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Concesionarios acudieron al Congreso para solicitar que se modifiquen la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Transporte; también quieren que se extienda el periodo de vida útil de sus vehículos.

Transportistas de distintas agrupaciones del estado solicitaron a los diputados locales la reducción del costo por multas que se aplican al transporte público, que pueden alcanzar montos de hasta 16 mil pesos. Además, pidieron aumentar el periodo que deben operar las unidades del servicio público antes de considerarse "chatarra".
Líderes de agrupaciones como la Federación Estatal del Transporte, Transportistas en Acción por Morelos, la Federación de Transportistas del Estado, entre otras, acudieron ayer al Congreso del estado para solicitar a los legisladores que se reformen la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Transporte, a fin de reducir el monto de las multas que les aplican por diversas faltas, y que se aumente el periodo de uso de un vehículo que presta servicio público.
Los transportistas se reunieron con las diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa y Ariadna Barrera Vázquez, pues se quejaron de la falta de atención del diputado José Casas González, quien es presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación.
"Es aquí donde se legisla, donde se tienen que hacer las modificaciones, las cuales consideramos deben ser infracciones adecuadas a los ingresos del operador. Estamos pagando en algunos casos de 16 mil pesos, que quedan fuera de la capacidad del operador", explicó José Antonio Arizmendi Quintana, presidente de la Federación de Transportistas de Jiutepec.
El líder transportista dijo que la pasada legislatura engañó al sector, al haber reformado la Ley de Transporte del estado para aumentar de 10 a 15 años el período que deben prestar servicio los vehículos, pero no cumplieron con su entrada en vigor mediante la publicación del decreto en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

A pesar de que se había aprobado en el pleno del Congreso local el paquete presupuestal solicitado por el gobierno estatal, fue hasta el pasado 7 de marzo por la noche cuando se entregó al Poder Ejecutivo y eso, a juicio del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, debe mejorar sustancialmente la actividad oficial.

Recordó que para formalizar el presupuesto aún debe ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno estatal, sin embargo, es un paso muy importante para que se puedan tomar decisiones en función de la aplicación de recursos a través de las distintas actividades inherentes al quehacer público.

El sector privado, abundó, tiene fundadas esperanzas en que vía los programas de gobierno, se abran oportunidades también para los empresarios, porque la economía no puede detenerse y menos cuando es urgente promover inversiones y empleo.

Mátar Vargas aplaudió que en aspectos como la prevención del delito y la persecución del mismo, por fin se observen pasos más contundentes, pues con el reforzamiento de cerca de 200 elementos de la policía federal y del Ejército, se contará con mayor posibilidad de reducir los graves niveles de delincuencia.

Pero recordó que ya prácticamente se le ha puesto fecha para que se aplique el modelo de la Guardia Nacional, que será la prueba de fuego, para ver si es la solución a este grave problema que vive Morelos y el país.

Y en el mismo contexto, se dijo satisfecho de que por fin el Poder Legislativo actuará con mayor prontitud, dando su aval a este modelo de estrategia contra el crimen, impulsado desde la presidencia de la república.

En concreto, abundó, como que se comienzan a ver señales de acuerdos entre los poderes públicos locales y eso genera algo de tranquilidad; la confrontación no es el mejor camino para resolver nuestras diferencias y lo que se venía apreciando era un desajuste de grupos y fuerzas políticas.

Las mujeres son un factor fundamental para el progreso del estado, tanto en el sector social, político y económico: Guadalupe Isela Chávez Cardoso.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo participó en la sesión solemne de la LIV Legislatura local, donde se entregó la presea "Xochiquetzalli" a Guadalupe Isela Chávez Cardoso en el marco del Día Internacional de la Mujer.
El mandatario estatal acudió al salón de plenos del recinto legislativo, en compañía del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, e integrantes del gabinete estatal.
Durante su mensaje, Guadalupe Isela expresó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo estatal serán los principales aliados en la implementación de políticas públicas a favor del desarrollo integral de las mujeres, así como en las estrategias para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género.
La ganadora de la presea, quien además preside la asociación civil "Mujer nunca permitas", coincidió con el gobernador, al asegurar que las mujeres son un factor fundamental para el progreso del estado, tanto en el sector social, político y económico.
Expresó que una vida plena y libre de violencia es posible con la participación social y no dejar la tarea únicamente a las autoridades.
La presea Xochiquetzalli se otorga, por medio de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Morelos, a la persona que destaca por su trabajo a favor de las mujeres y la equidad de género.
Desde el inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco se fortalecen políticas públicas para garantizar la igualdad de derechos y mayores oportunidades para las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad el dictamen de creación de la denominada Guardia Nacional, propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión ordinaria realizada anoche, con 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores locales aprobaron la minuta de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México para la creación de la Guardia.

