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Critica diligencia por parte de la Fiscalía Anticorrupción en palacio de gobierno.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas calificó como “inaceptable” y un signo de “persecución política”, el hecho de que quince elementos de la Fiscalía Anticorrupción se hayan presentado este jueves al palacio de gobierno solo a entregar tres documentos, mediante los cuales solicitaron datos del expediente administrativo del funcionario. 

Ojeda Cárdenas confirmó que durante la mañana de ayer elementos policiacos acudieron en diligencia a las oficinas del Poder Ejecutivo para pedir diversos archivos; de igual manera confirmó que la misma Fiscalía llevó a cabo una acción similar en la Secretaría de Movilidad y Transportes en fecha reciente.  

Al respecto, manifestó a título personal que la Fiscalía especializada en combate a la corrupción “debería tener un poquito de pudor, porque miren que destinar 15 elementos de la fiscalía para venir a entregar tres documentos es inaceptable en un estado donde la Fiscalía tiene un grado de impunidad del 99.6 por ciento de carpetas no resueltas. Yo diría que si el fiscal anticorrupción destinara la mitad del tiempo que utiliza para persecuciones políticas, pudiera dar resultados a la ciudadanía morelense que tanto le están exigiendo”. 

En su carácter de secretario de Gobierno expresó que “es muy peligroso que las instituciones se usen con fines políticos. Eso es inaceptable y es muy peligrosos en una democracia. Ellos tienen una función qué desempeñar, ojalá destinaran esos recursos a esclarecer los crímenes como el asesinato de  los líderes sindicales que fueron atacados aquí en plaza de armas o el del activista Samir Flores u otros casos emblemáticos que se exige por la sociedad solución…”. 

Ojeda Cárdenas explicó que, de acuerdo con la información recabada tras la presencia policiaca en el palacio, la Fiscalía está solicitando su expediente administrativo y la publicación del periódico oficial respecto a su nombramiento como secretario de Gobierno.  

Para el responsable de la política interna, el despliegue de policías fue una muestra desmedida de uso de recursos con un fin político, que era innecesaria en pleno semáforo rojo por la pandemia, ya que esa documentación podía haber sido solicitada vía fax y habría sido entregada de manera rápida y sencilla.  

Afirmó tajante que él no ha sido citado a declarar y desconoce el fondo de dicha investigación, pero aseguró que no tiene “absolutamente nada que ocultar”. 

Lanzo duras críticas a los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, a quienes señaló por ser cercanos al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.  

Sostuvo que ambos fueron nombrados por su estrecha relación con el ex mandatario, para conformar “un escudo de protección”, una “red de impunidad” para los actos de corrupción cometidos en la pasada administración. 

Consideró que los personajes detrás de esta acción están preocupados, porque ellos sí son investigados por delincuencia organizada. “No solo por no contar con los exámenes de control y confianza… quieren desviar la atención” anotó.  

Pablo Ojeda dijo estar dispuesto a colaborar en cualquier investigación, pero enfatizó que no tiene nada que esconder.  

Insistió en que la información sobre viajes y enriquecimiento que supuestamente provocaron que él sea investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, según se publicó en un periódico de circulación nacional, es totalmente falsa.   

Expresó que analiza las vías jurídicas correspondientes para aclarar dichos señalamientos en su contra y para denunciar el uso de recursos públicos para persecuciones con fines políticos.  

Por otro lado, reiteró que el gobierno del estado no tiene nada qué ver en el proceso de desafuero al fiscal general Uriel Carmona que se sigue en el Congreso de la Unión. 

El recurso es contra una probable orden de presentación o detención por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, promovió un amparo contra cualquier orden de presentación o detención por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

De acuerdo con el expediente 1136/2020, el Juzgado Segundo de Distrito otorgó una suspensión provisional al alcalde y fijo una garantía económica de tres mil pesos, en tanto se determina si procede o no conceder la medida cautelar.

La promoción del juicio de amparo tiene como objetivo conocer si existe alguna investigación en contra del presidente municipal que pudiera comprometer su administración.

