocupar dicha representación.
Hasta la mañana de este jueves, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias no habrían logrado los consensos que se requieren para impulsar ante el pleno una propuesta de tres aspirantes que sea votada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, tal y como marca la Constitución Política del Estado. 
De acuerdo con la información proporcionada por diversos legisladores, esta misma mañana se reunirán las coordinadoras parlamentarias en la Junta Política y de Gobierno para buscar generar los consensos necesarios y presentar el tema en la sesión ordinaria que fue convocada para este día a las cuatro de la tarde. 
Sin embargo, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, no descartó que el nombramiento del próximo presidente de la CDHEM se logre en los siguientes días, y, mientras tanto, se designará a un encargado de despacho, ya que el periodo por el que fue nombrado Jorge Arturo Olivarez Brito vence este viernes 22 de marzo. 
Por su lado, Marcos Zapotitla Becerro, también integrante del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que el proceso de designación del ombudsman morelense y el consejo consultivo de la CDHEM se ha llevado a cabo de manera "desaseada", lo que ha evitado que no se logren los votos de mayoría para concretar el nombramiento. 
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, manifestó su confianza en que las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias se pongan de acuerdo y esta semana se nombre al titular de la Comisión de Derechos Humanos, para dar certeza a los ciudadanos respecto a la cabeza del organismo que defiende sus derechos fundamentales. 

Para el pago de la prima de antigüedad se requieren más de 300 millones de pesos; los diputados sólo destinaron cinco, se queja la representación sindical.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció que la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local engañó a jubilados, pues sólo se destinaron cinco millones de pesos para el pago de la prima de antigüedad, que requiere más de 300 millones de pesos para los 12 mil 777 docentes retirados.

Al respecto, la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, dijo que tampoco permitirán que un pequeño grupo de jubilados salga beneficiado con las pláticas que han sostenido algunos funcionarios estatales, en fechas recientes, puesto que cualquier acuerdo político debe ser para beneficio de todos los agremiados. Reiteró que la representación legal y formal del magisterio la tiene el comité seccional del SNTE.

Expuso que el SNTE, como siempre, seguirá la vía legal y la del diálogo para atender esta demanda de los trabajadores en retiro. Por ello, informó que ya fueron iniciadas las demandas de 500 jubilados.

Bañón Estrada puntualizó que hay un total de 12 mil 777 maestros jubilados y pensionados a quienes les corresponde el pago de la prima de antigüedad del 2018 y 2019, con base al Artículo 46 de la Ley del Servicio Civil del Estado Morelos.
La dirigencia sindical recibió nueve mil expedientes, de los cuales 500 ya están en la etapa de inicio procesal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y el resto en integración.

“Hemos agotado las instancias y avanzado a la etapa de admisión y fecha de la audiencia en la que se ratificará el contenido de las demandas con pruebas anexas para dar pie a la respuesta de los demandados, en este caso el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM)”.
“Una vez que esto suceda y que el tribunal resuelva los laudos, vamos a exigir al ejecutivo y a las autoridades correspondientes que se cubra de inmediato el pago a nuestros maestros que se encuentran en esta lamentable situación”, expresó la dirigente, al dar lectura al manifiesto.
En la misma conferencia de prensa, la secretaria general del SNTE denunció que hubo un engaño por parte del Congreso del estado de Morelos, específicamente de la bancada del PT, en el sentido de que actualmente no existe un recurso que cubra en su totalidad el pago de la prima de antigüedad para maestros jubilados y pensionados, como han dado a conocer supuestos líderes. 
“Basta ya de engaños y de promesas estériles. No se trata de la buena o mala voluntad de un solo diputado, sino del derecho y de la legalidad que debe existir con el manejo de los recursos públicos y de lo que por ley le pertenece al magisterio”, expresó, al sostener que se requieren alrededor de 300 millones de pesos para el pago de prima de antigüedad que se adeuda y sólo se aprobaron cinco millones en el paquete económico.

En otro orden de ideas, pero en la misma conferencia, la representación sindical dio a conocer la convocatoria para el foro de consulta sobre la reforma constitucional luego de la abrogación de la reforma educativa.

Los diputados deberán elegir antes de este viernes al próximo presidente de la CDHEM.