“Por unanimidad ha salido hoy con los diputados y diputadas asistentes. De alguna manera, es un tema que ya nosotros traíamos a través de todo lo que se ha venido dando en medios nacionales, a través de lo que se hizo en el Congreso de la Unión, que de manera unánime fue aprobado este tema; por supuesto, la iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Morelos no podía quedarse atrás, no podía de alguna manera no ir a favor de esta situación”, dijo Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente del Congreso de Morelos.

La minuta fue llevada a la sesión para ser votada como de urgente y obvia resolución, pues no se encontraba  inscrita en el orden del día.

Para el presidente del Congreso de Morelos, la Guardia Nacional propuesta por López Obrador logrará pacificar al país.

“Considero que -sobre todo- a poder pacificar, a poder -de alguna manera- generar una estrategia de manera conjunta. La presencia siempre del Ejército es importante y hoy la combinación que se hace a través de un mando civil, creo que es de alguna manera una propuesta que deja satisfechos a los diferentes integrantes de los diferentes congresos, de las legislaturas, también en el Congreso de la Unión, y creemos que esta estrategia, aunada a otras acciones, también de manera inmediata, puede bajar el clima de inseguridad que hoy vivimos en todo el país”, dijo Sotelo Martínez.

“Paco Moreno y Hortencia Figueroa nos dejaron en la calle, no nos pagaron los servicios contratados y afectaron a nuestras empresas y a sus empleados, por lo que todo ese dinero que se llevaron debe recuperarse por los actuales diputados”, señaló un grupo de proveedores del Congreso, que durante la pasada legislatura se quedaron sin cobrar.

”Los actuales ‘congresistas’ (sic) tienen que llevar a la justicia a esos bribones… también a Beatriz Vicera, porque ella también les ayudó a robarse el dinero”, señalaron.

Explicaron que pese a que puntualmente se proveyó de insumos al Poder Legislativo, durante el periodo en que Francisco Moreno Merino encabezaba el Congreso se dejó de pagar sin explicación y sus sucesoras en esa responsabilidad también eludieron cumplir los compromisos.

“Ellos son ricos ahora, pero fue a costa nuestra, ese dinero lo tienen que regresar”, agregaron, al tiempo que aceptaron que en la actual legislatura han sido atendidos y tienen esperanzas de cobrar, pero a destiempo, cuando ellos –explicaron- ya tuvieron que hacer frente a compromisos como el pago de salarios y de insumos.

Culparon reiteradamente a Moreno Merino y a Hortencia Figueroa Peralta de su situación y señalaron que lo menos que esperan es que se les finquen responsabilidades, pero sobre todo, se recupere el presupuesto.

La falta de acuerdos al interior del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría permitir la permanencia de la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz al frente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado. 
La coordinadora de la bancada de Morena, Keila Figueroa Evaristo, confirmó este martes que no había acuerdos entre los integrantes de su grupo para presentar una propuesta al Pleno para sustituir a Rodríguez Ruiz, luego de que perdió su derecho a dicha representación tras la salida de José Casas González del PT. 
A pesar de que dos de sus compañeros, Javier García Chávez y Ariadna Barrera Vázquez, buscan sustituirla en la coordinación de Morena para presidir la Junta Política y de Gobierno, Figueroa Evaristo dijo desconocer tales intenciones. 
Sin embargo, afirmó que podrían llegar a un acuerdo con la coordinadora del Partido del Trabajo y otras fuerzas políticas para que Tania Valentina Rodríguez Ruiz permanezca en la presidencia de la Junta Política, bajo el argumento de que en septiembre pasado obtuvo el voto de 14 legisladores para ocupar dicha representación, y la determinación de un sólo legislador, que es José Casas González, al renunciar al PT, no puede afectar dicha determinación. 
Lo anterior, a pesar que la Ley Orgánica del Congreso del Estado señala que el grupo parlamentario que presida la Junta Política y de Gobierno deberá estar integrado con al menos el 20 por ciento de los legisladores del Congreso de estado. 
El grupo parlamentario del PT actualmente cuenta con tres legisladores, por lo que Rodríguez Ruiz no cumpliría dicho requisito para presidir la Junta. 
Por su lado, la líder de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, sostuvo que los legisladores deben atender lo que marca la Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, no descartó que se anteponga un acuerdo político.