El juzgado federal de momento le concedió la medida provisional, en tanto las autoridades señaladas como responsables – la FECC- entregan sus informen al órgano jurisdiccional para determinar si procede o no a otorgar la suspensión definitiva.

Sus colaboradores más cercanos están bajo proceso o cerca de ser detenidos.

Los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en México son la base de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de la que derivará una acusación contra el expresidente Peña Nieto por traición a la patria, de cohecho y delito electoral, por financiar con recursos de procedencia ilícita la actuación de su partido, el Revolucionario Institucional y construir una red de propaganda y otra de apropiación de recursos públicos a través de esquema como el llamado La Estafa Maestra, en la que cientos de millones de pesos se transfirieron a empresas fantasmas

Según reveló el periódico Reforma la semana pasada, las acusaciones que prepara la Fiscalía contra el primer mandatario durante el sexenio 2012 2018 tienen su origen en el caso Odebrecht, el nombre de la empresa brasileña que pagó sobornos a mandatarios de toda América Latina para conseguir contratos. En el caso de México el propio dueño de la constructora trasnacional declaró que en México el receptor del dinero fue Emilio Lozoya, posterior director de Pemex, quien destino las enromes sumas a la campaña presidencial del priista que entonces gobernaba el estado de México.

Aunque se desconocen los tiempos en que la FGR pudiera presentar una acusación formal contra Peña Nieto, las personas más cercanas a él ya se encuentran bajo jurisdicción de la Fiscalía excepto Luis Videgaray, exiliado en Estados Unidos.

La prensa internacional ha señalado que los procesos contra los actos de corrupción que se le atribuyen han sido sobre todo el enjuiciamiento del periodo presidencia de Peña Nieto y del propio partido que lo llevó al poder y que en la pasada elección vio notablemente reducida su presencia electoral por el masivo rechazo de la población.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) enfrenta un rezago de más de 100 expedientes de auditorías no aplicadas desde el 2010 a la fecha.

De acuerdo con la encargada de despacho de la ESAF, América López Rodríguez, de octubre del 2019 a la fecha, cuando asumió el cargo, ha logrado resolver cerca de 93 expedientes e iniciado procedimientos jurídicos para el deslinde de responsabilidades.

Sin embargo, admitió que muchos de los casos ya prescribieron,  es decir, que aunque se hayan resuelto las auditorías no se pudo actuar en contra de quienes fueron autoridades municipales o estatales aunque se hayan detectado irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.

"Estamos iniciando procedimientos de sanciones, averiguaciones y obviamente en algunos casos ya son procedimientos muy muy viejos y que definitivamente ya prescribieron", refirió.
López Rodríguez aseguró que este trabajo tuvo que realizarlo  a pesar de que no se llevó a cabo un proceso de entrega recepción cuando llegó al cargo, derivado de los conflictos políticos que entonces existían entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado.

Finalmente, indicó que ya se prepara para la entrega-recepción que deberá realizar, una vez que el Congreso del estado designe al auditor general de la ESAF, proceso en el que participa para tratar de ser ratificada en el cargo.

El recurso es aplicable ante cualquier orden de aprehensión.

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, promovió un nuevo juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión, a unas horas de que se realice la audiencia de formulación de imputación a la cual fue citado en calidad de acusado.

De acuerdo con el expediente 1014/2020, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, el alcalde solicitó la medida cautelar, ante el temor de que pudiera ser privado de su libertad por parte de elementos de la Policía de Investigación Criminal, como consecuencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El juez de distrito otorgó la suspensión previsional, condicionada al depósito de una garantía económica de cinco mil pesos, en caso de que exista una orden de aprehensión por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional.

En caso de que exista orden privativa de la libertad por delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional federal estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Según confirmó la FECC, el alcalde Villalobos Adán, junto con el subsecretario de Protección Civil Municipal, Gonzalo Barquín Granados, fueron emplazados como indiciados a la audiencia de formulación de imputación este 11 noviembre a las 8:00 horas, que se realizara en la Ciudad Judicial, contigua al penal de Atlacholoaya.