Los diputados deberán elegir antes de este viernes al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). Sin embargo, no han logrado definir un acuerdo de mayoría para votarlo en Pleno. 
El fin de semana pasado, los 25 aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos e integrar el Consejo Consultivo comparecieron ante la Junta Política y de Gobierno y cada uno presentó sus propuestas.
Sin embargo, las fuerzas políticas de mayoría en el Congreso del estado, como son Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) tienen sus propuestas por separado, lo que ha complicado lograr un acuerdo de mayoría que se presente a más tardar este jueves, en sesión ordinaria. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, no descartó que la elección del próximo ombudsman morelense pudiera postergarse de esta semana, aún y cuando el período de tres años de Jorge Arturo Olivares Brito vence este viernes 22 de marzo. 
"La ley nos permite designar un encargado de despacho si no se logran los consensos en tiempo, pero esperemos que podamos llegar a un acuerdo antes de este viernes", declaró. 
Morales Sandoval refirió que debido a la falta de acuerdos, lo más probable es que la sesión ordinaria sea convocada para este jueves, y no el miércoles como había informado la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 

Durante su comparecencia ante el Congreso, el titular de la CES reconoció que esa dependencia enfrenta un rezago en recursos que fue heredado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) enfrenta un grave rezago en recursos materiales y humanos, el cual fue heredado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, confirmó el vicealmirante y titular de esa dependencia, José Antonio Ortiz Guarneros, durante su comparecencia ante el Congreso del estado, en la que admitió que no hay un plazo para que el problema de inseguridad en Morelos se solucione.

El comisionado estatal de Seguridad fue cuestionado por los legisladores por la falta de resultados en combate a la delincuencia durante los primeros meses del gobierno estatal.

“Estamos cansados de tanta inseguridad”, manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, al abrir la comparecencia.

El diputado sin partido político José Casas González señaló al comisionado que pese a su rango como vicealmirante de la Marina Armada de México no haya logrado detener a algún capo de la delincuencia y cuestionó al funcionario si ya pactó con el crimen organizado.

Ante ello, Ortiz Guarneros respondió al legislador: “Yo no pacto con la delincuencia” y sostuvo que trabaja para dar resultados; sin embargo, consideró que es urgente un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad, mediante un plan de pacificación.

Sin embargo, el comisionado refirió a los diputados que sería irresponsable hablar de una fecha para terminar con la delincuencia, pero aseguró que trabajan para atender el problema y por ello solicitó su apoyo para contar con el presupuesto que necesita la CES a fin de abrir mil plazas más de policías y atender el rezago que heredó la pasada administración.

Ortiz Guarneros sostuvo que no cuentan con recursos ni para mandar a capacitación a sus policías a un curso en Chile. De igual forma, confirmó que no han podido pagar una deuda heredada por 25 millones de pesos a la empresa que vendió uno de los dos helicópteros al gobierno estatal para atender el problema de seguridad, motivo por el cual la aeronave se encuentra bajo resguardo, mientras que la otra presenta problemas para operar durante las noches.

Además de la falta de policías, el comisionado admitió que no todos los 636 elementos que tiene la CES cuentan con seguro, de ahí que se trabaja en un proceso de homologación de salarios.

Ante un faltante en el número de policías, el comisionado dijo que se solicitó el apoyo de la Policía Federal, que envió 200 agentes que podrían estar en Morelos varios meses.

Los legisladores locales manifestaron el respaldo al titular de la Comisión Estatal de Seguridad para asignar un mayor presupuesto a los mil millones de pesos que se etiquetaron para este año. No obstante, también advirtieron que serán observadores del trabajo y los resultados que realice la CES.

Posterior a la comparecencia del comisionado estatal de Seguridad se desarrolló la de los secretarios de Administración y Obras Públicas, con lo que concluyó dicho proceso, para que posteriormente se integre la glosa del primer informe de gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Se someterá a votación la iniciativa aprobada ayer en comisiones legislativas.

A partir del 2020, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podría gozar de un presupuesto del tres por ciento del presupuesto anual del gobierno del estado si el pleno del Congreso aprueba la propuesta que se dictaminó en una de las comisiones legislativas.
Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, los legisladores integrantes aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reformaría la Constitución Política del Estado, para aumentar de 2.5 al tres por ciento el presupuesto de la UAEM, correspondiente al presupuesto total del gobierno del estado.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que no se lograron los consensos para autorizar la propuesta inicial, que contemplaba un incremento del uno por ciento adicional. Sin embargo, confió en que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se apruebe en el Pleno, pues representaría un logro importante para rescatar las finanzas de la UAEM. 
"Yo espero también que se puedan mayores esfuerzos para terminar este año, que es el año más difícil para la universidad. El siguiente año nosotros ya tenemos este dictamen puesto en la mesa y estamos buscando los consensos para que 2020 sea mejor para ellos", declaró. 
Explicó que de aprobarse la reforma constitucional, sería hasta el próximo año cuando se aplique, pues el Congreso del estado ya aprobó el Presupuesto 2019 mediante un proceso político complicado.

La suma adicional involucrada se calcula en alrededor de 200 millones de pesos.