Antes del inicio del próximo ciclo escolar estarán reparados los planteles afectados por el sismo de septiembre del 2017: Cornejo Alatorre.

En medio de señalamientos de familiares de víctimas del delito por la falta de resultados y opacidad, la titular de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, Nadxieelii Carranco Lechuga, compareció ante diputados locales. 
“La razón para la cual fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas en el Estado no se ha cumplido, porque son pocas las respuestas que ha podido ofrecer a los familiares de las víctimas en el estado”, manifestó el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención Víctimas, tras haber escuchado el informe que rindió la comisionada estatal.
Carranco Lechuga sólo se defendió de las acusaciones que las víctimas del delito han hecho en su contra por la falta de resultados, y aseguró que si no se ha apoyado a todas las víctimas, es porque los jueces no logran ejecutar los casos o, también, porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no ha cumplido con su responsabilidad de tasar el daño ocasionado a las víctimas. 
Incluso, señaló que la falta de presupuesto ha limitado el actuar de la comisión que, aclaró, no es beneficencia pública. 
Sin embargo, familiares de víctimas que se encontraban en la comparecencia que se desarrolló en el Salón de Comisiones reaccionaron ante las declaraciones de la comisionada y exigieron resultados. 
"Entiendo que hoy no se le ha dado una respuesta exacta ni necesaria a las víctimas, hay cosas que nos toca entender a los servidores públicos y lo digo con mucho respeto, ha faltado mucho que hacer porque el intento no ha sido el suficiente”, sostuvo también el diputado Sotelo Martínez, al concluir la comparecencia que duró más de dos horas. 

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, garantizó que antes de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, estarán totalmente reparados los 360 planteles educativos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, pese a irregularidades cometidas por la administración que encabezó Graco Ramírez.
Durante su comparecencia ante los legisladores locales que integran la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, el funcionario confirmó que al inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo encontraron diversas anomalías administrativas que retrasaron la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas dañadas. Sin embargo, aseguró que se lograron resarcir dichas irregularidades.
Cornejo Alatorre garantizó a los legisladores que para el próximo ciclo escolar todos los estudiantes tendrán sus planteles listos para usar.
Por otro lado, informó que Morelos será "espejo" de la reforma educativa que se trabaja en el Congreso federal, con el fin de validar su efectividad, por lo que pidió el respaldo de los diputados para aprobarla.
Aseguró que dicha reforma no es punitiva, a diferencia de la que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se garantizará la protección de los derechos laborales de los maestros, así como una adecuada capacitación.
Habló también del problema financiero en los Colegios de Bachilleres de Morelos, sin embargo, dijo que se ha negociado con el gobierno federal para que el recorte de más de tres mil millones de pesos no afecte a los maestros.
No obstante, Víctor Nájera Medina, director del Cobaem, refirió que dicho recorte impactó en el presupuesto para el pago a jubilados y pensionados, pues el gobierno federal no contempló una partida, de ahí que el gobierno estatal deberá asumir dicho gasto, por arriba de 77 millones de pesos para más de 315 maestros en retiro.

Diputados tendrán que responder de manera particular por casos de nepotismo, señala el presidente de la Mesa Directiva.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que la nómina del Congreso del estado se incrementó de manera considerable durante los primeros cuatro meses de la LIV Legislatura. Sin embargo, aseguró que se trata de contrataciones temporales, con el fin de desahogar la carga de trabajo en comisiones.
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) sostuvo que aquellos diputados que mantengan en la nómina del Poder Legislativo a sus familiares deberán responder por sus actos, pues refirió que se trata de acciones y decisiones personales.
De acuerdo con información que dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" y que obtuvo a través de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso, el número de trabajadores del Congreso aumentó de 315 a 407 de septiembre a enero. Y dentro de la nómina los legisladores locales incluyeron a familiares directos. 
El presidente de la Mesa Directiva admitió que sí hubo un incremento, aunque no precisó el porcentaje. Refirió que se tomó la determinación de contratar los servicios profesionales de trabajadores de manera temporal para desahogar el trabajo en las comisiones, como es la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
"Se ha trabajado a marchas forzadas con algunas comisiones, como la de Trabajo y Previsión Social, como la de Hacienda, que han tenido un trabajo extenuante y acordamos por conferencia el que pudieran entrar personas a laborar únicamente de manera temporal, seguramente por eso es el impacto que se ve de la plantilla de los trabajadores", explicó Sotelo Martínez. 
No obstante, afirmó que en las próximas semanas se dejará de contar con dichos servicios. Además, adelantó que también se buscará reducir la nómina de los 20 legisladores, mediante un acuerdo político. 