La audiencia de formulación de imputación se deriva de una investigación iniciada por una denuncia promovida por un empresario, que acusó que personal del ayuntamiento, presuntamente por orden el edil, le exigió 200 mil pesos para evitar la clausura del autocinema instalado en la avenida San Diego de Cuernavaca.

A PROCESO PENAL REGIDOR DE TEMIXCO

El regidor de Temixco Salvador Vargas Cabrera y cinco personas más fueron vinculadas a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público y el juez concedió dos meses de plazo para el cierre de la investigación.

El concejal fue acusado por la FECC como la persona que presuntamente autorizó la contratación de cinco personas en los meses de enero y marzo del 2019, las cuales nunca se presentaron a trabajar pero sí cobraron un sueldo como trabajadoras del ayuntamiento.

El regidor y las coacusadas enfrentarán su proceso en libertad, bajo las medidas cautelares fijada por el juez.  

Un regidor y el Oficial Mayor son señalados por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó ante una juez de control a un regidor y al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Temixco por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, al haber contratado al menos cinco “aviadores”.

La fiscalía dio a conocer que el regidor Salvador Solano Díaz,  y el Oficial Mayor -identificado como Ruperto “N”- en enero y marzo de 2019, autorizaron la contratación de Daniela Jafet “N” como auxiliar administrativo “C”; de Janet “N”, como auxiliar administrativo especializado “B”; de María Cristina “N”, como auxiliar especializado “B”; de Daniela “N”, como auxiliar administrativo “C”; y de América “N”, como auxiliar administrativo “C”.

Detalló que, de acuerdo con los datos de prueba reunidos, ninguna de las mujeres contratadas se presentaba a laborar, pero sí cobraban sus sueldos como trabajadoras del ayuntamiento, razón por la que también fueron imputadas como autoras materiales del delito doloso.

Precisó que la investigación FECC/351/2019 se inició a partir de la denuncia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Temixco, por la presunta contratación de “aviadores”, autorizada por ambos servidores públicos en funciones.

A solicitud de la agente del Ministerio Público, la jueza impuso como medida cautelar a los imputados, la firma periódica bimestral ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en tanto, otorgó a la defensa 144 horas para la próxima audiencia.

La figura de encargado de despacho es limitada en facultades: señala Ariadna Barrera.

Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, admitió que es urgente que el Congreso del estado designe a un auditor general, después de casi dos años de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha estado bajo el mando de un encargado de despacho.

La legisladora morenista afirmó que la actual encargada de despacho de la ESAF, América López Rodríguez, no está facultada para realizar auditorías a las instituciones que ejercen recursos públicos y existe el riesgo que todo su trabajo quede sin efectos.

"La ley es muy clara, un encargado despacho no tiene todas las facultades, tiene que estar ratificado en el Pleno como auditor. Por eso nos vimos en la urgencia de emitir una convocatoria para el nombramiento de auditor y darle legalidad a este instituto para que tenga todas las facultades", manifestó.

Barrera Vázquez informó que este viernes la Comisión Instructora (encargada del procedimiento de designación del auditor general) emitirá un dictamen para que sea votado en la sesión ordinaria de la próxima semana y se concrete el nombramiento.

En octubre del año pasado López Rodríguez recibió su nombramiento como encargada de despacho, al igual que los encargados de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal, Lenin Gómez Saldaña; Anahí Coral Castillo Martínez en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; Uriel Estrada Jaime en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; y Olivia Georgina Bobadilla Miranda en el Consejo de Vigilancia.
Lo anterior, después de que una mayoría de legisladores determinó remover a Uriel González Sotelo, que como titular de la Auditoría Especial de la Hacienda Estatal suplió a Vicente Loredo Méndez cuando éste renunció al cargo de auditor general, en noviembre del 2018.

Al ex secretario de Turismo se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, por un daño millonario a la hacienda estatal.