El gobernador señala que el trabajo conjunto de la ciudadanía con las fuerzas estatales y federales permitirá mostrar al crimen organizado que “Morelos no se va a dejar”.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, llamó al Congreso local a aprobar la reforma constitucional para que de inmediato entre en operación la Guardia Nacional; también pidió a la ciudadanía colaborar para combatir la inseguridad a través de la denuncia.

En un mensaje dirigido a los morelenses la tarde de este lunes, el titular del Ejecutivo estatal pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador el envío de elementos de fuerzas federales, al reconocer que la delincuencia en la entidad ha alcanzado niveles preocupantes y "la inseguridad es peor de lo que imaginaba", por situaciones que se generaron desde hace varios años. “El abandono de las responsabilidades de gobierno, la corrupción y, hay que decirlo, la complicidad de las autoridades con el crimen han dado como resultado que nuestro estado sea blanco del crimen”.
“Los últimos acontecimientos han lastimado profundamente la estabilidad de muchas familias, que de manera legítima exigen resultados y justicia para las víctimas de la violencia…Siempre supe que en nuestro estado la situación en materia de seguridad era muy compleja, pero debo decir que la situación es peor de lo que imaginábamos. Se dejó de combatir al crimen; se fomentó la complicidad y la impunidad”. 
“Los morelenses no merecemos seguir viviendo así, haremos lo que tengamos que hacer”, sostuvo el gobernador, quien afirmó que “la seguridad es el tema más importante en la agenda de esta administración y en la vida de los morelenses”.

Pidió respetuosamente al Congreso local aprobar la iniciativa que ha mandado el Congreso federal para la aprobación de la Guardia Nacional, y que ésta entre en operación lo antes posible en la entidad.
Blanco Bravo también solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga los casos más graves relacionados con delitos de alto impacto, y ejecute en el ámbito de sus facultades las aprehensiones de peligrosos criminales que -“sin duda tienen”- y que se encuentran en Morelos.

De forma reiterada, el mandatario estatal convocó a la población a denunciar delitos como amenazas, extorsiones y secuestros. “Les pido que nos apoyen con la denuncia anónima que se convertirá en el arma de mayor poder con que podemos contar”.

“El trabajo conjunto de la ciudadanía, las fuerzas estatales, con las federales, permitirá mostrar al crimen que vamos en serio, que Morelos no se va a dejar y que queremos recuperar la tranquilidad. Si en el pasado los criminales contaron con la complacencia de las autoridades, con nosotros tendrán una respuesta contundente y eficaz: nadie por encima de la ley”, sostuvo. 

La diputada Sánchez Arano señala que los 20 millones asignados están lejos de los 60 que se otorgaron cuando se creó la ley respectiva.

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, Blanca Nieves Sánchez Arano, afirmó que los 20 millones de pesos que se asignaron en el Presupuesto de Egresos 2019 para la erradicación de cuotas escolares, serán insuficientes para atender a todas las escuelas primarias del estado.
En entrevista, la legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal) dijo que la insuficiencia de recursos financieros podría ocasionar más problemas que beneficios, ya que todos los padres de familia querrán que sus instituciones sean beneficiadas.
"Había un decreto que dio vida a la erradicación de cuotas y eran 60 millones y aún así tuvimos problemas para la erradicación, con 20 millones nos va a poner en un problema... Estaremos muy atentos a darle seguimientos y las puntualizaciones, porque si bien es cierto que decimos que es bueno que se dio la erradicación de cuotas, pero tendría que ser de manera más amplia y significativa para poder generar un buen resultado", agregó la diputada. 
Sánchez Arano refirió que se ha reunido con el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eleacín Salgado de la Paz, a fin de revisar el tema y que se busque la asignación adecuada de los 20 millones de pesos. 
Sostuvo que como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, vigilará el ejercicio adecuado del presupuesto para cuotas escolares para evitar que sucedan irregularidades, como las del programa de uniformes escolares que impulsó la pasada administración estatal. 

De acuerdo con el gobierno del estado, el costo total para que propietarios de vehículos cumplan con sus obligaciones legales en este 2019 será de poco más de 820 pesos; este pago incluye 600 pesos de refrendo anual, es decir el mismo monto de los últimos años y 200 pesos por las placas. No habrá un cobro adicional por el referido trámite. 

Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda del gobierno estatal, informó este viernes que hasta ese momento no había llegado al Poder Ejecutivo el paquete económico completo, ya que sólo fue entregada el jueves la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso local.

Comentó que en cuanto llegue el documento del presupuesto de egresos (que podría ser este mismo fin de semana), revisarán cada rubro para proceder a los ajustes correspondientes a lo que ya se ejerció. Y es que cabe recordar que en lo que va de este año se estuvo aplicando conforme a la norma el del 2018.

Apuntó que de manera extraoficial se sabe que la legislatura aprobó algunos conceptos etiquetados, como el de recursos para erradicación de cuotas escolares, entre otros, que seguramente no alcanzarían para atender esas necesidades.

Entrevistado al respecto, el responsable de las finanzas mencionó que habrá que esperar algunas indicaciones de programas federales que podrían complementar esos requerimientos.

En particular se refirió al de fondos dirigidos a rescate de universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tema que fue abordado por los legisladoras durante su reciente comparecencia ante el Poder Legislativo.

El secretario consideró importante conocer cuál será el recurso que enviará la Federación, antes de plantear escenarios como el de solicitudes de ampliación.

Ante la inquietud de la ciudadanía y cierta confusión respecto a los pagos que se deberán realizar por vehículos, Villarreal Gasca detalló que por refrendo anual se pagarán en números cerrados 600 pesos, como en años pasados, y por reemplacamiento 225, en total unos 825 pesos.

Añadió que en próximos días la Secretaría de Hacienda presentará ante la Fiscalía Anticorrupción alrededor de diez denuncias, por posibles irregularidades detectadas, pero mencionó que, en su momento se dará a conocer los detalles correspondientes.

Señala que los 50 millones asignados para 2019 no cubren las funciones que deben realizar este año.

Consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) solicitaría un aumento presupuestal al Poder Ejecutivo para este año, luego de que el Congreso del estado asignó alrededor de 50 millones de pesos para el órgano dentro del Paquete Económico 2019. 
La consejera presidenta del Impepac Ana Isabel León Trueba refirió que el Consejo Estatal Electoral realiza un análisis del presupuesto etiquetado por los legisladores, ya que este año el Impepac estará a cargo de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales (ayudantes y delegados), que se llevará a cabo a finales de este mes; y del proceso de validación del registro de nuevos partidos políticos, que se desarrollará durante todo el año. 
La consejera electoral explicó que tendrán que contratar personal que se encargará de revisar las asambleas públicas a desarrollar durante todo el año por las organizaciones que buscan su registro como partido político y en las que deberán reunir el mínimo de 0.26 por ciento del padrón electoral. 
León Trueba refirió que una vez más, tendrán que ajustarse como Impepac a un presupuesto inferior al que necesitaban, que era de aproximadamente 95 millones de pesos, aunque reiteró que analizan solicitar una ampliación presupuestal al Poder Ejecutivo. 
"Estamos haciendo el mayor esfuerzo para ajustarnos y si no podemos, tendremos que solicitar una ampliación", agregó. 

Gilberto Alcalá Pineda, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), informó este jueves que se redujo el presupuesto asignado al ramo, por lo que tendrán que revisar la aplicación de algunos programas y dar prioridad a los que operará la Federación.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que se tendrá que observar cuáles son las acciones más necesarias, en concordancia con los programas federales, en rubros tales como mujeres emprendedoras, adultos mayores, indígenas y migrantes, que son los sectores básicos.

De igual modo, Alcalá Pineda señaló que la reducción con respecto al año pasado fue de 15 millones de pesos. Y es que el Congreso local aprobó un monto de 55 millones de pesos, lo que significa una reducción, pues el año pasado se contó con un monto de 70 millones de pesos.