Una juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra el ex diputado y ex secretario de Turismo Jaime Álvarez Cisneros, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público por un daño millonario a la hacienda estatal.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó ante el juez indicios sobre la probable implicación del ex funcionario en un hecho ilícito, por haber autorizado el pago de 12 millones de pesos del presupuesto estatal para la realización del concierto de Emmanuel y Mijares como parte de su gira “Tour Amigos”, en la Arena Teques el 17 de Mayo de 2014, trascurridos apenas dos años de la administración del otrora gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu. 

De acuerdo con el agente del Ministerio Público de la FECC, el ex secretario de Turismo habría aprobado el pago millonario a tres empresas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas.

Una de las pruebas aportadas para llevar a proceso penal a Álvarez Cisneros fue el testimonio del representante de los cantantes, quien aseguró que el costo por concierto, incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de Morelos, donde sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Además del sobreprecio, otro de los indicios contra el ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano fue que al parecer autorizó el pago de millones de pesos para realizar el concierto antes de que la contratación fuese aprobada por el Comité Técnico de Adquisiciones.

La jueza de control otorgó dos meses de plazo para el cierre de la investigación y mantuvo las medidas cautelares fijadas al ex funcionario imputado, como el impedimento para salir del país y la prohibición de acercarse a la Secretaría de Turismo.

Reconoce diputada incertidumbre jurídica en el nombramiento de América López Rodríguez.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, admitió que  "preocupa y ocupa" a los legisladores la investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en contra de la encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, ante la incertidumbre jurídica sobre su nombramiento.

En entrevista, la diputada admitió que existe incertidumbre sobre la legalidad de los actos que ha llevado a cabo López Rodríguez como encargada de despacho, cuando el cargo señalado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas es el de auditor general de la ESAF.

No obstante, sostuvo que la investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) estuvo motivada por una revisión que inició la ESAF en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Habría que revisar el tema y evitar que se trate de generar un contexto fuera del tema y que se convierta en un tema de perseguidos, porque tal pareciera que se ve así, un tema de perseguidos, consecuencia de una revisión", manifestó.
Para la legisladora panista el asunto se ha politizado y por ello, se ha buscado cualquier vía jurídica para impedir que la ESAF realice su trabajo.

Ante ello, Morales Sandoval dijo que es urgente que el Congreso del estado concrete el nombramiento del titular de la ESAF y dar certeza jurídica al trabajo de órgano, pues incluso las cuatro Auditorías especiales de la Hacienda Pública Estatal, la Municipal y las de Organismos Públicos "A" y "B", están representadas por encargados de despacho y no por titulares.

Al exsecretario de Turismo le señalan el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por haber pagado el doble del costo real de un concierto realizado en la Arena Teques en 2014.

El ex diputado por Movimiento Ciudadano y ex secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, fue imputado ante un juez por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por haber pagado el doble del costo real un concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares realizado en la Arena Teques en mayo de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), presentó ante el juez más de 20 indicios de la probable responsabilidad del ex funcionario graquista, quien presuntamente, de manera irregular, autorizó un pago de más de 12 millones de pesos para del concierto “Tour Amigos”.

Una de las pruebas aportadas en la audiencia de formulación de imputación fue el testimonio del representante de los cantantes, quien aseguró que el costo por concierto, incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de Morelos, donde sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Además, el ex secretario de Turismo presuntamente también aprobó un pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas con un sobreprecio, ya que en otros estados el mismo espectáculo ofrecido en la Arena Teques tuvo un costo cuatro veces menor (2.4 millones aproximadamente).

La juez de control fijó como medidas cautelares a Álvarez Cisneros la prohibición de salir del país y de acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto transcurren las 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La FECC mantiene abiertas otras indagatorias que implican a Jaime Álvarez Cisneros por daño a la hacienda estatal e irregularidades en la realización de los conciertos de música electrónica “Vaivén” y del cantante británico Sting.