El secretario apuntó que no habrá programas diferentes a los que el gobierno de México va a poner en marcha, ya que los fondos serán insuficientes.

Apuntó que el monto es un dato preliminar pues aún no ha sido notificado oficialmente del presupuesto aprobado, pero dadas las circunstancias, analizarán qué estrategias se pondrán en marcha.

Se efectuarán hasta que se haga la revisión y de manera conjunta con la Federación.

“Nosotros tendremos que juntar los recursos, sumar esfuerzos y con lo que nos den vamos a trabajar, podemos hacer muchas cosas, pero debemos enfocarnos en las áreas más necesarias”, abundó.

Se analizará resistencia del deteriorado edificio antes de darle nuevo destino.

Tras haber estado abandonada por casi dos años, la antigua sede del Congreso del estado, que se ubica sobre la calle Matamoros del Centro de Cuernavaca, será entregada al Poder Ejecutivo para su rehabilitación y uso. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la próxima semana firmarán un convenio con el Ejecutivo para que el inmueble vuelva a ser propiedad del gobierno del estado y se le pueda dar un uso en beneficio de la sociedad.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) informó que el edificio actualmente se encuentra resguardado por elementos de seguridad, ya que estaba vulnerable a una posible rapiña.

Sotelo Martínez admitió que por casi dos años la antigua sede legislativa estuvo abandonada, luego de los daños estructurales que sufrió a causa del sismo del 19 de septiembre del 2017.

El presidente de la Mesa Directiva explicó que el convenio se hará a través de la Secretaría de Administración estatal, aunque dijo desconocer el uso que se le dará al inmueble.

De acuerdo con la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, el viejo Congreso podría convertirse en un centro cultural o podría servir como oficinas del gobierno del estado, una vez que la Coordinación de Protección Civil determine los daños reales del edificio. 

El secretario de Gobierno compareció ante diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, confirmó que Cuernavaca y Cuautla son los municipios más violentos del estado. Sin embargo, reiteró que trabajan en concretar el Mando Coordinado con los 36 municipios. 

El encargado de la política interna fue el primero en comparecer ante el Congreso del estado, de todos los integrantes del gabinete de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Al presentarse ante los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y la de Gobernación y Gran Jurado, Ojeda Cárdenas admitió que aún no han podido concretar el Mando Coordinado con los 36 municipios, pues solo 28 han firmado el convenio. 

No obstante, aseguró que se buscará la forma de trabajar con todos los gobiernos municipales, incluido Cuernavaca, sin tratar de imponer ninguna determinación. 

Al ser cuestionado por la violencia de género y la falta de cumplimiento en la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, el secretario informó que en lo que va del año, se han registrado 44 homicidios de mujeres, de los cuales 11 fueron tipificados por la Fiscalía General del estado como feminicidios. 

Reconoció que hace falta mucho para reducir la violencia de género, pero sostuvo que se debe a las malas estrategias emprendidas por el gobierno que encabezó Graco Ramírez. 

Al inicio de su comparecencia, Ojeda Cárdenas también expuso que uno de los primeros retos del actual gobierno fue concretar la creación de los municipios de origen indígena, sin embargo, aseguró que en marzo estarán listos los convenios que regularicen la situación económica y territorial de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan. 

A punto de finalizar la comparecencia ante los legisladores, el secretario habló de la oposición social que existe por el proyecto de la termoeléctrica, y aseguró que si se confirma que causará daño al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos, el gobierno estatal será el primero en pedir su cancelación. 

Más que oposición, los legisladores manifestaron su respaldo al encargado de la política interna, a quien despidieron con "Las Mañanitas" y un pastel, pues ayer cumplió años. 

“No descansaremos hasta que se haga justicia y esos ladrones devuelvan el dinero que desviaron y que tanta falta hace hoy”, señalaron trabajadores del Congreso del estado sobre Hortencia Figueroa Peralta y Francisco Moreno Merino, quienes presidieron el Poder Legislativo y entregaron un faltante por al menos 150 millones de pesos.

“Vean ustedes en qué fecha estamos y el Congreso ni siquiera tiene seguro su presupuesto, mientras hace falta todo para operar. Los diputados se quejan de que no pueden hacer su trabajo, pero nosotros ni siquiera recibimos lo que nos corresponde, porque no hay dinero, ellos (los ex diputados mencionados) se lo llevaron todo”, agregaron.