De acuerdo con las denuncias del Gobierno de Morelos, mientras el cantante británico cobró 700 mil dólares por su participación en 2011 en el festival Viña del Mar, en Chile, para su concierto en tierra morelense, en octubre de 2015, cobró 3.2 millones de dólares, casi cinco veces más.

Además, la empresa Diageo, importadora de una marca de whisky, dio 600 mil dólares en efectivo para la realización de concierto de Sting, pero nada de este recurso fue ingresado al presupuesto estatal, porque todo se habría operado a través de la empresa “fachada” de nombre Magnos Comercialización, representada por una joven empresaria identificada como Mayne Salayandía Jiménez, y la cual actualmente ya no opera.

Los conciertos de música electrónica “Vaivén”, también fueron organizados a través de la empresa Magnos Comercialización, a la cual se le habrían dado 350 millones de pesos del erario morelense por contratos de “cultura”.

De la acusación de acoso contra regidor, su partido lo deberá resolver.

Zona sur.- El tesorero de Tlaltizapán, Germán “N”, a quien se le sigue un proceso por violencia familiar, se mantendrá en el cargo hasta que una sentencia lo determine culpable o inocente, señaló el secretario municipal de ese ayuntamiento, Leobardo Guzmán Gutiérrez, mientras que en el caso de un regidor que fue denunciado por acoso, su partido se deberá encargar de él, consideró.

“La cuestión del tesorero está en manos de la fiscalía, en donde se determinará si sucedieron o no sucedieron los hechos, y tendrá que haber una sanción. De acuerdo con esa sanción, la presidencia tendrá que tomar la decisión de si continúa el tesorero o no continúa, pero primero deberá deslindar la responsabilidad que tuvo él en este caso, para que el ayuntamiento no caiga en una situación de mover a una persona… esa fue una situación extraordinaria fuera del ayuntamiento, que a nosotros nos impacta, pero hasta que la autoridad diga si fue culpable, entonces se tomarán cartas sobre el asunto”, explicó el funcionario.

El tesorero fue denunciado penalmente a finales de agosto de este año y continúa el procedimiento, tras ser vinculado a proceso.

Sobre el caso de la exdirectora de recursos humanos, que renunció al cargo al sentirse acosada por el regidor Félix Bahena Ríos, a quien denunció penalmente, el secretario aclaró que ese no es asunto del ayuntamiento, sino del partido del concejal, Movimiento Ciudadano.

“El regidor trabaja dentro del ayuntamiento, pero no es del grupo que llevó al poder al presidente municipal; él es del partido Movimiento Ciudadano,  entonces, ese partido debe tomar nota de esto y definir sobre su regidor. “Sí nos pega, porque es trabajador del ayuntamiento, pero no depende del grupo del presidente, sino de Movimiento Ciudadano, que tendrá que resolver”.

Interrogado acerca de la presión que ha recibido el gobierno para tomar decisiones sobre estos casos, el secretario respondió que primero tendrá que resolverse si estos asuntos son verdad o mentira, porque a veces las cosas son “un poquito engañosas”.

Dijo que en el caso de la ex directora de recursos humanos no le avisó primero a la autoridad, sino que hizo la denuncia de manera directa.

“Son infundios que fueron o no fueron, y la autoridad deberá resolverlos”.

Dicha instancia adelanta que volverá a imputar ante un juez al exalcalde de Jiutepec.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) advirtió que volverá a imputar ante un juez al ex presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, quien presumió en redes sociales su “absolución” de los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público.

A través de su cuenta de Facebook, Agüero Tovar difundió de manera parcial el documento de la notificación del falló de la Sala del Circuito Judicial Único en materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el pasado 14 de febrero por un juez de control dentro de la causa penal JC/1596/2019.

De acuerdo con el ex alcalde, la sala declaró infundados los argumentos expuestos por la fiscalía anticorrupción y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Jiutepec, que acusaron a Agüero Tovar de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

Posteriormente, la FECC emitió un comunicado en el que rechazó que el polémico ex edil esté absuelto y adelantó que la fiscalía volverá a formularle imputación.

“La fiscalía anticorrupción volverá a imputar a José Manuel “N” ex presidente municipal de Jiutepec, por peculado y enriquecimiento ilícito, ya que no está absuelto de estos delitos.

“Debido a que se han realizado más actos de investigación que fortalecen la teoría del caso, la Fiscalía Anticorrupción volverá a imputarlo por la presunta distracción del dinero recaudado del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019”, explicó al señalar que “el próximo primero de septiembre, la fiscalía anticorrupción imputará de nueva cuenta al ex edil, en tanto, se siguen varias investigaciones en su contra”.

Recordó que Agüero Tovar enfrenta otro proceso penal, por el presunto delito de ejercicio abusivo de la función pública, por haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio, ubicado en la en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, para utilizarlo como corralón municipal.

De acuerdo con la fiscalía, durante todo su trienio (2016-2018) mantuvo el arrendamiento del inmueble que era propiedad de su familia por un monto aproximado de 58 mil pesos mensuales, pese a la evidente existencia de un conflicto de intereses.

Un individuo fue privado de su libertad en la colonia El Calvario de Zapata; durante el hecho, los delincuentes realizaron al menos 50 disparos al aire para intimidar a los testigos.

Emiliano Zapata.- Varios individuos realizaron al menos 50 disparos al aire para intimidar a quienes se percataron de que privaron de su libertad a un hombre, en la colonia El Calvario de este municipio, al mediodía del martes.

De acuerdo con información policial, fue alrededor de las 12:10 horas de ayer cuando un hombre era seguido por varias personas que viajaban en dos vehículos, sobre la Calzada de Guadalupe.

El perseguido pedía auxilio a gritos. Ello provocó que algunos vecinos de la zona salieran de sus casas para ver qué estaba sucediendo.

Al percatarse de que varias personas veían lo que ocurría, el grupo armado disparó decenas de veces al aire para intimidar a los testigos.

Momentos después, los responsables obligaron a la víctima a subirse a una camioneta de color gris, la cual era custodiada por un vehículo de color azul.

En seguida, algunas llamadas telefónicas comenzaron a registrarse en el número de emergencias 911.

Unos minutos más tarde arribaron agentes de la Policía Morelos, pero únicamente encontraron decenas de casquillos de calibre .223 percutidos.

La zona fue resguardada por los uniformados hasta que arribó el personal de la Fiscalía Regional Metropolitana para recoger la única evidencia que dejaron los sujetos.

Hasta el cierre de esta edición, el individuo aún no había sido localizado.

Se integra una carpeta de investigación por una denuncia de un particular, señala el titular de la Fiscalía Anticorrupción.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, afirmó que el edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y otros funcionarios implicados en una investigación abierta, todavía no son indiciados y en este momento solo se integra una carpeta de investigación iniciada con motivo de una denuncia de un particular.

Aclaró que el aseguramiento de documentos y equipos de cómputo en las oficinas de la comuna capitalina la tarde del lunes fue con base en una orden de cateo autorizada por un juez, luego de que la semana anterior el ayuntamiento rechazó la entrega de información a la vicefiscal de la FECC, Guadalupe Flores Servín.

Sostuvo que lo asegurado durante el cateo del martes, está bajo resguardo en el cuarto de evidencias de la fiscalía y aseguró que no hay forma de que se sustraiga o filtre información ahí contenida.

El fiscal rechazó confirmar si la investigación en integración es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, como ha trascendido en los medios de comunicación, pero ratificó que la indagatoria surgió a partir de un particular, que implica en presuntos actos de corrupción a más de cinco funcionarios del ayuntamiento capitalino.  

También afirmó que en este momento el edil no está en calidad de indiciado y que en todo momento se respetará su derecho a la presunción de inocencia.

“No puedo dar información del caso, pero te puedo decir que no es señalado en este momento, no lo tenemos, como se ha dicho, con una orden de aprehensión o ya como culpable. Hay una presunción de inocencia que respetamos”, dijo.