Molestos por las limitaciones económicas impuestas en el Congreso, que incluye carecer de oficinas y equipamiento adecuado, los trabajadores dijeron a La Unión de Morelos que “Moreno Merino fue el que empezó con la robadera, luego la siguió Beatriz Vicera y Hortencia se sumó para llevarse todo lo que pudo, mientras nosotros tuvimos problemas no sólo para cobrar nuestras prestaciones, sino incluso nuestros salarios”.

Agregaron que esperan con esperanza la auditoría que se va a practicar al año 2018, “pues allí saldrá toda la robadera que cometió Figueroa (Peralta)… pero que no se les olvide el misógino, ése que puso el ejemplo de robar y que junto con sus compañeras merece el mayor de los castigos”.

Los declarantes aseguran, que a través de sus representantes, buscarán que todas las acciones que perjudicaron al gremio sean sancionadas conforme a la ley y que “no descansarán” hasta que los ex diputados “regresen los millones que se llevaron”.

Luego de la contingencia permanente que vive el Congreso por la falta de recursos, trabajadores del Poder Legislativo pidieron a los actuales directivos del mismo que se obligue a los ex diputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, devolver el dinero que desfalcaron mientras encabezaron a los diputados locales.

“No es justo que se tenga que pedir dinero prestado para pagar los aguinaldos 2018 si ya estaban presupuestados”, señalaron algunos de los inconformes, que pidieron el anonimato.

Indicaron que las condiciones en que se trabaja actualmente en el Congreso son “poco honorables”, pues la falta de dinero ha afectado la operatividad, “pero eso afecta a los ciudadanos en general de alguna forma, sin embargo, a nosotros los trabajadores sí nos daña de manera directa, mientras esos tres sinvergüenzas siguen allí, como si nada”, indicó otra persona que labora en el Poder legislativo.

“Nos dejaron sin nada, y todo comenzó desde la administración de Francisco Moreno, que no sólo es prepotente sino también un ratero, como sus compañeros”, indicaron quienes exigen que los  tres mencionados, sean obligados a devolver el dinero desviado de las arcas del Congreso para hacer frente a la mala situación actual.

El Congreso del estado declaró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estar impedido para ejecutar sus sentencias, emitidas en decenas de controversias constitucionales, para cumplir con la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de exmagistrados y extrabajadores del Poder Judicial.

De acuerdo con las respuestas del Poder Legislativo a los requerimientos de cumplimiento de sentencia emitidos por la SCJN, el Congreso justificó que no ha podido dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por el alto tribunal, debido a que no está resuelto el tema del paquete económico 2019.

“Agréguense al expediente, para los efectos legales a que haya lugar, los oficios y anexos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, mediante los cuales, en el primero, manifiesta que el Poder Legislativo de la entidad tiene imposibilidad legal y material para cumplir con la sentencia dictada en este asunto; y, en el segundo, cumple el requerimiento formulado en proveído de 17 de enero del año en curso al informar que el Poder Ejecutivo estatal devolvió con observaciones al órgano legislativo local el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019”, fueron parte de los argumentos presentados por el Congreso.

De acuerdo con el anteproyecto presupuestal presentado, el TSJ solicitó 844 millones 766 mil 955 pesos. En el capítulo 4000 Transferencias se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones, 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, solicitó 166 millones, 38 mil 466 pesos, para hacer frente a las sentencias de la SCJN sobre los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, pero todo dependerá de en qué términos los diputados aprueben en los próximos días el presupuesto de este año. 

Jojutla.- El actual gobierno todavía no tiene fecha para integrar el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC), que se conformará ahora por convocatoria abierta, aseguró la secretaria municipal, Erika Cortés Martínez.

Esa figura apareció hace dos administraciones a nivel municipal y fue integrada por ciudadanos a invitación de los respectivos gobiernos, pero ahora será abierto a la población, aseguró la funcionaria.

“Lamentablemente, por las reformas que se hicieron en el Congreso en la legislatura pasada, desaparecieron la gran mayoría de consejos ciudadanos y consultivos, lo cual me parece absurdo. Sin embargo, aquí, la petición del presidente es que sigamos trabajando con ellos en la gran mayoría de todas las áreas”, destacó.

Añadió que el CCC que fungió en el gobierno municipal anterior ya no operará y se hará una convocatoria para quienes deseen participar en él.