Lamentó la resistencia manifestada durante el cateo por la contralora municipal, Clara Soto Castor, cuya postura fue contraria a su función y de coadyuvar con las demás autoridades

Insistió en que la persona que denunció presuntos actos de corrupción en la comuna capitalina, cuya identidad reservó, presentó datos de prueba que se están verificando y es por eso que se llevó a cabo la diligencia en el Ayuntamiento de Cuernavaca.

La diligencia fue ejecutada por orden de un juez, por una denuncia contra el presidente municipal.

La tarde de este lunes personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) junto con elementos de la Guardia Nacional acudió al Ayuntamiento de Cuernavaca a ejecutar una diligencia judicial para intervenir la nómina municipal.

La orden la concedió un juez la tarde de ayer, por lo que personal de la Fiscalía acompañados de elementos de la Guardia Nacional acudieron a las oficinas de la Tesorería para llevarse toda la documentación concerniente a la nómina.

De acuerdo a información recabada por La Unión de Morelos, además de la Tesorería también  fueron abiertas, con ayuda de un cerrajero,

las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales y también de la Contraloría.

La investigación está relacionada con la denuncia número 145/2020 presentada el pasado 28 de marzo en la que acusan al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de presunto enriquecimiento ilícito.

Cabe señalar que el viernes pasado personal de la FECC acudió a la sede municipal para pedir que entregaran la documentación concerniente a la nómina pero dicha información fue negada, motivo por el cual tuvieron que requerir la orden de un juez local para ejecutar la diligencia.

La secretaria de la Contraloría del ayuntamiento capitalino, Clara Soto Castor, calificó el hecho como un abuso y responsabilizó a la FECC de la documentación que fue sustraída de esa dependencia, pues denunció que se llevaron las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos municipales y otros documentos sin que le permitieran conocer con exactitud qué era lo que se llevaban.

Respecto a la intervención de la Fiscalía realizada el viernes pasado, Villalobos Adán acusó a esa institución de violar el debido proceso al realizar las investigaciones con exceso de fuerza pública.

El edil acusó a ex trabajadores de la comuna de haber presentado denuncias anónimas que dejaron como resultado el inicio de una indagatoria en contra suya y de otros de sus colaboradores y manifestó que está abierto a que se le investigue, pues aseguró que no hay motivo para tales acusaciones.

Sin embargo, consideró un abuso que llegarán al menos 30 elementos armados a  llevar a cabo la diligencia.

Manifestó que existen inconsistencias y excesos al investigarlo por presunto incremento injustificado de su patrimonio y afirmó que hasta ayer por la mañana no había sido notificado de dicho proceso.

“Fue desproporcionada e innecesaria la forma como llegan 30 elementos con armas largas al interior de nuestras oficinas, ostentando el uso de la fuerza solo para buscar un documento que a la fecha no se cuál es”, señaló el edil en entrevista.

Villalobos Adán reiteró que con esas acciones no sólo se violó el debido proceso, sino que además se viola el principio de presunción de la inocencia.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, robo de vehículos, narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la creación de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), que fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, el robo de vehículos y narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Al publicarse el acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedó instaurada la FIDAI que dirigirá la fiscal antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, cuya designación fue adelantada por el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, el pasado 24 de junio durante un acto oficial, aun cuando el acuerdo establece que, posterior a la creación de la nueva fiscalía, tendrá 45 días para hacer el nombramiento.  

La súper fiscalía fue definida en el acuerdo como la “unidad administrativa de investigación élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.

A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional  y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General.

Con la creación de la nueva fiscalía, fue derogado el Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delegaba a los titulares de las Fiscalías Regionales y Especializadas, la facultad para realizar requerimientos a los concesionarios de telecomunicaciones, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática.

Lo anterior, debido a que estás facultades serán exclusivas de la nueva fiscal, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, los titulares y agentes del Ministerio Público de cada una de las fiscalías y unidades adscritas a la FIDAI deberán de cumplir con la normatividad local y federal, conforme al ámbito de su competencia de investigación.

También se adicionó el nivel 102-A al Tabulador de Sueldos, fijado en el  Acuerdo 05/2019 del Fiscal General del Estado de Morelos publicado el 10 de abril de 2019 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para incluir al Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto como categoría única y la percepción mensual que determine la Coordinación General de Administración con base en la suficiencia presupuestal.

Consejo Ciudadano de Seguridad exige indagar irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal.

El Consejo Ciudadano de Seguridad pidió a los Poderes del Estado implementar las acciones necesarias para investigar las irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal, que permiten que los presuntos criminales evadan la ley, luego de que públicamente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que al menos 11 jueces están bajo sospecha por la liberación de al menos 64 presuntos secuestradores en 2019.

El presidente del consejo ciudadano, Rafael Rueda Moncalián, señaló que desde la última sesión del Consejo Estatal de Seguridad se planteó la necesidad de revisar varios casos de imputados que obtienen sulibertad, “porque la misma ciudadanía nos ha comentado en donde varios de los personajes que han sido asesinados, resulta que la mayoría tenía antecedentes penales, y chistosamente  se encontraban en la calle, como el caso que tuvimos en Plaza Bugambilias (un hombre asesinado el 27 de septiembre de 2019), un caso muy sonado, una persona con droga y armas de fuego (detenido) y al mes ya estaba en la calle”.

“Esto si puso el llamado, en donde los autoridades, nosotros como ciudadanía y como Consejo pedimos que se esclarezca dónde está mal, quién esta mal, ¿la Comisión Estatal de Seguridad, la cadena de custodia, la investigación que hizo la fiscalía o qué juez dictaminó que la persona no era culpable?.

“Y algo que es muy interesantes saber, que es lo más chistoso y hay una semejanza, que varios de los grupos de abogados son al parecer los mismos que tienen este  tipo de problemas, son los que  han  tenido la gracia de decir, de sacar libre a tanta gente”.

Indicó que todas las variables e intervinientes en el sistema de justicia penal tienen que ser revisados para saber qué está sucediendo, donde están las anomalías o fallas, y tomar las medidas necesarias para evitar que delincuentes sigan libres.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad informó que el 2019 cerró con una incidencia delictiva ligeramente a la baja, pero se registró un aumento significativo en los delitos de alto impacto y muy particularmente  en la extorsión.

De acuerdo con el recuento estadístico realizado por el órgano ciudadano, el año pasado concluyó con una incidencia de 43 mil 191 delitos,  que significó un descenso de 3.9 por ciento con respecto al 2018, que cerró con 44 mil 936 ilícitos denunciados.

Sin embargo, los delitos considerados de alto impacto registraron una alza significativa entre 2018 y 2019. Mientras en 2018 se reportaron 693 homicidios dolosos, el 2019 cerró con 911 casos, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego. El aumento significó una diferencia de 31.5%. y ubicó a la entidad en el sexto lugar de la incidencia de este delito.

Las estadísticas oficiales indicaron que particularmente el delito de extorsión se disparó 666.7%, pues mientras en el 2018 se denunciaron 24 casos, el 2019 cerró con 184 casos. El feminicidio aumentó un 39.8% con 11 casos más que en el 2018, y el secuestro subió 56.5% al pasar de 46 casos en 2018 a 72 casos denunciados 2019, lo que ubicó a Morelos en el primer lugar en el ranking nacional en la incidencia de este ilícito por número de habitantes.

También aumentó el robo a negocio, al registrarse mil 827 casos en 2019, 24.1% más que en 2018; la violencia familiar aumentó 3.6%; y el narcomenudeo aumentó 21.8%.

Detalló que los delitos que tuvieron baja en su incidencia fueron robo a vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transportistas, así como robo de motocicletas y violación.

Fiscalía podrá solicitar la información financiera necesaria relativa al presunto desvío de recursos imputado a la exdiputada.

Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.