“En este momento todavía no tenemos fecha ni propuesta, ni convocatoria, pero es una instrucción de que sea de las primeras acciones que hagamos dentro de los 100 días”, dijo.

Cortés Martínez apuntó que todavía está por definir, incluso, si se modifica el número de integrantes.

Insistió en que todos los consejos desaparecieron de la ley y no se ha hecho ninguna modificación, y el reglamento que obedecía a esa ley quedó sin efectos.

“Como desaparecieron todos los consejos, ya no tiene la misma obligatoriedad; entonces ya lo estaremos definiendo y estaremos informando”, mencionó.

Autoridades en la pasada administración aseguraron que el reglamento del CCC está en los que rigen al municipio de Jojutla y en él se dice que se debe nombrar para vigilar las actividades que el municipio determine.

“Sólo el pleno del Cabildo lo puede derogar, pero eso sería un retroceso a la participación ciudadana”, señalaron.

Diputados realizaron observaciones a 25 iniciativas de leyes de ingresos municipales.

Diputados locales realizaron observaciones a las 25 iniciativas de leyes de ingresos municipales que plantearon los cabildos al Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2019, ya que en la mayoría de conceptos por servicios municipales, derechos e impuestos se establecieron incrementos que calificaron de desproporcionados.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública dio oportunidad a los ayuntamientos de modificar sus propuestas, de tal forma que no haya aumentos en los conceptos de manera desproporcionada, a fin de que la próxima semana se puedan  votar las leyes de ingresos municipales. 
Este martes, los legisladores que integran la Comisión de Hacienda también se reunieron con los ediles de Jonacatepec, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla y Totolapan -que no presentaron sus propuestas de leyes de ingresos- para justificar su omisión y que puedan cumplir en los próximos días, para que los ayuntamientos apliquen una ley de ingresos correspondiente al presente ejercicio fiscal 2019.

Los actuales diputados denunciaron al inicio de su gestión un presunto desfalco por más de 80 millones de pesos cometido por la anterior legislatura.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) inició una auditoría a la cuenta pública 2018 del Congreso del estado a solicitud de los diputados locales y ante la sospecha de un mal ejercicio de recursos al cierre de la LIII Legislatura.
El encargado de despacho de la ESAF, Uriel González Sotelo, quien es auditor especial de la Hacienda Pública, notificó a los legisladores -mediante un oficio- del inicio del proceso de fiscalización a la cuenta pública del Congreso del estado, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Aunque el oficio se presentó en correspondencia, al finalizar la sesión ordinaria de ayer se informó de manera extraoficial que dicha auditoría fue solicitada por los diputados a fin de revisar el ejercicio del presupuesto en el último año de la LIII Legislatura. 
Los integrantes de la LIV Legislatura denunciaron al inicio de su gestión un presunto desfalco por más de 80 millones de pesos cometido por los exlegisladores. 
Dicha fiscalización se concretará después de una fallida auditoría especial que ordenó en septiembre pasado la LIII Legislatura a la cuenta pública 2017 y parte del 2018, y de la que nunca se informó de los resultados por parte de la propia Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que entonces estaba a cargo de Vicente Loredo Méndez, quien en noviembre de 2018 presentó su renuncia al cargo. 

Exhorto a favor de la seguridad de las mujeres

El Congreso del estado exhortó al Poder Ejecutivo a reforzar las medidas de seguridad a favor de las mujeres y se cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ante el incremento de hechos delictivos en contra de las féminas en Morelos.
Durante la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo presentado por la legisladora priista Rosalina Mazari, quien consideró que es urgente se refuercen las medidas de seguridad en favor de las mujeres.
Ante tribuna, expuso que durante el 2018 se registraron 82 feminicidios y, en lo que va de este año, nueve, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Ante tal repunte de feminicidio, denuncias de desaparición y secuestros, la diputada señaló que el gobierno del estado debe atender las recomendaciones de la Conavim, en base a la Alerta de Violencia de Género que se emitió en ocho municipios del estado.
"La violencia contra las mujeres ha sido un tema que ha quedado pendiente y desatendido por administraciones pasadas, por lo que solicitamos desde esta tribuna al gobernador se dé prioridad a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestra entidad", manifestó la diputada.
En la misma sesión, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo por el que se exhortó al gobernador del estado a crear la comisión de búsqueda de personas del estado, ante el repunte de denuncias por desaparición de mujeres, niños y adultos.